El nuevo acuerdo comercial se firmaría a finales de noviembre, pero un elemento crucial en el Congreso de EU son las leyes secundarias.
La líder demócrata Nancy Pelosi
Demócratas condicionan avance del T-MEC a aprobación de reforma laboral en México
LPOEl nuevo acuerdo comercial se firmaría a finales de noviembre, pero un elemento crucial en el Congreso de EU son las leyes secundarias.
12/11/2018
Aunque se da por sentado que a finales de este noviembre se firmará el T-MEC (el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), su aprobación en el Congreso estadounidense se condiciona y a la aprobación de las leyes secundarias en materia laboral en México.
Fue una de las exigencias demandadas por parte del ala demócrata durante la renegociación del TLCAN, logrando su adición en la nueva redacción y ahora, a vísperas de la firma de los tres mandatarios, esta fuerza política urge su avance.
La demócrata Nancy Pelosi, próxima presidenta de la Cámara baja, expuso en una entrevista para The New York Times, que las reformas a las leyes secundarias laborales en México deben ser aprobadas antes de 2019 como requisito dentro del texto del T-MEC.
«Hasta el momento (la ratificación del T-MEC) es una obra en progreso. México tiene que aprobar una Ley sobre derechos laborales y eso no ha ocurrido aún», señaló Pelosi en la entrevista.
Agregó que sin los mecanismos de cumplimiento no se tiene nada. «Sin ello se estaría, digamos, sólo estaríamos cambiando la imagen del TLC (original)», agregó la también congresista por California.
La propuesta tendría que ser discutida en el Congreso mexicano. En un encuentro ante la Canacero, Luisa María Alcalde, que será la secretaria de Trabajo y Prevención Social durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reforma estaría lista hacia diciembre.
Estas leyes debían haberse alistado desde febrero, pero quedaron relegadas hasta que se instalaron de nueva cuenta en las negociaciones del TLCAN, transformado en USMCA (por sus siglas en inglés o T-MEC, en México).
«En unos días estarán listas estas leyes y se presentarán ante el Congreso», aseguró la futura funcionaria en su encuentro con los representantes del sector siderúrgico en octubre.
Estas leyes deben responder a una necesidad de mejorar el sistema de justicia laboral, por lo que se encaminan a trabajar en las juntas de arbitraje, que los nuevos procedimientos de juicios laborales sean más ágiles y la creación de un nuevo instituto de conciliación laboral.
Etiqueta: derechos laborales
Llegará la democratización a los sindicatos: Gómez Urrutia
En el marco del Día del Ferrocarrilero, el presidente de la Comisión del Trabajo, en el Senado, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que con el nuevo gobierno, la democratización sindical llegará a todas las organizaciones del país.
Señaló que, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, líderes sindicales como el de los ferrocarrileros, Víctor Flores Morales en ese cargo desde hace 29 años, no serán “intocables”.
Señaló que nadie está exento de participar en la ola de la transformación en materia de libertad y democracia sindical.
“La ola de transformación hacia la democracia sindical, hacia la libertad sindical llegará a todas las organizaciones sindicales de México, porque ese es el propósito de que los trabajadores luchen por la reivindicación de sus derechos laborales, de sus derechos humanos y llegará a las puertas de las organizaciones que se incorporen a ese cambio y participen dentro de él o se queden”, indicó.
Aseguró que todos los trabajadores están invitados a participar en la nueva forma de establecer las relaciones laborales, donde seguramente surgirán nuevas dirigencias sindicales que se mantendrán en esa línea.
Por último, Gómez Urrutia reiteró su inocencia, una vez que la PGR resolvió “descongelar las cuentas bancarias del sindicato minero.
“Se tardaron, pero los procesos judiciales, los procesos que los abogados de estos empresarios y de los políticos corruptos de México crearon, fueron muy difíciles de vencer. Aquí nunca se cometió ninguna falta, y ahora los responsables son los que están huyendo de México, son a los que verdaderamente las leyes deben de castigar y sancionar y llevar a que se aplique la justicia.
Podemos ver con la frente en alto a cualquier persona”, porque las supuestas irregularidades que alegaron, nunca existieron. Fue sólo el intento de desprestigiar la lucha de los trabajadores”, enfatizó.
https://www.diariodemexico.com/llegará-la-democratización-los-sindicatos-gómez-urrutia
Ver también:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/morena-buscara-la-democratizacion-sindical-gomez-urrutia-2630841.html
https://www.gob.mx/conampros/articulos/la-conservacion-de-derechos-modalidad-40?idiom=es
Trabajar de la mano con sindicatos mexiquenses, promete Del Mazo

TLALNEPANTLA.- El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, reiteró el compromiso de trabajar de manera coordinada y en unidad con los sindicatos que tienen presencia en la entidad, privilegiando el diálogo y entendimiento, pue se trata de un pilar pare el desarrollo económico de la entidad.
Este martes, el mandatario tomó protesta a los Comités Ejecutivos de los Congresos Laboral y del Trabajo del Estado de México 2018-2020.
“Hoy que toman protesta los Comités Ejecutivos del Congreso del Trabajo, Delegación Estado de México, y del Congreso Laboral del Estado de México para el periodo 2018-2020, mi gobierno refrenda su compromiso con el sindicalismo mexiquense”, afirmó.
Señaló que la entidad cuenta con instituciones sindicales sólidas que garantizan la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, e hizo un llamado para seguir sumando esfuerzos y estrechando los lazos de cooperación con el gremio laboral, para enfrentar el complejo entorno económico internacional que se vive actualmente.
Por ello, dijo, se requiere incrementar la competitividad de las empresas y la productividad de la fuerza laboral, mediante la especialización de funciones, la flexibilidad de contratación, la vinculación entre empresas y universidades, así como a través de la tecnificación del conocimiento.
En este sentido, dijo, se creó la Agenda Laboral del Estado de México, para ordenar los compromisos y lineamientos que deben de soportar la política de empleo del Estado de México que tenga un rostro humano, bajo los principios del trabajo digno, la inclusión, la no discriminación laboral y el respeto al derecho a la salud.
La agenda se promoverán visitas a los centros de empleo, para mejorar las condiciones de seguridad e higiene, se impulsará la política de formalización laboral, se concentrarán en el ICATI todos los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo, entre otras acciones.
Además, anunció que se va a diseñar el Plan Estatal de Empleo, para tomar decisiones en esta materia y cumplir con los objetivos estatales planteados por su administración para este rubro, donde se tomará en cuenta la participación de los organismos patronales, instituciones académicas y la sociedad civil.
Del Mazo Maza manifestó que a través de la reforma constitucional de 2017, se crearán los Tribunales Laborales del Poder Judicial federales y estatales, para que las funciones administrativas y procedimentales de las Juntas de Conciliación, pasen al Poder Judicial.
También se crearán los Centros de Conciliación Laboral estatales, que tienen como objetivo consolidar la justicia cotidiana en este rubro, con mecanismos alternativos para la solución de desacuerdos, lo que a su vez permitirá reducir la carga de trabajo de los Tribunales Laborales.
Puntualizó que con la entrada en vigor de esta reforma las Juntas de Conciliación continuarán en funcionamiento mientras concluyen sus asuntos pendientes.
Por último, el gobernador invitó también a los organismos gremiales a sumarse al Protocolo para Evitar Casos de Violencia Laboral, así como al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/trabajar-de-la-mano-con-sindicatos-mexiquenses-promete-del-mazo?fbclid=IwAR2_El7Svi6b_WssVYWuHZLuPiIN0bTIiyBVgq-g9BYRdloEXh_zasQ9AWQ
Andrés Manuel López Obrador y los sindicatos

Con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ideológicamente cercano al priismo clásico, la relación del gobierno con los sindicatos tendría que fortalecerse.
Mónica Uribe
07 de octubre de 2018, 11:11
Una parte central del sistema político mexicano clásico era la relación del Estado con los sindicatos. De manera sintética, la principal encomienda de cualquier Estado nacional moderno es regular la relación entre el trabajo y el capital para la reproducción del capital mismo.
De lo anterior se desprende que el principal cometido del Estado es legitimar al sistema político y garantizar las condiciones para que el sistema económico pueda generar riqueza y, en el mejor de los casos, garantizar que dicha riqueza sea redistribuida entre la población.
Dicho de otro modo: el Estado debe fijar las normas para que el trabajo sea justamente retribuido por los patrones a través de la aplicación de leyes y la impartición de justicia; exactamente a través del mismo mecanismo de estructuración del sistema legal, generar un sistema político legítimo según los mecanismos establecidos en el pacto constitutivo del ente nacional. Así, el gobierno debe ser legítimo en términos de organización, convocatoria y movilización; es decir, a nombre del Estado debe organizar las variables económicas, sociales y políticas del sistema; debe también convocar a la participación política y a la movilización en favor del bien común.
Pero en todo esto, la variable independiente central es el trabajo, pues justamente eso es lo que mueve al Estado en todos sentidos. De ahí la importancia para un Estado nacional de contar con la aquiescencia de los trabajadores —ya sea mediante el apoyo de las demandas de los trabajadores y la democracia procedimental— para poder responder a las necesidades del capital y garantizar el funcionamiento del sistema.
A principios del siglo XX, después de la revolución rusa y el advenimiento del socialismo real, la toma del poder por parte de los trabajadores fue una de las grandes conquistas políticas y sociales de los nuevos regímenes. Y aunque el capitalismo era y sigue siendo la principal forma de producción —ya sea de Estado o privado— los sindicatos constituyen el actor social y económico a través del cual se gestionan las demandas de los trabajadores a cambio del apoyo al régimen. Eso lo entendieron muy bien los líderes revolucionarios y posrevolucionarios mexicanos: crearon un sistema político con tres pilares: el presidente, el partido y los grupos sociales intermedios, principalmente los sindicatos. Por eso se definía como un sistema corporativo clientelar, el cual aglutinaba y articulaba los intereses sociales para garantizar la gobernabilidad en el país.
Uno de los grandes avances de la revolución en materia laboral fue el derecho a la sindicación, como parte de la libertad de asociación; otro logro fue la semana de 40 horas. Por primera vez, se le reconocían los derechos laborales y estaban tutelados por el Estado, aparentemente, en detrimento de los empresarios. Pero cabe decir que el proyecto de la Revolución Mexicana, aunque tenía aspectos sociales de avanzada, nunca renegó de su vocación capitalista.
La asimilación del movimiento obrero y campesino al Partido Nacional Revolucionario en 1929 fue un factor determinante para que el nuevo partido oficial fundado por Plutarco Elías Calles tuviera una base social amplia. Los sectores del partido eran el obrero, el campesino, el militar y el popular, que reunía a buena parte de la sociedad dentro del proyecto del bando revolucionario ganador. Era como tener a todos los grupos de presión, excepto al clero y a los empresarios, unificados en torno a un proyecto de nación derivado de la ideología nacionalista emanada de la Revolución Mexicana. Claro, el sistema, para legitimarse, también requería de una oposición política, en este caso el Partido Acción Nacional, que unía básicamente a las clases medias que no comulgaban con la ideología del nacionalismo revolucionario y cuyas posiciones políticas se asimilaban a la derecha liberal. El PAN carecía de relación con el sindicalismo oficial, pero sí representaba los intereses de buena parte del empresariado.
Para la misma legitimación, el sistema político toleraba la existencia de partidos satélites, como el PARM, y permitía intermitentemente la existencia de grupos de izquierda, a los cuales apoyaba u hostilizaba (las más de las veces), dependiendo de la coyuntura, los cuales sí tenían relación con el sindicalismo independiente.
Tanto el sector obrero como el campesino se integraban por asociaciones intermedias. Pero su destino fue diverso cuando el reparto agrario y la introducción de la propiedad ejidal cambiaron por completo la tenencia de la tierra. Las agrupaciones campesinas asumieron un cariz distinto a los sindicatos de trabajadores fabriles, gubernamentales y de servicios.
Cada rama productiva tenía secciones sindicales afiliadas a la Confederación de Regional Obrera Mexicana, la CROM, desde trabajadores petroleros, pasando por burócratas, hasta pintores y cinematografistas, entre los años 20 y los 40, cada oficio, gremio y profesión tenía un sindicato. En contraparte, empresarios y patrones de toda índole tenían cámaras, de suerte que el mundo del trabajo y del capital estaban agrupados por su lado para mantener un diálogo entre sí y con el gobierno emanado del partido en el poder, primero el PNR, luego el PRM y después el PRI, ese partido que se mantuvo 70 años en el poder y cuando regresó fue prácticamente para agonizar. O al menos eso parece.
La lucha sindical de las décadas de los 20 y 30 vio el surgimiento de cinco líderes laborales, los llamados “cinco lobitos” —Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Yurén, Alfonso Sánchez Madariaga, y Rafael Quintero— de los cuales quedó sólo uno como el principal líder sindical del país: Fidel Velázquez, líder hasta su muerte en 1997 de la Confederación de Trabajadores de México, surgida en 1936, una de las centrales obreras más importantes del mundo, que agrupaba no sólo sindicatos fabriles sino también de servicios.
Fidel Velázquez, a nombre de los trabajadores de México, era uno de los factores insustituibles a la hora de la elección del candidato presidencial del PRI. El peso del sindicalismo oficial era el suficiente como para vetar a un candidato que no fuese funcional a sus intereses. Esto cambió con el advenimiento del neoliberalismo y el cambio del paradigma laboral. Tras la muerte de Fidel Velázquez, el sindicalismo fue decayendo excepto en el ámbito magisterial. Puede decirse que el único sindicato que sobrevivió la alternancia del poder en el 2000 fue el SNTE, gracias a la alianza táctica de Elba Esther Gordillo con Vicente Fox y con Felipe Calderón.
Curiosamente, el retorno del Revolucionario Institucional en el 2012 no supuso un resurgimiento del sindicalismo, ni el sector obrero del PRI recuperó sus antiguas prebendas. Es más, en la selección de candidato presidencial priista en el 2017, no tuvo nada que decir.
Sin embargo, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ideológicamente cercano al priismo clásico, la relación del gobierno con los sindicatos tendría que fortalecerse. Este punto no se ve del todo claro en estos momentos, aunque cabría esperar que, más allá del discurso en favor de los trabajadores, se realicen acciones concretas para el mejoramiento de los trabajadores de industrias como la minera y para el control de los líderes sindicales enriquecidos a costa de sus agremiados. Por eso es posible (y deseable) que López Obrador ponga coto al charrismo sindical. Sería un avance sustancial la transparencia obligatoria de las finanzas sindicales. ¿Quinazo a la vista? Quizá… Romero Deschamps seguramente está al pendiente.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Andres-Manuel-Lopez-Obrador-y-los-sindicatos-20181007-0001.html
Resumen del capítulo laboral del USMCA

Resumen del capítulo laboral del USMCA(texto de la Secretaría de Economía)
Reafirmar los compromisos asumidos por las Partes en el marco de la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales en la legislación de cada Parte, y promover la transparencia en la aplicación de la legislación laboral.
2. Objetivo de México
Promover la aplicación de los derechos laborales fundamentales en la legislación laboral; garantizar la protección a los trabajadores migrantes; impulsar una agenda de cooperación que permita la aplicación de los derechos laborales fundamentales, y fomentar el diálogo para atender diferencias relativas a la aplicación de los compromisos del Capítulo.
3. Contenido
- Compromisos respecto a la aplicación efectiva de los derechos laborales fundamentales en la legislación nacional.
- Se incluyen disposiciones específicas para México en materia de negociación colectiva, tales como:
- Garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección;
- Establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos;
- Establecer requisitos para el registro de contratos colectivos, y
- Garantizar la transparencia de los contratos colectivos negociados.
- Compromisos que complementan la aplicación de los derechos laborales fundamentales, enfocados en: (1) la atención a casos de violencia relacionados directamente con el ejercicio de dichos derechos; (2) la protección a los trabajadores migrantes; (3) el combate al trabajo forzoso, y (4) la protección contra la discriminación de género en el trabajo.
- Un mecanismo de transparencia y participación pública respecto a la aplicación del Capítulo.
1 La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
4. BeneficiosparaMéxico
- México se compromete a aplicar efectivamente su legislación laboral y a no incumplirla de una manera que afecte el comercio o la inversión con sus socios comerciales.
- Se aplicarán medidas que contribuirán a mejorar el ambiente laboral en las Partes, por ejemplo, a través de la no discriminación en el trabajo y la procuración de un ambiente laboral libre de violencia.
- Se alientan la transparencia y la participación pública mediante un mecanismo formal de comunicaciones públicas, por medio del cual las personas interesadas de las Partes podrán dirigirse a sus autoridades para conocer sobre la implementación del Capítulo.
- A través de la implementación de las disposiciones específicas en materia de negociación colectiva, México completará el proceso de implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero de 2017. Estas medidas promoverán la resolución pronta y expedita de conflictos laborales, e impulsarán la contratación colectiva en México, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394802/16-Laboral.pdf
Se instala Comisión del Trabajo y Previsión Social con el compromiso de legislar para bien del sector obrero

Categoría:Boletines
Publicado: Jueves, 04 Octubre 2018 15:00
Número-312
- Invita Napoleón Gómez a los legisladores a contribuir en el análisis del nuevo Acuerdo Comercial de México, Estados Unidos y Canadá.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social será una de las encargadas de revisar el texto del Acuerdo Comercial Trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, el presidente de la comisión del trabajo y previsión social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia llamó a los legisladores de todas las bancadas a contribuir con sus conocimientos en el análisis de este tratado.
En el marco de la instalación de dicha Comisión, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena indicó que los capítulos referentes a derechos laborales y del medio ambiente tendrán que estudiarse a fondo al interior de organismo legislativo que encabeza.
“Hago una invitación a las y los compañeros senadores para que hagamos las mejores aportaciones en base a nuestros conocimientos para que verdaderamente podamos cambiar y transformar esta realidad social del país que tanto daño ha hecho a muchas personas que nos demandan una mejor política económica, social y de bienestar para las familias mexicanas”, reiteró Napoleón Gómez Urrutia resaltó los retos de la Comisión a su cargo para contribuir a desahogar las iniciativas, y cristalizarlas en políticas públicas para mejorar la vida económica y social de la clase trabajadora del país.
Dijo que hoy tenemos retos importantes en México, porque contamos con una política salarial que se ha rezagado completamente. En los últimos 24 años, el poder adquisitivo se ha perdido, por lo que es necesario trazar una estrategia para poder transformar y mejorar el bienestar de la población.
El senador del Grupo Parlamentario de Morena reconoció el perfil y la trayectoria con el que cuentan los legisladores que forman parte de su Comisión por lo que manifestó su confianza en que cada uno de los grupos parlamentarios logrará aportar grandes ideas para que esta Comisión, dijo, asuma el reto de transformar la política laboral del país y empatarla con la política económica y social de México para avanzar hacia una mayor tranquilidad y paz social en el nuestro país.
En su oportunidad, los senadores Carlos Aceves del Olmo Blanca Estela Piña Gudiño, Patricia Mercado, Lucía Trasviña, Vanessa Rubio, Kenia López, Mayuli Latifa Martínez, Lucía Meza y Cruz Pérez coincidieron en que es el momento de que los legisladores de los distintos partidos debatan los diversos temas que habrán de analizar pero que al mismo se llegue a los consensos para apoyar aquellos que les brinden una mejor calidad de vida a los trabajadores, para garantizar sus derechos y para que ellos y sus familias alcancen su pleno desarrollo.
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42025-se-instala-comision-del-trabajo-y-prevision-social-con-el-compromiso-de-legislar-para-bien-del-sector-obrero.html
¿En busca del paraíso laboral?

Ernesto Santillán
27 de septiembre de 2018
La lucha por garantizar los derechos laborales de los trabajadores en México y acabar con los abusos sindicales quedó de manifiesto con la ratificación del Convenio 98 de la OIT en el Senado que fue impulsado por Napoleón Gómez Urrutia y ante el cual varios de los actores involucrados se mostraron en desacuerdo, sin embargo, el verdadero reto no está en prometer cambios, sino en aplicarlos.
México tiene una deuda con sus trabajadores. Durante años las condiciones laborales en el país han sido más que desfavorables, privilegiando los intereses de empleadores, empresarios y líderes sindicales por encima de los obreros y sus derechos, situación que sexenio tras sexenio se promete cambiará y que al día de hoy no ha sucedido.
Intentos han habido varios, quizá el más claro fue la reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, donde se modificó el artículo 123 de la Carta Magna para sentar ahí las bases del derecho colectivo en el país y normar la libertad sindical, un compromiso pendiente de aplicar por la actual administración y ahora una responsabilidad por cumplir del gobierno electo
Por ese motivo y con la intención de atender una exigencia de la clase trabajadora que ha permanecido en el olvido por más de 50 años, en el Senado de la República, donde Morena junto con sus aliados gozan de la mayoría, se ratificó la semana pasada el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
La propuesta fue impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y quien hoy también encabeza la comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
“Estamos haciendo un acto de justicia porque hay muchos intereses creados, con esto se acabarán los contratos de protección patronal y sindicatos blancos”, aseguró Gómez Urrutia durante su posicionamiento.
Este es el primer instrumento internacional que ratifica la 64 Legislatura en el Senado y el cual busca garantizar la libertad de asociación y la sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación que pudiera menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo y eliminar prácticas como los votos a mano alzada para elegir a sus representantes para ser sustituidas por un método donde la elección de los mismos se haga de manera libre.
Además pretende que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de los otros; abre la posibilidad de que se cree más de un sindicato dentro de una misma empresa y prohíbe la afiliación obligatoria a centrales de trabajadores oficialistas; una de las prácticas del llamado corporativismo sindical que se acentuó durante los más de 70 años del PRI en el poder.
“Hoy por hoy los sindicatos en México no necesariamente hacen los trabajos más fuertes, contundentes y congruentes para tutelar a sus agremiados.
Todavía hace falta una condición de libertad sindical; que no se obligue, que no se presione, que no se chantajeé, que no hayan votaciones controladas, que no haya sindicalismo blanco, que no haya sindicalismo charro”, dijo el senador Emilio Álvarez Icaza en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Todos estos cambios que se quieren implementar parecieran solucionar, por lo menos en el papel, el problema laboral por el que atraviesa México, pero una cosa es planear y soñar y otra muy diferente llevarlas a la realidad.
A pesar de los elogios que diversos actores políticos, académicos y representantes de la sociedad civil lanzaron ante la ratificación del Convenio 98, no todos los involucrados en el tema mostraron el mismo optimismo.
Entre los principales inconformes se encuentran Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la bancada del Partido Acción Nacional, la cual incluso trató de reventar la sesión al abandonar el Senado durante la votación.
Tanto el CCE como la CTM publicaron a través de sus canales oficiales comunicados en donde dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la manera en la que se aprobó la ratificación del Convenio 98, asegurando que no se discutió lo suficiente el tema y que además se estaba violando otro de los acuerdos ya firmados con la OIT, que sería el 144.
Sin embargo, para la doctora Graciela Bensusán, el tema ya se ha discutido lo suficiente.
“El tema se ha hablado hasta que nos aburrimos de la discusión porque está todo claro. Se respondieron las quejas de la OIT, primero se le dijo que no existían los contratos de protección, después se reconoció que sí existían, luego que se iban a corregir; fuimos y vinimos años con el tema.
Ahora se vota con la mayoría como siempre se han votado las leyes y resulta que nos faltó discusión”, dice la investigadora de la UAM Xochimilco.
Esta postura también la comparte el senador Julio Menchaca.
“El tema de los sindicatos y el Convenio 98 de la OIT es un asunto que está esperando la ratificación prácticamente desde 1956, se firmó en 1949 y en el 2015 Enrique Peña Nieto lo volvió a mandar al Senado”
– Julio Menchaca
Senador de Morena por Hidalgo
Entonces de que se ha discutido se ha discutido por todas las organizaciones obreras, por lo tanto no pueden decir sus detractores que un tema que ha estado presente por más de 50 años no se ha discutido lo suficiente”.
En cuanto a la posibilidad de que esta ratificación desate un conflicto entre el gobierno electo y la clase empresarial, el senador por Hidalgo ve esto como algo lejano.
“Lo que pasa es que hay que diferenciar bien entre algunos líderes empresariales y los empresarios. Aquí el punto es que Juan Pablo Castañón no son los empresarios de México.
Quizá exista alguna situación de molestia por parte de algún sector pero eso no significa que estemos en un círculo de confrontación”, señala.
Ahora el reto será la implementación de lo firmado y acordado tanto en el Convenio 98 como de lo que establece el artículo 123 Constitucional, pues los alcances que tendría la correcta aplicación de estas normas trascienden el tema laboral, ya que rompen el estatus quo y modificarían la relación entre el Estado y los trabajadores, una realidad que de llegar a alcanzarse, también ayudaría a acabar con la desigualdad en el país, sacar a los trabajadores de la informalidad, reducir la corrupción y la violencia al igual que mejorar la relación con nuestro principal socio comercial: Estados Unidos.
CUMPLIR LOS COMPROMISOS
Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT México concluye con la aprobación de los ocho compromisos fundamentales en materia de derechos laborales con los que cuenta la Organización Internacional del Trabajo y se suma a los 165 países de América Latina y el Caribe que también suscribieron el acuerdo que hoy causa tanta polémica en el país.
“Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado el Convenio 98 y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este Convenio” señaló en un comunicado la OIT, en el que también aclara que las normas internacionales del trabajo están orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la mano de la creación de trabajo decente.
Todo esto, incluida la reforma Constitucional al artículo 123 de la Carta Magna que se realizó el año pasado, se vislumbra como un gran avance, sin embargo, una cosa es lo que se describe en el papel y otra muy distinta su aplicación en el actual contexto nacional.
Como bien se sabe, México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo, sin embargo, esto nunca se ha traducido en la correcta aplicación o respeto de las leyes que de ésta emanan, un hecho que demuestra que de nada sirve tener las mejores normas si éstas no se pueden implementar
Por ese motivo, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco y experta en temas laborales, Graciela Bensusán, cuestiona las capacidades con las que cuenta el Estado para poder cumplir tanto lo que la Constitución establece en materia laboral como los convenios internacionales a los que se ha sumado.
“Un grave problema que tenemos en México, no sólo en el ámbito laboral, es que cambiamos las leyes con cierta facilidad pero luego no podemos implementarlas”, comenta.
Ejemplos para sustentar esta aseveración hay muchos. Tal es el caso de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual, al día de hoy, no se ha podido aplicar con éxito.
Algo similar ocurre con la prometida transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía independiente y autónoma.
Para evitar que estos fracasos se repitan en el ámbito laboral, Bensusán explica que lo primero que se tiene que hacer es crear la reglamentación de la reforma Constitucional al artículo 123 que todavía está pendiente y que depende del legislativo
Otra tarea que es imprescindible y que también duerme el sueño de los justos desde hace más de un año a pesar de que en la Carta Magna se estableció un periodo máximo para su creación de 365 días es la fundación de un nuevo organismo autónomo que sería el espacio donde se registrarían los sindicatos y donde se inscribirían los contratos colectivos de trabajo.
Aunado a todo esto la experta indica que para poder comenzar a ver un cambio real en el tema laboral también se necesita que los pocos sindicatos verdaderos que existen comiencen a aplicar esta nueva normativa, un Estado comprometido con capacidades estatales y recursos para hacer el nuevo órgano de registro de los contratos colectivos y los sindicatos, dinero para hacer la transición de las juntas de conciliación hacia el poder Judicial y la formación de cuadros y de jueces en materia laboral.
Además, Graciela Bensusán comenta que también vamos a requerir que los sindicatos y los trabajadores mismos encuentren algún incentivo para crear nuevos sindicatos o para legitimar los que ya existen a partir de la votación universal, secreta y directa de los trabajadores y a partir de negociaciones reales crear los contratos colectivos con los empleadores.
“Sin duda si esto no se conduce bien y no generamos una buena reglamentación y no tenemos procesos ágiles y transparentes para llevar a cabo todos estos cambios sindicales y de sus contratos pude haber problemas en las empresas que lleven a conflictos intersindicales, por eso hay que fijar las reglas del juego. El convenio no nos las da, éste simplemente establece una serie de principios que debemos de seguir”, asevera.
La investigadora también lanza un par de cuestionamientos que se deben tomar en cuenta.
El principal reto para mejorar las condiciones laborales en México es que las leyes y los convenios que se han creado y ratificado en este tema se apliquen y no se queden como letra muerta sobre el papel
“Necesitamos de reglas muy claras que nos digan cómo va a funcionar el órgano autónomo, cómo va a garantizar su autonomía, su independencia, sus recursos y cómo vamos a hacer para que el proceso de reorganización sea transparente, cómo hacer que los trabajadores voten, que los conflictos intersindicales no se vuelvan huelgas, y qué tienen que hacer todas las partes: el gobierno, los empleadores, los sindicatos existentes, y los trabajadores para que este proceso de transformación sea real y no genere daños a la economía, a los trabajadores o al país”.
NO HAY VUELTA ATRÁS
Romper con el estatus quo y cambiar la relación que existe entre el Estado y los trabajadores que al día de hoy ha provocado violaciones tanto a derechos humanos como laborales, ha fomentado la corrupción y ha incidido en la creciente desigualdad del país parecería ser un objetivo común de todos los mexicanos, sin embargo, esto no es así.
Empresarios, sindicatos e incluso algunos partidos políticos se han manifestado en contra de la manera como se ratificó el Convenio 98 de la OIT en el Senado. Una situación que algunos senadores y expertos en el tema consideraron como un intento de tratar de trabar la aprobación para que sus intereses personales no se vieran afectados.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, manifestó a través de un comunicado su desacuerdo.
El argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT no tiene ningún peso, pues este tipo acuerdos no son vinculantes
“El Consejo Coordinador Empresarial expresa su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar ante el Pleno, sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Rechazamos que el Senado busque tomar determinaciones que afectan fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, violando así lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT…”
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en voz de su secretario general y también senador, Carlos Aceves del Olmo, igualmente mostró su inconformidad por las mismas cuestiones que el CCE.
“Sería deseable que esta Soberanía recapacitara sobre el atropellado proceso que se llevó a cabo y se pueda regresar la ratificación a las Comisiones Unidas a las que fue turnada para que se pueda cumplir con lo establecido en el Convenio 144 de la OIT y con la obligación de las Comisiones Legislativas Permanentes del Senado y se pueda dar una discusión sobre el Convenio 98 de la OIT, con todos los sectores involucrados en la materia”.
Diversos actores involucrados en la ratificación del Convenio 98 de la OIT se han quejado por la manera en que se dio la aprobación, sin embargo ninguno de sus argumentes cuenta con la fuerza legal para revertir lo ya votado
La bancada panista simplemente abandonó la sesión.
“Los empresarios que se han manifestado en contra de la ratificación del Convenio 98 es porque temen que al firmarlo ya no se puedan imponer al sindicato que firma el contrato colectivo, algo que es violatorio de los derechos humanos en todo el mundo.
ntonces lo que se está queriendo es cuestionar y decir que no se discutió suficientemente el tema cuando el asunto ha estado presente en el país desde 1949”
– Graciela Bensusán
Investigadora de la UAM Xochimilco
La investigadora de la UAM Xochimilco también asegura que algunos empresarios y empleadores están acostumbrados a imponer sus condiciones y lo que ellos temen es que tanto la ratificación del Convenio como la reglamentación y en su momento la reforma Constitucional los obligue a reconocer una interlocución sindical verdadera.
“Les preocupa que haya genuinamente la necesidad de negociar porque no saben ni quieren hacerlo, no tienen una cultura de negociación”, comenta.
Además explica que el argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT que todos los detractores están utilizando no tiene ningún peso, pues este tipo de acuerdos que emite la Organización Internacional del Trabajo no son vinculantes, es decir, no se tienen que cumplir de manera obligatoria por el país que lo firma.
Por su parte, el senador por Hidalgo Julio Menchaca, califica el abandono de la sesión por parte del PAN como una irresponsabilidad.
“Cuando uno asume su responsabilidad podrá no estar de acuerdo con algo y votar en contra, algo que han hecho en el transcurso del tiempo las minorías cuando el PRI o el PAN estaban en el poder.
Pero los panistas, que por un lado no quisieron verse poco solidarios con los trabajadores y por otro decidieron atender los intereses que los representan, en este caso el de los sectores empresariales a los que no les conviene esto porque hay contratos que ni siquiera conocen los trabajadores y que los perjudican, prefirieron usar como excusa la propuesta de reducir los tiempos para presentar propuestas para abandonar la sesión”.
Respecto a la crítica de que el Convenio 98 no se turnó a comisiones en la Cámara Baja, Menchaca dice que eso no implica ninguna violación a la Ley, por lo tanto no hay forma de echar para atrás lo que ya se aprobó.
“La reglamentación también te dice que si ya tiene primera lectura le puedes dar una segunda y la sometes a votación”.
POR UN NUEVO MODELO SINDICAL
La creación de los sindicatos es quizá uno de los avances más importantes en materia laboral que se ha creado, sin embargo, lo que en un principio se concibió como una manera de proteger a los trabajadores de los abusos de sus empleadores terminó por convertirse en todo lo contrario.
Ejemplos hay muchos, tal es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana encabezado por el priista y exsenador Carlos Romero Deschamps, quien ha sido acusado por presuntamente enriquecerse de manera ilícita con los recursos del sindicato y de utilizar a sus agremiados como fichas de negociación para cumplir con sus intereses políticos y personales.
Tan es así, que hace una semana, senadores de Morena pidieron al SAT un informe sobre los bienes adquiridos por Romero Deschamps, sus familiares y prestanombres de 1993 a la fecha y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda un reporte sobre presuntos manejos irregulares del líder petrolero
Deschamps es el claro ejemplo de lo que ningún líder sindical debe ser: un hombre millonario que lidera a puros trabajadores pobres.
Un caso similar se da con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y quien ha estado al frente del gremio desde 1998.
Al también priista se le ha denunciado ante la PGR por fraude hipotecario a trabajadores.
Por personajes como éstos es que ahora se busca crear un nuevo modelo de sindicalismo en el país donde los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales y exigir que se respeten.
“En este momento en México ya conocemos cómo se encuentra el mercado laboral, la situación que viven los sindicatos y las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto lo que este modelo nuevo tiene que crear son incentivos para que todos puedan defender sus intereses legítimos”, comenta Graciela Bensusán.
México requiere de una transformación radical en la forma como maneja sus sindicatos, pues la que prevalece actualmente lo único que fomenta son las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores
Sin embargo en este cambio el papel de los trabajadores también es fundamental, pues éstos deben dejar atrás los vicios que de igual manera afectan a sus empleadores y que pocas veces reconocen.
Como ejemplo de un sindicato real en México la investigadora de la UAM pone a la empresa Volkswagen.
https://www.reporteindigo.com/reporte/en-busca-del-paraiso-laboral-senado-propuesta-morena-ratificacion-convenio-98-oit-derechos-trabajadores/
Guerrero: Plantean los diputados de Morena restructurar al TCA

Foto: La Jornada Guerrero
Escrito por Citlal Giles Sánchez Sep 24, 2018
Se busca hacerlo autónomo, argumentan
Chilpancingo, 23 de septiembre. Diputados locales de Morena buscarán la restructuración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y hacerlo autónomo a fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
La diputada de Morena Mariana García Guillén presentó una iniciativa con la que se busca reformar y adicionar diversos artículos a la Constitución Política del estado en materia de justicia laboral burocrática, debido a que se encuentra desfasada y no apegada a la realidad y dinámica laboral de la actualidad.
García Guillén mencionó que la rotación laboral y la volatilidad de los empleos ha provocado el aumento de los conflictos individuales, por lo que es necesario transformar el sistema de justicia laboral y reestructurar desde sus cimientos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero.
“Para el Movimiento Regeneración Nacional la justicia laboral burocrática es un eje estructural para garantizar a los guerrerenses la más amplia protección a sus derechos fundamentales, incluido entre ellos el derecho a que se les imparta justicia de manera pronta y expedita”, mencionó.
La diputada morenista propuso transformar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, “de un apéndice del gobierno del estado de Guerrero a un órgano autónomo del Estado” a fin de que realice su función jurisdiccional con independencia frente a las entidades gubernamentales que resuelve.
“Con esta redimensión jurídica estaría a la par de otras entidades jurisdiccionales que tienen que dirimir las controversias entre el Estado y sus gobernados, en este caso, el Estado en su calidad de patrón y sus trabajadores”, explicó.
Argumentó que debido al diseño que contiene el actual Tribunal, enfrenta año con año un número elevado de demandas sin las condiciones operativas necesarias, originando un rezago importante en la resolución de los asuntos, lo que ha provocado que tanto municipios como el gobierno del estado tengan laudos millonarios que comprometen el funcionamiento de la administración pública, perjudicando la prestación de servicios que diariamente se otorga a la ciudadanía.
Por ello, con la iniciativa que se propone, está el que los nuevos integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero deberán ser profesionales designados por el Congreso del estado mediante convocatoria pública para sus aspirantes, y que serán sustituidos de forma escalonada para garantizar que la experiencia de sus integrantes no se diluya en cambios totales del órgano.
Sólo así dijo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será independiente de las entidades gubernamentales, lo que dará grandes avances jurídica y socialmente para el estado.
“Esta propuesta pretende lograr un eficaz funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, fortaleciendo la imparcialidad y la administración de la justicia por organismos profesionales y dotados de las condiciones adecuadas para su eficaz ejercicio”, dijo.
Además se asegura la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en escenarios de crisis; atiende un reclamo social de primer orden, frente a la innegable necesidad de modernización del sistema hasta ahora vigente.
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/politica/item/4421-plantean-los-diputados-de-morena-restructurar-al-tca
Justicia laboral en México. Inicio del fin al sindicalismo corporativo

Jesús Cantú (*)
Finalmente el pasado jueves se votó en el Senado la adhesión de México al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que había sido adoptado desde 1949 y que garantiza la libertad de asociación y la libertad sindical de los trabajadores, además de establecer la eliminación de todas formas de trabajo infantil, la discriminación en materia de empleo y ocupación y de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio.
México fue el último de los países de América Latina y el Caribe en ratificar el convenio, que previamente fue adoptado por 165 países del mundo.
Durante muchos años el convenio estuvo archivado en la Presidencia de la República porque la legislación laboral mexicana incluía desde 1931 la llamada cláusula de exclusión, que permitía a líderes sindicales y patrones separar a un trabajador que se negara a afiliarse al sindicato que detentaba el contrato colectivo de trabajo.
Dicha disposición se encontraba en el artículo 236 de la ley expedida en 1931 y se trasladó al artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo promulgada en 1970, con lo cual se mantuvo vigente hasta el 17 de abril de 2001, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicha norma. Sin embargo, fue hasta el 2015 cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto envió el convenio para su ratificación al Senado, sin embargo, el dictamen nunca se había elevado al pleno del mismo.
Y fue hasta el 17 de febrero de 2017 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sienta las bases para un nuevo modelo de impartición de justicia laboral y de relaciones obrero-patronales. Otro paso para el desmantelamiento de esta protección se dio en el proyecto de Tratado de Libre Comercio que acordaron México y Estados Unidos hace algunas semanas, pues se incluyó un capítulo especial que garantiza, entre otros, estos mismos derechos laborales.
La cláusula de exclusión era la columna que soportaba al sindicalismo corporativo mexicano, sea aquel que tenía como principal soporte al gobierno federal, llamado el sindicalismo charro, con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) como su más conspicuo representante, pero que se extendía a muchos otros sindicatos que respaldaron al PRI, otrora partido hegemónico.
Pero también era el sostén del llamado sindicalismo blanco, que respaldado por los distintos grupos empresariales mexicanos se convertía en el instrumento que les permitía mantener deprimidos los salarios e imponer sus condiciones a cambio de ciertas prebendas a los líderes sindicales.
La llamada cláusula de exclusión es la que abría la puerta a los llamados contratos de protección (todavía vigentes el día de hoy) mediante los cuales el patrón firmaba el contrato colectivo de trabajo con una central sindical a espaldas de los trabajadores, en muchos casos dicho documento se tenía desde antes de iniciar operaciones. Los líderes del sindicalismo charro y del blanco, por igual, se prestaban a dicha simulación a cambio de pingües ganancias económicas o posiciones políticas y demás prebendas.
Y, desde luego, esto les permitía a los empresarios mantener los bajos niveles salariales que ya han sido ampliamente tratados en este espacio en colaboraciones previas, además de limitar las prestaciones que les otorgaban. Entre otras, esta es una de las razones de la creciente desigualdad en México, pues es una de las razones de que los beneficios del crecimiento económico —de por sí bajo para un país emergente— se concentraran en los dueños de las empresas y no se derramara hacia empleados y trabajadores.
Había razones de peso (y de pesos) para que los gobiernos emanados del PRI y el PAN no ratificaran el citado convenio y mantuvieran vigente —en los hechos— la llamada cláusula de exclusión, incluso una vez que la Corte declaró su inconstitucionalidad y que ya se había promulgado una reforma constitucional que pretendía precisamente desarrollar un nuevo modelo sindical y de relaciones obrero-patronales.
Influencia
Seguramente por la influencia política que todavía mantienen los líderes sindicales y los empresarios, los senadores de la pasada legislatura habían eludido dictaminar el citado convenio y fue hasta el pasado martes, cuando el senador Napoleón Gómez Urrutia publicó en la Gaceta Parlamentaria una excitativa para que las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y Trabajo (que todavía no se han conformado y, mucho menos, instalado) emitieran un dictamen sobre el convenio que ya llevaba más de tres años en dicha Cámara, que el tema cobró relevancia en la opinión pública.
La Mesa Directiva de la Cámara Alta decidió convertir dicha excitativa en dictamen y lo elevó al pleno el pasado jueves 20 de septiembre para su inmediata discusión y aprobación. El dictamen fue avalado por legisladores de todos los partidos políticos representados en el Senado, excepto del PAN. Los legisladores blanquiazules hicieron suyas las preocupaciones de los empresarios, que pedían ser consultados previamente, pues temen que la adopción del mismo impulse la creación de cientos de sindicatos que afecten la productividad de sus empresas.
La adopción del Convenio 98 es un paso más en la dirección correcta, sin embargo, todavía falta emitir la legislación secundaria en el que se norme el nuevo modelo de impartición de justicia laboral y defina las nuevas reglas que regularán la vida de los sindicatos mexicanos. Y, una vez que eso se logre, la mesa estará servida para que gobierno, trabajadores y empresarios empiecen a construir una nueva era en el sindicalismo mexicano y las relaciones obrero-patronales, en beneficio de la clase trabajadora y de México.— Ciudad de México.
jecantue@gmail.com
Periodista
http://www.yucatan.com.mx/editorial/justicia-laboral-en-mexico
Multisindicatos enfrenta a CCE y Trabajo de AMLO

20 sep, 2018
Activo empresarial
JOSÉ YUSTE
El trabajador debería tener la libertad para elegir el sindicato al que debe pertenecer, y de ahí viene el concepto de multisindicatos que se plasmó en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El problema para México, argumentan los empresarios, y también con razón, es que se puede prestar a extorsiones: sindicatos que no pertenecen al ramo de la empresa y llamados a huelga sólo para sacar dinero a las administraciones. Hay un galimatías laboral. De seguir las cosas como están, el sindicalismo sólo beneficiará a una dirigencia laboral, en contra del trabajador. Pero el multisindicalismo propuesto también podría caer en extorsiones de varios sindicatos a empresas. La solución que se ha encontrado en México para nada es la mejor: los contratos de protección patronal, que han terminado como un mecanismo de control sobre los trabajadores, donde las empresas acuerdan y negocian con la dirigencia sindical a espalda de los trabajadores. Ya conoce los resultados, dirigentes sindicales ricos y poderosos frente a trabajadores pobres y sin derechos laborales.
EL CONVENIO 98 DE LA OIT
Luisa María Alcalde, quien será la próxima secretaria del Trabajo, quiere resolver el tema del multisindicalismo en México despertando el Convenio 98 que México tendría con la OIT. El problema es cómo adoptar el multisindicalismo con filtros que lo hagan genuino, es decir, que traiga sindicatos que sí pertenezcan a la empresa, pero también que no se conviertan sólo en un mecanismo para canonjías y que en los hechos pueden no terminar ayudando al trabajador, sino extorsionando a la empresa. Esta es la preocupación de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
POCOS EJEMPLOS DE SINDICATO QUE GANE CON PRODUCTIVIDAD
El sindicalismo en México, con honrosas excepciones, ha estado plagado de sindicatos charros, vendidos sólo a favor de la dirigencia y sin metas productivas. Cierto. Pero también lo es que los derechos laborales de los trabajadores deben reivindicarse con representaciones genuinas y que sí vean, junto con la empresa, los temas de productividad y competitividad.
Hace décadas un sindicato que llevó la batuta en temas de productividad junto con su empresa, fue el Sindicato de Telefonistas, por allá de inicios de los años noventa, donde Hernández Juárez, junto con Slim Helú, veían capacitación y derechos para los trabajadores, pero también metas de productividad.
“PYMES NO SOPORTARÍAN VARIOS SINDICATOS”
En 2015, el gobierno de Peña Nieto envió al Senado una iniciativa para ratificar el Convenio 98 de la OIT. Hasta cierto punto con lógica internacional: hay varios países con los que México tiene convenios comerciales que están adheridos al Convenio 98. Sin ir más lejos, en el TPP-12. Sin embargo, en 2015 y 2016, el CCE advirtió que, de aprobarse el Convenio 98, la paz laboral se pondría en riesgo, que habría una simulación en la firma de contratos colectivos. A los empresarios les preocupa que se obligue a las compañías a firmar con sindicatos que no tienen jurisdicción de actividad, que no son representativos y que busquen participar en la administración de la empresa, causando un caos laboral. Que emplacen a huelga sin representatividad, pero sólo para exigir ganancias. Las empresas grandes podrían soportarlo, no las pequeñas y medianas. Para el CCE, las pequeñas y medianas empresas no podrán soportar tales presiones sindicales. Los costos serían elevados y originarían un caos laboral que terminaría todo el tiempo en tribunales, argumentan los empresarios.
STPS: NO PUEDEN SEGUIRSE CONTRATOS DE PROTECCIÓN PATRONAL
También es cierto lo que argumentan en la nueva Secretaría del Trabajo (Alcalde): no pueden seguir los contratos colectivos de protección patronal, pues se negocia, a espaldas del trabajador, sólo a favor de una dirigencia sindical. Es imposible que los trabajadores puedan organizarse democráticamente para poder influir en las negociaciones colectivas o para poderse cambiar de sindicato o crear uno nuevo.
Algunos abogados sindicalistas han propuesto que los trabajadores puedan ser consultados por voto libre y secreto sobre el contrato colectivo que van a firmar, pues las dirigencias sindicales no dan a conocer el contrato colectivo, sino versiones públicas, muy a modo de la dirigencia y la parte patronal.
AMLO, PUNTO CLAVE PARA PRODUCTIVIDAD
Hay un choque de trenes. Ambos tienen sus razones. Por un lado, Luisa María Alcalde y su equipo pidiendo mayor libertad sindical, tratando de terminar con los contratos patronales de protección que sólo benefician a dirigencias sindicales en detrimento del resto de los trabajadores. Pero, por el otro lado, los empresarios están apanicados al poder ser presa de extorsiones sindicales, de sindicatos que no pertenezcan a su empresa o rama y de costos elevados por tener que dar a cada sindicato el mismo trato del anterior más una ganancia. Este es un buen rompecabezas para López Obrador, quien lo deberá responder razonablemente para tener una economía con mayor crecimiento, donde el sindicalismo sí obtenga ganancias reales para todos los trabajadores, pero con productividad y competitividad para las empresas.
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