Entregan Sindicato de Maniobristas documentos a gobernación sobre ilegalidad de requisa del puerto de Veracruz, donde el licenciado José Alejandro Pulido Cueto, socio y apoderado legal del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Cargadores informó sobre la entrega de documentación solicitada por la titular de la Secretaría de Gobernación relacionada con el proceso ilegal que dio pie a la requisa del Puerto de Veracruz, 31 de mayo de 1991; cuya práctica fue calificada como despojo del patrimonio de organizaciones laborales construido en el curso de varias generaciones.
Mario Vázquez Sandoval 24/08/2020
Lo anterior da continuidad al trabajo cubierto por instrucciones de Rosa Isela Rodríguez, coordinadora de Puertos y Marina Mercante interesada en llegar a clarificar los pasos burocráticos que terminaron con el desplazamiento de trabajadores portuarios, auténticos veracruzanos, consecuencia de disposiciones emitidas por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Material informativo que abarca hasta la creación de la Administración Portuaria Integral.
Confirman reunión en la STPS
Cabe aclarar pidió el entrevistado ayer, la actividad realizada este lunes, es independiente de la audiencia concertada con el licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario de la STPS, programada para el jueves 27 de la presente semana a fin de formalizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de integrantes de la organización sindical que preside Gilberto Tejeda Delgado.
Se tiene prevista la asistencia de la secretaria Luisa María Alcalde Luján, como testigo de calidad. Posteriormente asistirán al desarrollo de una mesa de negociaciones con sede en la Secretaría de Gobernación, para definir los alcances de la restitución de derechos reclamados.
Sindicato de Maniobristas piden que se revise la ilegalidad de requisa del puerto de Veracruz
Nada de quítate tú para ponerme yo
Desde ahora, Pulido Cueto descarta generación de conflictos, llegarán con mentalidad constructiva, en el papel de coadyuvante, de la mano de quienes operan el movimiento portuario.
De ninguna manera aspiran a ejercer el recurso empobrecedor de la represalia, el desquite, mediante la figura de ¡Quítate tú para ponerme yo!
Gabriel Chinchillas de la planilla amarilla, Irene Hidalgo de la planilla blanca, y Herlinda Orozco de la planilla azul presentarán un recurso de impugnación ante la comisión electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado para exigir que se repitan las votaciones de renovación del Comité Ejecutivo.
CULIACÁN._ Representantes de las planillas amarilla, blanca, y azul impugnarán las elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, ya que hubo interferencia del actual Secretario General Gabriel Ballardo, anunciaron los aspirantes Gabriel Chinchillas, Irene Hidalgo, y Herlinda Orozco.
“Vamos a interponer ante la comisión electoral, órgano regulador de este proceso de elección en el STASE 2020, el recurso de impugnación y como consecuencia la nulidad de dicho proceso, argumentando la participación evidente de miembros del Comité Ejecutivo y de Juan Gabriel Ballardo Valdez”, informó Gabriel Chinchillas.
“Quienes fungían como auxiliares en representación de la comisión electoral en todas y cada una de las sedes en el estado, siendo juez y parte al mismo tiempo, habiendo evidencia fidedigna en la coacción del voto por medio de la compra del mismo”, agregó.
El candidato a la Secretaría General del STASE por la planilla amarilla afirmó que hay pruebas de compra de votos con dinero en efectivo, y con entrega de cheques de préstamos personales que fueron condicionados a los trabajadores.
“Para que votaran a favor de la planilla roja”, aseguró.
Irene Hidalgo candidata de la planilla blanca, quien declinó al concluir el primer día de la elección, acusó de la intervención para orientar el voto de los sindicalizados.
“Se dio descaradamente la compra de votos, cómo utilizaron los recursos de los mismos trabajadores para coaccionar el voto”, condenó.
Desde el registro como candidatos, los aspirantes pidieron “piso parejo” en la elección, además de un manejo transparente del proceso, explicó Herlinda Orozco de la planilla azul.
“Todo se manejó de manera turbia, que hubo escándalos, desaseos, se vio, no estamos inventando”, comentó.
Los tres candidatos solicitarán la reposición de las elecciones que se llevaron a cabo del 19 al 21 de agosto, y de ser necesario presentarán un recurso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Isaías González Cuevas, dirigente de la CROC, comentó que trabajan de manera conjunta con varias organizaciones sindicales para presentar una propuesta que contribuya a mejorar las pensiones de la mayoría de los trabajadores, quienes no cuentan con esquemas especiales de jubilación.
Mientras las pensiones están en juego para algunos trabajadores, otros disfrutan de los beneficios de pertenecer a una empresa del Estado mexicano, que lejos de tener modificaciones en sus sistemas de jubilación, disminuyen la edad para recibir el beneficio de la pensión, dijeron especialistas.
Así se encuentra el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), quien enfrenta una complicada revisión contractual con Teléfonos de México, pues han pedido eliminar la cláusula 149 del CCT, referente a la jubilación de los telefonistas de nuevo ingreso.
En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) logró restaurar su sistema de pensiones para beneficio de todos los trabajadores; sin embargo, se deberá elaborar un nuevo contrato para los trabajadores de confianza, quienes reciben los mismos beneficios del contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados.
Isaías González Cuevas, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), comentó que trabajan de manera conjunta con varias organizaciones sindicales para presentar una propuesta que contribuya a mejorar las pensiones de la mayoría de los trabajadores, quienes no cuentan con esquemas especiales de jubilación.
“El tema de las pensiones en nuestro país es un asunto pendiente en la agenda nacional, que con insistencia hemos pedido su revisión, con el fin de actualizar el sistema que las rige a las condiciones de la vida actual. Actualmente existe el riesgo de que, no solamente muchos trabajadores obtengan pensiones inferiores a un salario mínimo en los próximos años, sino que también muchos de ellos puedan quedarse, literalmente, fuera del sistema de ahorro para el retiro. Nosotros hemos planteado que el sistema actual se lleve a una discusión integral, plural y suficiente que lo actualice de acuerdo con objetivos muy concretos”, dijo en entrevista.
Destacó que el principal objetivo debe ser, sin duda, garantizar la pensión justa y suficiente para los trabajadores; no nos oponemos a que, por el volumen de los recursos captados, estos se puedan invertir para que produzcan beneficios, siempre y cuando, los rendimientos y las utilidades que se obtengan de dichas inversiones, se repartan debidamente y garanticen las pensiones de los trabajadores.
Por su parte, el especialista laboral, Ricardo Martínez Rojas, expuso que no está en duda que, en casos de sindicatos con esquemas propios de jubilación, se considere que es una conquista laboral; pero “hay esquema de pensiones -como el caso del Suterm, IMSS y Pemex- en donde se debe tener claro que no pueden ir al punto de hacer que quiebre la empresa, que vaya contra todas sus finanzas. Si tú le bajaras un 40% al sistema de pensiones de las empresas paraestatales, trabajarían con números negros, nada más de ese tamaño es el boquete”, concluyó.
Al anunciar la reactivación de sus marchas para el próximo jueves 27 de agosto el líder del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR 100), Jorge Cuellar Valdez, demandó al gobierno capitalino dé solución a la problemática laboral que desde hace más de 25 años mantiene la ex Ruta 100, cuyos agremiados siguen en lucha por alcanzar sus liquidaciones.
Si bien la entonces Ruta 100 fue una empresa dinámica en el rango del transporte urbano, logrando el reconocimiento y orgullo a los ojos de América Latina, el líder del organismo laboral, emplazó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, restablezca las acciones de impartición de justicia que se deben ajustar para que a través de la Quinta Sala Civil, emita un fallo favorable ya que la problemática de este conflicto ha vivido tantos cambios que solo con la lucha de sus agremiados se le ha dado sustento.
El dirigente aplaudió el esfuerzo de los sindicalizados quienes han enfrentado y superado la difícil etapa de la epidemia de Covid-19, al sumarse a la Contingencia Sanitaria decretada desde el primer trimestre de este año 2020, por parte de las autoridades sanitarias federales y locales.
Hizo un recuento al mencionar que la Comisión Liquidadora del SUTAUR 100, anunció en tiempo y forma su decisión de suspender actividades de su perseverante lucha laboral y sumarse al Plan de Contingencia Sanitaria Covid-19.
Debido a la pandemia que ha azotado el coronavirus a muchas regiones del planeta, en México, particularmente a los miembros de la ex Ruta 100, se tomaron las medidas necesarias a fin de salvaguardar la salud de sus asociados que muchos de ellos viven la etapa de la tercera edad, explicó.
Asimismo, valoró los esfuerzos que articuló la sociedad en general para superar esta emergencia sanitaria que lamentablemente trajo resultados negativos ya que el virus afectó a grandes núcleos sociales como nunca antes en toda la historia contemporánea del país.
La pandemia, no respetó la diversidad de pensamientos ideológicos, políticos y sociales, que si bien la Organización Mundial de Salud (OMS) ha jugado un papel preponderante en este tipo de emergencias sanitarias globales, muchos gobiernos del mundo entre ellos el gobierno mexicano, tuvieron que respetar las orientaciones para evitar el menor contagio de este mal.
Por cuestiones de fuerza mayor, el Covid19 afectó la evolución de su caso en instancias judiciales, sobre todo en los tribunales federales y locales donde se han promovido juicios civiles y denuncias penales en contra de los defraudadores que traicionaron a 12,004 trabajadores, quienes desde hace un cuarto de siglo, siguen con su lucha. insistió.
Han transcurrido un año tres meses de que se promulgó la reforma laboral en México, y dos meses de la entrada en vigor del nuevo capítulo laboral dentro del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lo que obliga a llevar con seriedad los cambios como el hecho de que el sindicalismo blanco tiene que desaparecer y ya tiene firmada su acta de destierro o podría disparar el mecanismo de respuesta rápida en contra de México.
Especialistas laborales analizan los procesos que se han tenido que cumplir, en medio de pandemia de Covid-19 y con fechas fatales establecidas por los acuerdos laborales, para evitar controversias comerciales que afecten las exportaciones de México a Estados Unidos por violaciones a la libertad sindical y contratación colectiva.
Germán de la Garza de Vecchi, socio de la firma Mowat-Deloitte Laboral, explicó en entrevista que difícilmente todas las organizaciones sindicales cumplirán con dos de los primeros aspectos que validan la reforma laboral: cambiar los estatutos y realizar la legitimación de los contratos colectivos.
“La legitimación de los contratos es un procedimiento muy cuidadoso en donde se buscan todas las garantías, sobre todo desde el punto de vista de no injerencia desde el punto de vista de libertad sindical, y la Secretaría del Trabajo cuida que las empresas no se metan, o sea sí lo deja mucho de lado del sindicato y entonces si no traes un sindicato ágil que lucha, pues no lo van hacer nunca, porque no está fácil, porque además se necesita conocer muchísima operación, y ahí es en donde yo creo que se van a ir cayendo los grandes mitos”.
No obstante, hay sindicatos que no han legitimado su contrato, tal es el caso del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), bajo el argumento de que no está aún en funciones el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje; “pero lo tendrán que realizar en un par de años, cuando haya una nueva revisión”, comentó el nuevo titular del Centro, Alfredo Dominguez Marrufo.
Hay desinterés
De la Garza de Vecchi comentó que aún hay organizaciones sindicales que, a pesar de tener los recursos y la infraestructura para realizar las legitimaciones de contrato, carecen recursos operativos para llegar y convencer a la gente de que vaya y se presente y legitime a favor de ellos, entonces pues no es nada fácil. “En términos generales es un tema complicado, es un tema que requiere de mucha actividad por parte de los sindicatos y ahí es donde veo que muchos sindicatos están haciendo caso omiso”.
A su vez, Jorge Sales Boyoli, abogado laboral, comentó que las empresas deben tener muy claro que “los sindicatos blancos o de protección son claramente una figura que se encuentra en un proceso de extinción; no tengo claro con qué velocidad, pero me parece que eso cae con lo que tiene que ver con las violaciones a la negociación colectiva y tenderán a desaparecer; y nos abre una ventana de oportunidad, incluso, para no tener sindicato”.
La Comisión Electoral revisará la documentación presentada y será el 28 de agosto cuando publique el nombre de las candidaturas. Audi México reactivará el tercer turno laboral de la planta en San José Chiapa a partir del próximo lunes.
El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) comenzó el proceso de renovación del comité ejecutivo general para los próximos seis años, con la publicación de la convocatoria y el inicio de registro de planillas.
De forma previa, el actual dirigente del Sitaudi, Álvaro López Vázquez comentó que analiza la posibilidad de buscar la continuidad en el cargo y argumentó que el trabajo al frente del gremio lo respalda para seguir representando a los más de tres mil técnicos que actualmente laboran en la planta de autos de lujo.
La convocatoria establece que los interesados en participar por el cargo de secretario general e integrantes de las comisiones de hacienda, justicia, fiscalización, fondo de ahorro y vigilancia, tienen hasta este viernes 21 de agosto para solicitar el registro de sus planillas, las cuales, deben estar integradas por personal de todas las divisiones de la planta automotriz.
La Comisión Electoral revisará la documentación presentada y será el 28 de agosto cuando publique el nombre de las candidaturas que hayan logrado reunir todos los requisitos, a fin de que puedan comenzar con campañas de promoción durante el periodo del 29 de agosto al 11 de septiembre.
Las votaciones se llevarán a cabo a partir de las 5:00 horas del jueves 1 de octubre a las 3:00 horas del 2 de octubre, en sede por definir, con tal de puedan participar los trabajadores de los diferentes turnos de la planta con sede en el municipio de San José Chipa, Puebla.
La elección del secretario general del Sitiaudi de este año, será la primera a través de un proceso abierto y directo, luego que López Vázquez fue designado en 2014 como dirigente, por acuerdo de los primeros 130 técnicos que ya formaban parte de la plantilla laboral de la empresa alemana.
El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, instó a los trabajadores a acudir primero a la CROC para resolver cualquier violación en materia laboral.
María del Pilar Martínez 20/08/2020
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), con presencia en sectores como la construcción, la hotelería y restaurantero, hizo un llamado a los trabajadores para que, ante cualquier violación a sus derechos laborales, presenten y resuelvan sus denuncias ante las autoridades mexicanas, y no a través de la línea directa que estableció el gobierno de Estados Unidos en el país, pues “sólo tratan de entrometerse en asuntos que sólo corresponde a los trabajadores mexicanos”.
Así lo expuso Isaías González Cuevas, líder de la CROC y diputado federal por el PRI, quien destacó que la única razón por la que se estableció una “hot-line laboral” es porque “los americanos no nos creen que se va a terminar con los contratos de protección en el país”, pero, ante la existencia de cualquier violación en materia laboral “nosotros les pedimos a los trabajadores acudan primero a la CROC para que ésta se resuelva ya sea con las autoridades municipales, estatales o federales, y no llegar al extremo de denunciar con los americanos”.
González Cuevas expuso en conferencia de prensa que las grandes centrales obreras van cumpliendo uno a uno los requisitos que marca la reforma laboral y el acuerdo comercial con Estados Unidos, relacionado con la legitimación de los contratos colectivos y las modificaciones estatutarias; “quienes no han cumplido hasta ahora, son esos sindicatos pequeños que hay en muchas entidades, es ahí en donde la autoridad debe poner atención”.
Tras señalar que han surgido sindicatos que “se fusilan las siglas de cualquier central de la CROC pero que no representan nada, son gente que se aprovecha y que van a ver a una casa en donde están haciendo una reparación y ahí van y le quitan la lana porque, porque la amenaza de que la van a parar y no sé qué más pero hacen mal uso del nombre de las centrales de obreros”.
Añadió que para acabar con esos actos en el Artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo quedó establecido que cualquiera que extorsiona lo pueden denunciar y es causa penal. “Se necesita un sindicalismo que sea para uso único de los trabajadores, no para los líderes, los líderes sólo estamos para atender las demandas de los trabajadores y cumplir con el estatuto y las leyes”.
Sostuvo que “los sindicatos blancos van a desaparecer, están haciendo daño al país, a México, y desprestigian al movimiento obrero y bueno esta Ley que aprobamos contemplar todo este tipo de malas prácticas y delitos, y el sindicato que hagan mal uso de la toma de nota también se le puede cancelar y estamos totalmente de acuerdo”.
González Cuevas sostuvo que dentro de la CROC ya se han dado cumplimiento al cambio de estatutos, tras incluir el voto libre secreto y directo para llevar a cabo sus procesos internos.
El Sindicato del Senado recibe 155 mil pesos al mes para gestión sindical, así como 15 mil pesos mensuales para deporte y cultura, a pesar de que su toma de nota venció desde agosto del 2019, recriminó el sindicato alterno.
El Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, adscrito a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), presidida desde hace 20 años por el priista Joel Ayala Almeida, continúa recibiendo presupuesto a pesar de que su toma de nota se venció desde agosto del año pasado, acusó Salvador Lozano Tenorio, secretario general del sindicato alterno de la Cámara Alta.
“Se me hace un trato preferencial que se le esté dando presupuesto a un sindicato que no tiene toma de nota”, dijo Lozano Tenorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana. “Solicitamos que se les quiten sus beneficios como las oficinas y el dinero que se les otorga”, añadió.
En la página del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), la última toma de nota del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, dirigido por Bertha Orozco Márquez desde hace más de 10 años, caducó el 31 de agosto de 2019.
“Ellos argumentan que la tienen a través de una Acta por un periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2015, pero eso no es una toma de nota. El Senado está cayendo en irregularidades”, afirmó Lozano.
A través de transparencia, documentó que el sindicato de Orozco recibe 155 mil pesos al mes desde enero de 2015 para gestión sindical. También, sin rendición de cuentas, reciben 15 mil pesos mensuales de gastos para deporte y cultura, más el descuento de 3 por ciento de cuota (90 pesos mensuales a 400 afiliados).
Pero por la caducidad de su toma de nota, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana, con 31 afiliados y más de 70 en proceso, “pasaría a ser el sindicato mayoritario porque es el único legalmente constituido”, dijo Lozano.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado obtuvo la toma de nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) el 28 de junio de 2019 con número de registro 13/19.
Respecto a los trabajadores de valet parking y limpieza que estaban por outsourcing en el Senado, han comenzado a recibir contrato de honorario con el compromiso de ser basificados. “Pero tenemos compañeros de honorarios del servicio técnico que tienen más de cinco años del servicio en el Senado y siguen sin ser basificados. Están violentando sus derechos laborales”, recriminó Lozano.
Intimidaciones por teléfono
SinEmbargo informó previamente que la Dirección General de Recursos Humanos del Senado de la República “ha intimidado” a los trabajadores interesados en afiliarse a esta alternativa sindical. Ahora, por la pandemia de la COVID-19, la mayoría de los trabajadores laboran desde casa, pero han recibido llamadas.
“Están ofreciéndoles una serie de cosas a cambio de que renuncien a nuestro sindicato. Y los que quieren afiliarse, los tienen amenazados de que si lo hacen, automáticamente les quitarán su contrato o los darán de baja”, dijo el Secretario General Salvador Lozano Tenorio del sindicato alterno. “No están respetando la libertad sindical que indica la Reforma Laboral”.
También acusó que la Dirección General de Recursos Humanos y la Unidad de Relaciones Laborales no han cumplido con los acuerdos sobre un pago de compensación por servicios especiales de ocho horas y contar con una oficina para gestionar las actividades sindicales.
El año pasado, el director General de Recursos Humanos, Eduardo Medel Quiroz, les negó el espacio al argumentar en una misiva que el espacio físico costaría al Senado 9 millones 694 mil pesos anuales.
Han enviado oficios a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaría de Servicios Administrativos, pero no han recibido respuesta.
“Nos sentimos desprotegidos. Con la Reforma Laboral todos los sindicatos tenemos las mismas condiciones y prestaciones. Pero resulta que las autoridades del Senado nos manifiestan que el de Bertha Orozco es el mayoritario y son los que tienen el poder de negociar los derechos laborales, cuando la Reforma establece que cada líder sindical puede gestionar las prestaciones para sus agremiados. Yo no voy a esperar a que se las aprueben al mayoritario para que las puedan otorgar a nosotros porque tenemos derecho”, dijo el Secretario General.
“El acuerdo de toma de nota se otorga a todos los sindicatos cuando cumplen los requisitos y se constituyen formalmente. En ninguna parte dice que eres un sindicato minoritario o mayoritario para poder obtener los beneficios. Legalmente no existe eso; tenemos los mismos derechos”, argumentó.
El que se haya logrado reducir la edad de jubilación podría, incluso, “revolucionar” el tema de pensiones, coincidieron abogados laborales.
Las modificaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT) del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) sentará precedente para las negociaciones de otros gremios, coincidieron especialistas en derecho laboral.
“Abre un camino que podría revolucionar el tema de las pensiones”, apuntó en entrevista Manuel Fuentes Muñíz, integrante del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. El reto será contar con el presupuesto para lograrlo, agregó Jorge Loyo, abogado laboralista.
Este miércoles el SUTERM y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron un incremento de 3.4% a sus salarios. Pero quizá lo más destacable es respecto a la edad de jubilación, la cual volvió a ser de 55 años de edad.
Manuel Fuentes prevé que otros sindicatos podrían tomarlo como referencia. Además, impactará en cierta medida en la próxima discusión de la reforma pensionaria. Aunque, al igual que Jorge Loyo, subrayó que se debe tomar en cuenta que la CFE no es una empresa privada, sino del Estado y que los lineamientos y presupuestos no son los mismos.
En el 2016, la cláusula 69 del CCT fue modificada para elevar la edad de jubilación. A partir del 1 de enero del 2017 se podrían retirar los trabajadores que hubieran cumplido 30 años de servicio y 45 años de edad. O bien, si hubieran alcanzado 40 años de labor, podrían irse sin importar la edad.
Las trabajadoras debían tener 30 años de servicio y 60 años de edad para jubilarse. Si llevaban 35 años en la comisión, sin importar la edad, podían iniciar su trámite de jubilación.
Pero el actual sindicato, liderado por Víctor Fuentes, y la CFE acordaron regresar la cláusula de jubilación a los términos de antes del 2016: hombres con 25 años de servicio y 55 años de edad, o 30 de servicio sin importar la edad. Y para las mujeres, 25 años de servicio sin importar la edad.
“Lograr esto no es un privilegio, es una conquista sindical que beneficia a las personas”, opinó Jorge Loyo, ex asesor de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA). “Los sindicatos, cuando negocian bien, obtienen dos tipos de beneficios: para el sindicato como figura jurídica o para los trabajadores. Y conseguir una prestación no es privilegio”, insistió.
El del SUTERM “es un contrato que ha generado prestaciones importantes a los trabajadores”, comentó Manuel Fuentes. La actividad que realizan los trabajadores de la CFE es de alto riesgo, puntualizó. “Todos los días están expuestos a accidentes de trabajo. A eso responde el análisis y la conclusión de bajar nuevamente su edad jubilación”.
Aspecto de los candidatos momentos antes de inciar el debate ■ foto: la jornada zacatecas
■ Destaca el tema de la venta o sustitución de prestaciones; el acto fue ilegal: López Jácquez
■ Buscará José Juan Martínez que los directores no contraten personal por fuera del sindicato
■ Propone Samuel Rodríguez realizar en la BUAZ una Feria de la Creación Universitaria
■ Campeán habló sobre crear una política editorial para que universitarios hagan publicaciones
Martín Catalán Lerma 20/08/2020
Este miércoles se llevó a cabo el segundo debate de candidatos a la secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), en el que destacó la discusión respecto a la venta o sustitución de prestaciones, la cual fue calificada como ilegal de parte de algunos aspirantes, mientras que otros consideraron que el programa fue mal implementado.
La venta o sustitución de prestaciones fue un programa mediante el cual Gobierno Federal otorgó recursos a las universidades en situación de crisis financiera con el propósito de reducir sus pasivos laborales.
Al vender las prestaciones, un docente recibía un monto calculado por un estudio actuarial, a cambio de no percibir el pago de prestaciones después de formalizar su jubilación, con lo cual la Universidad ya no tuviera responsabilidad en ello.
Aunque el recurso para esta iniciativa fue otorgado por Gobierno Federal, Pedro López Jácquez, candidato de la planilla Alternativa Democrática Independiente, dijo que a final de cuentas hubo afectación a las finanzas de la institución, debido a que los profesores involucrados no se jubilaron y por lo tanto siguieron cobrando todas sus prestaciones a pesar de ya haberlas vendido.
Al respecto, afirmó que los docentes vendieron sus prestaciones ilegalmente, ya que una parte del Contrato Colectivo señala que las prestaciones son irrenunciables, además de que éstas son colectivas y/o individuales, por lo que requirió del aval de los órganos de gobierno del sindicato.
Además, recordó que la venta de prestaciones no fue para todos, sino solamente para profesores y en ese momento funcionarios cercanos al rector. Aunado a ello, estos siguieron trabajando, no se jubilaron, por lo que percibieron prestaciones y además el monto correspondiente a la compra de éstas.
En otro tema, López Jacquez refirió que su planilla plantea un manejo diferente del Comité Ejecutivo de tal forma que no asuma una postura patronal, lo cual se garantiza con el hecho de que sus integrantes no obedecen al rector, ni ex rectores, ni grupos políticos ni a partidos, sino a los colectivos docentes.
Sobre la Fundación, manifestó que es una figura que opera bajo una completa opacidad, porque nadie sabe cómo funciona, cómo se gobierna o cómo se determinan los intereses, los montos de los préstamos y el destino de los fondos del capital.
Por su parte, José Juan Martínez Pardo, candidato de Unidad y Fortaleza Sindical, destacó la pluralidad que hay entre los integrantes de la planilla que encabeza, además de que estos son representativos del sindicalismo universitario.
Uno de los temas que propuso, en caso de llegar a la dirigencia, es la modificación al reglamento de admisión, ello con el propósito de que los coordinadores y directores no incurran en prácticas de contratación de personal por fuera del sindicato.
Sobre la reforma laboral y estatutaria, expuso que se requiere una adecuación de la normatividad interna en el sindicato, porque la reforma laboral establece la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su lugar, se crearán tribunales laborales.
Entre los rubros en que se debe modificar el estatuto del Spauaz, mencionó Martínez Pardo, es el de la democracia sindical, porque ahora se requiere de la participación del gremio y la intención de la reforma es erradicar la toma de decisiones unilaterales al interior de los sindicatos.
Otros temas en que se debe modificar el estatuto, son la transparencia, equidad de género y clarificar las formas de elección, pero también se debe dar vida operativa al sindicato y a su organización interna, especialmente en lo que respecta a la operatividad de las coordinadoras de Delegados y asambleas.
Asimismo, Samuel Rodríguez Escobar, candidato de Libertad Universitaria Sindical, destacó que los miembros de esta planilla son participativos y propositivos, y cada uno de ellos cuenta con un proyecto para la cartera a la que aspiran en el Comité Ejecutivo.
Por ejemplo, comentó que en la cartera de Cultura se ha propuesto la creación de una galería de docentes universitarios y una Feria de la Creación Universitaria, en las que podrán participar los profesores.
Se refirió al tema de la contratación por honorarios y expuso que en universidades como la de Querétaro, 50 por ciento de los docentes ya están contratados bajo ese esquema, por lo que es una práctica cada vez más recurrente en las instituciones de educación superior, sin respetar la bilateralidad en el proceso de admisión.
Rodríguez Escobar consideró que esa práctica es inadmisible y es una afrenta para la actividad sindical, porque los honorarios implican que personal entra a trabajar “por la puerta trasera”, sin atender las vías y mecanismos sindicales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Por último, Regina Compeán González, candidata de Rescate Sindical Universitario, señaló que la venta de prestaciones, fue un programa federal con recurso etiquetado para reducir los pasivos laborales de las universidades, pero en la BUAZ se implementó mal porque nunca se condicionó a los docentes a jubilarse y por lo tanto cobraron ese monto pero siguieron trabajando y siguieron percibiendo las prestaciones.
En ese momento, dijo que el Spauaz “brilló por su ausencia” en ese proceso a pesar de que en el contrato se establece que los derechos y prestaciones son irrenunciables. Ante esa situación, si algún docente pretende participar en ese proceso, debe asesorarse adecuadamente.
En relación s su planilla, explicó que se conformó por invitación expresa, pero en principio algunos docentes “se bajaron” por amenazas de la parte patronal. Sin embargo, todos los integrantes tienen el propósito y la convicción de defender los derechos de los trabajadores.
En la cartera de Prensa y Propaganda, indicó, se planea resaltar todas las actividades que se realicen en el sindicato y, además, hay la propuesta de crear una política editorial y tramitar el ISBN para que los universitarios puedan hacer publicaciones.
