La Unifor, el sindicato más grande del sector privado de Canadá, hizo un llamado al gobierno de México para que atienda las violaciones que se están llevando a cabo en el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajadores de GM en Silao.
La legitimación de contrato colectivo de trabajo en Silao, Guanajuato -suspendida por la destrucción de votos- llegó al corporativo General Motors, luego de que Jerry Dias, presidente de la Unifor, el sindicato más grande del sector privado de Canadá, enviara un comunicado a Mark Reuss, presidente de la trasnacional automotriz, para comunicarle “la alteración de votos y ajuste de boletas” que se presentaron en la organización sindical de México.
Dias expuso que “los trabajadores automotrices mexicanos tienen derecho a ejercer una negociación colectiva libre y justa. Durante décadas, este derecho se les ha negado en forma sistemática a través de los así llamados “contratos de protección patronal” y los sindicatos formados ilegalmente”. En la misiva que también fue enviada a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, se detalla el proceso de votación que se realizó el pasado 20, 21 y 22 de abril a cargo del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) “Miguel Trujillo López”; el cual se encuentra suspendido por la autoridad laboral.
En un comunicado la STPS informó que en el recuento habrían de participar 6,494 trabajadores; por lo que se puso a disposición a 16 inspectores de la dependencia y 7 observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; quienes detectaron que había material de votación destruido en el local sindical, donde estaba bajo resguardo, y pese a pedirle al Sindicato cetemista hacerse cargo de la documentación, estos se negaron a entregarla.
Por lo anterior, la STPS informó que se había suspendido el proceso de votación, que en el primer día contó 3,435 votos; dado que no había condiciones para su desarrollo e interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos.
Cabe señalar que bajo el acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá, se exige que los contratos de trabajo existentes sean avalados por los trabajadores, mediante votación; como también existen mecanismos de denuncia para los casos en los que se incumpla con el derecho de los trabajadores sobre la libertad sindical.
La Unifor hizo un llamado al gobierno de México para que tome cartas en este asunto de inmediato. A su vez, la Unifor solicitó a General Motors que denuncie las acciones realizadas por representantes de la CTM y que colaboren con las autoridades mexicanas tomando medidas proactivas para dar lugar a un voto libre, justo y secreto que sea dirigido por los trabajadores. Por lo anterior, en una misiva el pasado 7 de mayo, Mark Reuss, presidente de General Motors, respondió a los sindicalistas que la compañía condenaba las violaciones de los derechos laborales.
Funcionarios del gobierno federal reconocieron que en el país la participación laboral de mujeres es la más baja de América Latina, y que existe una amplia brecha salarial y condiciones de inequidad que dificultan el acceso y el crecimiento de las mujeres en el mercado de trabajo.
Este contexto pone en evidencia la necesidad de más políticas públicas con perspectiva de género.
En el panel Crecimiento económico con perspectiva de género convocado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), funcionarios federales y representantes de organismos internacionales resaltaron los desafíos que enfrenta México para mejorar la participación laboral de las trabajadoras y poner un piso parejo entre mujeres y hombres.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, destacó las acciones del gobierno para mejorar el acceso al mercado y las condiciones de la fuerza laboral femenina. Por ejemplo, políticas como la recuperación del salario mínimo han permitido disminuir en 6.5 por ciento la brecha salarial de género. Sin embargo, reconoció que nuestro país aún tiene desafíos para la incorporación de más mujeres a las actividades económicas.
“Por supuesto, todavía quedan muchos retos por delante. Pero lo cierto es que hemos avanzado en que cada vez más mujeres participen en el mercado laboral y ello nos permita mayor crecimiento para nuestro país”, dijo Alcalde Luján.
Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), expuso que la tasa de participación laboral femenina se redujo de 44.5 a 40.9 por ciento en el último año. “Nosotros vemos en esto un retroceso de una década en el nivel y la calidad de empleo de las mujeres”.
La funcionaria del organismo regional de las Naciones Unidas puntualizó que la pandemia ha profundizado las desigualdades entre mujeres y hombres en los mercados de América Latina y el Caribe y ha impacto con mayor fuerza en los sectores con más empleo femenino.
En su intervención, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, reconoció que la participación laboral de mujeres es la más baja de Latinoamérica. El rezago en condiciones adecuadas para la incorporación plena de trabajadoras al mercado afecta el crecimiento del país, acotó.
Mientras la tasa de participación de las mujeres en el mundo del trabajo es en promedio de 44 por ciento en México, destacó el funcionario, en Perú es de 68 y en Bolivia, de 67 por ciento, naciones que encabezan la lista. También por debajo de lo reportado en Ecuador (53 por ciento), Uruguay (49 por ciento), Colombia (49 por ciento), Chile (48), Brasil (47) y Argentina (46 por ciento).
“Una de las cuestiones que hemos identificado es el impacto del sistema de cuidados en la participación laboral de las mujeres. Las mujeres tienen un límite importante en América Latina y sobre todo en México para incorporarse al mercado laboral, pero estas limitaciones pueden ser mucho más importantes en términos de cómo pueden avanzar en su carrera”, expuso.
El titular de la SHCP enfatizó que nuestro país no sólo debe trabajar en crear mejores condiciones para el ingreso de las mujeres a la economía, también hay que crear políticas que faciliten su crecimiento en el mercado de trabajo.
Además del bajo acceso a los sectores económicos y el crecimiento de las mujeres, Arturo Herrara señaló que nuestro país enfrenta una brecha salarial de género importante.
Para promover la igualdad de género en la recuperación económica, la Cepal propone que los países de la región pongan en marcha acciones como una canasta básica digital para garantizar la conexión a internet en los hogares que no cuentan con este servicio y un ingreso básico de emergencia para las mujeres que salieron del mercado laboral. Estas medidas, respectivamente, representan una inversión de 1.0 y 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.
Alicia Bárcena consideró que México tendrá un buen avance con un sistema universal de cuidados y reconoció acciones como las tandas para el bienestar enfocadas en mujeres que viven o han vivido violencia.
En tanto, Arturo Herrera destacó que nuestro país debe reducir situaciones de violencia y discriminación que excluyen a las mujeres de las oportunidades laborales. Un ejemplo son los traslados largos a los centros de trabajo que ponen en una situación de mayor vulnerabilidad a las trabajadoras frente a situaciones de acoso. “Estar sujetas casi cuatro horas a un ambiente de acoso puede llevarlas a abandonar el trabajo”.
Sin espacio a retrocesos Los avances en la igualdad entre mujeres y hombres han sido lentos y han requerido de grandes esfuerzos. Ante una pandemia que ha castigado en mayor medida a las trabajadoras, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, aseguró que los países no pueden permitir retrocesos en esta materia.
“En las últimas décadas se han obtenido lentos avances a costa de arduos esfuerzos y ahora no podemos permitirnos un retroceso que aumente aún más las desigualdades de género. El futuro debe ser más prometedor y diferente. Debemos aprender de esta situación y verla como una oportunidad para reconsiderar nuestros planteamientos y construir sobre bases más sólidas da cara al futuro”, expresó.
De acuerdo con la OIT, las acciones de política pública deben orientarse a:
Priorizar la creación de empleos que beneficien por igual a las mujeres y a los hombres. Invertir en políticas del cuidado de alcance universal para ayudar a los trabajadores con responsabilidades relacionadas con el cuidado. Abogar por una mayor presencia de las mujeres en puestos de liderazgo. Asegurar la dignidad y la seguridad de todos los hombres y todas las mujeres que participan en el mercado de trabajo. En 2020, el desempleo alcanzó a 64 millones de mujeres en el mundo, una proporción mayor que la de los hombres. La pandemia significó la pérdida de empleo del 5 por ciento de las trabajadoras frente a un 3.9 por ciento para los trabajadores.
La recuperación económica, destacó Guy Ryder, debe centrarse en las personas y para ello, es necesario invertir en las mujeres.
Como parte de la reforma laboral que entró en vigor en Zacatecas desde noviembre del año pasado, se tiene previsto que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral realice el procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos que hay en la entidad.
En este procedimiento, aparte de legitimar el contrato colectivo de trabajo, busca conocer si realmente el contrato es respaldado por los trabajadores, y si no es así depurar los contratos de “protección o inactivos”.
Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal, informó que el trámite deberá ser realizado por los secretarios generales de los sindicatos, quienes tienen el deber de registrar la legitimación a la plataforma digital, donde se capturarán los datos del sindicato, patrón, contrato colectivo, y el lugar y fecha en que los trabajadores avalarán el contrato colectivo.
También deben especificar si la consulta a los trabajadores será verificada por notario público o personal del propio Centro de Conciliación y Registro Laboral.
Domínguez Marrufo destacó que, para realizar la consulta,se tienen que imprimir boletas para todo el personal sindicalizado, que deberán ser foliadas, y no contener el nombre del votante ni podrá añadirse señal o dato alguno en el listado que haga posible identificar el folio de la boleta que le fue entregada al trabajador.
Posterior a que se realice la consulta, se deberán emitir los resultados digitales al Centro Federal.
Después de que este revise que no existan anomalías y que en efecto el contrato esté avalado por los trabajadores, quedará legitimado 20 días hábiles después del procedimiento.
En caso de que la mayoría de los trabajadores se pronuncieen contra del contrato colectivo, el Centro Federal lo dará como terminado, pero se conservarán las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato.
Al momento son 830 contratos legitimados en todo el país.
Darlene Rojas, coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos, dijo que para la legitimación de un contrato se deberá realizar una consulta entre las y los trabajadores, y sin su participación real no podrá ser legitimado.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) implementó, desde el pasado primero de mayo, una plataforma para realizar el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo para terminar con la manipulación de derechos laborales, dijo Darlene Rojas, coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos.
Tras señalar que el nuevo modelo laboral empieza a erradicar la vieja práctica de algunos sindicatos de «negociar en corto» con los empleadores; destacó que, en los procesos de consulta, los verificadores del CFCRL constatan la participación de los trabajadores a través de su voto personal, libre, directo y secreto. «Si no está de por medio la voluntad de los trabajadores, no se puede dar por legitimado y depositado un contrato colectivo de trabajo», enfatizó.
Relató que se han registrado casos en que un sindicato solicita la Constancia de Representatividad, y cuando los verificadores del Centro Federal acuden al lugar de trabajo para comprobar la información presentada, «muchas de las veces los trabajadores manifiestan no conocer al sindicato o simplemente no se encuentran en ese sitio laboral, por lo que son negadas sus peticiones».
Comentó que la Constancia de Representatividad es un documento necesario para solicitar la titularidad de un Contrato Colectivo de Trabajo, y para obtenerla una dirigencia sindical debe acreditar que tiene al menos 30% de respaldo de los trabajadores que dice agrupar.
La coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos recordó que para la legitimación de un contrato se deberá realizar una consulta entre las y los trabajadores, y sin su participación real no podrá ser legitimado.
Dijo que hasta el momento existe disposición de los sindicatos, quienes deben asumir una nueva lógica de generar un trabajo previo de información entre sus agremiados, lo cual dará como resultado su fortalecimiento como organizaciones.
La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC.
La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC, informó el sindicato.
La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El T-MEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.
Reuters informó la semana pasada que cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales estatales nunca han sometido su solicitud a votación.
Prieto dijo que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
Bajo el «Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida» del T-MEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.
«Esto sienta un precedente», dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el T-MEC. «Va a ser una prueba para este nuevo sistema».
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.
Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.
La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política», dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador quien promulgó una reforma laboral en 2019, prometió eliminar los contratos de protección de México que, según los críticos, anteponen los intereses de las empresas a los derechos de los trabajadores, lo que también es una prioridad del T-MEC.
Sin embargo, la nueva ley se está implementando gradualmente en todo México y los cambios no comenzarán a llegar al estado Tamaulipas, donde se localiza Matamoros, hasta 2022.
La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.
A partir del pasado viernes, la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila, dio inicio con un programa de asesorías y acompañamiento en temas relacionados con las Reformas Laborales; para abordar la nueva Ley de Subcontratación y sus lineamientos, en donde se habla del outsourcing e insourcing.
Nazira Zogbi Castro, titular de la citada dependencia, detalló que también se otorgarán asesorías en cuanto al Teletrabajo y su reglamentación, así como del Nuevo Sistema de Justicia Laboral; estableciendo que dicho programa es gratuito y abierto a todo público interesado.
Lo anterior, lo dio a conocer durante su visita a Piedras Negras, donde se llevó a cabo la primera feria del empleo de manera presencial y en plena pandemia, donde destacó la conformación del módulo rosa, en el cual se concentran las vacantes de trabajo únicamente para mujeres.
«Quienes estén interesados, cada 15 días va a ver una sesión informativa los viernes, estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan acceder «, fue lo que manifestó la titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado de Coahuila.
Cabe mencionar que, Zogbi Castro, solicitó a todos los interesados en informarse de la recién aprobada Reforma Laboral, para que días previos a la sesión informativa se registren y envíen sus preguntas.
Estableció que, la invitación al registro es con la finalidad de que las dudas e inquietudes de los participantes puedan ser expuestas y respondidas durante la sesión.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya tiene listos los lineamientos para la operación del registro de empresas de subcontratación, un requisito previsto en la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo con el que deben cumplir las compañías que se dediquen al outsourcing de servicios y obras especializadas.
El registro de empresas consistirá en una plataforma informática donde se inscribirán los negocios que deseen participar en este mercado, al igual que las compañías que presten servicios u obras complementarias o compartidas dentro de un mismo grupo empresarial. Las autoridades tienen como fecha límite el 24 de mayo para echar a andar el sistema.
El padrón será de consulta pública en un portal de internet que habilitará la STPS, de acuerdo con el anteproyecto que fue enviado a revisión a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) este jueves.
“Resulta indispensable contar con un acervo vigente, estadístico y de control, que permita identificar, registrar y regular a las personas físicas o morales que presten los mencionados servicios especializados a través de un Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas”, detalla Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, en el documento.
El registro será para cada actividad que ofrezca una empresa de subcontratación y a cada especialización se le asignará un número de folio específico.
Para solicitar el registro, las empresas deberán presentar la siguiente información en la plataforma:
-Firma electrónica vigente
-Nombre, denominación o razón social
-Nombre comercial
-Entidad federativa
-Registro Federal de Contribuyentes
-Domicilio: calle o avenida, número exterior, número interior, colonia o fraccionamiento, código postal, localidad, y municipio o alcaldía
-Geolocalización
-Teléfonos fijos, celulares y correos electrónicos
-Número del Acta Constitutiva de la empresa, datos de identificación del notario o corredor público que la expidió, fecha de su protocolización y objeto social (en caso de ser persona moral)
-Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
-Datos del representante legal de la empresa de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas primer apellido, segundo apellido y nombre(s), Teléfono fijo y celular, Identificación Oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional), CURP y correo electrónico (para personas físicas y morales)
-Afiliación ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
-Número total de trabajadores al momento de la solicitud del registro
-Actividad Económica especializada conforme al “Catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riegos de trabajo” del Instituto Mexicano del Seguro Social contenido en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de
-Empresas, Recaudación y Fiscalización
-Actividad o actividades que desean registrarse en el padrón
-Actividad económica preponderante.
Además, por cada actividad que se quiera registrar la empresa se deberá acreditar el nivel de la especialización.
“Para acreditar el carácter especializado se aportará información y documentación, conforme a los requerimientos de la plataforma, respecto a: capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio, experiencia, entre otros. Los servicios u obras especializados que deseen registrarse deberán estar contemplados dentro de su objeto social”, se establece en las reglas de la STPS.
¿Cuándo se niega o se cancela un registro?
La reforma a la LFT faculta a la Secretaría del Trabajo para negar el registro a empresas de subcontratación. De acuerdo con el documento en manos de la Conamer, la dependencia podrá hacerlo en los siguientes casos de incumplimiento:
-No acreditar el carácter especializado.
-No estar al corriente con las obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del –
-Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
-No cumplir con los requisitos y requerimientos establecidos en las reglas emitidas por la STPS.
-Proporcionar información falsa o documentos apócrifos, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, o que la documentación cargada en la plataforma no haya sido en el formato establecido o sean ilegibles.
-Negarse a atender los requerimientos de información o documentación complementaria que le sea requerida por parte de la Secretaría.
-Cuando se detecte que los datos que pide en la plataforma resulten diferentes o imprecisos con respecto a los datos e información contenidos en los documentos ingresados.
Mientras tanto, la STPS podrá cancelar el registro de las empresas en alguno de estos supuestos:
-Prestar servicios u obras especializadas no registradas en el Padrón.
-Prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la beneficiaria.
-Cuando existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de
-Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
-Dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para el otorgamiento del registro.
Por incumplimiento a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. Negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que sea requerida por parte de la Secretaría.
No realizar en el plazo establecido la renovación que se señala en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Una vez que las empresas hayan cargado la información en la plataforma, recibirán un número de folio para dar seguimiento al trámite. La STPS contará con un plazo de 20 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud para pronunciarse respecto al registro.
En cualquier momento, la dependencia podrá solicitar información o documentación adicional a la empresa o a cualquier entidad gubernamental para corroborar y validar la información y documentación proporcionada.
El nuevo modelo laboral empieza a erradicar la vieja práctica de algunos sindicatos de “negociar en corto” con los empleadores
Los procesos establecidos para la legitimación de los contratos colectivos, evitan la manipulación de los derechos laborales de los trabajadores. La plataforma electrónica que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) puso en operación a partir del 1 de mayo para realizar este trámite cuenta con información suficiente para ayudar a los sindicatos a cumplir las diversas etapas del proceso.
Así lo manifestó la coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos del CFCRL, Darlene Rojas Olvera, ya que hasta el momento identificaron fallas por parte de los usuarios al ingresar su documentación.
A pesar de que muchas organizaciones sindicales estaban acostumbradas a realizar trámites registrales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en ocasiones con el apoyo de gestores o sus abogados, se han identificado problemas para realizarlos de manera electrónica, particularmente cuando se trata de acreditar la personalidad jurídica por parte de los dirigentes.
En su participación en el Cuarto Foro: La Implementación de la Nueva Reforma Laboral, que organizó la Fundación Harr y la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, Rojas Olvera mencionó que el nuevo modelo laboral empieza a erradicar la vieja práctica de algunos sindicatos de “negociar en corto” con los empleadores.
Destacó que en los procesos de consulta, los verificadores del CFCRL constatan la participación de los trabajadores a través de su voto personal, libre, directo y secreto. “Si no está de por medio la voluntad de los trabajadores, no se puede dar por legitimado y depositado un contrato colectivo de trabajo”.
Refirió que se registran casos en que un sindicato solicita la Constancia de Representatividad y cuando los verificadores del Centro Federal acuden al lugar del trabajo para comprobar la información presentada, “muchas de las veces los trabajadores manifiestan no conocer el sindicato o simplemente no se encuentran en ese sitio laboral, por lo que se niegan sus peticiones”.
La Constancia de Representatividad es un documento necesario para solicitar la titularidad de un Contrato Colectivo de Trabajo. Para obtenerla una dirigencia gremial debe acreditar que tiene al menos 30% de respaldo de los trabajadores que dice agrupar.
La funcionaria del CFCRL, recordó que para la legitimación de un contrato se deberá realizar una consulta entre las y los trabajadores. Sin su participación real no podrá ser legitimado.
Hasta el momento, existe disposición de los sindicatos, que deben asumir una nueva lógica de generar un trabajo previo de información entre sus agremiados; lo cual dará como resultado su fortalecimiento como organizaciones.
En caso de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no llegara a contestar una solicitud de registro en el padrón de empresas de subcontratación especializadas, se prevé que el solicitante obtenga el registro en automático, de acuerdo con el borrador del reglamento de dicho padrón, que ya se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su debido trámite.
El padrón es una de las medidas que contempla la reforma que prohíbe la subcontratación laboral –recientemente promulgada– pero permite a los patrones subcontratar labores u obras especializadas, siendo uno de los requisitos para la operación de las empresas subcontratistas estar registradas en un padrón que, según contempla el borrador del reglamento, será administrado por la Unidad de Trabajo Digno de la STPS.
“La Secretaría a través de la Plataforma deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de la misma a través de la Plataforma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerir a la Secretaría, para que emita el aviso de registro correspondiente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del requerimiento”.
“Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el aviso de registro se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que haya lugar” se lee en el artículo décimo del documento, que debe estar listo antes de que los cambios legales comiencen a aplicarse el próximo mes de agosto.
Además de cumplir requisitos como su geolocalización y su afiliación al IMSS y al Fonacot y estar al corriente con todas sus contribuciones, el aplicante deberá especificar la actividad o actividades con las que desea ser registrado en el padrón.
“Las personas físicas o morales que deseen incorporarse al Padrón y obtener el registro deberán establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar. Por cada una de dichas actividades deberán acreditar, bajo protesta de decir verdad, el carácter especializado de las mismas y describir los elementos o factores que dan sustento a este carácter excepcional”
Entre el 80 y 90% de los conflictos laborales en México se dan en el sector público, señaló Arturo Alcalde Justiniani, especialista en temas sindicales y miembro del OCRL.
Ese organismo ciudadano ha impulsado y propuesto varios de los últimos cambios legislativos en el mundo del trabajo en México. Ahora, a la par de vigilar la implementación de la reciente reforma de subcontratación, elaborará una propuesta que garantice la libertad sindical, la profesionalización de la burocracia y que evite los abusos al personal de confianza.
“El futuro de las relaciones laborales pasa, en buena medida, porque el sindicalismo del sector público tenga presencia y voz”, indicó el académico y abogado. En reunión virtual con integrantes del observatorio indicó que fortalecer la libertad sindical en las instituciones públicas “va a jalar la recuperación en el sector privado”.
Las personas agremiadas en las empresas son relativamente pocas al compararse con las del Estado, mencionó. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el más grande de América Latina. Y muchas otras grandes corporaciones sindicales pertenecieron en algún momento a un organismo estatal, como el gremio de pilotos o electricistas, agregó. “El sector público está en el corazón del sindicalismo”.
De poco servirá la reforma que le prohíbe la subcontratación también al gobierno si no se fortalece a los sindicatos, opinó el abogado Alberto Ramírez García.
La hoja de ruta del proyecto
El OCRL concluyó que en las próximas semanas trabajarán esta iniciativa. El próximo periodo ordinario de sesiones y la nueva legislatura iniciará hasta el 1 de septiembre, así que tendrán tiempo para discutirla al interior de la agrupación. Arturo Alcalde propuso 10 puntos a tomar en cuenta:
-Reforma al Apartado B del Artículo 123 de la Constitución referente a los organismos descentralizados
-Procedimientos individuales y colectivos y todo lo que tiene que ver con los procesos del trabajo
-Analizar la composición del actual Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA)
-La profesionalización y, con base en ella, la clasificación del personal
-Regular la pluralidad de los sindicatos. “Hay mucha resistencia de varios sindicatos”
-Definir qué tipo de personal necesita un título profesional
-Capacitación, higiene, seguridad y conciliación. “En todo el sector público no tienen nada de conciliación, no hay nada de capacitación y hay serios problemas de higiene y seguridad”.
-Protección al personal de confianza
-Nuevos procesos democráticos en materia sindical. Garantizar las obligaciones de transparencia y de la creación y puesta en marcha de protocolos que fomenten la democracia.
-Presupuesto. “Sin duda, el tema presupuestal debe permear el conjunto de las propuestas”.
-Proteger a los trabajadores de confianza
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles coincidió y nutrió el decálogo de Alcalde Justiniani. Estos cambios podrían ayudar a “que no se simule con trabajadores de confianza a nivel federal”, expuso.
Se podría retomar la experiencia de la Constitución de la Ciudad de México y prever una indemnización por la separación injustificada de ese personal. “Eso desalentaría” los abusos en su contra, apuntó la representante del gobierno federal de la Quinta Sala del TFCA.
Agregó que es necesario “observar la cobertura de trabajadores de base, que sean profesionalizados”. Para cristalizar las grandes conquistas laborales se requiere de funcionarias y funcionarios con la adecuada capacitación, no sólo en el tribunal, sino en todo el gobierno. Y, definitivamente, “se necesitan recursos económicos para fortalecer las tecnologías y estar a altura de tribunales laborales en cuanto a recursos humanos y financieros se refiere”.
Esta reforma “es fundamental”, dijo Arturo Alcalde. “Es la oportunidad para que el Observatorio establezca lineamientos, como lo ha hecho en las otras iniciativas” que han presentado diferentes actores en el Congreso.
Recordó que hace unas semanas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La iniciativa, propuesta por la legisladora Anita Sánchez Castro, elimina el reconocimiento a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) como única instancia representativa.
“Hay una nueva realidad en materia democrática. Primero, que culmine esa reforma, pero debemos avanzar a garantizar los derechos” de esa población, apuntó.
