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Relaciones laborales bajo la lupa del USMCA
Por: Redacción /Pulso Laboral
EN las negociaciones del nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), por sus siglas en inglés) se cuidaban aspectos fundamentales para el sector automotriz, el agro y el comercio, en el terreno laboral avanzaban, de manera sigilosa, las exigencias que Estados Unidos pretende que México cumpla.
Las relaciones laborales no formaban parte íntegra del acuerdo comercial original. En ese tema, los socios acordaron cartas paralelas, que se cumplían, «de buena fe», por México, Estados Unidos y Canadá, respetando la dinámica del mercado laboral de cada nación.
El 27 de agosto de 2018, la historia cambió. En el documento del acuerdo que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se incluyó un capítulo laboral con las obligaciones que se deben cumplir, como el derecho de los trabajadores a elegir su sindicato y que la contratación laboral sea transparente. Ahora, de no cumplirse, existe la posibilidad de que se abran paneles en determinados sectores o industrias que podrían afectar el comercio, explica Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El acuerdo todavía debe ser aprobado por los Congresos de los socios comerciales.
Anteriormente, la parte laboral en el TLCAN no tenía dientes, se podía presentar una denuncia si una empresa lo incumplía, pero no pasaba nada más.
«Ahora, como está estructurado el tratado, si un país se queja del otro por violaciones a su legislación, el país denunciante tendría derecho a imponer sanciones económicas al denunciado. Y el incumplimiento traería como consecuencia la imposición de un arancel especial que afectaría a México», detalla Salvador Pasquel, socio en Baker McKenzie.
Existen tres principios básicos que se deben cumplir: la , libertad de asociación, de negociación colectiva y mejorar la impartición de justicia laboral.
Bajo estos principios, las empresas tienen que revisar los esquemas de representación sindical con los que ha firmado contratos colectivos de trabajo.
Éstos deberán ser producto de una elección libre de parte de sus trabajadores, a través de la integración de comités con la participación de los trabajadores de cada centro laboral.
«Al final, se busca eliminar aquellas representaciones sindicales que no cuenten con el apoyo de la mayoría de los trabajadores», explica Óscar de la Vega, socio de la firma De la Vega & Martínez.
El acuerdo comercial obliga también a revisar los costos laborales y a establecer bonos de productividad autofinanciables con objeto de mejorar el ingreso de los trabajadores. Las empresas, por cumplir un aumento salarial, podrían llevarlo acabo, pero sin vincularlo a la productividad y a metas perfectamente establecidas, lo cual podría traerles problemas de incumplimiento del tratado.
El Capítulo Laboral del USMCA se suma a la transformación de las relaciones laborales, que, de manera interna, experimenta nuestro país, afirma Germán de la Garza, socio del despacho Mowat.
Es importante que las empresas inicien un proceso de revisión para desactivar aquellos problemas laborales de índole colectivo que puedan motivar paros o huelgas. «Los empresarios deben ser sensibles a los cambios político-laborales», advierte De la Vega.
Las obligaciones asumidas por México a nivel internacional, en el Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (antes TPP), en el ahora USMCA, así como la reforma constitucional promulgada en México en febrero de 2017 y el Convenio 98 de la OIT recientemente ratificado, exigen cambios a la Ley Federal del Trabajo, que deben ir en la misma ruta de fortalecer la libertad sindical y de contratación colectiva con una nueva impartición de justicia.
El Convenio 98 de la OIT, que México ratificó en septiembre después de casi 70 años, requiere, para su aplicación y cumplimiento, modificaciones a las leyes mexicanas, dice Ancelmo García, especialista laboral y colaborador de la OIT.
La tarea está en el Congreso, que debe impulsar las leyes secundarias que permitan establecer reglas claras sobre cómo deben comportarse los sindicatos y cómo decidirán los trabajadores su participación en la vida sindical, si desean tenerla.
Se espera que la reforma de impartición de justicia derive en modificaciones importantes en la tramitación de juicios, en los despidos y en los procedimientos especiales de titularidad de contrato. «Si bien habrá beneficio para los trabajadores, y algunas exigencias para los patrones, también implica cambios para los líderes sindicales, pues se pretende que un mismo sindicato deje de representar a 20 o 30 organizaciones o sectores, como sucede ahora», dice García.
Los contratos colectivos de trabajo no activos o de protección podrían poner en riesgo la estabilidad laboral de las empresas. Por ello, antes de firmar un contrato deben asegurarse de contar con la aprobación de los trabajadores.
«Es un cambio de cultura, de seguir procesos para dar cumplimiento a las nuevas relaciones. Es atender el voto de los trabajadores, de dar a conocer los contratos, de no firmar anticipadamente con sindicatos. Sabemos que no es sencillo. porque ello podría traer inestabilidad en las empresas ante la disputa de contratos de trabajo por parte de los sindicatos», agrega De la Garza.
La afiliación de los trabajadores a los sindicatos deberá ser voluntaria sin temor a la amenaza de las cláusulas de exclusión (el sindicato es el que decide si se incorpora al centro de trabajo), que son contrarias a la libertad de asociación. /Expansión
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/15801/relaciones-laborales-bajo-la-lupa-del-usmca
Coparmex pide legislación laboral correcta para evitar quejas ante OIT
Lorenzo Roel, presidente de la la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, afirma que ante el nuevo acuerdo comercial con EU y Canadá, hay un fuerte compromiso de México de actualizar su legislación. El representante de la patronal también señala que el gobierno electo aún no ha designado a un interlocutor en materia laboral.
María Del Pilar Martínez
11 de octubre de 2018, 01:41
Lorenzo Roel, presidente de la la Comisión Laboral de Coparmex – Foto: Cuartoscuro
Con dos meses y medio de tiempo para presentar las leyes secundarias, ante la entrada en vigor en enero del capítulo laboral del acuerdo comercial con Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), es indispensable que haya una regulación correcta; de lo contrario, se pueden generar situaciones que terminen en quejas a nivel internacional y con un impacto en la productividad en los centros de trabajo.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo en entrevista que hay un fuerte compromiso para que México actualice su legislación, no sólo por los compromisos internacionales, sino porque se debe dar cumplimiento a la reforma constitucional del 2017.
En ese sentido, explicó que “una mala regulación en las leyes secundarias puede provocar situaciones que terminen con quejas y el efecto más nocivo que tienen es el impacto en la productividad en los centro de trabajo”.
Asimismo, expuso, se evitarían casos como han sucedido en América Latina, donde se aplica el Convenio 98 relacionado con la libertad sindical y la contratación colectiva, cuya “mala interpretación ha llevado a la región a tener 50% de las quejas presentadas en el Comité de Quejas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)”.
Añadió que las cuestiones que se tienen que interpretar del capítulo laboral, sobre todo en la parte del anexo que se conoce como 23-A, es lo relacionado con los aspectos colectivos como el registro de Contratos Colectivos de Trabajo; las formas en las cuales se establecen las relaciones colectivas de trabajo y que estas se materialicen en la Ley Federal del Trabajo, con el fin de que no terminen afectando al mercado de trabajo”.
¿Quién es el interlocutor laboral en el nuevo gobierno?
El presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex sostuvo que en los próximos días se presentará una nueva iniciativa que contendrá las leyes secundarias, pero “no sabemos bien a bien qué equipo la está trabajando, como tampoco conocemos el contenido, y ése es justo lo que quisiéramos que se definiera, saber con quién podemos establecer puentes de comunicación para trabajar de la mejor manera en los cambios a la legislación”.
Agregó que en la Coparmex “estamos preparados para que se de un diálogo con los sectores, a pesar de que no conocemos al interlocutor en materia laboral. Actualmente hay varias personas que dicen que serían, pero oficialmente el presidente electo no ha dicho quién. Luisa Alcalde será la próxima secretaria de Trabajo, pero el propio senador Napoleón Gómez está tratando temas laborales; todavía no tenemos un señalamiento claro”.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Coparmex-pide-legislacion-laboral-correcta-para-evitar-quejas-ante-OIT-20181011-0031.html
¿Otro madruguete de Morena?
11 OCT, 2018
Tiempo de negocios
DARÍO CELIS
Confirmado: Napoleón Gómez Urrutia y Arturo Alcalde Justiniani son las dos caras de la moneda morenista que maneja ya la política laboral del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Uno será el brazo ejecutor desde el Congreso y el otro autor intelectual de la llamada Cuarta Transformación del sindicalismo mexicano. El lunes destapamos la Caja de Pandora y nos llegó información que documenta, todavía mejor, las pretensiones de esta dupla.
Incluso se tuvo acceso al “Proyecto de Modificaciones a la Ley Federal del Trabajo”, elaborado por un grupo de abogados cercano al nuevo equipo, el cual tiene que leerse en el contexto del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Pero también en el entorno de la creación del Instituto de Capacitación Política del futuro gobierno, a cargo de John Ackerman, ambos, punta de lanza para conocer la información referente a los corporativos.
En la “Propuesta Alternativa Reforma Laboral Secundaria” destacan, entre otros, cinco puntos de interés:
1. Se promoverá la reforma de la Ley Federal del Trabajo. El pretexto para ello fue la firma del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad Sindical. Al margen de los defectos de procedimiento que tuvo su aprobación, este convenio es, sin embargo, una revisión profunda que tiene que ver con una nueva forma de analizar la información de las empresas.
2. Un elemento clave será el Programa de Empleo Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual, hordas de muchachos que no tienen ni empleo ni estudian (los mal llamados ninis, a quienes previamente se adoctrinará bajo los lineamientos ideológicos de la “Cuarta Transformación”) serán contratados temporalmente por diversas empresas con el fin de iniciar un trabajo de difusión de ideas, levantamiento de datos relevantes sobre prácticas corporativas y de los propios sindicatos existentes y otro tipo de información.
3. En la nueva ley se incorporará el requisito para las empresas de incluir todos los datos del Sistema Único de Autodeterminación (IMSS, Infonavit y SAT) para llevar un control más estricto de todas las percepciones salariales y los números de las empresas, así como la lista de trabajadores sindicalizados y los contratos colectivos firmados a los que a su vez les será requerido para su validez el que éstos cumplan cabalmente con los estatutos de el o los sindicatos y sus actas de asamblea y que acrediten tener la representatividad de los trabajadores para asegurar que los liderazgos son “legítimos” y así acabar con los contratos de protección y, como consecuencia, con los sindicatos charros.
4. Los trabajadores temporales del programa de jóvenes van a monitorear el cumplimiento de lo estipulado y en caso contrario, se promoverá la creación de nuevos sindicatos que estarán afiliados a la nueva central que va a sustituir a la CTM, la CROM, la CROC y todos los viejos aparatos del PRI.
5. Asimismo, la ley va a prever que ningún patrón pueda tener injerencia en la creación de sindicatos, representatividad, vida interna, y que los despidos sean acotados por las nuevas representaciones sindicales, para evitar que los leales al grupo “transformador” sean separados de sus empleos y se trunque la labor de control.
La maquinaria apenas está echándose a andar.
CNET SE SUBE
Ayer tal y como le informé, se dio la primera reunión formal entre el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga. Sí asistió Alfonso Romo, futuro jefe de la Presidencia, quien no perdió oportunidad para hacer gala de sus dotes negociadores.
El encuentro fue muy productivo. Ambas partes estuvieron de acuerdo en firmar una agenda común que los lleve a las metas de crecer a 60 millones de visitantes con un gasto promedio de mil 250 dólares, lo que permitiría escalar a ingresos por divisas de 43 mil millones de dólares. Romo prometió coordinar una reunión con Andrés Manuel López Obrador para presentar la Agenda Nacional de Turismo y declarar al mismo como prioridad nacional. Sobre el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Azcárraga aceptó que los empresarios aporten recursos adicionales, siempre que existan mecanismos de transparencia en los gastos. También propuso regresar al formato donde éste funcione como un consejo de administración en el que autoridades y sector privado participen. Sobre el Tren Maya, acordaron que los empresarios apoyen su financiamiento para no tocar los recursos del CPTM.
VA CONMÉXICO
A la que también le fue muy bien ayer fue a Luisa María Alcalde, propuesta para la Secretaría del Trabajo. Como le informé, se reunió con el pleno de ConMéxico, cuyo presidente ejecutivo es Jaime Zabludovsky.
En efecto, uno de los temas centrales fue el mencionado programa de primer empleo Jóvenes Construyendo el Futuro, que empujará con mucha fuerza el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Las 45 empresas que integran esa cúpula accedieron a registrarse en un padrón que servirá de base para empezar a determinar cuántos muchachos podrían recibir y las condiciones de aceptación para emplearlos.
Nos dicen que este encuentro nada tuvo que ver con el que Alcalde recientemente sostuvo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el gremio presidido por Vicente Yáñez, que se mostró más reacio con el programa de primer empleo para jóvenes.
POSPONEN
Graciela Márquez, designada próxima secretaria de Economía, pidió al director de ProMéxico, Paulo Carreño, reprogramar para el 18 de octubre la reunión que tendrían hoy.
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Darío Celis | Opinión
https://www.dineroenimagen.com/dario-celis/otro-madruguete-de-morena/103861
Vientos de cambio
Saúl Escobar Toledo
Octubre 10, 2018
En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.
El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.
La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de Morena) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.
Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico). Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.
Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos deja todavía mucho que desear.
A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:
Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.
Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.
Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se siga aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios. Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por el Sindicato de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo, las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.
Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.
Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al Poder Legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.
La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.
Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.
Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.
saulescobar.blogspot.com
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Campa pide renovación transparente de líderes sindicales
La renovación de las dirigencias sindicales deberá cumplir con los principios de voto libre y secreto. Eso ya está en la Constitución desde febrero del 2017 y no son necesarias leyes secundarias para su aplicación, afirmó el secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián.
María Del Pilar Martínez
09 de octubre de 2018, 00:44
La renovación de las dirigencias sindicales deberá cumplir con los principios de voto libre y secreto, eso ya está en la Constitución desde febrero del 2017 y no son necesarias leyes secundarias para su aplicación, afirmó el secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián.
En entrevista, el funcionario federal sostuvo que la parte medular del capítulo laboral en el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), los compromisos que se asumieron fueron para “garantizar certidumbre jurídica para garantizar democracia y transparencia sindical. Éste es el tema central del anexo”.
En ese sentido, indicó que se ha reunido “con los principales sindicatos de nuestro país, algunos que están en procesos ahora mismo, y hemos aclarado que esas elecciones para no ser impugnadas tienen que respetar y reconocer los principios de la Constitución, principios que implican representatividad y que implican voto personal, libre y secreto en la elección de las dirigencias. Esa parte de la reforma está vigente”.
Cabe destacar que desde hace ocho meses está pendiente en el Legislativo la aprobación de las leyes secundarias que permitirán aplicar los cambios constitucionales al Artículo 123 en lo que concierne a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y creación de los tribunales laborales, así como la creación del organismo autónomo que deberá encargarse del proceso de conciliación en los conflictos laborales y llevar el registro de contratos colectivos y sindicales.
Voto secreto
Ante los procesos en el cambio de dirigencias que están en curso, como en el caso de los del Sindicato de Ferrocarrileros y el Sindicato Petrolero, el titular de Trabajo declaró que deberán mostrar ante la autoridad laboral que la elección ocurrió mediante voto secreto antes de recibir su “toma de nota” (proceso administrativo que realiza la Secretaría del Trabajo).
Añadió que todo está alineado para que se pueda cumplir cabalmente con los requerimientos, tanto del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, como en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, recientemente ratificado por el Senado de la República, pues “desde el 2012 se empezaron con los cambios en la Ley Federal del Trabajo y se fortalecieron con los cambios constitucionales en febrero del 2017”.
Campa Cifrián sostuvo que, como parte del proceso de transición con el nuevo gobierno, “en las áreas de registro sindical se está profundizando en la transparencia y en la rendición de cuentas, toda la información de nuestros registros está hoy en internet disponible para la gente que lo solicita”.
Trabajadores del IMSS aceptan alza salarial de 5.15 %
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aceptó un incremento al salario de 5.15 por ciento con lo que se quedó sin efecto el emplazamiento a huelga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), programado para el primer minuto del 16 de octubre.
El incremento al salario fue muy similar al aceptado el año pasado, de 5.1 por ciento, en el que también se otorgó 2 por ciento en prestaciones. En esta ocasión, el porcentaje obtenido en el concepto 11 impacta en la cláusula 63 bis referente a “ayuda para pago de renta de casa habitación”, en su inciso B al sumarse a 56.15 por ciento del sueldo tabular existente, quedando en 57.95 por ciento del sueldo tabular.
Asimismo, el SNTSS cambió su dirigencia sindical: el nuevo secretario para el periodo del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2024 será Arturo Olivares Cerda.
En el marco del LVII Congreso Nacional Ordinario, celebrado en Quintana Roo, Olivares Cerda aseguró que durante su gestión mejorará las condiciones laborales de los agremiados y fortalecerá la infraestructura hospitalaria y médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Emprenderemos una cruzada para fortalecer nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. Defenderemos lo que tenemos y con argumentos sumaremos más beneficios”, destacó.
Dijo que la organización gremial se declara lista para enfrentar el nuevo escenario político del país que conlleva nuevos retos sociales, económicos, laborales y en el sector salud.
Olivares Cerda señaló que su trabajo gremial se centrará en cinco ejes: mejora laboral, capacitación de calidad, formación de cuadros sindicales, respeto al marco estatutario. (Con información de Redacción)
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Campa-pide-renovacion-transparente-de-lideres-sindicales-20181009-0012.html
Los compromisos laborales de México en el nuevo TLCAN
09-10-2018 23:09
Por Carlos e Buen Unna
El 28 de septiembre, el Secretario de Economía entregó al Senado un resumen del acuerdo comercial con los Estados Unidos de América y Canadá que sustituirá el TLCAN.
Un par de días después, el Subsecretario de Comercio Exterior entregó el texto del acuerdo, pero en idioma inglés. En lo que se publica en español, aprovechamos para hablar de un compromiso hecho por México, de enorme valor, pero que se nos antoja difícil de cumplir en tiempo, en los términos del Anexo 23-A del nuevo acuerdo, anexo que lleva por título: “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. ¡Vaya tema!
El proemio del anexo dice que las medidas que contiene son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y que el próximo gobierno de México confirmó que son acordes al mandato que recibió del pueblo en las pasadas elecciones.
De entrada, resulta interesante advertir en esta manifestación el reconocimiento, por parte de la actual administración, de que los gobiernos del PRI y del PAN nunca toleraron una negociación colectiva real y, por lo mismo, siempre se opusieron a una verdadera libertad sindical, dado que, sin el poder de la negociación, los sindicatos sirven de muy poco.
En el punto 8 y último del anexo, México se compromete a adoptar la legislación descrita en los siete puntos previos, antes del 1º de enero de 2019, en el entendido de que, de no ser así, la entrada en vigor del acuerdo se retrasará hasta que la nueva legislación sea efectiva. En otras palabras, no bastará la expedición de la ley o leyes correspondientes, sino que deberán estar vigentes para que el acuerdo comercial pueda entrar en vigor.
El proemio del anexo dice que las medidas que contiene son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y que el próximo gobierno de México confirmó que son acordes al mandato que recibió del pueblo en las pasadas elecciones.
¿A qué se comprometió México? El resumen de la Secretaría de Economía tendría que ser suficiente para responder esta pregunta, pero la verdad es que se queda muy corto, razón por la cual, en el poco espacio que tenemos, intentaremos sintetizar los otros siete puntos del anexo:
1. La legislación mexicana debe reconocer la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y prohibir toda interferencia patronal en las actividades sindicales, así como los actos de discriminación y coerción en contra de los trabajadores por participar en esas actividades.
2. Se debe establecer y mantener un órgano independiente que se ocupe de la conciliación de los conflictos laborales y del registro de los contratos colectivos de trabajo (CCT) y constituir juzgados laborales independientes para la resolución de las disputas.
3. Se debe crear un sistema efectivo que verifique que las elecciones sindicales se lleven a cabo a través del voto personal, libre y secreto de sus miembros.
4. Hay que garantizar que los conflictos entre sindicatos por la representación de los trabajadores (los “juicios de titularidad” de los CCT) sean resueltos por los tribunales laborales mediante el voto secreto, sin dilaciones procedimentales.
5. Un órgano independiente debe verificar, a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, que la mayoría apoya el CCT, como condición para que sea registrado y para que surta sus efectos, debiendo constatar que el centro de trabajo realmente opera y que los trabajadores conocen el contenido del CCT.
6. La ley debe garantizar que los acuerdos de revisión de los salarios y demás condiciones de los CCT sean conocidos y estén respaldados por la mayoría de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto, como condición para su depósito, y que todos los CCT se revisen al menos una vez dentro de los primeros cuatro años de la vigencia de la nueva norma.
7. Los CCT y los estatutos sindicales deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los trabajadores involucrados y se deberá establecer un sitio web central que provea el acceso público a todos los CCT, que opere el órgano independiente encargado de su registro.
Todos y cada uno de los compromisos son valiosos y absolutamente necesarios para la vida democrática del país. Es cierto que, en su mayoría, se incorporaron a la Constitución en las reformas del 24 de febrero de 2017, pero en aquella ocasión se dio un plazo de un año para reglamentarlas, lo que a la fecha no ha ocurrido.
Es cierto también que algunas de estas medidas están en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva que ratificó el Senado este 20 de septiembre, pero que no entrarán en vigor sino hasta un año después de que la ratificación sea registrada en la OIT.
Es curioso que ahora, para que entre en vigor el nuevo acuerdo norteamericano, los empresarios serán los más interesados en que se implementen las reformas que por fin harán efectiva la libertad sindical y garantizarán la negociación colectiva, lo que supone despedirse de los contratos colectivos de trabajo de protección patronal.
De no lograrlo, se quedarán sin su mejor tratado comercial.
https://www.arenapublica.com/carlos-de-buen/los-compromisos-laborales-de-mexico-en-el-nuevo-tlcan
Sindicatos, cambian o desaparecen: Graciela Bensusán
Foto EE: Archivo
Más importante que la ratificación del Senado al Convenio 98 de la OIT es la reforma laboral promulgada el 24 de febrero del 2017.
Diego Badillo
06 de octubre de 2018, 16:37
Si se termina la corrupción, como lo ha planteado el próximo gobierno, entonces los líderes sindicales estarán ante una disyuntiva: o aceptan las nuevas reglas del juego y aprovechan sus estructuras sindicales para cambiar y realmente defender a los trabajadores o desaparecen, planteó la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco Graciela Bensusán.
En entrevista comentó que, en el año 2000, cuando se dio la alternancia del partido en el gobierno federal, lo que pasó con los sindicatos adheridos a la CTM y otras centrales obreras del PRI fue que siguieron en ese partido, pero se subordinaron al gobierno.“Hicieron lo que el nuevo gobierno quería que siguieran haciendo (…) La única diferencia aquí (ahora) es que se acabará la corrupción, que es el ingrediente que sostenía a esos líderes en el poder, junto con el apoyo del Estado”.
La especialista expuso que habrá que ver qué va a pasar, pero, en principio, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que apuesta por la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida del país.
La académica explicó que México asiste a un proceso gradual de relegitimación de los sindicatos donde algunos desaparecerán. Algunos líderes dejarán de contar con el apoyo de sus representados y otros tendrán la oportunidad de reivindicarse.
Mencionó que la ratificación, por parte del Senado de la República, del convenio 98 de la OIT de 1949, si bien llega tarde, tiene un alto valor simbólico porque el sector obrero llevaba décadas impulsando esa acción, pero se topaba con muchas resistencias.
La prioridad es la ley secundaria de la reforma del 2017
Graciela Bensusán Areous expuso que es más importante que la ratificación del Senado al citado Convenio de la OIT es la reforma laboral promulgada el 24 de febrero del 2017.
Ese año se modificó la fracción XXII bis del artículo 123 la Constitución para hacer explícita la libertad de negociación colectiva, así como garantizar la representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en la firma, registro y depósito de contratos colectivos de trabajo.
Dijo que lo importante ahora es que se apruebe la ley reglamentaria a esa reforma constitucional.
La legislación tendrá que decir qué entendemos por representatividad, cuántos trabajadores se requieren mínimamente para que un sindicato pueda hablar en nombre de ellos en una negociación colectiva. Es decir, vamos a necesitar las reglas particulares para instaurar un nuevo modelo y llevarlo a la práctica.
En ese tenor precisó que lo que se busca es un nuevo modelo basado en la gobernabilidad democrática
diego.badillo@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sindicatos-cambian-o-desaparecen-Graciela-Bensusan-20181006-0012.html
Cuarta transformación en el trabajo
Prensa OEM
jueves 4 de octubre de 2018
en Columnistas
Patricia Carrasco
La próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dice que la cuarta transformación en el mundo del trabajo iniciará a partir del 1o. de diciembre, ya que se revertirán las grandes deudas en el sector como la libertad, democracia y transparencia en los sindicatos, que nunca se han vivido en el país.
Lo que ya empezó a cambiar es el tono del discurso y la forma de referirse a la audiencia: se acabó “el señoras y señores”, ahora será “compañeros y compañeras”.
Vamos a ver si se predica con el ejemplo. Indica “no más simulaciones… no más gobiernos que mantengan salarios bajos, por lo que se debe promover el salario y empleo dignos, promoviendo el diálogo social, equilibrio en las empresas, en las cadenas productivas, donde se hablen trabajadores con empleadores. Va a promover y recuperar la figura del salario mínimo”.
Y eso será uno de los primeros retos de la administración del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a ellos ya les tocará fijar el incremento salarial que entrará en vigor el 1o. de enero de 2019. Por lo pronto, Alcalde Luján adelanta que será mayor a los 100 pesos.
En la clausura de los trabajos de la LXIII Convención del STRM, su dirigente Francisco Hernández Juárez, muy halagado por la presencia de Luisita, como la llaman dirigentes de la UNT, dijo: “no sé cómo decirle, si licenciada, abogada o maestra… es todo… De que está preparada y conoce el sector, no hay duda”.
El Secretario en funciones, Roberto Campa comenta que con el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abre la puerta a que haya más de un sindicato en una empresa, lo cual es parte de la libertad sindical que establece en el acuerdo. Pero, debe revisarse, si a partir de ese convenio puede haber más de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en las empresas, hecho que por cierto preocupa a la iniciativa privada.
Ante ello, la legislación secundaria de la reforma constitucional deberá revisar el mecanismo para plasmar en la Ley Federal del Trabajo, los principios del Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva para ver el tema de multisindicatos y multicontratos.
EN ESE TENOR, la visión que tiene la futura titular de la STPS, es que el sindicato mayoritario en una empresa será el que tendría derecho a firmar el contrato colectivo, citó Campa.
@Patri17Carrasco
https://www.la-prensa.com.mx/columnas/cuarta-transformacion-en-el-trabajo
OIT espera notificación de México sobre Convenio 98
El director general de la Organización Internacional del Trabajo calificó como “un paso importantísimo” que México haya aprobado la ratificación del Convenio 98, relacionado con la contratación colectiva y la libertad sindical.
María Del Pilar Martínez
02 de octubre de 2018, 11:36
Panamá. -Reconocen tercerización como una nueva forma de trabajo
Panamá, Pan. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la existencia de tercerización (outsourcing) como una nueva forma de trabajo que ha llevado a transformar las relaciones laborales, pero no por ello dejar de lado derechos mínimos.
En entrevista, el director general de la OIT, Guy Ryder, expuso que en toda la región de América Latina, cada vez más, se aplican nuevas formas de contratación, “vemos cada vez más de tiempo parcial, temporal, del trabajo a través de las agencias de empleo, y ahora también del empleo de plataforma, todas estas formas de trabajo forman parte de los desafíos en el mundo de trabajo”, señaló.
En el marco de la 19 Reunión Regional Americana, Ryder dijo que “tenemos que ser prudentes y estar atentos de un proceso que puede desembocar en una transformación laboral en relaciones puramente comerciales. Para la OIT, el trabajo no es una commodity, las personas deben tener derechos”, afirmó.
México abre el debate
Cabe señalar que en México la senadora de Morena, Freyda Marybel Villegas, presentó el pasado 13 de septiembre una iniciativa de reforma en materia de outsourcing, mismo que cumplirá seis años de haberse incorporado a la Ley Federal del Trabajo, cuando se realizó la reforma laboral en diciembre del 2012.
Dicha iniciativa tiene como fin regular aún más la subcontratación y otras formas de contratación, y busca acelerar la emisión de la norma mexicana relativa a la subcontratación.
De los 20 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 80% labora para un patrón distinto y no sólo bajo la figura de outsourcing, sino en esquemas de insourcing.
Las empresas terciadoras en el país apuntaron que a la modificación de outsourcing se deben incluir los dos siguientes aspectos:
1) Verificar a la empresa contratante, en especial, que registre a los trabajadores con el puesto, sueldo y prestaciones reales y que sobre la totalidad de los mismos se les pague con recibos timbrados por el SAT, tal y como lo establece la ley.
2) La empresa contratante vigilará que el contratista no registre a los trabajadores como socios de sindicatos, profesionistas independientes, ni se les pague bajo otras modalidades o estrategias fiscales, como por ejemplo: honorarios, con póliza de seguros o por derechos de autor.
Actualmente, la redacción del Artículo 15-C se presta a la discrecionalidad en su interpretación, creando una gran fuga de ingresos que perjudica a todos, en ese sentido, las organizaciones han señalado que si se lograra la modificación, la recaudación fiscal de parte de la industria para el IMSS y el SAT sería del doble.