Más de mil 400 mdp necesitará el poder Judicial para el 2021.
Si bien para este cierre de año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), requerirá de una ampliación presupuestal para hacer frente a los compromisos de pagos de jubilaciones que tiene, la Reforma Laboral que tendrá que implementarse en el 2021, significará aplicar recursos hasta por mil 400 millones de pesos para todo el Poder Judicial ya que se tendrán que contratar al menos 15 nuevos jueces y habilitar tres salas regionales que demandan de infraestructura básica para operar. El magistrado presidente del TSJ Rubén Jasso Díaz explicó que la puesta en marcha de los tribunales laborales, son un compromiso que se hizo por parte del estado para el próximo año, por lo que se espera sea en el mes de octubre o noviembre cuando se pongan en funcionamiento, lo que ha llevado a trabajar con el tema de la capacitación a todo el personal.
La nueva Reforma laboral implicará contratar más personal, es decir que dependerá del número de jueces que se autoricen que serían entre 10 y 15 los que se necesitarían para este fin, sumado a que se requerirá de infraestructura para la puesta en marcha de salas de juicio oral que forman parte de este esquema de trabajo, “Nosotros pedimos este año alrededor de mil 400 millones de pesos para el año 2021 donde ya se incluye el tema de la reforma laboral”, expuso. Aclaró que por ahora no se eliminarán las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, sino que éstas seguirán laborando hasta terminar todos sus asuntos para que el Poder Judicial pueda empezar de cero. Cabe destacar que ademas de los jueces, será necesario contratar a secretarios, actuarios y oficiales de sala. El magistrado informó que la próxima semana estarán en visita de trabajo en el Estado de México luego de que ellos ya van a implementar la nueva reforma laboral, a fin de que ello sirva de ejemplo de lo que se quiere implementar en el estado. Finalmente se dijo que por ahora se habla de habilitar tres salas las que estarían operando en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, respectivamente.
Carlos Aceves del Olmo, inauguró la primer Universidad Laboral de México.
Ante las condiciones de incertidumbre que ha traído consigo la pandemia del coronavirus, la Confederación de Trabajadores de México mantiene su función por incentivar un sindicalismo responsable ahora con la creación de la Universidad Laboral.
El Secretario General de la CTM, Don Carlos Aceves del Olmo, inauguró la primer Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arizpe en Coahuila con el fin de brindar educación y capacitación a los trabajadores.
El objetivo es impulsar la capacitación para que los trabajadores tengan un mejor futuro pero sobre todo formar nuevos cuadros de cara al reto de una economía globalizada y la digitalización.
Acercarse a la curva 4.0 con la creación UNILAM implica transformar la cultura laboral con una visión más amplia del mundo del trabajo, destacó el líder cetemista en Coahuila, Tereso Medina.
Destacó la importancia de impulsar un sindicalismo más humano, y de cercanía con la formación técnica, profesional y de ílideres que permitan ligar el sindicalismo con la competitidad que permitan ligar la productividad con el salario y por ende con una mejora calidad de vida de la base trabajadora.
En la Universidad Laboral se imparten licenciaturas, carreras técnicas y bachillerato que favorecerán el desarrollo profesional de los trabajadores.}
El Senado de la República hizo la declaratoria para que el 18 de noviembre inicien operaciones las nuevas autoridades para la solución de conflictos obrero-patronales a nivel federal y local en ocho estados.
El Senado de la República emitió esta semana la declaratoria para el arranque de operaciones del nuevo modelo de justicia del mundo del trabajo. Con este trámite inició oficialmente la cuenta regresiva para que el 18 de noviembre inicien sus funciones las nuevas autoridades laborales.
“La implementación del nuevo modelo de justicia laboral a nivel federal supone el inicio simultáneo de funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, en los estados de la República que se indican”, se establece en la declaratoria.
La primera etapa de implementación se llevará a cabo en Tabasco, Campeche, Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango e Hidalgo, en este último sólo entrarán en funciones las autoridades federales; es decir, quedará pendiente la creación de tribunales y centros de conciliación locales. En el resto de las entidades, los conflictos se resolverán ante las nuevas instancias y los contratos colectivos se depositarán en el Centro Federal.
El primer grupo se ha ido ajustando en cuanto a fechas y estados que lo integran. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se contemplaron 1,400 millones de pesos para la creación de las nuevas autoridades laborales en 10 estados y el inicio de sus funciones se tenía previsto para octubre.
Hasta hace unos meses, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral tenía contemplado en la primera fase a Baja California Sur, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas. Con el transcurso de los meses la lista se fue modificando, se incorporó a Campeche a la primera fase; Guanajuato, Tlaxcala y Baja California Sur se pospusieron para la segunda etapa de implementación, la cual iniciará en octubre del 2021 en 13 entidades.
El nuevo modelo de justicia laboral hace una apuesta importante en la conciliación. Esta etapa será un requisito prejudicial, lo que significa que, si no hay conciliación se podrá demandar ante los tribunales, pero para iniciar este proceso se tendrá que haber agotado dicha instancia.
Este peso que le da el nuevo modelo de justicia a la conciliación tienen como finalidad evitar la saturación de los tribunales y juicios tardados, como ocurre actualmente con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales desaparecerán en los primeros estados donde se implementará la primera etapa.
De acuerdo con Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que el nuevo modelo tenga éxito, se debe garantizar la conciliación de al menos 60% de los casos y que sólo 4 de cada 10 conflictos terminen en los tribunales.
Estado de México avanza
El Estado de México es la entidad más grande en la primera fase de implementación del nuevo esquema de justicia laboral. En esta demarcación se prevé la creación de 17 tribunales, iniciando en noviembre con siete, el próximo año con cinco y en el 2022 con los últimos cinco tribunales.
Los primeros tribunales se ubicarán en los lugares con mayor número de juicios, ubicados estratégicamente en Cuautitlán Izcalli, Toluca-Xonacatlán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan, Texcoco, y Nezahualcóyotl.
Cada tribunal estará a cargo de un juez con su propia sala de audiencias oral, oficialía de partes, un área operativa, una de videograbación y de atención al público, e instalaciones sanitarias para servidores judiciales y el público.
Asimismo, se pretende la implementación de un sistema presencial y uno electrónico. Esto último, gracias a que la pandemia aceleró la implementación del juicio en línea en dicho estado en materias como penal, familiar y civil.
Ante el reto de que no sean los trabajadores y el pueblo en general quienes paguen por los efectos de la Covid-19, tanto en su salud como en la economía de sus familias, es importante resaltar los acuerdos y plan de acción alcanzados durante el Encuentro Nacional de Organizaciones Populares celebrado los días 26 y 27 de septiembre pasado, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y en el que se congregaron 54 organizaciones de 14 estados de la República.
Buena parte de los consensos alcanzados pueden resumirse en el posicionamiento: “Salud, Pan y Trabajo”, apoyado por la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), que plantean como demanda central la protección del salario y el empleo de toda la clase trabajadora en su conjunto; el control de precios a los productos de primera necesidad; la protección a los adultos mayores, sobre todo con una vejez libre de privaciones mediante el retorno al esquema solidario de pensiones.
Además de establecer el combate a la violencia machista en contra de las mujeres, la lucha contra el corporativismo sindical y la reorientación del gasto público para fortalecer al sector salud; sobre este último punto, la propuesta que se hace al gobierno federal es la definición de un paquete económico contingente que ponga en primer plano el fortalecimiento del sistema de salud público para enfrentar la propagación de la Covid-19, que si bien afecta a toda la población por igual, es a la clase trabajadora donde mayores estragos causa, pues no sólo sufre por el derrumbe de la actividad económica, sino además es el sector laboral más expuesto a contagiarse por la pandemia.
Las organizaciones participantes coincidieron que desde la esfera pública deben aplicarse medidas de apoyo económico a la población económicamente activa, tanto formal como informal, que les permitan conservar sus ingresos y empleos.
Hicieron hincapié en que la asignación de recursos al sector salud es inaplazable por la situación de vulnerabilidad que enfrenta luego de su desmantelamiento en más de dos décadas de gobiernos neoliberales, lo que no únicamente ha impedido una atención médica oportuna y de calidad a millones de mexicanos en estos momentos de contingencia sanitaria, sino además ha puesto en riesgo la salud y la vida del personal de este sector.
En tal sentido, las organizaciones hicieron un llamado a respaldar “la labor titánica” y heroica de las y los trabajadores de las diversas instituciones públicas de salud que ya se preparan a enfrentar la fase de contagio “exponencial” de la pandemia, como al principio de la misma, sin los equipos, materiales y protocolos necesarios.
En los momentos de crisis que se avecinan, es de resaltarse la imperiosa necesidad para apuntalar la tesis de Salud, Pan y Trabajo, impulsada desde las bases populares para concretar una verdadera reversión del modelo neoliberal, redoblando la lucha por la abrogación de las reformas estructurales del pasado sexenio en materia energética, de educación y laboral, para conformar una “nueva constituyente” que coadyuve a fundar un México justo, libre, democrático e igualitario.
Uno más de los acuerdos del Encuentro Nacional de Organizaciones Populares fue el rescatar la soberanía nacional, no sólo deteniendo el proceso de privatización del sector energético, sino yendo en pos de una renacionalización de las industrias eléctrica y petrolera, pugnando por detener el proceso de privatización y desmantelamiento de servicios públicos como el agua y la electricidad.
Otro de los ejes mediante los cuales deben articularse la defensa de la clase trabajadora, es sin duda el exigir respeto a la autonomía sindical y democracia interna de las organizaciones gremiales en base a la nueva Reforma Laboral, pues a la fecha hay muchos funcionarios que insisten en ir a contracorriente buscando proteger a un corporativismo decadente que lucha por conservar sus cotos de poder e influencia, siempre en contra de los intereses de los asalariados.
En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, se está exigiendo la entrega de la toma de nota luego de sus elecciones internas realizadas en un proceso democrático y transparente, a través del voto libre, directo y secreto de sus miembros, así como el respeto a su zona y materia de trabajo. En este sentido, las autoridades laborales no pueden evadir su responsabilidad, debiendo actuar en base a la ley para restablecer el estado de derecho que en materia laboral fue pisoteado por el peor secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Otro de los aspectos valorados es el atropello cometido en el actual periodo de emergencia sanitaria a los miles de trabajadores que perdieron su empleo, o fueron obligados a una sustancial rebaja en sus sueldos e, incluso, presionados para laborar en medio de la pandemia sin los protocolos básicos de higiene y seguridad para proteger su salud, como ha acontecido en las maquiladoras del norte del país, donde la actitud irresponsable y pro empresarial de sindicatos ligados a las centrales corporativas, ha costado decenas de vidas humanas
Uno de los puntos que mereció especial atención lo fue el problema del pago de los recibos de luz que más allá del discurso y compromiso oficial, se incrementaron durante el aislamiento de la sana distancia, impactando en los exiguos bolsillos de las familias de escasos recursos, muchas de las cuales sobreviven en la informalidad y, peor aún, algunos de sus miembros se quedaron sin empleo.
Por ello se reafirmó en la agenda de demandas inmediatas la exigencia a las autoridades del borrón y cuenta nueva para los miles de usuarios en huelga de pagos no sólo en la zona centro sino en todo el territorio nacional y que han sido defendidos por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), lucha que va aparejada con impulsar en el seno del Congreso de la Unión la iniciativa de ley que busca elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano; servicio en el que debe establecerse una tarifa social justa en favor de los que menos tienen, beneficio que debe hacerse extensivo al suministro de agua.
El aislamiento decretado como medida básica para evitar contagios en la actual contingencia sanitaria dejó bien claro que sin electricidad y sin agua todos los protocolos sanitarios y políticas públicas de contención a la Covid-19, sencillamente no pueden funcionar.
La agenda de demandas sociales acordada en el histórico encuentro no pasó por alto exigir también la solución de diversos conflictos laborales como las huelgas de Chapingo y de los obreros de la General Motors, entre otras; además, es perenne el reclamo de justicia a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace seis años y el alto a los feminicidios y las agresiones en contra de las mujeres que se están manifestando por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y a la interrupción legal del embarazo.
Los acuerdos alcanzados para enfrentar el brutal coletazo que traerá aparejada la pandemia, permitirán articular una estrategia rumbo a una Convención Nacional de Organizaciones Sociales y Populares que luche por los verdaderos intereses de las clases trabajadora, campesina y popular y haga realidad la tesis de ¡SALUD, PAN y TRABAJO!
Martín Esparza, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas 23/10/20
Participa la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, en la Videoconferencia ¿Para qué participar en la Red de Conciliadores Laborales? (Foto: Especial)
La secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, indicó que es de suma importancia contar con una red de conciliadores laborales privados, ya que estos coadyuvarán a resolver conflictos que abonarán a la estabilidad dentro del sector productivo.
Esto, durante la Videoconferencia “¿Para qué participar en la Red de Conciliadores Laborales?”, donde la funcionaria estatal resaltó que es bueno contar con personal capacitado y certificado, que facilite la resolución de las diferencias obrero-patronal en los centros de trabajo, evitando que estos lleguen al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México o a los Tribunales Laborales del Poder Judicial.
En presencia del presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Gerardo Becker Ania, la secretaria del Trabajo destacó que quienes se han preparado, por su formación, pueden laborar, no sólo en el estado de México, sino en todo el país al estar plenamente certificados por la Secretaría del Trabajo, quien cuenta con el estándar de competencia otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
Por su parte, el abogado laboralista, Jorge Enrique Cervantes Martínez, expresó que la nueva cultura en la materia debe tener como sustento el diálogo, la conciliación y la unidad de esfuerzos entre trabajadores, sindicatos y empresarios.
Explicó que la prevención de conflictos entre los trabajadores y patrones será muy importante, además de garantizar que los conflictos se puedan resolver desde los centros de trabajo.
Indicó que también se pueden realizar convenios de conciliación fuera de juicio en materia laboral, como parte de los mecanismos que tienen que ver con los medios alternos de solución de controversia.
Destacó el esfuerzo que realiza el estado de México y siete entidades más al contar con su Centro de Conciliación Laboral, el cual ya tiene a su Director General, Julio César Vanegas Guzmán, y su estructura, conformada por 100 conciliadores.
Detalló que los casos que se presenten deberán concluirse en un periodo máximo de 45 días y en caso de que no se resuelva se pasará a los Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial, luego de emitirse una constancia.
Por su parte, los especialistas en conciliación, Juan Manuel y Rafael Lobo Niembro, coincidieron en señalar que el estado de México es referente a nivel nacional en cuanto a la aplicación de la Reforma Laboral y el Centro de Conciliación Laboral.
Derivado de que México aún no tiene completa la reforma laboral y por ende, no se tiene la capacidad de implementarla como se necesitará que esté plasmada, se debe tener cuidado en que Estados Unidos no quiera “madrugar” al gobierno mexicano y realizar demandas en el primer año del T-MEC, ya que está en proceso la reforma, afirmó la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
En entrevista con MILENIO el Miembro del Comité Ejecutivo Nacional, de la CTM, Alejandro Martínez Araiza, afirmó que en los próximos meses podrían existir demandas por parte de EU ya que tienen un interés de regresar puestos de trabajo a su país, y por medio de los litigios es la manera más fácil de ejercer presión.
“Lo que está en implementación es todo el cambio del modelo laboral, y en eso debemos tener mucho cuidado, que no nos quieran madrugar y decir, demandamos el primer año porque sabemos que todavía no están los nuevos organismos; no están aplicadas las reglas a todas las empresas, todavía no tenemos la capacidad de implementar la reforma laboral como está plasmada, pero estamos en el proceso”, aseveró.
Expuso que en el tema laboral, México ha trabajado por décadas, por lo que creer que en pocas semanas que arranca el nuevo tratado comercial todo va a estar como lo pide el T-MEC, “es iluso, y si empiezan a demandar, se puede ver un poco de amenaza y mala fe de querer iniciar proceso cuando estamos al principio de la implementación”.
“Yo creo que en los próximos tres años, sí habrá muchas quejas y demandas, lo van a seguir intentando, ellos quieren llevarse las fuentes de empleo de regreso, es parte de su agenda; y en México, debemos defender los responsables del mercado, para demostrar que estar, invertir y trabajar en México es bueno”, resaltó Martínez Araiza.
El también Secretario General del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), advirtió que lo peor que puede pasar es que mexicanos pierdan su trabajo, “que las empresas dejen de producir, y que la inversión se vaya del país; estos serían los tres peores escenarios, que fueran una consecuencia insana, que se volviera un ambiente de guerra sindical”.
A principios de septiembre, el titular de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés) Richard Trumka reveló que para éste mes presentará denuncias en materia laboral en contra de México, porque le preocupa que los mexicanos cumplan con las leyes del T-MEC En ese sentido el presidente de la American Society Larry Rubin dijo que el líder sindical Trumka siempre ha sido de una mentalidad proteccionista, “él particularmente, por eso sus anuncios que no tienen inclusive peso, más allá del ruido mediático que hace, pero realmente Richard Trumka, siempre ha sido una persona compleja y complicada”.
“Representa al trabajador, no representa a las empresas, y lo que le interesa es que las condiciones de los trabajadores en Estados Unidos cada vez sean mejores, y tengan más oportunidades, y es loable su labor”, destacó.
Indicó que el sindicalismo particularmente tiene que tomar una consideración mayor de sus aplicaciones, “porque están compitiendo con la región, donde los tres países deben trabajar conjuntamente, así como las empresas, porque lo último que queremos los empresarios de la región es que exista un terrorismo sindical”.
“Creo que lo que empezaremos a ver el líder sindical Trumka, va a bajar los decibeles en contra de México y Canadá, y eso será importante, porque con el T-MEC es algo que no se conoce aún a detalle, pero al momento que baje los decibeles, sobre lo que representa y representará el T-MEC, va a beneficiar a todos”, concluyó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en lo que va de octubre se han recuperado 148 mil empleos, esto luego de que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, acelerará la crisis económica en México, como en el mundo.
«Ya en agosto se recuperaron 90 mil; septiembre 120 mil, y en lo que vamos de octubre, al día de ayer 148 mil, si seguimos así en el primer trimestre del año próximo ya estamos con los 20 millones 500 mil de antes de la pandemia, hay una recuperación en lo económico», consideró.
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente recordó que una de las medidas para mitigar los contagios del covid-19 entre los mexicanos fue parar las actividades económicas, por lo que la economía nacional se deterioró.
Lo anterior, dijo, provocó que de los 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, un millón perdiera su empleo; detalló que en abril se perdieron 500 mil trabajos formales y en julio otros 3 mil trabajadores se quedaron desempleados.
Sin embargo, López Obrador refirió que en el país se ha logrado una recuperación económica, que aunque lenta, se espera llegar a los niveles en los que se encontraba previo a la pandemia.
En este contexto, mencionó que ayer el dólar cotizó en menos de 21 pesos, cuando se ha estado a más de 25 pesos por billete estadunidense.
«En lo que llevamos del gobierno, si tomamos en cuenta el dato de ayer, sólo se ha depreciado el peso, en casi 2 años, 3 por ciento, a pesar de la pandemia», finalizó.
En una intensa jornada de trabajo, la delegación conoció los tribunales laborales corporativos de Xonacatlán (Foto: Especial).
Integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país (Conatrib) visitaron el Poder Judicial del Estado de México, para conocer los procesos y acciones que ha llevado a cabo esta institución con miras a la implementación de la Reforma Laboral, pues se encuentra entre los primeros siete tribunales del país que iniciarán con el nuevo sistema de justicia el próximo 18 de noviembre.
El titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar recibió a la delegación de Conatrib conformada por José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal de Justicia de Quintana Roo, así como representantes de los Consejos de la Judicatura y de Comisiones para la Implementación de la Reforma de Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala y Querétaro.
En una intensa jornada de trabajo, la delegación Conatrib conoció los tribunales laborales corporativos de Xonacatlán, donde escucharon la exposición sobre la adecuación de las instalaciones. Se trata de dos de los siete que funcionarán en todo el territorio mexiquense, para atender los conflictos obrero-patronales individuales y colectivos.
En el auditorio de Telepresencia de la Escuela Judicial, en la Exposición de Motivos y presentación de la Implementación de la Justicia Laboral, el consejero de la Judicatura, Gerardo De la Peña Gutiérrez habló de las acciones emprendidas desde hace dos años en el PJEdomex, entre ellas, la adecuación del marco constitucional local, la capacitación de los operadores del nuevo sistema, los simulacros de juicios orales con un grupo piloto, la aplicación de la tecnología a los procesos, entre otros.
Al respecto, la titular de Planeación del PJEdomex, Claudia Mora Castillo expuso los ocho ejes en los que se trabajó con miras a la implementación. Apuntó que entre 2017 y 2018 se llevó a cabo un diagnóstico de las zonas con mayor demanda de servicio y en 2019 se realizó una etapa de diseño. 2020 será de difusión e implementación; en tanto 2021-2022, el proceso de evaluación.
Por su parte, el director de Tecnologías de Información, Moisés Lima Valdéz, habló del uso de la tecnología, a través del Expediente Electrónico que será operado por jueces y servidores judiciales y el Tribunal Electrónico, el cual incluye los servicios que ofrece esta institución, ambos, destacó, darán certeza y transparencia a los justiciabes.
Durante su exposición, la coordinadora general de Comunicación Social, Martha Valdespino Vargas, indicó que la campaña integral “la Justicia Laboral será nuestra responsabilidad” tiene como objetivo socializar y difundir el cambio de sistema; así como dar a conocer a obreros, patrones, sindicatos y litigantes sus beneficios y etapas. Habló de la creación del micrositio en el portal del Poder Judicial al que puede acceder la ciudadanía y la cobertura utilizando los diversos medios de comunicación.
Al término de las exposiciones, los visitantes presenciaron el simulacro de audiencia preliminar en materia laboral, en la cual participaron jueces y secretarios que comienzan funciones el próximo mes.
Elba Esther Gordillo celebra petición de diputados de Morena de renovar dirigencia del SNTE . | Especial
La exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo aplaude al movimiento nacional para la transformación del SNTE por sus acciones para promover democratización y devolver su legalidad en este gremio .
Ciudad de México.- Elba Esther Gordillo, exlideresa magisterial celebró la promoción del punto de acuerdo que realizan los diputados federales de Morena, para la renovación de la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que lleva años con la misma dirigencia nacional y acusan que «intereses personal» impiden celebrar unas elecciones democráticas.
En conferencia realizada en la Cámara de Diputados, la diputada de Morena, Guillermina Alvarado expresó que recibieron a un grupo de maestros que piden la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato, debido a que sus agremiados buscan que este gremio realmente los represente.
Explicó que el punto de acuerdo que ya está inscrito en la Gaceta Parlamentaria contempla el exhorto respetuoso y enérgico al SNTE para que se realice la renovación de la dirigencia nacional, debido a que actualmente carece de certeza jurídica.
Alvarado menciona que a la solicitud de respaldo se sumaron más legisladores de las diversas bancadas que ya firmaron la solicitud del punto de acuerdo, en el cual se solicita a la Secretaría de Gobernación y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que en el ámbito de sus competencias coadyuve a que en este gremio se realice una elección del secretario general del SNTE.
Primero, comentaron que se debe de emitir la convocatoria de elección que se exige en la reforma laboral para transitar hacia un sindicato legítimo y que representa a las maestras y maestros.
Los diputados piden que dentro del SNTE se realice un proceso justo y democrático que se respete la ley, porque se requiere reactivar sus objetivos de acuerdo a las nuevas condiciones que ha provocado la pandemia de Covid-19 en México, para los maestros y estudiantes.
La morenista acusó que «intereses particulares» impiden la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato de los maestros, así como las condiciones actuales que impiden realizar este proceso.
Fue por ello, que Elba Esther Gordillo replicó la solicitud de los legisladores y celebró el siguiente mensaje: «De igual manera a los legisladores de diversos partidos quienes hoy promovieron un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados federal en el mismo sentido».
Y agraga: «Felicito a los profesores de diversas expresiones sindicales que en unidad han conformado el Movimiento Nacional para la transformación del SNTE por sus acciones para promover democratización y devolver su legalidad a nuestro gremio».
Las expresiones de la exlideresa magisterial obedecen al anuncio de que dirigentes sindicales adheridos al Movimiento Nacional para la Transformación Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), respecto a la puesta en marcha de una estrategia legal para quitar a Alfonso Cepeda Salar del cargo de secretario general de esta organización sindical más grande de América Latina.
Se explica que Cepeda asumió el cargo el pasado 14 de febrero de 2018 durante el VII Congreso Nacional Extraordinario de este gremio y de acuerdo a esa elección se le nombró para el periodo 2018-2024.
Posteriormente, el 22 de noviembre de 2018 se explica que asume la presidencia del SNTE, luego de que el profesor Juan Díaz de la Torre solicita licencia para dejar su cargo, que ocupó desde el 8 de junio de 2011. Este hecho se registró después de que en 2018 saliera Elba Esther Gordillo de la cárcel.
Entre las irregularidades que Aguilar denuncia es la aprobación de un reglamento para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional y mandos seccionales a través de un Consejo Nacional, pero de acuerdo al reglamento del SNTE se debe de realizar por medio de un Congreso Nacional, como marcan los estatutos.
Argumenta que hay 12 mil demandas ante las autoridades laborales que solicitan los docentes que se revoque el mencionado reglamento, que califican como antidemocrático.
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, presentó este jueves una nueva iniciativa para regular el teletrabajo. Su propuesta integra la obligación de un contrato que señale las condiciones laborales, la responsabilidad de la parte empleadora de proporcionar el equipo y el pago de los servicios, el derecho a la desconexión y la seguridad social.
Con ésta, y otra más que presentó la diputada Martha Angélica Zamudio Macías (Movimiento Ciudadano), el Congreso ha recibido 14 iniciativas para legislar el trabajo en casa. En julio de 2019, el Senado aprobó una reforma al respecto, la cual sigue siendo analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro. A esa minuta se le agregarán las propuestas de otras legisladoras y legisladores.
“Sólo protegía a los empresarios. Por su puesto, son fundamentales, pues son quiénes generan empleos. Pero los trabajadores son la otra parte y no es menos importante”, explicó en entrevista la legisladora de Morena. El proyecto aprobado en el Senado menciona el derecho a la seguridad social o el vínculo laboral, pero mediante un convenio. “Esto es insuficiente”, afirmó.
Luego de un “estudio profundo” en una reunión con integrantes del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, “confirmamos los vacíos que tiene la minuta”, señaló la legisladora. Luego de reconocer el trabajo de la senadora Alejandra Reynoso Sánchez (PAN), autora de la iniciativa aprobada por el Senado, pues “se interesó por regular el tema”, indicó que en San Lázaro también se ha llevado a cabo un trabajo al respecto.
Aunque la pandemia de covid-19 frenó el análisis, al mismo tiempo dio otra perspectiva del home office, añadió. Por ejemplo, “hay que tomar en cuenta los estados de emergencia” por algún otro problema futuro y activar este tipo de empleo. Esto requerirá siempre de una coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo.
La iniciativa de Morena
A diferencia de otras iniciativas, la diputada Anita Sánchez plantea dejar el Capítulo XII de la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre el empleo a domicilio, e incluir ahí al home office. El primero “es el que se ejecuta, habitualmente para un patrón, en el domicilio” del empleado o en un local elegido por él.
El teletrabajo es una actividad subordinada y remunerada, define la legisladora de Michoacán. “No se requiere la presencia física de la persona trabajadora en el centro de trabajo” y para llevarlo a cabo se utilizan las tecnologías de la información y comunicación (TIC). No se considera como tal “aquel que se realice en forma ocasional o esporádica”.
Entre otros aspectos, el contrato laboral debe especificar el salario, un pago mensual que el empleador asumirá por los servicios relacionados con el teletrabajo, como la electricidad o el internet, la duración de la jornada laboral y los mecanismos de comunicación y supervisión entre las partes
Esta modalidad de empleo formará parte del contrato colectivo de trabajo, si existe. Si el personal no cuenta con uno, los empleadores deberán incluirlo en su reglamento interior.
Algunas de las obligaciones de los empleadores son:
Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de las computadoras, sillas ergonómicas o impresoras
Asumir los costos de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad
Resguardar los datos personales de los colaboradores y colaboradoras y proteger su intimidad
Proporcionar capacitación en el uso adecuado de las tecnologías de la información
La propuesta de Movimiento Ciudadano
La pandemia de covid-19 “ha sido un catalizador” para la adopción del teletrabajo “como una verdadera alternativa”, indica la diputada Martha Angélica Zamudio (MC) en la exposición de motivos de su iniciativa.
La legisladora propone crear un nuevo capítulo en la LFT, el XII Bis, específicamente para teletrabajo. Ella indica que esta modalidad es opcional. “La persona empleadora tendrá la obligación de proveer” los materiales e instrumentos necesarios. Estos deben ser “de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes”.
También indica que las condiciones deben quedar establecidas en un contrato por escrito. Si bien el personal estará disponible en su jornada, quienes le emplean tienen que respetar su privacidad y reducir “el contacto al mínimo necesario” fuera del horario laboral. Quedaría prohibido usar tecnologías para monitorear en tiempo real el desempeño de la persona teletrabajadora.
De acuerdo con esta propuesta, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendría que desarrollar una norma oficial mexicana para regular las obligaciones y responsabilidades de ambas partes en materia de salud, seguridad y previsión de riesgos profesionales. Formar, además, “una red nacional de asesoría, promoción y fomento del teletrabajo” en la que participen organizaciones sociales, públicas y privadas para facilitar la inclusión laboral.
