La reforma en pensiones planteada por el Gobierno federal debe complementarse con una reforma en materia laboral que apoye la formalidad del empleo para que haya un verdadero crecimiento económico, consideró un especialista consultado.
Propuesta de el Reforma 7/08/2020
El proyecto de reforma contempla un incremento escalonado en la aportación patronal para subir de 5.15 por ciento a 13.87 por ciento del salario en ocho años, sin modificar la participación del trabajador que actualmente es de 1.125 por ciento.
Aunque la cuota social se escalonará de acuerdo con la percepción del trabajador para no generar una carga al empleador, esta deberá hacerse en conjunto una reforma fiscal y laboral que permita a las empresas no disminuir su rentabilidad, señaló Juan Carlos Cruz, especialista en Afores e inversiones.
La reforma laboral, a raíz de estos cambios, debe ir en el sentido de evitar que las empresas migren a modelos informales o que limiten las prestaciones de los trabajadores.
Incluso, que puedan los empleadores tener mayores deducciones, comentó.
«Una reforma laboral que aporte a la finalidad del empleo porque ahí es donde vamos a tener mayor incentivo para que las Afores puedan captar más recursos.
«Otro tema que es importante añadir es la flexibilización para no penalizar en semanas a las personas que salen temporalmente del campo laboral por cuidado infantil, así como los trabajadores independientes que puedan gozar además de una Afore voluntaria, a incentivos que lo mantengan dentro de la formalidad», abundó quien también es trader de cambios en la Banca Nacional de Desarrollo.
Cruz Tapia recordó que en México hay miles de sistemas de pensiones diferentes, por lo que otra de las rutas es trabajar en una reforma integral de pensiones para que se logre impactar a un grueso de población más amplio.
«Lo que se está reformando ahorita es básicamente para los que cotizan en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), pero tenemos sistemas de pensiones privados en universidades, en empresas del Gobierno.
«Tendríamos que homologar lo más posible los sistemas actuales y de ahí comenzar a trabajar porque realmente esta reforma propuesta está ayudando nada más a una parte de la población económicamente activa, si bien es un paso importante, es un nicho muy pequeño», expuso el especialista.
Alistan cambios
La reforma en pensiones no modifica la aportación del trabajador, que actualmente es de 1.125 por ciento.
LOS PLANES
· Incrementar la aportación total de 6.5 por ciento a 15 por ciento.
· Elevar la aportación patronal 5.15 por ciento a 13.87 por ciento.
· La aportación del patrón puede ir desde 5.151 por ciento para trabajadores con ingreso de 1.0 salario mínimo hasta 13.875 por ciento para trabajadores con ingreso de 25 UMAS.
· Para el caso del Gobierno, la cuota social propuesta va de 8.724 por ciento para trabajadores con ingreso de 1 salario mínimo a 1.798 por ciento para los de 4 UMAS.
Zacatecas.- El 15 de noviembre entran en operación en Zacatecas los Tribunales Laborales locales y federales; los Centros de Conciliación locales, y las oficinas estatales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya que en esta fecha inicia en el estado la Reforma Laboral, informó el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Norma De Luna 7/08/2020
Es importante destacar que, una vez que entren en operación los tribunales y centros de conciliación, las Juntas de Conciliación y Arbitraje ya no recibirán más asuntos.
«Para luego desaparecer.»Las Juntas de Conciliación y Arbitraje irán hacia la extinción, aun no se cierran porque tienen bastantes juicios y laudos por ejecutar»,sseñaló el director.
¿Cómo funcionarán?
Alfredo Domínguez, explico que los casos nuevos que haya entre patrón y trabajador deberán llevarse a la oficina de conciliación local.
«Sí ahí no se logra conciliar pasan al tribunal local» dijo.
Los casos que se resuelven de manera local son aquellos relacionados a la construcción, servicios, hotelería, restaurantes y tiendas de autoservicios, por mencionar algunos.
Por otro lado, los de carácter federal son aquellos relacionados a la industria automotriz, mecánica, minera, química, faracética, cervecera, por ejemplo.
El director señalo que el objetivo de estos es agilizar las resoluciones para el demandante, ya que hay casos que tienen más de cinco años sin respuesta.
«El objetivo es agilizar la justicia que, haya resoluciones menos demoradas y juicios más breves», dijo.
Para el nuevo modelo, se harán nuevas contrataciones con el personal capacitado y que sea experto en esta área.
Dicen que los trabajadores informales también podrán hacer valer sus derechos de maneras menos complicadas y sin trabas
Esta propuesta es pionera en materia de derecho laboral en todo el mundo: Esteban Martínez
La Reforma Laboral buscará democratizar el sistema de los sindicatos para que los trabajadores sean representados de una manera, además de que los procesos legales serán más sencillos y menos abusivos con los trabajadores, haciendo énfasis en que esta propuesta es pionera en materia de derecho laboral en todo el mundo.
Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aseguró que la reforma que está por entrar en vigor en algunos estados, incluyendo a Zacatecas, puso a México como referente mundial en materia de derecho laboral, porque es una deuda que se tenía a los mexicanos desde los 90 y que de trabajó de tal manera que diversos países han reconocido esta reforma como una de las más avanzadas hasta ahora.
Los trabajadores informales también podrán hacer valer sus derechos de maneras menos complicadas y sin trabas, pues esta iniciativa dará fe incluso a aquellos trabajadores que laboran sin un contrato escrito, proporcionando maneras de conseguir el apoyo que les sea necesario, sin mencionar que se podrán agilizar los procesos legales, porque no será necesario entrar a juicio para la resolución de conflictos entre un empleado y un empleador, a menos que la situación no pueda ser resuelta en el plazo de 45 días que le otorgará a cada caso, pero al asegurar que los juicios serán orales se agilizaría el proceso del mismo para causar los menos estragos a la economía de los empleados como sea posible.
El proceso de elección de representantes en los sindicatos también tendrá que cambiar, ya que se busca que todos y cada uno de los miembros de los sindicatos puedan votar y decidir quién será la cabeza de las instituciones, porque de esta manera se podrá garantizar que los trabajadores sean escuchados y eliminar en lo posible las maneras de elegir de manera fraudulenta y que se rindan cuentas como es debido a todos los trabajadores miembros de los sindicatos.
De los lugares donde se implementará la primera etapa de la reforma en noviembre de este año, los estados como México y Zacatecas no habían sido contemplados para la primera etapa de implementación de la reforma, pero los gobiernos de estos mostraron gran interés en ser parte y, en especial Zacatecas, demostró con el Ejecutivo y Judicial que habían modificado de manera óptima el marco para adecuarse a la reforma, lo que dio la confianza para hacerla llegar en primera instancia, sin embargo cabe mencionar que hay 495 sindicatos en el estado, de los cuales 110 se encuentran activos y de estos, sólo 39 han adecuado sus estatutos para dar espacio a lo que conlleva la reforma, los restantes tendrán que cumplir con lo requerido en un plazo no mayor de 17 desde que esta entre en vigor.
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Campeche son los estados que forman parte de la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral en noviembre.
Disposiciones. Para evitar demandas se realizó una revisión exhaustiva de controles y aspectos de la vida sindical de Refractarios Zedmex, asegura su CEO, Roberto Olvera.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) trajo cambios importantes que las pequeñas y medianas empresas (pymes) deben cumplir para no ser víctimas de demandas, particularmente en el ámbito laboral.
Refractarios Zedmex, con sede en Monterrey, Nuevo León, y fundada en 1979, exporta desde hace años a Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, por lo que conoce bien los procedimientos en la parte industrial.
Sin embargo, con la entrada del nuevo acuerdo comercial las adecuaciones se concentraron en los recursos humanos.
Zedmex produce piezas especiales de cerámica refractaria para industrias como la siderúrgica, petrolera, química y cerámica.
En entrevista con MILENIO, Roberto Olvera Rodarte, CEO de Zedmex, comentó que si bien el T-MEC traerá beneficios importantes a las pymes que como ellos exportan a EU y Canadá, deben estar muy bien informadas ante las nuevas disposiciones que el acuerdo conlleva.
Olvera señaló que en su caso tuvieron que revisar todos los controles y aspectos de la vida sindical de la firma para no estar en riesgo de demandas laborales. “Hicimos pequeños ajustes en nuestro contrato colectivo, revisamos bien con los abogados que todo esté en orden, es decir, una buena revisada a la que dedicamos semanas para cumplir con el T-MEC”.
Al respecto señaló que “puede haber pendientes en sectores donde se va a requerir que haya un grado de integración mínimo y la incorporación de salarios mínimos, que no sé si nos vaya a afectar a nosotros o a nuestros proveedores o clientes.
“Tuvimos que adecuar los documentos que teníamos para generar nuevos certificados de origen, checar cómo serán impactadas nuestras materias primas con el T-MEC y sobre todo nuestros productos terminados”, explicó.
Respecto a las modificaciones de contenido regional dijo que hicieron “una investigación de cómo podemos aumentar nuestro grado de integración y tratar de comprar más productos de la región, en lugar de traerlo de otros países”.
Explicó que como pyme no tienen una estructura con áreas específicas de comercio exterior, legal u otras por lo que “tuvimos que acercarnos a fuentes como las cámaras empresariales o agentes aduanales para mayor información”.
La implementación de la reforma laboral empieza en noviembre de este año y estará cumplimentada en tres años, incluso antes de lo que indican los plazos transitorios, afirmó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
El CCE y las Secretarías del Trabajo y Economía presentaron una guía de autodiagnóstico para que empresas exportadoras o sus proveedoras sepan si están en riesgo de ser denunciadas bajo las reglas laborales del T-MEC.
La implementación de la reforma laboral empieza en noviembre de este año y estará cumplimentada en tres años, incluso antes de lo que indican los plazos transitorios, afirmó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Durante su participación en una conferencia virtual convocada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, para presentar el Autodiagnóstico Laboral y el Lanzamiento de la página web CCE-TMEC, Alcalde Luján añadió que la implementación de la primera etapa de la Reforma Laboral empieza en noviembre con el arranque de operaciones de los tribunales laborales locales y federales, y las oficinas de registro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en ocho estados del país.
La Reforma Laboral estableció dos años para que ese Centro de Conciliación y Registro entre en operación, los cuales se cumplen en mayo de 2021, también dio tres años para que estén instalados los tribunales e implementado todo el nuevo modelo laboral en los estados del país y cuatro años en la Federación; sin embargo, el plan oficial es concluir un año antes.
“Lo registral en todo el país estará implementado el 1 de mayo de 2021, y así se irá con todas las etapas para concluir en mayo de 2022 con el modelo laboral en todo el país”, aseveró Alcalde Luján.
La implementación de la Reforma Laboral es observada de cerca por Estados Unidos, por lo que el mecanismo de autoevaluación laboral presentado ayer pretende ser la medida preventiva que evite que empresas exportadoras o sus proveedoras sean sorprendidas denegando a sus trabajadores derechos laborales básicos, pero que suelen no respetarse en México, como la libertad sindical y la negociación colectiva.
Para la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, participante en la conferencia, el mecanismo es una manera de inmunizar a las empresas ante el riesgo de que sean denunciadas y ello dé lugar a la instalación de un panel laboral, como prevé el T-MEC y a una sanción que puede ser tan estricta como evitar la entrada de sus productos a Estados Unidos bajo los beneficios arancelarios del Tratado.
El autodiagnóstico es un documento de ocho páginas en el que se explican las bases legales de los compromisos asumidos en el T-MEC en materia laboral y los sanciones por su incumplimiento, además de un cuestionario de 45 preguntas sobre prácticas laborales referidas únicamente a derechos de sindicación y contratación colectiva, que son los que pueden generar una queja y con ello producir consecuencias directas para empresas exportadoras o las que son parte de la cadena de suministro bajo el mecanismo del T-MEC conocido como Respuesta Rápida.
Elaborado por equipos técnicos del CCE, Secretaría del Trabajo y Economía, el autodiagnóstico pretende identificar los focos rojos y permitir que las compañías conozcan el grado de cumplimiento o si existe alguna denegación de los derechos de sindicación o negociación colectiva. El autodiagnóstico está disponible en la página web CCE-TMEC, habilitada ayer mismo y de acceso gratuito con información de carácter legal, estadístico, noticioso y arancelario.
Los funcionarios lo describieron como una guía para que los empleadores sepan qué pasará en los siguientes 40 días en el caso de que haya una queja con ellos, empezando por la elaboración de un expediente para dar respuesta a la queja, identificar si hay o no denegación de derechos, y si lo hay, sugerir que haya un recurso de reposición, el cual tiene que ser proporcional a la denegación de derechos cometida para que satisfaga a ambas partes, y con ello evitar la instalación de un panel o la visita de los panelistas a los centros de trabajo.
Alcalde Luján señaló que el autodiagnóstico es esencial para enfrentar los retos derivados de los compromisos suscritos por México con Estados Unidos y con Canadá, y trata de facilitar a las empresas grandes, pequeñas y a todos los centros de trabajo que puedan identificar en qué situación se encuentran con relación con sus obligaciones legales en materia de libertad sindical y de negociación colectiva.
Funcionarios de la Secretaría del Economía aseguraron que hasta ahora esa dependencia no ha recibido la notificación de algún caso de denuncia.
Sin embargo, es patente que las prácticas laborales en México están bajo la mirada de empresas y autoridades de Estados Unidos, algo que Alcalde Luján no aceptó llamar presión, sino seguimiento puntual.
Alcalde Luján añadió que desde el gobierno están emprendiendo una forma totalmente nueva de entender las relaciones laborales en el país, en la que los vaivenes de la discrecionalidad y los criterios políticos en la relación de empleadores y trabajadores con el gobierno han sido reemplazados por completo por reglas del juego claras que dan certeza a los sectores.
“Si cumplimos con la ley laboral, cumplimos con el tratado comercial”, expresó.
Son los sindicatos los responsables de convocar a una votación libre, directa y secreta en la que deberán de votar los trabajadores en favor o en contra del contrato colectivo, dijo la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación
Ivette Saldaña 5/08/20
Con la reforma laboral mexicana, hecha en el 2019, se abrió el reto de legitimar 560 mil contratos colectivos, de los cuales corresponden a 6 mil maquiladoras del país; si bien aún faltan tres años para lograrlo, los avances son pocos, por diversas causas, entre ellos la pandemia.
Pese a que el escenario preocupa a las empresas, son los sindicatos los responsables de convocar a una votación libre, directa y secreta en la que deberán de votar los trabajadores sindicalizados en favor o en contra del contrato colectivo de trabajo, dijo el director del Comité nacional laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Álvaro García Vargas.
Explicó que hasta la fecha hay 168 contratos colectivos que ya se aprobaron por los trabajadores en votaciones, lo que es muy poco comparado con la cantidad de contratos que existen en el país. En el caso de la maquiladoras el avance es similar, dijo a EL UNIVERSAL.
Se trata de 6 mil contratos aproximadamente del sector maquilador, pero solamente de los socios de Index son mil contratos colectivos, de los cuales menos de 10 ya se sometieron a votación.
Expuso que el problema es que la pandemia por el Covid-19 interrumpió los esfuerzos porque las maquiladoras iniciaron con una campaña de difusión y de capacitación para que los sindicatos iniciaran con este proceso en febrero pasado, algo que ya no se logró seguir cuando inició el confinamiento por la pandemia.
“Promovemos esta tarea, creemos que es un instrumento positivo que existe, que requiere prepararse, que requiere que el sindicato lo solicite, no es que la empresas legitimen el contrato, no es una acción que la empresa realice, el sindicato tiene que registrarse con una plataforma que la Secretaría del Trabajo dispuso…luego se hace la solicitud para legitimar un contrato, así que requerimos la acción del sindicato”, expuso.
Afirmó que otro problema que se registra en el país es que hay contratos de protección, que se celebraron a espaldas de los trabajadores, por lo que solamente 140 mil pasarán verdaderamente por el proceso de legitimación que consiste en que sean aprobados por los trabajdores mediante voto personal, libre, secreto y directo.
Hace una semana, el ahora titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que se tiene hasta el primero de mayo de 2023 para legitimar todos los contratos existentes, y, de acuerdo con los estudios de la Secretaría del Trabajo, existen 560 mil contratos colectivos a nivel nacional, de los que 532 mil corresponden al ámbito local y 28 mil al ámbito federal.
Ante las afectaciones a los puestos de trabajo por el confinamiento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha convertido en una de las dependencias clave en la gestión de esta crisis.
José Lebéña 05/08/20
La secretaria confía en que sea este mes cuando comience a recuperarse la economía y con ella la generación de empleo, especialmente por el impulso de la construcción.
Luisa María Alcalde, la secretaria más joven del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador
Con tan sólo 32 años, Luisa María Alcalde es la integrante del gabinete presidencial más joven, y como tal ha puesto todo su empeño en revisar las políticas laborales que tanto aquejan a quienes buscan su primer empleo en el país.
Además, como mujer se ha centrado en promover políticas de equidad salarial para ambos sexos. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 que afecta no sólo al casi millón de mexicanos que han perdido su empleo desde marzo, sino a toda la población en edad de trabajar, le ha puesto nuevos retos en su puesto, pues tiene que afrontar no sólo la recuperación de fuentes laborales, sino también cómo legislar el home-office, las vacaciones y evitar que se violenten los derechos de los trabajadores.
A pesar de las advertencias del gobierno, en medio de la contingencia sanitaria ha habido despidos y reducciones de salarios, así como despidos sin pago de liquidaciones de ley, ¿cómo ha afectado los derechos de los trabajadores la pandemia por Covid-19?
— Yo creo que México no es la excepción, en el mundo entero esta situación del Covid-19 ha llevado a una situación muy dolorosa, no sólo por la parte sanitaria, sino también por la cuestión económica. La gran mayoría de actividades productivas debieron suspenderse y eso implica una situación compleja tanto para los empleadores, como para los trabajadores. Dos temas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los despidos injustificados, suspensiones de salarios, como mandar a los trabajadores a casa sin derecho a sueldo, lo hemos tratado por parte de la Procuraduría de Defensa del Trabajo Federal. Es una atención mucho más amplia e inmediata, no sólo presencial, también digital que permite orientar jurídicamente a los trabajadores y empleadores, promoviendo mucho que se generaran consensos de las dos partes, porque no puede existir la imposición de uno sobre otro. Lo ideal, y es a lo que hemos apostado, es la conciliación, pero también la Procuraduría puede defender jurídicamente a trabajadores cuando no hay o no se alcanza un acuerdo.
En el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se encarga de la impartición de justicia en la parte federal, se está estableciendo una junta especial que dará trámite a todos los casos por Covid-19 de manera que permita agilizar y hacer más rápida la solución de estos despidos.
Tenemos un problema grave en el país donde los juicios laborales tardan muchísimo en resolverse. Parte esencial de la reforma laboral que estamos implementando, es dar respuesta a este problema tan severo que tiene tardanzas que van de uno a tres años.
¿El Covid podría fungir como una enfermedad laboral en esta nueva normalidad?
— Sí, las incapacidades se han venido dando por enfermedades respiratorias por el tema del Covid e incluso, por esta relación tan cercana con el IMSS, en los casos en donde en una empresa o centro de trabajo identificamos un incremento muy importante por enfermedades respiratorias, siempre acudimos para estar seguros de que no se trate de un brote o que sea algo vinculado a que no se tienen las medidas necesarias. Por lo tanto, las incapacidades se dan también por el Covid.
En lo que respecta al teletrabajo, ¿qué se requiere para que tanto empresas como oficinas públicas no incurran en abusos por las jornadas laborales, bajas de salarios y apoyos a insumos y material de trabajo?
— La pandemia nos ha enfrentado con varias realidades, una en materia laboral es ésta. Necesitamos repensar y discutir, en conjunto con el Congreso, con miras a que no se violen derechos, en el entendido de que las actividades que se puedan realizar en casa, eso no signifique que se exceda la jornada laboral permitida por la ley. Ver en qué condiciones, quién pone qué insumos y esa es una discusión que esperemos se esté dando en las próximas semanas; ya se inició la propia academia, ya ha planteado la disponibilidad para acompañar este proceso de discusión. En otros países del mundo ya se tienen legislaciones específicas, pero el mundo del trabajo tiene que adecuarse a esta nueva realidad que es el trabajo en casa, pero también a lo que vemos más intenso con las plataformas que te llevan insumos, alimentos…y por tanto, el mundo laboral, que en nuestro caso es la Ley Federal del Trabajo y del IMSS, deben entender que estamos frente otra realidad que ya no es la relación laboral tradicional, de un solo empleador, un lugar de trabajo, un trabajador y un horario en específico, sino cómo podemos restablecer esas nuevas realidades ahora; eso debe legislarse en el Congreso, pero nosotros lo seguiremos de cerca con nuestra experiencia.
La IP busca un pacto nacional para la reactivación con un salario de emergencia, ¿es posible articularlo? En otros países como Chile o España crearon los ERTE para apoyar tanto a empresas como a trabajadores.
— Creo que puede discutirse, pero la enorme prioridad la tenemos que dar abajo, se están dando los créditos a la micro y pequeña empresa, pero todo el esfuerzo del gobierno va dirigido a la gente más vulnerable, pero no los de hasta abajo, sino al 70% de las familias en México.
Todos los recursos se destinan a esta situación, es importante valorar las diferentes opiniones y propuestas, pero siempre teniendo en cuenta que a los que hay que proteger son a los de abajo.
¿Qué ha pasado históricamente? Que se protege a los de arriba, a las empresas y al final eso no acaba generando un impacto a los de abajo.
Recordemos los altos números de informalidad, hay muchas personas que viven al día y que de no haber obtenido esos recursos hubiese sido muy difícil pedirles que se queden en casa como en el caso del Covid.
Hoy tenemos la certeza de que más del 95% de las familias en las zonas indígenas reciben por lo menos un apoyo del gobierno, a veces más de uno, porque puede ser que una familia cuente con un estudiante becado y que su madre reciba el apoyo a madres trabajadoras.
Recientemente publicamos en Publimetro que cerca del 80% de las ofertas laborales son fraudulentas y existe demasiada simulación laboral en el país, ¿cómo trabaja el gobierno para contrarrestar estas prácticas abusivas?
— Lo que ha sucedido en los últimos seis años de la administración anterior. Ahí podemos ver un incremento importante en dos realidades, uno es la simulación de las relaciones laborales, se genera a través de contratos civiles y no laborales, de prestación de servicios, cuando en realidad se tienen relaciones laborales y todas las condiciones de una.
Por otro lado, también vemos la subcontratación abusiva, que también ha sido una figura que se expandió sin ningún tipo de regulación y límite.
Hemos avanzado bastante de la mano del Congreso, para poder contar con una regulación que permita establecer límites claros y, sobre todo, herramientas y dientes a las dependencias para poder intervenir y regular de manera mucho más eficiente.
Se ha hecho un trabajo muy interesante. Cuando llegamos aquí, no había habido una sola inspección en materia de subcontratación, también cuando hay simulación de relaciones laborales y ahora, en conjunto con información del IMSS, es muy importante, pero también del SAT, porque ahí es donde podemos identificar todas estas simulaciones con la UIF y de la Procuraduría Fiscal. En conjunto, todas las dependencias hicimos una estrategia de intervención ubicando estos abusos, se ha avanzado y seguiremos por esa ruta, pero consideramos que es importante que exista una regulación y modificación a la Ley Federal del Trabajo que permita mayor eficiencia en esta tarea.
En tan sólo dos años el salario mínimo ha sufrido uno de los mayores avances de la historia del país, ¿hacia dónde se encamina para 2024?
— Uno de los pilares y prioridades de la secretaría es la recuperación del salario mínimo, es una prioridad del gobierno y es importante señalar que los avances que hemos tenido son históricos, 35% del poder adquisitivo se ha recuperado en estos años que llevamos, se ha hecho por consenso con el sector empresarial y con el sector obrero.
Creemos que esta es la ruta a seguir. Históricamente, el gran fantasma era que no se podía subir el salario mínimo porque iba a haber inflaciones altísimas, que iba a haber una distorsión, y ya demostramos que no es así, que en realidad es una política efectiva.
Y que no podemos seguir sosteniendo que durante 40 años se perdió el 70% del poder adquisitivo, el salario mínimo se quedó por debajo de la pobreza, ni siquiera alcanzaba para que un trabajador comprara su canasta básica.
Tenemos que ir avanzando a que el salario mínimo sea lo suficiente no sólo para la canasta básica del trabajador, eso ya lo tenemos, sino también para que alcance para el trabajador o trabajadora y un dependiente económico. En la mayoría de las familias no es nada más quien trabaja, sino los hijos que conforman el núcleo familiar, y tenemos que ir avanzando hacia allá.
Obviamente con mucha responsabilidad y siempre con un diálogo abierto, creemos que es importante que sigamos avanzando en la recuperación del salario mínimo.
¿Me podría dar un monto ideal?
— Si en dos años logramos 35%, esperamos poder seguir con esa tendencia.
Lo que se ha demostrado es que no podemos apostar a ser un país competitivo por sus bajos salarios, por la precarización laboral, por prometer que no habrá sindicatos ni huelgas ni conflictos laborales.
Lo que necesitamos hacer es proteger derechos y fortalecer la posibilidad de mejoras a las condiciones laborales, una ruta es el salario mínimo, pero no puede ser la única.
La otra es la negociación colectiva, la posibilidad de que los trabajadores puedan negociar cada año los salarios; y cada dos años su contrato y condiciones laborales para irlas mejorando.
Y si hablamos de vacaciones, los mexicanos son los que más horas pasan en el trabajo y en conjunto los que menos vacaciones tienen entre los países de la OCDE.
— Es otro de los temas que hay que verlo en sus dos dimensiones, no sólo es la parte legislativa, sino también a través de las negociaciones como se van mejorando las condiciones.
Hay que entender que la LFT establece lo mínimo, por ahí no puedes negociar nada, pero el problema es que lo mínimo no es de ninguna manera lo deseable.
Por eso las negociaciones tienen que reflejar que se mejoran las vacaciones, prestaciones y sobre todo el salario; esa es la clave de ir viendo una recuperación del salario mínimo y del promedio. Que lo hemos visto en estos dos últimos años, esa es la gran apuesta para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿cuántas empresas inscritas han incumplido con la labor de capacitar a los jóvenes y sólo se quedaron con el recurso?
— Ha sido un programa fundamental que atiende a una realidad en nuestro país de millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, no porque no quieran sino porque no hay alternativas, no ven posibilidades.
Estos jóvenes se encuentran en zonas urbanas y rurales, no hay distinción entre jóvenes que concluyeron sus estudios y los que no. Ha logrado atender a ese sector de la población, alejándose de la actitud anterior de llamarlos “ninis” y estigmatizarlos como si fuera su culpa.
Ha permitido atender eso y ha sensibilizado a las empresas de todo tipo, ahora incluyen e incorporan a los jóvenes de sus comunidades y los forman.
Ha habido una sensibilización de lo que significa la capacitación en el trabajo, que no era algo muy desarrollado en nuestro país. Al principio muchas empresas decían ante el programa “¿yo qué gano? Yo lo voy a formar, pero ¿qué gano?”
Hoy vemos cada vez más interés en él, ya que en la medida en que van formando a estos jóvenes, no sólo se enriquecen de su trabajo y ganas, sino les ayuda a formar a sus futuros colaboradores.
Muchas veces los empleadores no encuentran a los perfiles idóneos para sus vacantes, este programa ayuda a que una vez que los incorporan y forman, también desarrollan las habilidades y competencias que requieren las industrias para ser más productivas.
Ha habido un balance interesante y ahora, frente al Covid-19, es cierto, muchas empresas suspendieron actividades o las atienden desde casa; pero también ha atendido a una problemática adicional del sector de los jóvenes.
La beca de 3 mil 748 pesos mensuales es igual a un salario mínimo y se tiene cobertura médica, que hoy en día es algo fundamental. Es fundamental no sólo la experiencia, sino el certificado firmado por el presidente de la República que les sirve como una especie de carta de recomendación para aquellos que pidan trabajo en algún lado.
Alfredo Domínguez dijo que la mayoría de los acuerdos carecen de respaldo de los trabajadores sindicalizados
Gabriel Xantomila 04/08/20
Eliminar todos los contratos colectivos de protección es el objetivo de Alfredo Domínguez Marrufo, recientemente nombrado director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). El funcionario aseguró que de los 500 mil contratos colectivos registros, dos terceras partes carecen del respaldo de varios de los trabajadores sindicalizados.
“(Son) los denominados contratos de protección, por lo que estamos hablando de un promedio de 170 y 150 mil están realmente vivos, por eso vamos a legitimar solo una parte de ellos y aquellos que no se ajusten a las nuevas reglas, los trabajadores no van a aprobar a sus dirigentes y será difícil que mantengan su registro en cuanto a toma de nota”, dijo.
En entrevista con El Sol de México, Domínguez Marrufo explicó que este nuevo centro tiene la misión de devolverle el poder a los trabajadores para acabar con los abusos de sindicatos que solo extorsionaban a los empleadores, tal como lo plantea la reforma laboral del año pasado y el T-MEC.
Un contrato colectivo de protección es un acuerdo firmado entre un patrón con un líder sindical sin el permiso de sus agremiados, y que normalmente afecta los derechos de los trabajadores.
“(Hay) supuestos líderes de sindicatos que emplazan una huelga por la firma de un contrato colectivo sin tener ninguna representatividad. Hoy tendrán que demostrar que cuentan al menos con 30 por ciento de respaldo de la fuerza laboral”.
Con la reforma laboral, los sindicatos tendrá que presentar ante el nuevo Centro sus estatus que contengan un método democrático para la elección de sus dirigentes. Aunque el periodo para hacerlo ya comenzó, aún falta 80 por ciento de las organizaciones sindicales por cumplir con este requisito, en especial las locales. «Los trabajadores deben conocer que pueden ejercer este derecho que creen perdido desde hace mucho, pues cuando han tratado de involucrarse en lo sindical y contratación colectiva. Han sido reprimidos, padecido represalias y objeto de discriminación, pero cuando vean que está garantizado desde todas las autoridades su participación y que es para mejorar sus condiciones de trabajo será diferente».
SIN CACERÍA DE BRUJAS
Domínguez Marrufo, exsubsecretario del Trabajo, fue designado la semana pasada por el Senado de la República como el nuevo titular del centro, y prometió no comenzar una cacería de brujas. “Nosotros no vamos a actuar por consigna, la propia ley establece los principios. No es un cambio solo de normas e instituciones, es cambio cultural, (el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral) no va a poner ni a quitar líderes, eso le corresponde a los trabajadores, por eso se garantiza que puedan votar en plena libertad, en un lugar seguro, padrón confiable, sin injerencia de empleadores ni otros grupos ajenos”.
El titular del Centro comentó que los sindicatos deben ajustarse a la nueva regla: el respeto al voto personal, libre y secreto en elección de directivas y contratos.
El CFCRL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
El Centro estará instalado donde fue la Unidad de Funcionarios Conciliadores al sur de la Ciudad de México y en otras ocho entidades federativas, donde habrá tareas de registro y conciliación laboral: Tabasco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Estado de México y Durango, como primera etapa.
Domínguez comentó que el nuevo Centro es la joya de la corona de la reforma laboral. “Estamos acostumbrados a este tipo de retos, desde la sociedad civil y desde los movimientos sociales estuvimos picando piedra y ahora desde una institución pública con el respaldo de senadores para interlocución y concertación con el Poder Judicial, con organismos empresariales, sindicales y con entidades federativas. Es un compromiso internacional con el T-MEC la creación de este órgano y México se comprometió con los gobiernos de EU y Canadá para todos los recursos y fondos que sean necesarios para llevar a adelante este nuevo Centro”, recordó el funcionario.
CHANTAJE Y PROTECCIÓN
La autoridad laboral federal tiene activos a poco más de dos mil sindicatos renovando su dirigencia, mientras que a nivel local son 26 mil sindicatos registrados en Junta Locale de Conciliación y Arbitraje.
En cuanto a contratos colectivos de trabajo (CCT), el número aproximado es de 500 mil, lo que no quiere decir que estén vigentes, porque se calcula que una tercera parte ya habría cumplido su vigencia.
El resto de los contratos tendrá que ser ratificado por la mayoría de los integrantes de los sindicatos.
El Consejo Coordinador Empresarial lanzó un cuestionario que le permitirá a las empresas autoevaluar si su operación se apega a las reglas laborales que impone el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó una herramienta de autodiagnóstico para que las empresas verifiquen si cumplen con las nuevas reglas laborales establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El nuevo tratado comercial contempla una serie de disposiciones en materia laboral que las empresas que operan en México deben cumplir para evitar quejas de otros países y, en un escenario más severo, la prohibición de la importación de un producto mexicano a territorio estadounidense o canadiense.
Por ello, el CCE lanzó una herramienta que ayudará a las empresas mediante un cuestionario de 57 preguntas a autoevaluarse y verificar si su operación está respetando las nuevas reglas en materia laboral, como lo son la libertad sindical, la negociación colectiva auténtica y la no injerencia en la vida sindical, entre otros compromisos asumidos por México para la firma del T-MEC.
“Confiamos en que todos estos esfuerzos serán de gran utilidad para toda la comunidad empresarial que hace negocios con Estados Unidos y Canadá, para las empresas que ya están en la cadena de valor con América del Norte y para todos aquellos que buscan integrarse a estas actividades para seguir creciendo”, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Durante la presentación de la herramienta, Salazar Lomelín hizo un llamado al sector privado a aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el T-MEC, pero también a preparase para los nuevos desafíos que tendrán las empresas en materia laboral. “Hoy estamos cumpliendo el compromiso que hicimos en aquel entonces, de crear una herramienta muy precisa y ágil que ayude a las empresas a identificar estos posibles riesgos de denuncia”, agregó.
El formulario de autodiagnóstico puede ser usado tanto por Micro, Pequeñas, Medianas Empresas (MiPymes) hasta por grandes compañías. El cuestionario ayudará a los centros de trabajo a identificar si existe alguna denegación de derechos relacionados a libertad sindical, contratación y negociación colectiva.
Espaldarazo a la herramienta
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) avaló la iniciativa del CCE para poner en marcha la herramienta de autodiagnóstico, lo que permitirá democratizar el mundo del trabajo y construir relaciones laborales más equilibradas.
“La herramienta de autodiagnóstico es un elemento esencial para hacer frente a los retos derivados de los compromisos que suscribimos con Estados Unidos y con Canadá y trata de facilitar a todas las empresas, grandes, pequeñas, todos los centros de trabajo que puedan identificar en qué situación se encuentran en relación con sus obligaciones legales en materia de libertad sindical y de negociación colectiva”, dijo Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS.
En ese sentido, la funcionaria federal destacó que con el formulario de autodiagnóstico, las empresas pueden identificar las áreas que se deben mejorar y las rutas que se deben trazar para llegar a un cumplimiento total de las nuevas reglas del T-MEC.
La herramienta de autocumplimiento, resaltó la secretaria del Trabajo, está basada en dos pilares de la reforma laboral del 2019: el derecho de los trabajadores para constituir libremente sindicatos y afiliarse a una organización sindical, y la certeza de los procesos democráticos de los sindicatos como la elección de directivas, la celebración de contratos colectivos, los registros y los depósitos de los contratos y, los procesos de negociación colectiva.
“Considero que la adopción de una estrategia preventiva es una decisión acertada pues nos encamina a gozar de los beneficios comerciales que trae consigo el tratado comercial y va disminuyendo los riesgos de eventuales problemáticas o afectaciones que se puedan derivar de alguna denuncia de violación de estos derechos”, afirmó Luisa María Alcalde.
Por su parte, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, afirmó que el T-MEC es la oportunidad de relanzar las relaciones productivas con América del Norte, pero también representa un compromiso importante en materia laboral para las empresas que operan en México.
“La mejor manera de enfrentar estos retos es con información. Como en muchos otros aspectos del tratado, entre más conozcamos exactamente cuál es el compromiso, cómo es que debemos responder, es que vamos a ser más exitosos y lo que hoy es un reto, nos va a permitir no sólo cumplirlo muy bien, sino dedicarnos a aprovechar lo que son las oportunidades”, comentó la secretaria de Economía.
La funcionaria destacó que la herramienta les permitirá a las empresas saber dónde están respecto a lo comprometido en el tratado y sabrán cuál es la ruta a seguir en colaboración con las autoridades. La funcionaria aseguró que ante las nuevas reglas laborales, es mejor asumir un rol preventivo y no reactivo.
Parece que la preocupación del señor Salazar es que los inspectores, agregados, panelistas laborales que tendrá Estados Unidos
El sindicalismo corrupto que engendró y amantó el PRI durante décadas y tolero el PANdurante la llamada “Docena trágica”, podría verse amenazado por los sindicatos – también corruptos- de Estados Unidos.
No, no fue Napoleón Gómez Urrutia, ni el extinto, sindicalmente hablando, Carlos Romero Deschamps, ni otros líderes de esa calaña quienes lanzaron esa advertencia. Fue el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien hizo tal descubrimiento al declarar: “Hemos intentado, junto con los trabajadores, buscar fórmulas para prevenir cualquier amenaza que puedan tener sindicatos extranjeros, porque lo que a veces se quiere no es buscar el beneficio de los sindicatos , sino quitarnos nuestra competitividad , nuestros trabajos, y al final hacer que los empleos que estamos generando en México se regresen a Estados Unidos y Canadá”.
No se atrevió a ponerle nombre a esos sindicatos, pero sólo de imaginar que podemos tener en México a los sucesores de Jimmy Hoffa (líder de los camioneros en Estados Unidos con un negro historial), a cualquiera le dan calambres.
Parece que la preocupación del señor Salazar es que los inspectores, agregados, panelistas laborales que tendrá Estados Unidos en nuestro país para supervisar que se cumpla al pie de la letra la Reforma Laboral, como fue el compromiso en el nuevo T-MEC, no nos “madruguen” los empleos.
¿Y por qué no hizo esa advertencia durante las negociaciones? Habría que preguntarle. Tal vez porque no se imaginó el alcance de los compromisos, apuntan los observadores; sólo le hicieron saber a la sociedad que habría transparencia y democracia sindical porque las elecciones serían libres; tampoco habría reparto de dádivas por votos; que se acabaría el saqueo de cuotas sindicales.
Y ahora que los sindicatos estadunidenses están “enseñando el cobre”, denuncia. ¡Ay, Carlos!
