Las autoridades laborales: Secretaria de Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral firmaron un convenio de colaboración para inspeccionar los procesos relacionados con procedimientos de democracia sindical, consultas sobre la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo y convenios de revisión contractual.
El acuerdo, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, establece compromisos de ambas instituciones para una coordinación permanente, en la que inspectores federales de la secretaría apoyarán, cuando sea necesario, al Centro Federal Laboral en las verificaciones de consultas a las y los trabajadores.
Con ello, ambas dependencias dan cumplimiento a las reformas a la Ley Federal del Trabajo que garantizan libertad de negociación colectiva, y a los compromisos establecidos en el anexo laboral del convenio internacional en materia comercial entre los gobiernos México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El acuerdo comercial establece disposiciones en materia laboral para garantizar y fortalecer el ejercicio de diversas libertades y derechos de los trabajadores, entre los que destaca la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Dicho convenio establece que cuando se requiera, el Centro Federal Laboral notificará con anticipación a la secretaría, respecto de las fechas, horarios, número de trabajadores, domicilios y toda la información necesaria de las diligencias de verificación de los procesos de democracia sindical.
“Los inspectores federales del trabajo podrán auxiliar al centro efectuando las diligencias que le sean solicitadas, incluso aquellas en las que derivado de la naturaleza y urgencia de las mismas tengan que practicarse en días y horas inhábiles”, precisa el acuerdo.
Para efectos de esta coordinación, la STPS comisiona a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a las y los inspectores federales del trabajo que estime necesarios para el desahogo de los procedimientos de verificación de consultas.
El convenio tiene una vigencia indefinida y hasta en tanto el CFCRL cuente con la infraestructura necesaria para asumir, de manera integral en todo el país, sus funciones. Cabe señalar que el centro cuanta hasta ahora con oficinas estatales en 8 estados del territorio nacional, y será en octubre de este año cuando se incorporen 13 entidades más, donde contará con oficinas y personal como parte de la segunda etapa de implementación de la Reforma Laboral.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), informó esta mañana que la dependencia federal que encabeza interviene como facilitadora para la conciliación en seis conflictos mineros ubicados en cuatro estados de la República: Sinaloa, Baja California, Zacatecas y Querétaro.
Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente López Obrador, la funcionaria se refirió al caso de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, donde en los próximos días podría reabrirse la mina e iniciar labores.
Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), también informó de la participación de la dependencia en conflictos laborales en las minas de Taxco, Guerrero, y Cananea, Sonora. En el último caso se trata de la disputa de más de 54 millones de dólares entre poco más de mil trabajadores
Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se refirió a otro conflicto en la mina de Cananea, pues los trabajadores no estaban incorporados al servicio médico del Estado mexicano ni al régimen de jubilaciones y pensiones. Señaló que ya se estudian esquemas para resolverlo.Publicada el mayo 12, 2021Por Zósimo CamachoCategorizada como Noticia del día Etiquetada como conflictos mineros, Olga Sánchez Cordero
El Gobierno mexicano consideró que EU no está respetando acuerdos del T-MEC en la industria agrícola. (Bloomberg)
El Gobierno mexicano, a través del embajador, señaló que hay una falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola estadounidense.
El Embajador Esteban Moctezuma, en nombre del Gobierno de México, envió una carta al secretario del Trabajo de EU, Martin J. Walsh, para señalar que hay una falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola estadounidense, lo que incumple con lo acordado en el artículo 23.12 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“En aras de identificar acciones que permitan atender la no aplicación de las leyes laborales en determinados sectores y estados en Estados Unidos y así garantizar de forma plena los derechos laborales contemplados en la legislación federal estadounidense y en el capítulo 23 del T-MEC”, especificó la misiva.
El texto hizo hincapié en que México no renunciará a utilizar los mecanismos de solución de controversias laborales previstos en el T-MEC.
Esta carta se hizo de conocimiento público luego de que el Gobierno de Estados Unidos ‘estrenara’ el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC en contra de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, por agravios contra la democracia sindical y negociación colectiva.
El embajador Moctezuma puntualizó que aunque a nivel federal los derechos laborales en Estados Unidos protegen a todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, en la práctica, factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados.
Entre las principales problemáticas que se han detectado en la industria agrícola estadounidense se encuentran la falta de pago de salario y tiempos extras, los empleadores no cumplen con los protocolos de descansos e instalaciones adecuadas para los trabajadores y falta de regulación federal respecto al estrés por calor y otro tipo de malas prácticas laborales durante la pandemia del COVID-19.
“Por las razones mencionadas, el Gobierno de México consideró necesario señalar la importancia de hacer cumplir adecuadamente su regulación federal para garantizar los derechos laborales de los trabajadores en la industria agrícola y de procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos”, subrayó la misiva.
Ciudad de México. A partir de este miércoles la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) apoyará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en las acciones de verificación de procedimientos de democracia sindical, consultas sobre la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo y convenios de revisión contractual.
Lo anterior, tras la firma de un convenio de colaboración publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece compromisos entre ambas instituciones para una coordinación permanente, en la que inspectores federales de la STPS apoyarán, cuando sea necesario, al Centro Federal Laboral en la atención y respuesta a solicitudes de verificaciones de consultas a los trabajadores.
“Los inspectores federales del trabajo podrán auxiliar al Centro efectuando las diligencias que le sean solicitadas, incluso aquellas en las que derivado de la naturaleza y urgencia de las mismas tengan que practicarse en días y horas inhábiles”, precisa el acuerdo.
Con ello, ambas dependencias dan cumplimiento a las reformas a la Ley Federal del Trabajo que garantizan libertad de negociación colectiva, y a los compromisos establecidos en el anexo laboral del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual establece disposiciones en materia laboral para garantizar y fortalecer el ejercicio de diversas libertades y derechos de los trabajadores, entre los que destaca la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
El acuerdo establece que cuando se requiera, el CFCRL notificará con anticipación a la Secretaría del Trabajo, respecto de las fechas, horarios, número de trabajadores, domicilios y toda la información necesaria de las diligencias de verificación de los procesos de democracia sindical.
Sobre el tema, la STPS informó que comisionó a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a los inspectores federales que “estime necesarios para el desahogo de los procedimientos de verificación de consultas”.
El convenio suscrito entre ambas instituciones tiene una vigencia indefinida y hasta en tanto el CFCRL cuente con la infraestructura necesaria para asumir, de manera integral en todo el país, sus funciones.
Cabe señalar que el Centro Federal Laboral cuenta hasta ahora con oficinas estatales en ocho estados del territorio nacional, y será en octubre de este año cuando se incorporen 13 entidades más, como parte de la segunda etapa de la puesta en marcha de la reforma laboral de 2019.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró positivo que por primera vez se use el mecanismo rápido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asuntos laborales tras una demanda de los trabajadores de General Motors en México.
Cuestionado sobre este asunto, López Obrador dijo este miércoles en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional que «de inmediato se va a responder» a la petición de Estados Unidos.
«Porque es parte en efecto del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tiene que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente y también de manera democrática a sus representantes sindicales», dijo.
En líneas generales, opinó que si en una empresa que «exporta» a Estados Unidos hay «malos tratos a los trabajadores» y no «se están pagando salarios justos y no hay democracia, se tiene que intervenir».
Por ello, continuó el mandatario mexicano, se «establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla» con sus «obligaciones laborales».
Según reportan medios, el Gobierno de Estados Unidos pidió a su homólogo mexicano, a través de este novedoso mecanismo del T-MEC, que investigue los informes sobre posibles violaciones graves de los derechos de los trabajadores de una planta de General Motors en Guanajuato, estado del centro de México.
Esta petición se hizo a través de la Oficina del Representante de Comercio (USTR, en inglés), organismo encabezado por Katherine Tai.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó este miércoles en un boletín que el pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
«En el marco de este proceso, la STPS acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación», apuntó el ministerio.
Por ello se declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.
«A través de la implementación de estas medidas, la STPS ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral», concluyó el boletín.
Tras años de difíciles negociaciones, el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 para renovar el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). EFE
La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que el pasado 7 de abril, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo para que la empresa dueña de la mina de Cananea pague 54 millones de dólares a mil 097 trabajadores.
El movimiento obrero de Matamoros, Tamaulipas, de 2019 no ha terminado. Luego de la represión policial, la persecución política y la fabricación de delitos contra sus líderes más visibles, lo que consiguieron autoridades, sindicatos y empresas fue justamente lo que buscaba esa disidencia: “Evidenciar la precariedad de las relaciones obrero patronales en la industria maquiladora”, dice irónica la abogada Susana Prieto.
Otro de los resultados fue el apoyo de organizaciones sindicales y congresistas estadounidenses, señala la activista vía telefónica. Este lunes, el sindicato que surgió de aquella huelga masiva en 28 maquiladoras, apoyado por otros de Estados Unidos, interpusieron una queja contra la compañía Tridonex. Se han valido del Mecanismo de Respuesta Rápida que contempla el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La solicitud se ha hecho desde el otro lado de la frontera. La firman el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS), formado en Matamoros en 2019, así como la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Igualmente, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la organización Public Citizen.
La denuncia es porque “durante dos años, los obreros de Tridonex han sido acosados y despedidos por tratar de sindicalizarse con el SNITIS” y dejar de pertenecer al “sindicato corrupto ‘de protección patronal’”, ha informado la AFL-CIO en un comunicado. Son más de 600 trabajadoras y trabajadores, afirma Susana Prieto, quien asesoró a las y los huelguistas.
Por esa labor, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “quien se opone a la reforma laboral, la encarceló con acusaciones inventadas durante un mes en una penitenciaría estatal plagada de covid-19”, señala el comunicado. “Creían que apagaban, que acorralaban el movimiento, que todo terminaba ahí”, repasa la defensora de derechos humanos. Pero parece que avivaron el fuego.
Salarios 10 veces peores
“Utilizamos los mecanismos que ofrece el T-MEC para defender los derechos de las y los trabajadores mexicanos”, explica Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers. Aun después de las huelgas de 2019 en las que exigían mejoras de salario y condiciones laborales, los sindicatos democráticos no son titulares de los contratos, apunta. El personal de las maquiladoras en México gana “la décima parte de lo que nuestros trabajadores en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo”, dice.
Los sindicatos que aglutinan a la plantilla laboral pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Los dirigentes de esa central obrera han pertenecido a la cúpula del PRI, el partido que gobernó el país por más de 70 años. Uno de sus líderes, Fidel Velázquez, estuvo medio siglo al frente de esa organización. El senador Carlos Aceves del Olmo es actualmente el secretario general desde 2016.
La queja se presentó ante un comité formado por el Departamento del Trabajo estadounidense y la Oficina del Representante Comercial. Tienen 30 días para evaluar la petición, “si deciden seguir adelante empieza el momento de consulta, que puede durar 45 días”, comparte Ben Davis.
Es la segunda denuncia vía el T-MEC por violaciones laborales entre México y Estados Unidos. La primera la interpusieron en marzo jornaleras mexicanas contra el gobierno estadounidense por discriminación y agresiones sexuales en el programa de trabajo temporal de visas H2A.
Esta otra es en contra de una empresa, Tridonex, por incumplir la libertad sindical. “Es el primer caso, no hay antecedentes. No sabemos cómo lo va a manejar primero el gobierno acá y luego, si llega a México, cómo será esa segunda parte”, aclara.
Los obstáculos del proceso
Para Susana Prieto, abogada del SNITIS, el cual es dirigido por Jaime Guarderos, con el movimiento 20/32 y esta queja en el marco del T-MEC están visibilizando la corrupción de las empresas. “Se habla mucho de la corrupción de los sindicatos charros alimentados por el sistema político, pero a las empresas nunca nadie las había tocado”.
Tridonex, la denunciada, es una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia. En ella fabrican partes automotrices, “de las cuales una importante porción es para el mercado de Estados Unidos”. Según la AFL-CIO, no ha atendido la petición de quienes ya no quieren aportar más cuotas de su salario “al sindicato de protección patronal”.
Para Ben Davis, el gobierno de México “está comprometido con las reformas no sólo en el papel, sino en concreto”. Y las autoridades en Estados Unidos también “han mostrado mucho compromiso. Seguramente lo analizarán bien”.
Sin embargo, habrá obstáculos: la resistencia de las empresas porque no quieren pagar más es la primera. “Es una lástima, una de las razones por las que no hay mucho consumo en México es por los bajos salarios”, comenta.
La segunda: “La CTM, los viejos sindicatos, en Matamoros tienen sus intereses y han estado en contra de esos cambios”. También esto es una pena, “porque el líder de un sindicato no debe tener miedo de la democracia. Pero es la realidad que enfrentamos hoy”.
Y la tercera: “Hay algunos políticos que se resisten al plan” democratizador en materia laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Susana Prieto resalta una ventaja: “Hay muchas mujeres, en ese orden, mujeres y hombres que han estado en la primera línea de batalla para acabar con la corrupción de sindicatos blancos, lideres charros y empresas”.
Funcionarios mexicanos habían dicho anteriormente que algunas papeletas fueron destruidas durante la votación realizada en abril, en la que los trabajadores ratificarían su contrato colectivo. | Reuters
Funcionarios mexicanos habían dicho anteriormente que algunas papeletas fueron destruidas durante la votación realizada en abril, en la que los trabajadores ratificarían su contrato colectivo.
La Secretaría del Trabajo de México dijo el martes que encontró «irregularidades graves» en una votación sindical en la planta de General Motors (GM) en la ciudad Silao y ordenó al sindicato local de la automotriz volver a realizarla en un plazo de 30 días.
La determinación de la dependencia ocurrió tras la presión ejercida más temprano por legisladores estadounidenses sobre GM para garantizar los derechos de los trabajadores en esa planta, lo que se suma a preocupaciones de varios grupos mundiales de defensa laboral.
Funcionarios mexicanos habían dicho anteriormente que algunas papeletas fueron destruidas durante la votación realizada en abril, en la que los trabajadores ratificarían su contrato colectivo.
La ratificación es necesaria debido a una reforma laboral mexicana para garantizar que los trabajadores no estén sujetos a los llamados contratos de protección, que se firman a espaldas de los trabajadores y priorizan los intereses de la empresa.
Estas votaciones son parte de un esfuerzo más amplio que sustenta las promesas del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para defender los derechos de los trabajadores.
La secretaría del Trabajo dijo en un comunicado el martes que las irregularidades de la votación «vulneraron los principios de seguridad y certeza que deben regir a todo proceso democrático».
GM ha negado haber actuado mal y dijo que condena las violaciones a los derechos laborales.
¿Qué dijo la Secretaría de Trabajo?
El pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), cuya titularidad corresponde al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”.
En el marco de este proceso, en el que se consultó a las y los trabajadores a través del voto personal, libre, directo y secreto si estaban de acuerdo con el contenido de su CCT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación, y que vulneraron los principios de seguridad y certeza que deben regir a todo proceso democrático. Por lo anterior, esta autoridad laboral declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.
La reposición del procedimiento deberá realizarse en condiciones que garanticen la seguridad y accesibilidad de las y los trabajadores, para brindar certeza de que su voto será emitido de forma pacífica, personal, libre, secreta y directa, sin coacción ni intimidación.
1) padrón confiable de trabajadores con derecho a votar;
2) máxima difusión de la convocatoria y del CCT;
3) espacios accesibles y seguros para la consulta;
4) reforzamiento de los mecanismos de observación y vigilancia electoral; y,
5) no intromisión de la empresa, el sindicato o de persona ajena a la consulta.
Sin perjuicio de lo anterior, los sucesos del evento de consulta de los días 20 y 21 de abril fueron hechos del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que resuelva lo que corresponda en caso de acreditarse la comisión de conductas contrarias a la Ley, especialmente en lo que hace a la posible violación de derechos colectivos en materia de libertad sindical y negociación colectiva. De igual modo, la STPS denunció estos hechos ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que investigue y deslinde las responsabilidades penales que correspondan.
A través de la implementación de estas medidas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral.
A casi un año de haber entrado en vigor el T-MEC, la abogada Susana Prieto, consideró que el Gobierno Federal no ha trabajado en la ruta adecuada para que los compromisos laborales se cumplan.
Durante los últimos dos años, los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por intentar organizarse,
La primera demanda laboral bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en contra de la empresa Tridonex, “debe cimbrar al país para que las autoridades mexicanas analicen si la reforma laboral es realmente aplicable o solo es letra muerta”, señaló en entrevista la abogada Susana Prieto.
La activista apuntó que en colaboración con la AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) y la organización Public Citizen buscarán probar si las reformas laborales de México y el T-MEC pueden dar resultados a los trabajadores mexicanos a los que se les niega su derecho de organizarse y negociar mejores salarios y condiciones laborales dignas.
“Estamos luchando por la libertad y democratización sindical de los obreros que actualmente no tienen salida para librarse de los sindicatos y contratos de protección patronal, además de todas las injusticias de las que ha sido objetivo durante años”, expresó Susana Prieto.
Agregó que durante los últimos dos años, los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por intentar organizarse, e incluso, la empresa ha despedido a más de 600 trabajadores simpatizantes del SNITIS, sindicato al que asesora.
Tras esta queja laboral bajo el amparo del T-MEC, el Gobierno de México deberá investigar el caso y ofrecer pruebas para defenderse o actuar en consecuencia.
“El acuerdo es muy claro, de resultar culpable, la empresa Tridonex podría recibir importantes sanciones por violar los derechos de libertad y democratización sindical, viene en el capítulo 23 del T-MEC, esto les afectaría ya que ellos gozan de bastantes beneficios arancelarios a través del T-MEC, los cuales se les podrían retirar”, subrayó.
La empresa Tridonex es una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia y se dedican a la fabricación de autopartes.
A casi un año de haber entrado en vigor el T-MEC, la abogada consideró que el Gobierno Federal no ha trabajado en la ruta adecuada para que los compromisos laborales se cumplan.
Destacó que no es un accidente que los estados del norte sean los últimos que gozarán de los beneficios de la reforma laboral a través de la conformación de nuevos organismos y juzgados laborales, ya que es una región donde prevalece el maltrato y explotación de los trabajadores.
La implementación de la reforma laboral en México se ha realizado por etapas. La primera de ellas inició en 2020, con Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo.
En la segunda etapa se incluirán Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidalgo de manera local.
Crearán partido político para defender a los obreros en 2022
En el segundo semestre de 2022, la abogada Susana Prieto adelantó que impulsará la creación de un partido político que defienda los intereses de los obreros tamaulipecos.
“La organización de la clase obrera y jornalera del país debe surgir desde abajo, actualmente, acepté una candidatura a diputada por el partido de Morena, pero soy una candidata externa, no pertenezco al partido, necesitamos una voz en el Congreso y no ser juguetes ni títeres de nadie, si ganamos, vamos a plantear lo que le hace falta a la clase obrera del país”, apuntó.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un acuerdo para instruir a las presidencias de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje los procedimientos para la destitución de presidentes de Juntas Especiales y de auxiliares de las Juntas federales, por conductas que ameriten la separación de su cargo.
En el documento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, se establecen mecanismos ante posibles faltas referidas en los artículos 643, 644 y 645 de la Ley Federal del Trabajo, entre los cuales se contempla los casos en los en los que los funcionarios actúen como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos de trabajo.
De registrarse conductas de este tipo, se establece que para salvaguardar los derechos de los involucrados debe iniciarse una investigación y la elaboración de un informe fundado y motivado con argumentos.
