Inés González, coordinadora nacional de la Red de Mujeres Sindicalistas y representante de la Fundación Friedrich Ebert Sitftung, fue una de las seis personas que se reunieron este martes con la vicepresidenta de Estados Unidos.
A la reunión con Kamala Harris este martes, no se convocó a líderes sindicales sino a especialistas en materia laboral. “La vicepresidenta de los Estados Unidos quería escuchar las diferentes opiniones de quienes trabajamos sobre el tema laboral, no escuchar a los sindicalistas”, afirmó Inés González, una de las seis personas que por espacio de 50 minutos dialogaron con la visitante.
En su mensaje –comentó-, ella habló de los 130 millones de dólares para la implementación de la Reforma Laboral, pero no explicó sí se entregarán al gobierno o sí va a salir una convocatoria.
Coordinadora nacional de la Red de Mujeres Sindicalistas y representante de la Fundación Friedrich Ebert Sitftung, dijo en entrevista con El Sol de México.
Kamala Harris, tiene muy claro, está muy convencida de que sí los sindicatos toman su rol de representación verdadera de los trabajadores se podrán hacer mejores negociaciones colectivas.
Y eso va a contribuir a que los trabajadores salgan de la pobreza laboral. Incluso, señaló que los sindicatos pueden llevar a los trabajadores de la clase baja a la clase media”.
Acerca de la impresión que tuvo de la vicepresidenta de los EU, dijo: “Es una mujer respetuosa, que da confianza en el diálogo, que te mira a los ojos cuando hablas con ella. Es atenta. No impone”.
De las incidencias de la reunión, comentó que la señora Harris mostró mucho interés en el tema de la negociación colectiva verdadera.
“Considera que la negociación colectiva es un derecho y que los trabajadores tienen que ejercerlo. La negociación colectiva surge para mejorar las condiciones y los salarios. Y es una gran oportunidad tener negociación colectiva verdadera”.
“Tiene muy clara la importancia del sindicato como actor para mejorar las condiciones, calidad de vida y la economía de los trabajadores”.
Comentó: “Lo entiendo como una posición de ella de la responsabilidad del sindicato como actor social, no un organismo que solo mejora las condiciones de sus trabajadores, sino que por hacer mejores negociaciones, contribuye a que tengan impacto positivo en la sociedad. Se vislumbra al sindicato no solo como un actor de gran importancia gremial, sino social”.
Se entregó diagnóstico
Refirió, Inés González, que a la señora Harris, le interesó mucho el tema del trabajo infantil y preguntó cuántos niños en México laboran, por qué no van a la escuela, la pobreza. Se le dio un diagnóstico de esto.
Y también se planteó cuáles son los puntos más importantes de la reforma laboral. Se interesó en conocer los puntos importantes de la Reforma Laboral y muy al principio de la reunión, dijo que es muy importante e incluso la calificó de “revolucionaria”, en el mundo del trabajo.
Hizo preguntas del papel de las mujeres en los sindicatos, en el mundo del trabajo. Se habló de cómo es su participación en los sindicatos.
Yo le dije que la presencia de las mujeres en los comités directivos de los sindicatos es un 8.5% su participación, a pesar de que la mujer tiene una presencia de 40% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esa participación no se refleja en los puestos directivos de los sindicatos”. La señora Harris, cuestionó ahí la “igualdad sustantiva”.
También se le comentó sobre las reformas en materia de género. Y preguntó sí más mujeres incursionarán en la vida sindical y en la toma de decisiones en las organizaciones gremiales.
“Le comenté que sí, pero que tomará tiempo. Y que tiene que cambiar la mentalidad porque hay una mentalidad muy machista en los sindicatos. El poder del sindicato sigue radicando en los hombres, de no querer compartir el poder y de no considerar a la mujer como ente político, de que es capaz de dirigir un sindicato”.
Se habló brevemente de la conciliación y cómo en la primera etapa de la reforma laboral, en los primeros 8 estados que se puso en marcha, se crearon los Centros Locales de Conciliación aumentó.
Y en esencia, le dijimos que la Reforma Laboral por sí misma, como ley, no va a cambiar la realidad. Serán a largo plazo los cambios porque son las personas quienes al apropiarse de esa ley y exigir que se cumpla por parte de las empresas y gobiernos. Requiere que todos los actores se involucren, manifestó.
Sin entrar a la discusión sobre los aspectos positivos del teletrabajo, el objetivo de la reforma apunta promover la estabilidad laboral y pugnar por la reversibilidad. La necesidad de un abono o compensación de gastos.
Comentaba Enrique de la Garza, destacado investigador mexicano de la Universidad Autónoma Metropolitana, recientemente fallecido, que en el siglo XX “La gran crisis capitalista de mediados de los setenta […] fue atribuida por sectores pro empresariales a la rigidez de las relaciones laborales, resultado del largo período de Estado benefactor y keynesiano, que implicó pactos entre Estado, sindicatos y empresas. En esta medida había que flexibilizar el mercado laboral”. Vale señalar, como se apunta en el texto citado, que no se trata solamente de un problema de orden sociotécnico.
Si se analizan sus orígenes podemos coincidir con Chomsky que la salida a la rigidez también tuvo como resultado “el deterioro de la democracia”, que implicó en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido pegarle al movimiento obrero para destruirlo, socavar sus bases de resistencia. Leamos desde esa mirada el Informe de la Comisión Trilateral: “El corazón del problema radica en las contradicciones inherentes relacionadas a la misma frase de ‘lo gobernable de la democracia’. Porque, en cierta medida, gobernable y democracia son conceptos en conflicto”, señalaban Crozier, Hungtington y Watanaki, los intelectuales que realizaron el Informe (La gobernabilidad de la democracia) en el lejano 1973, abriendo una brecha para las políticas neoconservadoras y neoliberales.
Flexibilidad en el trabajo, golpeteo a la democracia y rehechura, para ser consistentes, de un Estado con menos tutela estatal y disminuyendo los marcos regulatorios. En América Latina la imposición estuvo cargada de violencia, desde la literalmente ejercida a balazos (las experiencias golpistas en Chile y Argentina), así como la aplicación a rajatabla de la flexibilización unilateral en México, aprovechando las estructuras corporativas y la “consciencia subordinada” (Arturo Anguiano) del proletariado.
Esta flexibilización del trabajo se vivió en los cambios legislativos a la Ley Federal del Trabajo, en el rasurado de los contratos colectivos de trabajo (CCT), y en una realidad laboral donde los derechos laboral-sociales eran mutilados o inexistentes, al dominar los bajos salarios, la eventualidad laboral, la subcontratación, la polivalencia, la reducción de la bilateralidad sindical, la introducción de esquemas de bonos por productividad y calidad, que entre sus afectaciones producen la invisibilización de lo colectivo, el realce de lo individual y la constitución de nuevas formas de vigilancia en donde los propios trabajadores, en condiciones organizacionales específicas, juegan un papel activo. Este es un resumen apretado, de una realidad laboral mexicana que en pasos iniciales el actual gobierno pretende cambiar. Destacan cuatro aspectos.
1. El aumento al salario mínimo -no en la misma proporción a los salarios contractuales- impacta a la población trabajadora más empobrecida, en particular a las mujeres, que son las que se ubican en los espacios del trabajo con menos retribución salarial. En enero de 2019, inaugurándose la acción del gobierno actual, la retribución salarial mínima pasó de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios. En 2020 tuvo un alza de 16%, que se tradujo en un salario de 123.22 pesos, llegando en 2021 -pandemia mediante-, a 141.70 pesos. Lo que perciben los trabajadores del salario mínimo no se dirige a paraísos fiscales ni se destina a la compra de dólares, va a cosas simples: comprar las cosas que se requieren para la casa en los establecimientos del barrio, es decir, reactivando la economía de otros sectores empobrecidos. No es desdeñable el aumento a los mínimos.
2. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue aprobada por el Senado en abril de 2019. En un país donde las dirigencias sindicales se han enraizado en algunos casos, formando como planteaba Lipset minorías compactas -oligarquías sindicales y pesadas burocracias-, a la par de la existencia del denominado sindicalismo de protección, que era posible por el contubernio entre las centrales sindicales, los patrones y las autoridades del trabajo, la reforma a la LFT abre una ventana a la democracia sindical. Veamos parte de sus alcances. Los trabajadores podrán decidir, sin la atadura de la cláusula de exclusión, a qué sindicato se afilian, abriéndose una metodología horizontal para alentar y transparentar la participación sindical: las decisiones centrales deben ser tomadas -por ejemplo, la acción de huelga o la elección de un nuevo comité ejecutivo, o las modificaciones al CCT- directamente por los trabajadores. Ya existían en muchos sindicatos mecanismos para la toma de decisiones, a través de nombrar en asambleas a delegados (en otros, estos mecanismos estaban ausentes, por lo que prevalecía el autoritarismo), pero el paso que se da en la nueva LFT profundiza la democracia en la vida sindical. Esto es un reactivo frente al sindicalismo de protección, en el que los propios trabajadores ni sabían que tenían sindicato ni conocían por supuesto a los pseudo dirigentes instalados por la alianza corporativa. El terror de la práctica sindical autoritaria de tomar decisiones a mano alzada -que era una forma de visibilizar por ejemplo a la disidencia sindical, con los costos de violencia que podía implicar-, se anula, lo que aligera las presiones que vivían los trabajadores en los procesos de toma de decisiones. Como en el caso del aumento al salario mínimo, los cambios en la LFT no son desdeñables, pueden modificar el sistema de relaciones industriales. Un país de ciudadanos, no de súbditos, en el que los trabajadores participen pensando en su materia de trabajo -condiciones y medio ambiente de trabajo-, así como en sus condiciones de vida en general, es una premisa necesaria para rehacer la lastimada cohesión social.
3. Cambios en materia de subcontratación, aprobados por el Senado en abril de 2021. Para comprender su alcance van algunos datos: en una breve línea del tiempo, en 2010, los trabajadores eventuales llegaban al 12.97%, en 2021 alcanzan el 14.36%. Un trabajador eventual no puede proyectar su futuro. Agreguemos a este dato otro aspecto, el referido a la antigüedad en el trabajo de trabajadores subordinados remunerados. Revisando datos también desde el 2010 hasta el 2021, aunque se trata de una historia que desborda este marco temporal, una cuarta parte de los trabajadores manifiesta que su antigüedad laboral es hasta un año, en tanto de 2 a 5 años el promedio alcanza a un 36%, que no indica que la mayoría se ubique en el extremo de los cinco años, pues está desagregado en cada uno de los años referidos. En su conjunto, entonces un poco más del 50% de los trabajadores, resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, señala que su antigüedad va desde hasta un año a los cinco años, como una historia que se repite paulatinamente.
Por su parte, directamente los trabajadores que dicen ser contratados por una firma para trabajar en otra, esto es, la subcontratación (tercerización) registrada en los Censos Económicos (INEGI), mientras en 2003, de cada 100 trabajadores 9 estaban subcontratados, en 2008 se encuentran en esta condición 14 trabajadores. Los censos económicos de 2013 registran 16,6% y en 2018, 17,3%; como apreciamos, son la continuidad de una historia diseñada desde el capital. Reconociendo el tamaño del problema, que alude a la fragmentación de los derechos laborales de los trabajadores, así como alentaba prácticas de evasión fiscal por parte de las empresas, la iniciativa de AMLO aprobada en el Senado afecta intereses de las empresas que habían hecho de la subcontratación un nicho para los negocios. Atención, los alcances de la reforma no ignoran que entre 70 y 80 por ciento, en datos oficiales, por ejemplo, en el contenido en productos finales de manufactura, son realizados con prácticas de subcontratación (externalización), que se permitirán siempre y cuando no formen parte de las actividades principales de la empresa. Era necesario avanzar en la legislación en esta materia.
4. Se aprueban en el Senado en diciembre de 2020, cambios al artículo 311 de la LFT, en materia de Teletrabajo. La Organización Internacional del Trabajo señala en el Manual de Buenas Prácticas en teletrabajo, 2011: “El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”. En la discusión en el Senado se concretó como “La forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y empleador”. Su intención, regular lo que ya existía, pero que se agudizó con la pandemia.
Sin entrar a la discusión sobre los aspectos positivos del teletrabajo, el objetivo de la reforma apunta promover la estabilidad laboral y pugnar por la reversibilidad. La necesidad de un abono o compensación de gastos (luz, agua, insumos), el derecho al horario flexible, a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la intimidad (violentado en lo ordinario por el capitalismo de la vigilancia) y a la desconexión digital.
Voltear hacia otro lado es una práctica común en parte de la clase política. El descuido de no pensar al salario mínimo, el trabajo eventual, la fragmentación y discontinuidad en las trayectorias laborales, la subcontratación creciente y su efecto inversamente proporcional en la construcción de porvenires desde la perspectiva del trabajador, así como en un teletrabajo que existía sin asumir su modalidad de precarización, fue lo dominante en las políticas laborales en los gobiernos críticos de las prácticas keynesianas (de bienestar), es decir, en los gobiernos que impulsaron prácticas neoliberales (el PRI y el PAN destacan en esto).
No se trata de añorar al pasado, con la idea romántica e ingenua de que “todo tiempo pasado fue mejor”, pero es un ejercicio obligado mirar el pasado, lo hecho, a la hora de los balances. La acción política en materia laboral tiene aciertos. Como decía el compositor argentino Luis Alberto Spinetta: “Aunque me fuercen yo nunca voy a decir, que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor”.
Kamala Harris recordó que en su reunión con AMLO, su Gobierno ofreció 130 millones de dólares para que México garantice la justicia laboral y la libertad sindical.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofreció el apoyo de la administración del presidente Joe Biden para defender los derechos laborales en México y aseguró que el presidente Andrés Manuel Lóéz Obrador coincide en la importancia de apoyar al sindicalismo.
«México y Estados Unidos tienen una mente en común sobre lo que podemos hacer para apoyar los derechos de los trabajadores, entendiendo que esto está en el mejor interés de toda la sociedad», manifestó Harris durante un encuentro con líderes laborales en el marco de su visita a México.
Subrayó que ambos países están de acuerdo en lo que se tiene que hacer para defender los derechos de los trabajadores porque ello va a favor de la prosperidad económica y social de ambos países.
“El presidente Joe Biden pidió que liderada nuestro Consejo del Trabajo, así que les envío saludos de lso sindicatos y la mano de obra organizada de Estados Unidos que se sienten sumamente conectados con el trabajo que revisemos aquí”, agregó.
Además, confirmó que como parte de los acuerdos con los que llegó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, su país invertirá un paquete de 130 millones de dólares para impulsar la reforma laboral en nuestro país.
Explicó que los recursos serán enfocados a promover condiciones laborales aceptables, proteger a los trabajadores y abordar los riesgos para el trabajo infantil.
“Nuestro gobierno está convencido de que los sindicatos ayudan a crear la clase media y creemos que cualquiera tiene que agradecer contar con una mano de obra organizada”, afirmó.
Asimismo, subrayó que la administración del presidente Biden es consciente de que se debe trabajar de manera conjunta para apoyar los salarios y las prestaciones de los trabajadores pues “cualquier negociación que se da con equidad, con igualdad, es una negociación encaminada al éxito”.
Así lo expuso la Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en una conferencia con líderes de Coparmex en León, donde habló de la implementación de la Justicia Laboral, en el estado de Guanajuato.
Expuso que con la reforma en materia laboral se toca la vida sindical y se establece un nuevo modelo, en el que se tendrá mayor representación de los trabajadores y las mujeres en las planillas.
“La propia Ley Federal del Trabajo establece ahora un nuevo modelo de las elecciones en las directivas sindicales, ahora prohibiendo las votaciones a mano alzada, o a través de delegados, en la conformación de las planillas habrá garantía en la representación proporcional de género, para que exista el mismo número de mujeres y hombres”.
La funcionaria estatal dijo que la vida sindical en México al igual que en otros espacios de la vida pública, han sido encabezados por hombres, y es importante la incorporación de mujeres en las planillas.
“La autoridad laboral podrá ser verificada por la Secretaría del Trabajo en cualquier momento a solicitud del sindicato o del 30 por ciento de sus afiliados, en caso de que detecte alguna irregularidad en la elección de las directivas sindicales podrá declararla nula y organizar una nueva, es parte del nuevo modelo y es nacional”.
Explicó que el sindicato que pretenda negociar un contrato colectivo de trabajo deberá de acreditar el 30 por ciento de los trabajadores, y en caso de que dos o más sindicatos soliciten la misma constancia de representatividad, será la STPS quien realizará una consulta para ver quien tiene el respaldo mayoritario.
“No será posible emplazar a huelga sino se cuenta con esta constancia de representatividad, aquí nosotros como estado intervenimos como autoridad auxiliar en el caso de que la propia secretaría del trabajo, y esto tiene que ver que la vida sindical represente a los trabajadores, pues hay modelos agotados de sindicalismo”.
En los contratos colectivos, la funcionaria estatal dijo que ahora serán los trabajadores los que aprueben los acuerdos que se promocionen con el sindicato y el empleador, y se lleva cada dos años. Y toda alteración tendrá que ser aprobada con los trabajadores.
La vicepresidenta dijo que ambos países se comprometieron a mantener un diálogo económico de alto nivel en septiembre, en el que se tratarán temas como «la facilitación del comercio, telecomunicaciones e interconectividad, y resiliencia de la cadena de suministro».
Estados Unidos invertirá 130 millones de dólares «en asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones laborales y abordarán el trabajo infantil y forzado», según el comunicado difundido por la Casa Blanca a propósito de la reunión entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
«El presidente López Obrador promulgó una legislación histórica de reforma laboral el 1 de mayo de 2019», continua el documento que enlista los anuncios de Harris a raíz de la reunió bilateral entre México y Estados Unidos.
La vicepresidenta aludió a la serie de reformas laborales que en buena medida fueron realizadas para que México pudiera ratificar su adhesión al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que abordan sobre todo los derechos sindicales de los trabajadores, la firma de contratos colectivos y la obligatoriedad de registrar a las trabajadoras domésticas en los servicios de seguridad social del Estado.
Harris anunció además que la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos emitirá un préstamo para respaldar hipotecas y viviendas asequibles, del cual 40 y 50 por ciento de las viviendas nuevas se construirán en el sur de México. Asimismo, refiere el documento, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y el Departamento de Comercio organizarán misiones comerciales para apoyar el desarrollo de infraestructura en el Sur de México.
«La USTDA planea otorgar una subvención al regulador de aviación de México para asistencia técnica para mejorar la eficiencia», reza el documento, al hacer referencia al descenso de la calificación aeronáutica de México.
Además, Harris aseguró que otro de sus objetivos es alcanzar un monto de inversión y ventas de 250 millones de dólares en el sureste mexicano, a través del fortalecimiento de las cadenas de valor rurales, como la del cacao, el café y el ecoturismo.
La vicepresidenta dijo que ambos países se comprometieron a mantener un diálogo económico de alto nivel en septiembre, en el que se tratarán temas como «la facilitación del comercio, telecomunicaciones e interconectividad, y resiliencia de la cadena de suministro».
A su vez, ambos países mantendrán un diálogo a nivel gabinete sobre la seguridad y asentó que las organizaciones transacionales no reconocen fronteras, por lo que México y Estados Unidos se comprometieron a reducir los homicidios y las muertes relacionadas con el narcotráfico.
La vicepresidenta Harris habló también del memorándum de entendimiento que firmaron ambos gobiernos para abordar «falta de oportunidades económicas en el norte de Centroamérica».
«Los dos gobiernos trabajarán juntos para fomentar el desarrollo agrícola y los programas de empoderamiento de los jóvenes en El Salvador, Honduras y Guatemala y co-crearán y co-administrarán un programa de asociación que les permitirá entregar, medir y comunicar mejor la asistencia a la región», anunció y añadió que las agencias gubernamentales de ambos países compartirán información para combatir el tráfico de personas en la región. El gobierno estadounidense también colaborará para resolver los miles de casos de personas desaparecidas en México.
Para que empresas agropecuarias en Baja Californa conozcan y cumplan con la normatividad para salvaguardar a su capital humano, la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria (SCSA) promueve capacitaciones en materia de la Reforma Laboral y el T-MEC 2.0.
El titular de la SCSA, Héctor Haros Encinas, indicó que se está trabajando en coordinación con varias organizaciones interesadas en actualizarse en distintos temas del sector que representa, muchas de ellas, buscan capacitar a sus empleados o bien, involucrar a los interesados en distintas temáticas.
Destacó que es de suma importancia que las empresas agrícolas cuenten con información actualizada en temas que pueden traer beneficio a su actividad, ya que con esto se asegura que el personal realizará correcta y eficientemente su labor.
Por su parte, la directora del Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y Agroalimentaria (CCIIAA), Edna Alicia Noriega Ituarte, indicó que esta serie de cursos que iniciaron en este centro, Ensenada y Sna Quintín, fueron impulsados por el Consejo Agrícola de Baja California dirigidos a empresas agrícolas afiliadas a este organismo.
General Motors (GM) Photo by Jeffrey Sauger for Chevrolet)
La nueva fecha para ratificar a través del voto el contrato colectivo en la planta de GM en Silao podría ser anunciada esta semana.
Reuters.- Una votación clave de trabajadores en una planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, que ha desatado el escrutinio de la administración de Joe Biden ante presuntas violaciones de derechos laborales se retrasaría más allá de la fecha límite establecida por las autoridades mexicanas.
La nueva fecha para ratificar a través del voto el contrato colectivo en Silao podría ser anunciada esta semana, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.
La Secretaría de Trabajo anuló las elecciones iniciales realizadas en abril, citando “irregularidades graves” en el proceso, y ordenó al sindicato de GM que realizara una nueva votación dentro de los 30 días posteriores a su determinación, tomada el 11 de mayo.
Debido a que los sindicatos deben anunciar ese tipo de votaciones con 10 días de anticipación, la repetición de ese acto se retrasará más allá del final de ese período.
GM se negó a comentar. La compañía ha dicho anteriormente que cooperaría con los gobiernos de Estados Unidos y México, y que condena las violaciones de los derechos laborales.
El mes pasado, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su siglas en inglés) pidió a México revisar los posibles abusos laborales en la planta de GM en Silao en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial que reemplazó al TLCAN.
La USTR expresó su preocupación de que a los trabajadores se les hubieran negado potencialmente los derechos de negociación colectiva en la votación de abril, la cual fue suspendida por las autoridades mexicanas a la mitad del proceso.
La representante comercial Katherine Tai se refirió la semana pasada a la queja de GM como la primera vez que Estados Unidos “hizo cumplir proactivamente” las reglas laborales de un acuerdo comercial, como parte de un esfuerzo para “alentar una carrera hacia la cima con estándares más altos y una aplicación real y rápida”.
La ratificación del contrato colectivo es necesaria en virtud de la reforma laboral de México de 2019, que sustenta las disposiciones del T-MEC, para garantizar que los trabajadores no estén sujetos a contratos firmados a sus espaldas.
La votación original fue encabezada por el sindicato de Miguel Trujillo, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Un informe de la Secretaría del Trabajo del mes pasado mostró que los trabajadores de GM en Silao estaban en camino de cancelar el contrato negociado por la CTM.
El máximo líder de la CTM, Carlos Aceves, se reunió con la secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, a fines de mayo para discutir cómo proceder con la nueva votación, dijeron las dos fuentes.
El titular del sindicato Miguel Trujillo no respondió a solicitudes de comentarios. La Secretaría del Trabajo tampoco contestó de inmediato a una petición de declaraciones.
El proyecto «Más Reformas, Mejor Trabajo», de la Red de Mujeres Sindicalistas, publica una nueva investigación del Dr. Pablo Franco Hernández, que se titula «La democracia y la libertad sindical. Principios y corazón de los sindicatos».
El doctor Pablo Franco ubica en su investigación que la libertad y la democracia sindicales entraron en la legislación mexicana recientemente, a partir de la reforma constitucional laboral de 2017 y tomaron forma en la reforma legal de mayo de 2019.
En el texto, el investigador indicó que para que México pueda ingresar y competir en el mundo globalizado, necesita crear empleos de calidad y no precarizarlos. Para esto último, sugirió que es indispensable un compromiso social y político con la democracia.
Consideró que a nuestro país le cuesta entrar a un modelo de participación ciudadana en al ámbito sindical, ya que existe una ausencia de una cultura democrática en el mundo del trabajo derivada de un modelo que tuvo la unilateralidad patronal como la única opción para garantizar productividad, competitividad y paz laboral.
Agregó que todo lleva a que hace falta una reforma integral que pase por una revisión de toda la normativa laboral a efecto de evitar discordancias y discriminaciones desde las propias leyes.
Aquí puedes descargar la investigación completa del Dr. Pablo Franco Hernández.
Entre los temas que se pretenden abordar, bajo el Capítulo 23 del T-MEC, se encuentra la reforma laboral de 2019 y su implementción; además de aspectos puntuales como el trabajo infantil y la igualdad de género.
Expertos laborales mexicanos se reunirán con la vicepresidenta Kamala Harris por la tarde, como parte de las mesas de trabajo que se acordaron en la visita a México, y representa la primera oportunidad de que se analice el desarrollo que ha tenido el capítulo laboral en el marco del T-MEC.
Entre los temas que se pretenden abordar, bajo el Capítulo 23 del T-MEC, se encuentra la reforma laboral de 2019 y su implementción; además de aspectos puntuales como el trabajo infantil y la igualdad de género.
Cabe recordar que México está en proceso de dar respuesta a una solicitud proveniente del gobierno de Estados Unidos, bajo el mecanismo de respuesta rápida, respecto a la denegación de los derechos laborales de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
De acuerdo con fuentes del sindicato, aún no se tiene acordada la fecha para realizar la nueva votación para legitimar el contrato colectivo de trabajo, como lo solicitó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a pesar de que se dieron 30 días para ello, y cuyo plazo concluye esta semana.
No ha habido trabajadores que se quejen o presenten denuncias por la falta del pago de utilidades o el PTU, lo que quiere decir que las empresas están cumpliendo con esta responsabilidad: Manuel Lozano.
Pese a que las condiciones económicas para las empresas no fueron las más favorables durante el 2020, debido a la pandemia por Covid-19, se cumplió bien con el pago de utilidades a los trabajadores, pues hasta el momento no se han recibido quejas respecto a este tema.
Aseguró lo anterior el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, quien manifestó que en general nunca han tenido problema con las empresas cuando se lleva a cabo el reparto de utilidades, así como con el pago de otras prestaciones a fin de año, pues destacó que “en San Luis Potosí tenemos empresarios muy responsables”,
“Asumimos que concluyó bien el reparto de utilidades porque no hemos tenido quejas en relación a ello, no ha habido trabajadores que se quejen o presenten denuncias por la falta del pago de utilidades o el PTU, por eso decimos que las cosas van bastante bien, lo que quiere decir que las empresas están cumpliendo con esta responsabilidad”, expresó.
Finalmente, señaló que se prevé que San Luis Potosí continúe con un clima de paz laboral, sobre todo con la aplicación de la Reforma Laboral, ya que el reparto de utilidades es uno de los aspectos que se busca que lleve a cabo de forma más exacta y cuidadosa en beneficio y protección de los derechos laborales de los trabajadores en todo el país.
Por: Daniel Aranda / El Sol de San Luis 07/06/2021
