El contrato colectivo de trabajo que sustenta la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) con la empresa Hyundai quedó legítimamente avalado, con el 90% de los trabajadores a favor.
El contrato colectivo de trabajo que sustenta la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) con la empresa Hyundai quedó legítimamente avalado -con 90% a favor- por los trabajadores, “se trató de un proceso que siguió todo el protocolo que marcan las nuevas reglas de la reforma laboral y que dado el trabajo que se ha hecho con los trabajadores estuvieron de acuerdo con dar su voto por el sí”, afirmó Isañias González Cuevas, secretario general de la organización sindical.
A diferencia de lo que ha ocurrido en General Motors, en donde el sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) no logró un resultado favorable, ante las inconsistencias que se presentaron el día de la votación, González Cuevas afirma que “el sector automotriz es un foco que atrae a muchos observadores, pero bienvenidos todos los que quiera seguir el proceso, nosotros tenemos sindicatos activos, no de papel, eso hace la diferencia”, expuso.
En entrevista añadió que “los mejores inspectores son los trabajadores, los que votan, puede haber muchos interesados en supervisar los procesos (observadores externos), pero lo mejor es que sean los trabajadores quienes refrenden o reprueben al sindicazto. Es evidente que si los contratos habían sido abandonados, entonces se perderán”.
En ese sentido, sostuvo que en la CROC ve la oportunidad de incorporar a un mayor número de trabajadores, “ahí están las puertas abiertas de la CROC”, ya está en función el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por lo que hay que registrarse en la página, presentar el contrato, el padrón de los trabajadores; y si bien es más sencillo “se atendieron detalles que se presentaron en algunas legitimaciones para dar certeza, incluso con los inspectores que deben estar presentes”.
Tras señalar que es fundamental realizar la legitimación del contrato, con el aval de los trabajadores, dijo que “los sindicatos deben entender que los trabajadores tienen el poder de decisión para aprobar o no un contrato, y es una manera de demostrar que están de acuerdo en su comité sindical”.
Los sindicatos laborales, tendrás nuevas obligaciones adecuando sus estatutos en los temas de democracia sindical y equidad de género
Córdoba, Ver.- Podría aplicarse el nuevo modelo laboral para que los acuerdos en los juicios de conciliación sean más cortos sin la necesidad de un tema legal, se llevará en regla y democráticamente un sindicato y se protegerán los derechos de las mujeres trabajadoras, así lo dijo Hebert Martínez Feria, abogado laboral e integrante del Colegio de Abogados 30 Caballeros de Córdoba.
La semana pasada se dio a conocer el nuevo modelo laboral donde los cambios no son solo en normas sino también en cultura y aplicación; uno de los cambios que se tiene es la conciliación laboral de forma obligatoria, ya que si no se acude a ella no se podrá iniciar un juicio oral, “los juicios acababan en meses pero pasaban años y no se dictaba la razón, esto se evitará , son cambios buenos, en el estado las juntas locales ya dejarán de recibir demandas a partir de noviembre, pero se necesitarán instalaciones para los juicios”
Recalcó que no se tiene de conocimiento en la ciudad donde van a quedar estos espacios que de acuerdo al nuevo modelo laboral están construyendo o modificando; los Centros Laborales concentran las funciones de conciliación, proceso obligatorio antes del juicio con una duración máxima de 45 días de resolución.
Otro de los temas son los sindicatos laborales, tendrás nuevas obligaciones adecuando sus estatutos en los temas de democracia sindical y equidad de género, deberán de tener los contratos colectivos a la mano, “no existían votaciones libres y secretas para la elección de los líderes que conforman los sindicatos, ahora el trabajador votará de forma secreta sin necesidad de estar obligados”.
Comentó que las modificaciones de la directivas y los estatutos así como las altas y bajas de los trabajadores deberán de reportarse a la Secretaría del Trabajo.
Pese a que en el estado de Veracruz no se tiene aún el dato de cuándo será aplicado el nuevo modelo laboral, estados como Campeche, Hidalgo, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Durango, Estado de México y Zacatecas ya están empleando esta modalidad que ha tenido buen éxito.
Martínez Feria, mencionó que está modificación se tendrá una equidad de género en tanto a las listas de empleados o escalafones dentro de los sindicatos, pues deberán de darse protocolos para la prevención de discriminación hacía la mujer y defender los derechos de aquellos niños que buscan laboral sin embargo, los menores de edad por ley no puede darse este tema.
“Muchos menores de edad están trabajando, los menores son vulnerados y fáciles de engañar, las embarazadas se les hacía fácil correrlas pero ahora con esta nueva modificación llega a mencionarse que si la mujer renuncia por embarazo de igual forma se debe de tener un juicio de conciliación”.
Dar a conocer los contratos colectivos de los empleados, respetar las decisiones de los trabajadores sindicalizados entre otros beneficios son puestos para los empleadores y se prevé que en octubre esta reforma llegue a darse en Veracruz.
Por: Guadalupe Castillo/ El Sol de Cordoba 06/07/2021
Dado que los trabajadores migrantes son de los más vulnerables, debido a que están sujetos a trata y explotación laboral, además de estar expuestos al crimen organizado, se pretende impulsar una reforma integral sobre migración laboral, advirtieron especialistas.
Dado que los trabajadores migrantes son de los más vulnerables, debido a que están sujetos a trata y explotación laboral, además de estar expuestos al crimen organizado, se pretende impulsar una reforma integral sobre migración laboral, advirtieron especialistas.
Los expertos reunidos en la campaña “Más reformas, mejor trabajo”, señalaron que estos trabajadores, como los jornaleros agrícolas, no están representados en la Ley Federal del Trabajo y tampoco tienen las facilidades para acceder a derechos como la seguridad social.
Margarita Nemecio, coordinadora de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, aseguró que los migrantes se enfrentan a condiciones adversas como la trata de personas con fines de explotación laboral y muchos han sido víctimas del crimen organizado debido a que las zonas agrícolas se encuentran en el cruce de trasiego de drogas.
Consideró que la fijación de un salario mínimo no ha mejorado sus condiciones laborales e incluso dijo que para algunos es impensable estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
“De manera general no ha significado un cambio drástico porque por lo general es un trabajo a destajo, que se paga por hora, por contrato, por día, pero cuando es a destajo les genera un poco más del ingreso del que quedó establecido en el salario mínimo”, afirmó al participar en el Diálogo Abierto para una Reforma Integral sobre Migración Laboral.
Dijo que existen salarios de entre 250 y 800 pesos al día, pero como no hay contrato de por medio, por lo que el empleador no asume la obligación de inscribir a los jornaleros en la Seguridad Social.
A su vez, Lorenzo Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional Independiente Democrático de Jornaleros Agrícolas, afirmó que los jornaleros no tienen cabida en la Ley Federal del Trabajo porque se hizo para trabajadores de la ciudad y no para los del campo.
“Parte de lo que mencionan algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo muchas veces no tienen que ver con la realidad que pasa dentro de los campos agrícolas. La Ley menciona que para poder convertirse en trabajador permanente se deben trabajar 27 semanas seguidas para un solo patrón, muchos trabajadores agrícolas eligen moverse y es por temporada y no es acumulable todo eso y nos afecta en el tema de la seguridad social”, señaló el líder sindical.
Añadió que también se ve afectada la participación de los trabajadores en el tema de reparto de utilidades, por esa misma falta de estabilidad laboral.
A su vez, Melissa Vértiz, secretaría técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, señaló que se deben hacer modificaciones a leyes y a la misma Constitución para que los derechos de los trabajadores migrantes queden reflejados.
Subrayó que se debe garantizar el acceso al trabajo sin distinción de nacionalidad; también eliminar disposiciones como el artículo 33 constitucional porque limita la participación en la vida política y colectiva de las personas trabajadoras migrantes.
Añadió que también se deben eliminar facultades del Instituto Nacional de Migración para que no ejerzan acciones de persecución en contra de estas personas. “Lo que debe de hacer el Instituto es simplemente otorgar los documentos a las personas, que se les dé una identidad como trabajadores migratorios y no estar ejerciendo acciones de persecución”, consideró Vértiz.
Manifestó que se pueden establecer mecanismos en conjunto con la Secretaría del Trabajo para incentivar que las personas migrantes logren una regularización.
En octubre estará lista la transformación del sistema judicial para la impartición de justicia laboral
CUERNAVACA, MORELOS.- Antes de octubre, estará lista la transformación del sistema judicial para la impartición de la justicia laboral; el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya tiene definidos los lugares que funcionarán como nuevos tribunales laborales y la actual Junta de Conciliación y Arbitraje se convertirá en el Centro Estatal de Conciliación, informó el representante del Poder Judicial, Rubén Jasso Díaz.
“En lo que nos corresponde a nosotros, estamos avanzados y podría asegurar que para el mes de octubre nosotros ya estaríamos al cien por ciento”, declaró Jasso Díaz.
Aunque, observó que siguen a la espera de la liberación del presupuesto federal que le corresponde a Morelos para hacer frente al gasto que representa la implementación de la reforma laboral.
Han trabajado hasta el momento con el apoyo del presupuesto estatal que el Ejecutivo y el Legislativo etiquetaron en el presupuesto 2021.
Físicamente, los ciudadanos podrán ver materializada la reforma con la apertura de los tres nuevos tribunales laborales, cada uno atendidos por dos jueces, quienes serán designados a penas el Congreso apruebe la reforma que requiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cuyo proyecto será remitido en breve por el TSJ a la legislatura en turno.
Agregó que los tribunales se ubicarán en el edificio de la calle Morrow, donde antes se desahogaban los juicios orales penales, en el caso de Cuernavaca; para la zona sur, el tribunal laboral operará en la sede del Poder Judicial, y en Cuautla se están haciendo adaptaciones en el edificio adjunto a la sede regional, igualmente donde antes funcionaban los juzgados penales.
Finalmente, el magistrado confirmó que el Centro Estatal de Conciliación operará en lo que hoy es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a un costado de las oficinas del TSJ en Cuernavaca.
A partir de noviembre de 2021, los trabajadores del sector privado que sean despedidos sin causa justificada de su empleo, podrán promover una queja en el Centro de Conciliación para llegar a un acuerdo, o promover un juicio laboral, ante el Tribunal Laboral, en lugar de una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación.
» Es importante que los sindicatos ayuden a que los trabajadores participen porque hay una apatía, por lo que es importante realizar una labor comprometida de informar a la clase trabajadora sobre el contenido de los acuerdos que realizan con los empleadores», afirmó la coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Margarita Darlene Rojas Olvera.
Recordó que uno de los grandes retos de la Reforma Laboral es brindar información suficiente y clara a las y los trabajadores sobre las reglas del Nuevo Modelo Laboral, a fin de acabar con la apatía y lograr una mayor, real e informada participación de los trabajadores en consultas sindicales.
Comentó que en los procesos de consulta donde se han realizado verificaciones se registra, en promedio y según los padrones sindicales, entre 68 y 70 por ciento de participación de las personas que tienen derecho a ejercer su voto personal, libre, directo y secreto.
Al participar en una conferencia virtual explicó que en los procesos de legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo no es suficiente que las dirigencias entreguen a sus agremiados un ejemplar de manera previa a la consulta, como se establece en la ley.
Al incentivar la participación e involucramiento de los trabajadores se garantiza que los derechos de los trabajadores se hagan efectivos, enfatizó. Rojas Olvera enfatizó: mantener informados a los trabajadores también ayuda a que éstos acudan a ejercer su derecho a voto de manera libre sin coacciones.
Con el llamado y la exigencia de “basta ya” a la represión sindical trabajadores estatales de la denominada Coalición de Sindicatos por la Libertad Sindical se manifestaron a las puertas de Casa Estado de México, en Toluca, para exigir al Ejecutivo respeto a la Reforma Laboral que garantiza la libre alianza y unión de los trabajadores.
Los inconformes pertenecientes al Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de salud, Sección 35 valle de Toluca, el Sindicato Independiente de Trabajadores de los Municipios y del Estado de México (SITMEM) el Sindicato Independiente del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México demandaron la entrega de las prestaciones que las ley les confiere.
Como organismos autónomos ya reconocidos, lamentaron lo que calificaron como “necedad” de la autoridad para retener cuotas sindicales, y entregarlas a su vez a los sindicatos oficiales.
Indicaron que esta posición los ha llevado a tener que recurrir a los tribunales para la protección de sus derechos, esto porque se sigue representado la afiliación automática a los sindicatos oficiales de gobierno, lo cual representa una violación grave a sus derechos laborales violentando la voluntad de cada trabajador, dijeron, para elegir libremente.
Denunciaron que aquellos que demandan el respeto a sus derechos pueden ser despedidos de maneja injustificada y sin fundamento legal, así como impedir su basificación, reprocharon en este sentido la posición de la Junta de Conciliación y Arbitraje quien, acusaron, sigue sin manifestarse en este sentido.
Demandaron el respeto de los derechos garantizados a los sindicatos independientes, la libre interacción de los trabajadores, y la gestión y resolución de conflictos individuales, además de la no intervención de instancias gubernamentales en el ejercicio de su libertad sindical.
Cabe señalar que la protesta frente a Casa Estado De México derivó en un fuerte operativo de seguridad de elementos estatales quienes bloquearon por más de cinco horas todo el perímetro de la zona al tránsito vehicular afectando a decenas de peatones y automovilistas.
Las nuevas reglas en materia de subcontratación incrementarán en 25% el costo para la operación de las empresas que recurran a este esquema, informó el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Éste es el monto, aclaró, que las compañías habían estado evadiendo a la hacienda pública en perjuicio también de las trabajadoras y los trabajadores a través de esta figura y que ya no podrán evitar.
“Es que es lo que debían pagar”, dijo. El funcionario fue invitado por el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impartir la conferencia magistral Implementación de las reformas de outsourcing.
Vía remota, explicó que la práctica ilegal de transferir personal de una a otra empresa para evadir el pago de cuotas patronales e impuestos les permitía ahorrarse una cantidad superior a los 270,000 millones de pesos. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las compañías bajo este esquema dejaban de pagar al año más de 21,000 millones de pesos. Y el “agujero fiscal” que dejaban por evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) ascendía a 250,000 millones de pesos.
“Esto fue maléfico, perverso”, porque lo que provoca es que ese grupo de personas trabajadoras “no puedan tener una pensión digna, pues siempre van a cotizar con el salario mínimo”. Tampoco una vivienda propia o, si acaso pudieran acceder a un crédito, esa casa sería “precaria”.
Antes de la reforma, cerca de 4 millones 600,000 personas laboraban de manera subcontratada en más 15,000 empresas, informó. Pero de esas organizaciones, sólo 900 estaban registradas en el Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). De estas últimas, sólo 100 tenían registro ante el IMSS y, de esas, sólo 40 pagaban impuestos.
Es por eso que, “si los obligas a que paguen lo que les corresponde, obviamente van a subir 25% sus costos, pero es lo que debían pagar”.
Subcontratación legal para elevar la recaudación:
La subcontratación ha sido una forma de empleo polémica, apuntó. En el debate público por la reforma había dos posturas que chocaban: “Una era la que señalaba que debía desaparecer del sistema jurídico por haberse utilizado para defraudar la ley en perjuicio de los trabajadores”. La otra, que debía dejarse en los mismos términos, pues de lo contrario afectaría competitividad de las empresas y, por ende, de la economía.
Sin embargo, sostuvo, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por prohibir las formas ilegales y abusivas, y dar alternativas al permitir la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando éstas no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria.
“Algo valioso que hizo el presidente fue abrir el diálogo entre el sector obrero, gubernamental y empresarial para llegar a un consenso”. De esa manera se logró un acuerdo y el pasado 23 de abril fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Pero para llegar a este punto, además de debates, reuniones, cabildeos y propuestas, el gobierno federal realizó un diagnóstico. En México, “históricamente la recaudación fiscal ha sido baja”, a pesar de varias reformas a las leyes tributarias. Y ante crisis económicas o tributarias las anteriores administraciones federales han tomado diversos caminos.
Por ejemplo, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se optó por aumentar el IVA de 10 a 15%, o incluso crear el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Esto le ha dejado al país una deuda, que sigue pagando, de más de 900,000 millones de pesos.
“En la crisis económica de 2009 la recaudación se vio sumamente afectada”, puntualizó. La caída en los ingresos tributarios fue de 350,000 millones de pesos, lo que llevó al gobierno del presidente Felipe Calderón a crear el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo consumo (IDE) “para aumentar la recaudación”. Y por esta misma situación, en 2010 se justificó elevar los impuestos al consumo.
Por el contrario, en 2020, pese a la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, sin la creación de nuevos impuestos o el aumento a los existentes, las autoridades hacendarias “recaudaron 170,000 millones de pesos arriba de lo que se cobró en 2019”. La estrategia ha sido, dijo el funcionario, el “combate a empresas fantasma, es decir, aquellas personas físicas o morales que facturan operaciones inexistentes” en beneficio de otros contribuyentes.
Y por otro lado, perseguir “con mano firme los esquemas de defraudación fiscal a gran escala”, así como a empresas que simulan la subcontratación laboral.
Ante cualquier duda, con la autoridad:
En total, mediante diversas formas de evasión, se dejaba de percibir una cifra de 340,000 millones de pesos anualmente. “Con eso hubiéramos podido construir 221 hospitales; comprado 472,000 ambulancias, 663 patrullas, construido 77 segundos pisos como el de Periférico o 295 desniveles como el construido en el Mixcoac-Insurgentes, 118 estadios de beisbol”.
En la discusión de la reforma, confió, algunas empresas trasnacionales amenazaron con retirarse de México si se aprobaban estos cambios. Si por pagar “sueldos de hambre” y dejar de evadir impuesto se van a ir, “te abrimos la puerta”, les respondió el funcionario. “Era, básicamente, un esquema de esclavitud moderna y no lo tenemos que permitir”, subrayó.
El pasado 24 de mayo la STPS habilitó la plataforma para el registro de empresas dedicadas a la subcontratación, el cual quedará bajo el mando de la Unidad de Trabajo Digno, encabezada por Alejandro Salafranca. Estar inscritas en ese padrón es un requisito fundamental para poder operar, recordó.
Las subcontratistas deberán identificar a todo su personal, para que no haya duda de cuál es la empresa responsable laboralmente de cada trabajador o trabajadora. También se le otorgará un folio específico para el tipo de actividad u obra especializada que ofrezca.
Advirtió que las empresas que contraten los servicios de subcontratistas deben verificar que ese folio esté vigente. De no estarlo, podrían también estar cayendo en una actividad ilegal, por lo que los pagos que hagan no serán deducibles y el IVA no sería acreditable. El funcionario recomendó acercarse a las autoridades laborales y fiscales para resolver todas las dudas y pedir las respuestas por escrito.
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las cifras sobre recuperación de empleos y recaudación de impuestos son muestra de que la economía mexicana está recuperándose.
Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dio a conocer que durante el mes de mayo se recuperaron 38,961 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales se concentraron en 20 estados, mientras que en los 12 restantes no creció ese indicador.
“Está bien la economía, no teníamos un mayo así de aumento de empleos, aunque son pocos, alrededor de 38,000, desde hace seis años no lo teníamos como el que se tuvo el mes pasado en recuperación de fuentes laborales”, enfatizó en conferencia de prensa.
El presidente también resaltó que en mayo de 2020 se perdieron 344,000 empleos cuando la pandemia estaba más activa, mientras que en el mismo mes de 2019 la cifra fue de 3,983 fuentes de trabajo. Asimismo, descartó algún tipo de vulneración a las prestaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues, dijo, “son intocables, no hemos despedido trabajadores de base ni sindicalizados. Esa política se va a mantener», aseguró.
La cifra de generación de empleos formales reportada es la más alta para un mes de mayo desde el 2014 (47,853 nuevas contrataciones).
López Obrador dijo también que se logró una importante recaudación de impuestos de enero a mayo, pues se obtuvieron 1 billón 912,000 millones de pesos, 120,000 millones más respecto del mismo periodo de 2020.
Hizo un llamado a las empresas a migrar lo más pronto posible del esquema anterior al nuevo, para estar a “prueba de balas” y cumplir con la nueva regulación.
Si bien estamos arrancando con la parte laboral de la reforma al outsourcing, en agosto entrarán en vigor las disposiciones fiscales que, de no cumplirse, implican 13 años y medio de cárcel, advirtió el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.
Por eso, hizo un llamado a las empresas a migrar lo más pronto posible del esquema anterior al nuevo, para estar a “prueba de balas”, y poder cumplir con la nueva regulación.
“Al inscribirse y cumplir con todos los requisitos, si te contestan favorablemente a lo que tú quieres, estás a prueba de balas, tienes tu resolución ante la autoridad. Si te dicen que no, para qué lo haces si sabes que vienes con una contingencia”, afirmó.
Sin embargo, si incurren a que con uso de engaños o aprovechamiento se omita el pago de alguna contribución, pero sobre todo el utilizar servicios especializados para simulación de actos o el que subcontrate de forma ilegal, puede ser sancionado hasta con 13 años y medio de prisión, señaló.
El funcionario destacó que lo anterior es muy importante porque al final de cuentas está entrando en vigor la parte laboral, pero cuando sea la fiscal tendrá mayores implicaciones
Dijo que el registro de empresas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es el “primer espejo” que se tendrá; falta que entre en vigor toda la parte fiscal con las leyes del IVA y el Impuesto Sobre la Renta.
Así como la normatividad relacionada con el IMSS, el Infonavit y el Código Fiscal de la Federación (CFF), destacó al dictar la conferencia magistral Implementación de las Reformas de Outsourcing,
Eso es lo que será obligatorio el 1 de agosto del 2021, recordó en el evento organizado por el Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM.
De no cumplir, advirtió, las personas o personas físicas no podrán deducir el gasto o acreditar el IVA, además de las consecuencias penales.
Al mencionar que actualmente todas las empresas tendrían que estar haciendo la transición, reconoció que habrá muchas dudas en el camino, pero como se dice: “arrancando la carreta se acomodan las naranjas”, consideró
Lo mejor es iniciarlo y consultar a la autoridad laboral o, en su caso, la fiscal para ir normando todo el vacío que pudiera haber.
Romero Aranda detalló que en México hay 5 millones de trabajadores subcontratados por terceros que laboran en condiciones de esclavitud moderna, sin prestaciones de seguridad social, que se verán beneficiados con la reforma al outsourcing, afirmó la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
La CROC en Tamaulipas se manifiesta en contra de la reforma laboral que permite que los trabajadores votaran de manera libre y secreta sobre los dirigentes de su sindicato pasando por encima de acuerdos de asambleas
La reciente reforma laboral en México permite que los trabajadores votaran de manera libre y secreta sobre los dirigentes de su sindicato, sin temor a represalias, supuestamente.
El voto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes desde el 2020 es libre y secreto. Al menos esa es la intención de la reforma laboral. Mediante voto libre y secreto se podrá ratificar contratos colectivos o reconocer la representatividad de un sindicato. Los cambios se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se leen las reformas a varias leyes, como la Ley Federal del Trabajo (LFT) o la Ley del Seguro Social (LSS).
En este sentido algunos sindicatos vinculados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de México (CROC), donde las centrales obreras históricamente aliadas al priismo gubernamental, solicitaran amparos contra los efectos de la reforma laboral.
Lorenzo Balderas Castillo dirigente de la Unión de Obreros y Trabajadores de la rama de la construcción adheridos a esta ultima central obrera comento que hasta el 23 de junio del año pasado habían llegado ocho solicitudes al Séptimo Distrito en Materia Laboral tramitando inconformidades de diversos gremios y sindicatos del país, incluyendo el de Tamaulipas.
Los sindicatos pretenden que el tribunal aplique la suspensión definitiva a la reforma laboral, pues, dicen, viola la libertad sindical. Los sindicatos argumentan que la reforma es regresiva en cuanto desconoce derechos que ya habían sido concedidos.
“La reforma laboral requiere que los sindicatos modifiquen sus estatutos para alinearlos y permitir las elecciones libres. Alegan que exigir su adecuación es violatorio de la libertad y la autonomía sindical, ya que es facultad exclusiva de la asamblea general de los asociados en un sindicato la modificación de sus estatutos”. En cuanto a la democracia sindical, pretenden que es prerrogativa de los sindicatos decidir en sus estatutos si aplicar votaciones libres y secretas o no.
Los contratos colectivos contienen información importantísima para los trabajadores, como los salarios o la duración de las jornadas de trabajo. La reforma laboral busca impedir malas prácticas. Sin embargo, la CROC no parece estar conforme.
