Las denuncias de empleados por el impago de este derecho laboral persisten pese a la más reciente reforma laboral
Alonso Díaz, de 38 años, trabaja en una maquila en Ciudad Juárez y todavía no ha recibido “ni un peso” como pago de utilidades. En los últimos cuatro años, habían sido como mínimo unos 12.000 pesos. Incluso en 2020, cuando la maquila cerró varias semanas debido a la covid-19, recibió puntualmente su pago. “El año de pandemia, que paramos constantemente la planta, recibimos 14.000 pesos y qué casualidad que este año que pasó no paramos ni un día, pero no hay nada”, dice. “Queremos una explicación”.
Él y sus compañeros organizaron un paro para exigir el pago. Sin embargo, el gerente salió a decirles que se volvieran al trabajo, que la empresa no tuvo ganancias en 2021 y que, en lugar del pago de utilidades habitual, les iban a dar un bono, sin especificar la cantidad. “Estamos esperando a que caiga a ver de cuánto va a ser el dichoso bono, pero seguro será menos que las utilidades”, afirma el trabajador, que fabrica empaques para televisiones y refrigeradoras.
En México, las empresas están obligadas a repartir a los trabajadores las utilidades a los trabajadores que laboraron un mínimo de 60 días en el año. La eliminación del outsourcing para servicios no especializados en verano del 2021 ha cerrado una forma que tenían las empresas de dejar de pagar a sus empleados las utilidades. A inicios del año, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, calculó que derivado de esta reforma laboral, unos tres millones de trabajadores más recibirían utilidades este año, equivalente a unos 100.00 millones de pesos. El pago de este derecho laboral no es obligatorio para las compañías con menos de un año de operación, ni para las que tuvieron un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta menor a 300.000 pesos.
A unos 847 kilómetros de Ciudad Juárez, en los campos agrícolas del Estado de Baja California, Abelina Ramírez cuenta una historia similar de excusas y malos tratos por parte de sus patrones. La mujer, oriunda de Oaxaca, emigró hace 20 años al Estado fronterizo en busca de un mejor futuro. Este año, afirma con la voz raspada por el coraje, ha recibido menos de 100 pesos de utilidades. “Nosotros hicimos un gran trabajo durante la pandemia, el único sector que nunca paró fueron los jornaleros agrícolas, cómo pueden decir ahora los grandes empresarios que no hubo ganancias cuando nunca paramos, los camiones seguían yendo llenos”, relata la jornalera y secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA).
Durante las últimas dos décadas, los cultivos han cambiado de los pepinos a las berries, pero los abusos laborales, afirma Ramírez, siguen siendo los mismos. Ella y cientos de agricultores, laboran en Rancho Nuevo Produce por un salario de 260 pesos diarios. Su patrón justificó las utilidades en mínimos debido a la pandemia, la crisis económica y los gastos extras ocasionados por el gel, mascarillas y otros enseres para hacer frente a la crisis sanitaria. Razones, sin embargo, que nunca estuvieron sustentadas en documentos, o por lo menos nunca se les mostraron a los trabajadores que exigían mayores utilidades. Por ello, los empleados decidieron irse a paro el pasado martes 31 de mayo y después de 24 horas de brazos caídos, la compañía accedió a sentarse en una mesa de negociación junto con representantes de la Secretaría del Trabajo.
Gonzala Ruano detalla que dicha junta con los representantes de la empresa y de la Secretaría del Trabajo acordaron volver a reunirse en tres semanas con los directivos de Rancho Nuevo Produce, en este plazo los inspectores laborales se comprometieron a revisar las ganancias de la empresa en 2021 y con base en ello les comunicarán a los jornaleros si las utilidades recibidas corresponden a lo que les dieron. “Algunos ranchos sí dieron repartos de utilidades, pero la molestia de algunos trabajadores es que para ellos fue una burla que trabajaron todo el año y les vienen dando 40 o 70 pesos, sin ningún comprobante fiscal, nada solo les dieron el dinero así, en sobres de papel, en la mano y ya”, denuncia Ruano.
Alonso Díaz reconoce que no tiene manera de comprobar si lo que dice la empresa sobre la falta de ganancias es cierto. En la maquila no hay sindicato que pueda representarlos frente al empleador. “Uno no sabe de leyes”, confiesa. Un abogado que Díaz consultó le dijo que no valía la pena: “Pa’ lo que te van a dar no pelees”. Pero los 14.000 pesos que hubiese podido recibir sí le habrían ayudado para tapar agujeros. La suma equivale a mes y medio de salario. “El año pasado ese dinero lo invertí en echar un piso, hacer una herrería para mi casa, enllantar la camioneta…”, enumera.
La abogada laboralista Mayra Cruz, de CG Abogados, apunta a la dificultad de saber si la empresa está siendo justa en el reparto de utilidades, sobre todo cuando no hay sindicato. “El patrón tiene la obligación de entregar al sindicato la declaración anual o la carátula fiscal donde se ven las percepciones anules de la empresa. Si no hay sindicato, el patrón puede hacer el pago de cualquier cantidad sin la transparencia necesaria”, señala.
Cuando va a juicio, la abogada reclama que la empresa exhiba la declaración o pide al SAT el informe fiscal para saber si se hicieron trampas. Sin embargo, tan solo esta semana Cruz recibió 20 peticiones de asesoría, aunque la mayoría no se atreve a demandar por miedo al despido y la duración del juicio -entre año y año y medio-. “Desafortunadamente, nuestras autoridades laborales son muy lentas”, dice la abogada.
El especialista en temas laborales, Manuel Fuentes, advierte además de que la Secretaría del Trabajo carece de recursos para hacer frente a la cantidad de inspecciones que se requieren para verificar el cumplimiento de este derecho por cada centro laboral. De acuerdo con una solicitud de información que su despacho presentó, la Secretaría del Trabajo dio cuenta de que sus inspectores de 732 a 525 personas de 2018 a 2019. Fuentes reconoce que los litigios para exigir el pago de utilidades pueden demorar hasta tres años, motivo por el que muchos empleados terminan desistiendo.
Por: KARINA SUÁREZ JON MARTÍN CULLELL / El País México
