Ciudad de México.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), aprobó, por unanimidad y con modificaciones, el dictamen a la minuta que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo (home office). El proyecto fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación.
Esta refroma detalla que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo es quien presta su servicio personal, remunerado y subordinado en un lugar distinto a las instalaciones o centro de trabajo.
Se detalla que cuando el 40 por ciento de cumplimiento de la labor sea realizada fuera del lugar de trabajo será considerado como teletrabajo.
La reforma prevé la obligación que tiene un patrón para aportar todos los medios, recursos y herramientas para cumplir con el trabajo; esto incluyen los gastos que genere la jornada laboral.
Así como mecanismos y capacitación adecuada para el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Las obligaciones para trabajdores son el cuidado y conservación de los insumos proporcionados por la empresa; respecto a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de la protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades.
Manuel Baldenebro, el presidente de la Comisión de Trabajo, señala que el objetivo de esta reforma es poder contar con una regularización jurídica para la protección al trabajador.
El diputado Alejandro Viedma afirmó que la situacion que se vive como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 dejó ver la urgencia de legislar el teletrabajo.
La diputada María Rosete por el PT dijo que, «se da un gran paso en México para lograr las mejores condiciones para el trabajador».
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) secretaria de la Comisión, afirmó: «Estamos actuando con mucha responsabilidad con los trabajadores del país con esta propuesta». La pandemia obligó a regular el teletrabajo y asumir esta responsabilidad como representantes populares. Destacó la importancia de ayudar a que se capacite a los trabajadores, porque se han perdido esas grandes luchas de clase en materia laboral y sindical.
La Secretaria del Trabajo, Soledad Aragón, señala que se mantendrá el apoyo a desempleados, el impulso a cooperativas, capacitación y ocupación temporal en 2021.
Retroceder a un semáforo rojo con un nuevo cierre de actividades significaría un nuevo impacto al empleo en la Ciudad de México similar al que se tuvo al inicio de la pandemia de COVID-19, reconoce Soledad Aragón Martínez, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo capitalina.
“Si existe una pandemia, si se cierran negocios, pues habrá un impacto en el empleo, un impacto en la economía, pero precisamente por eso estamos trabajando para que no suceda”, dice Aragón en entrevista con Expansión Política.
La secretaria señala que pese al recorte generalizado que aplicará el Gobierno de la ciudad ante la caída de los ingresos, para la Secretaría del Trabajo se mantuvo el mismo presupuesto para programas sociales que se asignó para el año en curso, pese a los recortes que se han anunciado en medio de la caída de ingresos por la crisis económica.
“Si lamentablemente se regresara a semáforo rojo se tendrían que cerrar las actividades no esenciales, seguramente habrá un impacto, pero estamos por iniciar 2021 con nuevo presupuesto y vamos a poner en marcha de manera inmediata todos nuestros programas sociales y todo el apoyo que tiene el Gobierno de la ciudad.
“El mismo presupuesto que tuvimos para 2020 lo tendremos en 2021 para apoyo al desempleo, para cooperativas, fomento al empleo, capacitación, ocupación temporal”, explica Aragón.
Esto permitirá que más personas puedan acceder a programas como el Seguro de Desempleo, apoyos a cooperativas y capacitación laboral que ante el incremento de la demanda fueron asignados y dejaron de recibir solicitudes entre abril y mayo, cuando existió la mayor pérdida de empleo formal en la ciudad con 162,808 puestos menos entre ambos meses.
Desde que el Gobierno de la ciudad declaró emergencia sanitaria por COVID-19 en marzo se perdieron en la capital hasta septiembre 198,401 empleos formales y en octubre se recuperaron 36,902 plazas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que un total de 161,499 puestos no se han podido recuperar.
El secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Sergio Moctezuma Martínez López, indicó que antes del 20 de diciembre las empresas tienen que entregar el aguinaldo a sus trabajadores por un monto equivalente de al menos 15 días de salario.
De no hacerlo, los empleadores se harían acreedoras a multas que van de las 50 a las 5 mil Unidad de Medida y Actualización (UMAS), es decir de 4 mil 344 pesos a 434 mil 400 pesos.
En ese sentido, el funcionario estatal resaltó que la empresa Hisense electrónico, de Playas de Rosarito, donó ayer mil grabadoras a la dependencia que encabeza, y el Sindicato México Moderno donó mil USB que van en la parte superior de las grabadoras y contienen los audios de las leyes laborales.
Esto ayudará a continuar el programa “Conociendo mis derechos y obligaciones como trabajador” en el área urbana, ya que dicho programa primero se implantó en el área rural. El fin, dijo Martínez López, es que entre más se conozcan los derechos en esa medida más serán exigidos, “para efecto de poner un freno a cualquier posible práctica desmedida que lesione sus derechos y sus intereses económicos”.
Durante su participación en el mensaje del gobernador Jaime Bonilla Valdez en Facebook, Martínez López indicó que desde abril de 2020 a la fecha se han recibido 2 mil 863 denuncias, cuyos temas más frecuentes son: despidos injustificados, personal vulnerable ante COVID-19 trabajando o no les pagan el salario íntegro al encontrarse en resguardo domiciliario. Descuentos salariales, y no pagar el reparto de utilidades.
Igualmente, destacó que del 1 de junio al 20 de noviembre se han interpuesto 7 mil 392 demandas laborales por pago de finiquito, reinstalación por despido injustificado, por falta de pago de la prima de vacaciones, prima dominical y reparto de utilidades.
Del 1 de noviembre de 2020 al 30 de octubre de 2020, la STPS ha apoyado a que trabajadores y empleadores hagan 5 mil 814 convenios laborales, por lo que porcentaje de efectividad del 90.54%. “En Baja California sí hay respeto, justicia e inclusión laboral”, aseguró este 25 de noviembre de 2020, el funcionario estatal.
Refirió el caso de la huelga que trabajadores están llevando a cabo en el Colegio Carlos Araiza Peña, al no habérseles cubierto 9 quincenas de salario, vacaciones y a que algunos no están inscritos en el IMSS.
Por otro lado, Martínez López destacó que Baja California se ubica en primer lugar en recuperación de empleos, con la creación de 45 mil 246 nuevas fuentes de trabajo en el Seguro Social en lo que va de 2020. “Al 1 de septiembre se crearon 6 mil 612 empleos, al 1 de octubre, 6 mil 961, y al 1 de noviembre 12 mil 433”, apuntó.
“Se han perdido, es la parte que ya conocemos, pero lo cierto es que el gobierno de Baja California ha hecho lo propio para la recuperación económica”, aseguró el titular de la STPS.
Como muestra de ello, dijo, se llevó a cabo la feria del empleo en la que se ofertaron 650 vacantes y en la que participó la empresa Laboratorios Scantibodies S.A. de C.V., con 200 vacantes; la empresa Zeiss Visión Manufactura de México, S. de R.L. de C.V. con 350, y Distribuidora el Florido. En esta última se lograron programar 100 vacantes.
Finalmente, comentó que el próximo 8, 9 y 11 de diciembre próximo se llevará a cabo la Feria del Abuelo Artesanal, en Tecate, Rosarito y San Quintín.
En ella participan adultos mayores que fabrican o comercializan alguna artesanía a quienes un empleador adopta y adquiere sus productos o bien se convierte en un distribuidos de artesanías, ya que éstos se han visto afectados por la pandemia de coronavirus.
El Gobierno mexicano abrió un nuevo frente en la batalla por los derechos laborales con su iniciativa para restringir el «outsourcing» o externalización, en discusión en el Congreso, donde defensores del esquema advierten que están en riesgo 5 millones de trabajadores.
«Prohibir la subcontratación en México de manera generalizada tendría efectos muy perniciosos sobre el mundo laboral y en general sobre la economía mexicana», expresa este jueves en entrevista Elías Micha, director de la agrupación empresarial Tallentia MX.
¿REFORMA NEOLIBERAL?
Tallentia MX defiende el «outsourcing» o externalización empresarial, que es parte de la reforma laboral de 2012 que promulgó el hoy expresidente Felipe Calderón.
El esquema permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50 % de reducción de costos.
El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al Congreso el 12 de noviembre para prohibir la práctica por considerarla «abusiva» y herencia del «periodo neoliberal».
Pero el 23 % del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de esta figura, manifiesta Elías.
Además, detalla, casi 45 % del personal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las grandes compañías está subcontratado. Representa 35 % del personal de servicios, 30 % del de comercio y 25 % de la manufactura, comenta.
«Al prohibir la subcontratación estas millones de personas tendrían que ser integradas a las estructuras de las empresas contratantes en un plazo muy corto que, con la actual coyuntura económica por la pandemia, es una tarea que resultaría muy difícil», ahonda Elías.
Las personas que pierdan su empleo acabarían en el mercado informal, que ya representa más del 55 % de la fuerza laboral en México, prevé el representante empresarial.
El director de Tallentia MX cita un estudio del Colegio de México (Colmex) que sugiere que la subcontratación reduce entre 22 % y 33 % la informalidad del sector en el que se implementa.
UN ABUSO
En contraste, la Procuraduría Fiscal sostiene que hay más de 6.000 empresas de subcontratación ilegal que evaden al fisco por más de 21.000 millones de pesos al año (cerca de 1.050 millones de dólares).
Hay 1.200 empresas que manejan el esquema de subcontratación ilegal con más de 862.000 trabajadores con sus derechos laborales afectados, indicó el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, en el Parlamento Abierto que el Congreso realiza esta semana.
Jorge Sales Boyoli, abogado laboral, coincide en que la subcontratación ha resultado en abusos.
«El diagnóstico que se ha hecho sobre el problema de la subcontratación en México, por parte del Ejecutivo federal, nos parece que es adecuado», expresa a Efe el coordinador nacional del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade).
MAL REMEDIO
Pero el socio de la firma Sales Boyoli, especializada en derechos laborales, considera innecesaria la reforma al argumentar que atiende más un síntoma que la enfermedad.
«No era necesaria esta iniciativa, sino una adecuada fiscalización y una adecuada supervisión por parte de las autoridades, pero ya que se ha tomado esta decisión nos parece que puede ayudar a evitar la subcotización, puede ayudar a reducir la evasión fiscal», detalla.
El jurista recomienda adecuarla para que la entrada en vigor se prorrogue seis meses, incorporar el reparto de utilidades y definir los servicios especializados.
También cuestiona la falta de visión del mercado laboral de la reforma, porque en México el 99 % de los empleadores ocupan 10 personas o menos, por lo que solo la normativa solo afectaría al 10
«Esta iniciativa no va a colapsar la planta productiva de este país, ni va a poner en quiebra a todos los empresarios, así que me parece que esto hay que verlo en su justa dimensión», indica.
Sales Boyoli también rechaza que la iniciativa original de López Obrador criminalice el «outsourcing».
«Me parece que decir que se criminaliza es un poco desproporcionado, sí hay ciertas conductas que están criminalizadas como delito, pero esto es desde antes de la entrada de esta iniciativa», precisa.
TREGUA
Pese a la contundencia del anuncio, el presidente prometió revisar la iniciativa tras una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por lo que se ha frenado en el Congreso para su revisión.
Aunque el líder izquierdista advirtió que esta tregua está condicionada.
«Vamos a llegar a un acuerdo, que se proteja a los trabajadores, que no haya defraudación y que al mismo tiempo se den facilidades a las empresas», prometió el martes. EFE
La Segunda Sala de la SCJN avaló, por unanimidad, la reforma que amplía la participación de los trabajadores en las decisiones colectivas y fortalecen la libertad sindical.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la reforma laboral promulgada el año pasado y que regula la vida interna de los sindicatos conforme a los compromisos suscritos por México en el T-MEC.
La Segunda Sala de la Corte avaló, por unanimidad, cuatro proyectos del ministro Fernando Franco en los que concluye que la reforma laboral amplía la participación de los trabajadores en las decisiones colectivas y fortalecen la libertad sindical de los trabajadores.
El ministro indicó que la reforma laboral hizo posible el control institucional de estas garantías y la instauración del sistema de justicia a cargo de los tribunales adscritos al Poder Judicial.
“Los cambios normativos reconocen el derecho de los trabajadores, en lo individual, de no pertenecer a un sindicato y que dejen de pagar las cuotas sindicales. También exigen el voto directo, sin intermediarios, para elegir a los representantes sindicales y que se consulte a los trabajadores la celebración y la revisión de los contratos colectivos de trabajo”, señala el proyecto avalado por la Sala.
Destacó que la reforma implica que las dirigencias sindicales pierdan el margen de organización e intervención en los órganos de registro e impartición de justicia, por lo que no es desproporcional frente al beneficio que se obtiene.
Es una muy buena noticia la puesta en marcha de la primera etapa del nuevo modelo de justicia laboral, que implica un cambio profundo y estructural. La justicia laboral ahora es responsabilidad de los poderes judiciales federal y locales.
Este nuevo modelo implica una transformación en la conciliación laboral, transformación que habrá de brindar una mayor certeza y seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, y propiciará un clima de confianza que favorecerá la inversión en nuestro país.
El nuevo procedimiento, iniciará con una instancia obligatoria de conciliación. Se trata de un requisito prejudicial o de resolución, que estará a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de los centros de conciliación locales, especializados e imparciales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su artículo 123, adoptó la conciliación en materia laboral. Con esa disposición de avanzada se hizo del derecho laboral una institución de lo más novedoso a nivel mundial.
Lamentablemente debemos reconocer que la conciliación laboral no pasó de ser un trámite carente de las características del medio pacífico de solución de controversias que es la conciliación y que, por excepción, ha existido personal calificado para atender las conciliaciones laborales.
Este mecanismo aplicado a la materia laboral, a partir de la nueva fracción XX del apartado A del artículo 123 Constitucional, reformado en 2017, habrá de transformarse y fortalecerse en beneficio de trabajadores y patrones.
La nueva conciliación laboral será asimilable, transmisible, evaluable y, por ende, legítima. Orientará el modelo de gestión de las diferencias o los conflictos laborales, individuales y colectivos, dando el protagonismo a las partes implicadas.
Con la conciliación podrán resolverse las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones, antes de acudir a los tribunales laborales.
Es de la mayor importancia la transformación y consolidación de la conciliación como solución eficaz a las controversias laborales para que -en efecto-, una buena parte de las diferencias o de los conflictos laborales, entre trabajadores y patrones encuentren una solución a los mismos ahorrando tiempo, desgaste personal y dinero. Se podrá transformar en una estrategia que reduzca la judicialización de los conflictos y fortalezca el cumplimiento de los convenios emanados de las partes.
Para evitar cuellos de botella que retrasarían de manera inconveniente la celebración de la primera sesión de carácter obligatorio y, en su caso, las siguientes que se desarrollen en los asuntos que así lo ameriten, será indispensable contar con una cobertura suficiente de los servicios de conciliación laboral que las cargas de trabajo exigirán.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que difícilmente, tanto el Centro Federal como los centros locales, podrán contar con sendas plantillas suficientes de conciliadores públicos, debido a la limitada disponibilidad de recursos fiscales, limitación que suele ser mayor en los presupuestos locales.
Para evitar el riesgo de que los servicios de conciliación a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de los centros de conciliación locales se atasquen y retrasen de manera inconveniente, con lo que se originaría, en muchos casos, que los conflictos laborales escalen a niveles más complejos, habrá de encontrarse una solución que permita la suficiente cobertura de los servicios sin que ello gravite en sus respectivos presupuestos.
El modelo que resulta más viable es la inclusión de la figura del conciliador laboral privado, de manera que se aproveche la participación de profesionales particulares en la prestación del servicio público de conciliación laboral.
Para el diseño e implantación de la figura del conciliador laboral privado que se propone, se recomienda aprovechar el modelo de mediación privada que se diseñó, reguló e implantó exitosamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desde 2009.
El modelo de mediación privada previsto en la legislación de la Ciudad de México ha probado sus ventajas desde hace más de diez años y es reconocido en otras entidades y países de Europa y Sudamérica, además cuenta con el reconocimiento de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la recomendación de que se replique en todo el país.
Para que esa opción sea eficiente, será necesaria la definición de una norma técnica de competencias laborales del conciliador laboral que aborde con precisión los aspectos de capacitación, certificación, supervisión, verificación y evaluación de los conciliadores, tanto para conciliadores públicos como privados.
La figura del conciliador privado podrá consistir en un régimen de descentralización por colaboración en el que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación locales, respectivamente, autoricen a profesionales que reúnan determinados requisitos, sujetos a una preparación técnica especializada, para que ofrezcan y proporcionen los servicios de conciliación laboral, bajo la supervisión del centro que corresponda.
Por otra parte, es aún frecuente equiparar a la conciliación con la mediación y, si bien es cierto son conceptos que aún se confunden fácilmente, tienen diferencias que deben ser consideradas.
No debe soslayarse que la mediación tiene un sentido más cooperativo y creativo que la conciliación. No es casual que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haya mencionado a la mediación como un mecanismo alternativo de solución de controversias que también ha de aplicarse en materia laboral.
Joel Ayala Almeida, Líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, refrendó su apoyo a la iniciativa presidencial sobre la desaparición del outsourcing.
El pasado 12 de noviembre se presentó una reforma para regular la subcontratación o el outsourcing, con el objetivo de poner orden a la subcontratación, que contempla sanciones severas a las empresas que defrauden al fisco.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Iniciativa Privada (IP) se declararon en “sesión permanente” para darle seguimiento a la discusión de los posibles cambios a la iniciativa de outsourcing, misma que busca regular la subcontratación de trabajadores.
En este sentido, Joel Ayala Almeida, Líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado ha asegurado que hay aproximadamente 500 mil trabajadores contratados bajo este esquema en la actual administración pública.
Fue durante una entrevista con Salvador García Soto para el programa «A la una» que el funcionario ratificó su apoyo a la iniciativa presidencial sobre la desaparición y cancelación de la figura de contratación laboral a terceros.
Se trabaja en tiempo y forma, dando preferencia a la legalidad y veracidad, como condiciones necesarias para el desarrollo de la conciliación.
Cd. Victoria, Tam.- Para mayo del 2022, Tamaulipas pondrá en marcha la nueva Reforma de Justicia Laboral, y comenzar junto con la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, y Veracruz, la tercera etapa en cuanto a la implementación de los Centros Estatales de Conciliación y Tribunales Laborales.
Lo anterior, lo dio a conocer Miguel Ángel Villarreal Ongay, encargado de la política laboral en la entidad, quien afirmó que personal de la Subsecretaría del Trabajo y Conciliación, se ocupa en dar agilidad y concretar los documentos en trámite que aún están pendientes.
“Mantenemos alrededor de 16 mil 373 documentos en trámite y 6 mil 160 en ejecución, el propósito es llegar al 2022 con un menor número de expedientes posibles, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, nos ha pedido acelerar los trabajos y concluir todos los procedimientos”.
El Nuevo Sistema de Justicia Laboral, pretende que el 80% de los asuntos, puedan concluirse por la vía pacífica, y esta comprende una etapa de conciliación y una de juicio, en el que las partes acuden a los Centros Laborales o de Centros de Conciliación Local, para agotar la etapa de conciliación prejudicial obligatoria y de no conciliar, las partes podrán iniciar un juicio ante los Tribunales Laborales ya sean locales o federales, con un nuevo procedimiento regido por principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad.
El funcionario señaló que Tamaulipas trabaja en tiempo y forma, sobre todo dando preferencia a la legalidad y veracidad, como condiciones necesarias para el desarrollo de la conciliación.
Indicó que la dependencia a su cargo, se prepara para contar con personal capacitado, a fin de atender lo conveniente al Centro Estatal de Conciliación, aunque no descartó puedan presentarse contratiempos en la impartición de justicia laboral derivado a la emergencia sanitaria por Covid-19.
De acuerdo a Villarreal Ongay, en lo que va de la administración, la Dirección de Conciliación y Relaciones Laborales, ha ofrecido más de 68 mil 236 servicios entre asesorías, pláticas conciliatorias y convenios, resaltando entre el patrón y trabajador el entendimiento, sin la necesidad de que ambos lleguen a una demanda.
Concluye primera jornada del parlamento abierto de análisis de la iniciativa en materia de outsourcing
• Mañana martes seguirán las mesas de estudio sobre la propuesta del Ejecutivo federal
Especialistas, académicos, organizaciones, cámaras empresariales y trabajadores expresaron, en parlamento abierto, sus comentarios y plantearon propuestas sobre la iniciativa enviada por el Presidente de la República en materia de subcontratación laboral.
En la mesa 2, donde se abordó el tema “Reformas en materia laboral”, el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, Armando Guajardo Torres, destacó que es imperativo perseguir a quienes usan indebidamente la subcontratación para otorgar menos prestaciones a los trabajadores, pero esto no presupone un problema de la ley sino de su cumplimiento.
Consideró que la entrada en vigor de dicha reforma debería ser de por lo menos un año, a fin de que los patrones tengan el tiempo suficiente para realizar los trámites y adecuaciones.
Virginia Ríos Hernández, de Coparmex Ciudad de México, comentó que lo que se busca con los servicios con personal interno es el ahorro de costos para las empresas, ganancia en tiempos, incremento de la productividad y la agrupación de control de recursos humanos en una sola entidad; lo que se pretende es no dejar de pagar prestaciones sino una mejor organización.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Concamin, Octavio Carvajal, señaló que la subcontratación constituye una actividad lícita y con pleno derecho de ser aceptada dentro del concepto definido por la Constitución. Propuso incluir ciertas concesiones que sean favorables para ambas partes y se tome en consideración las diferentes posiciones en las que se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tanto, el presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la Concamin, César Maillard Canudas, señaló que la subcontratación nace con la idea fundamental de eficientar los procesos de nómina y que se debe considerar este tema como un aliado estratégico. Planteó que el reparto de utilidades se indexe a la productividad.
María del Rosario Jiménez Moles, magistrada de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, explicó que la subcontratación no se prohíbe en su totalidad, solo en una de sus modalidades. La iniciativa, dijo, permite la cristalización de derechos de libertad sindical y de negociación para que los trabajadores se puedan defender.
Enrique Octavio García Méndez, vicepresidente de Asuntos Laborales en Concanaco Servytur, dijo que están a favor de que haya flexibilización en la contratación para apoyar la formalización laboral y de las empresas, ya que la competitividad y productividad se debe buscar no a costa de los derechos de los trabajadores pero es necesario que las empresas actúen dentro del marco normativo.
Lorenzo Roel Hernández, presidente de Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que respecto a la iniciativa planteada se deben conservar la redacción actual de los artículos 12 y 13, prohibir la subcontratación es inconstitucional ya que viola el artículo 5º de la Constitución.
Aldo Mares Benavides, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario, indicó que la figura de subcontratación es ampliamente utilizada en el sector agroalimentario y ha permitido que cientos de miles de jornaleros se incorporen a la formalidad y tengan acceso a seguridad social y prestaciones de ley.
Alfredo Pacheco Vásquez, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, hizo un llamado a que se garantice el cumplimiento de las leyes, y se maximicen los derechos y beneficios de los trabajadores.
Gabriel Aparicio, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, A.C., estimó que existe un gran nivel de confusión y desinformación, ya que la solución no es prohibir, sino definir de forma correcta la figura. Subrayó que lo que existe son vacíos legales y lo que falta es una coordinación entre las diferentes instancias para asegurar el cumplimiento de las leyes.
Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudio para la Promoción y Difusión del Empleo Formal A.C., señaló que se ha abusado de la subcontratación y se requiere una adecuada supervisión, vigilancia y sanción. Estimó que no se debe prohibir y crear una figura confusa que es servicios especializados porque ésta no va a quitar que se sigan evadiendo las responsabilidades laborales.
Zoé Gómez, presidenta de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., indicó que no es posible que se hable de ilegalidad y no se tenga la definición de los servicios especializados.
Héctor Arturo Mercado López, magistrado del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consideró que se debe agregar en la reforma que el propio trabajador subcontratado tenga la posibilidad de hacer la denuncia anónima que le permita a la autoridad revisar la situación en la empresa, así como avisar a los sindicatos que se está subcontratando.
Erika Quevedo Chan, directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, coincidió en que es necesario regular y sancionar la subcontratación, pero estimó que la iniciativa tiene una rigidez excesiva que complicará la operación de las empresas y planteó permitir el outsourcing legal y reconsiderar las limitaciones que se le colocan a los servicios realizados por intermediarios.
Alma Clarisa Rico Díaz, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, enfatizó que el outsourcing ha sido utilizado para evadir responsabilidades, socavar los derechos de las y los trabajadores y es violatorio del derecho laboral. Propuso reiterar que los derechos humanos laborales no son renunciables y establecer que estas personas tengan los derechos que les corresponden.
Inés González Nicolás, directora del Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Friedrich Ebert, mencionó que el mecanismo de la subcontratación ha sido vía para precarizar el trabajo, mantener los bajos salarios y debilitar al movimiento sindical en su conjunto. Propuso que sea obligación que los patrones hagan del conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo la pretensión de contratar proveedor de bienes o servicios necesarios a la empresa mediante subcontratación.
Al concluir la mesa 2, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), agradeció a los ponentes por compartir sus experiencias, conocimientos y propuestas, ya que ayudarán a enriquecer el dictamen.
A su vez, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social) destacó las aportaciones de los participantes y afirmó que los legisladores debatirán el tema para llegar a una conclusión por el bien de los trabajadores y lograr el equilibrio en el ámbito laboral.
La pandemia de Covid-19 ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores contratados por outsourcing, consideró el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Ante ello, el legislador federal del grupo parlamentario de Morena celebró que se ponga orden en este tipo de subcontratación que tanto afecta a los trabajadores.En entrevista con ContraRéplica, dio a conocer que la propuesta de reforma laboral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que había hasta ayer, pues se espera que pueda ser modificada, considera que la subcontratación de personal de una persona física o moral ponga a disposición de otra, trabajadores propios en beneficio de otro, quedará prohibido.
El diputado federal indicó que esto es necesario ante la serie de despidos que se generaron en este tipo de trabajadores durante la pandemia. “Son trabajadores que pueden ser despedidos en cualquier momento sin que se les garanticen derechos conseguidos a través de años de lucha por mejores condiciones laborales”, mencionó.
La iniciativa presentada ante el Congreso está centrada en el análisis de tres figuras: subcontratación de personal, servicios especializados y obras especializadas, así como agencias de colocación.
Al realizarse el parlamento abierto de Análisis a la Iniciativa Presidencial en Materia de Subcontratación Laboral (outsourcing), convocado por las comisiones de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, reconoció que, si bien existe una regulación específica en la materia, es insuficiente para garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
