La elección del nuevo líder sindical de Pemex podría ser mediante dispositivos móviles, informó el presidente López Obrador en la mañanera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que la nueva elección de la dirigencia sindical de Pemex se realizará mediante celular, para garantizar que los agremiados puedan votar de forma libre y secreta.
Durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentará una propuesta a los dirigentes de los trabajadores petroleros para que la elección de su nuevo líder pueda ser mediante dispositivos móviles.
El objetivo es evitar aglomeraciones por la emergencia sanitaria, así como acarreos y presiones a los trabajadores, por lo que la idea, dijo López Obrador, es que se pueda votar desde casa.
La reforma laboral obliga a los sindicados del país a elegir a sus líderes mediante voto libre y secreto, por lo que el cambio de dirigencia en el gremio petrolero será la primera de forma democrática.
“La violencia y el acoso en el trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad y a su entorno familiar y social”. Esto es lo que reconocieron, en junio de 2019, los países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ello la gran mayoría aceptó la creación del Convenio 190.
Dicho pacto entra en vigor este 25 de junio. A un año de su adopción, hasta el momento sólo lo han ratificado seis países, tres de ellos son latinoamericanos: Argentina, Ecuador y Uruguay. Los otros tres son Fiji, Namibia y Somalia. México aún no lo hace.
El Convenio 190 sobre sobre la violencia y el acoso dice que este problema afecta a todas las personas, pero “de manera desproporcionada a las mujeres”. Señala que la violencia doméstica no está separada del ámbito laboral y los centros de trabajo deben tomar acción al respecto. Que las agresiones sexuales y laborales ya no pueden ser compatibles con empresas sostenibles.
Todo esto suena a feminismo, y es que lo es. El movimiento de mujeres en distintos países impuso esta agenda y, en los últimos años, la OIT la retomó. De esa manera, en 2017 inició la conversación y negociación para acordar medidas que cambien una situación tan normalizada.
En el primer trimestre de este año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 26,380 personas dejaron su trabajo por motivos de acoso o discriminación. De ellas, 16,903 son mujeres (64%) y 9,477 son hombres (36%).
En los últimos años en México se ha avanzado en normas para evitar el acoso y, si no se logra, para iniciar procesos atención al interior de los centros de trabajo, ya sean instituciones públicas o empresas privadas. Por ejemplo, la reforma laboral obligó a las compañías a tener un protocolo al respecto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recientemente actualizó el suyo y la Norma O35 es otra herramienta.
Pero las adecuaciones legales a las que se comprometen los países que ratifican el Convenio 190, sin duda tienen una perspectiva mucho más amplia.
«Un futuro del trabajo mejor está exento de violencia y acoso. Insto a los países a ratificar el Convenio y ayudar a construir, junto con los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, una vida laboral digna, segura y saludable para todas las personas», expresó Guy Ryder, director general de la OIT.
¿A quién y en dónde aplica el C190?
El convenio aplica para las agresiones que ocurran en la empresa o el centro de trabajo. Pero también en otros lugares que tienen que ver con el ámbito laboral, por ejemplo:
Donde las personas trabajadoras toman su descanso o comen En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo En los viajes, eventos, actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo En el alojamiento proporcionado por el empleador Y si algo mostró el movimiento #MeToo, que tuvo eco en diferentes sectores laborales, es que las tecnologías de la información se vuelven una herramienta para quienes acosan. Por lo tanto, a la hora de legislar, se debe tomar en cuenta las agresiones vía correo electrónico, WhatsApp o algún otro canal.
No sólo protege a las personas que están trabajando de manera asalariada y con un contrato estable. También defiende a:
Cualquiera que labore sea cual sea su situación contractual Las personas en formación, incluidos pasantes y aprendices Personas despedidas Quienes están en busca de un empleo Personas voluntarias Quienes tienen un cargo de autoridad en la empresa Las personas empleadoras ¿Qué deben hacer las empresas?
El artículo 10 F del convenio indica que los Estados, tanto gobiernos y sindicatos, como empresas, deben “reconocer los efectos de la violencia doméstica” en el mundo del trabajo. Y, “en la medida en que sea razonable y factible, mitigar su impacto” en el ámbito laboral.
El convenio fue aprobado junto a la Recomendación 206, la cual indica que entre las medidas para lograrlo se podría:
Otorgar licencias para las víctimas de violencia doméstica Implementar modalidades de trabajo flexibles para ellas Brindarles protección temporal contra el despido, salvo que el motivo no esté relacionado con la violencia doméstica Incluir la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo Sensibilización sobre los efectos de la violencia doméstica Obligaciones de las autoridades
“Todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control”, señala el C190. Estas leyes deben ordenar que:
En consulta con el personal y sus representantes, adopten una política contra la violencia y el acoso Tomen en cuenta los riesgos psicosociales asociados a la violencia y el acoso Identifiquen los peligros y evalúen los riesgos de violencia y acoso Proporcionen información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso identificados La mayoría de estos preceptos ya están contemplados, de alguna manera, en la Ley Federal del Trabajo, luego de la reforma laboral, y en la Norma Oficial Mexicana 035 sobre factores de riesgo psicosocial en los centros laborales. Pero también deben:
Hacer un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación Y garantizar:
Procedimientos de presentación de quejas e investigación Juzgados o tribunales con personal capacitado Medidas de protección a las víctimas, testigos e informantes Asistencia jurídica, social, médica y administrativa para las víctimas Protección de la privacidad de las personas implicadas En la Recomendación 206, la OIT menciona que las autoridades también deben brindar apoyo a las víctimas para reincorporarse al mercado de trabajo. y “los inspectores del trabajo deberían recibir formación específica sobre las cuestiones de género para poder detectar y tratar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ///
El líder nacional de la Confederación, Isaías González, afirma que gestionan mejores salarios
En México, los sindicatos siguen siendo indispensables para defender los derechos de los trabajadores en la Iniciativa Privada en los diferentes sectores, aseveró el dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, en su visita a Tlaxcala para tomar protesta al Comité Directivo Seccional de la empresa Amatech.
A pesar de los desequilibrios derivados de la pandemia y el incremento de los medios digitales para hacer el trabajo desde casa, sostuvo que el sindicalismo no puede morir, ya que los sindicatos deben ser los inspectores de las condiciones y garantías de los empleados.
Isaías Gonzales, dirigente nacional de la CROC, tomó protesta del comité de la empresa Amatech/ Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala
El también diputado federal consideró que el movimiento llegó para quedarse por mucho tiempo, por eso la CROC tiene las puertas abiertas para respaldar a sus agremiados.
Isaías González afirmó que la central obrera gestiona en Tlaxcala que los empresarios mejoren los salarios de los trabajadores, pues el dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia, ante el incremento de los productos de la canasta básica.
Revisan contratos colectivos
Sin precisar cómo está el nivel de remuneraciones de los sindicalizados de la CROC, el dirigente nacional indicó que en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo insisten tener logros económicos, pero ahora solicitan los incrementos por tabulador de salarios mínimos. “Es mejorar los salarios, aparte de atender la salud. Hace como un mes publicaron que las mejores revisiones de contrato colectivo fueron de CROC el año pasado, ahora tenemos que perfeccionar”.
Adelantó que se reunirá con la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quien fue su compañera en el Senado de la República.
Antes, en el acto protocolario de toma de protesta al Comité Directivo Seccional de la empresa Amatech, González Cuevas ofreció su respaldo a los trabajadores en su próxima revisión de contrato colectivo en agosto próximo. Sobre los hechos ocurridos en el cambio de comité dijo que lograron superar las adversidades que registraron de parte de personas que hicieron un sindicalismo viejo.
Opinó que la Ley Federal Trabajo con su Reforma Laboral da fortalece a los trabajadores, pues garantiza la libertad sindical, democracia y la negociación colectiva. En cuanto a la Norma 035 opinó que debiera ponerse en práctica en todas las empresas, pues previene, identifica y controla los factores de riesgo psicosocial y promueve un entorno organizacional favorable.
3 Mil 400 empleados tiene la empresa Amatech en Tlaxcala
Se busca evitar enturbiar los escenarios para que la inversión siga fluyendo a México.
La iniciativa privada sigue esperando que el Gobierno federal promueva las leyes para evitar situaciones sindicales como las que se viven en este momento en el marco del T-Mec, en donde hay inconformidad por los procesos internos de elección de los sindicatos, expresó Roberto Cabello Elizondo.
El presidente de Coparmex Coahuila Sureste afirmó que se trata de despejar el panorama, que las empresas vean la tranquilidad sindical y laboral en todo el país, para evitar enturbiar los escenarios que se tienen, para que la inversión siga fluyendo a México.
En la Región Sureste de Coahuila la parte sindical y laboral está tranquila y sin contratiempos, lo que pasa en el Bajío es diferente, pues tienen otra forma de pensar.
Lo que se espera es que la situación del Bajío no pase a mayores y la controversia que se tiene allá no tenga una trascendencia nacional y tampoco se genere un diferendo con los Estados Unidos y Canadá.
Cabello aseguró que desde hace tiempo se trabaja con los sindicatos en la Región Sureste para adaptarse a la reforma laboral y hacer los procedimientos como lo dictan la Organización Internacional del Trabajo y la misma reforma laboral vigente.
Uno de los temas centrales en la visita reciente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, son los avances en la operación de la reforma laboral mexicana, asunto central del T-MEC. Habría que recordar que sus preocupaciones -y de los demócratas, su partido- son lo laboral y el cuidado del ecosistema. Los aspectos migratorios son encargos específicos del presidente Biden, y se abordarán más adelante.
Para estos efectos la vicepresidenta tuvo una reunión especial con un grupo de destacadas personalidades del mundo laboral tanto nacional como internacional, se informó sobre los avances en la instrumentación de la reforma laboral y las condiciones tan precarias de las mexicanas en el mercado laboral nacional. También son precarias y mucho allá en su país.
Participó en la reunión el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México y Cuba, abordando lo relativo al trabajo digno y la situación internacional.
Sería ingenuo pensar que la única información con que cuenta la señora Harris sobre la situación del mercado laboral mexicano y de la niñez o mujeres procede de este intercambio de opiniones, en todo caso le permitió validar sus fuentes y a las personas participantes en dicha reunión.
Otro aspecto que se reforzó directa e indirectamente con esta visita es que tal como establece el Anexo 23 del TEC-MEC ahora es obligatorio reportar las violaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos y están sujetas a vigilancia, así como sanción.
En esta línea las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), reconocieron como válido el reporte de Estados Unidos por supuesta denegación de derechos contra los trabajadores de la empresa exportadora de autopartes Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.
Desde que está en funciones el nuevo Tratado, es la segunda ocasión que la autoridad estadounidense pide al gobierno mexicano intervenir por violaciones a los compromisos en materia laboral. No se quiere reconocer a los trabajadores el derecho legítimo a formar su Sindicato y prescindir de un contrato de protección empresarial. Estos contratos de protección violan la actual Ley Federal del Trabajo.
La empresa no le permite a las y los trabajadores optar por una demanda legal y los transfiere en automático a un sindicato de protección, además por este motivo despidió a 600 trabajadores. La solicitud fue a petición de la Federación estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés), así como el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios de Movimiento 20/32 y Ciudadano Público.
En México los sindicatos patronales son el pan de cada día y la causa principal de la precarización, ya sea en materia de derechos laborales o salarial. Por fin hay indicios de un cambio que beneficia a la clase trabajadora.
La primera queja internacional en materia laboral también la realizó AFL-CIO por la negativa del sindicato “Miguel López Trujillo” de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de programar una nueva votación para legitimar el contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
En respuesta, la STyPS suspendió el proceso de votación al encontrar evidencias de “manipulación de boletas”, por lo que presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato; la autoridad laboral ordenó al sindicato que realizara una nueva votación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.
En tanto que la Oficina del representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México una revisión del proceso de legitimación para determinar si se produjo una “denegación de derechos” laborales y sindicales de los trabajadores.
Así las cosas en el tema laboral con las nuevas condiciones del TEC-MEC y la también nueva administración del país vecino, México y su gobierno tienen ahí un gran reto, y la beben o la derraman.
A nombre de su gobierno Kamala Harris hizo entrega de 130 millones de pesos para fortalecer la cooperación laboral con México y en apoyo a la reforma laboral cuya instrumentación es muy costosa, política y económicamente. El interés en estos temas de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos no es una cuestión humanitaria, sino comercial y económica, de competencia.
No vengan
En relación al tema migratorio que también forma parte de “lo laboral”, la visita oficial a México fue precedida de una visita previa a Guatemala, donde la frase más fuerte y destacada es: NO VENGAN, y esto aplica para migrantes centroamericanos y mexicanos.
Quedó muy claro que México seguirá haciendo funciones de “país cadenero de Centroamérica”, como lo llamó Zepeda Patterson (Sin embargo 21/03/2021), es decir, cumplir con la función de cerrar los flujos migratorios procedentes de Centroamérica. Primero fueron con los aranceles, ahora son vacunas la moneda de cambio.
Para mucha de la población latina en Estados Unidos se frustran sus expectativas sobre mejorías para la población migrante provocadas por la llegada de un gobierno demócrata. Se le puede decir “no vengan” a turistas, pero jamás a migrantes porque no es un acto voluntario, sino obligado por sus circunstancias que bien pueden ser violencia, miseria o ambas.
Nunca fue sencillo migrar hacia Estados Unidos, pero en tiempos de pandemia es pavoroso en particular para niñez y mujeres, en esa diáspora hay familias completas tratando de escapar con condiciones de crisis humanitaria.
Durante la estancia de la vicepresidenta de Estados Unidos en México, la senadora Patricia Mercado Castro organizó en el Senado una conferencia (8/06/2021) sobre mujeres migrantes. Destaca la participación de la funcionaria del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
“Las mujeres que salen de sus países de origen buscando protección internacional son cada vez más jóvenes, viajan con sus familias, mientras que las condiciones de recepción en México son cada vez más inseguras e indignas. En 2020 se recibió un total de 41 mil 329 solicitudes de asilo, para mayo de 2021, ese número ya fue rebasado. Las mujeres provienen principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití”.
Por su relevancia a continuación algunas de las principales áreas que cuentan con una mayor urgencia para su atención en materia legislativa, en relación a las mujeres y el asilo y que Imumi ha detectado:
Tener que enfrentar a la Guardia Nacional obliga a las personas migrantes a buscar rutas más violentas, clandestinas, que las colocan en peores situaciones de riesgo frente al crimen organizado. La Guardia Nacional no detecta personas con necesidades de protección porque su vida peligra en su país de origen. Se deben eliminar las facultades migratorias de la Guardia Nacional.
Situación que puede agravarse al aprobar la propuesta de militarizar la Guardia Nacional.
La detención migratoria en México no cuenta con condiciones mínimas que puedan garantizarles sobrevivir sin pasar hambre, humillaciones, riesgos claros de enfermarse y hasta de perder seres queridos Se debe prohibir la detención de mujeres y sus familias con necesidades de protección internacional.
Aun cuando la Ley de Migración fue publicada desde el 2011, hoy, las mujeres migrantes que tienen hijas e hijos en México encuentran prácticamente imposible registrarles si no presentan regular estancia en el país y otros documentos, dejando a esa niñez sin identidad y por lo tanto sin acceso a otros derechos como salud y educación. Se deben armonizar los Reglamentos y Códigos del Registro Civil.
Las mujeres refugiadas en México necesitan apoyo para lograr su integración en su nuevo hogar, necesitan tener acceso a guarderías, a trabajos con prestaciones, a documentos que sean reconocidos como válidos para identificarse, a salud pública, educación gratuita, como el resto de la población. Debemos generar protocolos de integración efectivos y afirmaciones positivas para las refugiadas en México.
¿Qué opinan de estas propuestas la Secretaría de Relaciones Exteriores que ahora cuenta con un área de política migrante feminista?
PD:
Efectos del desempleo: Al no contar con un Seguro de Desempleo la población desempleada -8 de cada 10 son mujeres- recurre a los retiros parciales en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Éstos registraron un incremento anual de 12 por ciento en mayo, con 1,753.5 millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).
El acumulado del recurso retirado al quinto mes del año en curso es de 8,617 millones de pesos, esto es 28.3 por ciento más que en el periodo enero-mayo del 2020.
Implica renunciar a un retiro o pensión de la trabajadora, para protección de su vejez.
Por: Carmén R. Ponce Meléndez Cimacnoticias 24/06/2021
De acuerdo con Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, cerca de nueve mil empresas han empezado el proceso de registro en el REPSE.
Hasta el momento, tres mil ya lo terminaron, y solamente 600 han conseguido su registro. Esto representa solamente el 7% de las empresas que iniciaron el trámite.
Esto es especialmente alarmante por el tiempo que queda. El REPSE comenzó a operar el 24 de mayo, y se dio un plazo de 90 días para el registro; es decir, hasta el 24 de agosto. A partir del día de de hoy, quedan solamente 60 días para hacerlo.
Problemas más importantes
Durante el webinar “Aspectos prácticos en materia de subcontratación”, organizado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Salafranca explicó los problemas más importantes que las empresas han enfrentado durante el registro.
e.firma
En primer lugar, las empresas o han podido conseguir citas en el SAT para tramitar la e.firma. Este es un requisito para el REPSE. La e.firma se utiliza para para verificar que la compañía esté al corriente con el IMSS, SAT e Infonavit.
La semana pasada, Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), también señaló la falta de citas como uno de los problemas principales para las empresas.
Objeto social
El segundo error principal que las empresas han cometido es que se han equivocado al llenar el objeto social en el registro. Hay que recordar que la reforma solamente permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social.
Por esto, las empresas contratistas deben proporcionar el objeto social que dieron de alta en el SAT. El problema es que estas compañías han registrado otros objetos sociales que no dieron de alta, por lo que no pueden conseguir el registro.
De acuerdo con Salafranca, esa es la única parte del registro que se hace manualmente. Así, revisores de la STPS verifican que el objeto social registrado del REPSE sea el mismo que se dio de alta en el IMSS y el SAT. Si no es así, se cancela el registro.
Durante la impartición de la ponencia: “El nuevo modelo de justicia laboral en el ámbito del Poder Judicial”, en el marco de la capacitación “Generalidades de la Reforma Laboral en México”, la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, destacó la importancia de la selección de juezas y jueces implicados en esta transición, debido a las facultades de intervención que tendrán en el proceso, a diferencia de otras materias judiciales.
“El juez es un sujeto pasivo del caso, rígidamente separado de las partes; en el caso de la justicia laboral no, veo un juez muy activo en el proceso. (…) en esta recepción del derecho laboral en el Poder Judicial, (…) se tienen que designar jueces bajo el esquema de carrera judicial, pero también nos dice la Constitución, que estos jueces deben de contar con capacidad y experiencia en materia laboral, lo cual yo celebro enormemente”, afirmó la Magistrada.
La elección de juezas y jueces, debe estar apegada a las disposiciones legales, para que el proceso sea transparente.
La también académica señaló la importancia de la selección del personal que se encargará de llevar a cabo el proceso de conciliación, la primera instancia de los asuntos laborales, con el nuevo sistema de justicia laboral.
“Si bien la conciliación no forma parte del Poder Judicial, se queda en los Centros de Conciliación que son organismos públicos descentralizados, pues también funciona como una despresurización del sistema, en donde una efectiva conciliación, va a permitir que el grueso de los conflictos ahí se resuelva, y que solamente pasen (…) los de alta litigiosidad, los muy dudosos, etc., de esa manera también se tendría la oportunidad de cumplir siempre con todos los plazos procesales, que no se empalmen las audiencias o que no las mandemos a una fecha muy distante”.
Aportó que la implementación de la Reforma Laboral debe contar con una visión sistémica, en donde haya una relación y comunicación entre quienes tienen competencia, e hizo varias interrogantes sobre la transición, para responder cómo llevarse a cabo, y que se cuente con eficiencia, en beneficio de las y los trabajadores.
La Magistrada del Poder Judicial, habló de la importancia que marca esta transición a una justicia laboral moderna, pronta, gratuita, completa, independiente e imparcial.
El cuarto tema de la capacitación: “Generalidades de la Reforma Laboral en México”, contará con la presencia del Dr. Exau Conrado Piña Tasabia, especialista en Materia Laboral, con la ponencia “El Nuevo Derecho Procesal y Colectivo del Trabajo”, a las 17:00 horas del próximo jueves 24 de junio, mediante plataforma Zoom y Facebook Live, en las redes oficiales de la Secretaría del Trabajo y de la Academia Mexicana del Derecho y de la Previsión Social, A.C.
Esperarán la toma de nota del Tribunal Federal para continuar el relevo de la dirigencia.
Con acuerdos para modificar los Estatutos que rigen su vida interna, la aprobación de una Comisión Electoral que conformarán 5 personas y el aplazamiento de la fecha para ir a elecciones y votar por el nuevo Comité Ejecutivo General (CEG), los delegados al Congreso General Extraordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, concluyeron este medio día sus trabajos.
Habrá que esperar la Toma de Nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por la modificación a los Estatutos, para volver a reunirse y continuar con la renovación de su dirigencia.
Por la mañana, en el Teatro de la República, dieron inicio los trabajos del Congreso General Extraordinario del SUTG-CDMX, donde se definieron las reglas de elección de la nueva dirigencia de 110 mil trabajadores del gobierno de la capital.
Por vez primera, este ejercicio democrático sindical se hará a través del voto personal, libre, secreto y directo, de acuerdo a las normas de la reforma laboral del 1 de mayo de 2019.
A nombre del presidente del Directorio Sindical FSTSE-SUTG-CDMX, Joel Ayala Almeida, el profesor Ernesto Moreno, les expresó su confianza “en las determinaciones que ustedes tomen en los acuerdos a que lleguen en este Congreso General Extraordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México”.
Enfatizó que esta es una manifestación del absoluto respeto a las determinaciones del Congreso. “En el ejercicio de respeto a su autonomía y autodeterminación a los acuerdos que ustedes tomen”.
Y reiteró la invitación que para como “bien lo han hecho, con toda responsabilidad, asuman los acuerdos que beneficien a los trabajadores organizados en este sindicato tan importante”.
Subrayó el profesor Moreno que “lo que ustedes hagan y determinen hoy en estos trabajos de su Congreso, por supuesto que la Federación de Sindicaos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), lo hace suyo”.
“Sus determinaciones para bien de los trabajadores, por supuesto que habrán de incidir en la buena marcha de su sindicato y de la FSTSE”.
E insistió en que “queremos dejar en ese respeto a la autonomía, las determinaciones para que ustedes, organizados como están, lleven a cabo sus trabajos.
Luego de su mensaje, el profesor Moreno, les dijo a los participantes del Congreso General Extraordinario: “La representación de FSTSE se retira para dejar en absoluta libertad a ustedes para que tomen sus determinaciones”.
Después de las deliberaciones de los 140 delegados representantes de las 40 Secciones Sindicales, se alcanzaron los siguientes acuerdos:
Aprobación de reformas al Estatuto que rige la vida interna del SUTG-CDMX y el Reglamento que se seguirá en la elección del nuevo Comité Ejecutivo General. También se aprobó la creación de una Comisión Electoral que conformarán 5 personas.
Además, se acordó aplazar la fecha de las elecciones y votar por el nuevo CEG.
Esto se circunscribe la Toma de Nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por la modificación al Estatuto, para reunirse nuevamente y continuar con el proceso de renovación de la dirigencia, dieron a conocer delegados sindicales que asistieron al Congreso Extraordinario.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber por sus siglas en inglés) reclamó al gobierno de Joe Biden de la incertidumbre que se genera porque se iniciaron solicitudes laborales contra México de denegación de derechos mucho antes de que entrara en vigor el T-MEC.
En una misiva, el vicepresidente senior de la División de Política de empleo de esa Cámara, Glenn Spencer, expuso que hay una serie de irregularidades en torno a las solicitudes que pueden llevar a un panel de procedimientos en torno al capítulo laboral.
A pesar de lo que marca la legislación estadounidense, expuso, sigue sin publicarse el reglamento de procedimientos finales para el cumplimiento de solicitudes laborales contra México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ante esto, “preocupa que haya falta de protección de un debido proceso que se encuentre para el capítulo laboral y de disputas del Tratado en lo que se llama Mecanismo de Respuesta Rápida”.
Sobre todo, dijo, porque ese reglamento de procedimientos finales específica a los dueños de empresas cuáles serán los pasos que se seguirán en caso de una solicitud por denegación de derechos laborales contra una industria, además de que esa regulación da transparencia a los procesos.
Añadió que otra preocupación es en torno a la fundamentación de las peticiones laborales y sus tiempos, pues el Comité Laboral estadounidense del T-MEC aceptó casos que ocurrieron antes del 1 de julio de 2020, que fue el día en que entró en vigor el acuerdo.
“El T-MEC entró en vigor el 1 de julio 2020. Sin embargo, el Comité Laboral está actuando sobre peticiones que alegan denegación de derechos laborales ocurridos, en parte, antes de esa fecha”, por lo que imponer represalias comerciales contra un hecho que no se hizo durante la vigencia del T-MEC es violatorio del tratado.
Además de que la reforma laboral de México incluyó una periodo de cuatro años para que se legitimen o ratifiquen los acuerdos colectivos de trabajo y en muchos casos ese tiempo no ha llegado.
En la misiva que dirigen al director de asuntos laborales de Estados Unidos, Brenna Dougan, y a la Jefa de división del T-MEC para el monitoreo y cumplimiento del T-MEC, Samantha Tate, Spencer hizo una serie de cuestionamientos a los funcionarios estadounidenses entre ellas:
“¿Cuándo se publicarán las reglas de procedimiento? ¿Por qué se aceptan peticiones y se actúa contra México mucho antes de tener esas reglas? ¿Por qué se admitieron peticiones por supuestas denegaciones de derechos hechas antes de que entrara en vigor el T-MEC? ¿Por qué se iniciaron procedimientos laborales contra México a pesar de que aún no se termina el tiempo de implementación de la reforma laboral mexicana? y ¿El procedimiento final incluirá procesos que protegerán a los dueños de industrias durante el procedimiento en su contra?”, cuestionó.
Hasta el momento se sabe de dos casos que presentó Estados Unidos contra México en materia laboral, uno es el de General Motors en Guanajuato y otro de Tridonex en Tamaulipas, con los cuales se iniciaron las primeras etapas del Mecanismos de Respuesta Rápida del T-MEC.
El académico del Tecnológico de Monterrey, Jorge Molina, dijo que esta petición no es tanto en favor de México, sino que las empresas Tridonex como General Motors tienen capital estadounidense y cualquier acción que pueda tomar la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) les afectará a los inversionistas.
“No es tanto defender a México, sino las inversiones estadounidenses en esas dos empresas establecidas en territorio mexicano”, porque puede haber repercusiones, comentó el también negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora T-MEC.
Realizarán movilizaciones en la capital del país y a nivel estatal, con el objetivo de reabrir la Mesa Única Nacional de Negociación
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Tabasco (CNTE), anunció un paro laboral de 72 horas donde realizarán movilizaciones en la capital del país y a nivel estatal, con el objetivo de reabrir la Mesa Única Nacional de Negociación.
Esta mesa de diálogo se cerró desde diciembre del 2020, la cual se mantenía con el poder ejecutivo, dejando decenas de demandas inconclusas y sin solución, por lo cual se pide se reabra diálogo y se prioricen las necesidades de los trabajadores.
Por su parte, una de las manifestantes, Miriam Samudio indicó que dichas movilizaciones, comenzarán del 23 al 25 de junio, con el objetivo de exigir la abrogación de la reforma laboral del 2012, así como instalación y devolución de todos los derechos laborales, que las jubilaciones sean de acuerdo a nuestro contrato colectivo de trabajo y con base a salarios mínimos.
«En Tabasco queremos la reinstalación a su sede laboral de un compañero, el cual se suma a los 27 que a nivel nacional no han sido reinstalaciones, pedimos la reapertura de la mesa de diálogo CNTE y Obrador, además de ciertas peticiones que se mantienen aún sin un resultado, además pedimos que de mejoren las condiciones del iSSET y de permitan las jubilaciones de los compañeros que ya están a tiempo de hacerlo», dijo.
Finalmente, son las 32 entidades que se encuentra en esta lucha aunque hay una comisión en la ciudad de México manifestándose en el zócalo.
