Son los sindicatos los responsables de convocar a una votación libre, directa y secreta en la que deberán de votar los trabajadores en favor o en contra del contrato colectivo, dijo la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación
Ivette Saldaña 5/08/20
Con la reforma laboral mexicana, hecha en el 2019, se abrió el reto de legitimar 560 mil contratos colectivos, de los cuales corresponden a 6 mil maquiladoras del país; si bien aún faltan tres años para lograrlo, los avances son pocos, por diversas causas, entre ellos la pandemia.
Pese a que el escenario preocupa a las empresas, son los sindicatos los responsables de convocar a una votación libre, directa y secreta en la que deberán de votar los trabajadores sindicalizados en favor o en contra del contrato colectivo de trabajo, dijo el director del Comité nacional laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Álvaro García Vargas.
Explicó que hasta la fecha hay 168 contratos colectivos que ya se aprobaron por los trabajadores en votaciones, lo que es muy poco comparado con la cantidad de contratos que existen en el país. En el caso de la maquiladoras el avance es similar, dijo a EL UNIVERSAL.
Se trata de 6 mil contratos aproximadamente del sector maquilador, pero solamente de los socios de Index son mil contratos colectivos, de los cuales menos de 10 ya se sometieron a votación.
Expuso que el problema es que la pandemia por el Covid-19 interrumpió los esfuerzos porque las maquiladoras iniciaron con una campaña de difusión y de capacitación para que los sindicatos iniciaran con este proceso en febrero pasado, algo que ya no se logró seguir cuando inició el confinamiento por la pandemia.
“Promovemos esta tarea, creemos que es un instrumento positivo que existe, que requiere prepararse, que requiere que el sindicato lo solicite, no es que la empresas legitimen el contrato, no es una acción que la empresa realice, el sindicato tiene que registrarse con una plataforma que la Secretaría del Trabajo dispuso…luego se hace la solicitud para legitimar un contrato, así que requerimos la acción del sindicato”, expuso.
Afirmó que otro problema que se registra en el país es que hay contratos de protección, que se celebraron a espaldas de los trabajadores, por lo que solamente 140 mil pasarán verdaderamente por el proceso de legitimación que consiste en que sean aprobados por los trabajdores mediante voto personal, libre, secreto y directo.
Hace una semana, el ahora titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que se tiene hasta el primero de mayo de 2023 para legitimar todos los contratos existentes, y, de acuerdo con los estudios de la Secretaría del Trabajo, existen 560 mil contratos colectivos a nivel nacional, de los que 532 mil corresponden al ámbito local y 28 mil al ámbito federal.
Ante las afectaciones a los puestos de trabajo por el confinamiento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha convertido en una de las dependencias clave en la gestión de esta crisis.
José Lebéña 05/08/20
La secretaria confía en que sea este mes cuando comience a recuperarse la economía y con ella la generación de empleo, especialmente por el impulso de la construcción.
Luisa María Alcalde, la secretaria más joven del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador
Con tan sólo 32 años, Luisa María Alcalde es la integrante del gabinete presidencial más joven, y como tal ha puesto todo su empeño en revisar las políticas laborales que tanto aquejan a quienes buscan su primer empleo en el país.
Además, como mujer se ha centrado en promover políticas de equidad salarial para ambos sexos. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 que afecta no sólo al casi millón de mexicanos que han perdido su empleo desde marzo, sino a toda la población en edad de trabajar, le ha puesto nuevos retos en su puesto, pues tiene que afrontar no sólo la recuperación de fuentes laborales, sino también cómo legislar el home-office, las vacaciones y evitar que se violenten los derechos de los trabajadores.
A pesar de las advertencias del gobierno, en medio de la contingencia sanitaria ha habido despidos y reducciones de salarios, así como despidos sin pago de liquidaciones de ley, ¿cómo ha afectado los derechos de los trabajadores la pandemia por Covid-19?
— Yo creo que México no es la excepción, en el mundo entero esta situación del Covid-19 ha llevado a una situación muy dolorosa, no sólo por la parte sanitaria, sino también por la cuestión económica. La gran mayoría de actividades productivas debieron suspenderse y eso implica una situación compleja tanto para los empleadores, como para los trabajadores. Dos temas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con los despidos injustificados, suspensiones de salarios, como mandar a los trabajadores a casa sin derecho a sueldo, lo hemos tratado por parte de la Procuraduría de Defensa del Trabajo Federal. Es una atención mucho más amplia e inmediata, no sólo presencial, también digital que permite orientar jurídicamente a los trabajadores y empleadores, promoviendo mucho que se generaran consensos de las dos partes, porque no puede existir la imposición de uno sobre otro. Lo ideal, y es a lo que hemos apostado, es la conciliación, pero también la Procuraduría puede defender jurídicamente a trabajadores cuando no hay o no se alcanza un acuerdo.
En el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se encarga de la impartición de justicia en la parte federal, se está estableciendo una junta especial que dará trámite a todos los casos por Covid-19 de manera que permita agilizar y hacer más rápida la solución de estos despidos.
Tenemos un problema grave en el país donde los juicios laborales tardan muchísimo en resolverse. Parte esencial de la reforma laboral que estamos implementando, es dar respuesta a este problema tan severo que tiene tardanzas que van de uno a tres años.
¿El Covid podría fungir como una enfermedad laboral en esta nueva normalidad?
— Sí, las incapacidades se han venido dando por enfermedades respiratorias por el tema del Covid e incluso, por esta relación tan cercana con el IMSS, en los casos en donde en una empresa o centro de trabajo identificamos un incremento muy importante por enfermedades respiratorias, siempre acudimos para estar seguros de que no se trate de un brote o que sea algo vinculado a que no se tienen las medidas necesarias. Por lo tanto, las incapacidades se dan también por el Covid.
En lo que respecta al teletrabajo, ¿qué se requiere para que tanto empresas como oficinas públicas no incurran en abusos por las jornadas laborales, bajas de salarios y apoyos a insumos y material de trabajo?
— La pandemia nos ha enfrentado con varias realidades, una en materia laboral es ésta. Necesitamos repensar y discutir, en conjunto con el Congreso, con miras a que no se violen derechos, en el entendido de que las actividades que se puedan realizar en casa, eso no signifique que se exceda la jornada laboral permitida por la ley. Ver en qué condiciones, quién pone qué insumos y esa es una discusión que esperemos se esté dando en las próximas semanas; ya se inició la propia academia, ya ha planteado la disponibilidad para acompañar este proceso de discusión. En otros países del mundo ya se tienen legislaciones específicas, pero el mundo del trabajo tiene que adecuarse a esta nueva realidad que es el trabajo en casa, pero también a lo que vemos más intenso con las plataformas que te llevan insumos, alimentos…y por tanto, el mundo laboral, que en nuestro caso es la Ley Federal del Trabajo y del IMSS, deben entender que estamos frente otra realidad que ya no es la relación laboral tradicional, de un solo empleador, un lugar de trabajo, un trabajador y un horario en específico, sino cómo podemos restablecer esas nuevas realidades ahora; eso debe legislarse en el Congreso, pero nosotros lo seguiremos de cerca con nuestra experiencia.
La IP busca un pacto nacional para la reactivación con un salario de emergencia, ¿es posible articularlo? En otros países como Chile o España crearon los ERTE para apoyar tanto a empresas como a trabajadores.
— Creo que puede discutirse, pero la enorme prioridad la tenemos que dar abajo, se están dando los créditos a la micro y pequeña empresa, pero todo el esfuerzo del gobierno va dirigido a la gente más vulnerable, pero no los de hasta abajo, sino al 70% de las familias en México.
Todos los recursos se destinan a esta situación, es importante valorar las diferentes opiniones y propuestas, pero siempre teniendo en cuenta que a los que hay que proteger son a los de abajo.
¿Qué ha pasado históricamente? Que se protege a los de arriba, a las empresas y al final eso no acaba generando un impacto a los de abajo.
Recordemos los altos números de informalidad, hay muchas personas que viven al día y que de no haber obtenido esos recursos hubiese sido muy difícil pedirles que se queden en casa como en el caso del Covid.
Hoy tenemos la certeza de que más del 95% de las familias en las zonas indígenas reciben por lo menos un apoyo del gobierno, a veces más de uno, porque puede ser que una familia cuente con un estudiante becado y que su madre reciba el apoyo a madres trabajadoras.
Recientemente publicamos en Publimetro que cerca del 80% de las ofertas laborales son fraudulentas y existe demasiada simulación laboral en el país, ¿cómo trabaja el gobierno para contrarrestar estas prácticas abusivas?
— Lo que ha sucedido en los últimos seis años de la administración anterior. Ahí podemos ver un incremento importante en dos realidades, uno es la simulación de las relaciones laborales, se genera a través de contratos civiles y no laborales, de prestación de servicios, cuando en realidad se tienen relaciones laborales y todas las condiciones de una.
Por otro lado, también vemos la subcontratación abusiva, que también ha sido una figura que se expandió sin ningún tipo de regulación y límite.
Hemos avanzado bastante de la mano del Congreso, para poder contar con una regulación que permita establecer límites claros y, sobre todo, herramientas y dientes a las dependencias para poder intervenir y regular de manera mucho más eficiente.
Se ha hecho un trabajo muy interesante. Cuando llegamos aquí, no había habido una sola inspección en materia de subcontratación, también cuando hay simulación de relaciones laborales y ahora, en conjunto con información del IMSS, es muy importante, pero también del SAT, porque ahí es donde podemos identificar todas estas simulaciones con la UIF y de la Procuraduría Fiscal. En conjunto, todas las dependencias hicimos una estrategia de intervención ubicando estos abusos, se ha avanzado y seguiremos por esa ruta, pero consideramos que es importante que exista una regulación y modificación a la Ley Federal del Trabajo que permita mayor eficiencia en esta tarea.
En tan sólo dos años el salario mínimo ha sufrido uno de los mayores avances de la historia del país, ¿hacia dónde se encamina para 2024?
— Uno de los pilares y prioridades de la secretaría es la recuperación del salario mínimo, es una prioridad del gobierno y es importante señalar que los avances que hemos tenido son históricos, 35% del poder adquisitivo se ha recuperado en estos años que llevamos, se ha hecho por consenso con el sector empresarial y con el sector obrero.
Creemos que esta es la ruta a seguir. Históricamente, el gran fantasma era que no se podía subir el salario mínimo porque iba a haber inflaciones altísimas, que iba a haber una distorsión, y ya demostramos que no es así, que en realidad es una política efectiva.
Y que no podemos seguir sosteniendo que durante 40 años se perdió el 70% del poder adquisitivo, el salario mínimo se quedó por debajo de la pobreza, ni siquiera alcanzaba para que un trabajador comprara su canasta básica.
Tenemos que ir avanzando a que el salario mínimo sea lo suficiente no sólo para la canasta básica del trabajador, eso ya lo tenemos, sino también para que alcance para el trabajador o trabajadora y un dependiente económico. En la mayoría de las familias no es nada más quien trabaja, sino los hijos que conforman el núcleo familiar, y tenemos que ir avanzando hacia allá.
Obviamente con mucha responsabilidad y siempre con un diálogo abierto, creemos que es importante que sigamos avanzando en la recuperación del salario mínimo.
¿Me podría dar un monto ideal?
— Si en dos años logramos 35%, esperamos poder seguir con esa tendencia.
Lo que se ha demostrado es que no podemos apostar a ser un país competitivo por sus bajos salarios, por la precarización laboral, por prometer que no habrá sindicatos ni huelgas ni conflictos laborales.
Lo que necesitamos hacer es proteger derechos y fortalecer la posibilidad de mejoras a las condiciones laborales, una ruta es el salario mínimo, pero no puede ser la única.
La otra es la negociación colectiva, la posibilidad de que los trabajadores puedan negociar cada año los salarios; y cada dos años su contrato y condiciones laborales para irlas mejorando.
Y si hablamos de vacaciones, los mexicanos son los que más horas pasan en el trabajo y en conjunto los que menos vacaciones tienen entre los países de la OCDE.
— Es otro de los temas que hay que verlo en sus dos dimensiones, no sólo es la parte legislativa, sino también a través de las negociaciones como se van mejorando las condiciones.
Hay que entender que la LFT establece lo mínimo, por ahí no puedes negociar nada, pero el problema es que lo mínimo no es de ninguna manera lo deseable.
Por eso las negociaciones tienen que reflejar que se mejoran las vacaciones, prestaciones y sobre todo el salario; esa es la clave de ir viendo una recuperación del salario mínimo y del promedio. Que lo hemos visto en estos dos últimos años, esa es la gran apuesta para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿cuántas empresas inscritas han incumplido con la labor de capacitar a los jóvenes y sólo se quedaron con el recurso?
— Ha sido un programa fundamental que atiende a una realidad en nuestro país de millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, no porque no quieran sino porque no hay alternativas, no ven posibilidades.
Estos jóvenes se encuentran en zonas urbanas y rurales, no hay distinción entre jóvenes que concluyeron sus estudios y los que no. Ha logrado atender a ese sector de la población, alejándose de la actitud anterior de llamarlos “ninis” y estigmatizarlos como si fuera su culpa.
Ha permitido atender eso y ha sensibilizado a las empresas de todo tipo, ahora incluyen e incorporan a los jóvenes de sus comunidades y los forman.
Ha habido una sensibilización de lo que significa la capacitación en el trabajo, que no era algo muy desarrollado en nuestro país. Al principio muchas empresas decían ante el programa “¿yo qué gano? Yo lo voy a formar, pero ¿qué gano?”
Hoy vemos cada vez más interés en él, ya que en la medida en que van formando a estos jóvenes, no sólo se enriquecen de su trabajo y ganas, sino les ayuda a formar a sus futuros colaboradores.
Muchas veces los empleadores no encuentran a los perfiles idóneos para sus vacantes, este programa ayuda a que una vez que los incorporan y forman, también desarrollan las habilidades y competencias que requieren las industrias para ser más productivas.
Ha habido un balance interesante y ahora, frente al Covid-19, es cierto, muchas empresas suspendieron actividades o las atienden desde casa; pero también ha atendido a una problemática adicional del sector de los jóvenes.
La beca de 3 mil 748 pesos mensuales es igual a un salario mínimo y se tiene cobertura médica, que hoy en día es algo fundamental. Es fundamental no sólo la experiencia, sino el certificado firmado por el presidente de la República que les sirve como una especie de carta de recomendación para aquellos que pidan trabajo en algún lado.
Alfredo Domínguez dijo que la mayoría de los acuerdos carecen de respaldo de los trabajadores sindicalizados
Gabriel Xantomila 04/08/20
Eliminar todos los contratos colectivos de protección es el objetivo de Alfredo Domínguez Marrufo, recientemente nombrado director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). El funcionario aseguró que de los 500 mil contratos colectivos registros, dos terceras partes carecen del respaldo de varios de los trabajadores sindicalizados.
“(Son) los denominados contratos de protección, por lo que estamos hablando de un promedio de 170 y 150 mil están realmente vivos, por eso vamos a legitimar solo una parte de ellos y aquellos que no se ajusten a las nuevas reglas, los trabajadores no van a aprobar a sus dirigentes y será difícil que mantengan su registro en cuanto a toma de nota”, dijo.
En entrevista con El Sol de México, Domínguez Marrufo explicó que este nuevo centro tiene la misión de devolverle el poder a los trabajadores para acabar con los abusos de sindicatos que solo extorsionaban a los empleadores, tal como lo plantea la reforma laboral del año pasado y el T-MEC.
Un contrato colectivo de protección es un acuerdo firmado entre un patrón con un líder sindical sin el permiso de sus agremiados, y que normalmente afecta los derechos de los trabajadores.
“(Hay) supuestos líderes de sindicatos que emplazan una huelga por la firma de un contrato colectivo sin tener ninguna representatividad. Hoy tendrán que demostrar que cuentan al menos con 30 por ciento de respaldo de la fuerza laboral”.
Con la reforma laboral, los sindicatos tendrá que presentar ante el nuevo Centro sus estatus que contengan un método democrático para la elección de sus dirigentes. Aunque el periodo para hacerlo ya comenzó, aún falta 80 por ciento de las organizaciones sindicales por cumplir con este requisito, en especial las locales. «Los trabajadores deben conocer que pueden ejercer este derecho que creen perdido desde hace mucho, pues cuando han tratado de involucrarse en lo sindical y contratación colectiva. Han sido reprimidos, padecido represalias y objeto de discriminación, pero cuando vean que está garantizado desde todas las autoridades su participación y que es para mejorar sus condiciones de trabajo será diferente».
SIN CACERÍA DE BRUJAS
Domínguez Marrufo, exsubsecretario del Trabajo, fue designado la semana pasada por el Senado de la República como el nuevo titular del centro, y prometió no comenzar una cacería de brujas. “Nosotros no vamos a actuar por consigna, la propia ley establece los principios. No es un cambio solo de normas e instituciones, es cambio cultural, (el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral) no va a poner ni a quitar líderes, eso le corresponde a los trabajadores, por eso se garantiza que puedan votar en plena libertad, en un lugar seguro, padrón confiable, sin injerencia de empleadores ni otros grupos ajenos”.
El titular del Centro comentó que los sindicatos deben ajustarse a la nueva regla: el respeto al voto personal, libre y secreto en elección de directivas y contratos.
El CFCRL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
El Centro estará instalado donde fue la Unidad de Funcionarios Conciliadores al sur de la Ciudad de México y en otras ocho entidades federativas, donde habrá tareas de registro y conciliación laboral: Tabasco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Estado de México y Durango, como primera etapa.
Domínguez comentó que el nuevo Centro es la joya de la corona de la reforma laboral. “Estamos acostumbrados a este tipo de retos, desde la sociedad civil y desde los movimientos sociales estuvimos picando piedra y ahora desde una institución pública con el respaldo de senadores para interlocución y concertación con el Poder Judicial, con organismos empresariales, sindicales y con entidades federativas. Es un compromiso internacional con el T-MEC la creación de este órgano y México se comprometió con los gobiernos de EU y Canadá para todos los recursos y fondos que sean necesarios para llevar a adelante este nuevo Centro”, recordó el funcionario.
CHANTAJE Y PROTECCIÓN
La autoridad laboral federal tiene activos a poco más de dos mil sindicatos renovando su dirigencia, mientras que a nivel local son 26 mil sindicatos registrados en Junta Locale de Conciliación y Arbitraje.
En cuanto a contratos colectivos de trabajo (CCT), el número aproximado es de 500 mil, lo que no quiere decir que estén vigentes, porque se calcula que una tercera parte ya habría cumplido su vigencia.
El resto de los contratos tendrá que ser ratificado por la mayoría de los integrantes de los sindicatos.
El Consejo Coordinador Empresarial lanzó un cuestionario que le permitirá a las empresas autoevaluar si su operación se apega a las reglas laborales que impone el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó una herramienta de autodiagnóstico para que las empresas verifiquen si cumplen con las nuevas reglas laborales establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El nuevo tratado comercial contempla una serie de disposiciones en materia laboral que las empresas que operan en México deben cumplir para evitar quejas de otros países y, en un escenario más severo, la prohibición de la importación de un producto mexicano a territorio estadounidense o canadiense.
Por ello, el CCE lanzó una herramienta que ayudará a las empresas mediante un cuestionario de 57 preguntas a autoevaluarse y verificar si su operación está respetando las nuevas reglas en materia laboral, como lo son la libertad sindical, la negociación colectiva auténtica y la no injerencia en la vida sindical, entre otros compromisos asumidos por México para la firma del T-MEC.
“Confiamos en que todos estos esfuerzos serán de gran utilidad para toda la comunidad empresarial que hace negocios con Estados Unidos y Canadá, para las empresas que ya están en la cadena de valor con América del Norte y para todos aquellos que buscan integrarse a estas actividades para seguir creciendo”, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Durante la presentación de la herramienta, Salazar Lomelín hizo un llamado al sector privado a aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el T-MEC, pero también a preparase para los nuevos desafíos que tendrán las empresas en materia laboral. “Hoy estamos cumpliendo el compromiso que hicimos en aquel entonces, de crear una herramienta muy precisa y ágil que ayude a las empresas a identificar estos posibles riesgos de denuncia”, agregó.
El formulario de autodiagnóstico puede ser usado tanto por Micro, Pequeñas, Medianas Empresas (MiPymes) hasta por grandes compañías. El cuestionario ayudará a los centros de trabajo a identificar si existe alguna denegación de derechos relacionados a libertad sindical, contratación y negociación colectiva.
Espaldarazo a la herramienta
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) avaló la iniciativa del CCE para poner en marcha la herramienta de autodiagnóstico, lo que permitirá democratizar el mundo del trabajo y construir relaciones laborales más equilibradas.
“La herramienta de autodiagnóstico es un elemento esencial para hacer frente a los retos derivados de los compromisos que suscribimos con Estados Unidos y con Canadá y trata de facilitar a todas las empresas, grandes, pequeñas, todos los centros de trabajo que puedan identificar en qué situación se encuentran en relación con sus obligaciones legales en materia de libertad sindical y de negociación colectiva”, dijo Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS.
En ese sentido, la funcionaria federal destacó que con el formulario de autodiagnóstico, las empresas pueden identificar las áreas que se deben mejorar y las rutas que se deben trazar para llegar a un cumplimiento total de las nuevas reglas del T-MEC.
La herramienta de autocumplimiento, resaltó la secretaria del Trabajo, está basada en dos pilares de la reforma laboral del 2019: el derecho de los trabajadores para constituir libremente sindicatos y afiliarse a una organización sindical, y la certeza de los procesos democráticos de los sindicatos como la elección de directivas, la celebración de contratos colectivos, los registros y los depósitos de los contratos y, los procesos de negociación colectiva.
“Considero que la adopción de una estrategia preventiva es una decisión acertada pues nos encamina a gozar de los beneficios comerciales que trae consigo el tratado comercial y va disminuyendo los riesgos de eventuales problemáticas o afectaciones que se puedan derivar de alguna denuncia de violación de estos derechos”, afirmó Luisa María Alcalde.
Por su parte, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, afirmó que el T-MEC es la oportunidad de relanzar las relaciones productivas con América del Norte, pero también representa un compromiso importante en materia laboral para las empresas que operan en México.
“La mejor manera de enfrentar estos retos es con información. Como en muchos otros aspectos del tratado, entre más conozcamos exactamente cuál es el compromiso, cómo es que debemos responder, es que vamos a ser más exitosos y lo que hoy es un reto, nos va a permitir no sólo cumplirlo muy bien, sino dedicarnos a aprovechar lo que son las oportunidades”, comentó la secretaria de Economía.
La funcionaria destacó que la herramienta les permitirá a las empresas saber dónde están respecto a lo comprometido en el tratado y sabrán cuál es la ruta a seguir en colaboración con las autoridades. La funcionaria aseguró que ante las nuevas reglas laborales, es mejor asumir un rol preventivo y no reactivo.
Parece que la preocupación del señor Salazar es que los inspectores, agregados, panelistas laborales que tendrá Estados Unidos
El sindicalismo corrupto que engendró y amantó el PRI durante décadas y tolero el PANdurante la llamada “Docena trágica”, podría verse amenazado por los sindicatos – también corruptos- de Estados Unidos.
No, no fue Napoleón Gómez Urrutia, ni el extinto, sindicalmente hablando, Carlos Romero Deschamps, ni otros líderes de esa calaña quienes lanzaron esa advertencia. Fue el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien hizo tal descubrimiento al declarar: “Hemos intentado, junto con los trabajadores, buscar fórmulas para prevenir cualquier amenaza que puedan tener sindicatos extranjeros, porque lo que a veces se quiere no es buscar el beneficio de los sindicatos , sino quitarnos nuestra competitividad , nuestros trabajos, y al final hacer que los empleos que estamos generando en México se regresen a Estados Unidos y Canadá”.
No se atrevió a ponerle nombre a esos sindicatos, pero sólo de imaginar que podemos tener en México a los sucesores de Jimmy Hoffa (líder de los camioneros en Estados Unidos con un negro historial), a cualquiera le dan calambres.
Parece que la preocupación del señor Salazar es que los inspectores, agregados, panelistas laborales que tendrá Estados Unidos en nuestro país para supervisar que se cumpla al pie de la letra la Reforma Laboral, como fue el compromiso en el nuevo T-MEC, no nos “madruguen” los empleos.
¿Y por qué no hizo esa advertencia durante las negociaciones? Habría que preguntarle. Tal vez porque no se imaginó el alcance de los compromisos, apuntan los observadores; sólo le hicieron saber a la sociedad que habría transparencia y democracia sindical porque las elecciones serían libres; tampoco habría reparto de dádivas por votos; que se acabaría el saqueo de cuotas sindicales.
Y ahora que los sindicatos estadunidenses están “enseñando el cobre”, denuncia. ¡Ay, Carlos!
La funcionaria señaló que se tienen plazos establecidos en propia ley mexicana, para ir cumpliendo los diferentes procesos, “vamos bien en tiempos”.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que Estados Unidos realiza un seguimiento puntual y activo sobre la reforma laboral que entró en vigor el 1 de mayo de 2019 en México, y también para cumplir con los compromisos del T-MEC, la cual la dependencia federal dijo que se mantiene bajo los plazos establecidos y sin tener presiones por parte del país vecino del norte.
En videoconferencia la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, explicó que la reforma estableció dos años para que esté operando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por lo que el 1 de mayo de 2021, toda la parte registral debe estar operando sin ningún contratiempo.
“Hay un seguimiento puntual por parte de EU, sobre los diferentes procesos para la implementación de la reforma, hay un diálogo constante, prácticamente cotidiano, de cómo hemos venido avanzando. Pero yo no diría que, lo que existe es una presión, ahora, tenemos plazos establecidos en nuestra propia ley, para ir cumpliendo los diferentes procesos, vamos bien en tiempos”, aseveró.
Detalló que la reforma estableció tres años para que esté implementado todo el nuevo modelo y los tribunales en las entidades federativas, y cuatro años para la federación, “se ha determinado ir en conjunto para lograr la implementación en tres años. Es decir incluso lo haremos antes de lo que establecen los propios plazos transitorios”.
“Vamos bien, ninguno de los plazos establecidos no se les ha dado cumplimiento, se les ha dado cumplimiento a todos, y sí tenemos un seguimiento muy cercano, y muy activo por parte de EU, de cómo estamos implementando y en qué tiempo”, resaltó la funcionaria federal.
Avances en la reforma
La representante de la STPS, dijo que a pesar del covid-19 y los retos que han enfrentado todas las instituciones, gobiernos locales y los diferentes sectores en esta situación sanitaria, se va a cumplir con todos los requisitos y marcos normativos que México necesita.
“Vamos a implementar la primera de la reforma laboral en noviembre, donde se iniciarán las operaciones de los centros de conciliación local, los tribunales laborales locales y federales y las oficinas de registro federal de conciliación y registro laboral en 8 entidades federativas”, resaltó.
Expuso que continuarán con la implementación para que todo lo registral en todo el país se esté implementado para el 1 de mayo del siguiente año, “y así iremos avanzando en las diferentes etapas para concluir en mayo de 2022 con todo el modelo laboral en todo el territorio nacional”.
“El nuevo andamiaje institucional será garante de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, a través de procedimientos más transparentes y más eficientes como el caso de la constancia de representatividad y las consultas para probar los contenidos de los contratos colectivos”, destacó Alcalde.
Notimex.- La subcontratación no desaparecerá porque es bueno para la economía, y lo que se necesita entonces es acabar con la simulación y defraudación, es decir, se requiere aplicar la ley, afirmó el especialista en materia fiscal, Armando Piedra.
Al participar en la reunión de parlamento abierto en materia de subcontratación o outsourcing, aseguró que según estudios recientes la cifra de negocio representó 282,000 millones de dólares (mdd) a nivel mundial, donde al menos 60% de las grandes empresas globales tiene uno o más servicios bajo ese esquema.
Dijo que India es el mayor exponente de subcontratación, seguido de Estados Unidos, y por ello “difícilmente tenderá a desaparecer”, por el contrario, ante el crecimiento de esta figura de contratos “lo que se necesita es acabar con la simulación o defraudación que dista mucho de un esquema de subcontratación, lo que se requiere es aplicar la ley”.
El también director de la revista IDC relató que en México existen 20 millones de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de ellos, se estima que ocho millones están dentro de una figura de subcontratación.
En general, relató, hay entre 24 millones y 32 millones de personas que en el país que dependen de este tipo de fuentes de trabajo y “si pensamos que eliminando la subcontratación las empresa van a contratar a estas personas, simplemente no sucederá, porque no pueden”.
Recordó que para este año se hicieron reformas importantes para inhibir las prácticas fiscales indebidas o para evitar la simulación de operaciones y por ende los actos de outsourcing ilegal.
Dichas reformas, relató, “ya incluyen una reforma fiscal penal que va en contra de los factureros y el outsourcing simulado y que estableció para este tipo de servicios la retención de 6% del IVA que era el claro negocio de estas empresas”.
“Con estas medidas se dio un duro golpe a las empresas que hacen simulación de operaciones como las de outsourcing y lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley”.
Para Armando Piedra, el problema es la falta de aplicación de los artículos de la ley, y que lo único que hace falta es agregar un registro nacional de empresas de subcontratación que dependa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y donde se dictan las reglas y se ejecuten las inspecciones.
El experto solicitó que se rescate “la propuesta de norma mexicana para servicios de empresas de subcontratación o tercerización de personal que se dio en la Secretaría de Economía y que garantiza el total cumplimiento de las obligaciones personales en materia de seguridad social, vivienda, ahorro para el retiro y toda la parte fiscal.
Dicha norma “contiene 120 requisitos de los cuales 70 son obligatorios y 55 son de gestión de calidad”. En conclusión, agregó, “consideramos que el outsourcing es bueno para la economía, pero jamás lucrando con el trabajo”.
Difícil regular, considera la OIT
Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para países México y Cuba, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoció ante legisladores que la subcontratación es un tema ampliamente difícil de regular.
Durante el parlamento abierto en materia de subcontratación, dijo que la oficina de la OIT comenzó desde hace muchos años a estudiar y a analizar el tema, por lo que ofreció el apoyo y asesoría técnica de esta organización en lo que se requiera.
Aseveró que la dificultad de regular la subcontratación no es sólo en México, sino que está en todos los países del mundo. “Cuando la OIT preparó los documentos para la conferencia del año 2006, tenía informes de más de 70 países en el mundo y esos 70 países, todos, revelaban dificultades en la reglamentación y en la regulación; de manera que no es un tema fácil”, indicó.
Expuso a los legisladores que la tarea que se han propuesto es difícil, además porque el asunto relacionado con la determinación de quién está vinculado o no por una relación de trabajo y cuáles derechos y tipos de protección emanan de dicha relación, ha adquirido una mayor complejidad durante las últimas décadas.
González Marroquín apuntó que en el ámbito mundial resulta cada vez más difícil determinar si existe o no una relación de trabajo en algunas situaciones como cuando los derechos y obligaciones de las partes interesadas no resultan claros.
En este marco, la funcionaria de la OIT llamó a reflexionar sobre dónde están los problemas y cuestionó: ¿Realmente necesitamos más legislación y cuáles son los vacíos que tiene la misma?
Consideró importante resaltar cuál es el rol que debe jugar la inspección del trabajo en todos estos temas, “¿cómo logramos fortalecer la inspección del trabajo en México, no solamente a nivel federal, sino también a nivel de los estados?”.
Por ello instó a analizar dónde están los problemas y cuáles son las soluciones y apuntó que éstas no necesariamente pasan por nueva y más legislación, “o quizás sólo se requieren algunos ajustes al marco jurídico que ya se tiene”.
González Marroquín dijo que en el marco de la prestación de servicios transnacionales, resulta también importante determinar a quién se considera como trabajador vinculado por una relación de trabajo, qué derechos tiene y quién es el empleador.
“Y este tema de la relación a través de trabajos transnacionales o internacionales es muy importante. México tiene una gran cantidad de trabajadores que están en los Estados Unidos, contratados en México y que son llevado a allá. Hay que ver también ahí cómo están esos trabajadores mexicanos y que marcó los protege”, subrayó.
Recordó que la OIT en un afán de ayudar a los países en la búsqueda de soluciones, publicó una guía anotada de la Recomendación 198 y referida a la relación de trabajo.
Finalmente llamó a avanzar en el fortalecimiento de la inspección del trabajo, que los inspectores tengan una carrera profesional en México y que realmente sean una herramienta que ayude a fortalecer las relaciones laborales y hacer cumplir la legislación.
El Consejo Coordinador Empresarial anunciará una serie de medidas para prevenir cualquier situación que involucre a las empresas y sus trabajadores en el marco del T-MEC, informó su presidente Carlos Salazar.
María del Pilar Martínez 04/08/20
La nueva dinámica laboral, frente al tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a que las empresas y sindicatos busquen nuevas fórmulas para evitar amenazas provenientes de organizaciones sindicales de extranjero, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí.
Al participar en la inauguración del diplomado de Formación de Líderes Sindicales, sostuvo que el T-MEC “va involucrar cambios importantes en la forma de trabajar y nosotros hemos intentado, junto con los trabajadores buscar fórmulas en las que podamos prevenir cualquier amenaza que pueda venir de los sindicatos extranjeros; porque tenemos que reconocer una cosa importantísima, lo que a veces se quiere no es buscar el beneficio de los mexicanos, sino quitarnos nuestra competitividad, quitarnos nuestros trabajos y al final hacer que los trabajos que estamos generando en México regresen a Estados Unidos o Canadá”.
Asimismo, adelantó que esta semana el CCE anunciará una serie de medidas para prevenir cualquier situación que involucre a las empresas y sus trabajadores en el marco del T-MEC, “se trata de conocer la interpretación adecuada de la ley para impulsar esta relación que sea sana”.
Dijo a los participantes que el sector empresarial está convencido de que la inversión es la única manera de generar empleos y que estos cuenten con un buen salario “el tratado va a ser un gran vehículo para mantener este desarrollo de todas las regiones en el país”, buscando una relación entre patrones y trabajadores, acorde a los nuevos tiempos.
De acuerdo con las nuevas reglas, nuestro país debe garantizar la libertad sindical, así como la contratación colectiva auténtica; es decir, que los trabajadores, a través de su voto, libre, secreto y directo, sean quienes elijan a sus dirigentes y el tipo de contrato que dará pie a las relaciones laborales.
Salazar Lomelí dijo que tenemos que hacer de México un país productivo, eficiente donde se respete el trabajo, se respete las ganancias que han tenido los trabajadores y su orientación a incrementar la productividad. Tenemos mucho camino por andar, y tenemos los elementos para hacerlo”.
Debemos entender los roles de las nuevas funciones en materia laboral, como es el caso del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como el caso de los paneles laborales que servirán para dirimir las controversias que existan con Estados Unidos, a donde se incorporaron laboralistas mexicanos de primera.
Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso aprobaron por unanimidad la iniciativa del gobernador Juan Manuel Carreras López para que se expida la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, además de que se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentadas por la magistrada presidente, Olga Regina García López.
Leonel Mora 03/08/20 , San Luis Potosí.
Por lo que respecta al Centro de Conciliación Laboral, se definió la armonización con la reforma federal, los cargos y un presupuesto de 18 millones de pesos aportados por la Federación más 11 millones que aportará el estado.
Al proyecto original del Gobernador se añadieron algunas propuestas del sector empresarial y de representaciones sindicales, al igual que algunas recomendaciones de las y los legisladores que son miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Destaca la de la diputada María Isabel González Tovar (PRD) sobre la integración de la Junta de Gobierno, la cual incluía al secretario general y a la oficial mayor del Gobierno estatal, los cuales, al final, quedaron fuera.
Esta Junta quedará integrada por el secretario del Trabajo y Previsión Social como director, y por vocales representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas, CEGAIP, CEEPAC y COESPO, organismos similares en sus funciones, a entidades federales.
También se aprobaron sus propuestas sobre los bienes inembargables e inalienables y para que la facultad de contratar y remover al personal no sea exclusiva del Director del Centro de Conciliación Laboral, como lo planteaba el dictamen, sino también de la Junta de Gobierno.
Se aprobó la propuesta del diputado Mauricio Ramírez Konishi (PRI) para la creación de un Consejo Consultivo no vinculante, que dé seguimiento al contexto laboral y conozca lo que está ocurriendo en ese ámbito, donde la Coparmex y la CTM sean observadores.
También se aprobaron propuestas de las diputadas Paola Alejandra Arreola Nieto (PT) y Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez (PRI), con lo que el dictamen, que ya se había aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quedó listo para ser votado próximamente en el Pleno del Congreso.
Paralelamente, se aprobó una iniciativa de la magistrada Olga Regina García López, para crear los Tribunales de Justicia Laboral e integrarlos a la estructura orgánica del Poder Judicial, establecer la competencia de los jueces laborales y agregar la figura de «secretario instructor» en la carrera judicial, entre otras nuevas disposiciones.
Señaló que las medidas de confinamiento expusieron a un gran número de empresas de subcontratación ilegal.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), señaló que la reforma a los sistemas de subcontratación laboral sigue pendiente en el Congreso de la Unión pero no está congelada.
Señaló que una vez que se restablezcan las actividades normales en el Congreso de la Unión, la discusión de la iniciativa podría ser una de las prioridades.
“Hemos platicado con los legisladores, hay toda la voluntad, no vemos que estén retrasando el tema de manera deliberada,ahora que se retomen las actividades en el congreso van a ser una de las prioridades en la agenda, porque hay consenso”.
Las medidas de confinamiento establecidas para tratar de contener los contagios porCovid-19 expusieron a un gran número de empresas que hacían subcontrataciones ilegales, afirmó en entrevista con Forbes México.
“Fueron las primeras empresas que detectamos, según datos del IMSS, que dieron de baja a los trabajadores, que vaciaron sus nóminas de un dia a otro,apenas empezábamos a ver la situación crítica y estas empresas ya habían vaciado sus nóminas enteras desvinculando y desprotegiendo a toda esta gente en una situación sanitaria (…) eso es el fenómeno que necesitamos seguir abatiendo”.
Señaló la necesidad de integrar lineamientos legales para diferenciar entre la contratación legal y la ilegal.
El dictamen que se presentó en el Senado en noviembre de 2019 propone implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
El documento advierte que la subcontratación lícita ocurre cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante no lleva a cabo, en tanto se trata de actividades necesarias, pero no las esenciales de su giro.
La propuesta establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.
Además propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.
