La cancelación del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT) en General Motors por la destrucción de material electoral “no debe sentar un precedente” en la aplicación nacional de la nueva reforma laboral para democratizar y ratificar a las dirigencias sindicales, señaló la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (Fesiiaaan).
El pasado jueves, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suspendió la consulta con la que se buscaba legitimar el CCT, entre el sindicato Miguel Trujillo López, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la trasnacional, en la planta de Silao, Guanajuato.
Lo anterior, informaron las autoridades laborales, se debió a que los inspectores de la dependencia detectaron boletas “destruidas en el local sindical”, donde estaba resguardado el material electoral.
Ante esos hechos, la Fesiiaaan –integrada por siete organizaciones independientes del sector, entre ellas de Volkswagen y Audi, y que aglutinan a más de 50 mil trabajadores– indicó que si bien la reforma laboral de 2019 “abre una promisoria expectativa” para la legitimación del CCT, “no garantiza nada por sí misma”, pues el protocolo para la legitimación del contrato, además de “no contemplar mecanismos de verificación antes, durante y después” de una votación, “se vuelve letra muerta cuando persiste la perversa complicidad de empresas con el corrupto aparato del sindicalismo corporativo”.
También exigieron “respeto irrestricto” a los 6 mil 494 trabajadores de la planta para que “ejerzan de manera libre y democrática su voto para la legitimación o rechazo” del CCT que rige las relaciones laborales, cuyo procedimiento debe enmarcarse en el protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2019.
Domínguez Marrufo destacó que el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo
El Centro federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha brindado casi 10 mil servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en general en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral.
Así lo dio a conocer el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo, al presentar el informe trimestral de labores, donde destacó que las entidades con más servicios han sido el Estado de México, con 2 mil 4; seguido de Tabasco, con mil 763, y Durango, con mil 648.
En la sesión, realizada vía remota, Domínguez Marrufo destacó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo.
Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que se aprobó por la misma Junta de Gobierno y está lista la plataforma tecnológica que servirá para que pueda realizarse, de manera ágil, este proceso de legitimación”, enfatizó.
“Personal del Centro está acudiendo a verificar sobre todo consultas en temas de Constancias de Representatividad, es decir, verificando tener elementos de certeza para otorgar esta constancia, y ver que se trata de centros, sindicatos y trabajadores reales” quienes están solicitando este documento, que acredita que un organismo sindical tiene respaldo de al menos el 30 por ciento de sus agremiados, comentó el director general.
Alfredo Domínguez destacó que, en Registro de Asociaciones Sindicales, han ingresado en el CFCRL 168 solicitudes relacionados con registros de asociaciones, modificación de estatutos, modificación de directivas, rendición de cuentas, modificación de datos generales o solicitud de copias certificadas, entre otros. Por otra parte, se aprobaron por unanimidad los estados financieros del Centro, luego de la recomendación hecha por auditores externos en ese mismo sentido. Se informó que el presupuesto aprobado y asignado para el CFCRL para este año asciende a 437.4 millones de pesos.
Originalmente era de 337.4 millones de pesos, pero tuvo una ampliación líquida aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 3 de marzo a fin de que el organismo cuente con los recursos necesarios para afrontar la segunda etapa de implementación del Nuevo Modelo Laboral.
La planta de General Motors en Silao, Guanajuato, inició con el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo bajo la modalidad de voto libre, secreto y directo de los trabajadores; no obstante, se han denunciado diversas irregularidades de parte del Sindicato Miguel Trujillo López, de la CTM.
El proceso, que concluye este miércoles, ha sido objeto de señalamientos, ya que argumentan los trabajadores que ha desarrollado con violaciones, pues desde la colocación de la convocatoria para la votación, hasta la inducción del voto, bajo la amenaza de que si no se legitima el contrato colectivo actual se perderán los derechos, ha transcurrido este proceso que, representantes de los trabajadores, están dispuestos a llevar a paneles internacionales para su denuncia.
En entrevista con Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y asesor de los trabajadores de la armadora, dijo que todo el proceso de legitimación ha sido una simulación, no permitieron observadores laborales, y desconocemos si la autoridad laboral está presente para avalar el proceso.
Agregó que “la convocatoria no está cumpliendo con la ley, pero más allá de eso, desde hace varios días el sindicato se encargó de llamar a grupos de trabajadores para inducir el voto, lo cual está prohibido por la ley. Además los engañan porque en esas reuniones les dicen a los trabajadores que si no votan por el sí, y no ratifican el contrato van a perder todos su derechos y prestaciones, cuando la ley y el protocolo de consultas claramente establece de que en caso de que gane el no, le pide que los trabajadores desconozcan el contrato, quedan a salvo todos su derechos y prestaciones a la firma de un nuevo contrato.
En ese sentido, expuso que esperarán a que concluya el proceso de votación para, en todo caso, presentar las denuncias que permite el nuevo modelo laboral “existen recursos para presentar denuncias ante la Secretaría del Trabajo y también ante los mecanismos establecidos por el tratado México, Estados Unidos y Canadá, es decir, por una vía internacional de queja por violaciones a la aplicación de la reforma laboral, entonces también es posible que se pueda presentar un recurso internacional”.
Proceso muy vigilado
No obstante, Juan Carlos Felix, secretario de trabajo del Sindicato Nacional “Miguel Trujillo López”, de la CTM, comentó que en el primer turno votaron un total de 1,905 trabajadores, “todo transcurrió sin sobresaltos, votó el 80% de los trabajadores de ese turno”.
El coordinador Nacional en el Bajío, destacó que hay en total 6,494 trabajadores registrados en el padrón; pero además “este es un proceso muy vigilado, tenemos la presencia de seis inspectores federales, 10 inspectores locales de la subsecretaría del Trabajo de Guanajuato; y 6 observadores de la dirección de inspección de la STPS, es un proceso muy vigilado”.
El dirigente expuso que se han respetado y seguido todos los procedimientos que dicta el nuevo modelo laboral y hasta el jueves cuando tengan la totalidad de las votaciones para conocer si se legitima o no el contrato.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar la libertad sindical de las personas que laboran para el Estado. La modificación elimina la exclusividad de representación gremial que desde la ley se le concedía a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y abre la puerta para organizaciones disidentes.
La iniciativa de la diputada Anita Sánchez Castro (Morena) deroga también diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) con la cuales sólo podía existir un sindicato por dependencia. La minuta será enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Con 409 a favor, 42 en contra y 2 abstenciones, el pleno avaló sustituir en la ley la palabra “federación” por “federaciones o confederaciones”. En este momento sólo existe una, señaló la legisladora Anita Sánchez, en referencia a la FSTSE, “que ha actuado de forma unilateral en los derechos laborales”.
Por ejemplo, detalló la legisladora, las plazas laborales en el sector salud no se han distribuido equitativamente, “no se respetan los movimientos escalafonarios, sino a modo entre el patrón y un solo sindicato”.
José Luis Montalvo (PT) afirmó en tribuna que éste es un “momento histórico. En el que se termina con el andamiaje institucional que permitió el corporativismo sindical de los regímenes autoritarios del PRI y del PAN”. Ese modelo “perpetuó a los líderes sindicales en sus dirigencias a cambio de respaldar a los gobiernos en turno, incluso si este apoyo implicaba ir en detrimento de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado”.
Múltiples sindicatos por dependencia
En la reforma laboral de 2019 la libertad sindical fue uno de los cambios más importantes. Sin embargo, las modificaciones legales sólo abarcaron de manera plena al personal que labora para la iniciativa privada. Por lo que esta iniciativa tiene como finalidad “garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores pertenecientes al apartado B del artículo 123 Constitucional”, se especifica en el dictamen avalado por la Cámara Baja.
Dicho artículo de la Constitución rige los derechos laborales. El apartado A se refiere a quienes trabajan para las empresas y el apartado B, para quienes lo hacen para el Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal.
Además de cambios a cuatro artículos de la LFTSE, se deroga uno de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del apartado B del artículo 123 constitucional. Con ello:
Los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y de la banca de desarrollo podrán constituir otras federaciones y confederaciones.
Se armoniza la libertad sindical de los burócratas con la que se reconoció al personal de la iniciativa privada.
El país cumple con los convenios 198 y 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y derecho a la negociación colectiva.
Uno de los principales cambios se hizo en el artículo 72 de la LFTSE. En ese apartado se establece la obligación de los sindicatos a registrarse en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). La redacción todavía vigente señala que para que obtengan la inscripción, el TFCA comprobará “que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia”.
La iniciativa de la diputada Anita Sánchez elimina ese requisito. Además, establece que, si en 60 días esa autoridad no emite una resolución, “se tendrá por hecho el registro” y le deberá expedir la constancia a más tardar en tres días una vez concluido el primer plazo de dos meses.
Conformación del TFCA y fijación de salarios
El artículo 85 de la LFTSE, también modificado, es otro ejemplo de que la ley contemplaba la existencia de una sola agrupación de representación de todos los sindicatos de las personas trabajadoras del Estado. Habla acerca de los conflictos que puedan darse entre estas dos organizaciones.
Las disputas que “surjan entre la Federación y los sindicatos” serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señala el texto vigente. Con la reforma aprobada se podrá leer “entre las federaciones y confederaciones”, en plural.
Derivado de esta modificación habrá un cambio en la conformación del TFCA. Sus diferentes salas se constituyen por tres magistradas o magistrados. Una de esas personas es designada por el gobierno federal, la segunda la definía la FSTSE y ambos designaban a una tercera. Ahora, la federación o confederación que tenga la mayor representación de los trabajadores será quien decida quién ocupa la silla de representación correspondiente.
También la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá tomar en cuenta a “las federaciones”, y no solo a una, cuando fije los salarios de los funcionarios públicos de base.
Por último, con la reforma se elimina el artículo 23 de la ley reglamentaria del apartado B, que expresamente señala que la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios es la “única central reconocida” para personas trabajadoras de dicho sector.
“En la FSTSE se practica la democracia”
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se creó en 1938 con 12 organizaciones sindicales. Actualmente integra a 82 sindicatos. Desde 1998, hace 23 años, Joel Ayala Almeida, es el secretario general.
El dirigente, miembro del PRI, fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS). Ha sido senador de la República y diputado federal en diversas ocasiones.
Su partido votó en contra de la reforma. El diputado Alfredo Villegas (PRI), quien ha sido legislador suplente de Ayala Almeida, indicó que el proyecto no fue consensuado con los demás partidos y que no se escuchó a los trabajadores para saber si estaban de acuerdo con que haya más de una federación.
La FSTSE, defendió, no es una limitante a la libre asociación, pues más bien esa federación tiene las “estructuras, la fortaleza, la unidad y la fuerza suficiente para encabezar demandas muy sentidas” de las trabajadoras y de los trabajadores.
En esa agrupación el voto ha sido libre y secreto para la elección de sus dirigentes, aseguró el diputado desde la tribuna. Ahí “se practica la democracia, se acata la ley, se tiene un tribunal que dirime controversias”. Es más, agregó, el dirigente “fue electo democráticamente por unanimidad en una reunión de los 82 sindicatos”.
Argumentó que esta federación “encabeza la lucha” para revertir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que puso un límite a las pensiones de la burocracia con un cálculo en Unidad de Medida de Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.
Transitar al nuevo modelo laboral, en el que se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requirió de una mayor partida presupuestal, y la SHCP autorizó 100 millones de pesos adicionales a los 337.4 millones de pesos que se habían destinado para esta finalidad.
Transitar al nuevo modelo laboral, en el que se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requirió de una mayor partida presupuestal, y en marzo de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 100 millones de pesos adicionales a los 337.4 millones de pesos que se habían destinado para esta finalidad.
Así lo dio a conocer el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo, al presentar el informe trimestral de labores durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo laboral, donde destacó que las entidades con más servicios han sido el Estado de México, con 2,004; seguido de Tabasco, con 1,763, y Durango, con 1,648.
Cabe destacar que el presupuesto aprobado y asignado para el CFCRL para este año asciende a 437.4 millones de pesos, cuya ampliación es para afrontar la segunda etapa de implementación del Nuevo Modelo Laboral. En el primer trimestre del año el CFCRL ha brindado casi 10,000 servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en general en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de implementación de la reforma laboral.
En la sesión, realizada vía remota, Domínguez Marrufo destacó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo.
“Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que se aprobó por la misma Junta de Gobierno y está lista la plataforma tecnológica que servirá para que pueda realizarse, de manera ágil, este proceso de legitimación”, enfatizó.
Como parte del informe que presentó ante los funcionarios, el director General destacó que en materia de trámites registrales, personal verificador de las ocho oficinas estatales del Centro ha asistido a 153 diligencias de verificación, relativas a solicitudes de constancias de representatividad y consultas sobre revisión integral de contratos colectivos de trabajo.
La segunda etapa de implementación de la reforma laboral arrancará con la participación de 14 estados que implementarán el nuevo modelo de democracia y justicia laboral, para sumarse a los ocho que iniciaron operaciones en 2020.
Los protocolos y plataformas de legitimación para contratos colectivos/ Foto: captura de pantalla
La verificación de estos procesos los hará el Centro Federal de Conciliación a partir del 1 de mayo
En los primeros tres meses de este año, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), brindó casi 10 mil servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de la Reforma Laboral.
Las entidades con más servicios son el Estado de México, Tabasco y Durango, informó el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo.
En el informe trimestral que rindió de manera virtual ante la Junta de Gobierno del organismo laboral, resaltó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo próximo.
“Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que aprobó la misma Junta de Gobierno y está lista la Plataforma Tecnológica que servirá para realizarse de manera ágil este proceso”.
Y en otra parte de su informe, Domínguez Marrufo dijo que en materia de trámites registrales, el personal verificador de las 8 oficinas estatales asistieron a 153 diligencias de verificación relativas a solicitudes de constancias de representatividad y consultas sobre revisión integral de contratos colectivos de trabajo.
“Personal del Centro acude a verificar, sobre todo consultas en temas de Constancias de Representatividad, es decir constatar que tienen elementos de certeza para otorgarlas y ver que se trata de centros, sindicatos y trabajadores reales, los que solicitan dichos documentos que acreditan que un organismo sindical tiene respaldo de al menos 30% de sus agremiados”, precisó.
En el Registro de Asociaciones Sindicales ingresaron al CFCRL, 168 solicitudes relacionadas con registros de asociaciones, modificación de estatutos, modificación de directivas, rendición de cuentas, modificación de datos generales o solicitud de copias certificadas.
También se aprobaron por unanimidad, los estados financieros del Centro, luego de la recomendación de los auditores externos.
El presupuesto aprobado para este año que ejercerá el CFCRL asciende a 437.4 millones de pesos.
Originalmente era de 337.4 millones de pesos, pero tuvo una ampliación líquida aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasado 3 de marzo, a fin de que cuente con los recursos necesarios para afrontar la segunda etapa de la implementación del nuevo modelo laboral.
Este informe lo presentó el director general del Centro ante los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde (STPS); del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello; de Josefina Román Vergara, en representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Jorge Ventura, por el INEGI y Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, a nombre de la SHCP.
El 70% de los conflictos laborales, de un total de 20,983, han sido resueltos bajo el nuevo modelo laboral, de tal manera que tuvieron un acuerdo conciliatorio, informó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
El 70% de los conflictos laborales, de un total de 20,983, han sido resueltos bajo el nuevo modelo laboral, de tal manera que tuvieron un acuerdo conciliatorio, informó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
A cinco meses de que inició la implementación de la primera etapa de la reforma laboral, la titular del Trabajo sostuvo la segunda sesión virtual, en la que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral se dieron a conocer las experiencias de las nuevas autoridades laborales e identificar los aciertos y áreas de oportunidad.
Cabe recordar que antes de 2019 la conciliación no era obligatoria, solamente era una alternativa para los trabajadores y la mayoría se iba a juicio; datos de la STPS indican que en promedio 8% lograba una conciliación; cifra que se incrementó a 12% hasta antes de la reforma laboral.
Además, vale la pena destacar que el resultado de la conciliación adquiere el carácter de cosa juzgada y si se incumple se puede solicitar la ejecución ante el juez; la conciliación se lleva a cabo en los Centros de Conciliación y las procuradurías de la defensa del trabajo y hay un plazo de 45 días naturales para conciliar.
Por otra parte, Alcalde Luján refirió que, a nivel federal 1,920 sindicatos ya adecuaron sus estatutos, de un total de 2,052 sindicatos activos; lo que equivale a 93.56% de avance. A nivel local, el avance es de 29%, de un total aproximado de 11,372 organizaciones sindicales activas.
Desde el lanzamiento de la plataforma de legitimación de contratos colectivos de trabajo, se han dado de alta 656 sindicatos y se han realizado 1,854 consultas, en donde han participado 219,938 trabajadores, quienes han emitido su voto de manera personal, libre, directa y secreta. De todos estos procesos, únicamente en 2 votaciones no se ha aprobado el contrato colectivo de trabajo.
Respecto a la implementación de la segunda etapa del nuevo modelo laboral, Luisa Alcalde informó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado de Guerrero solicitó reprogramar su incorporación para la tercera etapa, ello, derivado de ajustes presupuestales en razón de las consecuencias económicas provocadas por la emergencia sanitaria, por lo que en este estado solo comenzará el nuevo modelo a nivel federal.
En el país, las mujeres con mayor preparación acceden a puestos de alto mando todavía con remuneraciones que son 50% menores a las de los hombres, criticaron la Red de Mujeres Sindicalistas y la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género.
México ocupa el último lugar en igualdad de género laboral en América Latina; por ejemplo, las mujeres con mayor preparación acceden a puestos de alto mando todavía con remuneraciones que son 50% menores a las de los hombres con posiciones similares, indicó Teresa Inchuástegui, en la presentación del análisis “T-MEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género. Apuesta por el adelanto de las trabajadoras” de la Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert.
La presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género dijo que uno de los temas que más preocupa es la baja participación económica de las mujeres en México, a pesar de que ha multiplicado su escolaridad. Es el país de la OCDE que tiene la más baja participación, e incluso para 2019 ya se encontraba debajo de la tasa de incorporación del resto de América Latina.
Más allá del renovado acuerdo comercial de libre comercio entre México, EUA y Canadá (T-MEC), nuestro país tiene compromisos, obligaciones constitucionales, legales e internacionales, de hacer avanzar los derechos de las mujeres trabajadoras, para esto, el además permite que las mujeres conozcan las disposiciones legales que en materia de sus derechos contempla el T-MEC y la reforma a la Ley Federal del Trabajo 2019, coincidieron especialistas tras analizar el papel de la mujer en el mercado laboral.
Aleida Hernández Cervantes, abogada especialista en género y derechos humanos, refirió la importancia de que el T-MEC contemple un capítulo sobre derechos humanos de las mujeres e igualdad de género.
“Son necesarios mecanismos y un desarrollo de garantías para hacerlos efectivos. Sobre todo, se necesita de un cambio profundo en el orden social de género que está basado en la división sexual del trabajo, la persistente brecha salarial entre mujeres y hombres y la falta de reconocimiento al trabajo del hogar y de cuidados, entre otros factores que requieren ser visibilizados”.
En su intervención, Alex Covarrubias Valdenebro, investigador del Colegio de Sonora, expuso que el avance en la materia en México es insuficiente, y es solo una respuesta a presiones de actores laborales de EU. Agregó que se debe replantear la pregunta de si existe un nuevo modelo laboral en México, ya que a pesar de que se impulsa una reforma para eliminar la subcontratación, el articulado en materia de utilidades refleja una enorme contradicción con las tendencias internacionales y de organismos como la ONU.
Tanto Rosario Ortiz como Inés González, de la Red de Mujeres Sindicalistas y de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, destacaron la importancia de este tipo de estudios que muestran los avances en la materia y compilan argumentos legales útiles al servicio de las mujeres.
La Ley Federal del Trabajo tuvo cambios importantes en 2019, pero aún no se ven reflejados todos en la realidad, como es el caso de los liderazgos en las organizaciones sindicales, a pesar de que hay más mujeres sindicalizadas, aún no logran ocupar las secretarías generales.
En entrevista Aleida Hernández Cervantes, autora del análisis “T-MEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género. Apuesta por el adelanto de las trabajadoras”, comentó que aún la realidad en los sindicatos es lejana, aunque un avance con la reforma laboral es que los sindicatos están obligados a modificar sus estatutos con igualdad de género.
“Aún es bastante difícil que haya liderazgo femenino, una cosa es que podamos avanzar en las leyes y políticas establecidas formalmente, y otra es la realidad, la realidad el ámbito laboral es una realidad muy patriarcal. El tema del sindicalismo en México tenemos todo un espacio que ha sido corporativo y de protección patronal, los sindicatos blancos, charros y corporativos, pero también por el otro lado tenemos sindicatos que han sido democráticos, independientes pero que siguen siendo patriarcales entonces es otro espacio que nos cuesta mucho trabajo que se logre digerir, entender y que hay muchas resistencias en ese espacio”, explicó la especialista en la materia.
Explicó que al interior de los sindicatos aún es difícil que acepten las cuotas de género y de porqué la necesidad de que existan, “las cuotas de género tienen el propósito de obligar al cambio en la realidad, eso en principio; pero es más, hasta podríamos decir que hay gaslighting sindical, es decir, esas formas patriarcales que te minimizan, te invisibilizan; si está en la ley que puedes ser líder, pero no tienes peso pues y pierdes la confianza”.
Destacó que una vez que ese cambio se da, “ya no necesitaremos las cuotas. Las cuotas puede ser temporales, todo el tiempo le hemos insistido, deben ser transitorias para cuando ya no haya necesidad de que sea obligatoria, entonces claro que estamos lejos porque en el ámbito laboral es muy patriarcal, muy de hombres, muy de ciertas estructuras verticales, en donde les ha costado mucho a las mujeres sindicalistas tener espacios en la toma de decisiones”.
Con estos impulsos, comentó Hernández Cervantes, primero en la Ley Federal del Trabajo, y luego en el marco además de otros países, ya no es que sólo lo pueda decir con las estructuras del propio país, si no con lo que te comprometes hacia afuera.
“Considero que esta ola feminista en la que estamos tiene que impuslar cambios en todos los ambitos y hay muchos en los que todavia estamos y que van a pasar muchos años, yo no creo que sea se la noche a la mañana pero es estar todo el tiempo insistiendo alli en que las mujeres tiene que tener representacion en la toma de decisones sindicales”.
Se encamina la segunda fase de la implementación de la reforma, cuyo modelo desaparece a las juntas de conciliación y arbitraje.
Como parte del nuevo modelo laboral, a partir del 1 de mayo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral operará al 100% para legitimar los contratos colectivos de trabajo, mientras que se encamina la segunda fase de la implementación de la reforma laboral, cuyo modelo desaparece a las juntas de conciliación y arbitraje.
Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha realizado una serie de reuniones para coordinar los trabajos entre autoridades federales y locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz que integran la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
De tal manera que se defina la infraestructura física, así como construir y fortalecer los requerimientos de capital humano que se requieren para esta nueva etapa.
Cabe recordar que el nuevo modelo de justicia laboral ahora permite a las y los trabajadores que antes de interponer una demanda derivada de violaciones o abusos laborales, opten por alcanzar acuerdos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), salvo que se trate de alguno de los casos de excepción contenidos en la Ley Federal del Trabajo y que deben presentarse directamente ante los Tribunales de Trabajo.
Para facilitar a los trabajadores la resolución de los conflictos, el CFCRL da a conocer los casos de excepción en materia de conciliación en conflictos laborales y que deben ser atendidos directamente en los tribunales o bien, buscar la mediación en otras instancias federales de atención gratuita como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
Tanto el CFCRL como la Profedet explicaron que no se puede recurrir al proceso de conciliación sí se considera que hubo violación de derechos fundamentales, tales como: discriminación por embarazo, por orientación sexual, raza, religión u origen étnico y cuando se acredite la existencia de indicios de acoso u hostigamiento sexual.
En estos últimos casos, las y los trabajadores podrán llevar a cabo la etapa de conciliación, pero no están obligados a ello. Este procedimiento jurídico se llevará a cabo con el representante de la víctima para evitar que ésta y la persona a quién se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio.
