A fin de dar continuidad a los trabajos para la implementación de la nueva Reforma Laboral en el estado de Morelos, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) recibió la visita de autoridades federales y de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de llevar a cabo los pasos necesarios para culminar con éxito la segunda etapa.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social agradeció al Ejecutivo estatal su incorporación a la segunda etapa en materia de justicia laboral; asimismo, dio a conocer a las autoridades del grupo interinstitucional las acciones de coordinación necesarias para dar inicio al nuevo modelo laboral en la entidad, así como los avances y desafíos que registra el estado en esta materia.
Entre los principales temas de interés se encuentran: armonización legislativa, planeación presupuestal y organizacional de nuevos centros de conciliación y tribunales laborales, subsidios federales, adecuación de estatutos sindicales, y legitimación de contratos colectivos.
Derivado del trabajo realizado en el estado para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, Morelos es una de las 13 entidades que han dado inicio a esta segunda etapa, por lo que se cuenta con procesos sistematizados de planeación que facilita el avance en esta materia.
El Gobierno del Estado da cumplimiento a los lineamientos de las nuevas políticas de impartición de justicia laboral, preservando la paz y garantizando los derechos del sector obrero-patronal.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, visitó la entidad para referir que la solución de los asuntos laborales serán por juicios orales.
Con el objetivo de presentar los avances en materia de justicia laboral para la segunda etapa, donde está incluido Morelos, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, visitó la entidad, donde resaltó el siguiente paso para la creación del Tribunal Laboral y la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; refirió que la solución de los asuntos laborales serán por juicios orales. Confió que todo estará listo a partir del 1 de octubre de este año.
Señaló que el tema se encuentra ya en el Congreso para que se le hagan las modificaciones y en octubre del 2021 se tiene previsto que comiencen a operar los centros de conciliación, dijo la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo en Morelos, Cecilia Rodríguez González. Negó que los trabajos estuvieran detenidos, se trabajó en la digitalización de los expedientes.
Cabe recordar que la primera etapa se realizó en ocho entidades del país, y para esta segunda fase, los cambios a la ley se ampliarán a 14 estados más, entre ellos Morelos.
Esta modificación inició desde el pasado 1 de mayo de 2017, con la aprobación de la reforma “Modificaciones y Adecuaciones a la ley Federal del Trabajo”, por lo que se sentaron las bases para poder implementar, tanto a nivel federal como local, este nuevo Sistema de Justicia Laboral.
Una de las novedades que traerá esta reforma, es que desaparece La Junta de Conciliación y Arbitraje y se crea el Tribunal laboral, con lo cual esta responsabilidad del Poder Ejecutivo será ahora del Judicial, con nuevas reglas, nuevos procedimientos y con una gran expectativa de solucionar estos conflictos de una manera más pronta y expedita, es decir mediante el juicio oral.
Sobre este tema, Iván Elizondo Cortina, presidente de Canacintra, comentó que el avance más importante de esta reforma es que acabará gradualmente con el coyotaje en los asuntos laborales, acortará los juicios y demandas.
De enero a marzo de 2021, en Hidalgo se han realizado 112 convenios de conflictos laborales indiviuduales, informó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) de la entidad.
El CFCRL detalló, del total de convenios, 37 son derivados de procedimientos de conciliación iniciados en la independencia, así como 75 son pertenecientes a la modalidad de ratificación de convenios. Respecto a los asuntos que no se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes, en Hidalgo se expidieron 148 constancias de no conciliación: 25, en enero; 40, en febrero,y 83, en marzo.
A nivel nacional, en el ambito de acuerdos individuales, se tuvo una incidencia de 2 mil 276 casos resueltos y mil 445 sin conciliación. De acuerdo con datos de la dependencia a nivel federal, el principal conflicto fue pago de prestaciones, con el 48 porciento del total, mientras que un segun puesto se ubicó depido, con 29 puntos porcentuales. Con menor incidencia se enlistan derecho de preferencia, de ascenso o rescision de la relación de trabajo.
En Hidalgo, el CFCRL está en funciones desde el 18 de noviembre de 2020 con instalaciones en Pachuca, como parte de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. A partir del 1 mayo de este año, la dependencia estará facultada para realizar legitimación de contratos colectivos de trabajo en todo el país.
La última semana de abril comenzaron a correr los plazos para implementar la reforma de outsourcing que regula la subcontratación de servicios especializados y prohíbe los esquemas de tercerización basados en suministro de personal.
La subcontratación de personal, entendida como el suministro de trabajadores de una empresa en beneficio de otra, es una actividad considerada ilegal y con repercusiones tanto administrativas como penales a partir del 24 de abril. En ese sentido, ninguna empresa puede firmar un nuevo contrato para este esquema de contratación.
El nuevo régimen para el que se reformaron ocho ordenamientos legales estableció diferentes plazos de transición, entre ellos, para la regularización de empresas que actualmente cuentan con un esquema de suministro de personal.
Con la entrada en vigor de la reforma de subcontratación, las compañías deben atender nuevas disposiciones en materia laboral, fiscal y de seguridad social. El gobierno federal no estará exento del nuevo régimen de outsourcing y también es parte de la cuenta regresiva para implementar el marco legal ante la prohibición de tercerizar personal en las entidades públicas.
Éstos son los eventos de la transición y los plazos para llevarlos a cabo:
» Mayo 2020
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe poner en operación el registro de empresas de subcontratación de servicios especializados, con las disposiciones generales para este procedimiento (fecha límite, 24 de mayo).
» Junio 2020
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) emitirá las reglas que seguirán las empresas de subcontratación para la presentación de informes cuatrimestrales sobre los contratos realizados y los salarios de sus trabajadores, entre otros datos, estos reportes serán presentados en enero, mayo y septiembre de cada año (fecha límite, 23 de junio).
» Julio 2020
Las empresas con esquemas de subcontratación laboral, ya sea a través de mecanismos de insourcing o de transferencia de personal, deben trasladar a sus nóminas a los trabajadores de la otra compañía, sin la condición de transferir bienes, pero reconociendo los derechos laborales de los colaboradores, como la antigüedad (fecha límite, 23 de julio).
Las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas deben comenzar a presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los informes sobre sus contratos y las condiciones de su personal, la cual deberá ser compartida cuatrimestralmente en enero, mayo y septiembre de cada año (a partir del 23 de julio).
Las empresas en periodo de transición deben solicitar la baja ante el IMSS de los registros patronales por clase y la asignación de uno nuevo (fecha límite, 23 de julio).
» Agosto 2020
Vence el plazo para que las empresas de servicios y obras especializadas obtengan el registro ante la STPS para operar bajo las nuevas reglas. Los negocios cuentan con 90 días naturales para cumplir con el trámite a partir de la publicación de los lineamientos por parte de la dependencia (fecha límite, 22 de agosto)
Además, a partir del 1 de agosto entran en vigencia las disposiciones fiscales de la reforma, esto contempla:
Los pagos realizados por concepto de suministro de personal pierden efectos fiscales de deducción o acreditamiento.
Las empresas que subcontraten un servicio especializado son responsables solidarias con los contribuyentes (trabajadores) con los que se presta el servicio.
Intentar deducir una factura por concepto de subcontratación de personal será agravante de una infracción.
No será acreditable el presupuesto que se traslade por concepto de suministro de personal.
Será un delito de defraudación fiscal simular la subcontratación de servicios especializados.
La empresa contratante deberá verificar que se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido y deberá obtener de la empresa contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que se proporcionó el servicio.
Si la empresa de subcontratación no entrega la información al contratante, se considerará infracciones vinculadas con obligación de pago de las contribuciones; de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias, y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
» Enero de 2022
El gobierno federal debe incorporar a su nómina a los trabajadores que tenga subcontratados dentro del gasto autorizado para el ejercicio fiscal (a partir del 1 de enero).
Nuevas reglas del juego
De acuerdo con el nuevo marco legal, la subcontratación de servicios y obras especializadas está permitida, en tanto ésta no forme parte del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa que está subcontratando un servicio.
Para aterrizarlo a la realidad, si el objeto de negocio y la actividad preponderante de un negocio es la venta de hamburguesas, no puede tener subcontratados a los vendedores, pero sí puede contratar a una empresa que le preste el servicio especializado de limpieza del restaurante con sus trabajadores o de contabilidad, por citar algunos casos.
“El decreto tiene como fin robustecer el marco normativo de la subcontratación laboral mediante la imposición de nuevas obligaciones y requisitos a los sujetos obligados”, destaca la firma Creel Abogados.
Un cambio que no se debe perder de vista, es que las empresas que subcontraten servicios se convertirán en “responsable solidaria” de la compañía prestadora de servicios en el incumplimiento de obligaciones laborales con sus trabajadores, advierte el despacho D&M Abogados.
Entre las modificaciones realizadas al régimen de outsourcing se incluyó la obligación de que las prestadoras de servicios especializados se registren en un padrón público ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia ante la cual deberán elegir la actividad que podrán ofrecer al mercado.
Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, insistió en que el registro partirá de la buena fe, en donde la empresa de subcontratación otorgará la información a la dependencia y ésta dará por verídica la documentación. Sin embargo, subrayó, las inspecciones serán aleatorias o por denuncia y el padrón no será un mecanismo para exentar de visitas de supervisión a las compañías donde se detecten irregularidades.
La firma Ferrán Martínez Abogados recomendó “comenzar con la implementación de las medidas tendientes a regular los métodos de contratación en las empresas, con el fin de que no se incurra en violaciones a los cuerpos normativos reformados y ser sujetos de sanciones altamente gravosas”.
El nuevo marco regulatorio contempla multas por incumplimiento, la más alta puede ser de hasta 4 millones 481,000 pesos para quien se beneficie de la subcontratación de personal (hasta 50,000 UMAs) y hasta tres años de cárcel por delito de defraudación fiscal.
El Sistema de Pensiones inaugurado hace dos décadas, no cumple con las expectativas en el depositadas, de manera que quienes hoy se retiran con ese esquema, lo hacen con ingresos depauperados, dijo el senador Ricardo Monreal Ávila, quien anunció la posibilidad de un Período Ordinario de Sesiones en la Cámara Alta, a realizarse a fin de mes.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, señaló que hace falta actualizar el procedimiento para llegar a un esquema de Seguridad Social, que garantice el bienestar de los trabajadores y empleados del país. Escuchó su punto de vista, muy atenta, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. El legislador participó en la Semana de la Seguridad Social, edición 2021, que sugiere la creación de un nuevo régimen de pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el PENSIONISSSTE y otras que opera la Iniciativa Privada, en busca del bienestar del pueblo mexicano, que es el principal compromiso del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la reunión de trabajo y con la participación de diversos actores del Movimiento Obrero del país, así como empresarios, académicos y analistas de la cuestión social, se puso de manifiesto el interés del Senado en esta materia, como lo fueron las recientes reformas que ponen en su lugar a las empresas de subcontratación laboral, llamadas también Outsourcing.
La senadora Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, expuso los puntos de vista de los senadores y senadoras de la Comisión a su cargo, sobre el tema de las Pensiones, pues todos buscan el mejoramiento en las condiciones de retiro de los hombres y mujeres que, en el país, forman parte de la Población Económicamente Activa. En la Comisión participa el senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, así como Beatriz Paredes Rangel y Patricia Mercado, Cecilia Sánchez García y el senador Germán Martínez Cázares: En la reunión de este día, estuvo presente Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y desde luego el Maestro Zoé Robledo, director general del IMSS.
En su intervención, Monreal habló del trabajo que se tiene en Comisiones del Senado, sobre diversas reformas legales; habló de la posibilidad de un período extraordinario de sesiones luego de que termine, esta semana, el actual; expresó que se le han hecho llegar opiniones del sector cinematográfico para pedirle una pausa antes de la aprobación de la Ley en la materia.
También se refirió a legislaturas anteriores en las que se aprobaron leyes y reglamentos, sin ton ni son, usando la mayoría parlamentaria; Morena no repetirá este esquema y sólo aprobará lo que deba aprobarse, ¡no más! “y lo que no, como dijo el filósofo de Güemes, pos no”, bromeó el legislador. Monreal, inauguró los trabajos de la Semana de Seguridad Social, Edición 2021.
El periodo legislativo concluye con la prohibición del régimen general de subcontratación o outsourcing. Esto implica la restitución de la seguridad social y la estabilidad en el empleo.
Senador de la República
Luego de más de 30 años de pulverización de los derechos de los trabajadores, el péndulo de la historia marca el regreso de los derechos al mundo del trabajo. No es poca cosa. Las medidas tomadas por la actual mayoría en el Congreso de la Unión no solo impactan positivamente en las familias trabajadoras, también tendrán un impacto positivo en la economía al mejorar el poder adquisitivo y por lo tanto el mercado interno.
Para sopesar la trascendencia de las reformas impulsadas en lo que va del sexenio es necesario hacer un poco de historia.
Entre 1982 y 2018 bajó el poder adquisitivo del salario mínimo en un 75 por ciento. Apostaron al desempleo para abaratar el valor del trabajo. Propusieron mantener el número de empleos en las empresas a cambio de bajar salarios. Hicieron del salario miserable un atractivo “competitivo” para la inversión. Desmantelaron los grandes contratos colectivos por rama de actividad. Llevaron el empleo formal del 66 por ciento a solo el 40 y, elevaron el trabajo informal al 60 por ciento del total del trabajo.
Incluso llevaron el trabajo informal al interior de la economía formal, con lo que se expandió la precarización del trabajo donde no debería haber sucedido.
Privatizaron e individualizaron las pensiones, copiando el modelo pinochetista de Chile. Despidieron a la totalidad de trabajadores de cientos de empresas, como Uramex, Ruta 100, Mexicana de Aviación, Luz y Fuerza del Centro y muchas más. Alentaron la desindicalización. Y, como si no fuera suficiente, en el año 2012 se aferraron a una reforma laboral regresiva que fue criticada por casi todas las organizaciones de los trabajadores.
Con esa reforma legitimaron contratos sin derechos para jóvenes aprendices, el pago por hora, el despido fácil y barato; sustituyeron los criterios de antigüedad por los de productividad para el ascenso laboral y, entre muchas otras cosas, legalizaron el régimen inhumano de outsourcing o subcontratación. Hicieron polvo el mundo del trabajo y la calidad de vida de las familias trabajadoras.
Por fortuna, en 2018 cambió la correlación de fuerzas en el país y en el Congreso y esto permitió la revaloración del trabajo y de quienes lo realizan, a través de nuevos acuerdos y de reformas progresistas en el Congreso de la Unión.
La reforma que prohíbe el régimen general de outsourcing, aprobada por el Senado de la República la semana pasada, se inscribe en esta generación de enmiendas que han sido posibles gracias a la existencia de una mayoría progresista en las cámaras legislativas.
También se encuentran en esta nueva oleada de reformas la aprobación del Convenio de la OIT sobre negociación colectiva y libre sindicalización. De la misma manera se inscriben modificaciones para asegurar la contratación colectiva auténtica, la justicia laboral autónoma, la democracia sindical, salario igual a trabajo igual, los derechos de seguridad social para las trabajadoras del hogar, la que ordena que el salario mínimo nunca podrá incrementarse por debajo de la inflación, el aumento en pensiones, la del Infonavit, entre otras, que se han aprobado en los últimos dos años y medio.
Ahora, el periodo legislativo concluye con la prohibición del régimen general de subcontratación o outsourcing y la regulación de la subcontratación por trabajo u obra determinada. Esto implica la restitución de la seguridad social, la estabilidad en el empleo y el reparto de utilidades para millones de trabajadores.
Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de quienes se integraron a la vida laboral a partir de la década de los 90 del siglo pasado jamás han podido disfrutar de muchos derechos hoy recuperados.
También se debe destacar que la eliminación del outsourcing fue fruto de la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia y del acuerdo propiciado por el Presidente de la República con los representantes obreros y empresariales. Estos últimos coincidieron en que recuperar los derechos laborales es también una buena noticia para la economía.
Luego de haber iniciado su operación como parte de la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral reportó haber otorgado en su primer trimestre, casi 10 mil servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en general en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral.
Así lo dio a conocer el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo, al presentar el informe trimestral de labores durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo laboral, donde destacó que las entidades con más servicios han sido el Estado de México, con 2 mil 4; seguido de Tabasco, con mil 763, y Durango, con mil 648.
Con estos resultados, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se declaró listo para atender trámites de legitimación de contratos a través de sus protocolos y plataformas tecnológicas, explicó Domínguez Marrufo, quien recordó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo.
Como parte del informe presentado, en materia de tramites registrales, personal verificador de las ocho oficinas estatales del Centro ha asistido a 153 diligencias de verificación, relativas a solicitudes de constancias de representatividad y consultas sobre revisión integral de contratos colectivos de trabajo.
“Personal del Centro está acudiendo a verificar sobre todo consultas en temas de Constancias de Representatividad, es decir, verificando tener elementos de certeza para otorgar esta constancia, y ver que se trata de centros, sindicatos y trabajadores reales” quienes están solicitando este documento, que acredita que un organismo sindical tiene respaldo de al menos el 30 por ciento de sus agremiados, comentó el director general.
Alfredo Domínguez destacó que, en Registro de Asociaciones Sindicales, han ingresado en el CFCRL 168 solicitudes relacionados con registros de asociaciones, modificación de estatutos, modificación de directivas, rendición de cuentas, modificación de datos generales o solicitud de copias certificadas, entre otros.
La cancelación del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT) en General Motors por la destrucción de material electoral “no debe sentar un precedente” en la aplicación nacional de la nueva reforma laboral para democratizar y ratificar a las dirigencias sindicales, señaló la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (Fesiiaaan).
El pasado jueves, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suspendió la consulta con la que se buscaba legitimar el CCT, entre el sindicato Miguel Trujillo López, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la trasnacional, en la planta de Silao, Guanajuato.
Lo anterior, informaron las autoridades laborales, se debió a que los inspectores de la dependencia detectaron boletas “destruidas en el local sindical”, donde estaba resguardado el material electoral.
Ante esos hechos, la Fesiiaaan –integrada por siete organizaciones independientes del sector, entre ellas de Volkswagen y Audi, y que aglutinan a más de 50 mil trabajadores– indicó que si bien la reforma laboral de 2019 “abre una promisoria expectativa” para la legitimación del CCT, “no garantiza nada por sí misma”, pues el protocolo para la legitimación del contrato, además de “no contemplar mecanismos de verificación antes, durante y después” de una votación, “se vuelve letra muerta cuando persiste la perversa complicidad de empresas con el corrupto aparato del sindicalismo corporativo”.
También exigieron “respeto irrestricto” a los 6 mil 494 trabajadores de la planta para que “ejerzan de manera libre y democrática su voto para la legitimación o rechazo” del CCT que rige las relaciones laborales, cuyo procedimiento debe enmarcarse en el protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2019.
Domínguez Marrufo destacó que el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo
El Centro federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha brindado casi 10 mil servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en general en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral.
Así lo dio a conocer el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo, al presentar el informe trimestral de labores, donde destacó que las entidades con más servicios han sido el Estado de México, con 2 mil 4; seguido de Tabasco, con mil 763, y Durango, con mil 648.
En la sesión, realizada vía remota, Domínguez Marrufo destacó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo.
Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que se aprobó por la misma Junta de Gobierno y está lista la plataforma tecnológica que servirá para que pueda realizarse, de manera ágil, este proceso de legitimación”, enfatizó.
“Personal del Centro está acudiendo a verificar sobre todo consultas en temas de Constancias de Representatividad, es decir, verificando tener elementos de certeza para otorgar esta constancia, y ver que se trata de centros, sindicatos y trabajadores reales” quienes están solicitando este documento, que acredita que un organismo sindical tiene respaldo de al menos el 30 por ciento de sus agremiados, comentó el director general.
Alfredo Domínguez destacó que, en Registro de Asociaciones Sindicales, han ingresado en el CFCRL 168 solicitudes relacionados con registros de asociaciones, modificación de estatutos, modificación de directivas, rendición de cuentas, modificación de datos generales o solicitud de copias certificadas, entre otros. Por otra parte, se aprobaron por unanimidad los estados financieros del Centro, luego de la recomendación hecha por auditores externos en ese mismo sentido. Se informó que el presupuesto aprobado y asignado para el CFCRL para este año asciende a 437.4 millones de pesos.
Originalmente era de 337.4 millones de pesos, pero tuvo una ampliación líquida aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 3 de marzo a fin de que el organismo cuente con los recursos necesarios para afrontar la segunda etapa de implementación del Nuevo Modelo Laboral.
El Gobierno de México afirmó que con las reformas a la subcontratación laboral, o outsourcing, aprobadas por el Congreso, se concluye un esfuerzo colectivo para acabar con la simulación laboral e iniciar “una nueva etapa de regularización y reivindicación en favor del trabajo digno“.
Lo anterior fue señalado por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, esta mañana en Palacio Nacional.
Alcalde Luján dio a conocer este martes los principales beneficios de las reformas a diversas leyes para regular la subcontratación laboral, conocido también como outsourcing, en el sector privado y en el público.
Con este acuerdo, las empresas no podrán contratar trabajadores a través del llamado outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales, se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de dependencias e instituciones, solo se permitirá esta figura laboral para servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.
Además, se modifica el reparto de utilidades, derecho constitucional que tiene el trabajador a participar en las ganancias que obtiene una empresa de acuerdo con su declaración fiscal, tras tres meses de negociaciones. Con esta reforma se pasa de 56 mil millones de pesos a 157 mil millones de pesos en esta nueva etapa.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dejó en claro que este acuerdo es “único, que nos da un ejemplo de cómo podemos abordar los problemas en nuestro país”.
“Es un magnífico ejemplo que demuestra que sí podemos llegar a acuerdos sustanciosos en beneficio de nuestro país. Que el trabajador se viera beneficiado, que se respetaran sus derechos y que las empresas mexicana s mantuvieran su competitividad, su capacidad de cerrar empleos y su capacidad de inversión”, resaltó.
El presidente Andrés Manuel López obrador informó que este viernes será publicada la nueva ley que regula el outsourcing, además de que los trabajadores podrán ver reflejado el nuevo reparto de utilidades hasta el siguiente año.
