Por: Redacción /Pulso Laboral
EN las negociaciones del nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), por sus siglas en inglés) se cuidaban aspectos fundamentales para el sector automotriz, el agro y el comercio, en el terreno laboral avanzaban, de manera sigilosa, las exigencias que Estados Unidos pretende que México cumpla.
Las relaciones laborales no formaban parte íntegra del acuerdo comercial original. En ese tema, los socios acordaron cartas paralelas, que se cumplían, «de buena fe», por México, Estados Unidos y Canadá, respetando la dinámica del mercado laboral de cada nación.
El 27 de agosto de 2018, la historia cambió. En el documento del acuerdo que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se incluyó un capítulo laboral con las obligaciones que se deben cumplir, como el derecho de los trabajadores a elegir su sindicato y que la contratación laboral sea transparente. Ahora, de no cumplirse, existe la posibilidad de que se abran paneles en determinados sectores o industrias que podrían afectar el comercio, explica Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El acuerdo todavía debe ser aprobado por los Congresos de los socios comerciales.
Anteriormente, la parte laboral en el TLCAN no tenía dientes, se podía presentar una denuncia si una empresa lo incumplía, pero no pasaba nada más.
«Ahora, como está estructurado el tratado, si un país se queja del otro por violaciones a su legislación, el país denunciante tendría derecho a imponer sanciones económicas al denunciado. Y el incumplimiento traería como consecuencia la imposición de un arancel especial que afectaría a México», detalla Salvador Pasquel, socio en Baker McKenzie.
Existen tres principios básicos que se deben cumplir: la , libertad de asociación, de negociación colectiva y mejorar la impartición de justicia laboral.
Bajo estos principios, las empresas tienen que revisar los esquemas de representación sindical con los que ha firmado contratos colectivos de trabajo.
Éstos deberán ser producto de una elección libre de parte de sus trabajadores, a través de la integración de comités con la participación de los trabajadores de cada centro laboral.
«Al final, se busca eliminar aquellas representaciones sindicales que no cuenten con el apoyo de la mayoría de los trabajadores», explica Óscar de la Vega, socio de la firma De la Vega & Martínez.
El acuerdo comercial obliga también a revisar los costos laborales y a establecer bonos de productividad autofinanciables con objeto de mejorar el ingreso de los trabajadores. Las empresas, por cumplir un aumento salarial, podrían llevarlo acabo, pero sin vincularlo a la productividad y a metas perfectamente establecidas, lo cual podría traerles problemas de incumplimiento del tratado.
El Capítulo Laboral del USMCA se suma a la transformación de las relaciones laborales, que, de manera interna, experimenta nuestro país, afirma Germán de la Garza, socio del despacho Mowat.
Es importante que las empresas inicien un proceso de revisión para desactivar aquellos problemas laborales de índole colectivo que puedan motivar paros o huelgas. «Los empresarios deben ser sensibles a los cambios político-laborales», advierte De la Vega.
Las obligaciones asumidas por México a nivel internacional, en el Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (antes TPP), en el ahora USMCA, así como la reforma constitucional promulgada en México en febrero de 2017 y el Convenio 98 de la OIT recientemente ratificado, exigen cambios a la Ley Federal del Trabajo, que deben ir en la misma ruta de fortalecer la libertad sindical y de contratación colectiva con una nueva impartición de justicia.
El Convenio 98 de la OIT, que México ratificó en septiembre después de casi 70 años, requiere, para su aplicación y cumplimiento, modificaciones a las leyes mexicanas, dice Ancelmo García, especialista laboral y colaborador de la OIT.
La tarea está en el Congreso, que debe impulsar las leyes secundarias que permitan establecer reglas claras sobre cómo deben comportarse los sindicatos y cómo decidirán los trabajadores su participación en la vida sindical, si desean tenerla.
Se espera que la reforma de impartición de justicia derive en modificaciones importantes en la tramitación de juicios, en los despidos y en los procedimientos especiales de titularidad de contrato. «Si bien habrá beneficio para los trabajadores, y algunas exigencias para los patrones, también implica cambios para los líderes sindicales, pues se pretende que un mismo sindicato deje de representar a 20 o 30 organizaciones o sectores, como sucede ahora», dice García.
Los contratos colectivos de trabajo no activos o de protección podrían poner en riesgo la estabilidad laboral de las empresas. Por ello, antes de firmar un contrato deben asegurarse de contar con la aprobación de los trabajadores.
«Es un cambio de cultura, de seguir procesos para dar cumplimiento a las nuevas relaciones. Es atender el voto de los trabajadores, de dar a conocer los contratos, de no firmar anticipadamente con sindicatos. Sabemos que no es sencillo. porque ello podría traer inestabilidad en las empresas ante la disputa de contratos de trabajo por parte de los sindicatos», agrega De la Garza.
La afiliación de los trabajadores a los sindicatos deberá ser voluntaria sin temor a la amenaza de las cláusulas de exclusión (el sindicato es el que decide si se incorpora al centro de trabajo), que son contrarias a la libertad de asociación. /Expansión
Líder obrero confía en compromiso de López Obrador con justicia laboral
NOTIMEX
16.10.2018
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene una firme convicción laboral y social, y así lo demostró cuando fue jefe de gobierno, al dar respuesta a los planteamientos de la base trabajadora, por lo que se espera ocurra lo mismo durante su administración, afirmó el líder obrero Joel Ayala Almeida.
El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) confió en que con el próximo gobierno exista comunicación directa y clara que atienda sus demandas sociales y económicas, pues hay certidumbre y confianza en las acciones que instrumentará en su momento el próximo titular del Ejecutivo federal.
Entrevistado en el edificio principal de la FSTSE, sostuvo que el presidente electo está del lado de los trabajadores en su decisión de conservar derechos y conquistas en todo el ámbito de la justicia laboral.
El líder de la burocracia nacional recordó que López Obrador habló del traslado de diversas dependencias federales a varios estados del país y de que en este proceso de descentralización se respetarían los derechos de los trabajadores de base y sindicalizados, quienes no perderán su fuente de empleo y su cambio sería voluntario.
De llevarse a cabo dicha descentralización administrativa, deberá ser gradual y parcial, basada en la capacidad presupuestal y otros condicionamientos que puedan aportar la posibilidad de que ésta se cumpla, afirmó Ayala Almeida.
La decisión de mudarse de una entidad a otra, dijo, se llevaría a cabo bajo el estricto sentido de que los trabajadores cuenten con vivienda digna, servicios médicos de calidad y con infraestructura educativa completa en todos los niveles, incluyendo el profesional, y que se vea palpable el mejoramiento de su calidad de vida.
El dirigente reiteró la posición de esta central, que agrupa a 89 sindicatos, de dar vigencia a los derechos y conquistas laborales de los sindicalizados, así como a favor de la unidad e integración del seno familiar, que es la que permite el reforzamiento de la paz social.
Joel Ayala recordó que por conocimiento propio, durante la administración de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México hubo una relación de respeto institucional y de una coordinación estrecha con la FSTSE. Esta, añadió, tuvo beneficios palpables, como la construcción de 10 mil viviendas y la incorporación a 21 mil trabajadores al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Hay una afirmación de un futuro consistente, con certidumbre para los trabajadores de México y en particular para los empleados al servicio del Estado, concluyó.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/432747/0/lider-obrero-confia-en-compromiso-de-lopez-obrador-con-justicia-laboral/
Coahuila: Logra junta de conciliación y arbitraje de región centro acuerdos entre trabajador y patrón
Favorece a ambas partes llegar a acuerdos económicos fuera de juicio
lunes, 15 de octubre de 2018
Monclova, Coahuila de Zaragoza.- 15 de Octubre del 2018.- La nueva cultura laboral implementada por la Secretaría de Trabajo del Estado (ST) en conflictos obrero-patronales de llegar a acuerdos previos entre la partes, ha permitido que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Monclova haya conciliado intereses, incluyendo 461 convenios dentro de juicio en lo que va del año, informó Ricardo Aguirre Cuéllar, titular de la oficina local.
Destacó que, en promedio, se pueden llegar a registrar hasta 200 demandas mensuales por desacuerdo entre los patrones, o en su caso bajo el argumento de despidos injustificados.
El llamado es cumplir las indicaciones del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, de privilegiar el diálogo entre las partes en conflicto.
Lo que da un total estimado en más de dos mil 200 demandas a lo largo de un año en las oficinas de la dependencia regional.
«La aplicación de una nueva cultura laboral permite que se resuelvan los conflictos de una manera amistosa, conciliada, y que el trabajador obtenga un beneficio inmediato. Somos Junta de Conciliación en una primera instancia”, precisó.
Consideró que es un órgano de justicia laboral que le apuesta, antes de pasar a una demanda que pueda ser larga, cansada y tediosa, a que tanto trabajador como patrón (o representante legal) lleguen a un buen acuerdo en cuanto a lo económico que se pueda otorgar al empleado.
«En este sentido, hacen un convenio, el cual se establecen prestaciones, contraprestaciones que se liquidan y se eleva la categoría de Laudo Arbitral, lo que sirve a ambas partes para legitimar su desempeño”, indicó.
Reconoció que en la Región Centro hay una buena disposición de los patrones por solucionar la problemática que presentan por medio de negociación y convenios conciliatorios, antes que llegar a una demanda.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/10/15/logra-junta-conciliacion-arbitraje-region-centro-acuerdos-entre-trabajador-patron-765664.html
Iniciativa va contra outsourcing simulado
Borrador de propuesta legislativa plantea erradicar la subcontratación de personal en casos en los que no está plenamente justificado por los empleadores.
María Del Pilar Martínez
16 de octubre de 2018, 01:44
Una versión preliminar de la reforma secundaria laboral —que deberá discutirse en los próximos días en el Congreso de la Unión— contempla la eliminación de la subcontratación simulada; es decir, busca eliminar toda posibilidad de que patrones utilicen esta figura de contratación, también conocida como outsourcing, para casos en los que no está plenamente justificado.
Lo anterior se desprende de la versión que el grupo redactor, vinculado con la organización Observatorio Laboral, presentó sobre la propuesta de leyes secundarias para cumplir con la reforma constitucional de febrero del 2017. Así, en el Artículo 133 indica: “Queda prohibido a los patrones o a sus representantes (…) contratar trabajadores a través de otra empresa para simular una relación laboral”.
Abogados laborales consultados al respecto consideraron que no es clara la redacción de la propuesta, pues la simulación laboral se buscó eliminar desde la reforma del 2012, fecha en la que se incluyó por primera vez el término subcontratación en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Así, se estableció como requisitos que el patrón no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo con outsourcing; debe justificar el carácter especializado, y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
Al respecto, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) dijo que “una propuesta de esa naturaleza va en contra de la reforma del 2012, en donde se incluyó a la subcontratación como una manera de contratación de personal. La propuesta tiene una mala redacción y en todo caso debe detallar a qué se refiere con simulada, ¿cuándo es una contratación simulada?”.
En tanto, Ricardo Martínez, de De la Vega & Martínez, comentó que pretender eliminar la simulación es “complementario a lo que se ha incluido en la reforma del 2012; es decir, busca terminar con aquello que no cumpla con el Artículo 15-A, que ya regula la actividad de la subcontratación y establece tres requisitos”.
Por su parte, Germán de la Garza, de la firma Mowat, indicó que la subcontratación es una actividad reconocida en todo el mundo, incluso la Organización Internacional del Trabajo, siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores, por ello “pretender eliminarla en su totalidad será completamente absurdo, en todo caso se debe atacar el outsourcing que no cumple con los requisitos que están marcados en la ley”.
Alfonso Bouzas, especialista laboral de la UNAM, y quien forma parte del Observatorio Laboral para la Reforma Laboral, declaró que “la reforma del 2012 no ha repercutido en mejorar la contratación de trabajadores, a pesar de los tres candados que se pusieron a la subcontratación, esto no ha ayudado a reducir las malas prácticas en donde hasta sindicatos proveen de trabajadores a las empresas en este afán de simular la relación laboral”.
Actualmente, la Ley Federal del Trabajo prevé, en caso de utilizar la subcontratación de manera dolosa, una multa por el equivalente de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización.
pilar.martinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Iniciativa-va-contra-outsourcing-simulado-20181016-0036.html
Opinión / Alberto Barranco / Empresa
¿Fuera máscaras?
Balance general. Abortado, paradójicamente, ante la protesta de centrales sindicales de Estados Unidos de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el artilugio que pretendían los senadores sindicalistas Isaías González y Tereso Medina, al colar en una iniciativa de justicia laboral la posibilidad de generalizar la práctica del outsourcing o tercería, en el capítulo laboral del nuevo acuerdo mercantil se plantea una revisión del tema.
La intención, de cara a la equidad, es vigilar, justo, que la práctica de subcontratación, colocada originalmente, para fines de limpieza y mantenimiento, se siga extendiendo en un escenario en que existen empresas que utilizan la vía para sus ejecutivos.
La práctica coloca a éstos al margen de las prestaciones que se otorgan, es decir pólizas de gastos médicos mayores, bonos, participación accionaria, al ser contratados por una firma distinta… a veces creada por la propia empresa que los emplea.
La garantía de cumplimiento correría a cargo del nuevo gobierno.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/manipulan-cifras-del-imss
Jalisco: El Poder Judicial busca bolsa “extra” de 206 MDP
Los recursos se destinarían a la integración de salas especializadas en materia familiar, penal, laboral y una Sala Unitaria Regional
Por: El Informador
15 de Octubre de 2018 – 04:01 hs
Ricardo Suro Esteves (centro), presidente del STJ, refirió que el proyecto de Presupuesto 2019 que presentaron contempla los “mínimos necesarios” para enfrentar los rezagos que arrastran. EL INFORMADOR/Archivo
El Poder Judicial del Estado busca que, dentro del presupuesto del próximo año, se le autorice una bolsa de 206 millones de pesos adicionales a su gasto, para impulsar los proyectos especiales que tiene pendientes. Los recursos se destinarían a la integración de salas especializadas en materia familiar, penal, laboral y una Sala Unitaria Regional.
En la proyección de gastos para este año se había considerado que, para asumir las funciones en materia de , se requerirían 29.3 millones de pesos para conformar la sala especializada en la materia, cifra exacta requerida para la correspondiente a lo familiar.
Otro proyecto sin concretar es la Sala Unitaria Regional para brindar el servicio y evitar el traslado de personas que viven en las regiones del Estado a la metrópoli. Para esto se habían considerado 12.4 millones de pesos.
Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, refirió que el proyecto de Presupuesto 2019 que presentaron contempla los “mínimos necesarios” para enfrentar los rezagos que arrastran; puntualizó que los principales requerimientos están en el Consejo de la Judicatura para abrir más juzgados.
“Allí es donde más carencias hay, buscamos sensibilizar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las necesidades reales que existen. Hay carencias y hay urgencia por abrir mas juzgados y mejorar las condiciones”, comentó.
Para el Consejo de la Judicatura se piden mil 664 millones de pesos, lo que representa un aumento presupuestal de 46% en comparación con los fondos que le asignaron este año. Y para el Supremo Tribunal se solicitan 559 millones, más la bolsa adicional de 206 millones de los proyectos especiales.
Además, se mantiene la petición de recursos para pagar el haber de retiro a los magistrados del Supremo Tribunal que han dejado el cargo, tras cumplir los 70 años. Queda pendiente el pago a nueve juzgadores retirados, y en 2019 podrán retirarse los magistrados Leonel Sandoval Figueroa, Luis Ernesto Camacho Hernández, Sabás Ugarte Parra y Salvador Cantero Aguilar. Se requieren 64 millones para cubrirles esa prestación a los juzgadores.
El Artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco especifica que el haber por retiro estará constituido por el equivalente a 12 meses del salario integrado que el cargo de magistrado tenga asignado conforme al presupuesto de egresos del año que corresponda al pago de esta prestación, y el equivalente a 14 días de salario por cada año como magistrado.
Supremo Tribunal de Justicia
- Presupuesto 2018: 542.8 millones de pesos
- Solicitud para 2019: 559.1 millones de pesos
Consejo de la Judicatura
- Presupuesto 2018: 888.1 millones de pesos
- Solicitud para 2019: 1,664 millones de pesos
Tribunal de Justicia Alternativa
- Presupuesto 2018: 44.6 millones de pesos
- Solicitud para 2019: 107.4 millones de pesos
https://www.informador.mx/jalisco/El-Poder-Judicial-busca-bolsa-extra-de-206-MDP-20181015-0016.html
La Sub contratación, instrumento de simulación
Por: Jorge Viveros
En México, a 14 de octubre de 2018,
Según el IMSS, cerca del 80 por ciento de sus afiliados se encuentran registrados bajo el régimen de subcontratación (outsourcing). Se dijo en la exposición de motivos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 que sería para incrementar la productividad y competitividad de las empresas mexicanas, respetando los derechos de los trabajadores que obtendrían un salario decente. Se crearon los artículos 15 A al 15 D en los que se establecieron mínimas regulaciones para limitar abusos. Se estableció en el 15 A que el subcontratista presta servicios a un contratante con trabajadores bajo su dependencia; el contratante fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras; no abarcará la totalidad de las actividades de la empresa contratante; será para actividades especializadas y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
En los artículos 15 B y 15 C, se estipula que el contratante, al momento de celebrar el contrato con la subcontratista deberá cerciorarse que esta cuente con los documentos y elementos propios para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y que deberá cerciorarse permanentemente que cumple con las disposiciones en materia de salud y medio ambiente en el trabajo respecto de sus trabajadores. Se estipula que los subcontratistas no son intermediarios sino patrones, distintos al contratante que se beneficia con la prestación de servicios de los trabajadores al realizar funciones especializadas. A la fecha se ha convertido en un jugoso negocio de algunos despachos patronales, de transnacionales de contratación de personal y de corporaciones que han creado las propias, entre otros. La subcontratación es una mercancía que se ofrece para abatir costos fiscales, de salarios y seguridad social; nada qué ver con la especialización de servicios, aun cuando se ofrezca para distintos rubros. En un solo domicilio “operan” múltiples personas morales subcontratistas. Los despachos ofrecen servicio completo: la estrategia fiscal, salarial y de seguridad social y la asesoría jurídica, incluída la laboral, comprometiéndose a cubrir los gastos en caso de indemnizaciones. Una mercancía que reduce costos salariales, de seguridad social y fiscales: nada que ver con la especialización de los servicios que se prestarán, idóneos para aumentar productividad, calidad y competitividad del contratante.
Las consecuencias de la subcontratación han sido funestas para los trabajadores del país:
Para burlar la disposición de que un subcontratista no abarque a los trabajadores de toda la empresa, diversas personas morales contratan a los trabajadores según su actividad, así, en un hotel restaurante, los meseros son contratados por un patrón, las cajeras por otro, los intendentes por otro, etc; en un mismo domicilio laboran trabajadores contratados por 4 o 5 patrones diferentes e incluso, un solo trabajador está contratado por 3 patrones diferentes. Práctica común es cambiar a los trabajadores de patrón cada cierto tiempo, haciéndole firmar nuevo contrato afiliación al IMSS, etc., acompañados de una renuncia anticipada, sin entregarle copia de ningún documento; “nadie sabe para quién trabaja”. El domicilio de cada patrón se encuentra a cientos de kilómetros de distancia y, generalmente se ignora; es práctica cada vez más común, que el contrato se firme en un café, restaurante o en la calle. Constantemente se cambia al trabajador el registro patronal ante las instituciones fiscales y de seguridad social. Se da el caso de algunas empresas que “rentan espacios” a los subcontratistas para realizar “sus funciones”. Se dan casos de empresas que manifiestan no tener a ningún trabajador contratado ni afiliado a ninguna institución de seguridad social, motivando alguna tesis aislada de Tribunal Colegiado, en el sentido de que no es creíble que una empresa realice actividades sin trabajadores. Los salarios se depositan en cuentas bancarias en las que no se informa el nombre del depositante ni el número de cuenta de transferencia, es información reservada, no se entregan recibos de pago. Cientos de miles de trabajadores laboran en el mismo domicilio, mismo puesto de trabajo y realizando las mismas funciones para distintos “patrones”; otros cambian de domicilio para realizar las mismas funciones para la misma empresa, para distintos “patrones”. La totalidad de los subcontratistas son personas morales de papel que no realizan ninguna actividad productiva, de manufacturera, de construcción, de servicios, extractiva, profesional, etc., real y la mayoría no dan órdenes e instrucciones a “sus trabajadores” para el desempeño cotidiano de sus funciones. El mismo sistema, con sus particularidades, se aplica en todas las ramas de la economía mexicana: industria, servicios, banca, telefonía, minería, radio y televisión, etc. Se da la “pulverización” de los trabajadores en un mismo centro de trabajo o una misma empresa impidiendo su unidad, sindicalización y posibilidad de contratar colectivamente ya que todos trabajan para diferentes patrones, menos para el que se beneficia con su trabajo que establece contratos colectivos de protección conteniendo cláusulas que avalan y “legalizan” la subcontratación.
Una práctica común es que los trabajadores son inscritos en las instituciones de seguridad social con salarios muy inferiores a los devengados, deteriorando las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro que llevará a ínfimas pensiones jubilatorias con el paso de los años. En la reforma de 2012 se creó un capítulo de procedimiento especial para “conflictos individuales de seguridad social” con el que se deben ventilar, entre otros, los juicio contra las AFORE; en los artículos del 899-A al 899-G, estipulando en la fracción IV del C, que la demanda deberá contener el “nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social”. A la demanda deberán acompañarse, según la fracción VII, “los documentos expedidos por los patrones… o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos…” Estando el 80% de los trabajadores afiliados al IMSS bajo el régimen de subcontratación en las prácticas descritas, después de más de 24 años de cotizaciones, laborando para distintos “patrones”, personas morales de papel, radicados en domicilios diversos, dispersos por todo el territorio nacional, estarán imposibilitados para cumplir los requisitos de sus demandas, sobre todo, considerando que jamás se les proporcionan copias de contratos ni recibos de pago que únicamente firman.
Debe terminarse con esa figura de simulación laboral, de seguridad social y fiscal derogando los artículos 15A a 15D de la Ley Federal del Trabajo.
Acusa CTM a Junta de Conciliación de fomentar el sindicalismo blanco
Rebelión del corporativismo sindical... Sindicatos confederados adheridos a la CTM en Sonora denunciaron que autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) en el estado solapan la presencia del sindicalismo blanco al registrar contratos de protección que favorecen a malos patrones de empresas e industrias asentadas en la capital y otras ciudades del estado.
Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico
Dia de publicación: 2018-10-13
El presidente de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, Jorge Emilio Claussen Marín, es acusado por sindicatos cetemistas como responsable de manipular la ley a favor de la empresa de sacrificio porcino “Riser de Hermosillo”.
Lo anterior, luego que el funcionario dispuso reconocer y registrar en los libros de gobierno del tribunal laboral un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que la patronal presentó, previamente convenido con un sindicato independiente desconocido por la mayoría de los trabajadores y en contra de su voluntad.
Desde el pasado 19 de septiembre de este 2018 la planta de sacrificio porcino Riser se encuentra paralizada por un conflicto antisindical derivado de un juicio laboral encauzado por la CTM, mediante el cual, buscan disputar legalmente la titularidad del CCT que a ese momento administraba con la patronal un gremio independiente al que, aseguran, rechaza la base trabajadora.
La organización cetemista exigió por ese motivo el recuento sindical para que sean los trabajadores quienes definan mediante su voto libre, secreto y directo, que gremio los represente y los defienda de los abusos del patrón y jurídicamente ante la autoridad laboral.
Desde el 16 de agosto de este 2018 se presentó la demanda laboral por titularidad de CCT en la empresa de sacrificio porcino Riser asentada en el parque industrial de la capital sonorense.
Aun cuando el juicio laboral se radicó en tiempo y forma, la Junta local de Conciliación y Arbitraje omitió darle el curso legal que dicta la Ley Federal del Trabajo, además de negar la notificación al sindicato emplazado; tampoco procedió a acordar con las partes la fecha para el recuento sindical, ni convocó para tal efecto a todos los trabajadores de la fuente de trabajo.
“La Junta de Conciliación del Gobierno del estado no solo omitió el procedimiento legal que debe seguir toda demanda por titularidad como la radicada por la CTM, sino que, dos semanas después del emplazamiento fallido, sucedió lo peor:
Violando la ley, la autoridad laboral recibió y sancionó como válido un convenio presentado por el patrón y el sindicato independiente emplazado para la terminación del Contrato Colectivo materia del juicio por titularidad. Acto seguido, registró un nuevo Contrato Colectivo con otro sindicado ‘patito´ a espaldas y contra la voluntad de la mayoría de los trabajadores de la planta Riser”, manifiesta en el escrito de protesta el cetemio sonorense.
La CTM recrimina al Secretario del Trabajo en el estado, Horacio Valenzuela Ibarra, el hecho de que días atrás hiciera un llamado a los trabajadores en paro para que se reincorporaran a las labores, a lo que accedió el total de noventa inconformes paristas.
Para su sorpresa, su reincorporación a la producción solo sirvió para que los 90 paristas fueran notificados del despido de la fuente de trabajo de manera unilateral por el patrón, lo que es visto por la CTM como una flagrante violación a la libertad sindical y el derecho a la libre manifestación con la intromisión de la autoridad para dicho fin antijurídico.
El inicio del conflicto deriva de no pocas quejas de trabajadores del rastro Riser de Hermosillo que denuncian que algunos son obligados por el patrón a laborar dos horas y media posterior a la conclusión de la jornada convenida sin recibir el pago de tiempo extra correspondiente.
Los empleados denuncian a la empresa por negarles reiteradamente el pago por concepto de bono de productividad en jornadas a destajo y cuando el patrón opta por pagar tal prestación, lo hace con un monto menor al que merece el trabajador, han dicho los trabajadores.
Además, es reiterada la queja sobre las condiciones de higiene y seguridad en la planta de sacrificio, considerada como insoportables y riesgosas para la salud del personal.
Señalan, por ejemplo, que el patrón no proporciona mascarillas al personal durante la aplicación de productos tóxicos en labores de limpia de canales y que transitan con riesgo constante de accidente por la mala calidad del piso, además que el establecimiento carece de salidas de emergencia ante cualquier contingencia.
Según la CTM, las plantas laborales prefieren a esta central para que los defienda de los abusos del patrón, pero los gobiernos del estado a través de las autoridades laborales manifiestan un inocultable favoritismo hacia un sindicato blanco que claramente es afín a los intereses de la empresa por encima de los derechos del trabajador que dice representar.
Para el cetemio esta postura de la autoridad laboral del gobierno del estado resulta una incongruencia en el México actual, sobre todo, cuando en el mundo del trabajo están surgiendo nuevos criterios en defensa del trabajador, sobre todo, de la Suprema Corte y organismos internacionales que tutelan los derechos y obligaciones del capital y el trabajo en igualdad de condiciones.
Destacan la libertad sindical que tutela el derecho del trabajador a elegir libremente el gremio al que desean pertenecer y quien los represente ante el patrón y la autoridad laboral.
Dossier ha documentado recientemente algunos avances en materia jurisdiccional y en el ámbito del derecho internacional, particularmente el 21 de septiembre de este 2018, cuando el senado de la república aprobó por unanimidad la ratificación del convenio de México con la Organización Internacional del Trabajo.
Mediante firma del presidente Enrique Peña Nieto en el tratado con la OIT y ratificado por unanimidad por el senado de mayoría de Morena, el estado mexicano se compromete a la observancia plena de todos los principios y dictados de la ONU tendientes a preservar el derecho que le asiste a todo trabajador a la libre sindicación y negociación colectiva en las ramas de industria, comercio y servicios.
Esto, a decir de la presidencia de la república y el senado, generará en el país una nueva política laboral, con mejores condiciones de seguridad y bienestar para el trabajador.
ver nota:
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=209466&relacion=&tipo=Noticias&categoria=1
A partir de la firma de este tratado con la OIT, en el ámbito federal o en las entidades federativas cualquier política laboral o acto de autoridad de funcionarios o servidores públicos que atenten contra la libre sindicación o el proceso de contratación colectiva, podrá ser denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo y esta organización, tras investigar el asunto, podría solicitar la separación del cargo y a la autoridad superior someta al imperio al vulnerador y sea enjuiciado por delitos de servidores públicos y violencia sobre derechos fundamentales del trabajador.
Lo anterior, sin menoscabo del derecho que le asiste al trabajador de recurrir a la instancia que considere pertinente para denunciar cualquier arbitrariedad que atente o vulnere flagrantemente sus derechos tutelados en tratados internacionales y en la ley suprema general, cuya fuente de violación provenga de algún acto u omisión de alguna autoridad, gobierno o funcionario al servicio de este.
Cabe la anotación que los principios plasmados en los tratados internacionales a los que México está suscrito adquieren -por este solo hecho- la categoría igual o superior a los plasmados en la Ley general que rige en el país miembro.
De igual forma, todas las autoridades jurisdiccionales o administrativas que invoquen o le sean invocados los principios y dictados plasmados en los tratados internacionales en negocios judiciales o administrativos donde se litiguen derechos del gobernado, en su observancia plena tales ordenamientos internacionales tendrán un valor igual o superior al rango de la Constitución que rige en el estado suscribiente del acuerdo.
Otro documento relativo al tema aquí tratado publicado por Dossier es el de fecha 10 de octubre de este 2018 donde se documenta a detalle la tesis jurisprudencial del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobada por mayoría de votos, mediante la cual, los ministros reconocen a plenitud el derecho de todo trabajador de cobrar como tiempo extraordinario a la jornada laboral los minutos o fracción de tiempo que el patrón le haga permanecer en la fuente de trabajo, siempre y cuando se encuentre realizando tareas específicas y cuyo pago será computable a la semana en la figura de horas laboradas completadas por fracciones del tiempo acumulado.
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=210465&categoria=1#.W8KvbXgxG9I.facebook
Empresas que usan outsourcing estarían ‘bajo la lupa’ con AMLO
El equipo de transición contratar a una empresa terciaria es legal, en los últimos años los patrones han abusado de la subcontratación.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx12/10/2018Actualización 12/10/2018 – 12:13
Solicitud de empleoFuente: Cuartoscuro
Con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se anticipa una mayor inspección de la Secretaría del Trabajo a las empresas que, para disminuir costos laborales como el pago de utilidades, trasladaron a todo su personal a empresas de outsourcing, anticiparon expertos.
Señalaron que si bien contratar a una empresa terciaria es legal, en los últimos años los patrones han abusado de la Ley para subcontratar a su personal y en muchos casos tienen a sus trabajadores bajo el régimen de asimilados a salarios o como honorarios cuando se trata de empleados de tiempo completo de la empresa.
Luisa María Alcalde, futura titular de la Secretaría del Trabajo, dijo en una entrevista con Nación 321 que el outsourcing no debe desaparecer, pero sí deben hacerse valer los candados que hay en la ley para regularlo, por lo que en su administración habrá una estrategia de inspecciones de las condiciones laborales en las empresas.
Gerardo García, director de Mercer, previó que habrá una fuerte revisión de esquemas de outsourcing, sobre todo a aquellas compañías que crean empresas de servicios para mandar a toda su plantilla y poder mejorar sus números financieros.
“La creación de empresas de servicio está en la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando los puestos que tengas ahí no sean los puestos más necesarios para tu negocio y no sea la totalidad de los empleados, que es lo que hoy pasa. Con las inspecciones vamos a empezar a ver que las empresas van a regresar a sus empleados a la empresa original”, expuso.
Artículo 15 de la LFT
a)
Vigilarían más a empresas que usan outsourcing
b)
El outsourcing no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo.
Sebastián Patiño, socio de Consultores y Abogados en Seguridad Social (CASS), subrayó que uno de los requisitos del artículo 15-A de la Ley es que no se puede contratar vía outsourcing a la totalidad de los trabajadores, sin embargo, admite que sí ha habido abusos por parte de algunos patrones al no respetar lo que marca la Ley.
“Cuando un patrón hace una migración masiva de trabajadores a una empresa de servicios debe saber que el IMSS advierte ese movimiento. Las empresas que están en un outsourcing o insourcing no agresivo no deben tener ninguna preocupación de las futuras inspecciones, pero las empresas que no estén dentro del marco legal sí podrán ser objeto de auditorías”, sostuvo.
Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los esquemas de outsourcing agresivos son nocivos tanto para los trabajadores como para la recaudación de impuestos. Indicó que se han hecho alrededor de 500 auditorías a firmas de outsourcing con estos esquemas y se ha logrado recaudar 1.2 miles de millones de pesos aumentando las retenciones para el salario real.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-que-usan-outsourcing-estarian-bajo-la-lupa-con-amlo
Sin prisa, en Congreso para sacar reformas del nuevo gobierno
Tras el triunfo de la alianza Juntos Haremos Historia en el Congreso de la Unión se han presentado diferentes iniciativas en concordancia con el proyecto político de López Obrador.
Héctor Molina Y Rolando Ramos
12 de octubre de 2018, 00:05
Tras el triunfo de la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PES y PT, en las elecciones de julio pasado, en el Congreso de la Unión se han presentado diferentes iniciativas en concordancia con el proyecto político del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, después de instalarse la LXIV Legislatura, las propuestas de urgencia, como la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública con la que se creará la Secretaría de Seguridad Pública y que debería estar lista y publicada para la asignación de recursos en el Presupuesto del 2019, se han aletargado.
Aunado a ello, las cámaras han aprobado medidas de austeridad.
Mientras que la ley de remuneraciones máximas, que estipula que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, se aprobó en la Cámara Baja en septiembre pasado, a pesar de las críticas de los partidos de oposición.
Cámara de Diputados
Avanzan en revocación, salarios y austeridad
A 42 días de que se instalara la LXIV legislatura en la Cámara de Diputados se han presentado al menos cinco iniciativas de reformas, nuevas leyes y exhortos referentes a las 12 propuestas preponderantes del proyecto político del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Al ganar las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, López Obrador se reunió con diputados y senadores de la alianza Juntos Haremos Historia (PT, Morena y Encuentro Social) que integran la nueva legislatura.
En dicha reunión, el presidente electo llamó a los nuevos legisladores a aprobar leyes como la reglamentación de los salarios de los funcionarios públicos y sentar las bases legales para que nadie puede ganar más que el presidente de la República.
Además de reglamentar las consultas ciudadanas y aprobar nuevas estipulaciones para la revocación del mandato presidencial, además de reformar las leyes necesarias para echar atrás la llamada reforma educativa y aprobar medidas para impulsar una austeridad gubernamental, entre otros rubros.
La reglamentación de los salarios de los funcionarios es la propuesta que más avanzó en el mes y medio que lleva la legislatura.
La iniciativa que se aprobó y que se encuentra pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor, fue propuesta por el entonces senador Pablo Gómez —hoy diputado federal— en el 2011.
En la sesión realizada el 13 de septiembre, las fuerzas aledañas a la coalición Juntos Haremos Historia señalaron que la iniciativa de ley que se había mantenido en comisiones desde hace siete años se encontraba desactualizada.
No obstante, la norma fue aprobada en los términos en los que se presentó desde la Cámara alta.
En tanto que iniciativas como la revocación del mandato y las consultas ciudadanas son proyectos que se han turnado a comisiones de la Cámara baja que en esta semana han iniciado su instalación.
Las reformas necesarias para impulsar la llamada austeridad republicana son tal vez los puntos que han causado mayor polémica hasta ahora.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Mario Delgado anunció el pasado 10 de septiembre un programa de austeridad, el cual consistía en un ahorro de unos 409 millones de pesos mediante la cancelación de seguros de gastos médicos mayores, reducción de viáticos, cancelación de vales de alimentos, entre otros puntos.
No obstante, pese a este anuncio aún hay rubros como los aguinaldos que se mantienen en la polémica.
Se estipula que a los legisladores les sea entregada su dieta mensual en diciembre consistente en 75,000 pesos, aunado a un aguinaldo de 46,000 pesos por sólo cuatro meses de trabajo, en los cuales no asisten a diario.
Más de 200 iniciativas turnadas a comisiones
La carga de trabajo hasta ahora para las comisiones incluye 211 iniciativas de reformas y leyes presentadas desde que inició el periodo legislativo el pasado 1 de septiembre.
Se han presentado desde que inició el primer periodo de la LXIV legislatura, iniciativas que buscan reformar los sectores económico, social, laboral, anticorrupción y electoral, entre otros más.
En tanto, en la sesión de este jueves, por mayoría, el pleno de la Cámara baja aprobó desechar las iniciativas con motivo de decreto, entre otros asuntos legislativos como puntos de acuerdo, que se encontraban pendientes de dictamen en las comisiones y que fueron turnadas durante la LXII y LXIII legislaturas.
En total, son 3,582 proyectos los que se desecharon que provenían desde el 2015 y hasta el 31 de agosto pasado, último día en funciones de la LXIII legislatura.
Prioridades:
- En materia de consulta popular se encuentra en comisiones una iniciativa que reforma al Artículo 35 constitucional para que se puedan realizar consultas públicas una vez al año en julio. En la misma iniciativa se prevé la revocación del mandato por solicitud de 33% de los ciudadanos inscritos en lista nominal o el mismo porcentaje de los legisladores del Congreso.
- Se han implementado medidas de austeridad que pretenden ahorros por 409 millones de pesos.
- El 13 de septiembre el pleno aprobó la ley de remuneraciones máximas, en la que se reglamentan los artículos 75 y 127 constitucionales en donde se estipula que nadie puede ganar más que el presidente.
- Por iniciativa de Morena, la Cámara baja presentó un exhorto a la SEP y al Instituto Nacional para la evaluación educativa para suspender la evaluación docente. El exhorto fue rechazado por el Instituto.
Cámara de Senadores
Juicio al presidente, fuero y huachicol, temas pendientes
En la Cámara de Senadores el trabajo se acumula y, a 41 días de que inició la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, las 46 comisiones ordinarias ya tienen un rezago de 180 iniciativas por resolver.
Hasta ayer no habían dictaminado uno solo de los distintos proyectos de enmiendas legales que les han sido turnados por la Mesa Directiva de la Cámara Alta, entre los que destacan aquellos promovidos por la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido en el gobierno, como prioritarios ya que forman parte de los compromisos asumidos en campaña por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, quien asumirá el cargo el próximo 1 de diciembre.
Por su condición de fuerza política mayoritaria en la Cámara Alta—se integra por 59 senadores de un total de 128—, las reformas propuestas por la bancada de Morena son las que tendrían mayores posibilidades de concreción, pero en esos temas tampoco ha habido avance.
El primer mes de ejercicio legislativo transcurrió en medio de fuertes disputas —particularmente entre los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios— por las presidencias de comisiones, mismas que apenas la semana en curso pudieron concluir su instalación formal.
Del 1 de septiembre al pasado 4 de octubre, informó en la víspera Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado, al pleno cameral se habían presentado 121 iniciativas y en el acto las turnó a comisiones.
La agenda obradorista
Entre los principales temas que interesa aprobar a la bancada más numerosa y que Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y su coordinador, ya anunció que se concretarán antes de que concluya el año, destacan las siguientes y cuyas iniciativas ya fueron presentadas de manera formal:
Derogación de la reforma estructural en materia educativa; modificaciones legales para que el mandatario mexicano pueda ser enjuiciado en el ejercicio de funciones por cometer actos de corrupción y delitos electorales, así como para eliminar el fuero para todos los representantes populares y funcionarios públicos, y enmiendas secundarias a fin de considerar delitos graves y sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral.
Además de modificaciones a la Carta Magna para fijar la obligatoriedad del Estado de garantizar el derecho a la educación pública y gratuita hasta el nivel profesional, establecer la revocación del mandato y asegurar el ejercicio del gobierno austero.
La iniciativa para reformar el artículo 22 de la Constitución y establecer la extinción de dominio para delitos por hechos de corrupción es otro tema en análisis en comisiones, así como la que sugiere cambios a los artículos 108, 111 y 112 constitucionales para eliminar el fuero constitucional.
En estudio se encuentra también el proyecto de reformas al segundo párrafo del artículo 25 y adiciones al 73 y 134 constitucionales que pretende elevar a rango constitucional el principio de austeridad y los cambios al artículo 3 de la Constitución encaminados a eliminar las disposiciones que regulan el ingreso, la permanencia y la promoción del servicio profesional docente mediante concursos de oposición.
Además de las enmiendas al artículo 35 constitucional en materia de consulta popular. En la Cámara Alta se requiere de 85 votos para la aprobación de enmiendas de carácter constitucional, por lo que, tomando en cuenta que Morena votaría en un mismo sentido junto con sus aliados electorales del PT y PES, cuyas bancadas se conforman por seis y cinco senadores, respectivamente, requiere de 15 votos más como mínimo para poder concretar los pretendidos cambios a la Carta Magna.
Prioridades:
- Reformas a la Ley General de Desarrollo Social para incorporar los principios de universalidad e igualdad en la política en la materia.
- Reforma al Artículo 41 constitucional para recortar en 50% el financiamiento público a los partidos políticos.
- Cambios constitucionales al Artículo 108 para eliminar la inmunidad procesal penal del presidente de la República.
- Enmienda constitucional al Artículo 73 para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre principios de austeridad que obliguen a los tres niveles de gobierno.
- Modificaciones constitucionales al Artículo 102 sobre el funcionamiento de la nueva Fiscalía General.
- Reformas al Artículo 22 de la Constitución para establecer la extinción de dominio por hechos de corrupción.
- Modificaciones al artículo 400 del Código Penal Federal para endurecer las penas por encubrimiento.
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