Coparmex plantea salario mínimo a 102 pesos para fin de año

La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, pidió al próximo gobierno de México establecer política salarial de largo plazo; considera que hay capacidad para fijar salario mínimo en 102 pesos

25/07/2018 12:29 NOTIMEX
Para el presidente de Coparmex, la inflación no tiene incidencia en un ajuste salarial (Foto archivo: Reuters)
CIUDAD DE MÉXICO
Con el objetivo de cumplir los objetivos fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desarrollo sostenido, es necesario establecer en el país una política salarial de largo plazo.  
Así lo estableció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, quien consideró que el sector productivo tiene la capacidad suficiente para otorgar un salario mínimo de 102 pesos a finales de año.
Manifestó que hay condiciones económicas y políticas para dar este primer paso hacia la línea de bienestar que establece la ONU.
Al participar en el foro “Rumbo a la Reforma Laboral 2019”, de Hoyos anunció que la Coparmex presentará en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos una propuesta para dar este primer paso y levantar la bandera blanca en materia de bienestar familiar.
No podemos aceptar que nuestro país esté condenado al establecimiento de salarios simulados como ocurre en Venezuela y Nicaragua”, dijo el presidente de Coparmex y afirmó que hay elementos suficientes para lograr una política salarial de largo plazo.
Indicó que la inflación no tiene incidencia en un ajuste salarial; el crecimiento salarial no ha impactado en los salarios contractuales; no se ha registrado una disminución del empleo ni tampoco hay un aumento en la informalidad.
Reconoció que en los últimos dos años se ha procurado revertir la caída del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, para empezar un repunte gradual de las percepciones económicas de la clase asalariada.
Dijo que es necesario reglamentar el esquema de tercerización en el país y tener el mejor esquema para las empresas.
Por último, señaló que uno de los pendientes es el de establecer las bases de la justicia laboral para el futuro, con el objetivo de que los factores de la producción no se vean afectados y pongan en riesgo la paz laboral que priva en el país.

 https://www.excelsior.com.mx/nacional/coparmex-plantea-salario-minimo-a-102-pesos-para-fin-de-ano/1254543

 

Se anticipa Tamaulipas en reforma laboral


La reforma constitucional establece que será en el próximo mes de noviembre que deberá entrar en vigor el inicio de operaciones del nuevo sistema de justicia laboral.
 Visto 84 veces | La Región | Por Daisy Verónica Herrera Medrano
A pesar de que las leyes reglamentarias de la Reforma Laboral siguen estancadas en el Congreso de la Unión, Tamaulipas se anticipa con la construcción de diversas Salas de Oralidad en las cabeceras de los seis distritos judiciales, que son Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria, Mante y el sur del estado. 
Raúl Robles Caballero, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, dijo que se tiene listo el paquete de reformas a la Constitución local y a diversas leyes secundarias, para implementar la reforma laboral que desaparecerá las Juntas de Conciliación y Arbitraje y cederá al Poder Judicial la obligación de dirimir los conflictos entre trabajadores y patrones. 
La reforma constitución establece que será en el próximo mes de noviembre que deberá entrar en vigor el inicio de operaciones del nuevo sistema de justicia laboral, pero seguramente se aplazara un poco más la fecha por la renovación del Congreso de la Unión. 
Robles Caballero, estimó que la carga de trabajo por cada distrito judicial será en promedio de mil 500 asuntos laborales, e incluso podría ser menor porque el nuevo modelo contempla una etapa conciliatoria obligatoria previa a la presentación formal de la demanda.

https://elmercurio.com.mx/la-region/se-anticipa-tamaulipas-en-reforma-laboral

Aguascalientes: Las cuentas del magistrado: el cambio en el Poder Judicial


BY ALEJANDRO ROMO/ NW AGUASCALIENTES 23, JULIO, 2018 83
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Foto: Newsweek Aguascalientes
A partir de este martes 24 de julio, el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado será presidido por Gabriela Espinosa Castorena, magistrada de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado, quien fungirá al frente del tribunal durante los próximos cuatro años.
Se trata de la segunda magistrada que lo preside, después de Ma. Teresa Isabel Martínez Mercado, quien ocupó esa posición del 2003 al 2006.
Espinosa Castorena toma el lugar que ocupó el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez del 2014 al 2018, en una gestión marcada por la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, el crecimiento de la infraestructura del Poder Judicial, pero también por los vínculos y la cercanía que mantuvo con el Ejecutivo estatal en turno.
Justicia laboral, asignatura pendiente
Ligado a este tema, el magistrado fue nombrado coordinador de la implementación de la justicia laboral a nivel nacional, luego de la propuesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para impulsar la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales laborales en los poderes judiciales de las entidades, que ahora serían los encargados de impartir justicia en los juicios del ámbito laboral.
Sin embargo, por la omisión del Senado de la República para aprobar las leyes reglamentarias el tema se ha quedado estancado y no ha logrado aterrizarse en los estados de la República.
¿Qué cifras deja el magistrado Ponce?
Los ámbitos más activos del Poder Judicial del Estado durante la gestión de Juan Manuel Ponce Sánchez fueron los juzgados de carácter civil-mercantil, familiar y penal.
El rubro de carácter civil y mercantil fue el más demandado con un promedio anual de 50 mil expedientes abordados por los seis juzgados mercantiles y los tres de carácter civil.
De acuerdo al boletín estadístico del Poder Judicial, del 2014 a la fecha se ha actuado en 263 mil 680 expedientes, de los que se ha dictado sentencia en 103 mil 859 de ellos, es decir, un avance del 39.3%.
Por otra parte, en el ámbito de los juzgados familiares el trabajo se ha incrementado de manera importante, al pasar de un promedio de 20 mil expedientes en 2014 a casi 27 mil en 2017, siendo una de las principales razones la modificación al Código Civil del Estado para impulsar el divorcio incausado o “exprés”.
Desde su aprobación en el Legislativo en junio de 2015, las solicitudes de este tipo de divorcios se elevaron exponencialmente; por ejemplo en ese año se presentaron 710 solicitudes, mientras que para 2017 la cifra aumentó a 5 mil 199, colocándose como el principal asunto de los juzgados de carácter familiar (44.49%).
En este rubro, el Poder Judicial registró una efectividad de emisión de sentencias del 36.38% en el total de expedientes en los que actuó: 113 mil 655 en los últimos cuatro años.
Por otra parte, el Poder Judicial ha atendido entre 4 mil y 5 mil expedientes de carácter penal de forma anual en los últimos cuatro años, resolviendo sentencias en el 21.88% del total de casos.
La entrada del nuevo sistema de justicia penal
La implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio fue un reto para los órganos encargados de la impartición de la justicia en México, y Aguascalientes no fue la excepción.
En la entidad, el nuevo sistema comenzó a aplicarse a partir del año 2015 en los juzgados de Pabellón de Arteaga y, posteriormente, en 2016 ingresaron los demás municipios del estado, lo que demandó una mayor infraestructura física para su correcta implementación.
Derivado de ello, a finales de 2015 se inició la construcción del proyecto de “Ciudad Justicia”, que albergaría los nuevos juzgados en materia penal, de mediación, civil y mercantil, así como el juzgado familiar.
La primera etapa del proyecto quedó concluida en junio de 2017 con una inversión superior a los 53 millones de pesos, además de generar el compromiso para la continuidad de etapas posteriores.
Asimismo se amplió la infraestructura del Palacio de Justicia para incorporar salas de justicia oral a través de gestiones realizadas por el propio Juan Manuel Ponce.
 
En el “ojo del huracán”
Por otra parte, la gestión de Ponce Sánchez no estuvo ajena al ojo público, ya que el Poder Judicial del Estado ha tenido que actuar en casos controversiales para la opinión pública.
Uno de ellos fue el homicidio de un joven a manos de dos ex jugadores del Necaxa, Alejandro Molina y Luis Gorocito, en agosto de 2015, cuando salían de un centro nocturno al norte de la capital.
En un inicio se trató del delito de lesiones dolosas en riña, sin embargo el panorama para los futbolistas se modificó cuando, después de un par de meses, Luis Rodolfo Mariscal no pudo recuperarse de las lesiones y falleció en el hospital en el que era atendido. El delito se reconfiguró a homicidio doloso en riña.
Tras casi tres años de reclusión, Alejandro Molina fue puesto en libertad hace unos días tras cumplir la sentencia dictada por el Juez Primero de lo Penal de 2 años 10 meses y 22 días de prisión, mientras el uruguayo Gorocito continúa tras las rejas.
Otro polémico caso fue el del asesinato del delincuente Hugo Luján Ramírez, alias “El Huevo”, a manos de tres sujetos, vecinos de una balconería en la Col. Las Cumbres, al oriente de la capital.
Cansados de que en varias ocasiones “El Huevo” había ingresado al domicilio para sustraer objetos de valor, a inicios de mayo de 2017 los vecinos lograron sorprenderlo en flagrancia, lo detuvieron y posteriormente lo sometieron a golpes, acción que llevó a la muerte al delincuente.
Los argumentos de una probable “legítima defensa” de los balconeros fueron insuficientes para que el juez que llevaba el caso los dejara en libertad, resolviendo una sentencia de cuatro años de prisión y la reparación del daño por un monto de 100 mil pesos.
¿Cercanía y nepotismo?
Durante la administración del gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre, la gestión de Juan Manuel Ponce Sánchez en el Poder Judicial del Estado fue criticada por una cercanía que puso en duda la autonomía de ambos poderes.
Esto quedó en evidencia a finales de 2016, cuando el mandatario estatal otorgó un título de concesión de taxi a la esposa del magistrado, Maricela Romo Montes, quien justificó la acción al señalar que había cumplido con todos los requisitos legales y que era un tema de su esposa y no de él.
“Si el Gobernador hizo un ofrecimiento, es un tema de ella, no mío, no lo hizo por mí. Ella cumplió con los requisitos legales, además hoy en día es una facultad exclusiva del mandatario en turno y mientas no se regule no hay nada ilegal”, argumentó el magistrado en aquél entonces.
Por otra parte, se cuestionó el presunto nepotismo en el que habría actuado el titular del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, una vez que en julio de 2017 reconoció que dos de sus hijas laboraban como secretaria y jefa de causa en el Poder Judicial.
Asimismo, previo a dejar la presidencia del tribunal se dio a conocer que una de sus hijas participó en la convocatoria del Consejo de la Judicatura Estatal para ser habilitada como jueza, a lo que Ponce Sánchez respondió que él no tuvo injerencia dentro del proceso de selección, negando posibles actos de nepotismo.
“Tengo una hija que es secretaria de causa. Concursó y, de quedar habilitada, en momento determinado podrá ser llamada como cualquier otra porque es un proceso en el cual es el Consejo un órgano colegiado y ellos habrán de determinar, yo no tuve nada qué ver”.

https://newsweekespanol.com/2018/07/las-cuentas-del-magistrado-el-cambio-en-el-poder-judicial/

Descartan caos en justicia laboral


Rolando Herrera
MÉXICO.- La falta de la ley secundaria en materia de justicia laboral no ha impactado a los procedimientos que se están desahogando en las juntas de Conciliación y Arbitraje debido a que están siendo tramitados con la normatividad vigente, indicó Roberto Campa, Secretario del Trabajo.
Desde el 25 de febrero pasado debió de estar vigente la ley secundaria de la reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución, en los cuales se estableció la desaparición de las juntas y la creación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial.
“Yo no advierto que se haya obstaculizado absolutamente nada en lo relativo a la justicia laboral”, señaló Campa en entrevista.
A nivel federal, informó, están abiertos 419 mil asuntos que involucran 800 mil trabajadores, así como mil 200 casos colectivos que implican a más de un millón de trabajadores. A las oficinas de la Junta Federal en la Ciudad de México, detalló, acuden al día unas 8 mil personas.
Campa señaló que en los artículos transitorios de la reforma se establece que todos los asuntos que se encuentren en trámite seguirán siendo desahogados en las juntas hasta su conclusión, por lo que no se genera ninguna incertidumbre jurídica.
Además, resaltó, hay coincidencia entre los distintos grupos políticos para que los tribunales inicien su operación desde cero.
“Hay, básicamente, tres iniciativas que están en el Senado, que es cámara de origen. Hay una iniciativa de dos legisladores del PRI, una iniciativa del PAN y una iniciativa del PRD, que es básicamente la visión de la UNT (Unión Nacional de Trabajadores)”, apuntó.
Un primer reto que se tiene por delante, consideró, es que el Poder Judicial cuente con recursos para la creación de los tribunales.
“El segundo reto es la conformación del Instituto, que tiene ahora la responsabilidad de la conciliación y la idea es que lleguen a los tribunales solamente los asuntos que no se puedan resolver en la conciliación,”, remarcó.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1449145&v=2&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1449145&v=2

San Luis Potosí: Espacios judiciales demandan presupuesto para ejercicio fiscal 2019


21/07/18 | 11:14 | Por: David Medrano
SLP: Otra de las demandas para la infraestructura que se incorporará será para juicios mercantiles.
La demanda de mayores espacios judiciales en SLP, como serían los que permitan operar la Justicia Laboral, demandará un planteamiento presupuestal serio y responsable al STJE, para el ejercicio fiscal 2019.
A pesar que no ha sido perfilada del todo, la Justicia Laboral, la desincorporación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su régimen actual, para formar parte de la órbita de competencia del Poder Judicial, reclama ajustes en infraestructura. 
Juan Paulo Almazán Cue magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, explicó que ante esos ajustes, sí requieren de un planteamiento presupuestal serio, para el próximo año.
Muy en especial -dijo-, lo que nos permita atender estas nuevas necesidades de espacios judiciales, no ha quedado claro cómo operará la Justicia Laboral, pero debemos prepararnos para eso.
También dijo que otra demanda en infraestructura, está vinculada con lo que se refiere a los juicios mercantiles.
Almazán afirmó que los ajustes presupuestales, no serían necesarios en lo que corresponde a remuneraciones salariales, para atender la propuesta que ha hecho el presidente electo Andrés López, sobre reducir su sueldo hasta poco más de 100 mil pesos mensuales. 
El magistrado presidente explicó que las remuneraciones mensuales para ellos, y funcionarios judiciales de primer nivel, están por debajo de esa cantidad.

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=174127

Coahuila: Ven con buenos ojos cambios en la JLCyA


19 julio 2018
El cambio en la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje debe ser favorable en la impartición de la justicia laboral, el nuevo titular Ricardo Aguirre Cuéllar, es una persona se ha desempeñado en diversas dependencias, reconoció el abogado Daniel González Méndez.
Dijo que la actuación del nuevo titular tiene que cuidar no caer en favoritismos para la clase patronal, ajustarse a lo que indica la Ley Federal del Trabajo en el manejo de expedientes y sobre todo evitar malos manejos que afecten a trabajadores que tienen demanda contra patrones.
“Aguirre Cuellar, estuvo en el Registro Público de la Propiedad, también fue diputado local plurinominal y hasta presidente del Comité Municipal del PRI por lo tanto conoce sus funciones, además es de Monclova y eso tiene que ser garantía de que actuará conforme a derecho” apuntó.
Indicó que la Junta de Conciliación es una dependencia  que maneja cientos de expedientes, por lo tanto el personal tiene que conducirse conforme a la Ley, evitar filtrar información de los estados que guardan los expedientes y ajustarse a los lineamientos es la forma de manejar con honradez la dependencia.
Recordó que los últimos tres  presidentes fueron importador, Martínez Valero, Cesar Alejandro del Bosque y Gilberto Silva, llegaron de Saltillo, por ello destacó que es favorable que un abogado de Monclova maneje el tribunal laboral porque tiene sus raíces en la ciudad.
“Veremos cuál será la actuación de Ricardo Aguirre Cuellar, y cuantas veces sea necesario vamos a denunciar  cuando los expedientes se manejen con favoritismo, queremos que sea conforme a la ley no inclinar la balanza a la parte patronal  como ha ocurrido en diversas ocasiones” enfatizó.

http://laprensademonclova.com/2018/07/19/ven-con-buenos-ojos-cambios-en-la-jlcya/

Colima: Habrá justicia laboral más pronta y expedita en el TAE con incremento de planta laboral


Jul 17, 2018
Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.-  Tras la aprobación de contratar más personal en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), el presidente del órgano jurisdiccional Germán Iglesias Ortiz dijo que habrá una impartición de justicia laboral más pronta y expedita.
“Se ha incrementado la plantilla laboral, nos han autorizado tres proyectistas y una persona más que se encarga de la Oficialía de Partes, esto le inyecta más energía al Tribunal y más compromiso de que se tenga una administración de justicia, pronta y expedita y estamos en un periodo de adaptación del nuevo personal”.
Dijo que el trabajo se irá mejorando, si bien de manera paulatina, será importante en beneficio de quienes interponen recursos de índole laboral ante el Tribunal.

http://www.colimanoticias.com/habra-justicia-laboral-mas-pronta-y-expedita-en-el-tae-con-incremento-de-planta-laboral/

La revuelta laboral


18/07/2018
Manuel Fuentes
El anuncio de recortes en puestos confianza ha generado mucha inquietud entre los trabajadores | Manuel Fuentes
Reforma Laboral
Con motivo del triunfo de Andrés López Obrador a la Presidencia de la República y la obtención de la mayoría de los legisladores en las cámaras de Diputados y de Senadores de esa corriente política se hace necesario revisar el modelo laboral confeccionado por grupos patronales que usaron como mascarada a los senadores Tereso Medina de la CTM e Isaías González de la CROC para presentarla.
La propuesta avalada por el gobierno de Enrique Peña Nieto representa una de las mayores regresiones a los derechos de los trabajadores, que se complementa con las modificaciones que entraron en vigor el 1º de diciembre de 2012, como una de las primeras reformas estructurales de este gobierno y que tuvieron como propósito volatilizar los contratos, abaratar los despidos, legitimar el outsourcing, fortalecer los contratos de protección y poner los salarios en el piso.
Hay sectores en el gobierno que no comprenden lo que sucedió el 1º de julio pasado, como es el caso de Roberto Campa Cifrián, Secretario de Trabajo actual quién manifiesta que:
«…la reforma laboralpromovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado resultados positivos (¿?), por lo que sería un error echarla abajo…»
Me parece que estos actores políticos viven tiempos equivocados. Andan con el interés de querer mover el avispero para que la cámara de Senadores apruebe fast track, antes del 1º de septiembre la reforma que trabajaron debajo de la mesa grupos de interés del viejo priísmo, metidos en el negocio de los contratos de protección y empresas outsourcing. Sería un error mayúsculo si lo intentaran.
Son tiempos de cambio, para que cualquier reforma que se intente se dé en mesas abiertas de manera plural, donde no solo los empresarios y organismos sindicales leales a los poderes fácticos sean escuchados, también los organismos gremiales independientes, académicos, funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje e integrantes del poder judicial armen una propuesta más eficiente, más equilibrada, sin que pierda el carácter social del derecho laboral.
Debe revisarse también la reforma constitucional del artículo 123, aprobada el pasado 24 de febrero de 2017  hecha a las prisas, que indebidamente permite una mayor intervención del poder ejecutivo en asuntos sindicales y en la contratación colectiva, la suscripción de contratos de protección a placer, el debilitamiento del poder judicial en la solución de conflictos laborales y la separación del área de conciliación del entorno judicial, las cuales han causado mucha controversia por su difícil implementación.
Es urgente que el Congreso de la Unión se aboque a reformar el Segundo Transitorio de la reforma constitucional del artículo 123, que preveía iniciar el nuevo proceso el 24 de febrero de 2018, plazo que ya se venció, para ampliar otro más razonable, de al menos cuatro años, para implementar las modificaciones legales necesarias para que el poder judicial se haga cargo de los conflictos laborales, capacitar al nuevo personal encargado de esas tareas, habilitar las áreas en que operaran los tribunales laborales y lo más importante, planear los presupuestos necesarios para tal fin.
Del conflicto de Bomberos de la Ciudad de México
En un hecho sin precedentes en el ámbito internacional el pasado 13 de julio de 2018 la señora Karen Curtis, Jefa, Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, respondió al Secretario General del recién constituido Sindicato de Trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos «Unión y Fuerza» de la ciudad de México, la recepción de la Queja presentada el 21 de junio en contra del gobierno de México.
La queja del sindicato de bomberos fue admitida de manera urgente por la OIT a pesar de ser una organización que aun carece de registro por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y sin que tenga el carácter de organismo nacional, como en otras quejas internacionales se condiciona su recepción.
El texto dice:
«He recibido su comunicación de 21 de junio de 2018, alegando el asesinato de un dirigente sindical, así como agresiones, amenazas y otras modalidades de discriminación antisindical, por la constitución de un nuevo sindicato en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.»
Fueron 26 bomberos despedidos como represalia a la formación de un sindicato, 18 carpetas de investigación abiertas ante la Procuraduría de Justicia capitalina por agresiones físicas y amenazas que están sin proceder en contra de los responsables, dos pistoleros por encargo apresados, pero sin esclarecer el móvil del homicidio en contra de Javier García Salinas, dirigente de ese sindicato.  Todo sigue en la impunidad.
De Mexicana de Aviación
Se anunció por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la propuesta de arreglo al conflicto de Mexicana de Aviacióndespués de 8 años de la quiebra de esa empresa en favor de 7 mil 39 trabajadores que será presentada ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2100 de Mexicana.
La propuesta anunciada consiste en el pago de tres meses de salario, 20 días más 12 días de salario ordinario por año y la cláusula de jubilación de retiro (que no fue explicada en que consiste), aplicada a un listado que ya fue presentado.
Es deseable que la propuesta se haga pública para conocer los detalles de este prolongado y penoso conflicto que terminó con una de las empresas más importantes de la aviación.
Anuncios de despidos en la burocracia federal
El anuncio de recortes en puestos confianza ha generado mucha inquietud entre los trabajadores de ese rango. Existe información (a corroborarse) que el despido alcanzaría a casi 200 mil burócratas al afectarse el 70% de esos puestos de quienes perciben salarios que van desde los 9 mil 308 pesos hasta los 211 mil 440 pesos mensuales. (Recorte de AMLOalcanzaría a casi 200 mil burócratas)
Me parece que conviene esperar conocer a detalle cual es verdadero alcance de estas medidas y no apresurarse a tomar conclusiones sobre este punto. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública Federal son 278 mil 293 los trabajadores de confianza.
Una buena parte de los llamados trabajadores de confianza son quienes sostienen la función del aparato burocrático. Trabajan más de 8 horas, en jornadas de 9 a 9 de la noche o más, sin pago de horas extras y sin estabilidad en el empleo, sujetos a abusos constantes, pero existen otros que reciben salarios jugosos, que nadie los toca, como si fueran becados y que están allí por recomendaciones del más alto nivel.
¿Estamos en tiempos de la revuelta laboral?

¿A quién le importan los indígenas?
@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota
https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-revuelta-laboral/235924

 

Toman acuerdos líderes sindicales frente al nuevo gobierno


Consideraron que hay pendientes que debe atender el nuevo gobierno, entre éstos: la Ley Reglamentaria en Materia de Justicia Laboral
Los líderes sindicales denominados como independientes así como campesinos y la sociedad civil realizaron su primer pleno, para trabajar sobre la agenda y acuerdos que habrían de presentar al nuevo gobierno que encabezará López Obrador.
María Del Pilar Martínez
18 de julio de 2018, 00:49
Los líderes sindicales denominados como independientes así como campesinos y la sociedad civil realizaron su primer pleno, para trabajar sobre la agenda y acuerdos que habrían de presentar al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
En una misma mesa, sentados estaban Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), y Martín Esparza, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como representantes de organizaciones sindicales como el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) y la disidencia de los sindicatos petroleros y ferrocarrileros, como también campesinos para definir las acciones que emprenderán.
En ese sentido, se tomó como acuerdo elaborar un documento donde se solicite una audiencia con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Orador, para lo cual se hará una carta con una agenda de temas que tienen que ver con los sindicatos, el sector campesino y la sociedad civil.
Como parte central que han identificado las organizaciones sindicales, consideraron que hay pendientes que debe atender el nuevo gobierno, entre éstos: la Ley Reglamentaria en Materia de Justicia Laboral; la separación funcional de Teléfonos de México y el futuro de 60,000 trabajadores, revisar la privatización de Pemex, reactivar el agro mexicano así como tener recursos energéticos nacionales y la definición de la Corte de la Ley de Seguridad Interior.
En ese sentido, Hernández Juárez expuso que no se conoce el rumbo que tomará la política laboral.
“Nuestra lógica era que la STPS quedaría en manos de una persona; iba por el mismo carril, pero ya se empezó a hablar de los aprendices (Programa Jóvenes Construyendo el Futuro), es un asunto que laboralmente habíamos superado”.
Agregó que quien ocupará el cargo en la dependencia, Luisa Alcalde, “ya empezó a hablar de una nueva reforma laboral; entonces, eventualmente ¿qué se tiene en este momento con la ley secundaria que debe ir alineada a la reforma laboral constitucional?, porque si se quiere hablar de ampliar la reforma laboral, entonces se podría hablar de desaparecer a la Conasami, pero ya no sabemos en qué dirección están apuntando las cosas”.
Hoy miércoles se realizará la reunión plenaria de la Unión Nacional de Trabajadores, se espera que acudan senadores, diputados y funcionarios públicos que ganaron en las pasadas elecciones del 1 de julio y generar consensos siempre, “con respeto a la autonomía sindical”.

pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Toman-acuerdos-lideres-sindicales-frente-al-nuevo-gobierno-20180718-0020.html

 

Propuesta de reforma UNT – PRD


*  Participación del Licenciado Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana – Plantel Azcapotzalco,  en el Foro Reforma Laboral para Todos ¿Hacia dónde va Michoacán? Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia,
Morelia, Michoacán, a 21 de junio de 2018
En principio habrá que definir que toda reforma laboral en realidad es una reforma política. En esencia la búsqueda en nuestro país desde que en 1917 se crea el artículo 123 Constitucional, tuvo por objeto el control de los derechos colectivos de los trabajadores.
En 1917, cuando se crea el artículo 123, meses antes habían reprimido la primera huelga general en la Ciudad de México, se encontraban presos trabajadores durante la discusión de éste artículo 123 Constitucional.
Los trabajadores se encontraban desorganizados. Cuando se crea éste 123 Constitucional, uno de los primeros elementos fue plantear la determinación de la intervención del estado en los conflictos laborales.
Cuando en 1931 se crea la Ley Federal del Trabajo, la situación del movimiento obrero era de total desorganización y se pudo crear la figura del registro sindical, la toma de nota, el tema de la inexistencia de las huelgas y la obligación de depósito de los contratos colectivos de trabajo.
En 1980 se crea el artículo 923, que plantea por primera vez el escenario de los contratos de protección.
En 2012 los llamados contratos temporales que rompieron la estabilidad en el empleo de los trabajadores y después viene esta reforma a la Constitución el 24 de febrero de 2017, una de las reformas más regresivas en perjuicio de los trabajadores, porque instala dentro de la Constitución un centro que va a controlar todos los registros de los sindicatos del país y todos los contratos colectivos de trabajo, un centro que estará dependiendo directamente del Ejecutivo, a través de un organismo descentralizado y donde el Ejecutivo será quien lo designará a través de una terna que él propondrá en el Senado de la República.
Cuando se da un espacio de un año para que se lleven a cabo estas reformas, entre otras iniciativas están la del 7 de diciembre de 2017 que proponen dos Senadores del PRI; y el 17 de diciembre de 2017 la iniciativa de UNT – PRD, una propuesta de reforma legislativa; en abril de 2018 el Senador Alejandro Encinas, presenta su propuesta.
Todas ellas sin excepción tienen como base que no se consultó a los sindicatos, no se consultó a los trabajadores, fueron propuestas más bien de una oportunidad política, pero no para analizar de fondo la problemática de los trabajadores.
Si observan diversas propuestas tanto la planteada por el PRD como la del Senador Encinas se plantean propuestas que son muy apresuradas  y que no atienden a la idea de la reforma constitucional.
La reforma constitucional del 123 plantea una serie de lineamientos.

  • La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de los Tribunales Laborales;
  • Los Centro de Conciliación a nivel federal y a nivel estatal;
  • El procedimiento laboral;
  • La libertad sindical;
  • La huelga

 Estos aspectos son los temas fundamentales y ha traído como consecuencia que diversos estados de la República se estén planteando la modificación de reformas constitucionales o de leyes reglamentarias para la instalación de los Centros de Conciliación.
Los Centro de Conciliación, desde mi punto de vista, no pueden plantearse en iniciativas, sino es el Congreso de la Unión el que previamente determine las funciones de estos Centro de Conciliación.
Los Centros de Conciliación no pueden llevar a cabo substitución de la actividad judicial, como la aprobación de los convenios. El reconocimiento a la personalidad no puede darse en una instancia de un organismo descentralizado de carácter administrativo. En ese sentido la referencia que se plantea es muy importante.
Dentro de la iniciativa del Senador Encinas, por ejemplo, se establece una propuesta en el sentido que si el patrón podrá revertir la carga de la prueba al actor respecto del despido, ofreciendo el empleo al actor de buena fe.
Esta es una propuesta que legitima lo que está ocurriendo en realidad. Actualmente ha desaparecido el aviso de despido y lo que se ha generado es que los trabajadores son despedidos y se les ofrece el empleo de nueva cuenta en los mismos términos y condiciones y luego los vuelven a despedir.
Me parece que la propuesta del proyecto Encinas es regresiva, no es una propuesta que pueda estar planteando un escenario distinto. Parece redactado por funcionarios y no de una manera abierta porque plantea una serie de sanciones a los litigantes, pero no sanciones a los funcionarios que retrasan, que no llevan una función efectiva en materia procesal.
Algunas deficiencias, tanto de la propuesta de la UNT, como de la propuesta del Senador Encinas, es que no toca uno de los problemas más graves que tiene la legislación laboral mexicana, que es cómo controlar a las empresas outsourcing.
Las empresas outsourcing son la simulación de los derechos y obviamente a través de ellos los trabajadores actualmente tienen graves problemas, porque los despiden sin que pueda haber una respuesta para ellos.
Otro tema que no se toca de una manera efectiva es el tema de los Contratos de Protección. Los Contratos de Protección se limitan cuando se emplaza a huelga por la firma de un contrato colectivo de trabajo, pero no se está limitando el acuerdo privado entre el dirigente sindical y el patrón. Y en este sentido no se establecen limitantes para que se pueda obligar al patrón para que firme un contrato colectivo de trabajo a una necesaria consulta con los trabajadores.
En la propuesta del Senador Encinas, dice que bastará que se pueda acreditar que un 30 por ciento de los trabajadores ha sido consultado para que pueda proceder el depósito del contrato colectivo de trabajo. Pero, desde mi punto de vista, falta una cuestión más de fondo para poder resolver el problema.
Tanto la propuesta de la UNT-PDR, como la propuesta Encinas señalan que los contratos colectivos de trabajo serán válidos hasta el momento que el Centro de Conciliación, Registro de Sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo lo haga.
Me parece que éste es un tema muy complicado porque muchas ocasiones los contratos colectivos de trabajo se firman y entonces no entra el incremento de los salarios y de las prestaciones hasta en tanto la autoridad no los autorice.
El tema es que pueda haber observaciones en este tipo de entidades. Desde mi punto de vista se le dan facultades que no son las adecuadas.
El artículo 371 de la propuesta UNT-PRD, plantea mecanismos para asegurar la confidencialidad  a socios sindicalizados y de trabajadores que no se encuentren afiliados. Se plantea que debe haber una lista de todos los trabajadores en las cuales se señale la antigüedad de los mismos. Lo que me parece riesgoso, porque si en una empresa de 700 trabajadores se pone, su antigüedad, hay muchas ocasiones que si los trabajadores no están atentos, como es un derecho personalísimo y se pasa el transcurso de un año y no hacen la objeción puede traer consecuencia. Me parece que no es el lugar donde deben de estar las antigüedades de los trabajadores.
Se deroga la prohibición de la participación de extranjeros en los sindicatos que ha sido un reclamo de la OIT al gobierno mexicano.
Se propone la derogación de la cláusula de exclusión. Recordemos que actualmente la cláusula que fue derogada con motivo de la reforma constitucional fue la cláusula de exclusión por separación y la de ingreso permanece, se está planteando la desaparición de ambas.
Se plantea que el recuento sería el único medio probatorio de la pérdida de la mayoría de trabajadores. La UNT plantea la relación a los trabajadores sea necesario comprobar al menos un 30 por ciento de los afiliados comprobantes de seguridad social.
Propone también que la autoridad registral sea la que conozca algunas violaciones en materia de libertad sindical. Me parece que esta propuesta que se está haciendo no es aplicable, porque no es la autoridad registral la que debe conocer denuncias a la libertad sindical, debe ser en todo caso el Tribunal Laboral el que conozca de ésta y no un organismo administrativo.
La propuesta de UNT también plantea algo interesante, de quitar el patrón como parte en los conflictos intersindicales y solamente pueda intervenir como coadyuvante.
Se propone que para plantear la titularidad de un contrato colectivo se acredite que están afiliados a ese sindicato del centro de trabajo, el 20 por ciento de los afiliados. Y señala que se mantendrán en reserva.
El tema de la reserva es un tema muy delicado porque no hay mecanismos para que los trabajadores tengan seguridad de que, efectivamente, sus datos se mantendrán en reserva.
Este año tuve la experiencia de presentar un registro de un sindicato de bomberos en la Ciudad de México, el 29 de enero de 2018, y al día siguiente la autoridad patronal ya tenía el listado de los socios del sindicato y los 27 bomberos que inicialmente plantearon el registro del sindicato, la patronal ya los había mandado a la calle. Y la autoridad tenía la obligación de conservar los nombres de los trabajadores.
No hay seguridad en dar los nombres en una demanda de titularidad, en donde se solicita que sea al menos el 20 por ciento de los afiliados.
Me parece que debe haber propuestas del qué, sino la manera de cómo plantearlo.
Hay un problema de fondo muchos líderes sindicales han hecho negocio con la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Demanda la titularidad con una sola firma, la del secretario general y le dicen al patrón, retiro la demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo si llegamos a un arreglo económico.
Nos encontramos con un problema muy delicado porque el tema es que la figura de las organizaciones sindicales, desde mi punto de vista, han entrado en declive. Las organizaciones sindicales no me parece que sea la mejor manera de poder representar a los trabajadores. Yo creo que uno de los temas que no taca ni la propuesta de la UNT, ni el proyecto Encinas, es precisamente el reconocimiento de las coaliciones mayoritarias.
Por qué los sindicatos tendrán que ser los propietarios de los emplazamientos a huelga, de los contratos colectivos de trabajo, de las revisiones, y no las coaliciones.
En otros países como Uruguay, Argentina, Paraguay, plantean el reconocimiento de las coaliciones como un elemento muy importante.
En este sentido hay una serie de propuestas, por ejemplo el artículo 458 de la propuesta Encinas en donde da facultades al Centro de Conciliación de no dar trámite a un emplazamiento a huelga, me parece aberrante.
Un Centro de Conciliación no puede tener facultades contenciosas. Me da la impresión que este tipo de propuestas fueron hechas a la prisa, no fueron consultadas.
Me parece que todas las propuestas deben ser revisadas, analizadas para que no caigamos en un escenario delicado.
La propuesta de la UNT también plantea el tema de poder demandar la nulidad de un contrato colectivo de trabajo, dice que prescribe al año. Me parece que este tipo de cuestiones no deben ser prescriptibles, deben ser imprescriptibles.
Un contrato colectivo de trabajo que no reúna las características de protección a los trabajadores, su nulidad debe ser siempre en todo tiempo, más cuando se trate de contratos de protección.
El artículo 529 dice “reportar al órgano de conciliación violaciones en materia de sindicación” Me parece que este tipo de propuestas son regresivas. Por qué se le van a dar facultades a un organismo del Ejecutivo para que pueda conocer violaciones en materia de sindicación cuando ha sido la autoridad, el gobierno, promotor de las violaciones a las libertades sindicales.
Me parece que debemos de estar en un paso en el que el tema laboral, el tema de los conflictos individuales llega a un escenario donde sea el Poder Judicial el que dirima los conflictos y nunca más el Ejecutivo Federal, nunca más los gobernadores de los estados.
Gracias
Te invitamos a leer los apuntes completos del Foro Reforma Laboral para Todos ¿Hacia dónde va Michoacán? Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, Michoacán, 21 de junio de 2018 en:
http://reformalaboralparatodos.org.mx/portfolio/foro-reforma-laboral-para-todos-4-2/