Presentan avances de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
El trabajador busca certeza, calidad y rapidez en el tema de representación laboral, en lo que refiere en materia de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral para el estado de Guanajuato.
Nathali Pech, Secretaria General de la Sección 77 de la Unión Nacional de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros en Guanajuato, informó que al término de los trabajos de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, se presentaron los avances a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Dijo que en la reunión se dieron los avances en el estado de Guanajuato en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, que deberá de opera para el mes de octubre a más tardar. Es decir el trabajo coordinado con empresarios y representantes sindicales, que debe de representar un compromiso real, que lleve a los trabajadores a sentirse respaldados en materia laboral, sindical y cuenten con líderes sindicales reales.
La finalidad desde la perspectiva del trabajador avances en el desarrollo de sus labores, mejores salarios y prestaciones, “es la finalidad de la reforma laboral”, comentó la representante sindical de la CROC, que detalló cuenta con la representación de 980 trabajadores de la industria gastronómica, en las ciudades del corredor industrial y turístico de Guanajuato como: León, Silao, Guanajuato Capital, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende.
Agregó que cada uno, empresarios, sindicatos y autoridades de diferentes niveles de gobierno para que desde su trinchera, la lleven a cabo para su implementación. Debemos ofrecer certidumbre, para que desde su encono laboral, puedan elegir la mejor representación sindical que vele por sus revisiones contractuales con la empresa y termine con la seudo protección que viene de sindicatos blancos que solo absorben cuotas.
Nathali Pech, definió como una prioridad el tema de justicia laboral, que brinde certeza de un acceso de calidad y rapidez al trabajador, señaló.
La Cámara de Diputados planea discutir esta semana el paquete de reformas para regular la subcontratación después de los acuerdos logrados entre el gobierno federal, representantes de los empresarios y centrales obreras.
Esta modalidad fue incluida en la legislación federal en 2012. De acuerdo con el último Censo Económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que en México 4.6 millones de personas laboran bajo este esquema y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calcula que otros 2.9 millones de personas trabajan en figuras de outsourcing ilegal.
En el proyecto de dictamen elaborado por las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Baja los legisladores reconocen que «la subcontratación laboral en México se convirtió en una herramienta que generó empleos», sin embargo, advierten que «como toda figura jurídica debe perfeccionarse de acuerdo a las necesidades actuales para lograr la eficiencia de esta figura y evitar toda clase de corrupción».
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió en noviembre pasado a la Cámara de Diputados su propuesta para regular la subcontratación en la legislación laboral, de seguridad social y fiscal. Sin embargo, el avance de la discusión se detuvo debido a la falta de consensos con la iniciativa privada y se pospuso hasta este año. Espacio en el que la STPS encabezó diferentes mesas de diálogo con empresarios y sindicatos para construir acuerdos en torno a la reforma.
El acuerdo se logró la semana pasada después de tres meses de negociaciones e incluye cambios a la propuesta original en la regulación de la subcontratación de servicios especializados, el plazo de transición para que las empresas se adapten a la legislación y el tope al reparto de utilidades. Como consecuencia, el proyecto de dictamen fue modificado y contempla los siguientes 15 cambios legales para reformar el outsourcing:
Eje central. Se prohibe la subcontratación de personal, como ocurre con los esquemas de insourcing, esto es cuando una empresa crea otra razón social para administrar a través de ella al capital humano del grupo.
Esquema permitido. Las empresas podrán subcontratar servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.
Excepción de grupo. Los servicio u obras prestadas entre las empresas de un mismo grupo serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante de la empresa que los reciba.
Agencias acotadas. Las agencias de empleo podrán participar sólo en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, pero no podrán ser patrones de las personas que colocan en las empresas.
Responsabilidad compartida. La empresa que subcontrate servicios u obras será responsable solidariamente en caso de que la contratante no cumpla con sus obligaciones patronales (SAT, IMSS, Infonavit).
Registro oficial. Las empresas de subcontratación tendrán que registrarse y formar parte de un padrón de la STPS; el registro se renovará cada tres años. La dependencia tendrá treinta días después de publicada la reforma para expedir las reglas correspondientes.
Reportes esporádicos. Las empresas de subcontratación tendrán que entregar cada cuatro meses un informe al Infonavit con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del salario base. La institución tendrá dos meses después de publicada la reforma para emitir las reglas correspondientes.
Cruce de información. El Infonavit estará facultado para reportar de manera directa a la STPS el incumplimiento de las obligaciones de las empresas del sector.
Inspecciones con dientes. La empresa de subcontratación que no permita la inspección de las autoridades laborales y no presente la información demandada puede hacerse acreedora de una multa de hasta 448,100 pesos.
Multas parejas. Las empresas que operen o que subcontraten servicios sin contar con el registro de la STPS se harán acreedoras a multas de hasta 4.5 millones de pesos.
Candado fiscal. Sólo podrán ser deducibles o acreditadles los pagos de subcontratación de servicios u obras que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una empresa.
Pena de cárcel. Utilizar esquemas simulados de outsourcing e insourcing será considerado defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel.
Esquema de transición. Después de publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación, las empresas tendrán un plazo de tres meses para transferir a sus nóminas al personal propio subcontratado.
Antigüedad garantizada. Las empresas que se asuman como patrones del personal subcontratado tendrán que reconocer sus derechos laborales y periodo de antigüedad.
Tope al PTU. El reparto de utilidades tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto.
Las comisiones de Trabajo y de Hacienda en San Lázaro advierten que las figuras laborales permitidas deben fomentar el desarrollo con la creación de empleos formales y combatir el desempleo y la informalidad, de ahí la necesidad de ajustar el esquema de subcontratación con mecanismos que le den mayor seguridad a las personas trabajadoras, herramientas de vigilancia para las autoridades federales y transparencia y rendición de cuentas para las empresas del sector.
«Es necesario fortalecer y vigilar con mayor minuciosidad las relaciones laborales que no cumplan con la progresividad en la protección de los derechos humanos de los trabajadores y que concuerdan en que la subcontratación debe incrementar la creación de empleos, fomentar la inversión pública y privada, y dar certeza a la hacienda pública».
Extienden ‘vida’ de las Juntas de Conciliación en Sinaloa; Gobernador vetará reforma laboral.
La reforma que fue aprobada por el Congreso del Estado marcaba que las Juntas desaparecerían en el 2022, pero esto contraviene la ley federal, hay que esperar que atiendan todos los expedientes en su poder, explicó la diputada Margarita Inzunza.
Culiacán, Sin.- Dado que se cometió una omisión en la reciente reforma en material laboral y contraviene a la Ley Federal del Trabajo el gobernador Quirino Ordaz Coppel hará uso de su facultad al veto, advirtió la diputada local por el PRI Elva Margarita Inzunza Valenzuela.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Obrero y de Trabajo y Previsión Social del Congreso de Sinaloa manifestó que advirtieron del error cuando ya se había votado en el pleno y estaban obligados a seguir con el procedimiento, pero de inmediato elaboraron la iniciativa para corregir la falla en cuanto se regrese el decreto por parte del Ejecutivo.
“Y seguramente habrá de regresarse a este Congreso para que desde el área jurídica corresponda lo que vayamos hacer para nuevamente tomar el dato que corresponde, modificar el dato que corresponda para que quede como lo marca la Ley Federal del Trabajo”, precisó.
Explicó que el error es haber establecido que para el 2022 pudieran desaparecer la Juntas de Conciliación y Arbitraje y que todos los expedientes se pasaran a los nuevos Centros de Justicia Laboral, cuando a nivel federal la ley dice que los actuales órganos deben operar hasta que atiendan hasta el último expediente que tengan en su poder.
Comentó que en el caso de Sinaloa se tienen alrededor de 15 casos y pudieran tardar alrededor de cuatros para resolverlos y que desaparezcan las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Participaron en la reunión de la comisión la presidenta de la misma Elva margarita Inzunza Valenzuela del PRI, la secretaria Delia Esmeralda López Altamirano de Morena, y los vocales Gonzalo Camacho Angulo, legislador sin partido, José Luis Durán Salazar del PT y Rosa Inés López Castro de Morena.
A partir del 1 de octubre entraría en vigor el Nuevo Modelo Laboral.
El gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde Luján, presidieron la reunión de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral en Guanajuato.
En esta reunión se dieron a conocer los avances en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Laboral en Guanajuato.
Reconoció el trabajo de quienes integran esta Comisión Interinstitucional. Empresarios, sindicatos y gobierno, están unidos a través del diálogo para llegar a acuerdos y resolver conflictos laborales.
«Estamos trabajando para que a partir del 1 de octubre entre en vigor el Nuevo Modelo Laboral que tiene como propósito fortalecer al sector productivo en beneficio de las familias guanajuatenses y del país», señaló.
Luisa María Alcalde reconoció a Guanajuato por ser un referente nacional en la implementación del Nuevo Modelo Laboral.
Dijo que gracias a la buena coordinación entre autoridades, empresarios y sindicatos van trabajando de manera adecuada, para que a partir del 1 de octubre se empiece a aplicar esta Reforma Laboral.
El 18 de junio del 2019 se formalizó un acuerdo para establecer el mecanismo de coordinación interinstitucional para el diseño y las bases de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Guanajuato.
Con base a lo anterior se realizó la armonización legislativa para la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, que atenderá a las partes en la conciliación prejudicial obligatoria que contempla la Ley Federal del Trabajo.
Hoy, se tiene un avance importante para la apertura del Centro de Conciliación, el cual contará con 4 Delegaciones regionales en Guanajuato capital, León, Irapuato y Celaya.
El Gobierno del Estado, así como el Poder Judicial, formarán Tribunales Laborales multipuertas, donde los usuarios podrán recibir en un solo lugar atención en materia de impartición de justicia, procuración y conciliación en materia laboral, por lo que se pondrán a su disposición Procuradores, Conciliadores e Impartidores de justicia en un solo espacio.
Los Centros de Conciliación serán vanguardistas pues no solo buscarán la conciliación oportuna y pronta de los conflictos, si no que ofrecerán servicios a los trabajadores para su integración inmediata al sector productivo; mediante IDEAGTO se instalará un túnel de servicios en el que, podrán encontrar ofertas de empleo, capacitación y asesoría.
A fin de que sindicatos modernicen sus prácticas conforme a la Reforma Laboral, se ha implementado un sistema de promoción, asesoría y capacitación permanente a fin de que conozcan sus nuevas obligaciones y derechos y cumplan con las nuevas disposiciones.
Luisa María Alcalde explicó la implementación de la Ley Foto: Cuartoscuro
En 2022 deberá estar en operación en todas las entidades federativas, afirmó la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
La implementación de la Reforma Laboral es un reto compartido entre los poderes locales y federales. Una reforma de este calado está lejos de ser una decisión formal. Tiene que ver con un cambio estructural de cómo se darán las relaciones entre trabajadores y sindicatos en el futuro, afirmó la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Sostuvo que las empresas, trabajadores, organizaciones sindicales y autoridades son los actores principales de esta implementación. “Todas y todos tenemos una tarea fundamental, tenemos un reto compartido que es conformar de manera adecuada la reforma”, dijo.
En el marco de la reunión de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral en el estado de Guanajuato, la titular de la STPS dijo que no es solamente hablar de los avances “sino de los retos que tenemos hacia el futuro”.
En el caso de Guanajuato, es una de las 13 entidades que el 1 de octubre próximo inician con la implementación de la reforma laboral y se suma a los 8 estados que ya lo hacen. El plan es lograr concluir en 2022 la puesta en práctica de la reforma en todas las entidades federativas.
“Consideramos que la Federación y el gobierno del Estado puedan poner en funcionamiento el nuevo modelo laboral al mismo tiempo. Por eso es fundamental coordinar esfuerzos para acompañar esta transición”.
Subrayó que gracias a la coordinación entre autoridades, empresarios y sindicatos, se trabaja de manera adecuada. Prueba de ello, es la armonización legislativa para la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, que atenderá a las partes en la conciliación prejudicial obligatoria que contempla la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Durante la reunión de trabajo, la secretaria Alcalde explicó los 3 ejes fundamentales en los que cambia el nuevo modelo laboral: justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva.
En el primero, desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a los Centros de Conciliación y a los Tribunales Laborales, dependientes del Poder Judicial. Esto hará más pronta y expedita la resolución de los conflictos en el trabajo.
Señaló que la conciliación será obligatoria y, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, se acude ante los tribunales laborales donde se llevan a cabo procedimientos ágiles, con jueces y operadores independientes.
En cuanto a la democracia sindical, dijo que las organizaciones gremiales tienen que realizar la modificación de sus estatutos para introducir el voto personal, libre, directo y secreto en todas sus votaciones, además de establecer la proporcionalidad de género en las directivas sindicales así como la transparencia y rendición de cuentas para sus agremiados.
Paz laboral, fortaleza en Guanajuato
A su vez, el mandatario estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que la paz laboral es una fortaleza del sector productivo en la entidad.
Y que se trabaja para que a partir del 1 de octubre, entre en vigor el nuevo modelo laboral que tiene como propósito fortalecer al sector productivo en beneficio de las familias guanajuatenses y del país.
Se informó que en Guanajuato hasta el momento, se avanza para la apertura del Centro de Conciliación que tendrá 4 Delegaciones regionales: en Guanajuato, la capital, en León, Irapuato y Celaya.
El gobierno del Estado así como el Poder Judicial integrarán Tribunales Laborales multipuertas, donde los usuarios podrán recibir en un solo lugar atención en materia de impartición de justicia, procuración y conciliación en materia laboral, por lo que se pondrán a disposición Procuradores, Conciliadores e Impartidores de Justicia en un solo espacio.
En esta reunión también participó la secretaria de Gobierno del Estado, Libia D. García Muñoz Ledo; la presidenta del Congreso del Estado, diputada Emma Tovar Tapia y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz.
Y por la STPS, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
El líder sindical aseveró que hoy la 4T le ha dado libertad al sindicalismo, aunque reconoció que en décadas anteriores, eran un «foco» para los partidos políticos
Veracruz, Ver.- Contrario a otros procesos electorales en que se exigía el voto corporativo hacia determinado partido político, el dirigente del Sindicato Nacional Unidad y Progreso “SNUP” de TAMSA, Cándido Canseco Aguilar, aseguró que en esta ocasión los obreros de esta factoría tendrán plena libertad para emitir su voto a favor de quien consideren la mejor opción.
“Definitivamente cuando uno tiene este puesto, debe ser institucional, respetar a los trabajadores que de una u otra manera tengan también su libertad de expresar y participar como quieran”, manifestó.
En entrevista en conocido café del Puerto, el líder sindical aseveró que hoy la Cuarta Transformación le ha dado libertad al sindicalismo, aunque reconoció que en décadas anteriores, el sindicato a su cargo representó un «foco» para los partidos políticos.
Canseco Aguilar reportó que en la actualidad ya no se han presentado problemas laborales en esta importante empresa transnacional y es por tal motivo, que con la finalidad de no polarizar los ánimos en estas elecciones, ha instruido respetar la libertad de expresión de los trabajadores.
En ese sentido, espera que la jornada electoral del próximo 6 de junio se desarrolle en un clima de paz y civilidad en términos generales.
Cuestionado sobre las afectaciones que han provocado los apagones que se han registrado en Veracruz en los últimos meses, el dirigente del SNUP, manifestó que las «pequeñas» fallas no han provocado que se detenga la producción en la empresa.
Por fortuna existe buena relación con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex, por lo que, reiteró que tanto la producción como la exportación de tubos de acero, sigue caminando conforme a lo planeado.
«Hemos tenido algunos pequeños, fallas, con el suministro de energía, y gas; Tamsa consume mucha energía, gas, y si ha habido alguna reducción y Tamsa sale adelante, hemos tenido el apoyo de CFE y Pemex y vamos caminando«, dijo.
Uno de los cambios que vendrán con la reforma en materia de outsourcing es la inspección laboral, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desde 2012 y hasta 2018 nunca se inspeccionaron empresas para detectar las malas prácticas por outsourcing; por lo que será un aspecto que pretende fortalecer la iniciativa.
De acuerdo con el dictamen que elaboraron las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Hacienda, en el artículo 1004-A se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será notificada de que tiene que presentar toda la información requerida y se le hará de su conocimiento que en caso de no hacerlo se dará por sentado que no cuenta con ella.
«Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización”, indica el artículo en la iniciativa de ley.
De acuerdo con Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, este es un avance para evitar que los empleadores impidan las inspecciones “considero que se deben cerrar todas las posibilidades que pueda tener la patronal para eludir la inspección, justamente en el dictamen ya se toman medidas en la legislación laboral y fiscal; creo que haría falta tomarlas también en materia penal, para garantizar que no haya posibilidad de eludir la inspección sin una sanción tanto al patrón , como quienes pudieran ser cómplices en la negativa, oposición y/o elusión a la diligencia”.
Por su parte Fernando Yllanes, presidente la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, comentó que ha existido en la ley laboral las sanciones por negarse a una inspección; pero “ahora con la reforma se enfatiza en las inspecciones vinculadas a la subcontratación; se debe saber que con estos cambios si llega una denuncia anónima se atiende y si la parte patronal no muestra los documentos puede hacerse acreedor de una multa”.
Yllanes, detalló que con esta nueva redacción se pretende desalentar que las empresas utilicen malas prácticas, es más, dijo, “la información que tiene el IMSS, ahora también será compartida con la Secretaría de Trabajo, es decir que de cualquier manera la autoridad tendrá que los datos de las empresas que tienen trabajadores con esquemas de subcontratación, la cual sí está permitida, pero sólo especializada”.
Recordó que en el Padrón Nacional solo se registran las empresas tercerizadoras; no así los contratos; “quien reporta los contratos es la empresa, la que sí tiene una relación patronal, y son esos datos los que ahora serán compartidos entre autoridades”.
En tanto, Héctor de la Cruz, del despacho DMAbogados, comentó que “el hecho de no permitir la inspección y no presentar la documentación o evidencia requerida hace presumir que se incumplieron las normas de trabajo que se pretendían verificar a través de la inspección, por esa razón además de la multa por no permitir realizarla se hará acreedora a las multas por el incumplimiento, con violación de los derechos de los trabajadores”.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados realizará ajustes al proyecto de dictamen de la reforma de subcontratación, por lo que la votación del documento, junto con la Comisión del Trabajo, se suspendió este jueves y se pospuso para la próxima semana.
Una de las precisiones, la más “grave”, señaló en entrevista la diputada Patricia Terrazas (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda, tiene que ver con el plazo de tres meses que se les da a las empresas para transferir al personal subcontratado a su propia nómina.
“Da la impresión de que la parte laboral entra en vigor al día siguiente” de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “y no a los tres meses, y es por una redacción desafortunada”, advirtió en entrevista el abogado Jorge Sales Boyoli, presidente del comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El artículo cuarto transitorio del nuevo proyecto de reforma indica que no es obligatorio que las compañías de subcontratación transfieran los bienes objeto de la empresa en un plazo de tres meses, siempre y cuando transfiera a la compañía beneficiaria “a los trabajadores de que se trate en dicho plazo”.
Es decir, no señala claramente que las organizaciones tienen un tiempo permitido de tres meses para incluir en sus nóminas a las personas trabajadoras que laboran en sus instalaciones o para su beneficio, pero que están contratadas por otra razón social, práctica conocida como insourcing.
“Son precisiones mínimas, pequeños detalles. Pero es mejor dejar todo muy claro”, comenta Patricia Terrazas. La legisladora federal, quien han sido vicepresidenta nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también reconoció “lo que yo quiero es ganar tiempo para que se puedan hacer las cosas bien. Porque si no, habría irregularidades fiscales y laborales, y se queda mucha gente en el limbo”.
“Que lo estudien”
En noviembre, cuando llegó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obradir, “querían votarla fast track”, apunta. Pero con la convocatoria a un parlamento abierto, el tercero que se realizaba sobre el tema y en el que se incluyó a un mayor número de abogados empresariales y representantes de la iniciativa privada, la diputada logró ganar el tiempo que dice.
En otro frente, en diciembre, los sindicatos empresariales consiguieron llegar a un acuerdo con el Ejecutivo federal y pausar la discusión hasta el siguiente periodo de sesiones. Es decir, después de febrero. “Han habido conversaciones y diálogos y las empresas han tenido tiempo de ir regularizando su situación”, acepta la legisladora.
El periodo de tres meses no era el que pedían. Las empresas querían que la entrada en vigor fuera hasta el 2022. Pero de noviembre a agosto —considerando que se publique en mayo— han tenido un buen plazo, dice Patricia Terrazas.
Sin embargo, según señala la legisladora, la Comisión del Trabajo no le notificó que convocaba a una reunión con la Comisión de Hacienda. Dicha instancia legislativa es presidida por el diputado Manuel Baldenebro (PES), una de las fracciones aliadas de Morena. La iniciativa fue turnada a ambas comisiones, por lo que se deben poner de acuerdo para dictaminarla en conjunto.
“Cometieron un error, porque no me habían avisado, así esto no podía transitar”. Hasta la noche del miércoles Manuel Baldenebro se comunicó con la diputada para ponerla al tanto, según comenta. “Le indiqué que no sabía en qué condiciones iban a sesionar ni con qué documentos. Yo apenas lo estaba recibiendo y no lo había leído. El presidente respondió que él tampoco, pero que lo veíamos mañana. Le dije que no”.
Este viernes, vía zoom, reinstalarán la sesión de las comisiones unidas para circular el proyecto de dictamen de manera formal. “Que tengan más de 48 horas para estudiarlo, espero que lo estudien, y que la siguiente semana lo someteremos a votación”, puntualiza Patricia Terrazas.///
Los sindicatos en Aguascalientes han cumplido con sus obligaciones de transparencia
Sindicatos estatales son considerados sujetos obligados desde el 2014
Todo miembro de un sindicato tiene derecho a conocer en qué se ejercen las aportaciones voluntarias que se hacen a estos organismos. Los sindicatos estatales han cumplido cabalmente ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA)
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó con las impugnaciones que presentaron sindicatos y avaló los principios en la democracia sindical, negociación colectiva, la transparencia y rendición de cuentas. Con esta acción se da paso firme con lo establecido en el decreto del primero de mayo con las reformas laborales.
Respecto a la transparencia, los sindicatos en Aguascalientes son reconocidos como sujetos obligados desde el 2014, quienes han sido verificados desde hace tres años por parte del ITEA.
El sindicato de Trabajadores del Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo León Mujica, de Trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes, el Único de Trabajadores del Hospital Hidalgo y el Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes son algunos de los sujetos obligados en el estado, debido a que ejercen recursos públicos. La mayoría del resto de sindicatos al ser de índole nacional deben de transparentar ante el INAI.
El comisionado presidente del ITEA, Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, informó que no ha habido multas aplicadas a los sindicatos porque han cumplido en materia de transparencia.
“Es importante distinguir la transparencia de los recursos públicos y otra la aportación de la cuota voluntaria. Es el mismo aportante que tiene la facultad de exigir que se aclare en qué se utiliza la cuota, estamos hablando no solo del derecho de transparencia, sino también del derecho como integrante del sindicato que aporta una cantidad económica”, comentó.
Se mantendrá la medida de secrecía al voto que realicen los trabajadores.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en Hidalgo anunció que los contratos colectivos de trabajo que realicen los sindicatos serán públicos, ya que implementarán una plataforma para dar difusión con el objetivo de que los trabajadores estén informados, por lo que están en proceso de digitalizar dichos docuementos.
Por lo anterior, el organismo que forma parte del nuevo modelo de justicia laboral, detalló a través de un informe que trabaja en conjunto con las Juntas de Conciliación y Arbitraje para hacer públicos los contratos colectivos, aunque se mantendrá la medida de secrecía el voto que realicen los trabajadores durante el proceso de consulta para legitimar dicho contrato.
En tanto, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del CFCRL, detalló que el organismo enfatizado en lo laboral debe verificar que el procedimiento de consulta para validar los contratos colectivos, por lo que tienen que asegurar que antes de la aprobación cada trabajador tuvo acceso a la información por lo menos tres días antes, así como revisar que en la consulta no existió coacción y el voto haya sido personal y secreto.
En Hidalgo, desde el 18 de noviembre de 2020 inició la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Desde esa fecha, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje informó que ya no atendería temas relativos a sindicatos, por lo que serían competentes del CFCRL Hidalgo, cuyas instalaciones están ubicadas en la colonia Exhacienda de Coscotitlán , de Pachuca.
A nivel nacional, existen ocho centros federales de conciliación y registro laboral distribuidos en Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México, Durango, Zacataecas, Campeche, Chiapas y Tabasco, además de las oficinas centrales ubicadas en Ciudad de México; también se tiene la opción de conciliación a distancia.
