Por Daniela Barragán
SinEmbargo
agosto 01, 2018 SECCIÓN economía
El Consejo Coordinador Empresarial expuso ya sus puntos mínimos al nuevo Gobierno federal para implementar en materia laboral. En un comunicado dijo que una de las prioridades era generar un ambiente para atraer inversiones y generar empleos a partir de las empresas y que había que fomentar el empleo como “la vía para salir adelante”.
¿Qué opciones da el empleo en México? Con la consolidación de la Reforma Laboral –aprobada durante la administración de Felipe Calderón e implementada por Enrique Peña Nieto– los resultados no son positivos. De acuerdo con especialistas y con los números, lo que se obtuvo fue pobreza y precariedad.
Andrés Manuel López Obrador durante su campaña centró sus propuestas laborales en trabajar en un aumento salarial y en las oportunidades a los jóvenes. Hasta el momento, el tema de la legislación en materia no ha sido tema.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto está por concluir su sexenio y con un país en crisis laboral, afirman economistas y abogados en materia de derechos de los trabajadores. Este enorme pendiente de su administración federal, coinciden, va más allá de sus constantes anuncios de creación de empleos: la realidad muestra que la mayoría de los mexicanos trabaja en la informalidad y que los que son formales no tienen los derechos básicos ni gozan de un salario que pueda salvarlos de la pobreza.
Las cifras sobre la situación laboral durante la administración de Enrique Peña Nieto muestran que en México no se vive una situación de “pleno empleo”. De acuerdo con los números presentados por académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la tasa de desempleo se ubicará este año en 3.36 por ciento y con 684 mil empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Pero si esos empleos se analizan por su nivel salarial, al cuarto trimestre de 2017 el 31.44 por ciento son empleos de uno hasta dos salarios mínimos, el 23.29 por ciento es de dos hasta tres salarios mínimos, el 17.53 por ciento es de hasta un salario mínimo, el 14.81 por ciento es de más de tres y hasta cinco salarios mínimos, el 7.57 por ciento no recibe ingresos y sólo el 5.37 por ciento recibe más de cinco salarios mínimos.
Esa es la realidad heredada ahora con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): de los 746 mil nuevos empleos creados en 2017, 272 mil corresponden a plazas con ingresos de hasta tres salarios mínimos, mientras que 363 mil se perdieron en los segmentos de mayores ingresos.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta el cuarto trimestre del año pasado, el 31.44 por ciento de los nuevos empleos generador son de uno hasta dos salarios mínimos, el 23.29 por ciento es de dos hasta tres salarios mínimos, y el 17.53 por ciento es de hasta un salario mínimo.
Y así, aun con trabajo, surge la pobreza.
México se ubica en el último lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante 2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).
Un informe del Observatorio de Pobreza y Desigualdad de las Universidades Jesuitas de América Latina detalló que el salario mínimo de México es cinco veces menor de lo que debería ser para que una familia se ubique por arriba de bienestar mínimo y en consecuencia, sólo el 21 por ciento puede comprar la canasta básica, incluido ahí el 10 por ciento de la población con mayores ingresos.
Según ese documento, el 74 por ciento de la población pobre lo es por el factor de los ingresos, mientras que la pobreza general aumentó 3 puntos porcentuales, según el estudio realizado por la Ibero, situándose en 65 por ciento total de la población.
¿Cómo se aborda esta realidad? De acuerdo con académicos consultados por SinEmbargo, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad, si quiere, de dar golpes inmediatos, pero también tiene la opción de dar “paliativos”.
MODIFICAR [O TIRAR] LA REFORMA LABORAL
Héctor Rubio, coordinador del Colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, comentó que lo primero que tiene que hacer el nuevo Gobierno federal es reconocer que “estamos o que llegamos al peor de los escenarios, con leyes que no se aplican y/o que no funcionan”.
Desde su perspectiva, el agravante de esta situación es que hasta este momento y durante este sexenio, las decisiones se tomaron contra toda evidencia y se optó por implementar acciones cosméticas que no mejoraron la vida de las personas.
Para Alfredo Bravo Olivares, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un primer gran paso del nuevo Gobierno de López Obrador será abordar la viabilidad de la subcontratación con miras a eliminarla.
“Que se acabe ese mecanismo de subcontratación que lo único que genera es precarización laboral, porque es trabajo sin ninguna prestación social. El outsourcing ha generado que los esquemas salariales sean más bajos porque la empresa en cuestión contrata a la empresa que opera como outsourcing y ésta se lleva una ganancia que va en detrimento del salario del trabajador. Si se elimina a esos intermediarios y se obliga a la empresa a que contraten directamente, se acabará con el negociode unos cuantos”, dijo.
Para el economista, la Reforma Laboral precarizó las condiciones de los trabajadores y tanto los organismos del Gobierno federal como las empresas se han lavado las manos mientras que los trabajadores viven en condiciones de miseria, por lo que sería erróneo pensar que con solo eliminar el outsourcing se mejorarán las condiciones del trabajador, aunque sí se garantizaría el goce de derechos laborales.
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En este sentido, Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó que la propuesta que se ha presentado es la de mejorar el nivel de vida a través del mercado de trabajo con el concepto de flexibilidad laboral con seguridad, que consiste en que para todos los participantes del mercado de trabajo, sea formal o informal, debe estar garantizada la seguridad.
“Lo que debería de hacer la siguiente administración es buscar las condiciones para que el mercado de trabajo efectivamente sea flexible, pero sin desproveer de seguridad al momento de pasar de un sector a otro, de un empleo a otro, de una actividad a otra. El problema de toda la población laboral es que cada vez es más reducido el sector formal donde se puede tener un trabajo de calidad y estable, entonces lo primero que hay que hacer es ampliar el sector formal y la forma es eliminando todos los impuestos o contribuciones que estén ligados al trabajo, como los impuestos a las nóminas, las contribuciones a la seguridad social todo obstáculo para hacer una contratación a bajo costo”, explicó en entrevista con este diario digital.
Bravo Olivares agregó que la urgencia de acciones concretas y directas es para comenzar a erradicar las consecuencias de la Reforma Laboral, “convirtió a México en el país de América Latina con el peor esquema salarial y en el país del mundo donde más horas se trabaja. Si no se modifica eso que ya está en la ley y que les permite actuar a las empresas libremente, las condiciones de los jóvenes y de los adultos y de todos los trabajadores en general, van a seguir por las calles de la amargura”.
Lo primero que hay que hacer es ampliar el sector formal y la forma es eliminar impuestos o contribuciones que estén ligados al trabajo, como los impuestos a nóminas y las contribuciones a la seguridad social, todo obstáculo para hacer una contratación a bajo costo, dice Rodolfo de la Torre.
LOS SALARIOS Y LOS EMPRESARIOS
La reacción de los empresarios mexicanos es el reto que se observa en puerta cuando se aborde el tema salarial, que es uno de los que podría salir más rápido.
Par Rubio, desde el primer minuto de esa administración se puede decidir la existencia de la Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasami). Para Acción Ciudadana esta institución no tiene ninguna razón de ser y además los resultados que ha arrojado en los últimos 25 años es el empobrecimiento de los trabajadores y la precarización de las condiciones en el mercado laboral.
La Conasami ha sido presidida por Basilio González Núñez por 26 años. Actualmente es el funcionario público más veterano de México y en casi tres décadas no ha logrado que el salario mínimo llegue a un nivel de bienestar para los mexicanos. Sin embargo, él sí ha logrado que su fortuna crezca.
El hombre que ha negociado con cinco Presidentes de la República, 11 Secretarios del Trabajo, que trabajó durante el salinismo y luego con el zedillismo al tiempo de la crisis financiera de 1995; el contemporáneo de los asesinatos del candidato y secretario general del PRI, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, así como la muerte del octogenario dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez Sánchez, jamás ha aceptado hacer públicos sus bienes patrimoniales.
Durante el peñanietismo, el salario bruto de González Núñez se ha mantenido prácticamente igual: en 2014 era de 173 mil 466 pesos, en 2015 fue de 173 mil 436, en 2016 fue también de 173 mil 436. Es decir, sólo durante esta administración federal ha percibido más de 10 millones de pesos.
“Se tiene que acabar con la absurda contradicción de trabajar y ser pobre. En México el trabajo es un factor que produce pobreza”, afirmó Rubio sobre el papel de la Conasami.
De la Torre expuso que aunque los salarios no están por completo en manos del sector público o de políticas públicas, el nuevo gobierno sí puede enviar señales de mejorar los salarios mínimos y los máximos.
En cuanto al salario mínimo, el CEEY observa un margen para elevarlo gradualmente a los 100 pesos diarios, y mejorar las condiciones de vida para los trabajadores que menos ganan.
El académico de la UNAM recordó las exigencias de Estados Unidos y Canadá hacia México para que eleve sus salarios en medio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sin embargo consideró que las exigencias de los empresarios mexicanos tendrán más peso.
“Está el decálogo del CCE: están a favor de que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores pero sin modificar los esquemas fiscales. Los empresarios mexicanos quieren que se quite el impuesto sobre nómina, así pueden dar más prestaciones o incrementar salarios, pero no quieren sacrificar el 15 por ciento de sus ganancias anuales para incrementar salarios. Lo siguen dejando como tarea de una oficina que determina un aumento anual”.
“Claramente tenemos que transitar hacia esquemas de mayor flexibilidad laboral porque así es la realidad del mercado laboral en todo el mundo, pero lo que no se ha hecho en México es la seguridad social para los trabajadores. En otros países donde hay reformas de flexibilidad no son solo para los empresarios, sino que es, sobre todo, para los trabajadores. La reforma laboral ha privilegiado la flexibilidad, pero o ha puesto énfasis en la protección de los trabajadores”, sostuvo Rubio.
“Quieren que les cobren menos impuestos y sólo así ellos pueden pagar más. Los niveles de desigualdad exigen que sean los empresarios los que se aprieten el cinturón y esa es la tarea que tiene que cumplir Obrador para toda la gente que salió a votar por él, que está esperando eso. La gente está esperando que se revierta la desigualdad existente sobre la base de las leyes. Los cambios llevan tiempo, pero si no camina por ahí no tendrá ningún significado para los trabajadores y seguirán en las mismas condiciones”, agregó Bravo Olivares.
EL RETO CON LOS JÓVENES
Los investigadores coincidieron en que uno de los principales problemas a atender son los jóvenes. Para De la Torre, lo que debe incentivarse es que su primer empleo sea en el sector formal, ya que se ha observado que eso determina después una trayectoria laboral exitosa.
Rubio agregó que México inicia en 2018 una etapa de bono demográfico que concluirá entre los años 2030 y 2035.
“Lo que hagamos o dejemos de hacer como país con los jóvenes, empezando ya, va a determinar el futuro y la viabilidad que México. Lo que se ha hecho con los jóvenes es cerrarles las puertas, las oportunidades y eso ha repercutido en bajos niveles de crecimiento económico, baja productividad. Y también en altos índices de violencia, que empiezan justamente porque los jóvenes no tienen oportunidades y no están logrando encontrarse en el mercado laboral, que no les ofrece empleos y los que hay son mal pagados o con altos niveles de precarización”, planteó.
Bravo Olivares criticó la forma en como son contratados bajo la idea del “primer empleo”.
“Ocurre en la Auditoría Superior de la Federación (ASF): contrata becarios para que ‘vayan agarrando experiencia’, pero con un salario de una tercera parte de lo que pagaría a un profesional con experiencia. Cuando se acaba el tiempo de becarios, se va y llega otro. Así también trabajan las empresas privadas: te doy un salario precario pero vas a aprender”, dijo Bravo.
Por Daniela Barragán
