Trabajadores y dirigentes de los sindicatos de la construcción recibieron una capacitación a través de un seminario para que sus contratos se apeguen a la reforma laboral del 2019 y tengan la certidumbre legal a la hora de desarrollar sus actividades.
Juan Villafuerte Morales dirigente de la Federación Regional de Matamoros, manifestó que el sector de la construcción pese a que desarrollan actividades temporales solo durante el desarrollo de cada obra en la que participan, ya la ley contempla que cada trabajador de la construcción cuente con todos los derechos como cualquier trabajador de planta.
El líder obrero en esta ciudad fronteriza enfatizó que a muchos de los trabajadores de la construcción en Tamaulipas no cuentan con los derechos laborales debido a que muchos patrones se oponen a otorgárselos porque dicen los trabajos son de tiempos cortos, sin embargo, la reforma laboral del 2019 ya contempla esa garantía para los trabajadores de la construcción , de ahí la importancia de ofrecer estos seminarios para actualizar a los agremiados de los sindicatos como el de los albañiles, carpinteros o electricistas y hagan valer los derechos con los que ya cuentan.
Bernardo Salazar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, dio a conocer que este viernes (11) se reunió con las diputadas presidentas de las Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes, con la actual presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así como con la presidenta de la Comisión de Procesos Legislativos y Puntos Constitucionales, para retomar la dictaminación y eventual aprobación de las reformas a la Constitución Local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de darle el sustento y base legal a la actuación de lo que serán los juzgados laborales.
Recordó que la implementación de los juzgados laborales en el Poder Judicial, iniciarán en nuestro estado el 1 de octubre, que es cuando cambia la Legislatura, pero a quien corresponde dictaminar y aprobar las reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado es a la actual, la 59 Legislatura.
“Nosotros presentamos la iniciativa desde diciembre, pero quedó en suspenso y uno lo entiende, por los tiempos electorales, que hicieron que se retrasara la dictaminación y eventual aprobación de las reformas”, indicó.
Sin embargo, este viernes (11) se acordó con las presidentas de las comisiones, que el próximo martes (15) se tendrá una reunión de las comisiones y del grupo de trabajo del Poder Judicial, que está básicamente enfocado a lo que es la implementación de la reforma, para analizar a detalle la iniciativa y que en su momento se dictamine y se pueda proceder a las reformas.
Dio a conocer también que el Poder Judicial inició con el proceso de selección de quienes habrán de ser los jueces, los secretarios instructores, los actuarios y los proyectistas. “Estamos en ese proceso, ya pasó la primera etapa que fue la evaluación psicométrica, estamos en el curso de preparación para la evaluación de conocimientos que será en el mes de julio y consideramos que a más tardar a finales de agosto tendremos ya la selección de quienes habrán de integrar los tribunales laborales”, indicó.
A la par, dijo, se recibió la aprobación de la Comisión Nacional Implementadora de la Reforma Laboral que preside la secretaria del Trabajo y Previsión Social, para apoyar el proyecto de adecuación de los espacios para los lugares donde habrán de instalarse los tribunales laborales, que serán 2.
Esa aprobación del proyecto, dijo, implica que vamos a tener acceso al subsidio federal para la adecuación de espacios o construcción si es necesario, el equipamiento y modernización de las salas, la capacitación y, sobre todo, también la difusión de lo que será la Reforma Laboral.
Dio a conocer que, para 2 plazas de jueces, se inscribieron 11 aspirantes; para 2 plazas de proyectistas, se inscribieron 9; para 4 plazas de secretarios instructores se inscribieron 12 y para 4 plazas de actuarios se inscribieron 21 personas.
“De ese universo, de los que pasen los exámenes y den las calificaciones y las notas más altas, vamos a seleccionar a quienes habrán de integrar estos juzgados. La convocatoria establece que debe haber un curso de preparación y de profesionalización sobre el nuevo sistema, que esta semana inició y en las 2 semanas subsecuentes van a estar en un curso de capacitación, de actualización y profesionalización de lo que será la nueva dinámica del Sistema de Justicia Laboral y posterior a ello vienen los exámenes de conocimiento”, explicó.
“Van a ser un examen escrito, otro oral y la resolución de un caso práctico, los que se van aplicar, para definir a los ocupantes de las plazas”, dijo para concluir Bernardo Salazar.
Por: Carlos A. Arevalos El Comentario /Colima 11/06/2021
El objetivo, realizar modificaciones y adiciones a los estatutos conforme a las nuevas reglas en materia de democracia sindical y negociación colectiva que establece la reforma laboral
El Foro Sindical para la Reforma Estatutaria Integral, convocado por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), inició su etapa de presentación de propuestas para, posteriormente, avanzar a la fase resolutiva en Asamblea General o plebiscito.
José Juan Martínez Pardo, secretario general del gremio, señaló que el foro pretende generar un espacio abierto para la discusión, intercambio de ideas, teorías y opiniones de propuestas provenientes de las diferentes delegaciones sindicales en cuanto a los temas específicos que rigen la vida sindical.
En ese sentido, el objetivo es realizar modificaciones y adiciones a los estatutos del sindicato conforme a las nuevas reglas en materia de democracia sindical y negociación colectiva que establece la reforma laboral.
El foro inició con la mesa de trabajo titulada “Declaración de principios o Principios Básicos”, en la cual se expusieron las diversas propuestas, contando cada proponente con 10 minutos para el despliegue de su proposición; exponiendo un total de seis propuestas para reformar la parte de Principios Básicos de los Estatutos vigentes.
La fase de presentación de propuestas concluirá el próximo 30 de junio y después seguirá la fase resolutiva que consistirá en una Asamblea General en primera citación el 7 de julio, segunda citación el 11 de agosto, y tercera citación el 18 de agosto; de no haber quórum en ninguno de ellos, el plebiscito para validar las modificaciones se efectuaría el 19 de agosto.
“En el congreso se obtendrán los resolutivos de consenso básico sobre la reforma estatutaria para su sanción y ratificación. Se presentarán los diseños para su votación y las líneas de acción sindical que estamos obligados a emprender y los resolutivos se llevarán a la Asamblea General y, en caso de no existir el quórum legal, se llevará a cabo el plebiscito”.
Los temas que se abordarán en el transcurso del foro serán la estructura y funcionamiento del Spauaz, una evaluación del sindicalismo y la elaboración de propuestas que orienten los cambios que requiere el sindicato de acuerdo con las disposiciones de la reforma laboral.
Además de la mesa que ya se realizó como parte del foro, la temática también contempla los rubros de Derechos, obligaciones y sanciones de los sindicalizados, De las instancias sindicales, Órganos de gobierno y toma de decisiones, Procedimientos de elección en las instancias sindicales, y Transparencia y rendición de cuentas.
La reforma laboral en México representa hasta ahora una inversión aproximada de 14,560 millones de pesos (728 millones de dólares aproximadamente), esto incluye lo autorizado por el Congreso de la Unión entre 2020 y 2021, lo programado inicialmente por el gobierno federal para el próximo año, el presupuesto adicional para el Poder Judicial y las aportaciones de Estados Unidos.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó esta semana que su país invertirá 130 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral en México, recursos adicionales al presupuesto de 180 millones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense para la entrada en vigor del T-MEC.
Entre 2020 y 2021, el gobierno de México ha destinado 3,884.4 millones de pesos (194 millones de dólares) para la reforma laboral, con estos recursos se ha solventado la creación y operación de los nuevos órganos encargados de la justicia laboral y la vigilancia de las nuevas reglas de negociación colectiva y democracia sindical, como el voto libre, personal, directo y secreto para elegir dirigentes o revisar contratos.
Para 2022, entre el presupuesto preliminar definido por la Secretaría del Trabajo y el gasto que coordina el Poder Judicial para los tribunales laborales en operación y la creación de los nuevos en 11 entidades, se estima que la bolsa para la aplicación de la reforma laboral ascenderá a cerca de 4,470 millones de pesos (224 millones de dólares)
Tan sólo en este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempló 2,482 millones de pesos para la operación de las nuevas autoridades laborales y un subsidio para las entidades que implementarán el nuevo modelo de justicia. Este recurso equivale a 1.6 veces el presupuesto de las tandas para el bienestar, 6 veces los destinado al apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, 44 veces el programa de apoyo al empleo y 96 veces el dinero asignado al programa de atención a personas con discapacidad.
Parteaguas en las reglas del juego
La reforma laboral promulgada en 2019 representó el cambio de paradigma para la negociación colectiva y la solución de conflictos entre trabajadores y patrones. Las modificaciones a la legislación abrieron paso a un nuevo mecanismo de justicia con una apuesta importante en la conciliación y, por otra parte, impulsaron la democracia sindical fundada en la participación de la fuerza laboral, sólo por mencionar algunos de los cambios más representativos.
Sin embargo, este avance hacia un nuevo modelo laboral no fue sólo resultado del interés por cubrir una deuda histórica con las personas trabajadoras del país, los cambios legales fueron compromisos asumidos por México en las negociaciones del T-MEC, un acuerdo comercial con un capítulo laboral cargado e influido en buena medida por el Partido Demócrata de Estados Unidos, el mismo que recuperó la presidencia de la mano de Joe Biden.
Este contexto evidencia la importancia que ha tenido la reforma laboral en el presupuesto federal y en la agenda bilateral con Estados Unidos. En el país vecino consideran que el deterioro de las condiciones de trabajo en México ha desencadenado una competencia desleal para la inversión, eso explica el interés por una implementación adecuada de la reforma.
Los 130 millones de dólares adicionales que aportará la Casa Blanca son para “la asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones laborales y abordarán el trabajo infantil y forzado”, informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Estas aportaciones no son otorgadas directamente a las autoridades mexicanas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo puede sugerir en qué rubro es mejor aplicarlo, pero no puede ejercer el recurso. Este fondo es administrado directamente por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el cual licita los proyectos a los que pueden postular organismos y asociaciones civiles, por ejemplo, para programas de capacitación o el desarrollo de plataformas de transparencia para los sindicatos.
Aunque el destino de los recursos aún es incierto, fuentes de la STPS confirmaron a este medio que la dependencia ha sugerido reforzar las acciones para la implementación de la reforma en los estados, pues a nivel local es donde se avanza más lento. Por ejemplo, mientras el 96% de sindicatos con registro federal ya modificó sus estatutos para adecuarlos a las nuevas reglas de democracia sindical, sólo 29% de los que tienen registro local ha realizado este proceso.
Reforma laboral, el interés de EU
“Esto refleja el interés tanto del gobierno como de los sindicatos de Estados Unidos por una nueva justicia laboral en México”, opinó Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL). Para el académico, el apoyo que otorgará la Casa Blanca es positivo, necesario y útil.
La reforma laboral es parte de la agenda del gobierno estadounidense y de los propios sindicatos de ese país, que no quieren una competencia desleal en México al mantener sindicatos que no cumplen con los nuevos principios de democracia sindical y de negociación colectiva, expuso el especialista.
Desde la perspectiva del abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, también integrante del OCRL, el recurso que destinará Estados Unidos es un aval a los esfuerzos que está realizando México por mejorar las condiciones laborales y, al mismo tiempo, refrenda el compromiso de nuestro país por implementar de manera efectiva la reforma.
“Si se notara que no estamos avanzando, no se verían estos apoyos. El apoyo lleva consigo un mensaje no sólo monetario, sino político, sobre el sustento que realizan las instituciones que colaboran con la implementación”, subrayó el especialista, uno de los asistentes a la reunión de la vicepresidenta Kamala Harris con representantes del mundo laboral mexicano el martes pasado.
La otra cara de la moneda, agregó, es que el apoyo es el reconocimiento a que los desafíos de la implementación de la reforma se deben enfrentar juntos, porque hay un interés compartido de que los cambios en la legislación laboral alcancen sus objetivos.
Alcalde Justiniani opinó que la rama local es una de las áreas de oportunidad que tiene el nuevo modelo laboral y es ahí donde podría focalizarse el apoyo.
Por su parte, la legisladora Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, aseguró que el recurso adicional que otorgará Estados Unidos sí coadyuva para una implementación efectiva, pero también representa un apoyo a determinados sectores económicos, como la industria automotriz.
“La reforma laboral es importante porque significa un avance hacia temas que se veían lejanos en el mercado de trabajo”, afirmó la legisladora michoacana.
Sánchez Castro consideró que el nuevo modelo laboral avanza bien y los retrasos que se han presentado han estado más vinculados a la pandemia que a la falta de recursos o a la voluntad de los actores.
La reforma de 2019 contempló un esquema transitorio de implementación gradual que concluye en 2023. Este contempla plazos diferenciados para que los sindicatos adecúen sus estatutos a los nuevos principios de democracia y para que legitimen sus contratos colectivos de trabajo, así como tres fases para que inicie la operación de las nuevas autoridades laborales federales y locales en los estados.///El Economista
Ante la situación laboral que enfrentan muchos migrantes, en México se analiza la aplicación de una reforma en materia laboral para migrantes, en donde se establezcan parámetros y derechos tangibles de este sector que ha permanecido en el olvido durante décadas, así lo informó Alba Elizabeth Orantes Penagos, docente de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas.
En este sentido, detalló que, en la actualidad desafortunadamente los trabajadores migrantes tanto en México como en Estados Unidos, no cuenta con ningún tipo de protección en materia laboral, lo que hace que violen sus derechos humanos, no tengan acceso a oportunidades y se les ofrezcan relaciones de trabajo irregulares.
Por ello, se analiza la implementación de una Reforma Laboral que considere a los migrantes, donde se le ofrezcan las mismas oportunidades y prestaciones que tiene cualquier trabajador, como vacaciones, horarios, servicios médicos y sistema de ahorro para el retiro y la vivienda.
Orantes Penagos, definió como necesario que se establezcan vías adecuadas para este sector que tanto abona y ayuda en la producción nacional, toda vez que, la economía del país, se genera también con el trabajo de ellos.
Asimismo, subrayó que, en caso de darse la reforma, de enfrentaría a importantes retos como la migración, el respeto a los derechos humanos, la vida digna, la no discriminación, la igualdad de circunstancias y la seguridad social.
El Gobierno de México ha informado que el impulso a la competitividad económica en la región y la recuperación económica de la pandemia en México y Estados Unidos debe apoyarse en una reforma laboral, en donde todos tengan oportunidades de crecimiento bien definidos.
Expresó que el tema de los derechos humanos laborales de las personas migrantes afronta enormes retos en lo concerniente a su reconocimiento, respeto y garantía, por lo que es de vital importancia impulsar una reforma laboral que garantice de manera más efectiva la protección de este grupo de trabajadores.
Por: Francisco Mendoza / Diario de Chiapas 10/06/2021
Con la entrada en vigor de la reforma a la subcontratación laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha anunciado sus intenciones de aumentar las inspecciones laborales.
Para 2021, la STPS espera realizar más de 40 mil inspecciones. Los enfoques principales serán las medidas sanitarias y la subcontratación. Por último, las inspecciones revisarán temas laborales como aguinaldo, salario mínimo, PTU y seguridad social.
Desde 2019, la STPS anunció un nuevo tipo de inspecciones basadas en el análisis de datos. De acuerdo con Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno, el número de inspectores con los que cuentan no es suficiente para investigar a todas las empresas y centros del trabajo del país por abusos laborales.
Solamente inspeccionan al 3% de las empresas
El bajo número de inspectores significa que no hay mucho control. En entrevista con Reforma, el abogado laboral Germán Reyes dijo que solamente el 3% de las empresas en México son revisadas en las inspecciones.
Esto se debe, por un lado, a falta de personal y de recursos. Por otro lado, no hay una autoridad central, por lo que algunas inspecciones las realiza la STPS y otras son responsabilidad de la Secretarías del Trabajo Estatales. Esto significa que no hay un programa nacional, regional y sectorial.
En cuanto a la falta de personal, esto significa que no se puede verificar la información que reportan las empresas. Así, los patrones pueden modificar los datos de su cumplimiento. El especialista también explicó que los salarios de los inspectores son muy bajos, y que en muchos casos carecen de capacitación.
El objetivo es reducir el tiempo que pasa entre que la inspección laboral detecta un problema y cuando se corrige. Actualmente, este plazo es de 90 días; de acuerdo con la STPS, la integridad física de los trabajadores puede estar en peligro por estos periodos tan largos.
La propuesta establece que las empresas deberán corregir las irregularidades detectadas en un plazo de cinco días. Además, los patrones deberán demostrar los documentos que prueben que sí hicieron los cambios necesarios.
Ajeno a este proceso, hay otras propuestas para modificar las inspecciones de la STPS. Actualmente, el Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral (OCRL) y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) están trabajando en propuestas que presentarán al Congreso en septiembre.
Uno de los cambios principales es crear una institución central que se encargue de las inspecciones.
Es una buena señal de que las políticas laborales de los dos países están alineadas y son tomadas en serio, afirma Pedro Américo Furtado.
La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México es una buena señal de que las políticas laborales entre ambos países son tomadas en serio, dice en entrevista Pedro Américo Furtado, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba.
“No es casualidad que el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) retoma principios básicos de protección laboral como la negociación colectiva y la libertad sindical”, pues son temas que han preocupado a estos países. Y el viaje de la segunda al mando del gobierno de Joe Biden lo confirma.
Este martes, el funcionario participó en una reunión que Harris sostuvo con diferentes organizaciones del mundo laboral. El encuentro lo dejó optimista, pues si de por sí observaba una voluntad política en México de cumplir con las leyes laborales, a pesar de la “resistencia de ciertos actores”, los acuerdos logrados favorecerán la implementación. Para él, el T-MEC “es un catalizador de la reforma laboral”.
Está claro, dice, que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. “Lo que ahora está en juego” es que esa posición geopolítica y económica se traduzca en empleo decente en ambos lados de la frontera. El país se encuentra en un “momento particular en el que, reconociendo la importante estructura productiva” con aquella nación, “poco a poco van a ir armonizándose esos elementos comerciales con los laborales”.
El T-MEC, un tratado 4.0 de última generación, como él lo llama, provee de mecanismos más cercanos y rápidos para que las personas trabajadoras, los sindicatos y los gobiernos ayuden a lograr esa armonización, sostiene. Y también la reforma laboral, asegura.
“Quizá ahora es difícil ver la trascendencia, la profundidad de la reforma laboral, que toca en elementos fundamentales y estructurales”, pero muy pronto podrá apreciarse, prevé. Se requiere de un tiempo de aprendizaje para usar los canales de denuncia del T-MEC o aprovechar las nuevas herramientas de las leyes laborales en México, dice.
No obstante, han empezado a ser utilizadas, por ejemplo, por las trabajadoras y los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
Trabajo infantil
Una parte del T-MEC está enfocado a eliminar el trabajo infantil y forzoso. Por ello los 130 millones de dólares que el gobierno estadounidense aportará, adicionales a otros fondos que ya ha enviado al país, “seguramente serán asignados a iniciativas que promuevan la reforma laboral y la erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes”, explicó.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) inició el curso virtual “Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Laboral” con la participación de más de 100 representantes de 89 empresas de los sectores químico, textil, automotriz y manufactura instaladas en el estado.
La finalidad es brindar al sector productivo de la entidad información de forma puntual sobre los componentes, estrategias y normatividad que contempla la aplicación de este nuevo sistema.
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, indicó que el curso es una herramienta para facilitar a los empresarios los procesos de registro de los nuevos contratos colectivos, la integración de equidad de género en las carteras de los sindicatos y en los sistemas productivos de las empresas.
“Se brinda esta información a través de personal especializado en el tema, a partir de hoy inicia este programa, donde el interés empresarial es evidente, ya que a partir del mes de octubre de este año tendrán que empezar con sus procesos de la nueva contratación colectiva e individual”, informó.
El titular de la Sedeco sostuvo que estas acciones fortalecen la competitividad del estado y permiten a las empresas instaladas en la región y a las nuevas inversiones conocer que sindicatos, trabajadores, las cámaras y academia cuentan con un sistema de información claro y preciso en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
Asimismo, señaló que los más de 100 participantes de 89 empresas de los tres parques industriales que están en Huamantla, Tlaxco y Tetla, así como los corredores industriales de la zona sur y poniente del estado, tendrán que cursar 60 horas de capacitación, y al finalizar recibirán una acreditación que les servirá en los nuevos tribunales laborales y la unidad de conciliación.
De igual manera, los cursantes no sólo conocerán las estrategias y adquirirán habilidades y destrezas básicas para el desarrollo de estos procesos, también conocerán la nueva Reforma Laboral y la importancia de la solución de conflictos en empresas y sindicatos.
Cabe señalar que el curso contempla los siguientes temas: Nuevo Sistema de Justicia Laboral, Conciliación Prejudicial, Democracia Sindical, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y Outsourcing o Subcontratación Laboral.
El Poder Judicial presentó los esquemas para implementación de la reforma laboral en el estado, la cual entrará en vigor el próximo año, donde desarrollará mesas de trabajo con sectores relacionados al tema.
Diversos representantes de cámaras empresariales, la academia y del poder judicial del orden local y federal, estuvieron presentes en una reunión para trabajar en un esquema factible de implementación, para construir un proyecto consensado y funcionalEn la reunión estuvo presente el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, en compañía de magistrados y consejeros de la judicatura, donde se congratularon del interés de diferentes actores entre los que figuran la CTM, PROFEDET, INDEX.A quienes se les expuso la proyección que busca capacitación permanente y el uso eficiente de recursos para cumplir con el mandato constitucional y legal.
“Se van a sentar estas bases, la implementación de esta nueva cultura laboral es un gran reto y estamos haciendo equipo y buscando la capacitación, además generamos esquemas de programas educativos, talleres con bastante calidad,”dijo el director de la Facultad de Derecho, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos.Ante esto, Jorge Breceda coordinador del programa de derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez señaló que esta reforma es de gran importancia para el esquema de justicia del Estado de Chihuahua, “Las implicaciones que tiene son mayúsculas y el esfuerzo interinstitucional se ve reflejado aquí”, puntualizó.
De igual manera, Consuelo Márquez, presidenta de la comisión laboral de COPARMEX expresó que es un tema de alta complejidad: “esto implica un reto para Chihuahua que debe ser prioridad”; además se debe tener un avance puesto que el sector empresarial es primordial”.
Finalmente, los puntos trascendentales de esta reforma de febrero de 2017 contempla que la justicia laboral esté bajo el manto del cargo del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, según sean los conflictos de materia federal o local, “así como procedimientos que garanticen libertad de negociación colectiva y democracia en las organizaciones sindicales”.
Sin entrar a la discusión sobre los aspectos positivos del teletrabajo, el objetivo de la reforma apunta promover la estabilidad laboral y pugnar por la reversibilidad. La necesidad de un abono o compensación de gastos.
Comentaba Enrique de la Garza, destacado investigador mexicano de la Universidad Autónoma Metropolitana, recientemente fallecido, que en el siglo XX “La gran crisis capitalista de mediados de los setenta […] fue atribuida por sectores pro empresariales a la rigidez de las relaciones laborales, resultado del largo período de Estado benefactor y keynesiano, que implicó pactos entre Estado, sindicatos y empresas. En esta medida había que flexibilizar el mercado laboral”. Vale señalar, como se apunta en el texto citado, que no se trata solamente de un problema de orden sociotécnico.
Si se analizan sus orígenes podemos coincidir con Chomsky que la salida a la rigidez también tuvo como resultado “el deterioro de la democracia”, que implicó en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido pegarle al movimiento obrero para destruirlo, socavar sus bases de resistencia. Leamos desde esa mirada el Informe de la Comisión Trilateral: “El corazón del problema radica en las contradicciones inherentes relacionadas a la misma frase de ‘lo gobernable de la democracia’. Porque, en cierta medida, gobernable y democracia son conceptos en conflicto”, señalaban Crozier, Hungtington y Watanaki, los intelectuales que realizaron el Informe (La gobernabilidad de la democracia) en el lejano 1973, abriendo una brecha para las políticas neoconservadoras y neoliberales.
Flexibilidad en el trabajo, golpeteo a la democracia y rehechura, para ser consistentes, de un Estado con menos tutela estatal y disminuyendo los marcos regulatorios. En América Latina la imposición estuvo cargada de violencia, desde la literalmente ejercida a balazos (las experiencias golpistas en Chile y Argentina), así como la aplicación a rajatabla de la flexibilización unilateral en México, aprovechando las estructuras corporativas y la “consciencia subordinada” (Arturo Anguiano) del proletariado.
Esta flexibilización del trabajo se vivió en los cambios legislativos a la Ley Federal del Trabajo, en el rasurado de los contratos colectivos de trabajo (CCT), y en una realidad laboral donde los derechos laboral-sociales eran mutilados o inexistentes, al dominar los bajos salarios, la eventualidad laboral, la subcontratación, la polivalencia, la reducción de la bilateralidad sindical, la introducción de esquemas de bonos por productividad y calidad, que entre sus afectaciones producen la invisibilización de lo colectivo, el realce de lo individual y la constitución de nuevas formas de vigilancia en donde los propios trabajadores, en condiciones organizacionales específicas, juegan un papel activo. Este es un resumen apretado, de una realidad laboral mexicana que en pasos iniciales el actual gobierno pretende cambiar. Destacan cuatro aspectos.
1. El aumento al salario mínimo -no en la misma proporción a los salarios contractuales- impacta a la población trabajadora más empobrecida, en particular a las mujeres, que son las que se ubican en los espacios del trabajo con menos retribución salarial. En enero de 2019, inaugurándose la acción del gobierno actual, la retribución salarial mínima pasó de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios. En 2020 tuvo un alza de 16%, que se tradujo en un salario de 123.22 pesos, llegando en 2021 -pandemia mediante-, a 141.70 pesos. Lo que perciben los trabajadores del salario mínimo no se dirige a paraísos fiscales ni se destina a la compra de dólares, va a cosas simples: comprar las cosas que se requieren para la casa en los establecimientos del barrio, es decir, reactivando la economía de otros sectores empobrecidos. No es desdeñable el aumento a los mínimos.
2. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue aprobada por el Senado en abril de 2019. En un país donde las dirigencias sindicales se han enraizado en algunos casos, formando como planteaba Lipset minorías compactas -oligarquías sindicales y pesadas burocracias-, a la par de la existencia del denominado sindicalismo de protección, que era posible por el contubernio entre las centrales sindicales, los patrones y las autoridades del trabajo, la reforma a la LFT abre una ventana a la democracia sindical. Veamos parte de sus alcances. Los trabajadores podrán decidir, sin la atadura de la cláusula de exclusión, a qué sindicato se afilian, abriéndose una metodología horizontal para alentar y transparentar la participación sindical: las decisiones centrales deben ser tomadas -por ejemplo, la acción de huelga o la elección de un nuevo comité ejecutivo, o las modificaciones al CCT- directamente por los trabajadores. Ya existían en muchos sindicatos mecanismos para la toma de decisiones, a través de nombrar en asambleas a delegados (en otros, estos mecanismos estaban ausentes, por lo que prevalecía el autoritarismo), pero el paso que se da en la nueva LFT profundiza la democracia en la vida sindical. Esto es un reactivo frente al sindicalismo de protección, en el que los propios trabajadores ni sabían que tenían sindicato ni conocían por supuesto a los pseudo dirigentes instalados por la alianza corporativa. El terror de la práctica sindical autoritaria de tomar decisiones a mano alzada -que era una forma de visibilizar por ejemplo a la disidencia sindical, con los costos de violencia que podía implicar-, se anula, lo que aligera las presiones que vivían los trabajadores en los procesos de toma de decisiones. Como en el caso del aumento al salario mínimo, los cambios en la LFT no son desdeñables, pueden modificar el sistema de relaciones industriales. Un país de ciudadanos, no de súbditos, en el que los trabajadores participen pensando en su materia de trabajo -condiciones y medio ambiente de trabajo-, así como en sus condiciones de vida en general, es una premisa necesaria para rehacer la lastimada cohesión social.
3. Cambios en materia de subcontratación, aprobados por el Senado en abril de 2021. Para comprender su alcance van algunos datos: en una breve línea del tiempo, en 2010, los trabajadores eventuales llegaban al 12.97%, en 2021 alcanzan el 14.36%. Un trabajador eventual no puede proyectar su futuro. Agreguemos a este dato otro aspecto, el referido a la antigüedad en el trabajo de trabajadores subordinados remunerados. Revisando datos también desde el 2010 hasta el 2021, aunque se trata de una historia que desborda este marco temporal, una cuarta parte de los trabajadores manifiesta que su antigüedad laboral es hasta un año, en tanto de 2 a 5 años el promedio alcanza a un 36%, que no indica que la mayoría se ubique en el extremo de los cinco años, pues está desagregado en cada uno de los años referidos. En su conjunto, entonces un poco más del 50% de los trabajadores, resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, señala que su antigüedad va desde hasta un año a los cinco años, como una historia que se repite paulatinamente.
Por su parte, directamente los trabajadores que dicen ser contratados por una firma para trabajar en otra, esto es, la subcontratación (tercerización) registrada en los Censos Económicos (INEGI), mientras en 2003, de cada 100 trabajadores 9 estaban subcontratados, en 2008 se encuentran en esta condición 14 trabajadores. Los censos económicos de 2013 registran 16,6% y en 2018, 17,3%; como apreciamos, son la continuidad de una historia diseñada desde el capital. Reconociendo el tamaño del problema, que alude a la fragmentación de los derechos laborales de los trabajadores, así como alentaba prácticas de evasión fiscal por parte de las empresas, la iniciativa de AMLO aprobada en el Senado afecta intereses de las empresas que habían hecho de la subcontratación un nicho para los negocios. Atención, los alcances de la reforma no ignoran que entre 70 y 80 por ciento, en datos oficiales, por ejemplo, en el contenido en productos finales de manufactura, son realizados con prácticas de subcontratación (externalización), que se permitirán siempre y cuando no formen parte de las actividades principales de la empresa. Era necesario avanzar en la legislación en esta materia.
4. Se aprueban en el Senado en diciembre de 2020, cambios al artículo 311 de la LFT, en materia de Teletrabajo. La Organización Internacional del Trabajo señala en el Manual de Buenas Prácticas en teletrabajo, 2011: “El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”. En la discusión en el Senado se concretó como “La forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y empleador”. Su intención, regular lo que ya existía, pero que se agudizó con la pandemia.
Sin entrar a la discusión sobre los aspectos positivos del teletrabajo, el objetivo de la reforma apunta promover la estabilidad laboral y pugnar por la reversibilidad. La necesidad de un abono o compensación de gastos (luz, agua, insumos), el derecho al horario flexible, a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la intimidad (violentado en lo ordinario por el capitalismo de la vigilancia) y a la desconexión digital.
Voltear hacia otro lado es una práctica común en parte de la clase política. El descuido de no pensar al salario mínimo, el trabajo eventual, la fragmentación y discontinuidad en las trayectorias laborales, la subcontratación creciente y su efecto inversamente proporcional en la construcción de porvenires desde la perspectiva del trabajador, así como en un teletrabajo que existía sin asumir su modalidad de precarización, fue lo dominante en las políticas laborales en los gobiernos críticos de las prácticas keynesianas (de bienestar), es decir, en los gobiernos que impulsaron prácticas neoliberales (el PRI y el PAN destacan en esto).
No se trata de añorar al pasado, con la idea romántica e ingenua de que “todo tiempo pasado fue mejor”, pero es un ejercicio obligado mirar el pasado, lo hecho, a la hora de los balances. La acción política en materia laboral tiene aciertos. Como decía el compositor argentino Luis Alberto Spinetta: “Aunque me fuercen yo nunca voy a decir, que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor”.
