Integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, adecuaron cuatro ordenamientos locales con la finalidad de modernizar el sistema de justicia laboral en el estado.
Las normas que reformaron los Congresistas en la sesión ordinaria de este jueves, fueron la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; la Ley de Transparencia y; la Ley Laboral de los Servidores Públicos.
En lo que corresponde a la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Legisladores la reformaron para crear los juzgados laborales y mercantiles que atenderán los temas que tienen que ver con esas materias.
Los juzgados laborales, son competentes para conocer y resolver las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones; los conflictos y procedimientos individuales y colectivos; la diligenciación de exhortos, requisitorias y despachos de naturaleza laboral.
Además, estos juzgados se integrarán por un juez o jueza; una secretaria o secretario instructor, y las y los servidores públicos que determine el Consejo de la Judicatura.
Asimismo, se creó la Unidad de Peritos Judiciales en Materia Laboral que será un área técnica cuyo objeto es el auxilio exclusivo a los Juzgados Laborales, en los casos que así lo determine la Ley.
En tanto, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado es para eliminar de su texto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mientras que las adecuaciones a la Ley de Transparencia es para reconocer la figura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y la reforma Ley Laboral de los Servidores Públicos es para reconocer en el texto legal la figura del titular del Centro de Conciliación Laboral.
Estos trabajos legislativos materializan el mandato constitucional de crear mecanismos efectivos para la solución de los conflictos laborales y disminuir los plazos de resolución de los mismos.
La secretaria de Trabajo exhortó a las organizaciones sindicales y a las empresas a no esperar al último minuto del 1 de mayo de 2023 para legitimar los contratos colectivos
La Reforma Laboral da certeza de que invertir en el país es contar con las garantías del estado de Derecho, sobre todo en el caso de los sectores que tienen mayor exportación a los Estados Unidos y la preocupación de posibles efectos en los nuevos procedimientos establecidos en el T-MEC.
Así lo expuso la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, en la reunión virtual con representantes de trabajadores, empresarios y autoridades laborales de Yucatán, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en la que también participó el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.
Como parte de las mesas de trabajo para la implementación de la reforma laboral y la legitimación de los contratos colectivos, exhortó a las organizaciones sindicales y a las empresas a no esperar al último minuto del 1 de mayo de 2023 para legitimarlos.
Se trata de la ratificación por los trabajadores del contenido de los contratos colectivos de trabajo a través del voto personal, libre, directo y secreto.
De este ejercicio, dijo que busca depurar los contratos colectivos de protección o inactivos, depositados ante la Juntas de Conciliación y Arbitraje. Se realiza por una sola ocasión.
Y los exhortó a iniciar el proceso de legitimación, para que cuenten con el tiempo suficiente para la planeación y realización de las consultas que deberán realizarse con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios.
“La mejor forma de no tener ningún tipo de queja es cumplir con la Reforma Laboral y avanzar en la legitimación de los contratos colectivos”, insistió.
Recordó Alcalde Luján que a partir de 1 de mayo próximo, la legitimación de los contratos colectivos estará a cargo del CFCRL, por lo que la STPS ya trabaja en un convenio de colaboración para que los inspectores de la dependencia y las autoridades laborales de las entidades federativas colaboren para contar con suficiente personal para atender a quienes acudan a los procesos de consulta.
Y recomendó a las organizaciones sindicales que se registren con tiempo en la plataforma https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/, para que ubiquen la disponibilidad de inspectores de la Secretaría del Trabajo y tengan certeza que exista la presencia de la autoridad laboral en sus legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo.
“Tenemos el enorme privilegio de vivir una transición en la que los trabajadores tendrán mayor participación en la vida activa de las negociaciones colectivas y ver nacer nuevas instituciones y como nunca antes, darle el lugar que merece el tema laboral”.
“En conjunto, trabajamos para mejorar los salarios, las condiciones de vida de los trabajadores y garantizar a las empresas estabilidad y dar certeza que invertir en nuestro país es contar con las garantías del Estado de Derecho”, enfatizó Alcalde Luján.
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaria de Trabajo y Prevsión Social. Foto: Archivo/ El Universal
La titular de la STPS dijo a los agremiados que hoy se viven tiempos de transformación y lo podemos ver por la política de recuperación del salario mínimo luego que en dos años se recuperó el 51% del poder adquisitivo
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, mando un mensaje virtual a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en el que, reconoció la labor que realizan en favor de los trabajadores del país.
«Hoy estamos viviendo, también tiempos de transformación y lo podemos ver por la política de recuperación de salario mínimo que hemos venido impulsando y que en dos años, hemos recuperado el 51% del Poder adquisitivo del salario mínimo.
Aquí aprovecho para reconocer que la CTM ha venido acompañando esta política de recuperación tan importante, también hemos venido impulsando la reforma laboral más importante de las últimas décadas que permiten garantizar la libertad y la democracia sindical», precisó.
Añadió que, otra de las acciones de trabajo conjunto ha sido la negociación colectiva auténtica como una herramienta precisamente para seguir mejorando las condiciones de trabajo.
Además felicitó y celebró la creación revolucionaria, hace 85 años de unión que hubo entre los trabajadores para defender sus derechos y sus condiciones de trabajo. Por último, mando un saludo a todos los agremiados.
«Les mando un fuerte abrazo y nuevamente una felicitación a todas y todos los trabajadores que forman parte de esta confederación», cerro.
Integrantes del sindicato acusan que el Comité del extinto dirigente se oponen a la elección de un nuevo líder, así como de transparentar las finanzas de esa organización
Tras el fallecimiento de Benito Bahena y Lome, dirigente de la Alianza de Tranviarios en noviembre pasado, los trabajadores del transportes eléctrico y trolebuses y Tren Ligero de la ciudad de México, exigen se les permita tener elecciones democráticas libres, donde puedan elegir a sus representantes, como lo marca la reforma Laboral.
Sin embargo, las personas que formaron parte del comité del extinto dirigente sindical, que estuvo al frente de los trabajadores más de 22 años, no quieren que haya cambios ni transparenten las finanzas de esa organización sindical, denunciaron trabajadores de esa organización.
De acuerdo a sus estatutos en su artículo 24, determina que en ausencias definitivas se tendrá que convocar a una Asamblea General Extraordinaria para nombrar un sustituto con carácter de interino. Ya que sin secretario general, no tiene vida el sindicato.
La gente que dejó Bahena se niega a convocar a la Asamblea General Extraordinaria para nombrar un secretario general interino, acusó el abogado Abraham Betancourt.
Sin embargo a tres meses de ese deceso, la actual dirigencia impuesta por este último se niega a convocar a pesar que está en juego el tema de revisión salarial y de prestaciones entre el organismo y este último y no puede llevarse a cabo sin que exista secretario general que se sirva firmar el acuerdo al que pudieran llegar.
De acuerdo al abogado Betancourt no permiten que se designe a un secretario general interino y prefieren a Omar Aparicio Cruz, secretario de trabajo, segundo cargo de mayor importancia, porque los que están en la dirigencia quieren seguir con sus privilegios.
Por ello, demandaron a la Secretaría del Trabajo Local y Federal y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la imposición y las asambleas a modo, pues ese tribunal laboral tiene plagado que los sindicatos se tienen que adecuar a la Reforma Laboral en sus estatutos, y en la ATM no sucede eso.
Es importante recordar que el 17 de noviembre pasado falleció Benito Bahena Lome, ex líder sindical de la Alianza de Tranviarios de México, pero la base trabajadora no ha tenido un aviso oficial de cuál sería el destino de la estructura sindical.
Es cuestionable, agregó, el porqué no quieren convocar a la asamblea, lo cual está incluido en la Ley Federal del Trabajo, “temen hacer esa convocatoria, porque la gran mayoría de los agremiados no los quieren y ni gozan de las simpatía de los agremiados.
En la ATM hay más de 1480 sindicalizados y con los de estructura y confianza son casi 2500.
Hay un grupo de trabajadores que están pugnando por el cambio y el pasado 29 de enero recolectaron más del 33% por ciento de firmas de la base trabajadora en activo que le solicitaron de conformidad con el artículo 74 de los estatutos la celebración la citada Asamblea y se elija a un representante con carácter de interino.
Pero la respuesta del secretario de trabajo Omar Aparicio decía “que no se preocuparan que estaban bien representados por este y que mejor se unieran en lugar de dividir”.
Días después el 17 de febrero emitieron una convocatoria a una asamblea electoral para la votación de una planilla que según ellos se registró en julio del 2020 en pleno pico de pandemia, de la cual asegura hubo convocatoria de registro, la cual los trabajadores nunca la vieron.
“No se dan cuenta que la base trabajadora busca un cambio de verdad ya no quiere imposición, y lo más grave es que ya emitieron una lista de 50 compañeros por cada horario para que asistan el día 27 de febrero del 2021 en el recinto sindical.
Y se realicen del 27 de febrero al 07 de marzo, 35 asambleas. “Lo que es ilegal, pues no hay estatuto alguno ni en la propia ley que permita tal situación”, sobre todo en esta temporada de pandemia, dijo el abogado.
Los inconformes, solicitaron el pasado 23 de noviembre, ante la Comisión de Fiscalización y Vigilancia, que María Diosdado Caro Silva, secretaria de finanzas, rinda cuentas de los dineros de la ATM.
La planilla que dejó el extinto líder venció su dirigencia el 31 de diciembre, de acuerdo al boletín de la JFCA emitido el 27 de septiembre. Por lo tanto, no hay secretario general.
Anita Sánchez destaca que se escucharon todas las voces de quienes pueden ser afectados
Eugenia Hernández menciona la importancia del tema debido a que en estos días SCJN decidirá lo relativo a la jurisdicción laboral de estos trabajadores
Palacio Legislativo, 24-02-2021 (Notilegis).- La diputada Anita Sánchez Castro inauguró el foro “Decisión fundamental: organismos descentralizados del gobierno”, que busca exponer las repercusiones de modificar la jurisprudencia 1-96 que establece que los Organismos Públicos Descentralizados de carácter federal y sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.
Mediante un comunicado, la legisladora reconoció que este ejercicio de Parlamento Abierto es para analizar cómo afectará dicha modificación a trabajadores de órganos autónomos.
“Queremos exponer en este foro plural todas las voces de estos organismos descentralizados, centros de investigación e instituciones educativas que pueden ser afectados con esta decisión”.
Por su parte, en su intervención, la diputada María Eugenia Hernández Pérez mencionó la importancia de esta situación debido a que en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe tomar una decisión relativa a la jurisdicción laboral de trabajadores de Organismos Descentralizados.
Destacó que en los últimos años se han dado importantes pasos en materia de reconocimiento pleno de los derechos de los trabajadores, tales como la Reforma laboral que se hace obligatoria la democracia sindical, la libertad de afiliación de los sindicatos colectivos, así como la utilización de elecciones libres.
“Éste y otros logros son el marco del cual tiene lugar el proceso que puede derivar en la modificación de la jurisprudencia 1-96 de la SCJN”.
Explicó que dicha jurisprudencia estableció que es inconstitucional incluir a los Organismos Descentralizados de carácter federal en el artículo 1ro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, “que los Organismos Descentralizados no deben regularse por lo establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional; en consecuencia, a sus trabajadores deben ser considerados sujetos del apartado A”.
El apartado A permite a los trabajadores un mayor margen de organización, libertad, condiciones de negociación de las condiciones de trabajo, revisión de salarios y demás ventajas.
Hernández Pérez añadió que todo esto estaría en riesgo si la Corte decide modificar la jurisprudencia 1-96 y regresar a los trabajadores a los Organismos Descentralizados al ámbito del apartado B.
Una empleada de una empresa de limpieza en el Metrobús. Foto: Octavio Gómez
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma laboral para evitar el outsourcing sigue sin acuerdo con el empresariado y con los plazos convenidos a punto de vencer, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que avance el proceso legislativo.
La propuesta del mandatario era extinguir el outsourcing, una práctica de subcontratación de trabajadores que reiteradamente viola derechos laborales fundamentales. Las cámaras y organismos empresariales pidieron diálogo, pero no alcanzaron ningún acuerdo mas que en diciembre, cuando pactaron aplazar las discusiones y postergar el trámite de la iniciativa hasta este febrero.
El mes termina y esta mañana, el presidente López Obrador se refirió al asunto en su conferencia de prensa matutina:
“Esperaríamos a que se apruebe la ley, no creo que tarde mucho la aprobación de la iniciativa que está en el Congreso, se aprobará en este período, se hizo un acuerdo con empresarios y representantes de trabajadores para que se dialogue sobre esta iniciativa de ley, ya se está haciendo”.
La confianza del mandatario fue más allá, pues implicó una promesa de regularización para trabajadores al servicio del gobierno federal pero subcontratados:
“Ojalá se logre un acuerdo, se apruebe y entonces tendremos que regularizar a todos los trabajadores que están en ese esquema (en el gobierno) porque tenemos que dar el ejemplo en el gobierno”, concluyó.
Destruiría la estructura académica que soporta estas instituciones de excelencia y la normatividad laboral de ingreso, promoción y permanencia, dice la FNSSCYT.
Veinticinco sindicatos de centros de investigación dedicados al sector de Ciencia y Tecnología pidieron audiencia a la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) por el cambio de jurisprudencia que afecta su régimen laboral.
Con una carta dirigida al magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de La SCJN señalan que la pretensión de incorporarlos a la regulación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (apartado B del Artículo 123 Constitucional) generaría graves daños a su vida laboral y académica, entre otros puntos enfatizan que es esencial que el personal académico sea reconocido como trabajador de base y no como personal de confianza, como se señala en el artículo 5 fracción II inciso g de la Ley. “Esta carece de estabilidad en el empleo y obedece su designación a criterios burocráticos, distintos de los de la evaluación y la calidad académica”, se lee en el documento.
Esto además destruiría la estructura académica que soporta estas instituciones de excelencia y la normatividad laboral de ingreso, promoción y permanencia, que se ha construido sobre la base de la autonomía de las instituciones y del régimen del apartado A, similar al de las universidades autónomas por Ley.
Por otro lado, se atentaría en contra del derecho de asociación del personal académico, ya que el régimen burocrático excluye al personal de confianza de la sindicalización; en consecuencia, como organizaciones sindicales que agrupan académicos, estarían condenados a la extinción.
También aseguran que se afectarían sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva, toda vez que sustentados en el régimen general del apartado A tienen celebrados contratos colectivos de trabajo que han sido fuente de entendimiento en beneficio de la estabilidad de las instituciones y de los derechos de los trabajadores, tanto académicos como administrativos. Por ello, sería un contrasentido que, en esta época de expansión de los derechos laborales colectivos, reflejados en la nueva reforma laboral y los Convenios 87 y 98 de la OIT, se les traslade a un régimen de derechos colectivos restringidos.
Por último, el documento presentado por la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (FNSSCYT) explica que el cambio de jurisprudencia traería como consecuencia desahogar los conflictos laborales ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que por ser nacional se encuentra totalmente rebasado por la carga de trabajo y todos los asuntos se tramitan en la Ciudad de México, ya que solamente cuenta con instalaciones en la capital del país, por lo que deja en desventaja a los trabajadores que laboran en los centros de investigación de otras entidades del país. Además, existen diferencias marcadas en el procedimiento y en el tema de salarios caídos.
El constante cambio del mercado laboral, la rotación frente a la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de formas de contratación han provocado que, desde hace unas décadas, el aumento significativo de los conflictos laborales sea considerablemente crítico. Esto se debe, principalmente, a la globalización y a la reestructuración productiva, lo que ha derivado también en ajustes y modificaciones en el mercado de trabajo.
En el caso de México, los procesos laborales fueron creados en condiciones históricas totalmente distintas y contrastantes con las que vivimos actualmente, en consecuencia, el ritmo en la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad, motivo por el cual resultaba necesaria una reestructuración hacia un nuevo sistema laboral procesal, que proporcione certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los patrones.
Frente a este contexto y como parte de los compromisos establecidos en el Anexo 23 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado 1 de mayo de 2019 se realizaron significativos cambios legislativos en materia laboral mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que hace a la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva; con ellos se busca impulsar la evolución de los procesos de justicia laboral, en perspectiva a hacerlos más ágiles, además de estar a cargo de Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial, el cual podrá tomar decisiones autónomas e independientes.
La reforma publicada establece que los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial, implementando Tribunales Laborales especializados para impartir justicia bajo un sistema completamente oral, con mecanismos que abonen a hacer más eficientes los procedimientos, acortando tiempos para que la justicia llegue a las partes con mayor celeridad.
Dichos tribunales laborales, ya sean federales, de las entidades federativas o de la Ciudad de México, estarán a cargo de un juez, quien deberá de estar presente en el desarrollo de todas las audiencias; también contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial Local según corresponda.
Este cambio de impartición de justicia, trae consigo un beneficio en los tiempos y carga de demandas que tendrán las empresas en los siguientes años, puesto que plantea una conciliación prejudicial obligatoria, en la cual patrones y trabajadores tendrán que acudir a un centro de conciliación, el cual en algunos estados de la República en donde ya se ha implementado este nuevo modelo, ha tenido gran efectividad, por lo que se reducen de manera importante las contingencias y los juicios activos para las empresas.
En caso de que no sea posible llegar a un acuerdo entre las partes, se podrá iniciar el proceso de juicio, el cual, en la teoría, tendrá que realizarse de manera más breve puesto que se desahogará en dos audiencias con plazos mucho menores a los actuales; de esta forma, después de los términos y audiencias desahogadas, se estima que se deberá contar con una sentencia en un plazo aproximado de seis meses, cuando en promedio, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la vida de los juicios tramitados ante las Junta de Conciliación y Arbitraje era de aproximadamente entre dos y tres años.
La implementación de la reforma laboral se llevará a cabo en tres etapas de forma gradual e irá tomando vigencia en las diferentes entidades del país, la primera etapa inició su implementación el 18 de noviembre 2020 en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, este último solo en el ámbito federal.
La gran apuesta del nuevo sistema de justicia laboral es la conciliación, ya que se pretende que al menos el 60 por ciento de los conflictos que se den entre trabajador y empresas, se resuelva mediante el Centro de Conciliación, sin necesidad de llegar a juicio.
Es importante mencionar que, la transición del procedimiento laboral de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Tribunales Laborales del Poder Judicial no garantizará la agilidad de los procesos laborales individuales por sí sola, sino que es trabajo de todos los actores involucrados: empresas, autoridades, trabajadores y abogados.
Desde la perspectiva de las empresas, resulta prioritario que tengan en mente otorgar capacitaciones constantes a sus departamentos jurídicos y de relaciones laborales internos, con la finalidad de que todos se encuentren familiarizados con el nuevo procedimiento y no poner en riesgo los intereses de la empresa desde la conciliación prejudicial hasta la audiencia de juicio.
La titular de la STPS y el director del CFCRL llevarán a cabo dichas mesas de diálogo. (STPS)
Desde el 25 de febrero, y de forma semanal, se entablarán diálogos con representantes estatales de empleadores y trabajadores, los cuales serán transmitidos a través de redes sociales.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en conjunto con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), desarrollarán cinco encuentros virtuales con el propósito de impulsar los procesos de legitimación de contratos colectivos y los cambios estatuarios establecidos en la Reforma Laboral de 2019.
De manera que, a partir del próximo 25 de febrero y hasta el 25 de marzo, cada jueves a las 10 horas (hora del centro), a través del Facebook live de la STPS, Luisa Alcalde Luján, titular de la STPS, y Alfredo Domínguez Marrufo, director general del CFCRL, entablarán diálogos con representantes estatales de empleadores y trabajadores.
En las transmisiones se abordarán diversos temas de interés para empresas, sindicatos, trabajadores, litigantes y académicos, como: Democracia y libertad sindical. Legitimación de contratos colectivos de trabajo y su procedimiento de inconformidad. Modificación de estatutos de los sindicatos. Rol del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el nuevo sistema de justicia laboral Emisión de constancias de representatividad.
Desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y ahora surgirán los Centros de Conciliación, que dependerán del Poder Judicial
La doctora en Derecho Laboral, Teresa Guerra Ochoa, puso en duda que se agilicen los juicios laborales con la creación de los Centros de Conciliación a cargo del Poder Judicial
Culiacán, Sinaloa.- La doctora en Derecho Laboral, Teresa Guerra Ochoa, puso en duda que se agilicen los juicios laborales con la creación de los Centros de Conciliación a cargo del Poder Judicial, que vienen a sustituir a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
Criticó que hubo una gran falla de los diputados federales y locales en esta reforma, debido a que no le asignaron recursos económicos para la operación de estos tribunales con infraestructura material y humana.
Expuso que si ahorita le piden al Poder Judicial que tiene que empezar a atender los conflictos de trabajo y que debe tener las instancias jurisdiccionales para exhibir los juicios, seguramente lo que van a contestar es que no tienen dinero, lo cual denota que es una mala práctica legislativa hacer leyes y no etiquetar los recursos para el cumplimiento.
“Esperemos realmente que esto agilice los juicios laborales, porque lamentablemente a la fecha hay juicios que duran hasta 8 o 10 años, se supone que la reforma va encaminada a ser más ágil el procedimiento y que duraran menos, eso todavía estará en veremos”, puntualizó.
La doctora Teresa Guerra señaló que Sinaloa entrará en esta modalidad hasta el año 2022, es decir, en una segunda fase a diferencia de otras entidades federativas.
Asimismo, preciso que las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Sinaloa van a seguir conociendo de los conflictos que ya tenían a su cargo, es decir, habrá una etapa de transición.
“Sin embargo, las juntas de conciliación en Sinaloa van a seguir conociendo de los conflictos que ya tenían a su cargo, a partir de que empiece a funcionar el tribunal del trabajo que va a estar dentro del Poder Judicial empezará con los nuevos expedientes, o sea, va a haber una etapa de transición”, comunicó.
Cabe destacar que la semana pasada, de manera unánime los diputadoslocales aprobaron reformasa la Constitución de Sinaloa para desaparecerla Junta de Conciliación y la Secretaría del Trabajo para dar paso a la creación del Centro de Conciliación Laboral que dependerá del Poder Judicial.
