Con el deterioro de los sindicatos, los contratos colectivos de protección patronal se generalizaron, en perjuicio de los trabajadores; el estudio propone la generación de una ciudadanía laboral para defensa de sus derechos.
La libertad de los trabajadores a constituir organizaciones sindicales para defensa de sus intereses es irrelevante si no es acompañada de prácticas democráticas hacia su interior, es una de las conclusiones a las que llega el estudio “La libertad y democracia sindical en México”, elaborado por Pablo Franco Hernández, y editado por la Fundación C&A con el apoyo de la Red de Mujeres Sindicalistas.
Franco Hernández, doctor en Derecho Laboral, explica en el estudio que luego de la reforma laboral constitucional de 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, en armonía con las obligaciones contraídas con motivo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Trans Pacífico se ha tenido que replantear el ejercicio de los derechos laborales colectivos en el país, lo que ha obligado a que se otorgue rango constitucional a la negociación colectiva y la libertad sindical.
En México, explica el estudio, el modelo sindical tradicional sufrió un deterioro en las últimas décadas debido a los cambios políticos en el país, que llevaron al corporativismo sindical a dejar de ser útil como medio de control social y político. Derivado de este vacío, se generalizó el uso de los contratos colectivos de protección patronal, y facilitado por la ausencia de prácticas democráticas al interior de los sindicatos.
A fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, Franco Hernández propone, entre otras cosas, la generación de una ciudadanía laboral, es decir, la formación de los trabajadores en el ejercicio pleno de sus derechos laborales para la autotutela de sus derechos y conquistas en el ejercicio de la libertad y la democracia sindical.
De esta forma, sigue el estudio, con una vida sindical y el concurso libre y democrático de las personas trabajadoras les será posible alcanzar negociaciones colectivas auténticas.
Por otro lado, la ausencia de una cultura democrática en el mundo del trabajo, derivada de un modelo que tuvo la unilateralidad patronal como la única opción para garantizar productividad, competitividad y paz laboral, dificultan la transición práctica a un modelo de ciudadanía laboral que genera prácticas democráticas al interior de los sindicatos.
Por ello, explica Franco Hernández, se impone terminar con un modelo en el que la población trabajadora es excluida de toda participación democrática.
Considera también indispensable tomar medidas desde la política pública para hacer llegar a las personas trabajadoras, de manera directa, la información relativa a los derechos humanos laborales, la legislación laboral, los contratos colectivos de trabajo y su proceso de legitimación, a través de la creación de un dependencia gubernamental destinada a generar, organizar y ejecutar estas acciones.
El autor señala que México debe unirse al concierto de países que han ratificado el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la negociación colectiva, pues estas Normas Internacionales del Trabajo emitidas por el organimo, explica Franco Hernández, constituyen un importante punto de referencia para las legislaciones internas de aquellos países que buscan el fortalecimiento de sus sistemas de relaciones laborales, y constituyen una herramienta que puede servir para alentar el desarrollo de la jurisprudencia nacional en temas relativos al derecho del trabajo.
Así también, y al interior de los organizaciones de trabajadores, se debe garantizar la rotación de personas en las directivas y la representación proporcional de las diversas sensibilidades organizadas al interior. Como parte de este proceso de democratización de los sindicatos, la paridad de género debe ser una de sus aspiraciones, garantizando la representación de las mujeres en todos órganos del sindicato, contractuales y sectoriales, afirma el estudio.
El Dr. Pablo Franco Hernández es Doctor en Derecho Laboral, especialista en relaciones laborales. Ex Diputado Federal y Secretario General de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Miembro de la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional (CIELO), del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral y de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y participante en la International Labour Standards Academy del ITCILO.
Este martes 17 de noviembre, a las 16:00 horas, se presentará el estudio “La libertad y democracia sindical en México” en el seminario web que se llevará a cabo en la plataforma ZOOM.
Los primeros 45 Jueces de Distrito Especializados en Materia de Trabajo tomarán protesta el martes 17 de noviembre ante la comparecencia virtual de los integrantes de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Este martes 17 de noviembre tomarán protesta de ley los primeros 45 Jueces de Distrito Especializados en Materia de Trabajo, que a partir del miércoles se harán cargo de resolver los litigios laborales, en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje.
La ceremonia se realizará en una ceremonia solamente, que ante la contingencia sanitaria se realizará con la comparecencia virtual de los integrantes de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Los nuevos jueces entrarán en funciones al día siguiente, miércoles 18 de noviembre, en las entidades de Zacatecas, Durango, Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tabasco y Ciudad de México.
La mayoría de estos nuevos jueces son mujeres, quienes obtuvieron su puesto mediante un concurso abierto de oposición, triunfando de entre 2 mil 171 aspirantes.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, subrayó en su momento la relevancia de la prevalencia femenina: “Avanzamos hacia la nueva justicia laboral con paridad de género. Más y mejores juzgadoras para romper los techos de cristal y lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, señaló en un mensaje que publicó en tu cuenta de Twitter.
En vísperas del arranque de la primera etapa de la Reforma Laboral en 8 entidades federativas, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Luisa María Alcalde Lujan, dijo que la puerta de entrada al cambio en el modelo laboral es la conciliación, esto es que la enorme mayoría de los asuntos se resuelvan por esta vía.
Y el director del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, manifestó que todos los integrantes de este nuevo organismo, son los protagonistas de esta transformación del mundo laboral, de un momento histórico que implica cristalizar la lucha de movimientos de miles de trabajadores que por décadas lucharon por democracia sindical, negociación colectiva auténtica y una justica ágil, digna e imparcial.
“Somos pioneros y debemos asumir un trabajo en equipo para sacar adelante con éxito el gran reto que tenemos y esto significa vocación de servicio, compromiso, trabajar con ética y honestidad”, indicó Domínguez Marrufo.
«¡Nunca duden que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo, porque de hecho es lo único que lo ha logrado¡»,conjinuó
En reunión virtual con todo el personal del nuevo organismo, la secretaria del Trabajo, puntualizó además: “somos actores principales en la reconstrucción de una relación laboral equilibrada, que se perdió en el pasado y que ahora cambiará la vida de millones de trabajadores al recibir un trato, salario y condiciones dignas así como de un país donde las empresas tengan la posibilidad de crecimiento y negocios sanos”.
Recordó a los nuevos servidores públicos que son parte fundamental del cambio más importante de las últimas décadas, “por lo que su responsabilidad es gigantesca y en cada uno de ustedes se deposita el compromiso y la esperanza de millones de trabajadores y empleadores de poder acceder a procesos limpios, abiertos, transparentes, eficaces, honestos, ya sea que se trate de un proceso de conciliación, de elección o de un registro”.
Recordó que el mundo laboral viene de una enorme simulación en la negociación de los contratos colectivos, de una justicia tardía y parcial, de corrupción, inseguridad jurídica para empresas lo que precarizó el mercado y la calidad de vida de los trabajadores.
Refirió que en las primeras 8 entidades: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas que arrancan actividades mañana miércoles, ya se transitará hacia la democracia sindical, al fortalecimiento de la participación de los trabajadores, elevar salarios y mejorar condiciones laborales así como el diálogo entre trabajadores, sindicatos y empresas.
Comentó que este primer bloque de mujeres y hombres que conforman la primera etapa de funcionarios públicos van a ayudar como referente para las siguientes etapas de implementación.
El outsourcing es lo peor que le ha pasado a los trabajadores en México y ha sido utilizado por empresas y gobiernos para violentar los salarios, pensiones, créditos de vivienda y el derecho a la organización sindical, coincidieron representantes de sindicatos mexicanos y celebraron la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para regular este esquema de subcontratación.
«De antemano sabemos que el outsourcing ha mermado los derechos laborales de todos los trabajadores, inclusive no se les permite organizarse en sindicatos y eso es violar una parte de sus derechos», dijo en entrevista Yadira Ferreira Martín del Campo, secretaria del Exterior del Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. «Los sindicatos estamos a favor de que esto se regularice por el bien de los trabajadores».
Para Patricia Andrade Reynoso, secretaria general nacional del Sindicato Petroleros de México (Petromex), en el país se maneja un modelo del outsourcing con abuso. «El modelo de la subcontratación ha sido mal utilizado y ha dejado a los trabajadores completamente en estado de indefensión».
El pasado 12 de noviembre durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente presentó una propuesta de reforma para regular el outsourcing. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
El Gobierno de México envió esta semana al Congreso una reforma en materia laboral para modificar el esquema de subcontratación con el fin de ordenarlo y que deje de ser una modalidad que permita la evasión fiscal y afecte a la población trabajadora en sus prestaciones. En el anuncio, realizado el pasado jueves en la conferencia matutina del Presidente, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luis María Alcalde Luján, dijo que la base del proyecto de reforma establece que el trabajo no es una mercancía sino un derecho y un deber social. La propuesta de reforma, agregó, es integral.
La iniciativa prohíbe la subcontratación del personal, modifica la contratación de servicios especializados y endurece castigos a empresas por violar la ley, por ejemplo, hasta nueve años de cárcel para empleadores. El documento busca además controlar el subregistro, el despido de trabajadores en diciembre y la afectación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pero esta iniciativa, bien recibida por los trabajadores, fue rechazada por la mayoría de los empresarios, principalmente los agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, un empresario opositor al Presidente López Obrador.
La Coparmex aseguró que la iniciativa del outsourcing violenta los acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones de patrones y es una amenaza al crecimiento y creación del empleo formal, estos últimos argumentos utilizados por los empresarios, por ejemplo, para evitar el aumento al salario mínimo desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari.
En el mismo tenor se pronunció el CCE, que en un comunicado expuso que «tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de COVID-19».
Las empresas que ofrecen servicios de limpieza, han tenido ingresos asegurados desde hace 17 años con dinero de las dependencias federales. Foto: Cuartoscuro.
El Consejo, liderado por Carlos Salazar Lomelín, recordó que durante 2019 el propio CCE y los organismos que lo conforman participaron en un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación y se estableció un diálogo directo con las autoridades correspondientes.
Sin embargo, los sindicatos mexicanos aseguran que esta iniciativa sí es en beneficio de los trabajadores y señalan que los empresarios buscan seguir en la comodidad fiscal.
«Siento que es más bien una manera de buscar la forma en seguir en la comodidad fiscal, me queda claro que lo importante es defender los derechos de los trabajadores», mencionó Patricia Andrade, de Petromex, sindicato alterno al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
El saldo del outsourcing, al que la administración de Felipe Calderón Hinojosa le dio luz verde y que Enrique Peña Nieto se encargó de aplicar, es negativo para los mexicanos, de acuerdo con especialistas en materia laboral y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo confirman. La subconcontratación fue año con año en aumento: en 2004, la cantidad de personal subcontratado era de 1 millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247; en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas.
EL GOBIERNO DEBE REGULARSE
Este esquema de subcontratación en México, a todas luces desventajoso para los trabajadores, no sólo fue aprovechado por las empresas, también por los gobiernos, principalmente para los servicios de limpieza.
En Mexico, las empresas encargadas de los servicios de limpieza de las oficinas de gobierno tienen ganancias aseguradas, ya que actualmente son pocas las personas encargadas de la limpieza las que gozan de un contrato directo. Es común ver a personas encargadas de estas tareas con un uniforme que tiene el logotipo de la empresa atrás. No hay límite de edad, ya que son o muy jóvenes o personas de la tercera edad y también se contrata a personas con capacidades diferentes, en nombre de la «no discriminación», pero son sectores de la población trabajando en condiciones precarias.
Son personas que aunque trabajan en oficinas que ofrecen a sus empleados generosas prestaciones, ellos carecen, en su mayoría, hasta del seguro social.
De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), son 21 empresas las que sobresalen en el mercado y concentran más de 2 mil 100 contratos por mas de 7 mil 316 millones de pesos, obtenidos no únicamente en un sexenio, sino que provienen desde la administración de Vicente Fox Quesada.
«Hay que recordar que en los gobiernos federal y local el personal de limpieza es un ejemplo claro del outsourcing y la violación de sus derechos», explicó a SinEmbargo Yadira Ferreira, secretaria del Exterior del Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Metro. «Esto ha ayudado a que solo se hagan contrataciones a unas empresas (de outsourcing) que sabemos que son de personas que tienen algún cargo político y siguen beneficiándose».
Esta semana, un grupo de trabajadores de limpieza del Metro protestaron en la terminal Tláhuac, de la Línea 12, porque llevaban varios meses sin recibir su salario. Los empleados pertenecían al Consorcio Multigreen, una empresa proveedora de servicios de limpieza para el Sistema de Transporte Colectivo, y el Metro no se hizo responsable.
«Menciono el problema del Metro porque yo pertenezco ahí, incluso ayer (lunes) hubo una manifestación donde denunciaron que a todos los trabajadores que pertenecían a esa empresa tenían dos meses que no se les pagaba, inclusive el Metro no se estaba haciendo responsable», detalló Yadira Ferreira.
Pero el Metro no es la única dependencia u organismo con casos de violaciones a los derechos laborales de trabajadores contratados vía outsourcing, Petróleos Mexicanos (Pemex) también tiene denuncias.
«Dentro de Pemex hay mucha gente trabajando por medio de subcontratación y a pesar de que ellos no son nuestros compañeros en lo que se refiere a la nómina, nos damos cuenta de que las condiciones en las que trabajan no son nada favorecedoras», dijo Patricia Andrade, secretaria general nacional de Petromex. «Celebramos esta iniciativa porque ya era tiempo que alguien tomara cartas en el asunto».
La subcontratación en México marcó a una generación completa que entró a un mercado laboral que optó por este mecanismo. La generación de los millennials, en su mayoría, entraron a trabajaros en los que ya no hay la promesa de una pensión y de otros tantos derechos laborales.
El outsourcing se concentró en actividades comerciales (33.5 por ciento), servicios privados no financieros (27.4 por ciento), manufacturas (25.9 por ciento) y en otras actividades como pesca, acuicultura, minería, electricidad, construcción, transportes, servicios financieros (13.2 por ciento).
El próximo 18 de noviembre quedará registrado en los anales del Derecho del Trabajo como la fecha en que la impartición de justicia laboral no recaerá más en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dependientes respectivamente del Poder Ejecutivo ya sea local o federal, sino en Tribunales Laborales, dependientes ahora, del Poder Judicial federal o local.
Con motivo de este importante cambio, José Lorenzo Natera, secretario general de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), mencionó los principales impactos que esta reforma traerá a las empresas y sus centros de trabajo.
El abogado señaló que el nuevo sistema de impartición de justicia, se dará en tres etapas y, en forma gradual, irá tomando vigencia en las diferentes entidades federativas del país; los primeros estados en implementar la reforma, en estos próximos días, serán ocho: Durango, Campeche, Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, este último solo en el ámbito federal. Lo anterior implica que el 17 de noviembre será el último día que las Juntas de Conciliación y Arbitraje recibirán demandas de trabajadores, pues a partir del día siguiente, todo trabajador que pretenda demandar a un patrón, deberá hacerlo apegado al nuevo sistema de impartición de justicia y en su caso, resuelto por Tribunales Laborales.
Indicó que las Juntas quedarán operando en estas ocho entidades y en las demás, conforme vaya entrando en vigor la reforma (octubre 2021 y 2022), solo para continuar con el desahogo y resolución de los juicios que tengan abiertos, cerrando en forma definitiva sus puertas hasta concluir con el último juicio del que hayan tenido conocimiento, lo que variará por entidad federativa, aunque se estima sea en un promedio de cuatro años. Por lo anterior, en los próximos años confluirán juicios tanto en las Juntas como en Tribunales.
Refirió que la gran apuesta del nuevo sistema de impartición de justicia, es la conciliación, esto es, se pretende que el 60% de los conflictos que se den entre trabajador y patrón, se resuelvan mediante la negociación, sin necesidad de llegar a juicio. El nuevo sistema ya no permitirá que un trabajador demande en forma directa a un patrón (salvo algunas excepciones previstas en la propia ley), contemplando ahora, una conciliación prejudicial obligatoria entre las partes, para lo cual se crean nuevas estructuras: Centros Estatales de Conciliación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como sus representaciones regionales, quienes serán las instancias correspondientes para llevar a cabo, mediante conciliadores profesionales y expertos, la negociación de los conflictos laborales, ya sean de competencia local o federal respectivamente.
Dijo que las principales características de la conciliación prejudicial obligatoria, son: no deberá durar más de 45 días naturales; podrá ser solicitada por ambas partes, o solo por una de ellas; el inicio de la conciliación, suspende el término que tiene un trabajador para ejercitar su acción; el citatorio para la Audiencia de Conciliación, deberá ser notificado en su caso al patrón, 5 días previos a la audiencia; el patrón podrá comparecer en forma personal, mediante representante o apoderado legal y en caso de inasistencia, será multado entre 50 y 100 UMAS; el trabajador deberá acudir en forma personal a la conciliación, pudiendo ser acompañado por una persona de su confianza, a quien no se le reconocerá como apoderado; si las partes llegan a una arreglo, se celebrará un convenio, el cual tendrá la calidad de cosa juzgada, pudiendo ser ejecutado en caso de incumplimiento por los Tribunales Laborales; en caso de no llegar a un arreglo, se expedirá al trabajador la “constancia de no conciliación”, la cual deberán de anexar a su demanda, como requisito de procedencia; en caso que no acuda el trabajador a la Audiencia Conciliatoria, se archiva el expediente y se reanudan sus plazos de prescripción; en casos de acoso sexual, discriminación o actos de violencia, no se encarará a las partes a efecto de evitar la revictimización; quedan exceptuados de acudir a esta instancia, previo acreditamiento de la existencia de indicios que generen su sospecha o presunción: discriminación por embarazo o cualquier otra que atente contra el empleo, designación de beneficiarios por muerte, reclamos en materia de seguridad social, trata laboral, trabajo infantil y en materia colectiva, asuntos relacionados con la libertad sindical, negociación colectiva y titularidades de contratos colectivos de trabajo.
Natera dijo que, en caso de no lograr conciliar el asunto, el trabajador podrá ejercitar las acciones que considere pertinentes en contra del patrón ante los Tribunales Laboral, bajo las nuevas reglas que regirán el procedimiento ordinario, entre las cuales destacan: se deberá acompañar a la demanda inicial, la constancia de no conciliación, así como las pruebas correspondientes; el procedimiento será escrito en su fase inicial (demanda y contestación de demanda) y oral en forma predominante; el procedimiento será encabezado en todo momento por un Juez; solo existirán 2 audiencias: la preliminar y la de juicio; se estima el procedimiento sea muy sumario, esto es, se resuelvan los conflictos en no mas de 6 meses; el patrón desde la contestación de demanda, deberá de ofrecer sus pruebas; se abre la puerta a las notificaciones electrónicas, mediante el buzón correspondiente; derivado de las nuevas reglas, los escritos de contestación a la demanda ya no serán exhibidos en una audiencia, sino que deberán ser presentados dentro del término concedido (15 días hábiles), en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Laboral que corresponda; en caso de objeción de firma de algún documento ofrecido por las partes, su autenticidad será definida por un solo perito, designado por el Tribunal, quedando relevadas ya las partes de aportar a un perito y desapareciendo la figura del perito tercero en discordia; en caso que el Juez advierta riesgo de que una sentencia emitida no pueda ser ejecutada, podrá decretar embargo de cuentas del patrón.
Destacó cuatro novedades que contiene el nuevo sistema de impartición de justicia laboral, que los patrones no deben perder de vista: la falta de aviso escrito al trabajador de su despido justificado, ya no presume su injustificación, pudiendo en juicio demostrar las causas que lo motivaron; el ofrecimiento de trabajo, ya no revierte la carga al trabajador de probar el mismo; los patrones podrán acudir al Tribunal, en cualquiera de los 6 casos previstos en la ley, a depositar mediante la vía paraprocesal, las indemnizaciones correspondientes a efecto de que se le de vista al trabajador y de estar de acuerdo, se evite con ello una demanda; ahora la ley contempla las llamadas “actuaciones notoriamente improcedentes”, tanto para las partes, como para los servidores públicos, mismas que de llevar a cabo, serán motivo de multa de entre 100 y 1000 UMAS. Dentro de este tipo de actuaciones destacan: alterar documentos firmados por un trabajador, ofrecer dádivas o sobornos a las autoridades, exigir la firma de papeles en blanco, presentación de hechos falsos respecto a: salario, jornada o antigüedad.
«Como puede concluirse, empresas, autoridades, trabajadores y abogados, estamos por entrar en una nueva era, en la que para que el nuevo modelo de justicia funcione, habrá que estar abiertos y sensibles a la conciliación de los conflictos; entender que con el nuevo sistema, ya no ganará un juicio “quien cuente mejor su mentira” , quien “fabrique pruebas” o “compre al perito”, pues de cara al Juez, será muy complicado sostener hechos falsos y mentiras por una u otra parte, debiendo los patrones ponderar estos aspectos desde la conciliación, para evitar llevar a juicio asuntos en los que de antemano se sabe, sí existió el despidió sin causa o se tienen adeudos con el trabajador; por el contrario, si llevar a juicio aquellos asuntos en los que sabe que no actuó de manera ilegal, ni violó ningún derecho del colaborador», expresó el abogado.
Muchas fechas fatales se han cumplido sin respuesta en la reforma laboral, pocos cambios se han sentido, la reforma tan cacareada por sus promotores en realidad ha servido de poco. Los derechos de los trabajadores siguen a la deriva en un amplísimo periodo de transición al nuevo sistema de justicia laboral.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más numeroso de México con una membresía de un millón y medio de trabajadores, se encuentra rezagado en el calendario que le impone la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019.
En cuanto a las disposiciones para alcanzar la democracia sindical que incluyen, la elección de directivas sindicales y aprobación de acuerdos negociados con el voto personal, libre y secreto de todos los trabajadores, así como la obligación de adecuar los Estatutos de los sindicatos a más tardar el 1º de enero de 2020, el SNTE no sólo no cumple con el mandato de adecuar su norma estatutaria, sino que el Reglamento que emitió contraviene las disposiciones de la legislación laboral.
En medio de esta controversia normativa, los maestros del pais se preguntan cuándo se emitirán los documentos normativos, para renovar la dirigencia nacional, en tanto hay tres grupos que compiten por la dirigencia sindical del SNTE: el actual dirigente Alfonso Cepeda, Elba Esther Gordillo y Rafael Ochoa Guzmán
Sin hacer mucho ruido Rafael Ochoa ha mantenido activa su red de aliados, participa en asociaciones civiles que, integradas por docentes en servicio, jubilados y pensionados se organizan para mejorar el proceso educativo.
En el terreno electoral trabaja con Morena desde el 2017, cuando colaboró a favor de Delfina Gómez en el Estado de México creando la estructura de defensa de voto y de casillas y posteriormente a favor de Andrés Manuel López Obrador, apoyando sus propuestas en derogar la “mal llamada reforma educativa” y en revalorar el trabajo de las y los maestros de México.
La elección del próximo dirigente del SNTE se calienta cada día atizada por las noveles reformas en materia de democracia sindical, será la primera elección gremial con las nuevas reglas, ¿Será que los viejos líderes sindicales en el poder resistan las pretensiones democráticas de la reforma laboral? Más sabe el líder sindical por viejo que por líder.
A propósito del conocimiento me despido con una frase de Claudia Rubio: “estoy muy atrasada por cosas de la vida, pero no creo que sea tarde y solo quiero conocimiento de aquí al último día de mi vida. Aprender y aprender”.
Querido lector en tanto definen sí es rebrote o sí la curva pandémica engordó por tomar gaseosas, mejor siga extremando cuidados. Hasta la próxima.
Los servidores públicos que integrarán el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no pueden fallarle al pueblo de México, aquí ya no se tolera la corrupción y el influyentismo, se trata de personas honestas y sensibles, así lo expresó Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al reunirse de manera virtual con el personal del nuevo organismo
Somos actores principales en la reconstrucción de una relación laboral equilibrada, que se perdió en el pasado y que ahora cambiará la vida de millones de trabajadores al recibir un trato, salario y condiciones dignas; así como de un país donde las empresas tendrán la posibilidad de crecimiento y negocios sanos, detalló la también titular de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Alcalde Luján recordó a los nuevos servidores públicos que son parte fundamental del cambio más importante de las últimas décadas, por lo que su “responsabilidad es gigantesca, y en cada uno se deposita el compromiso y la esperanza de millones de trabajadores y empleadores de poder acceder a procesos limpios, abiertos, transparentes, eficaces, honestos, ya sea que se trate de un proceso de conciliación, de elección o de un registro”.
La secretaria del Trabajo recordó que el mundo del trabajo viene de una enorme simulación en la negociación de los contratos colectivos, en una justicia tardía y parcial, corrupción, inseguridad jurídica para empresas, lo que precarizó el mercado y la calidad de vida de los trabajadores.
Es por ello, dijo, que en las primeras ocho entidades del país donde arranca la primera etapa de la Reforma Laboral este miércoles 18 de noviembre, se debe transitar hacia la democracia sindical, fortalecer la participación de los trabajadores, elevar salarios y mejorar condiciones laborales, así como el diálogo entre trabajadores, sindicatos y empresas.
Asimismo, aseguró que la puerta de entrada al cambio en el modelo laboral es la conciliación, que la enorme mayoría de los asuntos se resuelvan por esta vía, y dicho organismo es primordial para ello.
Por último, la funcionaria dijo que este primer bloque de mujeres y hombres que conforman la primera etapa de funcionarios públicos van a ayudar como referente para las siguientes etapas de implementación.
En su oportunidad, Alfredo Domínguez Marrufo, director del CFRL, destacó que todos los integrantes del nuevo organismo son los protagonistas de esta transformación del mundo laboral, de un momento histórico que implica cristalizar la lucha de movimientos de miles de trabajadores que por décadas lucharon por democracia sindical, negociación colectiva auténtica y una justicia ágil, digna e imparcial.
Somos pioneros y debemos asumir un trabajo en equipo para sacar adelante con éxito el gran reto que tenemos enfrente, y esto significa vocación de servicio, compromiso, trabajar con ética y honestidad, y “nunca duden que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo, porque de hecho es lo único que lo ha logrado”.
De acuerdo con un análisis elaborado por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal para realizar una reforma de distintas legislaciones en materia de outsourcing, la iniciativa podría generar un despido inmediato de medio millón de empleos, además de fomentar la informalidad y simulación por medio de pagos en efectivo, así como una afectación a las finanzas públicas.
En el documento que busca hacer un balance de los “efectos negativos de la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo Federal para regular la subcontratación”, se recuerda que como una de las propuestas de modificación a la Ley Federal del Trabajo se plantea la prohibición expresa a la subcontratación “descrita como: una persona física o moral que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
A la par se advierte que dicha disposición y “dado que las empresas no podrán absorber de manera inmediata a todo el personal que se encuentre subcontratado”, provocará que “muy posiblemente opten por dejarlos en la informalidad o utilizar esquemas de simulación como el regreso a los contratos de honorarios. Se estima la eliminación de medio millón de puestos de trabajo de manera inmediata”.
Para solucionarlo recomienda permitir la subcontratación pero con una regulación más estricta.
Otro de las posibles controversias, se indica en el documento, se concentra en la propuesta para que la empresa contratante de los servicios especializados, o el cliente que contrata personal especializado por subcontratación, sea responsable solidario de las obligaciones laborales de los empleados contratados por la prestadora de servicios, para lo cual se plantea una reforma a cuatro legislaciones.
Sobre ello se advierte que si las empresas contratantes empiezan a ser responsables solidarios de los empleados de los servicios de limpieza, comedores, vigilancia, demostradoras y promotoría, entre otros, “lo natural es que el mercado se inhiba, las empresas buscarán hacer las menos contrataciones de este tipo y habrá una afectación inmediata a la economía del país”.
Incluso se asegura que la iniciativa presenta “una grave contradicción” con la legislación civil y mercantil, pues por costumbre y norma se separa la responsabilidad laboral del prestador de los servicios y del cliente. “Una propuesta de esta naturaleza que legisla en lo laboral efectos que en lo mercantil ya han quedado estudiados llevaría a que el Poder Judicial tuviera que pronunciarse sobre este efecto”.
Como parte de las reformas planteadas a la Ley Federal del Trabajo, se propone exigir que las empresas que prestan servicios especializados deban contar con una autorización de la Secretaría del Trabajo para poder hacerlo, pero “al referirse a empresas de servicios especializados en lugar de empresas de subcontratación, deja incluidos a: despachos de contadores, abogados, asesores, auditores, limpieza, comedores, vigilancia, valet parking, tecnología, call center, y muchos más dentro de este supuesto”.
La medida “fomentaría la informalidad y el pago en efectivo para evitar dejar rastros de los servicios prestados”, por lo que se considera necesario que la regulación sea únicamente para las empresas de subcontratación, y no para todas las empresas de servicios especializados, pues se estaría englobando a todo el mercado de servicios.
“Toda vez que el 70 por ciento de las empresas del país se dedican a la prestación de servicios, todo este universo se vería impactado por esta reforma obligándolas a solicitar una autorización por parte de la STPS para poder otorgar su servicios, pues no hay una diferenciación entre las empresas de prestación de servicios y las de prestación de servicios especializados en la legislación mercantil, ni tampoco entre la prestación de servicios en el mismo domicilio del cliente y aquella que se otorga en el domicilio del prestador de servicios”, se concluye en el documento.
Por ello, se asegura, se desincentivaría de manera inmediata la inversión extranjera, debido a que las empresas extranjeras tras su llegada al país requieren de despachos de abogados, contadores y otros servicios especializados.
Entrevista con el abogado Ricardo Martínez, socio Fundador de De la Vega y Martínez Rojas.
Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, informó recientemente que planea presentar quejas laborales en contra de México, debido a que tiene «grandes preocupaciones» de que el Gobierno mexicano no tenga la capacidad de cumplir con las leyes laborales con las que se comprometieron al firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC.
El representante sindical advirtió que tiene planeado «estrenar» el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, con el que busca, entre otras cosas, detener las exportaciones de productos que sean elaborados bajo la violación de los derechos laborales de los trabajadores.
Uno de los instrumentos más innovadores del T-MEC es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, cuya función consiste en determinar si una planta o centro de trabajo cumple con la legislación laboral acordada.
Solo por citar un ejemplo, el T-MEC establece que, si una empresa estadounidense inicia una disputa contra una planta mexicana, las autoridades de México tendrán hasta 45 días para concluir si hay una violación o incumplimiento de los derechos laborales y, posteriormente, tienen hasta diez días para llegar a un acuerdo. Si no se logra solucionar el problema, Estados Unidos puede activar la opción de integrar un panel.
Sobre el tema este semanario acudió a entrevistar al abogado Ricardo Martínez Rojas, egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien manifestó que Estados Unidos sí se ha quejado mucho, y en especial el Partido Demócrata, de que por años hacemos dumping laboral, tenemos bajos salarios, y de que no se ha permitido libremente el derecho de sindicalización, y de Negociación Colectiva Efectiva. Para eso se llevó a cabo la reforma laboral del 2019, y se pactó en el anexo 23 «A» del T-MEC que se cumpliera con la Negociación Colectiva Efectiva, y el Derecho de Asociación.
La obligación primaria, dijo, es legitimar todos los contratos colectivos, termina esta obligación el primero de mayo de 2023. Entonces ahorita creo que Estados Unidos no se puede quejar de un incumplimiento, porque si está trabajando México para la Reforma, de hecho, la Secretaría del Trabajo ha hecho su función y el 18 de noviembre ya entran por lo menos siete Estados, aplicando la Reforma, y también entra el Centro Federal de Conciliación y Registros. Así que hoy no se puede hablar de incumplimiento. Lo que si vemos es que habrá muchísima presión de Estados Unidos para obligarnos a que cumplamos con esta Reforma.
El jurista, que tiene una Maestría en la Universidad de San Diego, y obtuvo el doctorado por la Universidad Panamericana, refirió que se estableció un sistema de solución de problemas rápido, en los anexos 31 «A» y 31 «B» del T-MEC, que implican paneles arbitrales, pero Estados Unidos ya está buscando la manera de interponer algunas quejas contra México, sin embargo, todavía no hay ninguna claramente violatoria. Entonces sí habrá mucha presión, Estados Unidos generó tres autoridades para revisar el cumplimiento, uno es una agencia intersecretarial, que la compone el Tesoro de los Estados Unidos, la Secretaría de Economía, y la Secretaría del Trabajo, pensamos que ahora que la tomen los Demócratas, va a ser mucho más fuerte, porque recordemos que los sindicatos en Estados Unidos, son parte del Partido Demócrata.
Ricardo Martínez Rojas abundó que por otro lado se creó un grupo de expertos en los cuáles la legisladora Nancy Pelosi nombró por lo menos a tres, donde los Sindicatos más poderosos de Estados Unidos. Así que habrá muchísima observación sobre México, de hecho, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos tiene oficinas en México, y ellos han estado presionando para que México cumpla con la negociación colectiva efectiva, y con el derecho de asociación.
En el transcurso de la entrevista el abogado refirió que por último habrán los attaches laborales, que se van a venir a México a las Embajadas y Consulados, ya teniendo control el Partido Demócrata, la verdad es que consideramos que la presión va a ser mucho más fuerte, la llegada de Biden a la presidencia con el Partido Demócrata, si vemos que habrá muchísima más presión que con Trump, que pues el Partido Republicano no tiene relación con los Sindicatos, y si vemos que ha estado diciendo la señora Pelosi, desde antes de estas elecciones en Estados Unidos, que ellos van a buscar que México cumpla definitivamente con esta Reforma, sobre todo que tanto Trump como Biden tenían la idea de repatriar a Estados Unidos la industria pesada, parte de la industria automotriz.
Martínez Rojas dijo que, “si vamos a ver mucha presión, pensamos que en México primero el sector privado debemos cumplir con la Reforma, tratar de legitimar los contratos colectivos, no hacer ya injerencia sindical. Y por otro lado dijo, vemos que el gobierno mexicano, la Secretaría de Economía y la del Trabajo, están muy bien comandadas, y si están buscando un diálogo con Estados Unidos para evitar quejas, y en segundo lugar pensamos que hay un buen equipo para si hay alguna queja defender, porque pues la queja va contra el gobierno mexicano, pero lo más interesante es que es la primera vez que en un tratado comercial se afectará a las empresas: «Si una empresa recibe una sanción del panel arbitral, le pueden limitar sus derechos arancelarios, imaginemos una empresa automotriz que exportan tanto a Estados Unidos, que le digan que ya no pueden pasar los autos con arancel cero, entonces la presión va a ser muy fuerte, Estados Unidos se guardó una arma muy poderosa en materia comercial que son estas quejas, y que van a usar si no de pretexto, si van a usar la materia laboral para tratar de frenar algunas exportaciones de Estados Unidos que México manda hacia allá».
Reiteró que, habrá mucha presión, “y la verdad de las cosas es que la llegada del Partido Demócrata va a poner mucho más fuerte esta presión sobre México”.
Que AMLO no felicite a Biden tendrá un costo…
A pregunta sobre cómo podrá ser la relación comercial y económica con la llegada a la presidencia de Joe Biden, Ricardo Martinez afirmó que el gobierno tiene buena información, muy buena comunicación, sin embargo, Estados Unidos creó una ley que se llama The implementig law, en la que nos van a presionar muchísimo para cumplir con la materia ambiental y la materia laboral. Creo que el hecho de que el presidente mexicano haya ido a ver a Trump, y después no haya felicitado a Biden, si va a generar cierto roce, que habrá que hacer un gran trabajo diplomático para poder llevar a cabo una relación comercial tersa. Sobre todo, que estamos viendo que en materia energética muchísimas empresas americanas, se están quejando de la falta del Estado de Derecho que no les están cumpliendo las obligaciones, que por cierto en el T-MEC no hay obligaciones en materia energética, pero sí en materia de inversión. La verdad de las cosas es que va a ser un poquito cuesta arriba, ante las quejas que están haciendo Estados Unidos al presidente de México, de cumplir con el Estado de Derecho, de cumplir con la Reforma Energética, y si a eso le aunamos me parece, la falta de prudencia de no haber felicitado a Biden, y por otro lado de haber ido a ver a Trump, pues si la relación al inicio será tensa, y nos puede perjudicar a todos, porque Estados Unidos repito, tiene esta arma poderosa de poder presentar quejas en contra de México bajo este sistema de solución rápida, que en 60 días una empresa puede tener la limitación de carecer del Derecho Arancelario para Estados Unidos, entonces si tenemos que ir con pies de plomo, me parece que tiene que haber una buena reacción de los empresarios mexicanos para cumplir muy preventiva, pero eso no evita que Estados Unidos, que ya tenía muchas ganas de estrenar este sistema de solución de controversias rápidas, me parece que lo van a estrenar muy pronto.
Por otra parte, afirmó que México es miembro de una serie de organismos internacionales, donde evidentemente nos hemos comprometido a las energías limpias, y ahora, con la llegada de Biden que voltea esto de las energías limpias, es otro tema en el cual vamos a tener que reaccionar. Creo que el Partido demócrata va a ser inflexible en los temas energéticos, y en los temas laborales. No habrá mucho espacio y desafortunadamente pactamos este sistema de controversias rápido, que nos pueden inmediatamente llevar a un panel sin mucho problema. Ellos con la simple presunción de que hay violaciones a los derechos colectivos, pueden presentar la queja. En cambio, México necesita esperar a que haya una resolución de las autoridades americanas, para poder presentar una queja, estamos en gran desventaja en esos anexos 31 «A» y 31 «B», celebrados respectivamente con Estados Unidos y Canadá.
El jurista refirió que el artículo 23 del TEC-MEC, y el Acuerdo Transpacífico TPP retoman un tema laboral, y claro el trabajo infantil, el trabajo de menores, pero sobre todo hay que poner énfasis en el trabajo forzoso, que puede englobar a ambos: «Y ahí hay otra arma muy poderosa porque señala el T-MEC, que si se toma en cuenta que un artículo, un servicio proviene del trabajo forzoso, no se requiere ni siquiera panel, y Estados Unidos tiene el derecho de hacer el embargo comercial, y no permitir la entrada de bienes o servicios en los que se contenga el trabajo forzoso, y ahí podría ser el trabajo de menores, el trabajo de mujeres, o incluso jornadas arriba de le Ley, si nos vamos arriba de las jornadas de la Ley se puede interpretar como trabajo forzoso, y Estados Unidos puede decir no permito la entrada de esos bienes sin necesidad incluso de panel. Entonces el artículo 23, recabó los principios de la Organización Internacional del Trabajo, pero con mucho énfasis, en trabajo de menores, en trabajo de mujeres y en discriminación y en trabajo forzoso.
Finalmente dijo que la primera sanción es la disminución o suspensión arancelaria, la segunda puede ir contra todo el grupo corporativo, no sólo al establecimiento o empresa donde se hizo, y la tercera que es lo más grave, Estados Unidos toma la determinación de un embargo total, que no permita la exportación de los bienes hacia Estados Unidos.
Alertó al sector privado a realizar mucha cuestión preventiva, para evitar las quejas de Estados Unidos, hay que trabajar mucho en no interferencia sindical, en permitirle a los trabajadores decidir si quieren o no un sindicato, porque conforme a la nueva Ley pueden no tener, y sobre todo también en materia energética creo que va a tener que reaccionar el gobierno mexicano a los pactos internacionales que tenemos.
En febrero de 2017 entró en vigor una ambiciosa reforma en materia de justicia laboral que fijó un nuevo esquema conceptual, para que los conflictos obrero-patronales pudieran ser resueltos con mayor eficiencia y para que los derechos de los trabajadores fueran plenamente salvaguardados.
La reforma estipulaba tres principios fundamentales: en primer lugar, se buscaba erradicar los “contratos de protección” para garantizar que los trabajadores eligieran de manera libre y secreta a sus representantes sindicales. En segundo lugar, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, antes adscritas al poder ejecutivo, formarían ahora parte del poder judicial, dotándolas de absoluta autonomía. En tercer lugar, como condición previa para iniciar un juicio laboral, se instauró una etapa procesal previa, que es la conciliación obligatoria con el fin de buscar mayor celeridad, y mediante el diálogo, resolver las controversias laborales, cuyo mayor obstáculo era el largo tiempo y el difícil proceso que se debía enfrentar.
En el 2018 y en el 2019 los ordenamientos federales se aplicaron en las leyes del Estado de México, y se creó el Centro de Conciliación Laboral. Durante muchos años, el sector laboral mexiquense, a través del diálogo social tripartito ha buscado construir un sector laboral en donde se procure la paz laboral y en donde los derechos de los trabajadores sean el mejor camino para aumentar la productividad y favorecer con ello la llegada de inversiones productivas a nuestro estado.
La entidad con el mercado laboral más dinámico y vigoroso del país, ha tomado decisiones en la dirección adecuada, desde la implementación de los juicios laborales orales hasta la constitución, en la administración del gobernador Alfredo del Mazo, del Centro de Conciliación, cuyas instalaciones fueron presentadas esta semana y arrancará labores en los próximos días.
El nuevo organismo público descentralizado es el primero en su naturaleza en el país, con ello, el Estado de México da muestra de su compromiso con la planta productiva, al alentar la conciliación como la herramienta más importante para la resolución de conflictos laborales.
Cada año miles de casos y juicios laborales inundan las juntas de conciliación y arbitraje; un gran porcentaje de los problemas obrero-patronales provienen de despidos, y cuando las partes involucradas encuentran conciliadores profesionales, a las pocas semanas el conflicto se resuelve en un par de audiencias, mientras que el juicio puede llevar varios años, sin que el laudo favorable al trabajador se pueda concretar.
El sector laboral mexiquense, hoy liderado por la secretaría Martha Hilda González Calderón, encuentra en miles de funcionarios, cada vez más capacitados, honestos y sensibles, el activo más importante de la reforma laboral que en el Estado de México nos hemos tomado muy enserio. En la medida que la justicia laboral sea expedita y transparente, las relaciones obrero-patronales serán estables y la paz laboral y la productividad estarán vinculadas con prácticas como la conciliación.
Las condiciones actuales para invertir en una entidad con tanta capacidad productiva, con tanto talento humano y compromiso con las justas causas de los trabajadores, nos permiten vislumbrar un mejor futuro.
