Además, establece prisión preventiva oficiosa para quienes incurran en esta figura también conocida como outsourcing.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados aprobará la reforma para prohibir la contratación laboral, este jueves 26 de noviembre.
Este martes concluirá el parlamento abierto para recabar opiniones de sectores involucrados en el tema y, el miércoles 25 de noviembre, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público dictaminarán la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR y la Ley del IVA.
La propuesta de reformas enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 12 de noviembre, plantea prohibir la subcontratación laboral y considera delincuencia organizada la asociación con este fin.
Además, establece prisión preventiva oficiosa para quienes incurran en esta figura también conocida como outsourcing.
La propuesta permite la prestación de servicios especializados, siempre y cuando estos no formen parte del objeto social o actividad económica de la empresa que las requiere.
Además, las agencias de colocación fungirán podrán intervenir en la colocación y reclutamiento de personal pero, en ningún caso, se considerarán patronas.
Indicó que los esquemas que han prevalecido son tendientes para simular la inexistencia de una relación laboral, de registrar a trabajadores con salario inferior al mínimo y utilización de mecanismos de compensación de relaciones laborales a través de pagos que no son auditables para el IMSS como honorarios, pagos asimilables a salarios, tarjetas innominadas.
También -añadió- se han usado conceptos que no integran el Salario Base de Cotización para “disfrazar” el salario de trabajadores.
La funcionaria dijo que desde el inicio de la administración se constituyó un grupo de trabajo formado por IMSS, STPS, SAT, INFONAVIT y UIF para realizar una serie de operativos conjuntos para revisar lo que pasaba de forma general en algunas empresas con indicios de evasión.
Como resultado de ello, apuntó que se detectaron subregistros de salarios de 40 por ciento promedio y en algunos casos fue superior a 400 por ciento, de tal forma que hubo empresas que tenían registrados un Salario Base de Cotización de 166 pesos y después del operativo quedó en 800 pesos.
La directiva del IMSS consideró que “es bien sabida” la afectación que tiene el outsourcing ilegal en los trabajadores, como es la falta de acceso a seguridad social en los casos de esquemas más agresivos de evasión, menores importes en capacidades temporales y permanentes, menor capitalización en la Afore y afectación en el ahorro para la vivienda.
“La afectación tiene que ver con menores recursos para fondeo de prestaciones para trabajadores, no tener capacidad de invertir en infraestructura médica y también incremento en gastos administrativos dado que se ejercen facultades de fiscalización y cuando llegamos a determinar estos créditos pues nos encontramos ante empresas de papel, empresas que solamente son tenedoras de trabajadores y que suministran estos trabajadores sin tener un capital respaldo que pueda garantizar (el crédito), claro estoy hablando de empresas de evasión”, afirmó.
López dijo que en la reforma de outsourcing se plantea modificar la Ley del Seguro Social en el sentido de generar una sinergia con la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer la responsabilidad solidaria entre el prestador de servicio o el ejecutor de la obra especializada y el que contrata la misma, con el propósito de que si el primero cumple cabalmente con sus obligaciones no haya ninguna afectación respecto del segundo, pero si esto no ocurre, el IMSS tenga los mecanismos y los elementos para defender los derechos laborales.
“Básicamente en esto consisten las modificaciones a la Ley de Seguro Social y son tendentes a buscar los elementos necesarios para poder reestablecer los derechos de los trabajadores y evitar incluso afectaciones a empresas y al IMSS”, subrayó.
La llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos acentuará la fiscalización para que México cumpla los compromisos laborales del T-MEC, afirmaron especialistas.
Benjamin Davis, director de Asuntos Internacionales de United Steelworkers, una de las centrales sindicales más grandes en Estados Unidos, dijo que si bien el Gobierno mexicano ha mostrado avances, como la construcción del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales laborales, aún no se perciben cambios en las empresas.
«El problema es que hasta ahora no hay cambios en la gran mayoría de empresas: siguen las prácticas antidemocráticas de los viejos sindicatos de protección», consideró en entrevista.
Añadió que hay materia para que Estados Unidos interponga algún recurso contra México por violar la libertad sindical y con ello activar el panel de respuesta rápida para solución de controversias.
Si se pone en marcha este panel y no hay un acuerdo podría haber un bloqueo de exportaciones de la empresa que haya violado los derechos sindicales.
Estimó que las malas prácticas laborales son generalizadas, pero el foco está en la cadena automotriz y la minero-metalúrgica.
Davis adelantó que Biden tendrá muy presente la agenda laboral bilateral.
«Los sindicatos y los demócratas en el Congreso han insistido en la necesidad de respetar los derechos laborales, fortalecer los sindicatos y aumentar los salarios de los trabajadores mexicanos. Biden apoya esta agenda, y brindará recursos y voluntad política para cumplirla», comentó.
La relación entre sindicatos y Biden es muy cercana, y se considera que en su Administración resurgirá el sindicalismo, dijo Alberto Robles, experto del Instituto del Mundo del Trabajo, con sede en Argentina.
Muchos sindicatos declararon su apoyo a Biden, añadió, como la AFL-CIO, los afiliados a Change to Win, el Sindicato de Camioneros (Teamsters) y el SEIU (salud, servicios públicos y afines).
«Hay una relación mucho más fuerte de los sindicatos con el Partido Demócrata y en razón de ello habrá una mayor presión ahora para cumplir los temas laborales», opinó Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex.
Recordó que por presión de los demócratas se dio el acuerdo modificatorio del T-MEC, donde se incorporó el capítulo laboral y el mecanismo de respuesta rápida.
Añadió que Estados Unidos creó un órgano interinstitucional para dar seguimiento a la implementación de la reforma laboral en México, aunado a apoyos económicos para la aplicación de la ley y la presencia de agregados laborales asentados en la Embajada de EU en el País.
Pablo Franco, experto en temas sindicales, afirmó que la propuesta para regular el outsourcing en México tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos.
«Las más recientes presiones se dieron desde el Legislativo y no desde el Ejecutivo y específicamente de la Asamblea de Representantes, esto tiene que ver con esa relación de los demócratas con los sindicatos. Ya era parte de la conversación el hecho de que el outsourcing impide el ejercicio de la libertad sindical en México», consideró.
Grupos disidentes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana acusan que el padre de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Arturo alcalde Justiniani, es asesor desde hace muchos años de Francisco Hernández Juárez y ello ha influido en favor del dirigente vitalicio de los telefonistas quien tiene 44 años al frente de ese gremio.
Expusieron que la secretaria alcalde Luján avaló la más reciente reelección, la número 14, de Hernández Juárez, pese a que fue un proceso desaseado, plagado de irregularidades, que de nueva cuenta violó los estatutos del STRM, en los que está prohibida la reelección, y la cual se llevó a cabo sin cumplir con el decreto de emergencia sanitaria, por lo que se puso en riesgo la salud y la vida de los telefonistas.
En una conferencia de prensa, Benito Méndez Castro, de la corriente Telefonistas Construyendo Democracia; Francisco Núñez, de Renovación Democrática Telefonista, José del Refugio Cano y José Montealegre, del Frente Telefonista Alternativo señalaron que, aunque formalmente Arturo Alcalde no aparece como asesor jurídico del STRM, tiene una relación añeja con Hernández Juárez y en los hechos lo asesora en materia sindical, e incluso apareció en la reciente elección.
Argumentaron que el abogado laboral influye en las decisiones de su hija. De otra forma, “se explica que la titular de la STPS actúa de forma distinta en el caso del sindicato telefonista, si se compara con el caso del sindicato petrolero, en el que estableció reglas y condiciones para la elección.
Los inconformes denunciaron las irregularidades y omisiones que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Comisionados y Comisión Nacional Electoral instruidos por Francisco Hernández Juárez; llevaron a cabo un proceso electoral violatorio de los estatutos y de la Ley Federal del Trabajo.
Además de violentar el decreto de emergencia sanitaria impuesto por el gobierno federal el día 27 de marzo, poniendo en riesgo la salud y la vida de compañeras y compañeros miembros de este sindicato.
Refugio Cano y Francisco Núñez aseguran que al líder telefonista sólo le interesa su proyecto familiar, ya que tienen a toda su familia en cargos sindicales como a su hija, hijos, hermanos, hermanas y demás parientes.
El grupo de inconformes manifestaron que continúan los mismos vicios y acuerdos entre dirigentes sindicales, abogados y las autoridades laborales, señalando que dentro de su sindicato, las cuotas sindicales de los Telefonistas han servido para asesorarse y comprar lealtades.
Asimismo, dieron a conocer la represión sindical que han sido sujetos cientos de sindicalizados de todo el país, por manifestar posicionamientos contrarios o disidentes al dirigente nacional. Tal es el caso de la localidad de Mérida; Yucatán, en donde dos agremiados que denunciaron anomalías al interior de su comité local, fueron sancionados por más de 7 años y no se les permitió su jubilación, los cuales fallecieron.
De la misma manera existen casos de BCS, Guadalajara, Edo México, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, etc. En esta última localidad a dos compañeras jubiladas de nombre Rosa Verónica Varela Ruiz Y Rosa Elva Trujillo Cantú las sancionaron por defender uno de los derechos más importantes de nuestro CCT que es la jubilación.
También externaron su rechazo a la propuesta de la empresa Telmex en comprar parte de la jubilación de los telefonistas por acciones sin garantía, dejando a un lado la atención y solución de múltiples problemas que aquejan la operación de la empresa.
Pues aseguran que la pretensión de Telmex, al ofrecer un paquete accionario por una parte de la pensión jubilatoria, para los trabajadores activos y jubilados, cuando la empresa no cotiza en la bolsa de valores. Propuesta ilegal toda vez que los salarios y las pensiones deben pagarse en moneda de curso legal, y no con valores bursátiles.
Por ello, los telefonistas, defendemos a toda costa nuestras jubilaciones, prestaciones logradas desde 1926. La empresa les llama pasivo laboral, concepto de la contaduría empresarial. Telmex tiene la obligación legal de pagar las jubilaciones.
“La empresa aspira a la contratación de personal de nuevo ingreso sin la prestación jubilatoria pactada en el contrato colectivo vigente. La sustracción de materia de trabajo, equipo y herramientas de los nuevos servicios digitales. Todo lo cual ha sido llevado a las empresas Triara, Red Uno, Telcel e Infinitum.
Dijeron que han interpuesto varios recursos contra la toma de nota a Hernández Juárez, la última ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y están en espera del resultado, aunque en la página de la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS se establece ya que va a seguir como secretario general del Sindicato de Telefonistas hasta 2024.
Así como un amparo ante un Juzgado Administrativo, una demanda de amparo contra la emisión de la toma de nota de la elección; contra la validez del proceso electoral y por no garantizar el pleno uso de los derechos sindicales.
La pandemia por el Covid-19 no ha sido motivo para descuidar las acciones que se llevan a cabo para erradicar el trabajo infantil en San Luis Potosí; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene inspecciones en cruceros y centros de producción agrícola, a fin de detectar cualquier abuso hacia menores de edad, así como también atienden las quejas que se presentan en torno a este tema.
Aseguró lo anterior el titular de la dependencia estatal, Manuel Lozano Nieto, quien comentó que, están colaborando en conjunto con la Secretaría del Trabajo Federal, el DIF estatal y la Comisión Derechos Humanos, en diversas acciones que se están realizando para tratar de erradicar el trabajo infantil.
Detalló que, lo principal que están haciendo son las inspecciones en los cruceros, pero también continúan visitando los centros de producción agrícola, sobre todo en la zona Altiplano y en la zona Media, verificando que las condiciones laborales sean adecuadas para sus trabajadores y que no se estén contratando menores de edad; asimismo, están dando seguimiento a las quejas que reciben en la Secretaría, precisamente en torno a la contratación de menores, aunque también algunas de condiciones no aptas para la labor en general.
No obstante, el funcionario aclaró que de momento no han detectado casos graves, como el que se presentó en el 2017, cuando recibieron una queja que incluso fue presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A partir de ahí, dijo, se implementaron acciones para tratar de prevenir hechos como ese, incluso la UASLP les ha brindado apoyo en el desarrollo de la estrategia que están implementando.
“No es un tema que hayamos descuidado por circunstancias de pandemia, o por otras labores que estamos haciendo en la Secretaría. Fuera de estas acciones específicas que se han implementado, de verificación e inspección en los cruceros, no hemos detectado nada con mayor problema”, expresó.
El debate y el análisis colectivo pueden perfeccionar aspectos de la iniciativa de reforma en materia de subcontratación para que cumpla su cometido de impedir la sustitución, la simulación y la suplantación patronal en detrimento de los derechos laborales, concluyó el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, luego de conocer que la Cámara de Diputados realizará un Parlamento Abierto para discutir la propuesta enviada por el Ejecutivo.
Luego de la reunión plenaria del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral informó que en la realización de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados este lunes y martes, el debate y el análisis colectivo pueden perfeccionar algún aspecto de la iniciativa para que sirva mejor a: impedir la sustitución, la simulación y la suplantación patronal en detrimento de los derechos laborales.
Coordinado por Alfonso Bouzas, abogado que participará también en el Parlamento, dijo que “el Observatorio considera que la iniciativa ayudará a impedir las prácticas más nocivas que se han amparado en las disposiciones legales relativas a la subcontratación; y procurará un mejoramiento del mercado de trabajo promoviendo la creación de empleos decentes o dignos de acuerdo a la definición de la OIT.
Por ello, el Observatorio resolvió apoyar la iniciativa para reivindicar el interés social, abandonado en las reformas a la LFT de 2012 y que la iniciativa que ahora presenta el PAN reitera la visión del trabajo como mercancía.
Consideraron que es equivocado decir que la iniciativa presidencial prohíbe tajantemente la contratación de trabajadores para que presten sus servicios o realicen obras por una empresa contratista en favor de otra empresa beneficiaria. “Una revisión del artículo 14 de la iniciativa referida desmiente esa aseveración. Por ello, advierte el Observatorio que la posición patronal busca injustificadamente atemorizar a los trabajadores que prestan sus servicios bajo estas modalidades”.
Bouzas destacó que más adelante se requerirá una mejor regulación de las relaciones laborales para abarcar otras formas de subcontratación o de relaciones laborales que igualmente vulneran gravemente los derechos laborales.
“Entre ellas, en primer lugar, el servicio por medio de plataformas digitales por las cuales se contrata el transporte de pasajeros, la entrega de paquetes o de alimentos a los clientes que lo solicitan por medio de teléfonos celulares o de los portales de internet. En estos casos, las empresas no reconocen ninguna obligación patronal y han dejado completamente desamparados a los trabajadores. Igualmente, el Observatorio ve con agrado que el Congreso avance en la regulación del teletrabajo”, indicó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó hace dos semanas la iniciativa de reforma al outsourcing, que busca prevenir el uso de esta modalidad de subcontratación laboral en el país.
La intención del gobierno es que, con esta iniciativa, este tipo de trabajadores pasen a formar parte de la nómina de la empresa a la que prestan sus servicios. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), resalta la importancia de las empresas de outsourcing o subcontratación en México, “porque con ellas puedes atraer a muchas micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a la formalidad”.
Hace unos días se propuso eliminar el outsourcing, ¿de qué tamaño es el mercado laboral en este esquema?
Según los registros del Inegi, en el país hay cerca de 4.5 millones de personas en el modelo de subcontratación, de los cuales 1.5 millones pertenecen a las microempresas.
Estas empresas utilizan mucho este modelo porque requieren de gente experta que les ayude a manejar todo lo que implica el tema de llevar una nómina, que si no pagas a tiempo o no pagas bien te caen multas, recargos y actualizaciones.
Ahí es donde está la importancia de estas empresas de subcontratación, porque con ellas puedes traer a muchas empresas pequeñas a la formalidad.
¿Cómo nos damos cuenta si un trabajo está bajo outsourcing o es informal? Primero, tienes que tener un contrato por escrito con la empresa con la misma razón social, si es una subcontratadora debe de tener la razón social de la empresa; segundo, que no te estén cambiando de contrato cada mes o que te pague diferente empresa cada mes, esto pasa muchísimo; tercero, deben revisar en tu afore que esté registrado el salario que realmente está en el contrato. Eso son las tres primeras cosas que deben checar cuando son contratados formalmente, sea directo o indirecto con la empresa.
Este año aumentó la desocupación y hubo recortes salariales. ¿Cuándo podremos recuperar los niveles previos?
Puede tardar hasta tres o cuatro años en recuperarse los niveles de empleo que se tenían previos a la pandemia. Los recortes salariales fueron una estrategia para no perder tantos empleos, hubiéramos perdido más de tres millones de empleos si no se hubieran hecho estas negociaciones con los trabajadores.
En cuanto a su recuperación va ser paulatina y dependerá del crecimiento de la economía, de la inversión y del fortalecimiento de los ingresos de las empresas, sobre todo en las pymes que son las que más empleos generan, ya que la recuperación salarial no es solo volver a lo que ganabas antes, sino ganar un poco más al subir el sueldo con la inflación, y eso va a tardar más aún, como cuatro o cinco años.
Lo mismo pasará con los empleos, recuperar lo que perdimos más lo que dejamos de generar desde 2019, que fue cuando se empezó a deteriorar la creación de nuevos empleos, llevará tiempo.
¿Qué necesitamos para impulsar la creación de más empleos formales?
Para evitar la informalidad en el país, el gobierno debe de supervisar, vigilar y sancionar las relaciones laborales en México. Por años ha existido este vacío, por eso es que muchas empresas optan por este camino, porque no pasa nada.
Lo primero que se tiene que hacer es que efectivamente se haga una supervisión y se cumpla la ley. La propuesta de un organismo interinstitucional entre el SAT y la Secretaría del Trabajo en la reforma para hacer una adecuada fiscalización vía sistemas puede ayudar a este efecto.
¿Podría la reforma al sistema de pensiones impulsar la formalidad en los empleos en México?
No. Creemos que como viene la nueva Reforma al Sistema de Pensiones no motivará la formalidad en absoluto, debido a que se incrementan las aportaciones que hace el patrón a las prestaciones sociales del trabajador, como son el aguinaldo, la prima vacacional, IMSS e Infonavit, de 35% a 44%, son casi nueve puntos porcentuales y no es un incentivo el hecho de pagar más, al contrario, es un incentivo para salirse de la formalidad. Lo que necesitamos son más empleos formales.
La corrupción y desregularización de procesos son «caldo de cultivo» para accidentes en centros de trabajo del sector minero, advirtió Luisa María Alcalde titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El sector minero puede continuar con la reducción de riesgos ligados a su actividad a través de innovaciones en sus procesos, la incorporación de nuevos elementos tecnológicos y la capacitación de su personal, señaló la Secretaria.
«La corrupción, la desregularización de varios procesos mineros son caldo de cultivo para los accidentes que van ocurriendo. Los riesgos se pueden reducir al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad tales como tener al personal capacitado, proveer los equipos de protección y las herramientas adecuadas para cuando están realizando sus distintas tareas.
«Indispensable también es revisar las condiciones de seguridad e higiene tales como ventilación, polveo, barrenación y contar con todos los estudios actualizados en mecánica de roca y geohidrólogicos, por mencionar algunos», dijo titular de la dependencia.
El papel del Gobierno es fundamental para la aplicación de las normas del sector minero, pero también es importante la toma de conciencia por parte de las empresas para hacer posible que los principios que integran el marco jurídico sean una realidad en beneficio de los trabajadores, agregó Alcalde.
La industria minera tiene una tasa de incidencia de accidentes de trabajo 38 por ciento menor que la media nacional, mencionó Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) durante la entrega de los Casco de Plata, reconocimiento que se otorga a las unidades mineras con mejores prácticas de seguridad del País.
La media nacional de incidencia de accidentes de trabajo es de 2.0 mientras que la minería cuenta con una tasa de 1.24, la actividad económica con mayor incidencia es la compra venta de tiendas de autoservicio con una tasa de 3.72.
«Las estadísticas que tenemos del año pasado (2019) es que tuvimos una reducción del 24 por ciento en el Índice de incidencia que actualmente se ubica en 1.24. Nos posiciona muy por debajo de la media nacional.
«Nuestro objetivo es y seguirá siendo la búsqueda de cero accidentes», dijo Alanís.
De los 288 centros de trabajo incorporados en el sector minero-metalúrgico, 233 cuentan algún reconocimiento de empresa segura, agregó Alanís.
En Chiapas la historia dentro de una justicia laboral, arranco este 18 de noviembre resultando una fecha que pasará a las páginas claves de la historia de México en materia laboral, el nacimiento del nuevo modelo de solución de conflictos entre empleados y patrones marca el inicio y final de una era. El cambio gradual que vivirá México a partir de este martes 18 es profundo, coinciden autoridades federales y estatales involucradas en el proceso.
A partir de hoy, los conflictos laborales serán resueltos con un modelo que apuesta por la conciliación y una solución pronta y expedita en un máximo de 45 días. Las demandas pasarán por el Centro de Conciliación y Registro Laboral para mediación y, en caso de no resolverse por esta vía, llegarán a manos de un Tribunal Laboral. Este modelo comenzará a operar de manera gradual en ocho entidades federativas, con instancias conciliatorias y judiciales federales y locales. Operará a plenitud en todo el país a mediados del año 2022. La primera fase contempla a Chiapas, Campeche, Durango, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, entre otros.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) advierte que el nuevo modelo de justicia laboral “va en serio” y el cambio no será superficial.
“Como autoridades, tenemos la obligación de dar un mensaje claro e inequívoco: haremos valer y hacer valer las nuevas reglas de convivencia laboral, reglas comunes que todos debemos cumplir. Esto no sólo va a robustecer el Estado de Derecho, sino que generará mayor certidumbre y estabilidad en cada centro de trabajo y atraerá más inversiones, certeza en el tratado comercial del T-MEC y de los derechos de los trabajadores”, destacó la funcionaria federal.
Por su parte, Alfredo Domínguez Marrufo, primer director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro Laboral), pilar del nuevo modelo, opina que el cambio no es sólo de normas o instituciones, sino de cultura. El nacimiento del nuevo sistema de solución, agrega, implica el fin de una industria de litigio que apostó por juicios largos. Por cierto, el próximo miércoles 25 del presente Diario de Chiapas tendrá una entrevista con el titular Domínguez Marrufo, vía remota, para conocer más de este nuevo modelo laboral en Chiapas.
Poder Judicial del Estado pone en Marcha la Reforma Laboral.
Priorizando la armoniosa relación obrero-patronal del espíritu de la Reforma Laboral, el Poder Judicial del Estado de Chiapas inició la implementación del nuevo Modelo Laboral, sumándose al arranque nacional decretado por la Federación, en beneficio de todas y todos los chiapanecos.
Así lo anunció el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios, acompañado de las consejeras de la Judicatura Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barboza, teniendo como testigos de honor al secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos en representación del titular del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo.
De esta manera, Chiapas, en sincronía con el Gobierno Federal, está listo para cumplir con el espíritu de la Reforma Laboral decretada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador e implementada en la entidad, con un sentido de responsabilidad y coordinación, por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
En este contexto, el magistrado presidente Juan Trinidad Palacios, señaló que esta implementación denominada “Nuevo Modelo Laboral: Primera Etapa”, anunciada en la Ciudad de México, tiene impacto directo en los chiapanecos, toda vez que incentiva las mejores condiciones de la relación entre los obreros y patrones, detonando el mismo tiempo las mejores condiciones de desarrollo económico.
Se beneficia Chiapas con Nuevo Modelo Laboral: Senador Ramírez Aguilar.
El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, expresó su beneplácito por la participación de Chiapas en la primera etapa del “Nuevo Modelo Laboral” que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Ante los titulares de los Poderes de la Unión, gobernadores, funcionarios del Gabinete Federal y representantes del sector laboral, el legislador chiapaneco destacó su interés por seguir en la ruta de la democracia y justicia laboral.
Afirmó que, la gran apuesta del nuevo modelo laboral, es la conciliación; se pretende que cuando menos el 60 por ciento de los conflictos que se den entre trabajador y patrón, se resuelvan mediante la negociación, sin necesidad de llegar a juicio, porque se prevén resoluciones más prontas de conflictos laborales.
Además, -dijo- los trabajadores podrán elegir libremente a sus representantes sindicales; “la libertad, la autonomía y la democracia sindical son principios garantizados en la Constitución y en la Ley”. Las entidades que forman parte de la primera etapa de la reforma laboral, que se da en el marco de la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), son: Chiapas, Tabasco, Estado de México, San Luis Potosí, Durango, Tabasco e Hidalgo.
Destaca funcionaria estatal las bondades del Centro de Conciliación Laboral de la entidad, el cual cuenta con oficinas en Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Texcoco.
En un encuentro virtual, la funcionaria estatal destacó las bondades del Centro de Conciliación Laboral de la entidad, el cual cuenta con oficinas en Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Texcoco.
En conjunto con Julio César Vanegas Guzmán, Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, dio a conocer que se cuenta con 100 conciliadores, de los cuales, 65 son mujeres.
Agregó que en el Centro de Conciliación Laboral, trabajadores y empresas podrán resolver sus diferencias, a través del apoyo de un conciliador laboral especializado en la mediación de conflictos, dando agilidad y certeza al proceso, para alcanzar acuerdos justos.
Destacó que el Estado de México es uno de los ocho estados de la República que ya pusieron en marcha el nuevo Sistema de Justicia Laboral y es punta de lanza en la materia porque fue el primero en contar con su director y en capacitar y certificar a su personal.
González Calderón detalló que, entre otros objetivos, la Reforma laboral busca que las controversias obrero-patronales se resuelvan con mayor transparencia y rapidez, a través del diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre las partes.
Por su parte, Julio César Vanegas Guzmán, Director General del Centro de Conciliación Laboral, informó que este organismo de la Secretaría del Trabajo estatal ofrece y presta el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa a un juicio ante los Tribunales Laborales del Poder Judicial.
Resaltó que la conciliación se posiciona como uno de los medios más eficaces para solucionar las controversias laborales, no sólo por la proclividad a encontrar la mejor solución para todos, sino porque permite a los involucrados responsabilizarse y poner fin a sus conflictos dentro del marco de la ley.
