El gobierno federal alista cambios a la ley que regula los esquemas de subcontratación con los que busca abatir las malas prácticas que afectan a los trabajadores y al erario, pero enfrenta el desafío de evitar un impacto en la creación de empleos
El Gobierno federal presentó una reforma para los esquemas de contratación por outsourcing, con el que pretende mejorar las condiciones de algunos trabajadores y evitar el boquete fiscal que las malas prácticas de algunas empresas que ofrecen estos servicios causan al erario.
Este esquema de contratación opera desde 2012, a través del cual una compañía encomienda la labor de administración de nómina a una tercera. Sin embargo, existen muchos casos en los que se utiliza esta figura para evitar el pago de impuestos y de prestaciones a los trabajadores.
Con la reforma al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades buscan crear un registro nacional de contratistas, fortalecer las inspecciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y acotar este esquema para que las empresas no tengan el total de sus empleados subcontratados.
Asimismo propone que los puestos de trabajo de esta modalidad sean especializados y que no se contrate a personas que desempeñen la misma función que los trabajadores al servicio del contratante.
Desde el año pasado, las autoridades aprobaron cambios en el Artículo 5 de la Ley para detectar a los contratantes que registren a sus empleados con menores salarios de los que reciben ante las autoridades y para castigar a quienes encubren relaciones laborales con actos de simulación para evadir el pago de impuestos y prestaciones laborales.
Además se creó un mecanismo para cruzar la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sin embargo, expertos y algunos representantes de la iniciativa privada consideran que la sobrerregulación de este esquema puede tener afectaciones a la economía, no obstante ven necesario acabar con las malas prácticas de este esquema.
“La parte fundamental y que no se ha hecho por muchos años es la revisión. Antes no se contaba con las herramientas informáticas y ahora no se les ha dado importancia, pero por más leyes que hagan, si no hay supervisión, vigilancia y sanción, será ley muerta como en el presente ya sucede”, opina Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
El mal desempeño de algunas compañías que ofrecen los servicios de tercerización por outsourcing impulsan la generación de puestos de trabajo con menos paga dado que la mayoría de los trabajadores que se emplean bajo este esquema están registrados ante las autoridades con un máximo de dos salarios mínimos.
De los 53.3 millones de trabajadores del sector formal e informal registrados durante el primer trimestre del año, 32.3 millones percibían entre uno y hasta dos salarios mínimos, lo que representa 58.3 por ciento de la fuerza laboral.
32.3 millones de trabajadores perciben entre uno y hasta dos salarios mínimos.
El porcentaje de trabajadores registrados con estos salarios durante el primer cuarto del año aumentó en 6.9 puntos porcentuales frente al cierre de 2019, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi.
Las malas prácticas de patrones que contratan a sus empleados bajo ese esquema impulsan la generación de puestos de trabajo con bajos salarios, menores cuotas patronales que terminan por mermar los ahorros para el retiro, para vivienda, las utilidades y hasta la antigüedad.
EL IMPACTO NEGATIVO DEL OUTSOURCING
Si bien, la intención es buena, un endurecimiento de la ley podría aumentar la informalidad laboral, porque sería una barrera para las contracciones en pequeñas y medianas empresas que se encuentran dentro del sector de los servicios.
Al respecto, Leñero comparte que son alrededor de 4.5 millones de empleados quienes están subcontratados por outsourcing, un millón de ellos labora en pequeñas empresas, dos millones en medianas y el resto en las grandes.
4.5 millones de empleados están contratados por medio de un outsourcing.
“Las pequeñas y medianas empresas van por este esquema porque el trato administrativo representa un gasto muy fuerte y para ellas es mejor que lo haga un tercero a tener problemas legales y multas por no pagar adecuadamente”, añade el presidente del CEEF.
Las normativas, en caso de aprobarse, también podrían impactar de forma negativa la creación de nuevas plazas laborales, considera Leñero, dado que se verá una afectación a los empleos temporales de empresas que tienen un aumento de empleo en trabajos iguales.
En tanto, hay empresas que realizan servicios de subcontratación que no describen esta actividad en su Acta Constitutiva, por ello, sería más eficiente que el registro de contratistas también considere la información de los trabajadores registrados bajo este esquema, por lo que será necesaria la labor de los inspectores de la STPS.
«La Ley es muy clara respecto a qué se permite, no sólo en la subcontratación, sino en el empleo en general. Los patrones lo hacen a través de empresas, pensando que se liberan de la responsabilidad, pero no es así, la responsabilidad es solidaria.» – Armando Leñero. Presidente del CEEF
Por: Mara Echeverría. Reporte Indigo. 22/10/2020
