El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se han perdido 70 mil 926 empleos en lo que va del mes.
El mandatario precisó que la cifra es hasta el 21 de diciembre y que espera que el mes concluya con no más de 100 mil puestos de trabajo perdidos.
“Pero diciembre es atípico porque todos los diciembres, desde que sea creó lo del llamado outsourcing, se despiden trabajadores para que no les den aguinaldo y se cae el número de empleos. Es increíble de que como en noviembre se tienen 100 mil empleos nuevos por eso es lo de la subcontratación”, dijo.
López Obrador explicó que desde agosto el País había recuperado 600 mil empleos, luego de la crisis económica derivada por la pandemia de Covid-19.
Y recordó que gracias al esquema de subcontratación, cada mes de diciembre de los últimos años se despiden alrededor de 300 mil trabajadores.
Hasta ahora 21 de diciembre hemos perdido 70 mil 926 empleos. Si se mantuviese esta tendencia no llegaríamos a 300, espero que lleguemos a 100 mil. Sería distinto, claro; de casi 600 mil bajamos a 500 mil de los recuperados”, dijo.
La pérdida de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se acentuó después del 15 de diciembre, indicó.
El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, Ernesto Romero, dijo que hay mucho trabajo para el área de Recursos Humanos, porque hay hermetismo y resistencia a formalizar contratos colectivos de trabajo.
Monterrey, NL. Desde que se aprobó la NOM 035, las empresas deben coadyuvar para detectar factores de riesgo psicosocial, identificación, análisis y prevención, y formalizar los contratos colectivos de trabajo, indicó Ernesto Romero Campos, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Nuevo León.
«Tenemos que coadyuvar en esa línea (de detectar factores de riesgo psicosocial), se tienen que formalizar en sus contratos colectivos de trabajo, se tiene que mirar hacia allá», comentó el funcionario durante el webinar “Qué esperar laboralmente en 2021”, que organizó Akiba, consultora de temas de Recursos Humanos, hace unos días.
Hay mucho trabajo para las áreas de Recursos Humanos de las empresas y también para el Centro de Conciliaciones porque hay hermetismo y resistencia a formalizar los contratos colectivos de trabajo”, puntualizó.
Romero Campos explicó que este fue un año atípico de mucho trabajo, y se incrementó con la pandemia, y se tuvo que cerrar, porque había entre 3,200 y 3,500 citas de conciliación diarias y un personal de 365 empleados, lo que hacía imposible operar de forma habitual.
La gente está acostumbrada a llevar su convenio a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y para poder atender solicitudes se tuvo que actuar para atender por cita por la pandemia, recalcó el funcionario.
Para cumplir los compromisos que había a nivel internacional, en el estado de Nuevo León se realizó la reforma constitucional para desaparecer la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por un Centro de Conciliaciones, donde los patrones y sindicatos podrán elegir al director de este Centro.
“La junta no desaparece, tenemos más de 17,000 expedientes en trámite y para converger con el Centro de Conciliación que dependerá del poder Judicial, se decidió que los nuevos casos se lleven en dicho Centro”, enfatizó.
Adelantó que están a punto de firmar un convenio de colaboración y reglamentos internos en 61,000 representaciones sindicales.
Tiene deficiencias muy importantes la reforma laboral del primero de mayo de 2019.
Manuel Fuentes /Opinión
Como si tuvieran binoculares, un grupo de expertos ha sido designado por quienes tienen el liderazgo del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y el Comité Asesor Laboral encargado de las negociaciones comerciales en ese país para estar al tanto de los avances o estancamientos en la implementación de la reforma laboral del 1º de mayo de 2019. A este grupo se le llama «Junta de Expertos Independientes del Trabajo en México». Es un grupo plural, fue designado por diferentes instancias: a) El Comité Asesor Laboral para Negociaciones Comerciales y Comercio Político nombró a Benjamin Davis, Owen Herrnstadt, Daniel Mauer y Jason Wade; b) El Presidente de la Cámara de Representantes a Catherine Feingold y Fred Ross; c) El Presidente pro tempore del Senado a Timothy Beaty y Sandra Polaski y d) El líder de la minoría de la Cámara de Representantes a Stefan Marculewicz y Philip Miscimarra. Este grupo de expertos independientes tiene la facultad de emitir conclusiones para determinar si México está o no cumpliendo con sus obligaciones laborales, circunstancia de la que podrían resultar sanciones comerciales para nuestro país.
Este grupo independiente recién, el pasado 15 de diciembre, acaba de emitir su primer informe manifestando tener preocupaciones serias con el proceso de aplicación de la ley laboral y cumplimiento de obligaciones laborales, llamando al Comité de Integración Laboral y al Congreso estadounidense a realizar recomendaciones al gobierno de México para que dé atención inmediata.
Para ello este grupo de expertos emitió 8 recomendaciones:
1. Poner fin a la violencia contra los trabajadores. Se debe detener la vigilancia, hostigamiento, amenazas, arresto, violencia física y asesinato de trabajadores en ejercicio de sus derechos protegidos, tanto a nivel federal como estatal. Los esfuerzos de la reforma a la legislación laboral se retrasan cada vez que ocurre un incidente de esta naturaleza.
2. Promover la transparencia. Mientras los trabajadores no tengan acceso efectivo a los Contratos Colectivos, Estatutos e informes financieros de sus sindicatos «será difícil establecer una democracia sindical efectiva». Poner estos documentos en Internet será un paso adelante, pero no asegura su acceso.
Recomienda «monitorear cuidadosamente» la implementación del gobierno de México en la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Ley Federal del Trabajo, incluidos los informes de los inspectores del trabajo, para determinar si se está cumpliendo con la legislación y si los trabajadores pueden obtener, leer y comprender estos documentos.
3. Enfocar la implementación en los sectores prioritarios del T-MEC. Recomienda anticipar la implementación de la reforma laboral en los estados de Nuevo León y Tamaulipas a octubre de 2021 para que el cronograma de implementación revisado se alinee más a la intención del Anexo 23-A.
4. Reformar el proceso de legitimación. Llama a modificar el Protocolo para legitimar los convenios colectivos para: 1) organizar las votaciones por sector productivo, siguiendo un calendario dirigido por el gobierno, 2) proporcionar educación significativa sobre el proceso y las opciones a los trabajadores en ese sector, 3) requerir que los votos de legitimación sean supervisados por el gobierno con funcionarios investidos de autoridad para investigar y corregir violaciones y 4) crear un procedimiento eficiente para que los trabajadores denuncien infracciones.
5. Fortalecer la inspección del trabajo. Recomienda construir un programa sólido y continuo de cooperación entre ministerios de trabajo para fortalecer y ampliar un cuerpo de inspectores profesionales con autoridad y capacidad para identificar, denunciar y sancionar violaciones a la libertad sindical y derechos de negociación colectiva.
6. Aumentar y concentrar el financiamiento estadounidense para desarrollar la capacidad de los trabajadores mexicanos. Sugiere destinar dentro de los 6 meses siguientes al menos 100 millones de dólares del financiamiento del T-MEC no asignado, para desarrollar la capacidad de los trabajadores en organizarse y negociar, incluyendo apoyo legal y de investigación.
7. Hacer responsables a los empleadores. Debe incluirse en la norma jurídica mexicana como obligación de los empleadores el informar y divulgar el sistema de pagos que hacen para mantener los contratos de protección, como se encuentra en las leyes estadounidenses. Señalan que mientras este sistema permanezca igual, la democratización real de las relaciones laborales será difícil, o hasta imposible.
Considera que, si México no hace estos cambios, «Estados Unidos no está excluido de inhibir estas prácticas a través de la legislación que regula el tratado».
8. Mensaje a los trabajadores y empleadores mexicanos. El Gobierno de Estados Unidos y sus representantes en México deben enviar el mensaje contundente de que no serán nunca más «negocios como de costumbre» que violan los derechos de los trabajadores a organizarse y a negociar, a las empresas que producen bienes y servicios en México para exportar al mercado estadounidense. Es apropiado y necesario para el Embajador asegurar públicamente a los trabajadores mexicanos y estadounidenses que estas ganancias no serán por violaciones a sus derechos.
El informe que presentó este grupo de expertos independientes en general hace propuestas importantes, pero también debe considerar que no basta igualar la legislación laboral mexicana con la estadounidense. Las relaciones laborales son distintas y no siempre funcionan igual al no existir un sistema de justicia al menos similar. Es el caso de la Legitimación de los Contratos Colectivos que es una calca de la estadounidense.
Se prevé por este grupo de expertos, considerando datos de la STPS, que este proceso de legitimación alcanzará a lo sumo apenas un 10 o 15% de los 559 mil 969 Contratos Colectivos de Trabajo existentes en México (27 mil 500 a nivel federal y 532 mil, 469 de competencia local), mientras que los contratos de protección simplemente «desaparecerán» (¿?) a partir de mayo de 2023 fecha límite de la legitimización.
La Junta de expertos considera que, en cualquier caso, al ritmo actual que se trabaja la legitimación alcanzaría en promedio un 10% (56,000) del total de contratos colectivos existentes.
Bajo este modelo la mayoría de los centros de trabajo quedaría sin contratos colectivos y ésta ahora es la mejor noticia para los patrones. A ellos se les deberían imponer fuertes multas por carecer de contratos colectivos. No se debe dejar únicamente la carga de la legitimación a los sindicatos, porque la mayoría de éstos son controlados por los empleadores.
Ellos, los patrones, dicen: ¡viva la reforma laboral! porque si bien desaparecen los contratos colectivos de protección, ahora a cambio habrá empresas sin contratos colectivos y ¡eso será legal! Con esa fórmula, los trabajadores quedarán sin protección alguna.
Tiene deficiencias muy importantes la reforma laboral del primero de mayo de 2019, que deben reconocerse, porque permitirá legalmente a las empresas carecer de contratos colectivos. Ellos dirán, la responsabilidad es de los trabajadores y no nuestra.
La reforma laboral exige al Sindicato que pretenda un Contrato Colectivo con al menos un 30% de simpatizantes del total de trabajadores, después obtener la constancia de representatividad por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y finalmente pasar a un proceso de negociación con la patronal que puede tardar años o nunca llevarse a cabo.
Esto únicamente logrará el mundo feliz para los patrones. Facilitará un proceso de desgaste y despidos en perjuicio de los trabajadores y anulará la libertad sindical y la negociación colectiva. Esa no fue la pretensión de la reforma laboral que se diseñó en mayo de 2019.
La reforma laboral todavía camina por veredas llenas de obstáculos para lograr la ansiada democratización de las relaciones laborales en México.
El Cenace publicó el 29 de abril el acuerdo para garantizar la eficiencia del sistema eléctrico con el que buscó frenar la entrada de plantas privadas de energía renovable con el argumento de la emergencia sanitaria, “ese fue el primer golpe dijo la firma legal Hogan Lovells. El segundo momento fue el “electrolinazo” que la CRE publicó en junio aumentó 775 por ciento las tarifas de porteo a la CFE.
Estas acciones afectarían al 14 por ciento del PIB, de acuerdo con el CCE, y peligran 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en México, estimaron las asociaciones de productores renovables.
El sector energético mexicano cierra este 2020 con un conflicto recargado por las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para “rescatar” a las empresas del Estado y apagar la participación de los privados.
“Si ya estábamos viendo ciertas acciones y regulaciones nuevas, ciertos cambios regulatorios en pro de las actividades de las empresas productivas del Estado, este año fue algo mucho más directo”, comenta este martes a Efe la economista Daniela Flores, de la consultora Talanza Energy.
La pandemia de la COVID-19 motivó al Gobierno mexicano a implementar medidas para reforzar el rol de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ambas compañías públicas del Estado mexicano.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el 29 de abril el acuerdo para garantizar la eficiencia del sistema eléctrico con el que buscó frenar la entrada de plantas privadas de energía renovable con el argumento de la emergencia sanitaria.
“Ese fue el primer golpe al sector y a los privados”, advierte Miguel Ángel Mateo, socio especializado en derecho energético de la firma legal Hogan Lovells.
Al acuerdo de Cenace se sumó la política de confiabilidad que la Secretaría de Energía publicó el 15 de mayo para desincentivar el despacho de energía renovable generada en plantas privadas con el pretexto de que son “intermitentes”.
Además, en un acto que empresarios llaman “electrolinazo”, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en junio un aumento de hasta 775 por ciento en las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables, a la CFE.
El conjunto de estas acciones afectaría al 14 por ciento del PIB, calculó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal organización de empresarios del país.
Asimismo, peligran 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en México, han estimado asociaciones de productores renovables.
Aunque estas acciones están suspendidas en tribunales y pendientes de revisión en la Suprema Corte de Justicia, Mateo considera que los efectos ya son tangibles.
“Las empresas han perdido mucha confianza en el regulador. El sector energético se ha desmotivado para invertir”, lamenta el abogado de Hogan Lovells.
VUELTA AL PASADO
Pero la experta de Talanza Energy considera que el “evento más importante” fue el memorando que López Obrador envió en julio a los reguladores autónomos de energía a los que pidió alinearse a su política energética.
López Obrador plantea en el texto “regresar, sin ignorar las nuevas realidades” a la política de los expresidentes Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Adolfo López Mateos (1958-1964), quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.
“Tal es el espíritu que nutre el objetivo superior del actual Gobierno: recuperar el pleno dominio del petróleo y de la industria eléctrica. En lo específico, la decisión se traduce en no continuar con la privatización del sector energético”, afirma el Presidente en el memo.
El documento se dirige a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órganos autónomos que regulan el sector, además del Cenace, organismo público descentralizado que controla el sistema eléctrico.
“El punto nodal, más importante en este año, fue ese memo del Presidente donde le pide a los reguladores que hagan todo lo posible dentro del marco de regulatorio para que tanto Pemex como la CFE no pierdan participación de mercado”, expone Flores.
CHOQUES EN 2021
Pese al freno temporal en tribunales, el conflicto por el sector energético continuará en 2021 porque López Obrador ha advertido de una posible iniciativa que contrarreste los efectos de la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la inversión privada.
Mientras Mateo considera que el Gobierno usará el tema para “buscar consensos” con los empresarios, Flores señala que dependerá de las elecciones de 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados.
Además, México aún debe analizar la postura energética que tendrá el Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien podría aprovechar el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde el 1 de julio, para presionar a la administración de López Obrador.
“Aunque quieran cambiar las leyes, tienen que tener mucho cuidado porque seguimos teniendo tratado comerciales, el T-MEC a final de cuentas protege los intereses de las empresas estadounidenses y canadienses que ya están instaladas aquí”, reflexiona Flores.
La Sección 15 del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que representa a empleados de Interjet, señaló que la empresa no tiene recursos para pagar las seis quincenas de salarios atrasados con sus respectivas prestaciones que debe a sus empleados.
Por ello, dijo, si para el próximo 5 de enero de 2021 «no hay pago de salarios, no habrá otra opción que garantizar los derechos de los trabajadores con el último medio disponible que es la huelga el 8 de enero de 2021.
«Poco después de que anunciamos que no seremos los trabajadores los culpables del cese de operaciones, la empresa decidió cancelar vuelos indefinidamente. Parece que dejan morir a Interjet y querían que nosotros, los trabajadores, fuésemos los culpables».
Lo que es un hecho, añadió, no solo dejan morir a Interjet, sino también «sin sustento a más de 5 mil familias que dependen directamente de la aerolínea. Dejan a los trabajadores con adeudos importantes ante el IMSS, Infonavit, Fonacot de cuotas y aportaciones que les retuvieron y no entregaron. Dejan a los pasajeros sin reembolsar su dinero y con pasajes más caros. Dejan miles de millones de pesos adeudados a proveedores y gobierno. En suma, dejan que pierda México».
En un comunicado que el sindicato envió a los trabajadores afectados, informó que ayer lunes tuvieron una nueva audiencia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con autoridades Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Agencia Federal de Aeronáutica Civil.
Explicó que en la reunión se habló del estado que guarda Interjet y les recordó a las autoridades las francas violaciones laborales que son sujetos los trabajadores.
Indicó que la empresa, a través del director General Carlos Rello, dijo depender de poder llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto al pago de impuestos que adeuda para traer dinero de inversionistas y demandó nuevamente que se siga la instrucción del presidente de México para ayudar y no dejar quebrar a empresas mexicanas.
«Particularmente han pedido durante meses que la empresa Servicios de Personal del Estado de México, S.A. de C.V. (SPEM) pueda asumir la deuda de impuestos que tiene Interjet, es decir, el tiempo pasa y nos encontramos en la misma fase de hace más de 4 meses, pero con la diferencia que hoy ya no hay un solo vuelo operando y los trabajadores ya deberían de haber cobrado aguinaldo, fondo de ahorro y más de seis quincenas adeudadas».
Al respecto agregó que desconocen si hay falta de voluntad política o empresarial.
El sindicato recordó que de parte de los trabajadores siempre hubo voluntad «plena y de sobra» para seguir operando, a pesar de que no cobraran salario para sacar la fuente de empleo adelante. «Sin embargo, hoy sin operaciones y sin dinero en la empresa, el escenario se ve casi imposible y los trabajadores deben garantizar sus derechos laborales», lamentó la Sección 15 del sindicato de la CTM.
El Congreso estadounidense señaló que México no ha implementado cambios en términos de democracia sindical y libertad de asociación
Reuters-. México trabaja para que la implementación de los amplios cambios laborales requeridos en el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, el TMEC, avance según el calendario, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior mexicana, Luz María de la Mora.
El TMEC, que entró en vigor el 1 de julio, incluye un capítulo laboral que busca mejorar condiciones laborales y salariales de trabajadores en México como una forma de evitar que empresas de Canadá o Estados Unidos trasladen empleos a la nación latinoamericana debido a los bajos salarios.
Un informe de un comité laboral independiente presentado a mediados de diciembre al Congreso estadounidense señaló que México aún no ha implementado cambios en términos de democracia sindical y libertad de asociación, entre otros puntos, pese a que ha avanzado en otras áreas.
Sin embargo, De la Mora dijo que México ha cumplido con su parte en la implementación de la reforma laboral de mayo de 2019, que ha sido un tema espinoso en el marco del nuevo tratado.
“Hemos hecho todo de nuestra parte para que la implementación se vaya dando de acuerdo al calendario”, dijo la funcionaria en una entrevista con Reuters.
“El presidente ha sido claro en que tenemos compromisos y vamos a buscar la forma de cumplir usando las herramientas que tenemos al momento”, añadió.
La funcionaria señaló además que algunas armadoras están pidiendo más tiempo para cumplir con las estrictas reglas de contenido regional del TMEC y que “pronto” los tres países miembros del acuerdo, Canadá, Estados Unidos y México, podrán decir cuáles empresas requerirán regímenes alternativos de transición.
En el sector automotor, el TMEC requiere un 75% de contenido norteamericano para que los automóviles puedan beneficiarse del arancel cero, en comparación con el 62.5% del anterior pacto regional, el TLCAN, y un contenido de entre 40% y 45% de las denominadas áreas de “salarios altos”, entre otros requisitos.
Con 48 votos, avalan diputadas y diputados la iniciativa enviada el pasado 26 de noviembre por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la nueva Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo objeto es crear y establecer la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del estado, en los términos que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política local y demás normativa aplicable.
Esta Ley, aprobada durante la quinta sesión ordinaria con 48 votos, sin abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa presentada el pasado 26 de noviembre por el gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y que analizó y dictaminó a favor la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.
De acuerdo a la nueva Ley, se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como un Organismo Público Descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.
Dicho Centro tendrá por objeto ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, a fin de procurar el equilibrio entre los trabajadores y patrones, de acuerdo a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo.
El patrimonio del Centro se integra por: los bienes muebles e inmuebles que le transfieran los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, por cualquier título legal; los recursos financieros que se le asignen en los Presupuestos de Egresos del Estado y la Federación para su funcionamiento y las aportaciones que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales; los poderes judiciales federal y estatal le otorguen, así como donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciban del sector social y privado.
Tendrá como atribuciones el ofrecer el servicio público de conciliación laboral en conflictos del orden local, impulsar la difusión y divulgación de sus servicios, llevándolos al público en general para fomentar la cultura de paz; celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la presente Ley y su Reglamento; expedir constancias de no conciliación y copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes de los archivos del Centro, entre otras.
La administración del Centro estará a cargo de una Junta de Gobierno, el cual estará integrada por el Poder Ejecutivo Estatal, quien la presidirá y su suplente será la persona Titular de la Secretaría, así como por los titulares de las Secretarías de Gobierno (Segob) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la Dirección General del Centro, quien fungirá en las sesiones como Secretaría Técnica, y un Comisario que será designado por la Contraloría General.
El Centro iniciará sus operaciones con posterioridad a la declaratoria que emita este Congreso del Estado, prevista en el transitorio cuarto del Decreto 531 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de implementación a nivel local de la Reforma Federal al Sistema de Justicia Laboral, publicado en la Gaceta Oficial el cuatro de febrero de 2020.
Al participar en el debate de este punto del Orden del Día, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez subrayó que esta Ley tendrá un impacto benéfico para las y los trabajadores veracruzanos, porque en caso de encontrarse en la necesidad de proteger y hacer respetar sus derechos laborales individuales y colectivos, podrán acudir a un organismo diseñado para que en él puedan conciliar y evitar ir a juicios, “los cuales suelen ser tardados y onerosos”, puntualizó.
PACHUCA, Hgo. Cerca del 90 por ciento de los sindicatos de competencia federal, como los de la industria petrolera, química, farmacéutica, metalmecánica, eléctrica, cervecera, embotelladoras, cementeras, entre otros, han adecuado estatutos a las nuevas reglas que incluyen el voto libre y directo para elegir a sus líderes y la participación de los agremiados en el conocimiento y conformación de los contratos colectivos, convenios de revisión, entre otras acciones que transparentan la labor sindical.
Entre otras ventajas de estas adecuaciones, exigidas a partir de la nueva Reforma Laboral, los sindicatos deberán implementar directivas con razón de género y están obligados a rendir cuentas a sus agremiados, quienes, además, tendrán participación en las decisiones sobre su materia de trabajo como son los aumentos a salarios y prestaciones.
Además, el nuevo modelo de justicia laboral, a iniciar actividades hacia la mitad del año próximo en Hidalgo y que hacia octubre llevará a cabo su segunda etapa, considera la existencia de una instancia conciliatoria y la creación de los tribunales federales para atender y resolver todos los conflictos que no sea posible conciliar en los centros de cada estado, donde también habría tribunales locales que evitarán largos juicios laborales.
Según explicó en entrevista Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, hasta el momento no ha habido resistencia por parte de sindicatos para adecuarse a las nuevas reglas y el porcentaje que falta por integrarse lo conforman sindicatos más pequeños que no han alcanzado el nivel de organización para hacer las adecuaciones a sus estatutos.
Lo anterior derivado de los trámites que hace falta cumplir y la mayoría de los cuales han sido retrasados por la contingencia sanitaria.
“Más allá de eso, si el sindicato no adecua sus estatutos, no podrá registrar nuevas dirigencias ni ser autorizado para continuar bajo las reglas anteriores, cualquier renovación que no cumpla con las nuevas reglas, con la representación proporcional de género o la adecuación al nuevo sistema democrático no accederían a trámite alguno”, aclaró.
En el caso de los sindicatos locales, dijo que ha habido algunas justificaciones que tienen que ver con la imposibilidad de realizar asambleas a causa de la pandemia, pero hay un compromiso para adherirse.
En adelante, dijo, es necesario que los trabajadores ejerzan los derechos que la reforma les otorga, pues sus efectos serán más rápidos siempre y cuando estos derechos se exijan, demanden y ejerzan por parte de los empleados a fin de que, a la brevedad, se vislumbre una mayor democracia, representatividad, legitimidad de los dirigentes y participación e involucramiento de los sindicalizados con sus condiciones de trabajo.
La entrada en vigor del T-MEC y el inicio de la administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos plantean retos para México, dice el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos. “Tenemos muy claro dónde están los retos: poner particular atención en temas relacionados con la protección al medio ambiente y laboral. Debemos hacerlo, para evitar conflictos que tengan que dirimirse en paneles internacionales”.
El funcionario llamó la atención en erradicar el trabajo infantil y cualquier caso que pueda interpretarse como trabajo forzado en los campos mexicanos.
Para ello, la Sader trabaja en coordinación con la Secretaría del Trabajo para establecer códigos de conducta en las empresas que contratan jornaleros con el fin de que eviten contratar a menores de edad “porque eso nos metería en serios problemas”.
Dijo que, si bien, es una práctica que ha disminuido de manera significativa, pues existen leyes que prohíben, la autoridad debe poner atención particularmente en los sembradíos de fresa y tomate donde las familias de jornaleros se desplazan con todo y sus hijos.
Explicó que en muchos de los casos el problema radica en que los padres no tienen con quién y dónde dejar a sus hijos. Por ello, junto con los empresarios del sector se realizan intervenciones gubernamentales para resolver esa situación. Son múltiples acciones, que van desde proporcionarles instalaciones de recreo como canchas deportivas, aseo y estancias infantiles o escuelas cerca de los lugares en donde los padres trabajan.
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la empresa canadiense Americas Gold and Silver, concesionaria de la mina en Cosalá, Sinaloa, a que acate la decisión tomada por los trabajadores en un recuento en el que se decidió qué sindicato tendrá su representación, a fin de que concluya el conflicto laboral que persiste desde hace casi un año.
Indicó que de acuerdo al informe que le presentaron sobre este caso en particular, la empresa no quiere que el sindicato -liderado por Napoleón Gómez Urrutia- ganador represente a los trabajadores. “Eso ya no le corresponde a la empresa decidirlo, porque tenemos que respetar la voluntad de los trabajadores”, insistió.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que “ya se les notificando a los responsables de la empresa para que se acate la decisión de los trabajadores y se restablezca la actividad en la mina”, e incluso, comentó que se ha pedido la intervención del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.
Y añadió: “ojalá y también los dueños, los accionistas de la mina ayuden en este caso para que se respete la voluntad en los trabajadores y se resuelva el problema”.
Hay que recordar que la mina de Cosalá, Sinaloa, ubicada en un pueblo turístico y minero en la entrada al Triángulo Dorado, lleva en paro laboral once meses, en el que los trabajadores exigen un salario digno y mejores condiciones de trabajo sin outsourcing, respeto al medio ambiente y libertad sindical. De la mina se extraía plomo, cobre y zinc, principalmente.
