De acuerdo con la ley, los trabajadores reciben un pago correspondiente a 20 días de trabajo; sin embargo, algunas empresas brindan un bono de más días a sus empleados.
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) reportó que cuatro sindicatos, de los 12 que se integran en Parral, comenzaron con la entrega de aguinaldos, entre las que se incluye la empresa Duraplay; por lo cual, cerca de 1400 sindicalizados recibirán su dinero antes del 20 de diciembre.
Adalberto Villalobos, secretario general de la CTM local, destacó que a pesar de la crisis por la pandemia se cumplirá con los aguinaldos como lo marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87.
«Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos» expresa el artículo.
El secretario destacó que en el caso de los sindicatos agremiados, hay algunos que cuentan con contratos colectivos donde las empresas llegan a pagar hasta 30 días, lo que representa el doble de lo que marca la ley.
Explicó que empresas como Duraplay tienen contratos que pagan de aguinaldo lo equivalente a 40 días de salario gracias a los acuerdos que se llegan entre subordinados y patrones.
«La ley no defiende a ningún patrón para que deje de pagar o liquide en partes la prestación», declaró el líder de la CTM en la ciudad.
En este sentido, la CTM descartó que se vaya a pagar el aguinaldo en dos partes, ya que para que se dé un arreglo de este tipo debe haber una negociación entre los directivos de empresas y los respectivos líderes sindicales.
Comentó que los únicos sindicatos que no entregan aguinaldos son los aseadores de calzado y vendedores ambulantes, ya que ellos son sus propios patrones; sin embargo, en el caso de taxistas, conductores de autobús, trabajadores de empresas como Bimbo y Barcel se encuentran obligados a dar el pago.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) arrancó los trabajos para implementar la segunda etapa de la reforma laboral, en la que habrán de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a los Tribunales Laborales y a la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidalgo de manera local.
Así para el 2021 ya se busca poner en marcha el nuevo modelo de democracia y justicia laboral “damos inicio a los trabajos de coordinación con los estados de la segunda etapa para continuar con el proceso de transformación del nuevo modelo laboral, producto de mujeres y hombres que lucharon por la democratización del mundo del trabajo, que necesita de todos para ir empujando”, destacó Luisa María Alcalde Luján, la titular de la STPS.
En reunión virtual la funcionaria señaló que ha sido un proceso complejo por la pandemia, pero aun así “logramos que se pusiera en marcha en las 8 entidades federativas en que iniciamos en el mes de noviembre. Hoy la experiencia acumulada de la primera etapa y el seguimiento permanente en su ejecución nos va permitir replicar, corregir, replantear acciones y estrategias de cumplimiento para hacerlas más eficientes y efectivas”, abundó.
Pidió a las autoridades estatales que se acompañe a los actores principales de las relaciones laborales, sindicatos y empresarios, para concientizarlos e informarles de qué trata la reforma laboral, de sus obligaciones y derechos, de los alcances de los cambios del modelo que transforma por completo los esquemas del pasado y trae garantía de libertad, democracia y acceso a la justicia para trabajadores y empresarios.
El ministro Fernando Franco González Salas expresó a los asistentes que son herederos de un ejercicio que se ha venido haciendo con la primera etapa, y tienen enfrente un reto enorme, un compromiso de estado internacional, para consolidar el sistema de justicia laboral y la democracia sindical.
Las nuevas entidades deben realizar una armonización legislativa que contempla reformas a la Constitución Política del Estado (cuando sea aplicable), leyes para la creación de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Locales, para la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, entre otros. Cabe destacar que todos los estados presentan ya avances en esta materia.
“Ni idea. No sabía que ya hay una ley de home office”, confiesa Jessica Avilés. La especialista en redes sociales hace un alto en su trabajo para responder mi llamada, pero de pronto debe hacer otra pausa: “Espera, hijo, ahorita te ayudo. Pero la maestra dijo muy claro que tú lo debes escribir… Disculpa, ya volví. ¿Y esa ley considera que las mujeres trabajamos más?”.
La semana pasada el Congreso modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT) y le agregó el capítulo XII Bis, en materia de teletrabajo. La vacuna y la normativa llegaron apenas. Nueve meses después de que la pandemia de covid-19 obligara a miles de personas a laborar desde sus casas, ya hay reglas para hacerlo.
Una parte relevante es que las condiciones de trabajo quedan asentadas en un contrato. Por ejemplo: la jornada laboral, el derecho a la desconexión, la obligación de las empresas a pagar el Internet, el equipo de cómputo y el mobiliario, entre otros elementos.
Manuel Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, reconoce que se tardaron en legislar el tema. Pero afirma que de haberlo hecho antes “de poco hubiera servido en esta pandemia. Además, esto queda para las generaciones futuras”.
En junio de 2019 el Senado reguló el home office. La minuta llegó a San Lázaro en ese año, pero no fue hasta diciembre de este 2020 cuando ambas Cámaras la aprobaron. Al final, el dictamen que presentó Baldenebro integró varias de las propuestas del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Horarios y gastos definidos
“La pandemia nos ha mostrado que en el teletrabajo es muy frecuente la explotación laboral”, apunta Rosario Ortiz, coordinadora colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas. Por eso es importante que la versión final de la reforma estableció una jornada de no más de ocho horas y un tiempo para la comida.
Y de la mano de ese punto va el derecho a la desconexión. “Intento no contestar los mensajes después de las 7, aunque yo salía a las 6. Al principio, respondía muy tarde y hasta fines de semana. Pero es que si no lo hago mis jefes me ven como la floja”, comparte Jessica Álvarez.
El artículo 330-E de la LFT dice ahora que la parte patronal está obligada a respetar el derecho del personal a desconectarse. “No podrán pedirle ni trabajo ni sugerencias fuera del horario laboral. Si intenta sancionarles, los trabajadores cuentan con pruebas para protegerse: el correo o la llamada registrados a una hora que ya no corresponde”, señala Baldenebro.
Ese mismo artículo dice que las empresas deben pagar el Internet y la parte proporcional de la electricidad. Deben proporcionar a su personal equipo de cómputo, sillas ergonómicas o impresoras. “¿En serio? Yo tuve que comprarme una computadora y no tenía contemplado ese gasto”, comenta Jessica Avilés.
Ese monto no forma parte del salario, porque “es un resarcimiento de los gastos que tienen los trabajadores”, indica Oscar de la Vega, fundador del despacho De la Vega & Martínez. Es obligatorio y no debe estar gravado en el ISR, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “deberá considerarlo como una partida deducible”.
En su opinión, esta medida “lesiona la economía de las empresas. El fin es bueno, el problema es el momento: la pandemia, viene el incremento al salario mínimo, la reforma de subcontratación y la de pensiones. Esto suma y suma y la liga tiene un límite”.
Sin perspectiva de género
El artículo segundo transitorio de la reforma indica que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STS) tiene hasta un año y medio para publicar una Norma Oficial Mexicana (NOM) para regular aspectos de seguridad y salud bajo esta modalidad. Para la exdiputada Rosario Ortiz esto no es del todo adecuado.
“La implementación del teletrabajo no puede quedar en manos de una norma laboral. Era mejor incluir en la ley los mayores elementos para aterrizarlo”.
Y a esta reforma le falta una perspectiva de género, agrega. “Tienen media hora de comida, pero ¿quién prepara esa comida y cuándo? Trabajar desde casa incrementa las labores de una manera desproporcional”.
Elementos que la economía feminista había planteado y se consideraban descabellados cada vez cobran más claridad, señala. “No se puede mejorar el mundo del trabajo sin tomar en cuenta que requerimos un sistema nacional de cuidados, para todas y todos”.
El Estado y las empresas deben crear mecanismos para que las trabajadoras “no se anclen en sus casas con más carga laboral y queden aisladas. Ahorita todos estamos en casa, pero esto terminará y veremos en qué condiciones quedamos nosotras”.
Este lunes 14 de diciembre, el Poder Judicial del Estado realizará la formal inauguración del nuevo Tribunal Laboral ya con su equipo completo de juzgadores y resueltos algunos detalles de mobiliario y equipo, informó este fin de semana la magistrada Olga Regina García López.
Esta instancia judicial, si bien inició operaciones el pasado 18 de noviembre para cumplir con los plazos legales de la reforma laboral, arrancó con sólo tres de cuatro jueces y una de cuatro salas. Sin embargo, el lunes de la semana pasada se le tomó protesta a Sonia Patricia Hernández Rocha como la cuarta jueza en integrarse al equipo del Tribunal.
Por las limitaciones que impone la pandemia de COVID-19, la asistencia al evento de inauguración será limitada y ya el martes se tendrá un recorrido para medios informativos.
El nuevo Tribunal atenderá a personas físicas y morales que requieran dirimir conflictos de trabajo en los que no se logró llegar a un acuerdo previo, a través de cuatro salas de juicio ubicadas en igual número de niveles del inmueble de Himno Nacional.
Esta instancia ya recibió sus primeros expedientes y, a decir de García López, la implementación exitosa de expedientes electrónicos y de firma electrónica hará «más fácil y expedito el acceso de los usuarios a la justicia laboral».
La magistrada consideró que el nuevo Tribunal Laboral podrá cumplir su cometido porque la idea es que, de todos los conflictos que se generen en el estado, la mayoría se resuelva por la vía del acuerdo y la conciliación y que sólo unos pocos requieran de la intervención de un juez o jueza.
Playa Carmen, Solidaridad, Q. Roo. La CROC trabaja marcando el ritmo del nuevo sindicalismo en México, es una organización atenta a lo que demandan las y los trabajadores, la gente; va adelante de todas, es la organización sindical que necesita México, afirmó el líder nacional, diputado federal, Isaías González Cuevas, quien hoy inició una intensa gira de trabajo por la Riviera Maya y mañana visitará Cancún.
El dirigente nacional inició su agenda de trabajo con una reunión con los Coordinadores Sindicales de Zona, lo acompañaron además del líder estatal anfitrión, Martín de la Cruz Gómez; Leslie Baeza Soto, responsable nacional del área Jurídica y el dirigente de la Delegación 35, Mario Machuca Sánchez, quienes posteriormente lo acompañaron a la visita y recorrido por tres centros de hospedaje de la Riviera Maya.
Los hoteles visitados fueron el Akumal Bay, Iberostar Playa Paraíso y Dorado Royale donde el dirigente nacional pudo saludar a las y los trabajadores en las diversas áreas laborales, y de viva voz les informó respecto del trabajo que viene realizando en busca de mejorar las condiciones laborales de la clase obrera del país.
Isaías González Cuevas convocó a los croquistas a reforzar el trabajo social, a ser gente de cambio “para cambiar el estado de las cosas a favor de la gente”, fortalecer los liderazgos.
Mientras que el líder estatal, Martín de la Cruz afirmó que en Quintana Roo serán redoblados los esfuerzos en beneficio de los trabajadores.
El líder nacional de la CROC continuará su gira de trabajo mañana sábado cuando sostendrá una reunión con Comisionados Sindicales; ofrecerá una conferencia de prensa y terminará sus actividades en Playa del Carmen con una reunión con los secretarios de sindicatos.
Puebla recuperó en noviembre 4 mil 744 empleos formales, de los cuales 58.8 por ciento correspondieron a puestos permanentes registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La cifra de empleo generado fue 24.7 por ciento menor a la reportada en octubre cuando se reportaron 6 mil 304 altas.
De esta manera la entidad poblana sumó 595 mil 897 empleos netos en el penúltimo mes de este año, de los que 508 mil 647 representaron puestos de trabajo permanentes y 82 mil 118 eventuales urbanos.
Los sectores con mayor recuperación de plazas fueron comercio que llegó a 136 mil 789 afiliados, industria de la transformación con 179 mil 103, construcción con 43 mil 432 y agricultura con 23 mil 610 plazas.
Por el contrario, hubo bajas en industria eléctrica, transportes y comunicaciones, servicios para empresas, personas y el hogar.
De acuerdo con los registros del seguro social, la entidad poblana registra una pérdida de 33 mil 504 empleos, de los que 80.5 por ciento se dieron de baja en el periodo de pandemia por covid-19.
La recuperación de empleo formal a nivel nacional representó 148 mil 719 nuevas plazas, de las cuales, 3.18 por ciento corresponden al estado de Puebla.
Solo Baja California, Tabasco y Chihuahua reflejaron avances anuales con 2.2, 1.6 y 0.7por ciento respectivamente.
Puebla se mantiene como el tercer estado con mayor contracción anual en empleo asegurado con -7.0 por ciento, detrás Quintana Roo con –22.5 y Baja California Sur con -8.1 por ciento.
Las condiciones económicas que prevalecieron este año a causa de la pandemia, no eximen a los patrones del pago de aguinaldo, indicó Manuel Lozano Nieto, secretario del Trabajo y Previsión Social.
El funcionario estatal destacó que las prestaciones son irrenunciables, por lo que «no hay manera de que los trabajadores dispensen al patrón que no cumpla con las prestaciones».
En ese sentido, manifestó que el hecho de que este año se haya vivido una pandemia, «no justifica que haya excepción o dilación para el pago», por lo que la expectativa es que los patrones cumplan en tiempo y forma con el pago del aguinaldo, que tiene que realizarse antes del 20 de diciembre y debe ser equivalente a por lo menos 15 días de trabajo.
Reconoció que este ha sido un año complicado en materia económica, pues en algunos lugares incluso hubo paros técnicos, y aunque el cálculo del aguinaldo incluye el tiempo laborado, señaló que no debiera influir, y en todo caso, habría que ver si los patrones plantean un convenio en ese sentido a los trabajadores.
También para el caso de que los patrones argumenten no estar en posibilidades de pagar la totalidad del aguinaldo, deben hacer una propuesta a los trabajadores para un pago diferido, para que éstos decidan si están de acuerdo con ello.
Lozano Nieto finalizó «nos queda claro que ha sido un tema muy complicado este año, ha obligado en algún momento hasta a suspender las actividades productivas, pero lamentablemente eso no exime a los patrones para entregar las prestaciones que por ley le corresponde a los trabajadores, entre ellas por supuesto la del aguinaldo; la expectativa es que cumplan y no haya retrasos en la entrega».
Culiacán, Sin.- En Sinaloa, el acoso laboral o mobbing es un tema que pocas mujeres se atreven a denunciar, sin embargo, se dice que de cinco mujeres por lo menos dos son hostigadas sexualmente en su centro de trabajo, y no denuncian… es un problema soterrado.
El hostigamiento o acoso sexual lo sufre desde una doctora, hasta una empleada doméstica y el temor es el mismo: guardar silencio para no perder el empleo.
Las palmadas en las pompis, o las continuas manos en el hombro que se deslizaban hasta el pecho. También los lascivos comentarios sobre su aspecto o las constantes insinuaciones del jefe es la constante que sufren la mayoría de las mujeres que trabajan y que socialmente está oculto porque cunde la sensación de que si se denuncia, la víctima acabará perdiendo el empleo
La ex senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum, quien empujó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, advirtió que en lo que se refiere a violencia de género hay resultados de encuestas que asustan.
Por ejemplo cita que hay una encuesta reciente que señala que de nueve de cada diez mujeres admiten que han sufrido violencia, pero lamenta que a la violencia laboral casi no se le voltea a ver porque la atención está centrada en feminicidios.
Advirtió que ahora con la pandemia del Covid-19, en la cual ha sobresalido la modalidad de “Trabajo en Casa”, conocida como “Home Office”, en realidad se les está cuadruplicando la carga laboral a las mujeres.
HISTORIA DE CARMEN
Carmen es una mujer que ama su trabajo, es empleada doméstica, se consideraba una mujer feliz es soltera, desea hacer una carrera, quizá para un día dejar de fregar los trastos y manejar una computadora, sin embargo, sus sueños fueron truncados al ser violada por su patrón.
“El patrón dejó de ir a la oficina por eso del Covid-19, trabajaba en su oficina, a veces me pedía que le llevara café. Mi patrona dormía hasta muy tarde, pero al patrón le dio por trabajar desde temprano, al principio, apenas levantaba la cara para decirme dónde le pusiera el café”, señala.
Sin embargo en el mes de mayo, la situación se empezó a tornar difícil, recuerda que sentía la mirada en su cuerpo, luego, le empezó a agarrar la mano, posteriormente ya eran caricias más subidas de tono, hasta que fue tomada por la fuerza.
“Lo único que hice, fue abandonar la casa, andar por la calle sin rumbo. Me desgració, perdí el trabajo, el sueldo y todavía no sé qué hacer, pero no lo denunciará por nada del mundo…”
Quien se atrevió a denunciar el acoso que sufren las mujeres policías fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rafael González Sánchez.
El diputado denunció el año pasado que muchas mujeres policías eran acosadas sexualmente en su centro de trabajo, incluso hubo policías que acudieron con el rostro cubierto y con testimonios apoyaron la denuncia del legislador.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Carrillo, lo negó rotundamente al asegurar que no existía denuncia formal en las instancias correspondientes.
FORO
Recientemente en el foro virtual “Violencia de Género en el Ámbito Laboral”, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, se remarcó que el acoso, la discriminación y las agresiones en el ámbito laboral son muy marcadas, pero poco visto, y aunque hay normas y medidas aplicadas, éstas no son lo suficiente.
La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Sinaloa, advirtió que los esfuerzos para prevenir la violencia de género no han permeado lo suficiente pese a la aprobación de normas, la construcción de herramientas y el establecimiento de diversas medidas.
“De acuerdo a encuestas, el 50 por ciento de las víctimas de acoso laboral son mujeres, y el 65 por ciento ha señalado que han sido testigos de esta violencia por parte de sus jefes jerárquicos”, indicó.
La ley federal del trabajo expresamente prohíbe en todo momento, que los patrones o sus representantes realicen actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo, así como permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo.
El outsourcing o subcontratación es indispensable y no va a desaparecer, excepto si pretende sustituir la nómina de una empresa con trabajadores subcontratados a través de un tercero, señaló José Manuel Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco Servytur) y uno de los participantes en las reuniones entre funcionarios federales y la IP.
Ya no se permitirá que los trabajadores dedicados a la actividad que constituye el objeto social de la empresa contratante sean suplantados, de modo que, si se dedica, por ejemplo, a producir un determinado artículo, no podrá subcontratar trabajadores para hacer eso mismo, pero sí para tareas como servicios corporativos, vigilancia, obras especializadas, jardinería u otras, expuso Campos en entrevista con Aristegui Noticias.
Luego de varias reuniones entre funcionarios federales y dirigentes empresariales y sindicales, el miércoles 9 de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, anunciaron un acuerdo preliminar para extender el plazo tanto para definir aspectos pendientes de la reforma para regular el outsourcing y dar tiempo a las empresas para regularizar su situación en esa materia, y pedir a los legisladores pospongan su discusión de la reforma legal para febrero de 2021.
Campos estima que, aun cuando la discusión y aprobación legislativa de la reforma hubiese ocurrido en este mes de diciembre, es necesario un período de transición de alrededor de 3 meses, por lo que la aplicación de la nueva ley entre en vigor en marzo o abril de 2021.
Presente en las reuniones con las autoridades, Campos señaló que fue precisamente la definición de lo que se puede y lo que no se puede hacer lo que hizo demorar las discusiones, pero en el fondo el espíritu es que no haya sustitución de nómina ni de patrones, y que se evite el abuso que se ha dado con la facturación de servicios y los derechos de los trabajadores al no reconocerles sus prestaciones.
“En los grandes conceptos que dieron origen a esta iniciativa ya estamos de acuerdo”, afirmó.
Rechazaron suscribir el acuerdo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) bajo el argumento de que el convenio preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.
¿Qué sigue?
En los próximos tres o cuatro meses, las empresas que sí tienen sustitución de nómina deberán incorporar a los trabajadores subcontratados a su nómina, definir en su caso qué se puede y qué no se puede subcontratar y comenzar a trabajar en las fórmulas para determinar el reparto de utilidades, indica el dirigente empresarial.
Explicó que una de las propuestas que está sobre la mesa es la responsabilidad solidaria del contratante con el contratado, lo que significa que, si la empresa especializada que es subcontratada no paga las prestaciones correspondientes a sus trabajadores, la compañía contratante tendría que pagarlas.
Y un asunto que todavía no se ha discutido, señala Campos, es la deducibilidad de las prestaciones, un tema de interés principalmente de las MiPymes y que evitaría incentivar la informalidad.
“Una de las formas como deben contribuir estas modificaciones a la subcontratación es con una mayor inclusión del sector de trabajadores a todas las prestaciones, de salud, financiera, vivienda, etcétera”, apunta.
Antes de la pandemia la informalidad era de 60% en ese sector, y si no se toman medidas para evitar su incremento durante la reactivación ni hay un cambio que incentive a estos negocios a pasarse a la formalidad, el país no podrá crecer a mayores tasas, anticipa.
Aclaró que, aunque se trata de una reforma laboral, sus efectos son fiscales, de pago de derechos y de lo que es deducible y lo que no para efectos del ISR, pues finalmente lo que se requiere es poder definir cuál es el costo para los inversionistas.
Son los puntos que están pendientes de resolver, la implementación, los tiempos y las formas, pues en lo fundamental ya hay acuerdo, bajo dos objetivos: tutelar los derechos de los trabajadores y la productividad de las empresas, indicó el presidente de Concanaco Servytur.
Consideró que las empresas deben empezar por comprender que habrá una modificación y que tienen que empezar a trabajar en reestructurar sus modelos de contratación a efecto de estar acordes para cuándo entre en vigor la ley.
“El sector empresarial ve con buenos ojos el que se tutelen los derechos de los trabajadores, pero que no se afecte la productividad de las empresas”, concluyó el dirigente empresarial.
Tras varias reuniones, la iniciativa privada y el gobierno federal, acordaron posponer la reforma a la subcontratación laboral
Desde hace semanas, líderes empresariales e integrantes de distintas cámaras y agrupaciones de la iniciativa privada, llevaron a cabo diversas reuniones con representantes del Gobierno Federal, para analizar la iniciativa para regular la subcontratación laboral, conocida como outsourcing.
Si bien se habían logrado algunos consensos, como la eliminación del insourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se resistía a eliminar ciertos puntos de la iniciativa como, la entrada en vigor de la reforma, misma que se tenía prevista para enero de 2021.
Sin embargo, la IP, el sector obrero y el Gobierno Federal, acordaron que no se criminalizará ni eliminará el outsourcing, aunque sí se mantendrán las sanciones contra los empresarios que abusen de esta modalidad laboral. Asimismo, los empresarios deberán garantizar que la subcontratación reconozca los derechos laborales de los trabajadores y se otorguen las prestaciones como aguinaldo, ahorro para el retiro, pago de utilidades y liquidación.
Los puntos del acuerdo
En este sentido, se comprometieron a cumplir con los siguientes acuerdos referentes al outsourcing:
Resolver el problema del abuso de subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo.
Reparto de utilidades. Pese a que no ha quedado definido, se iniciará un proceso de consulta para analizar un sistema de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago.
Se pospone hasta el mes de febrero de 2021, la discusión de la iniciativa, misma que en su momento, se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y aprobarse.
Las empresas que manejan nóminas, deberán de dejar de desarrollar prácticas irregulares que perjudiquen a los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre.
En tanto, el IMSS, Infonavit y el SAT, harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o la posible comisión de delitos, se procederá administrativa o penalmente.
