Entre otros puntos, afectaría estabilidad del empleo, advierten en el Senado expertos
Facilita la subcontratación y pretende quitar el voto libre y secreto a los sindicalizados
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 23 de febrero de 2018, p. 18
Expertos, académicos y abogados en materia laboral, así como representantes de la AFL-CIO, la principal central sindical de Estados Unidos, pidieron en el Senado mexicano que no se apruebe al vapor la ley reglamentaria del artículo 123 Constitucional, como pretenden el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno federal.
Insistieron en que se debe abrir un debate amplio, ya que se trata de una contrarreforma que afectará derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos la estabilidad en el empleo.
En ese foro, organizado por el Partido del Trabajo y Morena, el coordinador de ese grupo, Manuel Bartlett, expuso que PRI y Acción Nacional están desesperados por aprobar fast track la iniciativa de ley secundaria sobre justicia laboral, que presentaron los priístas Isaías González Cuevas y Tereso Medina.
Reveló que además de que en el pleno senatorial se impuso un día antes un acuerdo de PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática para crear dos espacios más en la Comisión de Trabajo –para conseguir la mayoría–, ayer trataron de votar que se quite la presidencia de ese organismo al senador Miguel Ángel Chico Herrera, quien se acaba de incorporar al PT-Morena, luego de dejar el tricolor.
Bartlett expuso que pretendieron que él firmara un acuerdo cachirul, tomado sin que la Junta de Coordinación Política se haya reunido, para reafirmar su control de esa Comisión de Trabajo responsable de dictaminar la cuestionada ley secundaria de la reforma constitucional sobre justicia laboral.
Al respecto, el senador Luis Humberto Fernández, del PT Morena y moderador del foro, dijo que se debe revertir la iniciativa de Medina y González Cuevas, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que de manera vergonzosa presentaron esa propuesta, que es una verdadera contrarreforma laboral.
En su intervención, la directora internacional de la AFL-CIO, Cathy Feingold, resaltó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no puede apoyar una legislación que significará que la situación de los trabajadores mexicanos va a ser peor que en la actualidad.
En el foro participó Luisa María Alcalde, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para integrar su gabinete como titular del Trabajo y Previsión Social, en caso de que gane las elecciones. Resaltó que es necesario evitar que el corporativismo sindical vuelva a tomar las decisiones e impida una verdadera democracia y libertad sindical.
Por su parte, el consultor en derecho laboral Ezequiel Pineda hizo notar que la iniciativa del PRI facilita los despidos de personal, suprime la obligación del patrón de notificar por escrito los motivos para rescindir contratos, establece menores indemnizaciones, inhibe las justas reclamaciones de los trabajadores para disminuir las demandas laborales y facilita la subcontratación y pretende quitar el voto libre y secreto a los sindicalizados, así como facilitar la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo.
De forma similar se manifestaron los también asesores laborales Arturo Alcalde y Héctor Barba, así como los catedráticos Alfredo Sánchez Castañeda e Ismael González.
Etiqueta: CROC
Trabajadores de la UNT se manifiestan contra reforma laboral en la Cámara de Senadores
Por STRM Noticias
20 de febrero de 2018
Contingentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) realizaron un mitin a las puertas del Senado de la República este 20 de febrero, para exigir que se detengan las reformas en materia laboral que van en detrimento de conquistas de los trabajadores. Los abogados expertos, han documentado que con los cambios que se discuten, se pretende obstaculizar la libertad sindical, impedir el derecho de huelga, promover los despidos masivos y anular la contratación colectiva. El dirigente de los telefonistas Francisco Hernández Juárez hizo un llamado a quienes integran la Cámara de Senadores para que rechacen las modificaciones porque sería “el retroceso más grave de los últimos años”, explicó que con esta iniciativa, el gobierno y el PRI “buscan volver a los tiempos en que los empresarios y el gobierno tenían el control sobre la vida de los trabajadores”.
Explicó que aún cuando al Senado se le impuso un plazo para que en febrero se pronuncie por los cambios (para aprobar la reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017), ellos pueden pronunciarse en contra de las modificaciones. Durante la protesta donde decenas de personas se reunieron a las puertas del Senado, a unos pasos de Paseo de la Reforma, llamó a los asistentes, para dejar a un lado diferencias. Dijo que las diferentes fuerzas sociales, campesinas y de otros sectores podrán detener este intento. “Verán que no pasarán estas contrarreformas”.
Optimista, señaló que cada vez hay más voces dentro de los diferentes grupos del Senado y de la Cámara de Diputados, dispuestas a detener esa contrarreforma y comentó que un signo importante fue la renuncia del presidente de la Comisión de Trabajo en el senado (Miguel Ángel Chico Herrera) quien el dejó el tricolor y se pasó al partido Morena.
Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) manifestó que la convocatoria de la UNT es para exigir (a los legisladores) respeto a los derechos de organización, contratación colectiva, huelga y libertad sindical. Hizo un llamado para luchar y detener este “intento legislativo impulsado por el charrismo sindical de la CTM y CROC en plena coalición con los patrones que busca privatizar el derecho laboral y promueve formas modernas de esclavitud”.
Preguntó a las trabajadoras, asalariados y campesinos que asistieron a la protesta: ¿De qué le sirve a México tener reformas retrógradas como las que se pretenden impulsar en el Congreso de la Unión? Si lo que se requiere es el respeto total al artículo 123 constitucional y la cancelación de propuestas impulsadas por el charrismo sindical en confabulación con el gobierno.
“Debemos exigir al Senado que cumplan con su obligación de legislar en beneficio del pueblo mexicano y que deje de ser cómplice de este ataque a los derechos laborales, porque no pasa nada y si se fortalece el país si se abre una consulta nacional para que se tenga la oportunidad de rechazar esta reforma que va en contra del pueblo de México y en particular de los trabajadores”, advirtió el también integrante de la presidencia de la UNT quien señaló que los cambios que anulan los avances de los trabajadores “atentan contra la paz social, porque impiden a los trabajadores el acceso a sus derechos laborales y colectivos y l la justicia social”.
El nuevo “sistema de esclavitud favorece acciones como las que acaban de cometerse en la Universidad Multicultural de Chiapas, se permite la represión, el despido, encarcelamiento de los dirigentes y por eso, ellos merecen todo el respeto y apoyo del sindicalismo mexicano y en particular del sindicalismo universitario.
Participaron en la protesta contingentes de la Asociación de Pilotos de Aviación (ASPA) Asociación de Sobrecargos, trabajadoras del Hogar, mujeres de Avón Cosmo Hogar, integrantes de la Central Campesina Cardenista, la lideresa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Querétaro; de la Universidad Autónoma de Chapingo, universitarios de Chiapas, elementos de la organización Valentin Campa y jubilados de los ferrocarrileros, entre otros.
Ver video en:
https://www.facebook.com/strmnoticias/videos/582599012072824/
https://www.strmnoticias.com/single-post/2018/02/20/Mitin-de-los-trabajadores-frente-a-la-cámara-de-senadores-nota-y-v%C3%ADdeos
De lesiva califican la propuesta de reforma laboral
De lesiva califican la propuesta de reforma laboral. Foto: El Universal
Aunque el secretario del Trabajo afirma que el tema del outsourcing será sacado del proyecto, hay temor de que al final se libere
Por: Francisco Castro
20 de Febrero 2018 · 09:38 hs
Sinaloa.- A pesar de proponer la liberalización de la subcontratación (outsourcing), tema que podría ser retirado del proyecto, además de facilitar los despidos injustificados, reducir las indemnizaciones y limitar el derecho a la libertad sindical, la propuesta de reforma laboral que actualmente está en el Senado de la República podría ser aprobada antes del 26 de febrero, situación que, de acuerdo con especialistas, podría poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
Esta iniciativa, presentada el 7 de diciembre del 2017 por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, ambos del grupo parlamentario del PRI, ha generado cuestionamientos de especialistas en derecho laboral y sindical, pero también quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e inconformidad de algunos dirigentes, como el propio Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, quien el 8 de febrero advirtió en su cuenta de Facebook que esta es «la peor reforma laboral en la historia de México».
María Carmen Macías
Para la doctora María Carmen Macías Vázquez, investigadora del área de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta polémica iniciativa es el reflejo de cómo se hacen las cosas en materia legislativa en el país: «El problema es que todo se hace apresuradamente, cuando a esto tiene que dársele el tiempo y la maduración».
El polémico tema del outsourcing
Definido legalmente como el régimen de subcontratación por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la Ley Federal del Trabajo contempla actualmente una serie de candados para ello.
Impide abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo; justificarse por su carácter especializado, y no comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
La reforma propone, en su artículo 1119, que a quien utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa se le impondrá multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, de 2015 a 403 000 pesos, y especifica dos casos en los que se estaría incurriendo en ello.
La doctora Macías Vázquez, investigadora de la UNAM, recordó que en 2012 intentaron los legisladores federales quitar los candados al outsourcing para poder subcontratar libremente a todos los trabajadores, pero en ese momento se hizo hincapié en que esto podría causar problemas de responsabilidad a la hora de cumplir con los derechos laborales de los trabajadores.
Imagen Especial
Liberar la subcontratación abarataría la contratación de mano de obra, pero también el despido, además de que una de las finalidades de los candados existentes es garantizar que las empresas sean socialmente responsables, detalló.
Sobre las críticas de que con esta iniciativa pretenden facilitar un crecimiento en las cifras de empleo, más allá de proteger los derechos de los mismos, coincidió con ello y añadió que no se meditaron los alcances que esta podría tener: «Con el afán de dar cifras de empleo, no se medita y se quitan ciertos candados para liberalizar, pero en el fondo les falta mucha más meditación en el análisis de lo que están regulando porque el número de plazas que se abren o de contrataciones no quiere decir que sea un empleo (bien) remunerado».
Subcontratación, una práctica viciada
Para Miguel Ángel Delgado, también especialista en derecho laboral, el outsourcing es un buen sistema traído de los Estados Unidos, pero en México se le ha dado un sesgo distinto para eludir al fisco desde hace años, lo que provoca que se afecten los derechos de los trabajadores.
Napoleón Gómez
El abogado asegura que «las grandes empresas outsourcing son propiedad de funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda», y las más conocidas —dijo— son las que ofrecen personal de vigilancia y limpieza.
Sobre el funcionamiento viciado, explicó que estas denominadas prestadoras de servicios piden a las empresas contratantes que les pasen a sus trabajadores, por los cuales reciben el pago, y luego lo triangulan. Una especie de administración de nómina que impide al trabajador conocer a su patrón y obtener acceso a las utilidades.
«Cuando se llega la hora de repartir las utilidades, esto se hace con la utilidad de la prestadora del servicio, no con la de la empresa donde realmente trabaja».
A inicios de este mes, Arturo Alcalde Justiniani, columnista de La Jornada y especialista en derecho laboral y sindical, lamentó en su columna escrita en dicho diario nacional que, de aprobarse esta iniciativa, «se podrá acceder a la subcontratación cumpliendo tan solo con los derechos mínimos de ley», comentó.
Al respecto, el 6 de febrero, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, declaró que, ante la resistencia, «en la regulación de la contratación vía outsourcing deben prevalecer los principios de la reforma laboral del 2012, en donde se limita a tareas secundarias dentro de las empresas». Ese mismo día, el funcionario federal declaró a La Jornada que se sacaría del proyecto este tema del outsourcing.
Despidos e indemnizaciones flexibles
El proyecto de reforma laboral también contempla la Unidad de Actualización y Medida (UMA) y no el salario mínimo como unidad para el pago de las indemnizaciones no solo por despido injustificado, sino en caso de indemnización por riesgo de trabajo, muerte o incapacidad; además de permitir al patrón la realización de despidos masivos sin justificar el motivo de la quiebra o la «incosteabilidad» del trabajo.
Jorge Álvarez Máynez
Jorge Álvarez Máynez, diputado federal e integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, en entrevista para EL DEBATE afirmó que está demostrado que si se le quitan las reglas para el despido a los patrones, esto no genera mejores empleos, lo único que causa es que se dañen los derechos de los trabajadores y las capacidades de estabilidad, pues explica que los empleados quedan tan desprotegidos que no tiene posibilidad de dar su mejor resultado.
Comentó que, pese a la gran desigualdad social, con expresidentes de la República con pensiones de 50 millones al año, no debería haber pretextos para garantizar a los ciudadanos estándares mínimos de bienestar, donde tuvieran un ingreso básico que les permita cumplir con los más elemental: «Esto no significa darle un salario o ingreso máximo a todos los mexicanos o que todos tengan un mismo sueldo por decreto, sino que “exista un piso” de protección para quienes padezcan un problema, y el desempleo lo pueden afrontar con una mínima dignidad», indicó.
Para Arturo Alcalde Justiniani, las reglas que se proponen sustentarían la precariedad y la violación de los derechos humanos laborales, y así lo escribió en su columna titulada «Carta a los legisladores», publicada el 3 de febrero en La Jornada.
Las 5 claves
- Expertos advierten falta de consenso con organismos no oficialistas
- A nivel internacional se teme un atenta do contra la libertad sindical
- No garantiza un salario digno, como lo exige el TLC, opina investigadora
- Laboristas ven la mano de empresarios en la liberación del outsourcing
- Descartan que el tema electoral frene la aprobación de la reforma
PARA ENTENDER
Prometen más empleos
Como parte de la justificación de la reforma laboral, los senadores expusieron en la sinopsis que esta «incentivaría la creación de empleos e incrementaría la protección de los derechos individuales de los trabajadores». Sin embargo, expertos en derecho laboral y sindical advierten que esto va contra el trabajo colectivo y generaría trabajos mal pagados.
Con información de David Ortega, corresponsal
https://www.debate.com.mx/sinaloa/De-lesiva-califican-la-propuesta-de-reforma-laboral-20180220-0040.html
Ombudsman capitalina señala riesgos por reforma laboral
Laura Gómez Flores
lunes 19 de enero de 2018
Ciudad de México. La reglamentación de la reforma laboral representa grandes riesgos al no considerar los recursos para operar, plantear la terciarización de los servicios para hacer informal el trabajo formal y considerar menores indemnizaciones para los empleados cuando sean despedidos, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez.
La iniciativa, que se discute en el Senado de la República y que entraría en vigor el 24 de febrero, es un “monstruo, pues tiene características de incongruencia, irresponsabilidad, ilegalidad, falta de conocimiento, no considera la división de poderes y coloca a los trabajadores en una situación que mucho se parece a la esclavitud”, afirmó Alfonzo Bouzas.
El coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral señaló que se creará un instituto que será un pre-juicio que llevará a los trabajadores a poner en la mesa todos sus argumentos de defensa y a aceptar la negociación que la política de Estado determine, y colocarlos a como estaban atrás de 1917, en materia laboral.
Se trata de una iniciativa que atenta contra la paz social, al desestimular las demandas de los trabajadores, poniéndoles todos los obstáculos posibles para que puedan reclamar a un patrón, ahondando las desigualdades sociales, advirtió a su vez Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM.
Las nuevas instituciones contempladas en la iniciativa, explicó, tienen un objetivo: encapsular los contratos colectivos de protección patronal en un centro denominado de conciliación y de registro de contratos colectivos y todo lo que concierne al mundo sindical, para conservar los privilegios del sector sindical y patronal “charros”.
Así como cerrar el acceso a la justicia evitando que algún asunto laboral llegue a tribunales, con lo cual se hará más tediosa y larga, a fin de “asfixiar a una de las clases de la sociedad, la trabajadora y si eso pasa en el Congreso de la Unión, deben saber perfectamente que el PRI lo ha enviado directamente, y perderá votos; así como los partidos que la apoyen”, dijo.
En el foro de análisis del proyecto de Reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017, la presidenta de la CDHDF explicó que el primer riesgo que enfrenta la iniciativa es que no cuenta con presupuesto, está endeble para operar y, el segundo, la terciarización de los servicios como una norma, la parte del outsourcing.
Con ello, los patrones quedan sin las responsabilidades que tienen, pues los trabajadores no tienen seguridad social, ni los mismos derechos de quienes están en las instituciones y con una dirección laboral directa, a lo cual se suma el tema de las indemnizaciones con una unidad de medida diferente al salario, que va en contra del empleado, indicó.
Hasta el momento, comentó, los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no han venido a presentar una queja en contra de la iniciativa, porque todavía no opera, pero si se aprueba de esa manera, seguramente vamos a tener varias, porque no hay presupuesto ni recursos para operarla.
Su aprobación corresponde al Congreso de la Unión, no existe otro camino al cual acudir para impedir que pase, por lo cual pedimos una prórroga y un debate abierto, antes del 25 de febrero, cuando tendría que publicar esta reglamentación, propuso la ombudspersona, petición a la cual se sumó la academia y el Observatorio Ciudadano.
Enrique Larios planteó que el nuevo presidente del país decida sobre la reforma, pues “nos despierta graves sospechas de que hay algo encerrado ahí y no huele muy bien”, a fin de abrir una discusión ordenada y democrática para toda la República; y evitar que por “la vía de facto”, las organizaciones se hagan escuchar, rompiendo el orden y la paz social.
Bouzas Ortiz también se sumó a esa petición de prórroga, para “ser prudentes por el bien de la sociedad y de un estado de derecho, pues no es una exageración decir que las nuevas condiciones en que se coloca al trabajo, se parecen mucho a las de la esclavitud”.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/19/ombudsman-capitalina-senala-riesgos-por-reforma-laboral-9696.html
La oposición no permitirá un albazo en la ley reglamentaria sobre justicia laboral
En 8 días vence el plazo constitucional que tiene el Senado para aprobarla
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 18 de febrero de 2018, p. 17
En ocho días vence el plazo constitucional que tiene el Senado para aprobar la ley reglamentaria sobre justicia laboral y no hay avances, ya que las negociaciones se han dado fuera de esa Cámara y la oposición advirtió que no permitirá un albazo, ya que se pretende imponer una contrarreforma que atenta contra derechos y conquistas logradas por los trabajadores en décadas de lucha.
Aunque hay un plazo fatal, que es el próximo día 26, lo mejor es darnos más tiempo y no aprobar al vapor una legislación tan ofensiva y violenta en contra de la clase trabajadora, como la que quieren imponer el gobierno, los empresarios y seudo líderes sindicales”, advirtió el senador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Trabajo, que es la responsable de dictaminar.
Adelantó que el próximo jueves se llevará a cabo un foro de discusión en el Senado, en el que participarán abogados laboristas y académicos.
En entrevista aparte, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en que se debe discutir ampliamente esa ley reglamentaria, dentro del Senado y llevar a cabo foros de análisis en los que participen representantes del sindicalismo independiente, académicos y expertos, dado lo delicado del tema, que pone en peligro derechos obreros fundamentales.
No basta, insistió, con que se haya eliminado de la iniciativa gubernamental presentada por los senadores del PRI, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, que son al mismo tiempo dirigentes de la CROC y la CTM, el tema del outsourcing, ya que hay otros muchos aspectos preocupantes que se requiere también eliminar.
Al respecto, el senador Fernández Fuentes advirtió que la propuesta de reforma laboral impulsada por González Cuevas y Medina anula los pocos avances que se dieron con la reforma constitucional de febrero de 2017. Echa para atrás uno de los logros más importantes, que es el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo.
En la iniciativa de los priístas, ese punto ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.
Agregó que aunado a ello, el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el Estado queda en representación minoritaria.
Asimismo, facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores”.
Insistió: Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/18/politica/017n1pol
Iniciativa laboral: un monstruo jurídico
sábado 17 de febrero de 2018
Arturo Alcalde Justiniani
A medida que se conoce el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre de 2017 por dos senadores del PRI, cumpliendo el encargo del gobierno federal, provoca mayor rechazo. Desde diversos ámbitos del país se han generado severas críticas a la iniciativa, debido a que no sólo es contraria a la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual supuestamente busca reglamentar, sino que propone un nuevo modelo laboral que debilita la estabilidad en el empleo, al favorecer el despido injustificado y una profunda regresión a nivel de derechos individuales y colectivos, lo cual provocará mayor encono social y pobreza. Además de lo anterior, se diseña un procedimiento enredoso, contradictorio y lesivo para quienes acudan a juicio, sean trabajadores o patrones.
Es común preguntarse sobre las razones por las cuales el ex secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avaló una iniciativa semejante y con tantas deficiencias, mismas que como pocas veces han logrado unificar a sus críticos, sean sirios o troyanos.
Se dice que el error –imperdonable– fue soltar la elaboración de la iniciativa y dejarla en las manos de despachos de abogados, vinculados al negocio de los contratos colectivos de protección y al outsourcing.
Por ello, gran parte de la iniciativa se convirtió en una trampa y podría dar lugar a abusos inexplicables. El hecho es que ninguna voz se ha manifestado a favor, con la salvedad de quienes consideran tener el poder de convencer a la mayoría de los senadores, por la vía del lobbypersonal y encubierto.
Conviene escuchar algunas voces calificadas que se han expresado frente a esta iniciativa. Patricia Kurcyn, académica y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dice todo en pocas palabras: ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo en el sector patronal?
Y concluye “…ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo”. El Economista, 14 de febrero de 2018.
Alfredo Sanchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala: “La iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación”. Termina con una frase contundente: Están haciendo un monstruo jurídico. La Jornada, 6 de febrero de 2018.
En un evento académico realizado la semana pasada en El Colegio de México, se le plantearon a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, las principales críticas y la exigencia de que se suspenda su aprobación al vapor, por las serias consecuencias que ello traería para el país.
Se le dijo que la iniciativa viola el estado de derecho, porque propicia un nuevo órgano de justicia de carácter público que se privatiza al ser controlado mayoritariamente por abogados beneficiarios del control obrero y líderes de las cúpulas empresariales; que este órgano será determinante para el ejercicio de los derechos colectivos y que absurdamente es juez y parte. Se le informó de los obstáculos insalvables para ejercer el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga.
También se arguyó que la iniciativa ignora el voto secreto y libre para acceder a la firma de un contrato colectivo, como textualmente lo señala la Fracción XXII bis del nuevo texto del artículo 123 constitucional. Este evento culminó con dos destacadas conferencias críticas de la reforma, la primera a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, y por Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco. Esta última señaló: Integrar a los líderes sindicales y los empleadores en el nuevo órgano que se creará a nivel nacional para el registro de sindicatos y contratos colectivos implicaría nada menos que trasladar a su seno el conflicto de interés que durante décadas obstruyó la libertad sindical y convirtió a las juntas de Conciliación y Arbitraje en el principal soporte del viejo régimen corporativo, hoy pervertido y sostenido a costa de una enorme corrupción sindical. Sobran los comentarios.
La buena noticia es que en la Cámara de Diputados, los partidos Morena y de la Revolución Democrática presentaron puntos de acuerdo para exigir un debate abierto antes de avanzar en el proceso legislativo. La propuesta del PRD fue aceptada por unanimidad, lo cual permite detener el monstruo y transitar hacia la deliberación pública, como forma de construir el consenso sobre su contenido y coherencia con la Constitución.
Mauricio Rojas, del PAN, señaló en tribuna: Todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y no a modo de un sector en particular. Propuso que por la relevancia del tema se debe invitar a especialistas y expertos del tema, universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como a empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Por su parte, el diputado Ramón Bañales, del PRI, coincidió sobre la necesidad de realizar de inmediato una consulta pública, antes de aprobar la ley. En una jornada inusual, todas las intervenciones coincidieron.
Confiando en que los diputados de todos los partidos honrarán su palabra, lo que procede es detener en la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa y abrir un periodo de consulta pública. Obviamente, sólo cuando se decidan las funciones del órgano autónomo, se podrá proceder a designar a su titular.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/opinion/020a1pol
“Cumpliremos tiempos en justicia laboral”
Más consultas, innecesarias: Isaías González
Uno de los autores de la iniciativa de legislación secundaria aseguró que la redacción del dictamen ya está muy avanzada.
María Del Pilar Martínez
14 de febrero de 2018, 23:34
Tras señalar que el Senado de la República cumplirá con el tiempo estipulado para la aprobación de la legislación secundaria en materia de justicia laboral, misma que se cumple al término de este mes, el senador del PRI, Isaías González Cuevas, afirmó que no hacen falta más consultas sobre el tema cuando lo que se quieren es dar paso a un nuevo sistema de procesal en la materia.
En entrevista, comentó que nadie se puede oponer a terminar con el “coyotaje” que se registra en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local, y en donde el único perjudicado es el trabajador, “de ahí la importancia de la aprobación de las leyes secundarias que cumplen con lo que se aprobó en la Constitución el año pasado”.
El legislador, quien es autor de la iniciativa de leyes secundarias, afirmó que “hay personas que no quieren que se cambie el sistema porque tienen un beneficio, son los que se oponen al cambio, les representa un negocio que al final perjudica al trabajador”.
Cabe destacar que el pasado martes se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para abrir espacio a una “amplia consulta” sobre la propuesta en la legislación para una nueva impartición de justicia laboral. De acuerdo con los tiempos en el proceso legislativo, las leyes secundarias deben estar aprobadas para el 26 de febrero.
El también secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)expuso que avanzar en un proceso modelo de impartición de justicia permitiría disminuir el rezago que se tiene en las juntas, “tan sólo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tienen un rezago de juicios de 430,000; y ahí quienes están ganando son los intermediarios”.
Recordó que los cambios, primero en la Constitución, fueron resultado de un amplio análisis que encargó el presidente Enrique Peña Nieto al Centro de Investigación y Docencia Económica, “ahí se encontraron y se documentaron los vicios del sistema de imputación de justicia, y es eso, sólo eso lo que pretendemos que avance. No son necesarias ya más consultas”.
Con respecto al tema de outsourcing, que causó controversia, reiteró que ya se tuvo un acuerdo con senadores, la Iniciativa Privada y el gobierno para determinar que no se eliminarán los candados al régimen de la subcontratación, ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.
González Cuevas afirmó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación, y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para la empresa, como las administrativas, ventas, gestión, logística, y limpieza. Explicó que la redacción del dictamen de la iniciativa de reforma a diversas leyes en materia de justicia laboral ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cumpliremos-tiempos-en-justicia-laboral-20180214-0158.html
Outsourcing: El infierno para los trabajadores
El outsourcing se ha convertido en una verdadera maldición para los trabajadores mexicanos pues permite su empleo sin que las empresas para las que laboran se responsabilicen por ellos. Foto: Cuartoscuro
Por Gustavo De la Rosa
SinEmbargo
febrero 13, 2018
12:02 am
En diciembre, y mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, los representantes de la CTM y la CROC, Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal del trabajo; entre las propuestas de la reforma sobresale la eliminación de los candados a la libre subcontratación de empleados.
Esa relación laboral se llama outsourcing, y se ha convertido en una verdadera maldición para los trabajadores mexicanos pues permite su empleo sin que las empresas para las que laboran se responsabilicen por ellos.
La actual redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo permite el uso de la subcontratación solamente en casos excepcionales: Una empresa puede usar a otra como intermediaria para servicios auxiliares y secundarios al objeto de producción o servicios de la empresa, por ejemplo puede emplear a una firma de seguridad, servicios de limpieza o de mantenimiento.
Si la propuesta de los dirigentes obreros de la CTM y la CROC sale adelante, los trabajadores que producen motores para cualquier empresa transnacional pertenecerán a la firma intermediaria y, como la intermediaria no genera ganancias, sus empleados no recibirán la repartición de utilidades conforme lo dice la ley. Esta práctica y muchas más se utilizarán para empobrecer aún más las condiciones de labor en México.
Hasta la fecha, y pese a que la figura está limitada, las autoridades laborales han permitido que el outsourcing funcione con toda libertad acá en Ciudad Juárez; veamos como funciona en la vida real este esquema jurídico de sobreexplotación, y pongamos un ejemplo real con el nombre verdadero de la empresa que lo usa.
Cuando BlackBerry decidió producir sus móviles en Ciudad Juárez, contrató a una empresa maquiladora llamada Winstron; esta por su lado tampoco quiso asumir la responsabilidad de sus trabajadores y contrato dos empresas intermediarias: APSIS, con sede en Guadalajara, y otra identificada como Múltiple, con sede en Torreón Coahuila. Ambas con domicilios en Ciudad Juárez y con una oficina para contratar personal en la planta de Winstron.
Cuando BlackBerry terminó con sus operaciones en Juárez, Winstron decidió despedir a los empleados que utilizaba para producir los teléfonos; hay que aclarar que Winstron produce también lavadoras para Whirlpool y está buscando contratos con empresas mexicanas para producirles servidores.
Winstron le informó a los trabajadores despedidos que no tenía ningún compromiso con ellos porque eran empleados de agencia, que en todo caso le reclamaran a APSIS o Múltiple; y aunque algunos llegaron a acuerdos conciliatorios con las agencias, muchos no aceptaron lo que les ofrecían y decidieron tramitar el juicio laboral previsto en la ley. La demanda inició hace casi un año.
Todo juicio laboral empieza con una notificación a la empresa mediante una copia del escrito de demanda del trabajador y la ley establece que esta notificación se debe hacer en el lugar de trabajo, que en este caso es el edificio donde se producían los celulares: La empresa Winstron.
Sin embargo la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez exige que se notifique a la firma de outsourcing en su domicilio de negocios, lo que acaba protegiendo no sólo a Winstron sino también a Apsis y a Múltiple, pues cuando la Junta va a los domicilios de las agencias, descubre que no existen (porque los administradores cambian los números exteriores del edificio donde se localizan).
Debido a que no se ha podido notificar al patrón, los que trabajaron para BlackBerry contratados por Winstron a través de las agencias APSIS y Múltiple no han podido iniciar su juicio. La Junta de Conciliación, que depende del Departamento de Trabajo del Estado de Chihuahua, más bien parece tapadera para empresas ilegales.
Si así son las cosas, aún cuando están limitadas legalmente las firmas de outsourcing, ¿cómo serán cuando se les autorice su funcionamiento libre, como lo piden los senadores priistas? Estaremos a un paso de la esclavitud.
http://www.sinembargo.mx/13-02-2018/3384531
Van a la congeladora iniciativas para legalizar el outsourcing y reformar esquema de pensiones en Aguascalientes
By Claudia Rodríguez Loera
Promoventes aseguran al sector obrero que no se tocarán dichos temas, por lo pronto
Representantes del sector obrero mantendrán la guardia, pues el outsourcing es un tema que interesa a los empresarios
La amenaza de legalizar outsourcing y el esquema de pensiones desapareció al quedar fuera de las propuestas de reformas a la Ley Federal del Trabajo que están a punto de ser votadas en el Congreso de la Unión, aseguró el dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Alfredo González González.
Luego de que en diciembre del 2017 el sector obrero del país recibió la noticia de que en el Senado de la República esperaban dos iniciativas a ser aprobadas, al ser sus promoventes dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con las cuales se pretendían reformar la Ley Federal del Trabajo y eliminar el límite a la contratación por outsourcing y las condiciones para las pensiones de los trabajadores.
En aquella entrevista (27/12/2017), el líder obrero informó a La Jornada Aguascalientes que tendría un encuentro con los senadores que impulsan esta reforma laboral, Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y Miguel Ángel Chico Herrera, quien perteneció a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), como resultado de ese encuentro, Alfredo González aseguró que las pretendidas reformas irán a dar a la congeladora del Congreso de la Unión.
“El tema outsourcing está fuera, no tiene por qué tocarse, no tiene por qué reglamentarse pues se ve a las claras es para negar derechos a los trabajadores y simular una relación laboral irreal que en el que nosotros definitivamente no estamos de acuerdo, estamos en contra de ese esquema”, manifestó el también líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA).
Externó que al menos por el momento el peligro desapareció, ya que los legisladores aseguraron que apoyarían la propuesta del sector obrero de no continuar impulsando las iniciativas; tal situación -dijo- fue en una reunión en Querétaro en el que justamente se tocó ese tema, y en donde los promoventes aseguraron que no existían “situaciones que estuvieran contemplando sus iniciativas, ni el outsourcing ni las pensiones”, al recordar que en el paquete se incluía este rubro.
González González aseveró que pese a los resultados de esa reunión con los senadores seguirán insistiendo, ya que a pesar de que confían que la actual Legislatura no van a hacer nada al respecto, dados los tiempos que quedan de gestión, será un tema que el sector empresarial no lo van a dejar al ser a favor de ellos.
Explicó que en ocasiones se confunde que es un outsourcing aquellas empresas de limpieza o de seguridad, las cuales no están dentro de ese esquema, dado que no participan en la línea de producción del bien o servicio al que se dedica la empresa o institución.
”Un outsourcing es una empresa dentro de otra empresa participando en fabricar el producto que ahí se elabora; situación que impacta en los derechos del trabajador contratado en este esquema”, recalcó.
http://www.lja.mx/2018/02/van-a-la-congeladora-iniciativas-legalizar-outsourcing-reformar-esquema-pensiones/
Senadores advierten que no permitirán albazo del PRI en las leyes laborales
Opositores deploran la negociación de priístas, empresarios y la STPS
Comisión del Trabajo se equivoca al pretender que el dictamen se apruebe sin discusión, señalan
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 10 de febrero de 2018, p. 13
La oposición en el Senado advirtió que no permitirá el albazo que pretenden el Revolucionario Institucional y el gobierno federal para aprobar en los próximos días la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, sin que se haya discutido en esa cámara.
Los senadores Adriana Dávila y Luis Humberto Fernández, integrantes de la Comisión de Trabajo, así como el independiente Alejandro Encinas y el coordinador perredista, Luis Sánchez, deploraron que la negociación de esa ley, referida a derechos fundamentales de los trabajadores, se realice de forma poco transparente entre la Secretaría del Trabajo, la cúpula empresarial y el PRI.
Hicieron notar que la Comisión de Trabajo ni siquiera se ha reunido y su presidente, el priísta Miguel Ángel Chico Herrera, estuvo de licencia y apenas se reincorporó, por lo que fueron sus compañeros de bancada, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, ambos dirigentes sindicales, los que negociaron con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y la cúpula patronal.
El senador Encinas comentó que se han enterado de esos acuerdos por declaraciones del secretario del Trabajo, Roberto Campa, y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Este último comentó en un encuentro privado con legisladores del PAN que ya había acuerdo con González Cuevas y Medina para aprobar la ley reglamentaria sobre justicia laboral.
Es una falta de respeto al Senado, ni González Cuevas ni Medina pueden decidir por el resto de los legisladores, recalcó la panista Adriana Dávila. Dijo que seguramente la próxima semana el presidente de la Comisión de Trabajo va a presentar el dictamen que elaboraron con el gobierno y a pretender que se apruebe sin discusión.
Por separado, el coordinador perredista, Luis Sánchez, señaló que, de entrada hay tres iniciativas, no sólo la presentada por González Cuevas y Medina, dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que es la del gobierno, sino otras dos, que él llevó al pleno y fueron elaboradas conjuntamente con organizaciones sindicales independientes.
La primera, explicó, modifica la Ley Federal del Trabajo y, la más reciente, la presentó ante el pleno senatorial el jueves pasado y es una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para crear los tribunales unitarios de circuito en materia laboral, que dará certidumbre a quienes se encargarán de resolver asuntos y conflictos obrero patronales, al desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje.
El senador Sánchez adelantó que buscará el apoyo del PAN, a fin de frenar “la contrarreforma laboral que pretenden el gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido. Sostuvo que no basta con que quede fuera de la iniciativa del Ejecutivo el tema del outsourcing, ya que hay otros puntos que vulneran derechos de los trabajadores.
Sobre el tema, el senador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, dijo que exigirán que se reúna la Comisión del Trabajo y se les informe sobre las negociaciones con las autoridades laborales y los empresarios. De ninguna forma, recalcó, van a aprobar un dictamen que se les presente a última hora.