La Agencia Notimex fue notificada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje durante la madrugada de este martes de la promoción de un juicio de imputabilidad promovido por el Sindicato Único de Trabajadores (SutNotimex) con el que busca que la autoridad laboral tenga la opción de concluir la huelga.
Tras informar de ello, la agencia sostuvo que mientras ofrece un diálogo para solucionar el conflicto laboral, la Junta y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “son omisas y parciales en todo momento a las pretensiones del SutNotimex”.
Además, cuestionó que no fueron tomadas en cuenta los ofrecimientos que hizo la Agencia informativa para reanudar las mesas de negociación.
“En esa audiencia haremos valer nuestros argumentos, pues consideramos que no procede meter a juicio colectivo la reinstalación de 42 huelguistas, y otras manifestaciones que en su momento las presentaremos en la Junta de Conciliación y Arbitraje”, indicó Víctor Fernández Peña, director Jurídico de Notimex.
Detalló que la notificación del juicio de imputabilidad establece que será el 22 de diciembre a las 11:00 horas cuando se realice la audiencia.
Por medio de un comunicado, la Agencia agregó que el Sindicato huelguista pide “imposibles” como lo es la reinstalación de 42 ex trabajadores y 223 plazas sindicales, lo cual es contrario a la Ley de Austeridad Republicana ordenada por el gobierno federal.
Reiteró que, mientras la Junta de Conciliación y Arbitraje y la STPS “en todo momento hacen caso omiso a nuestros ofrecimientos, en cambio las peticiones del SutNotimex son avaladas y ratificadas quedando de manifiesto una parcialidad total hacia los huelguistas”.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa presidencial que reforma el sistema de pensiones, que reduce las semanas de cotización e incrementa las cuotas empresariales y del Estado, además de que define un tope a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afore) a los trabajadores.
En la discusión del dictamen, que se turnó a la mesa directiva de la cámara para que se discuta en la sesión ordinaria de este miércoles, el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, cuestionó que el monto de las comisiones es inmoral.
Es un robo y sus operadores deberían estar sujetos a proceso penal. Es tan feo y crudo como esto: no hay mejor negocio que este, las Afore esquilman a la gente de la peor manera, agregó.
Inicialmente se acordó constituir una mesa de trabajo para negociar una redacción distinta a la iniciativa del Ejecutivo, que prevé definir un máximo de comisiones a partir de una media entre las que se cobran en Estados Unidos, Colombia y Chile. No obstante, la iniciativa se modificó sin cambios y la oposición anunció que presentará una reserva en este punto.
No obstante, Gómez insistió en que la reforma busca moderar el cobro por parte de las Afores y acotó que cualquier propuesta para cambiar la redacción se haga siempre y cuando detengamos este esquilmo gigantesco y escandaloso. Las tasas de ganancia de las Afore son las más altas del sistema financiero de gente que no hace nada. Tienen que bajar.
La votación
Con 22 votos en favor de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, y tres abstenciones de PRI y PRD, la comisión aprobó el dictamen donde se acepta la propuesta de incrementar las aportaciones patronales y del Estado para que los trabajadores de menos recursos puedan obtener una pensión mínima garantizada y reducir las semanas de cotización de mil 250 a mil.
A partir de la reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), se prevé que la aportación patronal pase gradualmente de 5.15 por ciento en 2023, a 13.87 por ciento en 2030.
Al explicar el alcance de la reforma, el secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), indicó que los trabajadores ya no tendrán que esperar a que se cumplan mil 250 semanas de aportaciones, porque ahora se podrán pensionar con mil semanas, es decir casi cinco años antes.
Respecto de la aportación patronal, pasará gradualmente de 5.15 a 13.87 por ciento, y la aportación del Estado modificará su composición para beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos, refirió.
En el dictamen se explica que con la reducción de semanas se enmendará el diseño de la Ley del Seguro Social en vigor desde julio de 1997, que deja sin acceso al derecho a una pensión a la mayoría de los trabajadores, ya que de seguir así, precisó, únicamente 34 por ciento de los afiliados al SAR tendrán derecho a recibir una pensión garantizada.
Explicó que si bien la Ley del Seguro Social estableció como un nuevo beneficio una pensión garantizada, la realidad del mercado laboral mostró que este beneficio sólo cubre a una minoría de trabajadores.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la regulación del tele trabajo o home office, para que los trabajadores puedan realizar un servicio remunerado en un lugar distinto a su centro laboral.
Con 440 votos a favor, el pleno aprobó con cambios la minuta que le envió el Senado en junio, por lo cual la reforma se devolvió a los senadores, con objeto de que estos decidan si se allanan a las modificaciones.
El dictamen avalado prevé que el tele trabajo será voluntario y deberá estar regido por un contrato, donde se especifiquen las condiciones en que se ejercerá.
Entre otros beneficios incluye el derecho de los empleados a la desconexión, para que su jornada se limite a la contratada con el patrón.
Con objeto de garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores bajo la modalidad a distancia, se prevé que solo se podrán usar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria y se prohíbe su geolocalización.
La reforma prevé que las empresas deberán aportar a sus trabajadores los medios, recursos y herramientas para realizar su trabajo a distancia, como computadoras, escritorios y sillas de oficina, así como el pago proporcional de la electricidad, así como proveer la instalación y mantenimiento de los equipos.
En los contratos deberá definirse con precisión el horario de la jornada laboral, así como las horas que se destinarán para el consumo de alimentos.
A 18 días que entró en vigor el nuevo modelo de justicia laboral en Hidalgo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha iniciado un total de 58 solicitudes de conciliación que tienen que ver con separación del trabajador o por una cuestión de cierre de empresas, recorte de personal, reajuste debido a la pandemia, entre otros.
Lo anterior, lo dio a conocer el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo; al tiempo que recibió que la totalidad de las solicitudes ingresadas, 33 continúan en trámite, en nueve casos ya se celebraron audiencias, en un caso se declaró la incompetencia y en 15 casos se llegó a un convenio entre el empleador y el trabajador.
Hasta el momento, informó, no hay constancia de que se haya agotado la conciliación prejudicial, y que alguno de esos asuntos se deba turnar a los Tribunales Laborales.
Respecto de los 15 asuntos en los que se logró la celebración de un convenio – abundó – que ya se da por concluido el procedimiento y se da resuelto el conflicto laboral.
Aquí destacó que, precisamente, es el espíritu de la nueva ley, qué el menor número de asunto llegue a tribunales, “es la gran apuesta que se tiene, que los asuntos resuelvan por la vía del diálogo para llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes ”.
Alfredo Domínguez recordó que una vez que recibe una solicitud de conciliación, el Centro cuenta con un plazo de 45 días naturales para realizar el procedimiento, mismo que se realiza en una sola audiencia.
Finalmente, indica que tal y como lo establece la ley, la federación tiene competencia en materia laboral en los ramos de minería, electricidad y petroquímica, química, farmacéutica, aeronáutica, eléctrica, vidrieras, cartón, papel, metalúrgica, entre otras.
Los motivos de conciliación son: separación de trabajo ya sea por cierre, reajuste u otros motivos; diferencia de pago, o bien indemnización. “En la mayor parte de las solicitudes tiene que ver con la separación de los trabajadores, en otras tiene que ver con la diferencia que existe en el pago de sueldo o de indemnización para un trabajador”, finalizó
México exportó autopartes al mercado de Estados Unidos por un valor de 42,835 millones de dólares de enero a octubre de 2020, lo que representó una participación de mercado de 39.9%, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Comercio estadounidense.
México ha incrementado esa porción en cada uno de los últimos 12 años, desde su participación de 29.4% en 2009, considerando años completos, con excepción del año en curso.
Coyunturalmente, este logro de México se da luego de cuatro meses de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual exige una mayor incorporación de insumos, partes y componentes para que los autos y camiones puedan gozar del no pago de aranceles en el comercio intrarregional.
En el más reciente tramo, México incrementó su participación de mercado de 39.6 a 39.9% comparando los periodos de enero a octubre de 2019 y 2020, respectivamente, en el total de importaciones de autopartes realizadas por Estados Unidos.
En contrapunto, Canadá, el otro socio de Estados Unidos en el T-MEC, registró una caída en su porción de mercado de 10.8 a 10.6% con las mediciones de esos mismos plazos
Desde otro ángulo, México triplicó en una década sus envíos de partes automotrices al mercado estadounidense, desde 19,361 millones de dólares en 2009 a 61,682 millones de dólares en 2019, periodo en el cual crecieron nominalmente estas ventas mexicanas año tras año.
Sin embargo, en los 10 primeros meses del año actual, México sufrió una caída interanual de 17.7% en este indicador; pero mantuvo su competitividad relativa porque las importaciones estadounidenses de autopartes originarias de todo el mundo descendieron 22.3% en igual lapso. El T-MEC cambió las reglas de origen para el sector, requiriendo que 75% del contenido automotriz se produzca en América del Norte y que las autopartes principales se originen en Estados Unidos, Canadá o México.
Después de un período de introducción gradual, sólo los productos que cumplan estos requisitos de contenido recibirán acceso libre de impuestos
Actualmente, México es el quinto mayor productor de autopartes en todo el mundo, con 99,000 millones de dólares en ingresos anuales y es el mercado de exportación más grande para autopartes de Estados Unidos.
Como proveedores externos de autopartes en el mercado de Estados Unidos, por debajo de México se ubicaron en los 10 primeros meses del 2020: Canadá con 11,341 millones de dólares (-19.7% interanual), China con 10,044 millones de dólares (-24%), Japón con 9,202 millones de dólares (-23.1%) y Corea del Sur con 6,341 millones (-16.5 por ciento).
En general, las ventas y la producción de vehículos ligeros automotrices en los mercados principales de América del Norte y Europa continuaron aumentando en el tercer trimestre de 2020 luego de las disminuciones relacionadas con la pandemia de Covid-19 y experimentadas en la primera mitad de 2020.
A principios de 2020, las empresas desarrollaron e implementaron protocolos Covid-19, herramientas de evaluación y documentos de orientación para respaldar el objetivo de administrar la salud de sus empleados.
Hoy día, incluida la prospectiva, se cree que los impactos a corto plazo más severos de la pandemia ocurrieron en el primer semestre de 2020.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le está causando preocupación la transición que el Gobierno llevará a cabo para los trabajadores que no son de base, en el marco de la reforma al outsourcing, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Esto, pese a que aún no se ha detallado el plan.
«Tenemos conocimiento de que al interior del Gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Hacienda, hay preocupación por los impactos presupuestales que esto pueda generar», dijo Gustavo de Hoyos, líder del organismo, en conferencia de prensa.
Asimismo, consideró que el incrementar la plantilla de personal burócrata debe ser analizado según las necesidades y sin presionar los presupuestos.
«Antes de incorporar hay que revisar si ese trabajo, esa función, es sustantiva para el Gobierno, es indispensable arroja valor, tratándose del tipo de trabajo que se pretende contratar», explicó.
Para De Hoyos, es en el Gobierno donde prevalece el mayor reto en reformar la figura de la subcontratación y donde se dejó de vigilar el correcto funcionamiento de dicho esquema de contratación.
«En la mayor parte del sector privado las prestaciones (entre trabajadores de base y los que no lo son) eran similares, sino que iguales, en el Gobierno federal existía esta gran asimetría», dijo.
Asimismo, consideró que es incorrecto generalizar a la subcontratación como una mala práctica, pues en el caso del sector privado, la «inmensa mayoría» cumple con las normativas emitidas para el outsourcing y, en todo caso, lo que ha fallado es la vigilancia por parte del Gobierno.
«Y también sabemos que la autoridad, desde sexenios anteriores y en el actual, ha sido indolente, permisiva, no obstante que existen las facultades, las atribuciones y la información, tanto en el SAT, en el Seguro Social, como en el Infonavit y desde luego en la Secretaría del Trabajo y no han cumplido con su obligación de fiscalización.
«Ha habido una tolerancia culposa por parte de las autoridades, al no llevar a cabo sus actividades de revisión y fiscalización para esos casos», acusó.
El líder empresarial aseguró que desde Coparmex se defenderá la libertad de los mecanismos de contratación, que incluyen la contratación individual, la colectiva y la subcontratación, que en todo caso requieren ajustar su regulación, pero no prohibirse.
«Cualquier cosa que vaya contra eso afecta primero a los empleos actuales, segundo a la creación de empleos y la competitividad del País y sus empresas, dado que es una práctica extendida internacionalmente», consideró.
De Hoyos anticipó que, por ahora, no hay nada definitivo sobre las reformas a la subcontratación, por lo que las negociaciones siguen sobre la mesa en busca de un acuerdo común, que respete la libertad de los individuos y de las empresas.
«No aceptaremos nada que ponga restricción a la libertad de contratación», aseguró.
Actualmente, el estado ya cuenta con una oficina representativa del organismo, de manera que tiene respaldo con respecto a democracia sindical, registro de sindicatos y resolución de conflictos.
El 17 de noviembre ocho estados del país, entre los que se encuentran Zacatecas y San Luis Potosí, pusieron en función el nuevo sistema de Justicia Laboral, el cual marca la pauta para resolver asuntos concernientes al área. Si bien esta Reforma se presentó en 2019, ya se ha puesto en acción a partir de los Centros de Conciliación y Registro Laboral, ubicados en diversas entidades de la República.
Al arranque de estas instancias, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, detalló que para poner en marcha los Centros, fue necesario hacer una elección de los jueces y trabajadores que realizan las diversas funciones. Si bien sólo 8 estados conforman la primera etapa, se espera que pronto se logre en todo el país.
En Zacatecas se podrán atender casos de los 58 municipios. Actualmente, el estado ya cuenta con una oficina representativa del organismo, de manera que tiene respaldo con respecto a democracia sindical, registro de sindicatos y resolución de conflictos.
¿A qué se dedican los Centros de Conciliación?
Al ser un organismo público descentralizado, su objetivo principal es proteger a trabajadores, sindicatos y patrones con base en tres ejes: resolución de conflictos, democracia sindical y registro de sindicatos.
Según se estipula la Constitución, la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores está a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación, así como de los Tribunales Estatales. Previo a este acercamiento, se deben presentar a los Centros de Conciliación y Registro Laboral.
Asimismo, estas instancias seencargan de registrar los contratos colectivos de trabajo y los de las organizaciones sindicales; derivado de ese proceso vienen los registros de reglamentos internos, contratos-ley, todos los actos y procedimientos, según lo estipula el párrafo cuarto de la fracción XX del Apartado A del artículo 123 Constitucional.
Funcionan, generalmente, como auxiliar para los trabajadores en procedimientos relacionados a elección de dirigentes del gremio y verificar que se cumplan los principios democráticos. Se garantiza la consulta a trabajadores para ver su perspectiva sobre los contratos y convenios de revisión contractual.
Más cerca de los Centros de Conciliación Laboral en Zacatecas
A partir del Centro de Conciliación Laboral, se atenderá a sindicatos y trabajadores que se encuentran en el área de servicios e industria, rubros indispensables para la reactivación y crecimiento económico. Es importante destacar que las acciones dentro de la instancia no interfieren con las realizadas por las Juntas de Conciliación, pues estas cuentan con programa para lograrlo.
Debido a que ya se cuenta con una oficina representativa en la entidad, el próximo paso es ofrecer un espacio físico para consolidar el Centro. Según ha expuesto el Gobierno Estatal, la Secretaría de Obras Públicas ya inició la construcción de dos edificios con este propósito, uno ubicado en Fresnillo y otro en la capital zacatecana.
Se estima que en cuanto entren en labores, se beneficiará a 182 mil habitantes del estado respecto a impartición de justicia, tan sólo en la región que corresponde a la atención en la capital.
La iniciativa del gobierno federal para reformar la subcontratación también toca al llamado insourcing, que para algunos especialistas es otra forma de simulación patronal. La iniciativa privada ha cedido y, al parecer, eliminará esta forma de contratación en la que muchas personas no saben que están.
La práctica del insourcing, una de las formas de la subcontratación laboral, implica “crear una empresa dentro de tu grupo de empresas, la cual absorbe toda la nómina y te factura por ese servicio”, explica José Luis Costa, profesor de la Universidad Iberoamericana.
En la subcontratación de servicios, una compañía contrata a otra totalmente ajena al consorcio para realizar cualquier actividad. Una empresa de insourcing está hecha para pagarle al personal y, además, pertenece a la misma firma.
El problema, dice el coordinador de la Licenciatura en Gestión Empresarial de la Ibero, es cuando “se copia ese modelo del mal outsourcing”. O sea, pagar un salario mínimo y el resto, darlo en compensaciones. Esto para reportarle una menor cantidad al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y bajar sus cuotas obrero patronales.
La semana pasada, luego de varios encuentros entre representantes del gobierno federal y líderes empresariales, estos últimos aceptaron eliminar el insourcing, a cambio de que se suavice la reforma de subcontratación. En tanto, la Cámara de Diputados espera los acuerdos finales para legislar sobre el tema.
“Hablando en castellano, el insourcing es una simulación”, dice Saul Escobar Toledo, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. “Hay quienes la defienden como una práctica productiva y moderna. Pero es una trampa, un fraude, una burla a los derechos de los trabajadores, porque al dividir el proceso de contratación disfrazan quién es el verdadero patrón”.
De esa manera, al intentar entablar demandas laborales, “no se sabe quién es el patrón y pueden salirse con la suya”. Con ello, también obstaculizan la sindicalización, agrega.
La propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador “prohíbe tajantemente esta práctica. Es la parte más drástica de la ley, y es la que menos les gusta”.
Deducción, a cambio del insourcing
“Uno de los principales gastos para cualquier empresa es su nómina”, dice José Luis Costa. El sistema de deducción de impuestos, modificado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, les permite descontar sólo una parte. “Pero si tienes una compañía que absorbe a todo el personal y te manda una factura por esos servicios, eso sí lo puedes deducir al 100%”, agrega.
“El gobierno de Peña Nieto los golpeó, porque así hay que decirlo, y no pueden deducir la nómina. Eso hizo que creciera este esquema de subcontratación e insourcing”, que se ha convertido en no para “explotar al trabajador. Porque si le pagas 10,000 pesos, pero al IMSS lo tienes dado de alta con 1,000 afectas para su ahorro para el retiro o para una vivienda”.
Está bien regular de manera más estricta la subcontratación y todas sus formas. O incluso eliminarlas, como el caso del insourcing, opina el académico. “Pero cambio, el gobierno podría permitirles deducir quizá las prestaciones”.
Al principio, el fisco recaudaría menos, reconoce. Sin embargo, a largo plazo, con esto fomentaría el desarrollo de empresas, “ahora hay más personas que quieren emprender” y, con ello, crecer de nuevo la recaudación.
“La iniciativa es perfectible”, apunta Saúl Escobar, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Pero observa tres aciertos: la creación de un registro de empresas, un mayor impuso a la supervisión y sanciones más duras.
A la inspección aún le faltan “dientes”, pero es un buen primer paso, apunta. “En otros gobiernos había sido muy relegada y se le está dando un nuevo giro. Por décadas fue un mecanismo de chantaje a los patrones”.
Devolver la dignidad al trabajo
Restructurar y sanear el mercado laboral “es complicado”, señala Saúl Escobar. “Se trata de darle dignidad al trabajo y devolvérsela a las personas trabajadoras”.
Por ejemplo, dice, la limpieza es una de las funciones que más son subcontratadas, y es realizada principalmente por mujeres. Esa labor es socialmente menospreciada, laboralmente explotada. Y quienes la realizan, por lo tanto, también lo son.
Para José Luis Costa, quienes tienen una empresa deben tener la “conciencia de una mejor distribución de la riqueza. Y no querer acumular más y más valiéndose de empobrecer a otras personas”.
El fin que persigue el gobierno no está mal, pero en su opinión, “está mal planteado. Parece como que tiene un garrote en la mano, y eso no no funciona todo lo bien que queremos”.
Es mejor generar una cultura de cumplimiento, agrega. Y también de incentivar la participación de la clase trabajadora, “muchas veces pensamos que el sueldo, la cantidad de dinero que llevamos a casa, es lo que interesa. Y no vemos el parte de las prestaciones, de la cuota al IMSS. Eso es lo más importante”.
Es un compromiso que el país asumió con la firma del tratado comercial, afirmó Esteban Martínez Mejía.
La legitimación surgió de la necesidad de depurar los contratos colectivos de protección, esto es sin tomar en cuenta la anuencia e inclusión de los trabajadores que ascienden a 580 mil en los ámbitos federal y local. Y se estima que solo cerca del 10 al 15% podrían legitimarse.
Esto significa que entre 460 mil y 520 mil contratos que no se revisan y están inactivos, es el reflejo de la enorme simulación que existió en el mundo del trabajo.
Y esta legitimación de los contratos colectivos de trabajo en el sector automotriz, es vital para cumplir con las responsabilidades del T-MEC. Es un compromiso que el país asumió con la firma de este tratado comercial, por lo que el cumplimiento de las nuevas reglas es importante, afirmó Esteban Martínez Mejía, de la STPS.
El gran riesgo a enfrentar es que no se realicen los procesos democráticos como lo establece la ley y que ello de pie a algún tipo de queja por violación de la libertad sindical y negociación colectiva.
Así lo mencionó Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (SYTPS), durante la mesa de trabajo virtual con los agremiados de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA).
Comentó que se mantiene intenso trabajo para impulsar el cumplimiento de la reforma laboral con todos los sectores. No solo porque hay plazos establecidos, sino porque el incumplimiento de lo que señala el Capítulo Laboral del T-MEC puede repercutir en las relaciones comerciales de México.
Refirió que si bien legitimación de los contratos colectivos de trabajo la deben realizar los sindicatos, los empleadores tienen un papel en este proceso que es importante que se conozcan así como los parámetros que deben observar y evitar el principio de no injerencia que marcan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la propia legislación, para evitar quejas internacionales derivadas de la operación del T-MEC.
“Puede ser que n se trate de una violación flagrante sino que haya un incumplimiento de las nuevas normas, de los nuevos estándares y que no sean conscientes de ello tanto sindicatos como empleadores2.
Y puso como ejemplo: “Es vital no obligar a un trabajador a que se afilie a un sindicato al momento de su contratación”.
Comentó que este proceso surgió de la necesidad d depurar los contratos colectivos de protección que se firmaban sin la anuencia e inclusión de los trabajadores, que fueron una realidad en gobiernos anteriores y que ascienden a 580 mil depositados en los ámbitos federal y local.
Los pasos a seguir del Protocolo de la LCCT que incluyen el registro en la plataforma www.legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob,mx es donde se deben cubrir los requisitos solicitados para que se emita la papelería necesaria.
Previo a la consulta, el empleador deberá entregar un ejemplar impreso al sindicato del CCT; se designa una Comisión que organiza la elección y la STPS verifica su realización y posteriormente emite el acta del resultado.
El funcionario de la STSP habló de la importancia de mantener acercamiento con la AMIA y propuso a su presidente ejecutivo José Guillermo Zozoya Delano, continuar con las mesas de trabajo e impulsar una hoja de ruta para identificar el universo de contratos que existen, número de centros de trabajo y trabajadores que cubren y garantizar la cobertura en la verificación y logística necesaria.
Nunca había estado tan mal como hoy el sindicalismo del país: apenas 8 millones de asalariados están sindicalizados, de 53 millones de la población económicamente activa (PEA), y 25 de los asalariados, que el IMSS afilia a 19.9 y el ISSSTE 4.1. Sólo la tercera parte de los trabajadores inscritos en los institutos de salud son los supuestamente organizados, para la defensa de sus derechos e intereses.
Entre más crece la población trabajadora menor es la sindicalizada. Hace 40 años la CTM presumía tener 10 millones de afiliados, hoy no llega ni a 1 millón, cuando en ese mismo lapso la población laboral se triplicó. Y el sindicalismo independiente sigue siendo minoría.
Pero si nos acercamos a la realidad para ver cuántos sindicatos son auténticos y defienden a las y los trabajadores; cuántos realizan asambleas con la mayoría para tomar decisiones, para aceptar o no las revisiones salariales y contractuales, o para elegir a sus dirigentes, veremos que el 90% no lo hacen y, por tanto, no son auténticos esos sindicatos. Las direcciones están distanciadas y aún actúan contra sus bases; impiden que los trabajadores ejerzan sus derechos de libertad sindical, independencia y democracia.
A los trabajadores hoy los afilian para desorganizarlos y dividirlos, para que los líderes vendan sus contratos colectivos de trabajo (CCT) a la patronal y les vacíen sus prestaciones y derechos; y faciliten a la patronal la subcontratación (outsourcing) y, de paso, así reducen la sindicalización: ¿Cuántos trabajadores de empresas subcontratistas están sindicalizados o fueron separados de los sindicatos?
¿Qué tanto ha cambiado el sindicalismo que dejó el neoliberalismo, en los 2 años de la 4T? ¿Qué tanto se aplica la reforma laboral de 2019 en la realidad? ¿Cuántos sindicatos han modificado sus estatutos conforme a la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT)? ¿Cuántos CCT se aprueban o desaprueban por asambleas y por voto secreto y libre?
La CTM en 1986 tenía 456 mil afiliados, en 1993 crece a 914 mil, pero se estanca entre 1995 y 2000 en 900 mil; en 2008 baja a 859, cuando la población ocupada crece al doble. Igual la CROC afilia 82 mil trabajadores en 1986, sube a 168 mil en 1993, pero en 2008 baja a 70 mil. Internacionalmente bajó casi todo el sindicalismo, salvo algunos países, pero aquí fue catastrófico tanto por la caída en cantidad y peor fue la calidad sindical, por la venta de los CCT y la entrada libre de la subcontratación (outsourcing), degradaron el mundo laboral y sindical.
La CTM charra antes era antidemocrática pero no vendía los CCT y en 1976 los salarios llegaron a su mejor etapa. No había subcontratación sin control. En los años 70 y 80 la marcha del 1 de mayo en el zócalo era de más de 1 millón trabajadores, en 2020 no llegan a 10 mil. Pero hoy su fuerza radica más en el apoyo patronal, que en ellos mismos.
La CTM, CROC, los ferrocarrileros, petroleros, electricistas de CFE, SNTE y otros, eran y son afiliados y sumisos al PRI, pero juntos fueron cayendo: en 1985 el PRI tenía 296 diputados y la CTM 52, en 2006 el PRI llega a 106 y la CTM a 6. En el Senado en 1988 el PRI tiene 60 senadores y la CTM 16, para el 2000 el PRI baja a 60 y la CTM a 2. Hoy el PRI necesita muletas y aliarse al PAN y PRD para sobrevivir.
Los sindicatos independientes en 2008 tienen 650 mil miembros y para 2020 casi 900 mil. Los trabajadores del Estado, estados y municipios afilian a 3.5 millones. Pero de todos falta transparencia e información confiable de la STPS, e igual que del cumplimiento de la Constitución de 2017 y de la LFT de 2019, los tratados internacionales y el T-MEC, para poder arribar a los cambios propuestos sobre la libertad sindical.
La patronal, al revés, en 40 años aumentó su poder socioeconómico y político como nunca y está mucho más organizada, penetra todos los medios de comunicación, partidos, subordina al 60% de los líderes sindicales, está presente e influye en toda la estructura del Estado, igual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la banca, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y otros tribunales, con despachos de los operadores de la subcontratación, la venta de CCT, que hoy hacen el papel de aquellos porfiristas: defienden los intereses ilegales de sus clientes oligarcas, extranjeros o nativos.
Ante el T-MEC México tiene pendiente cumplir casi todo el Capítulo 23 Laboral y el Anexo 23-A de la Representación de los trabajadores en la Negociación Colectiva, destacamos lo más importante:
Art.23.2: Las naciones “reconocen el importante papel de las organizaciones de trabajadores y empleadores en la protección de los derechos laborales internacionales reconocidos.”
Art. 23.10: “Concientización Pública y Garantías Procesales”; el país “promoverá la conciencia pública de sus leyes laborales, asegurando que la información relacionada con leyes laborales y procedimientos de su aplicación y cumplimiento esté públicamente disponible.”
23.11: “Asegurará el acceso apropiado a tribunales para la aplicación de las leyes laborales.” Que en las Juntas no existe, siguen igual que antes de la reforma de la Constitución de 2017 y la reforma a la LFT.
“Ningún país dejará de aplicar efectivamente sus leyes laborales.” “Y promoverá el cumplimiento,” “investigando presuntas violaciones, incluso mediante visitas de inspección “in situ” no anunciadas.”
Garantizar “el derecho de los trabajadores a participar en las actividades concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección…”.
