Debido a que el trabajo infantil en México es una realidad que poco se ha reducido; es indispensable que se atienda a fondo y que se considere, inculuso, una reforma legislativa que garantice los derechos de los menores para erradicar de manera formal y real la explotación laboral.
Lo anterior, es parte de la investigación que presentarán Alicia Vargas Ayala y Sandra Mejía Martínez en el panel “Infancia con derechos. Trabajo infantil y trabajo forzoso en México”, en el marco de las conferencias de la Red de Mujeres Sindicalistas que se realizan este lunes.
Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre se informó que México entró por primera vez a la lista de las peores formas de trabajo infantil en la edición de 2020 de un análisis anual que realiza el gobierno de Estados Unidos.
Dicha lista, elaborada por el Departamento de Trabajo, detecta los “abusos” en sectores clave en más de 145 países y territorios, y para el caso de México lo detectó en la producción de frijoles verdes, ganado, café, pepinos, berenjenas, prendas, marroquinería, melones, cebollas, amapolas, pornografía, caña de azúcar y tabaco.
Lo anterior, ha obligado al gobierno federal a realizar trabajo conjunto con organismos como el Consejo Nacional Agropecuario para atender estos señalamientos, dado que en el marco del T-MEC nuestro país podría ser sancionado.
Las especialistas detallan en su investigación que los datos muestran que de los más de 29 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años que hay en México, casi 11% de ellos se encuentran en condiciones de trabajo infantil, de los cuales alrededor de 4.5% realizan labores de ocupaciones peligrosas y de alto riesgo para su vida. Según el reporte del Coneval en su Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018, 62.7% de esta población está compuesta por niños.
Tras señalar que el trabajo infantil se conjuntan diversas discriminaciones, las especialistas destacan que “esta forma de insertarse al mundo laboral ocasiona afectaciones en todas las áreas del desarrollo personal, que pueden llegar a exponer a niñas, niños y adolescentes a riesgos de abandono y/o expulsión de la escuela, incremento en las afectaciones a la salud, degradación de su dignidad, entre otras graves problemáticas”.
El fenómeno del trabajo infantil en la agricultura es preocupante, en el Noroeste de México, una de las 8 regiones, formada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora se registra trabajo en este sector, pues en toda la zona presenta diversos casos de familias enteras o bien de niños, niñas y adolescentes jornaleros y que tuvieron alguna situación de movilidad humana.
Por lo anterior, las investigadoras proponen 15 recomendaciones tendientes a erradicar esta problemática, incluso en donde se señalen las diferencias entre el trabajo infantil que hay que abolir y otras actividades productivas que cabe aceptar.
Antes de la pandemia de covid-19, en México laboraban desde sus casas más de 2.5 millones de personas, según el estudio Teletrabajo en América Latina, elaborado por 5G Américas. Hace nueves meses que el confinamiento ha multiplicado esa cifra sin mayor reglamentación para proteger tanto a empleados como a empresas, hasta ahora.
El pleno de la Cámara de Diputados votará en los próximos días una reforma para regular el teletrabajo. El dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión del Trabajo y Previsión Social este martes, prevé el derecho a no responder llamadas ni mensajes al terminar la jornada laboral. También, la obligación de la empresa de asumir el costo del equipo y los servicios para trabajar desde casa.
La teletrabajadora o el teletrabajador es quien labora en lugar distinto “al centro de trabajo del patrón”. Y para ello utiliza las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es la definición que sugiere la Comisión del Trabajo y Previsión Social, presidida por Manuel Baldenebro, diputado del Partido Encuentro Social (PES).
La reforma ordenaría que para llevar a cabo esta modalidad de trabajo debe existir un contrato, el cual será necesario para la persona que labora más del 40% del tiempo a distancia. En este documento se deben especificar las condiciones laborales. Y si el personal cuenta con un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), el home office debe formar parte de él.
¿Quién paga el wifi?
El teletrabajo puede beneficiar a las personas trabajadoras ayudando a “un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada”, se afirma en el dictamen. Sin embargo, para muchos esta modalidad de empleo durante la pandemia ha significado jornadas más largas o la improvisación de un lugar en su casa para laborar.
Por ello, la reforma propone los siguientes aspectos clave:
Derecho a la desconexión
Uno de los principios de la reforma, señala el dictamen es la soberanía del tiempo. “Los trabajadores tienen que ser capaces de administrar su tiempo, equilibrando vida personal y vida laboral”. Pero para ello deben “implementarse y respetarse horarios de trabajo”. Es necesario que en esta modalidad de trabajo exista siempre el “respeto de la vida personal”. Por lo tanto, la empresa “debe respetar y ser flexible con los horarios del trabajador”.
Computadoras, sillas
El artículo 330-E de la LFT dirá que la parte patronal tiene la obligación de “proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento” de computadoras, sillas ergonómicas e impresoras, entre otros. Y el trabajador se compromete, en el contrato, a hacer buen uso de ese material.
Pago de internet
En ese mismo artículo se indicará como otro deber de la empresa o centro de trabajo el “asumir los costos derivados del teletrabajo”. Esto incluye el pago “para la telecomunicación y la parte proporcional de electricidad”.
Voluntario y reversible
Laborar a distancia “deberá ser voluntario y establecido por escrito”, indicará el artículo 330-G. Tanto la empresa como la persona trabajadora “tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial”. Podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacerlo.
Supervisión con cámaras de video
Esta modalidad de empleo permite a las empresas reducir la tasa de rotación y de ausentismo, apunta el dictamen. También le ayuda a “ampliar la cantera de trabajadores calificados”. Así como ahorros en gastos inmobiliarios y de energía. Aumenta la productividad y da la oportunidad de contratar a personas con discapacidad.
Algunas de las obligaciones de las empresas con sus teletrabajadores y teletrabajadoras son:
Privacidad
Deben implementar mecanismos para cuidar la información y los datos del personal. Sin embargo, según la propuesta, el articulo 330-I indicará que puede supervisar al personal mediante sistemas operativos “y cualquier tecnología”. Si bien debe garantizar el derecho a la intimidad, “solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria”. Pero también “cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas lo requiera”.
Seguridad Social
El teletrabajo es una actividad subordinada. Es decir, quien la realiza lo hace contratada por una empresa para laborar directamente para ella, quien le debe proporcionar seguridad social.
Perspectiva de género
Otorgar capacitación, formación y acceso a mejores oportunidades laborales a todo el personal, también para el que teletrabaja. El artículo 330-H establece que se deberá observar una perspectiva de género, para “conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras”.
Teletrabajo en el gobierno, lo que sigue
De ser aprobada esta reforma, regresará al Senado para que los cambios a la minuta sean avalados también por esa Cámara. Una vez publicado en el Diario oficial de la Federación (DOF), el Ejecutivo federal tiene un plazo de año y medio para crear una Norma Oficial Mexicana en la materia. Esta normativa debe regir “las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo”.
Este dictamen recoge principalmente las propuestas del diputado Manuel Baldenebro, quien a su vez incluyó en su propuesta peticiones de sindicatos y abogados laboristas. “Ya es necesario que saquemos esta iniciativa, la crisis actual lo demanda”, señala en entrevista.
La eventual aprobación de esta reforma será un gran paso, dice. Sin embargo, hará falta integrar a las personas que laboran en el gobierno federal, quienes se rigen por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución. Pero, por ahora, “hay resistencias, me queda claro”.
Por la pandemia, muchas dependencias “están semiparalizadas. El teletrabajo podría ser una solución para activar muchas áreas, es urgente que lo apliquemos al Apartado B”, concluye.
La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirma que las nuevas condiciones laborales que se prevén son convenientes para todos y ya no habrá “grandes ganones” de este esquema en los que unos pocos se benefician a costa del erario, los trabajadores y de algunos empresarios.
Enfática, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, advierte que no hay nada que temer en la iniciativa presidencial para la regulación de la subcontratación o el llamado outsourcing.
Señala que los “ganones” siempre fueron los de las empresas que defraudaron al fisco y dejaron sin protección social a los trabajadores.
En entrevista con Reporte Índigo, asegura que hasta los propios empleadores han denunciado ese esquema de contratación, por representar una competencia desleal en la que estarían 4.6 millones de trabajadores.
Destaca que con el sector empresarial se mantiene un diálogo constructivo.
“Se tiene que atender y escuchar al sector empresarial, pero se tiene que gobernar también para los trabajadores y los millones de personas que se ven afectadas por estos esquemas tan agresivos”, afirma.
-¿No hay que tenerle miedo a la regulación outsourcing?, se le cuestiona.
-Yo creo que, al contrario, es una forma en que nos conviene a todos, los grandes ganones de este esquema han sido unos cuantos que se han beneficiado a costa del erario y de los trabajadores, incluso de algunos empresarios.
En la iniciativa que presentó el 12 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador se advierte que con este esquema los trabajadores son registrados ante el IMSS con un menor salario al que perciben; tienen menores liquidaciones e indemnizaciones; se afecta su pensión y el fondo de vivienda, entre otras afectaciones.
En tanto que el daño a la hacienda pública es la evasión y la defraudación fiscal; evasión del pago de cuotas al IMSS e Infonavit. Por ello se propone sancionar como “evasión fiscal calificada” a las empresas que facturen operaciones simuladas a través de la prestación de servicios con hasta nueve años de prisión.
La iniciativa fue revisada por el sector empresarial y se espera que este lunes 30 de noviembre haya una discusión final para obtener una versión definitiva.
Los empresarios afirman que se estaría criminalizando una práctica que también busca la competitividad para las empresas que llegan a ofrecer empleos en México.
La secretaria más joven del gabinete, con 32 años, señala que al iniciar el sexenio en coordinación con el IMSS, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal se armó un equipo de trabajo para realizar operativos conjuntos para identificar irregularidades “por los abusos de la subcontratación y cómo se había disparado en el mercado laboral”.
De acuerdo con información de la dependencia, tras siete megaoperativos de inspección en empresas preponderantes con esquemas de subcontratación, se ubicaron a mil 200 compañías bajo este esquema y 862 mil 489 trabajadores con probables afectaciones a sus derechos laborales.
Al contrario, con la subcontratación llegamos a perder cada año y no es nuevo, se ve en 2018, se ve en 2017, más de 300 mil empleos que se dan de baja de las empresas y luego se vuelven a contratar a finales de enero o febrero
– Luisa María Alcalde Luján
Secretaria del Trabajo y Previsión Social
Puntualiza que esa misma situación se registró durante el inicio de la pandemia de coronavirus cuando los empresarios lucharon por mantener sus nóminas y pagar sus contribuciones, y los subcontratistas vaciaron sus nóminas por completo.
Asegura que ahora se tendrán lineamientos específicos para la contratación de servicios especializados y la operación de las agencias de contratación y reclutamiento, en donde sería muy complejo contratar personal especializado para encontrar buenos perfiles.
Es la construcción de un mercado laboral mucho más equilibrado, mucho más productivo, pero de respeto a los derechos. Uno no puede decir que apuesta y que defiende un modelo, un esquema que violenta de manera directa y frontal los derechos de sus trabajadores
– Luisa María Alcalde Luján
Secretaria del Trabajo y Previsión Social
NUEVO MODELO LABORAL, AFIRMA LUISA MARÍA ALCALDE
Para Alcalde Luján, la puesta en marcha de la primera etapa del nuevo modelo laboral es producto de años de lucha por la democratización del mundo del trabajo.
Indica que su arranque también fue una de las demandas de Estados Unidos y Canadá en las negociaciones del T-MEC.
Este modelo que operará en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, de forma parcial, tiene tres ejes fundamentales como la nueva justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva.
Tras años, cerraron las puertas las Juntas de Conciliación y Arbitraje en donde tardaban años en resolverse los conflictos y entraron en operación los Centros de Conciliación local y federal, los Tribunales Laborales que ahora son especializados y dependen del Poder Judicial y los juicios orales.
“La apuesta es por la conciliación frente a cualquier conflicto, primero se va a llegar de manera obligatoria a la instancia de conciliación con funcionarios profesionales que ayuden a las partes a encontrar este punto medio para llegar a un arreglo”, asegura Luisa María Alcalde.
Indica que si no se logra la conciliación en 45 días se pasa a los tribunales con juicios orales cortos y procedimientos ágiles.
La secretaria del Trabajo destaca que en muchos sindicatos por primera vez se tendrá libertad y democracia porque se garantizará el voto personal, libre, directo y secreto. Incluso, añade, se podrá tener un voto de castigo, como sucede en las elecciones.
“Vamos a ir viendo ejercicios quizá en sindicatos que son muy representativos como el caso de Petróleos Mexicanos que por la pandemia tuvo que suspenderse (la elección de la dirigencia) pero, por primera vez, y esto es un hecho histórico, los trabajadores van a decidir de manera directa quién será el secretario general de su sindicato”, asegura.
Y no solo es la libertad sindical. Agrega que con este nuevo modelo se tendrá rendición de cuentas y proporcionalidad de género respecto a la participación de las mujeres en las directivas sindicales.
“La idea de esta reforma tan importante es generar equilibrios. Antes no había posibilidad de negociar y de revisar los contratos. Ahora los trabajadores no solo van a participar en definir quién es su dirigente, sino que también las revisiones de los contratos que antes no se daban”, apunta.
El reto, admite, es la implementación y que el nuevo modelo no solo quede en el papel.
REGULAR EL TELETRABAJO, LECCIÓN PANDÉMICA
La secretaria Luisa María Alcalde Luján señala que con la pandemia se abrió una opción para el trabajo a distancia que aún debe ser regulado.
Hay que regularlo y sucede en el mundo entero. No es nada más, pues ahora trabajas en tu casa y eso nos conviene. Hay que regular qué significa por ejemplo el tema de los horarios, quién tiene que proveer los insumos para el trabajo, la computadora, quién paga los gastos de Internet que antes se pagaban en las empresas porque se iba a la oficina y ahora se paga en la casa
– Luisa María Alcalde
Secretaria del Trabajo y Previsión Social
“Y qué significa el derecho a la privacidad y si se vale o no se vale que se tenga una cámara ocho horas en toda la jornada, también cómo se trabajará lo relacionado con los datos personales”, expresa.
DIÁLOGO CON EMPRESAS
Y uno de los sectores más afectados por la crisis provocada por el COVID-19 es el de las aerolíneas, como Interjet, que no cuenta con la solvencia económica para pagar a sus empleados y ha suspendido vuelos por lo que incluso Profeco emitió una alerta sobre los riesgos por adquirir un boleto.
Luisa María Alcalde Luján comenta que se tienen mesas de diálogo para acercar a los empleadores y trabajadores para que se cumplan los compromisos de pagos.
-¿No se convertirá en una carga para el gobierno este conflicto?, se le pregunta
-No lo considero así. Recordemos que ya no el gobierno como pasaba anteriormente llega a rescatar a las empresas, los recursos públicos y la estrategia frente al Covid que fue aclarada desde el día uno por el presidente Andrés Manuel López Obrador es atender a los de abajo, de abajo hacia arriba, no rescatar empresas.
Confió en que lleguen a buen puerto las negociaciones en Interjet y “estaremos viendo y hay posibilidades que se recuperen y avancen”.
La secretaria destaca que, aunque se perdieron un millón de empleos formales desde que inició la pandemia, ya se han recuperado 500 mil puestos de trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del INEGI en el tercer trimestre del año se registra una lenta recuperación de la ocupación que incluso está por debajo de los niveles previos a la pandemia y en términos absolutos la población desocupada fue de 2.8 millones de personas.
Sobre el tema de Interjet, la secretaria Alcalde descarta que el Gobierno federal vaya rescatar a la empresa, como pasaba en sexenios anteriores
LA BRÚJULA DE LA 4T
La exdiputada federal se muestra orgullosa de ser parte de una la nueva generación dentro de la cuarta transformación que encabeza el tabasqueño López Obrador.
“Si no estuviéramos tocando intereses pues entonces no habría mayor problema, pero hay un cambio”, asegura.
– ¿Se puede trabajar y lograr acuerdo en un ambiente tan polarizado?,
-Sí, lo hemos hecho, hemos logrado acuerdos importantes. Uno es el salario mínimo que se ha acordado por unanimidad (…) y la Reforma Laboral fue un consenso y de diferentes partidos políticos, salió prácticamente por unanimidad en el Congreso, hubo apoyo de los diferentes partidos que no imaginamos iban a apoyar la propuesta.
Subraya que ahora las negociaciones ya no son en lo oscurito ni en secreto.
“Es un diálogo abierto en donde participa la propia ciudadanía, opina, las redes sociales han revolucionado todo, ahora se opina todos los días de la vida pública”.
Con dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group. Después de varios meses de investigaciones conjuntas entre las dos dependencias, se presentaron dos querellas judiciales en contra de una de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y omisiones en el pago de cuotas obreros patronales de sus trabajadores, a los que con engaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez.
En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a aprobarla esta semana con la mayoría de Morena y sus aliados, las acusaciones judiciales contra el llamado Rey del Outsourcing cobran especial relevancia. Se trata de un empresario y un grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna considerable a partir del uso de la figura de la subcontratación y que para la 4T es ejemplo del abuso y la manipulación de este esquema laboral con fines defraudatorios, tanto que, a veces por su nombre y a veces sin mencionarlo, lo han aludido en ese sentido el presidente López Obrador, los senadores de Morena y hasta la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
En la primera denuncia, presentada por el IMSS contra Beyruti el pasado 18 de agosto, se le acusa como el administrador único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, S.A. de C.V., y se señala en el texto de la denuncia que “en su calidad de patrón, con el uso de engaños, omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”, de acuerdo con un resumen de la denuncia al que tuvo acceso esta columna.
La segunda denuncia contra el magnate del outsourcing se presentó el 28 de octubre pasado y fue la Procuraduría Fiscal de la Federación la encargada de formular la querella por defraudación fiscal equiparada, delito previsto en la fracción II del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, y del que se acusó a la misma Distribuidores y Representantes del Sur y a su administrador único Raúl Manuel Beyruti Sánchez, “por haber omitido enterar el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, por la cantidad total de 223 millones 912 mil 664 pesos que debió pagar al fisco.
Según se establece en el resumen de la denuncia, los peritos de la Procuraduría Fiscal analizaron los CFDI’s expedidos por la empresa de Beyruti, en los que el concepto de “Fomento al Ahorro” aparece en cantidad de 223 millones 912 mil 664 pesos, que representa más de un 50% respecto del salario en cantidad de 428 millones 250 mil 660 pesos, por lo que dichos conceptos tendrían que pagar el Impuesto Sobre la Renta.
También vinculadas al tema del outsourcing ilegal hay otras dos querellas judiciales que también interpuso la Procuraduría Fiscal de la Federación, al mando de Carlos Romero Aranda. Una de ellas es en contra de la empresa Constructores de Sistemas Cosed, S.A. de C.V, que entre otras cosas, declaró deducciones falsas derivadas de operaciones inexistentes, ingresos acumulables menores, omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del término de ley, el ISR retenido por concepto de los ingresos por salarios y omitió el pago de IVA, todo eso por un monto superior a los 845 millones de pesos.
Aunque esta última empresa no aparece en el directorio del grupo de empresas de Raúl Beyruti, las autoridades fiscales tienen elementos para suponer que también está vinculada al empresario, aunque eso no se menciona en las denuncias penales por no tener certeza plena. Se sabe que Constructores de Sistemas Cosed da servicio a varias firmas importantes de tecnología en México, entre ellas una de sus principales clientes es Sofftek, de Blanca Treviño, la principal empresa de TI en México y Latinoamérica y que también presta servicios de outsourcing en el ramo tecnológico.
Un caso más, ese sí ajeno al caso Beyruti, es otra denuncia que presentó la PFF contra la empresa Lot & MLP Asesores, S.C., a la que se acusa de que en el ejercicio fiscal de 2017, entre otras cosas, declaró ingresos acumulables menores y omitió enterar al fisco del ISR retenido por concepto de asimilados a salarios y sueldos, causando con eso un daño al fisco por cerca de 305 millones de pesos.
En vísperas de que esta semana se defina cómo quedará el nuevo marco regulatorio para el esquema del outsourcing y la subcontratación en el mercado laboral mexicano, y a reserva de qué tanto acepte modificar el presidente López Obrador su iniciativa de ley en la reunión que tendrá hoy por la noche con los líderes empresariales en Palacio Nacional, lo que es un hecho es que la propuesta de ley avanzará rápidamente en el Congreso y es muy posible que esta misma semana quede aprobada en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que han utilizado el outsourcing para defraudar al SAT y al IMSS, se busca dejar muy claro que ese el nuevo objetivo prioritario de la 4T y, para poner el ejemplo, no dudarán en dar un golpe legal al mayor empresario del outsourcing en el país y uno de los que se beneficiaron de ese esquema, no siempre de manera legal, y que contó con el apoyo y protección de los últimos gobiernos: Raúl Beyruti Sánchez.
NOTAS INDISCRETAS…
En medio del inocultable crecimiento de la pandemia de Covid en el país, con cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes que nos devuelven a los niveles de agosto y confirman las burdas mentiras de la “curva aplanada” y la “pandemia domada”, en el gobierno de la 4T se viene una nueva batalla interna que ya se ha dejado ver en las últimas semanas: ¿Quién va a ser el encargado de coordinar la recepción, manejo y aplicación de las vacunas contra el Covid en la República? Hay quienes piensan que esa labor debería dejársele al canciller Marcelo Ebrard, que ha sido el principal operador y negociador para obtener las vacunas, pero por otro lado está claro que el ambicioso subsecretario Hugo López-Gatell quiere tener el control del tema y ha hecho expresiones públicas que lo dejan claro, mientras otros recomiendan que se nombre a un funcionario externo que funja como una especie de “zar de las vacunas” contra el Covid. Y ahí se desliza el nombre de Juan Ramón de la Fuente, cercano al presidente López Obrador y exsecretario de Salud. Sólo que si es el actual embajador ante la ONU el que coordine tan importante labor, estará claro que la puja la ganó la Cancillería… Este lunes cumple 59 días el bloqueo que integrantes de la CNTE mantienen en las vías ferroviarias que cruzan por Michoacán, y todo parece indicar que a pesar de que el problema está estrangulando la economía del estado, el gobierno federal no tiene la menor intención de intervenir para desalojar a los inconformes que, según cálculos conservadores, deja pérdidas económicas diarias por 800 millones de pesos. Aunque no lo dicen abiertamente, empresarios de la entidad comentan saber por qué la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no piensa actuar en lo que a todas luces es un problema del orden federal: porque los dirigentes de la sección 18 de la CNTE, que mantienen los bloqueos, son auspiciados por políticos como el senador Cristóbal Arias y el alcalde de Morelia, Raúl Morón, ambos morenistas que tienes fuertes aspiraciones en las elecciones estatales de 2021. Ni siquiera el hecho de que un sondeo realizado por la empresa Blitz revelara que 8 de cada 10 michoacanos están a favor de un desalojo de los inconformes, incluso por la fuerza, ha merecido una mínima acción de las autoridades federales. Al parecer éstas prefieren apostar porque el conflicto desgaste políticamente al gobernador Silvano Aureoles, máxime ahora que ha logrado un mejor posicionamiento junto con los demás gobernadores que integran la Alianza Federalista. ¿Será que los empresarios michoacanos tienen razón, y el gobierno federal está ya más preocupado por las elecciones de 2021, que por atender los problemas que afectan la economía y el empleo en estos momentos de crisis? Veremos. Los dados mandan Escalera. La semana pinta para buena.
Con la pandemia y la afectación que ha tenido sobre los sectores de industria y servicios, el subempleo registró un aumento exponencial, y aunque esta práctica ha ido creciendo año con año desde la reforma laboral del 2012, para especialistas la situación del empleo en México ha ido empeorando desde hace 30 años.
Sin embargo, la subocupación ocasionada por la pandemia ha afectado más a las mujeres, pues en este sector de la población aumentó en 176 por ciento en el tercer trimestre de 2020, con respecto al mismo periodo de 2019, mientras que el aumento en el caso de los hombres fue del 130 por ciento en el mismo lapso.
Mujeres, las más afectadas
Mariana* trabaja como creadora de contenido digital para varios medios de comunicación independientes. Ella es una de las 179 mil 573 mujeres en subocupación durante el tercer trimestre de 2019, que en el mismo periodo de 2020 eran 65 mil 427, de acuerdo con la ENOE. En comparación, los hombres que están sub ocupados pasaron de 113 mil 477 a 261 mil 764, en el mismo periodo.
Las afectaciones psico-emocionales también se han hecho presentes en la joven de 29 años, pues estuvo sometida a tanto estrés que llegó al punto de pensar en el suicidio, pero el apoyo de su hijo y su madre le han ayudado a mejorar su estado de ánimo, y aunque sabe que es necesario que acuda a atención psicológica y psiquiátrica: no cuenta con seguridad social y por su situación económica dicho servicio le es inasequible.
Desde antes de que iniciara la pandemia, Mariana ya estaba sub ocupada, pero con la llegada del virus la precarización laboral se vio acentuada, pues su salario en sí era bajo para las labores que tenía que desempeñar (investigar, redactar y supervisar la edición del contenido) y con la reducción también tuvo que recortar gastos para darse abasto.
La situación la obligó a buscar otra fuente de ingresos bajo el mismo esquema, lo que ayudó a mejorar su estado financiero, pero significó menos tiempo para ayudarle a su hijo con las clases en línea, que también han implicado una carga extra de trabajo durante más de nueve meses.
En modo supervivencia
*Gabriel conoce bien lo que es la subocupación: desde el inicio de la pandemia por COVID-19, en su empleo como editor de un periódico de la ciudad le redujeron la jornada de trabajo y por ende el sueldo, además le disminuyeron las aportaciones a su cuenta de Afore.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población sub ocupada la conforman “las personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda”, es decir, que tienen un trabajo de pocas horas o que ofrece una un sueldo insuficiente.
Además, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en Puebla este tipo de esquema laboral creció de 198 mil 904 personas en el tercer trimestre de 2019 a 431 mil 327 en el mismo periodo de 2020, lo que representa un aumento del 146 por ciento.
Al principio, Gabriel imaginó que el cambio no duraría mucho tiempo, sin embargo, continúa trabajando poco y ganando poco. Esto le ha generado problemas de salud: en más de nueve meses de contingencia sanitaria ha ido al médico en tres ocasiones, la más grave fue cuando empezó a tener problemas para respirar y un fuerte dolor en el pecho: en todas las visitas le indicaron que sus molestias eran causadas por estrés.
La falta de dinero, explica Gabriel, fue la causa de su estrés, pues si bien disminuyó su carga laboral, también decreció su poder adquisitivo, ya que su salario apenas le alcanza para pagar los servicios básicos, algo que le ha impedido cubrir otros gastos enfocados al bienestar, como el esparcimiento.
Para remediar la situación, el joven de 26 años comenzó otro empleo administrando redes sociales en una agencia digital, igual por pocas horas al día y con un salario menor. Con ambos trabajos ha podido pagar sus cuentas y destinar un poco de dinero para otras cosas, aunque comenta a LADO B que su situación emocional no ha mejorado, pues ahora sólo tiene tiempo para trabajar.
Lo que ocurrió con Gabriel es que entró en modo “supervivencia”, explica José Leopoldo Castro, coordinador de la Licenciatura en Psicología de la Ibero Puebla, pues con una carga de estrés y de trabajo muy grande “ya no hay un disfrute de las actividades u otras cosas que puedan traer paz, alegría y que promuevan un desarrollo de la creatividad”.
El psicoterapeuta menciona que México es el país donde más estrés se registra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que en gran medida es por las condiciones precarias de trabajo que viven las y los habitantes.
Subocupación, un peligro para la economía
El economista de la Ibero, Juan Carlos Domínguez Vargas, explica a LADO B que, con la llegada de la pandemia y la afectación de los sectores de industria y servicios, el subempleo registró un aumento exponencial, y aunque esta práctica ha ido creciendo año con año desde la reforma laboral del 2012, el economista considera que la situación del empleo en México ha ido empeorando desde hace 30 años.
De acuerdo con el seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales de la UAM, la reforma laboral de 2012 eliminó los obstáculos para que el libre mercado se encargue de asignar el empleo y determinar los salarios, pero no creó mecanismos de contrapeso para regular el mercado laboral y garantizar la seguridad social.
Además, se introdujeron a la Ley Federal de Trabajo conceptos de contrato temporal y por horas, lo que provoca que las y los trabajadores no puedan cotizar las semanas necesarias para jubilarse y recibir su pensión.
Razones por las cuales el trabajo por jornadas no completas creció de forma exponencial, ya que la ley sólo contempla exigencias mínimas para supervisar, no para garantizar, el respeto de los derechos de los trabajadores. La flexibilización del mercado de trabajo trajo consigo una reducción del costo salarial que afectó a la fuerza de trabajo y no a los empresarios.
Domínguez Vargas considera que para un país “es bueno tener empleo pero no es bueno tener subempleo [o subocupación]”, porque a menor cantidad de empleo hay una menor cantidad de dinero que se percibe, lo que puede tener efectos negativos en la economía ya que la circulación de efectivo se reduce. El número de personas desempleadas en Puebla también aumentó un 48.7 por ciento en el tercer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el fenómeno de la subocupación también crece.
“Si la población no tiene buenos salarios eso va a repercutir en el consumo, y eso [genera] problemas para la economía (…). La precarización laboral ha ido en aumento, y mientras no se echen abajo las condiciones que permitieron a las empresas poder reducir sus costos [de contratación de personal y otorgamiento de prestaciones laborales] a través de lo que es la reforma laboral, eso no va a cambiar».
La subcontratación ha tenido efectos negativos en la economía de Puebla, y en México en general, pues las jornadas no son completas y por eso se han reducido las prestaciones de los trabajadores que por ley les corresponden, explica el economista.
Y considera que es necesaria una nueva reforma laboral, y precisamente una ya fue anunciada por Luisa Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, aunque todavía no se conocen sus términos ni cómo podría cambiar la situación que se vive actualmente. El cambio, explica el economista, debe responder a las necesidades laborales de las personas no sólo que cuenten con educación superior sino de todos los niveles escolares.
«Ojala sí haya una reforma que garantice los derechos que los trabajadores ahora ya no tienen, y que le permita a la población vivir mejor de como lo hacen ahora. México es uno de los países de la región que tiene salarios más bajos, y si esa situación continúa, la precarización laboral también lo hará».
Además, agrega que la política económica estatal se debe enfocar en la recuperación de salarios, desarrollo de infraestructura y desarrollo local para fomentar la inversión de empresas que puedan dar mejores condiciones laborales, pero deja claro que eso dependerá de un marco reglamentario que obligue a las empresas a brindar las condiciones necesarias para reducir la subocupación.
*Nombres ficticios cambiados a petición de los entrevistados.
El Senado de la República discutirá una reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar que los incrementos anuales del salario mínimo sean siempre superiores a la inflación anual observada al momento de su fijación.
El objetivo de los legisladores es claro: recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, el cual se fue perdiendo después de varios años en los que aumentos fueron inferiores a las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
“La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflaciónobservada durante el periodo de su vigencia transcurrido”, se establece en una adición que las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta aprobaron para el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
En los últimos tres años, en ambas cámara del Congreso de la Unión se han presentado diversas iniciativas para establecer una referencia para la fijación al salario mínimo, algunas ligadas con el costo de la canasta básica, otras con la línea de bienestar o con base en la inflación.
La reforma al artículo 90 de la LFT, el cual no ha sido modificado desde su promulgación en 1970, la cual ya fue avalada en comisiones, busca establecer la inflación observada durante el año como el piso de referencia para los incrementos del salario mínimo.
Los legisladores hicieron ajustes a la propuesta original para adecuarla a la opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Inicialmente, el proyecto impulsado por el senador Martí Batres Guadarrama (Morena) establecía que los incrementos al salario mínimo considerarían la inflación observada y la proyectada para el siguiente año.
En ese sentido, la STPS reconoció que es importante que la fijación del salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. Sin embargo, la dependencia opinó que no era viable basar el aumento en una proyección y pidió tomar como referencia únicamente el índice inflacionario reportado al momento de tomar la decisión del aumento. En este punto coincidieron los senadores para la elaboración y aprobación del dictamen.
Recuperación del salario mínimo
Durante un foro convocado por la Cámara de Senadores, legisladores y autoridades coincidieron en la pérdida el poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos años y la necesidad de una reforma que garantice revertir esta situación.
En su participación, Martí Batres aseguró que el salario mínimo se había debilitado tanto que “ni siquiera alcanzaba para superar la línea de pobreza establecida por organismos internacionales”.
El senador enfatizó la importancia de una reforma a la LFT, que permita darle un soporte legal al salario mínimo, con estructura, permanencia y mayor fuerza. “Se trata de proteger la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias”, aseguró.
Por su parte, la senadora Patricia Mercado (MC) indicó que la situación actual, especialmente a raíz de la pandemia, no garantiza que trabajando se pueda salir de la pobreza y adquirir la canasta básica, por lo que es necesaria la reforma para impedir que el aumento al salario mínimo sea menor a la variación del (INPC).
Durante años, agregó, se tuvo la creencia de que aumentar el salario mínimo tendría repercusiones negativas en la economía, este paradigma sólo generó una profunda desigualdad y pobreza en México. La reforma pone un piso mínimo para la recuperación del salario, puntualizó.
En su momento, Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) confío en que se logren consensos para un incremento de 16% para 2021, aunque también sería entendible si el aumento quedara por debajo de esa cifra debido a la crisis actual por la pandemia. Sin embargo, una fijación baja, implicaría que en la revisión para 2023 el ajuste tendría que ser mayor.
En ese sentido, el funcionario federal eexpresó que en el sector patronal hay un interés por aumentos graduales al salario mínimo en lugar de incrementos altos. “Es posible que se logre el consenso, donde se prefiera un alza más sostenida que una más pequeña”, subrayó.
Incrementos históricos
La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo es uno de los ejes de la política laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto, el salario mínimo acumula dos incrementos históricos. Para el 2019 la remuneración básica tuvo un aumento de 16%; para 2020, de 20 por ciento. Actualmente, su valor diario es de 123.22 pesos a nivel general y de 185.56 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.
La meta de la administración de López Obrador es terminar el sexenio con un salario mínimo equivalente a 214 pesos diarios con incrementos graduales, lo que equivale a una remuneración mensual de 6,500 pesos.
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya se encuentra en sesión permanente para definir el incremento para el 2021. Tanto el sector patronal como el sindical han puesto sobre la mesa las propuestas para el siguiente año. La Coparmex consideró que el mínimo debe quedar entre 128 y 135 pesos diarios; la CROC propuso que sea de 143 pesos.
Hoy, no es común hablar del avance de la libertad sindical en México, pese a que hace año y medio entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) centrada en el tema: entró en vigor sí, en el texto, no en la realidad. Todavía el 90% de los sindicatos no conocen ni practican ese derecho universal, que aquí en 36 años eliminó el neoliberalismo.
Debido a que aún falta el principal impulso de las y los trabajadores; que ellos se involucren y hagan suya la libertad sindical en los hechos, y que el gobierno realice la campaña de concientización y de publicidad de “qué es y cómo se aplica la libertad sindical”. Tal y como se acordó en el T-MEC, en el capítulo 23, aún sin cumplir por México.
Las juntas de conciliación siguen igual que antes, la federal y las locales, no aplican la LFT vigente el 1 de mayo de 2019, ni las Secretarías del Trabajo, federal y estatales obligan a los sindicatos a adecuar sus estatutos, ni obligan a éstos y a las empresas, que las y los trabajadores aprueben las revisiones de los contratos colectivos de trabajo (CCT). Aún no se cumple la LFT. Fue un error de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dejar sin cambios a las Juntas creyendo que los cambios vendrían solos con la nueva LFT, y hasta que funcionen los tribunales judiciales y los Centros de Conciliación y Registro.
Las juntas no se caracterizan por combatir y erradicar la corrupción, ni por modificar las viejas prácticas neoliberales contrarias a la legalidad. Pese a ser el más notable de los cambios de AMLO y la 4T.
Son tan escasos los avances de libertad sindical, que resulta de vital importancia los que se logren combatiendo el viejo régimen, como es el caso en la empresa trasnacional filial de Fiat, Teksid Hierro de México, SA de CV con sindicatos de la CTM sumisos al patrón y recios en castigar a las y los trabajadores que exigen sus derechos.
El 19 de abril de 2014 inició la lucha sindical de las y los obreros, al protestar por el casi nulo pago de utilidades que impuso la empresa con el apoyo de la CTM, provocando la protesta de la mayoría obrera que, al no ser escuchada, tuvo que parar labores y pedir el apoyo al Sindicato Minero. Hasta entonces intervienen autoridades federales y estatales: ¡pero a favor de la empresa! y pese a que los derechos violados eran de los obreros. Desde ese momento intervino Napoleón Gómez Urrutia vía celular desde Vancouver, Canadá, debido a que se decidió brindar el apoyo legal de los mineros, a las y los obreros de Teksid.
El paro de labores se agravó cuando llegaron los golpeadores, pero no los de la CTM, sino los de Alonso Ancira: “Señor de horca y cuchillo” de Coahuila tratando así de levantar el paro. Ante la policía estatal los golpeadores agreden a obreros de Teksid y al delegado Minero, Tomás Hernández, pero al salir cientos de obreros huyeron los cobardes súbditos de Alonso Ancira, el oligarca dueño de AHMSA y el Grupo Acerero del Norte, con 16 empresas. Hasta hoy declarado delincuente.
Con los representantes obreros de Teksid se firmó un convenio de no represalias y de reconsiderar las utilidades, para levantar el paro que, desde luego, no cumplió la empresa ni las autoridades. A los 8 días dio inicio otra lucha con un paro de 2,800 obreros de Gunderson y a los otros siguientes 8 días, surgió otra lucha en la empresa Pytco con 550 obreros. Las tres luchas fueron por el mismo motivo: las utilidades que la patronal burlaba, simulando con el apoyo de Secretaría de Hacienda, todas de Coahuila. En 2013 ocurre algo similar en Zacatecas, en la mina El Coronel, así como en Chihuahua en las minas Santa Bárbara y San Francisco del Oro, igual por utilidades, en empresas de Grupo Frisco de Carlos Slim.
Los 3 grupos obreros de Coahuila en paro acuden al Sindicato Minero para demandar la titularidad de los 3 CCT, pero cual sería la sorpresa, que la Junta Local los tenía registrados, pese a que la competencia era federal según la Constitución y la LFT y no local. Los patrones en ese estado imponían su corrupción, hacían lo que les venía en gana, con autoridades cómplices. Los CCT estaban ocultos a los obreros por la Junta Local, el patrón y la CTM: mientras más desconocieran sus derechos los obreros, menos los ejercerían.
El Sindicato Minero en los 3 juicios tuvo que luchar primero contra las autoridades locales, contra varios sindicatos coludidos de la CTM y la empresa, a la primera audiencia acudieron 300 golpeadores de la CTM. Al lograr el Minero que los juicios se trasladaran a la Junta Federal, la represión y los despidos se intensificaron en las 3 empresas contra las y los obreros y, primero, contra los líderes surgidos en la lucha.
Apenas hace dos meses el Sindicato Minero ganó la reinstalación de los líderes sindicales de Teksid, un enorme triunfo que animó a todos y les dio fuerza a las y los obreros que hacen guardia en las puertas de la fábrica todos los días, con la solidaridad de los obreros de AHMSA, Hércules, Barroterán y otras fábricas del rumbo.
Solo las y los obreros de Teksid resistieron tantas agresiones brutales y tanto tiempo, gracias a su unidad, constante lucha y apoyo de los mineros, llegaron hasta el 28 de junio de 2018, el día del recuento del voto secreto en que fueron derrotadas las fuerzas de aparador de la CTM, las reales fuerzas $$$ de empresa y las serviles autoridades.
No obstante, la Junta Federal alargó el juicio hasta donde pudo y el Sindicato Minero interpuso 14 amparos por celeridad, para llegar al 26 de noviembre de 2020 al triunfo definitivo: el reconocimiento de que el titular del CCT de Teksid es el Sindicato Minero y que su nueva Sección 327 es una realidad. Hasta aquí y resumida es la experiencia real de Libertad Sindical, ganada por una lucha obrera.
La subcontratación, fórmula de empleo que ha sido criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es también utilizada por el gobierno que ahora se propone ofrecer empleos de base.
En el último día de conversaciones a puerta cerrada entre representantes del gobierno y de las cámaras y organismos empresariales, el mandatario fue insistente en que la subcontratación –coloquialmente llamada con el anglicismo outsourcing– se ha utilizado para realizar fraudes fiscales y limitar los derechos de los trabajadores, una posición que ha mantenido desde el inicio de su administración y que por estos días pretende eliminar o regular a través de una serie de reformas.
El asunto del outsourcing utilizado en el gobierno fue planteado al mandatario en su conferencia de prensa, quien respondió:
“Vamos a establecer un mecanismo para que tengan sus bases, vamos a predicar con el ejemplo, como siempre lo hemos hecho, nada más que vamos a esperar a que se tenga completamente revisada la iniciativa y que se discutan, analice y en su caso se apruebe en el Congreso”.
López Obrador ha cuestionado persistentemente el régimen de subcontratación, legalizado en la reforma laboral de 2012, porque hay empresas que no respetan derechos de los trabajadores, evitan pagar prestaciones de ley y ejecutan despidos masivos en diciembre para evitar el pago de aguinaldos y recontratan en enero.
La situación está presente en los servicios de recursos humanos que contratan diferentes dependencias y entidades gubernamentales, por lo que el presidente ofreció en el futuro próximo un esquema de basificación, recordando que durante su administración se han basificado ya 400 mil maestros y se está en proceso de hacer lo mismo con 80 mil trabajadores de la salud.
La semana pasada, luego de sostener un encuentro con representantes del sector privado, el presidente anunció que mantendrían una conversación para resolver en torno a dos posturas, es decir, entre la eliminación del mecanismo de contratación conforme a su propuesta de reforma, o encontrar un punto medio, entre eso y una regulación que evite los excesos, conforme a la propuesta del sector privado.
No nos preocupan las sanciones: Salazar Lomelí
Esta mañana, en la conferencia de prensa presidencial, estuvo presente Carlos Salzar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asistió a la presentación de un portafolio de obras de infraestructura.
Sobre el tema, el dirigente empresarial expuso que el organismo, que agrupa a diferentes cámaras y organismos del sector privado, está en contra de la ilegalidad en las prácticas de subcontratación y agregó:
“Las personas que cumplimos con la ley no nos preocupan las sanciones, al final el 99.99% de los mexicanos cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en la sanción (por prácticas ilegales) creo que lo que tenemos que asegurar es qué detona una determinada sanción y una vez si alguien no cumple con la ley, somos los primeros en pedir que la persona sea castigada porque nos afecta a todos”, dijo.
Esta noche, concluirá la conversación con representantes de los organismos empresariales con el gobierno, en un encuentro que el presidente López Obrador informó, presidirá personalmente, con lo que se podrá saber si la iniciativa de reformas en relación a la subcontratación procederá como lo planteaba el presidente, o bien, será reformulada con las posiciones del sector privado.
Los inmuebles se levantan en los municipios de Fresnillo y Zacatecas
El Gobierno de Alejandro Tello, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), en obras convenidas, inició con la construcción de dos nuevos edificios para el Centro de Conciliación Laboral en los municipios de Fresnillo y Zacatecas, respectivamente.
Jorge Luis Pedroza Ochoa, titular de Obras Públicas, refirió que con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía los servicios de impartición de justicia pronta y expedita en ambos municipios, se ejercen, entre ambos, 11.2 millones de pesos que ayudarán a construir nuevos inmuebles para la comodidad de los solicitantes.
En este sentido, y con una inversión por el orden de los 5 millones de pesos, se construye en Fresnillo un nuevo edificio que albergará las oficinas del Centro de Conciliación Laboral; donde a la fecha se trabaja en la cimentación a base de mampostería, así como en el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo de zapatas y dados.
Mientras que en el municipio de Zacatecas, se trabaja en un edificio donde también se realizarán las acciones de Conciliación Laboral, para beneficio de más de 182 mil zacatecanos y zacatecanas de la región de la capital del estado, con un recurso superior a los 6.2 millones de pesos.
Pedroza Ochoa manifestó que gracias al compromiso del gobernador Tello, la justicia se impartirá en espacios dignos que la sociedad requiere y así poder mostrar la eficiencia en los servicios que prestan a los ciudadanos, con áreas diseñadas para los nuevos modelos de justicia.
El Gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente en la batalla por los derechos laborales, mientras que Tallentia MX defiende el «outsourcing» o externalización empresarial Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, anunció una propuesta de reforma para regular el outsourcing.
El Gobierno mexicano abrió un nuevo frente en la batalla por los derechos laborales con su iniciativa para restringir el «outsourcing» o externalización, en discusión en el Congreso, donde defensores del esquema advierten que están en riesgo 5 millones de trabajadores.
«Prohibir la subcontratación en México de manera generalizada tendría efectos muy perniciosos sobre el mundo laboral y en general sobre la economía mexicana«, expresa este jueves en entrevista Elías Micha, director de la agrupación empresarial Tallentia MX.
¿REFORMA NEOLIBERAL?
Tallentia MX defiende el «outsourcing» o externalización empresarial, que es parte de la reforma laboral de 2012 que promulgó el hoy expresidente Felipe Calderón.
El esquema permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50 % de reducción de costos.
El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al Congreso el 12 de noviembre para prohibir la práctica por considerarla «abusiva» y herencia del «periodo neoliberal».
Pero el 23 % del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de esta figura, manifiesta Elías.
Además, detalla, casi 45 % del personal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las grandes compañías está subcontratado. Representa 35 % del personal de servicios, 30 % del de comercio y 25 % de la manufactura, comenta.
«Al prohibir la subcontratación estas millones de personas tendrían que ser integradas a las estructuras de las empresas contratantes en un plazo muy corto que, con la actual coyuntura económica por la pandemia, es una tarea que resultaría muy difícil«, ahonda Elías.
Las personas que pierdan su empleo acabarían en el mercado informal, que ya representa más del 55 % de la fuerza laboral en México, prevé el representante empresarial.
El director de Tallentia MX cita un estudio del Colegio de México (Colmex) que sugiere que la subcontratación reduce entre 22 % y 33 % la informalidad del sector en el que se implementa.
UN ABUSO
En contraste, la Procuraduría Fiscal sostiene que hay más de 6,000 empresas de subcontratación ilegal que evaden al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año (cerca de 1,050 millones de dólares).
Hay 1,200 empresas que manejan el esquema de subcontratación ilegal con más de 862,000 trabajadores con sus derechos laborales afectados, indicó el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, en el Parlamento Abierto que el Congreso realiza esta semana.
Jorge Sales Boyoli, abogado laboral, coincide en que la subcontratación ha resultado en abusos.
«El diagnóstico que se ha hecho sobre el problema de la subcontratación en México, por parte del Ejecutivo federal, nos parece que es adecuado«, expresa a Efe el coordinador nacional del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade).
MAL REMEDIO
Pero el socio de la firma Sales Boyoli, especializada en derechos laborales, considera innecesaria la reforma al argumentar que atiende más un síntoma que la enfermedad.
«No era necesaria esta iniciativa, sino una adecuada fiscalización y una adecuada supervisión por parte de las autoridades, pero ya que se ha tomado esta decisión nos parece que puede ayudar a evitar la subcotización, puede ayudar a reducir la evasión fiscal«, detalla.
El jurista recomienda adecuarla para que la entrada en vigor se prorrogue seis meses, incorporar el reparto de utilidades y definir los servicios especializados.
Les comparto un fragmento de los motivos y disposiciones que hoy construyen una iniciativa de reforma necesaria para no permitir la subcontratación abusiva y refrendar que el trabajo es un derecho, no una mercancía. pic.twitter.com/vmTOCfUYZI
Pese a la contundencia del anuncio, el presidente prometió revisar la iniciativa tras una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por lo que se ha frenado en el Congreso para su revisión.
Aunque el líder izquierdista advirtió que esta tregua está condicionada.
«Vamos a llegar a un acuerdo, que se proteja a los trabajadores, que no haya defraudación y que al mismo tiempo se den facilidades a las empresas«, prometió el martes.
