No hay dinero para reforma laboral


Abril 03, 2018 21:05 hrs.
Armando Téllez Flores › diarioalmomento.com
+Aumento a mineros de 12 por ciento
La Reforma Laboral de Justicia Cotidiana sufre de indiferencia en el Senado de la República, en donde los temas de mayor interés son los de las campañas electorales, por lo que no solo las organizaciones sindicales la rechazan, sino también partidos políticos y legisladores en ambas cámaras, en donde se preguntan que de donde van a sacar el dinero para implementarla.
Y es más se hace mención del comentario que hizo el líder de la CTM y ahora presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, de que ojala se suspendiera ese proyecto de ley que tanta presión ha generado en el ambiente laboral.
El tema también es que nadie conoce el expediente de casi 400 hojas que contiene la nueva propuesta y por lo tanto no se conoce y ya no hay tiempo para su análisis, y menos cuando se dice que persiste el peligro a la existencia del derecho de huelga y la existencia del tripartismo.
Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Puntos Legislativos no avanzan en el dictamen con el que se dará paso a la creación del Instituto de Conciliación Federal y Registro Laboral, e iniciar con el proceso de impartición de justicia a través de los tribunales laborales, para que sea aprobado cuanto antes y en este mes.
Isaías González Cuevas, senador por el PRI, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), uno de los autores de las iniciativas de leyes secundarias, quien afirmó que aun cuando hay desacuerdo de varias organizaciones sindicales, investigadores, abogados laborales, organismos no gubernamentales, sostuvo que ya se tienen los trabajos avanzados para su dictaminación.
Isaías González Cuevas recordó que esta iniciativa surgió como una necesidad de atender la justicia cotidiana de los mexicanos; en lo concerniente al sector laboral se identificó que los juicios eran muy largos pues podrían dilatarse más de cinco años, afectando a empresas y trabajadores, pero al ser presentada en lo obscurito genero serios conflictos.
Otro de los autores, el senador del PRI, Tereso Medina, dijo que una de las tareas inmediatas es la designación de su titular del instituto de conciliación federal y registro laboral para lo cual el Ejecutivo enviará una terna a la consideración de la Cámara de Senadores, quien previa comparecencia de los candidatos hará la designación correspondiente.
Agregó que otra de las tareas que deben determinar es el procedimiento para que las autoridades competentes transfieran los expedientes y documentación que en ámbito de sus respectivas competencias tengan para el organismo descentralizado.
Pero el caso es que nadie conoce el texto presentado por el flamante presidente de la Comisión de Trabajo, en donde para variar no permitieron el paso a un dirigente sindical, lo que también genera tensiones y recelo.
Lo que se ve es que el consenso va en contra de dicha reforma y no tiene apoyo por ningún lado, y menos la fuerza suficiente para salir avante…

https://diarioalmomento.com/no-hay-dinero-para-reforma-laboral-e3TQxODk4Nw.html

Se acelera la reforma que da muerte al derecho laboral


Arturo Alcalde Justiniani
Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.
De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.
El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.
El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.
La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.
No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.
Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.

  1. Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.

Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/31/opinion/011a1pol

Honestidad y ética en sindicatos: STPS


Pedro Villa y Caña, 18/03/2018
Defender a trabajadores implica proteger el empleo, dice; intereses de asalariados deben ser la prioridad, afirma
La honestidad y la ética pública deben ser una prioridad para las organizaciones sindicales y sus líderes, debido a que son una exigencia de la sociedad y sobre todo una demanda de los jóvenes, afirmó Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Los jóvenes nos exigen hoy una conducta ética, nos exigen hoy una conducta honesta. Yo sé que es también una preocupación de las organizaciones sindicales y de sus líderes, porque hoy todos los que tenemos alguna posición de poder, donde sea: en el gobierno, en las organizaciones sociales, en el sector privado tenemos que comprender que el poder tiene que ser para servir a los demás, para servir a la gente; que quien utilice el poder para servirse a sí mismo, se traiciona y traiciona la confianza de quien los pone en ese lugar”, dijo.
Al encabezar la clausura del 63 Consejo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el titular de la política laboral del país manifestó a los secretarios generales de sindicatos nacionales y delegados de las 32 entidades que los valores son un tema que debe prevalecer en las organizaciones laborales, en los que los intereses de los trabajadores deben ser la prioridad ante cualquier circunstancia.
Indicó que la CROC comprende hoy que la defensa de los trabajadores implica también defender el empleo y que el movimiento obrero es más fuerte cuando está unido, porque la división debilita, y frente a los desafíos del país, se tiene que conseguir un movimiento obrero unido y unificado en lo fundamental.
“Estoy seguro que viendo para adelante vamos a comprometernos cada vez más con ello y vamos también a decidir a favor de todas y todos que realmente tienen un compromiso de vida con la transparencia y con la honestidad. Es un privilegio para un servidor, representando al Presidente de México, estar aquí con ustedes este día”, dijo.
Campa Cifrián informó que en la recta final de la presente administración se va a cumplir con la meta que se propuso, la generación de nuevos empleos, que sumarán más de 4 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el país y que al terminar febrero se registran alrededor de 3 millones 400 mil.
El funcionario resaltó que “4 millones son 500 mil más, medio millón más en seis años, que lo que se consiguió en los 12 años anteriores. En 12 años, de 2000 a 2012, se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, En esta administración de 2012 a 2018 se habrán generado, se habrán creado 4 millones de nuevos puestos de trabajo”, detalló.
Proponen crear Afore. En la clausura del citado consejo, el dirigente de la CROC, Isaías González Cuevas, dijo que a kn de proteger el patrimonio de la clase trabajadora y frenar prácticas deshonestas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que cobran altas comisiones, esa central propuso crear una Afore que sea administrada por el sector obrero.
González Cuevas explicó que las Afores —que han sido sancionadas por prácticas monopólicas y la celebración de acuerdos para limitar los traspasos de las cuentas—, obtienen ganancias de aproximadamente 100 millones de pesos anuales.
“Este tipo de situaciones no las podemos permitir; por eso vamos a ejercer el derecho que nos otorga las ley, la legislación permite que los trabajadores tengamos Afores propias y con ello no depender de las que hoy se llevan nuestro dinero”, dijo.
“Estamos luchando por convertirnos en la organización sindical número uno del país, con resultados, acciones y valores, indicó el dirigente y explicó que 70% de los trabajadores son jóvenes, que más que hacer antigüedad en las empresas quieren superarse y trabajan por causas y nosotros estamos preparados para atender a los millennials, porque son quienes relevarán a quienes hoy estamos al frente de nuestra central”, aseguró.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/honestidad-y-etica-en-sindicatos-stps

La CROC propone una Afore administrada por el movimiento obrero


/Foto: Especial17 marzo, 2018
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) propuso crear una Afore administrada por el sector obrero.
A fin de proteger el patrimonio de la clase trabajadora y frenar prácticas deshonestas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que cobran altas comisiones, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) propuso crear una Afore administrada por el sector obrero.
Durante la clausura de los trabajos del LXIII Consejo Nacional, en el que presentó su informe anual de labores 2017, Isaías González Cuevas explicó que las Afores, obtienen ganancias de aproximadamente 100 millones de pesos anuales.
“Este tipo de situaciones ya no las podemos permitir; por eso vamos a ejercer el derecho que nos otorga la ley, porque la legislación también permite que los trabajadores tengan fondos propios y con ello ya no depender de las que hoy se llevan nuestro dinero”, enfatizó.
El dirigente enfatizó que la CROC pugna por convertirse en la organización sindical número uno del país, con resultados acciones y valores.
Según González Cuevas, la central obrera que encabeza está preparada para atender a los millenials, por lo que “vamos a fortalecer el empresariado nacional, porque las trabajadoras quieren ser empresarias y sus hijos también, y la CROC tiene que estar a donde está la demanda de su gente”.
Para ello, añadió, cuentan con proyectos establecidos y con una incubadora para ayudarlos a ser realmente exitosos.

http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/03/17/lider-sindical-propone-una-afore-administrada-movimiento-obrero

Dos versiones de iniciativa de reforma laboral del PRI analizadas por el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral


El Partido Revolucionario Institucional ha emitido dos versiones de su Iniciativa de Reforma Laboral publicada en la Gaceta del Senado el 07 de diciembre de 2017. A continuación mostramos los cambios que detectó el #ObservatorioCiudadanodelaReformaLaboral en ambos proyectos los cuales versan en el tratamiento que se le da al tema de la subcontratación.
En la primera versión de la Inciativa se derogaron los artículos 15-C y 15-D, pretendiendo con ello eliminar los «candados» a la tercerización, mientras que en la segunda versión, simplemente se modifica el artículo 15-D.
CONSÚLTALO COMPLETO EN:

https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome%2FEl%2520proyecto%2520de%2520reforma%2520laboral.%3Fpreview%3DCUADRO%2BEXPOSICI%25C3%2593N%2BDE%2BMOTIVOS.pdf

 

Aguascalientes: Reforma Laboral del PRI entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”


Posted by ALMA RÍOS
Date: marzo 10, 2018
La Reforma Laboral secundaria que plantean los senadores priístas Tereso Medina (CTM) e Isaías González (CROC), entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”, pues entre otras cosas plantea la desaparición del salario, de los sindicatos, y la anulación de los contratos colectivos de trabajo, dijo Manuel Fuentes Muñiz.
El experto en derecho laboral propuso a esta reforma como la más regresiva en la materia en los últimos 100 años en México, ya que su eje fundamental es “la producción, la usura, la ganancia patronal” y por tanto la imposición de la voluntad de los empleadores a la par del despojo del derecho humano al trabajo de los mexicanos.
Expuso que es especialmente preocupante porque va enfocada a perjudicar a los jóvenes, las mujeres y a la gente de mayor edad, ya afectados por las dificultades de acceder al derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
Fuentes Muñiz, Héctor Arturo Mercado López, magistrado del 17 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia del Trabajo, Juan Romero Tenorio, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar elementos del foro Retos de la Nueva Justicia Laboral.
El evento fue realizado ayer en el foyer del Teatro Fernando Calderón, y organizado por el precandidato al Senado por el Morena, José Narro Céspedes, quien expuso que estas reformas ni siquiera son conocidas y por tanto respaldadas por los propios trabajadores agremiados a la CTM y la CROC.
Coincidieron en que la iniciativa que actualmente se discute en comisiones en el Senado de la República y que deriva de una reforma constitucional del 24 febrero de 2017, debe detenerse, socializarse ampliamente tanto entre los patrones y especialmente los trabajadores, discutirse y llevarse a consulta.
Pablo Franco Hernández expuso desde su experiencia que los sindicatos son cada vez más inoperantes e incapaces, no sólo de defender los intereses de sus agremiados, sino siquiera de emitir una opinión al respecto de este tipo de temas.
Dijo que de acuerdo al Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sindicatos y los representantes de los patrones deberían estar “discutiendo públicamente” estas leyes secundarias, pero no lo están haciendo, mientras que el “trámite” se realiza en el Senado en lo “oscurito”.
Contrario a lo que está ocurriendo actualmente y que se agudizará con esta reforma, “lo que nosotros estamos planteando es que tiene que discutirse cómo se regresa a los trabajadores” su derecho a nombrar a sus representantes y a aspirar a serlo.
La política económica ha abandonado a los trabajadores y el fortalecimiento del mercado interno al buscar insertarse en el ámbito de la distribución del trabajo internacional ofreciendo mano de obra barata y erosionando con ello los derechos laborales, especialmente el de la negociación colectiva, puntualizó.
Refirió que la reforma de febrero de 2017 busca cumplir solo de palabra los compromisos internacionales celebrados por el Estado mexicano, concretamente el capítulo laboral del Tratado Transpacífico que obliga a dar cumplimiento al convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva y al correspondiente 87 sobre libertad sindical, pero a la hora proponerlo en la Ley Federal del Trabajo, por el contrario, lo que se refuerza es el control patronal sobre la negociación colectiva.
Actualmente el patrón, quien descarta la existencia de la lucha de clases, sostiene que “los trabajadores no necesitan un sindicato porque soy como su papá”.
Dijo que este “triunfo cultural” de un pensamiento totalmente contrario a los intereses de la clase trabajadora ha logrado permear tanto que “hasta los trabajadores se lo creen”, también por el gran desprestigio de los sindicatos.
“Entonces estamos parados –en un escenario- de cero derechos”, por lo que hay que buscar recuperarlos.
El derecho ciudadano dentro de la fuente del trabajo, que no es otra cosa que democratizar las decisiones y que se ha planteado como algo imposible, pues ”¿cómo le vas a dar derecho al trabajador de participar en las decisiones de la empresa?”, contestó: con “el mismo derecho que le da el participar en la producción de riqueza. Y que es un derecho humano que se ha perdido”.
Observó que los sindicatos tradicionales son cada vez más débiles e inservibles pues se venden al patrón, y sus dirigentes firman contratos “basura” (como los denominan en Europa), “que no le dan derechos al trabajador”.
El magistrado Héctor Arturo Mercado López centró la atención por su parte, en la disposición de la reforma constitucional de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federal como estatales, y sustituirlas por tribunales laborales.
Aunque originalmente esta modificación a la Constitución general del país pretendía agilizar la administración de justicia en esta materia, pues con datos de un estudio que realizó, sostuvo que en este momento en México un juicio laboral (desde la presentación de la demanda hasta que se emite un laudo) se lleva en promedio cuatro años dos meses y 19 días, sostuvo que este objetivo no se cumplirá tal como ha sido propuesta la instrumentación de los procedimientos.
Comparativamente agregó que en Chile el mismo proceso ocurre en 72 días, y en Venezuela, “la agredida y terrible”, implica menos de seis meses.
La iniciativa priísta divide el procedimiento en una fase de conciliación a favor del patrón “que es tortuosa y desequilibrada” y establece juntas para el desahogo de pruebas que generarán muchos problemas, por lo que no se modificará en lo sustancial la necesidad de una justicia laboral eficaz y eficiente, enfatizó.
Precisó también que la reforma implicaría la modificación de más de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo y criticó que quiera hacerse entrar en vigor en noviembre de este 2018 sin una discusión suficiente y amplia.
En otros países, informó, este tipo de modificaciones tardan entre dos a cuatro años en procesos de análisis y discusión entre los sectores involucrados hasta que se ponen de acuerdo en el contenido de la ley para después ponerla en marcha bajo procedimientos de verificación que aseguren su éxito.
Objetó asimismo que no se haya destinado presupuesto para instrumentar los nuevos tribunales laborales, algo que incluye la capacitación de la gente para este efecto.
Para el caso de Zacatecas propuso como una buena pregunta, ya que estas funciones las asumirá el Poder Judicial local, si tiene suficiente presupuesto para ello, por lo que dijo, “la razonabilidad y la prudencia” indican que no debe votarse esta reforma sino “discutirse entre todos” para obtener una buena ley.
Por su parte, Juan Romero Tenorio, diputado federal por Morena, se refirió a esta reforma secundaria en materia de justicia laboral como otra más de la serie de reformas estructurales que ha impulsado Enrique Peña Nieto.
Ésta modifica el proceso de producción nacional y las relaciones de trabajo, y con ello, aparentará impartir justicia laboral cuando en realidad facilitará las condiciones de producción para los grandes inversionistas.
Se inserta en un plan nacional que ha impulsado zonas económicas especiales con diferenciaciones de regímenes fiscales y seguridad social, y que han pasado desapercibidas para el grueso de la población porque no se le ha dado la difusión necesaria a estos temas que están impactando las condiciones de trabajo de los mexicanos.

http://ljz.mx/2018/03/10/reforma-laboral-del-pri-entregara-la-sangre-de-los-trabajadores-para-convertirlos-en-esclavos/

Chihuahua: Iniciativa laboral EPN-Meade 


Sobre Aviso
Candelario González Villa
Presentada en diciembre pasado por los senadores priistas Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM) con el evidente encargo del actual Ejecutivo federal y su candidato presidencial, José Antonio Meade, al día de hoy ni una sola voz se ha alzado apoyando esta propuesta, mal llamada iniciativa.
Ambos senadores fueron desconocidos por sus propias centrales, pero aun así tuvieron la desfachatez de proponer que se aprobara al vapor. Ahora anuncian que intentarán repetirlo este mes en el inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, con la excusa de que la reforma laboral a la Carta Magna planteó el término de un año para reglamentarla.
El contenido de la iniciativa en cuestión se puede resumir en los diez puntos siguientes:

  1. Desaparece los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permite que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
  2. Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, al permitir que se haga simplemente comunicando por escrito al trabajador y señalando sus motivos.
  3. Promueve los ajustes y despidos masivos injustificados de trabajadores al liberar al patrón de la obligación vigente de justificar previamente ante la autoridad su causa. Cuando alega el patrón incosteabilidad, quiebra o la decisión de los acreedores de cerrar un centro laboral. Reduce la indemnización en caso de reajuste o separación colectiva, sustituyendo la obligación de pago conforme al salario vigente por una cuantía menor al salario mínimo. La invitación al despido está contenida en los artículos 436 y 439 a bajo costo.
  4. Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte o incapacidad, sustituyendo la obligación actual de pagar en base al salario que recibía el trabajador por una unidad de medida menor al salario mínimo.
  5. Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, violando así el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Impone obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para sindicatos autónomos, fuera del control empresarial. Fortalece así los contratos de protección patronal. La reforma constitucional (reciente) restringe el voto secreto como exigencia previa para la firma del contrato colectivo. Hace imposible el ejercicio de derechos laborales colectivos en la pequeña y mediana empresa.
  6. Hace imposible que los trabajadores puedan cambiar de sindicato por la vía de los juicios de titularidad al imponer requisitos insalvables de “procedibilidad” y “legitimación” que se deben cumplir bajo un tortuoso procedimiento aun antes de iniciar el juicio, con el fin de reprimir a los trabajadores.
  7. Impide el ejercicio del derecho a huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico. Hay una cerrazón al acceso a la negociación colectiva para dejar libre la controlada por el patrón, es decir, el outsourcing.
  8. Cancela el carácter autónomo del Instituto de Conciliación y Registro laboral, encargado del registro de sindicatos y depósito de contratos colectivos, al imponerle un esquema de gobierno controlado por la representación, tanto de los sindicatos oficialistas como patronales, regresando así a un sistema corporativo más rígido y discrecional a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje. Todo el sistema en materia de asociación, contratación colectiva y huelga en este instituto y en los centros de conciliación estatales se convierten en fiscalizadores o jueces administrativos, invadiendo las tareas de los jueces laborales, que son relegados a una función marginal en detrimento del estado de derecho.
  9. Suprime los avances en materia de transparencia sindical contraviniendo la nueva Ley General de Transparencia e Información Pública que obliga a publicitar íntegramente por internet los documentos en poder de la autoridad, así como copia de los mismos a cualquier solicitante. Es decir, todo se reduce a las figuras de “declaraciones públicas” e “índices” con la intención de ocultar información y mantener el sistema de control y corrupción.
  10. En materia procesal, se impone un marco de derecho laboral hueco, regresivo y violatorio de los derechos humanos. El daño no solamente es en perjuicio de los trabajadores, sino a la sociedad en su conjunto, incluyendo a los empresarios.

Con esta propuesta, nos damos cuenta que el Estado como garante de justicia y seguridad de la clase trabajadora y de la sociedad en general, incumplió todas las reglas del Derecho y hace su entrega a los intereses de la iniciativa privada, es decir, la élite que se adueñó de la agenda nacional para satisfacer su voracidad y su ínfima calidad humana.
(*Con la participación de Arturo Alcalde Justiniani, licenciado en Derecho y académico en Derecho Laboral de la UNAM)

http://www.juarezhoy.com.mx/index.php/perspectiva/item/33121-iniciativa-laboral-epn-meade

El lunes vence el plazo para aprobar la ley en materia de justicia laboral


Sesión en el Senado de la RepúblicaFoto Carlos Ramos Mamahua
Se teme “un albazo legislativo”: PT-Morena
Al gobierno federal y a los empresarios les urge que se apruebe: Bartlett
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 24 de febrero de 2018, p. 12
El plazo que tiene el Congreso para aprobar la ley reglamentaria en materia de justicia laboral vence el próximo lunes, pero la decisión del PRI y sus aliados en el Senado de impulsar una iniciativa que disminuye derechos de los trabajadores, impidió avanzar y la oposición teme que la próxima semana se intente “un albazo legislativo”.
El coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett y el senador Luis Humberto Fernández, advirtieron que estarán alertas, ya que al gobierno federal y los empresarios les urge que se apruebe la iniciativa que echa abajo los logros alcanzados en la reforma laboral de 2017 y pretenden darle fast track, como lo demostraron al manipular la integración de la Comisión de Trabajo.
Nada justifica, resaltaron que luego de más de cinco años, en las postrimerías de la actual legislatura, eleven de siete a nueve el número de integrantes de la Comisión de Trabajo, con dos nuevos integrantes, del PRI y el PAN, con lo que el tricolor tendría cinco legisladores en ese órgano de trabajo responsable de dictaminar la ley reglamentaria del 123 constitucional y estaría sobrerrepresentado.
Aunado a ello, el PRI ya inició el trámite para quitar la presidencia de esa comisión al ex priísta Miguel Ángel Chico Herrera, quién dejó el Revolucionario Institucional para integrarse a Morena, recalcaron.
El senador Fernández dijo que esperan que el coordinador priísta, Emilio Gamboa, cumpla su palabra y se lleve a cabo un análisis de cada una de las comisiones, sobre todo la del trabajo, además de permitir que haya un amplio debate, porque se ha ocultado a la opinión pública el contenido real de la propuesta del gobierno y los empresarios, contenida en la iniciativa que presentaron los priístas Isaías González Cuevas y Tereso Medina, dirigentes de la CROC y la CTM.
Agregó que un día antes se llevó a cabo un foro de análisis en el Senado en el que abogados laboristas, consultores y académicos, advirtieron que esa iniciativa “es letal” para los trabajadores, ya que facilita los despidos y ataca la contratación colectiva y la libertad sindical.
El secretario de la Comisión de Trabajo, el senador Fernández, resaltó que no ha habido ni una sola reunión de ese organismo, ya que la iniciativa la han discutido Medina y González Cuevas con autoridades de la Secretaría del Trabajo y con la cúpula patronal. Recordó que hace tres semanas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reveló que ya había acuerdo.
“Lo que pretenden sacar con toda celeridad es una ley dañina y que es demolitoria de los logros que se tuvieron en la reforma constitucional”. Por ello, es preferible tomar el tiempo necesario para eliminar todo lo que significa disminución de derechos”.
Hizo notar que se debe legislar sólo para posibilitar el paso al nuevo sistema de justicia laboral que elimina las juntas de conciliación y arbitraje y deja la solución de conflictos obrero patronales en el Poder Judicial, sin tocar conquistas obreras.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/24/politica/012n2pol

Reforma laboral viola los derechos humanos: especialista


Ezequiel Pineda Nava dice que la reforma no abona al crecimiento y da marcha atrás a conquistas de trabajadores
 
Bertha Becerra
Con el tiempo encima: en víspera de ponerse en marcha la reforma laboral, no se dictamina en el Senado de la República la legislación secundaria sobre justicia y todos los procedimientos que acompañarán el nuevo sistema. El plazo vence mañana lunes 26 de febrero.
Son muchos los factores que retrasan el cumplimiento del nuevo engranaje de justicia laboral.
 
El Ejecutivo federal no remitió al Senado la terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales que se hará cargo de la conciliación y el registro de sindicatos y contratos colectivos. Debió de enviarla el 16 de febrero.
Tampoco hay dictamen de las iniciativas que presentaron los senadores priistas Tereso Medina e Isaías González (dirigentes de la CTM y la CROC respectivamente) y Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD.
Se suma un conflicto con la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República: su presidente Miguel Ángel Chico Herrera renunció al PRI, la Junta de Coordinación Política lo dio de baja, en contra del Reglamento senatorial, y se encuentra en stand by, en controversia.
LAS CRÍTICAS
Pero aparte de las formas, el fondo es que se trata de una iniciativacuestionada por los sectores obrero y académico.
“La iniciativa de reforma laboral no es incluyente, plural, justa ni legal. Se tendrá que enriquecer, ya que no abona para el crecimiento del país; afecta la estabilidad en el empleo, da marcha atrás en los derechos laborales tanto individuales como colectivos y representa una violación a los derechos humanos y laborales para los mexicanos”, considera el especialista en Derecho Laboral, doctor Ezequiel Pineda Nava.
Al hacer un análisis a la Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional en materia de Justicia Laboral, dijo que pretende que las grandes empresas puedan subcontratar a su personal (outsourcing), disfrazando la relación laboral apoyado de un tercero, con lo cual los trabajadores perderían muchos de sus derechos laborales y de seguridad social.
Y coincidió el senador Luis Humberto Fernández (PT-Morena), quien subrayó: “Vemos con gran preocupación que esta iniciativa del PRI sin duda, se redactó en un despacho patronal. No veo cómo se redacte de esa forma sin ser un abogado patronal y es una gran vergüenza que la hayan presentado líderes obreros”.
Pero el senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo, puntualizó: “La iniciativa que se presentó en diciembre pasado se analizó incluso por los compañeros que la presentaron: Tereso Medina e Isaías González y el outsourcing no transitará en esta iniciativa de justicia laboral”.
Comentó que se trabaja y afina, ya con el outsourcing fuera, algunos puntos a analizar a cabalidad en las leyes secundarias: cómo se manejará el tránsito hacia el Poder Judicial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
También la viabilidad, formalidad del órgano descentralizado para dirimir las controversias entre el capital, los trabajadores y los sindicatos. Estamos en ese trabajo.
En contraste, el senador Jesús Priego Calva, líder de la CTM en Hidalgo, sobre la iniciativa que presentaron sus compañeros comentó:
“Coincido ensacar el outsourcing,porque ‘friega’, con otras palabras,al Infonavit, al Seguro Social, a los trabajadores, a la empresa y friega hasta la propia madre de los outsourcing”, sentenció.
Reveló: Tengo entendido y no me consta, pero hay informes de que muchos sindicatos se prestan a eso. ¡Qué rateros! ¡Quéfalta de honorabilidad prestarse a eso!
Asume:“Esta iniciativa que presentaron Tereso e Isaías parece que la hicieron los empresarios, los bufetes de los empresarios. A veces, quizás las cámaras como Canacintra y Coparmex y demás tengan un criterio menos cruel, pero hay otros que hacen muchas cosas en contrario”.
LA OTRA INICIATIVA
A su vez, el doctor Héctor Barba García, comentó que la iniciativa que presentó el senador Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD junto con la Unión Nacional de Trabajadores UNT, en cambio, abarca todos los contenidos normativos del Apartado A del Artículo 123 constitucional reformado, que se contemplan en la Ley Reglamentaria y la Ley Federal del Trabajo.
Comprende el diseño de las nuevas instituciones que devienen de la reforma al marco constitucional. “Por ello se actualiza sistemáticamente todo su articulado, con las correspondientes adiciones y derogaciones”.
Asesor jurídico de la UNT, el doctor Barba dijo que esta iniciativa plantea la reforma de 303 artículos, la adición de 10 y la derogación de 116.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/reforma-laboral-viola-los-derechos-humanos-especialista-1025987.html