Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma que regula el outsourcing incluyó la modificación de ocho leyes. “Es un gran logro laboral, ya no va a haber esta subcontratación”, expresó. Recordó que este tema llevó seis meses de debate para lograr consensos. Además, dijo que con esta iniciativa los trabajadores recibirán como mínimo 90 días de reparto de utilidades.
Por: Aristegui Noticias 23/04/2021
La Secretaría de Trabajo informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos en la votación que realizaron trabajadores sindicalizados de General Motors, ya que fue destruido el material para la votación en el primer día del proceso.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos en la votación que realizaron trabajadores sindicalizados de la armadora General Motors, ya que fue destruido el material para la votación en el primer día del proceso.
Cabe señalar que el Sindicato, de la CTM, de trabajadores de la Industria Metal Mecánica Siderometalúrgica Automotriz y Proveedores de Autopartes “Miguel Trujillo López”, notificó la celebración de la votación ante la autoridad laboral, con un registro de 6,494; de los cuáles sólo acudieron a votar 3,435 trabajadores.
Por ello, la Secretaría del Trabajo en colaboración con la subsecretaría de Trabajo del Estado de Guanajuato dispuso la presencia de 16 inspectores del trabajo, así como de siete observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la propia Secretaría del Trabajo para que verificaran el adecuado desarrollo de la consulta.
El 21 de abril acudieron los inspectores para continuar con la verificación de la consulta “se percataron que el local donde el propio Sindicato, que lidera Tereso Medina, tenía bajo resguardo el material electoral, las boletas para dar continuidad a la consulta, estaban destruidas, por lo cual no era posible continuar con la votación”.
Cabe señalar que los inspectores del trabajo solicitaron a los representantes del Sindicato la entrega de la documentación de las votaciones ya realizadas para salvaguardar los votos emitidos; no obstante el Sindicato se opuso lo cual fue asentado.
La autoridad laboral lamentó los sucesos, pues “es una grave vulneración al derecho de los y las trabajadores a decidir libremente si respaldan o no el contrato de sus colectivos de trabajo; también a las nuevas reglas de la democracia sindical que establece la reforma laboral”.
Por: María del Pilar Martínez 22/04/2021
La definición que dé la STPS sobre la «especialización» de los servicios de subcontratación será clave para que muchas empresas, nacionales o trasnacionales, puedan permanecer en el mercado de la subcontratación de personal y eso ocurrirá una vez que corran 30 días de publicada la ley.
La definición que dé la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre la «especialización» de los servicios de subcontratación será clave para que muchas empresas, nacionales o trasnacionales, puedan permanecer en el mercado de la subcontratación de personal y eso ocurrirá una vez que corran 30 días de publicada la ley.
Corresponde a las dependencia emitir en un mes el reglamento que definirá cuál será considerado como el uso especializado del outsourcing, ya sea call center, servicio de vigilancia, limpieza, y si se agregaran algunos otros. La reforma apunta que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la STPS. Especialistas comentaron que de manera adicional a su regularización fiscal y en materia de seguridad social, en el clausulado que debe tener el contrato que celebren con los trabajadores debe especificarse que el trabajo es por temporada u obra.
Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral para la Reforma Laboral, sostuvo que el tema más complejo se encuentra en el segundo párrafo de la reforma en el que habla de las empresas complementarias y conexas. “En principio yo pensaría que se está haciendo referencia a aquellas empresas que realizan parcialmente un producto, ejemplo los fabricantes de motores; pero, la disposición quedó muy abierta”.
Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, comentó que los lineamientos tienen como primer objetivo establecer la forma en que va funcionar el Registro.
Por: María del Pilar Martínez 22/04/2021
La planta de General Motors en Silao, Guanajuato, inició con el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo bajo la modalidad de voto libre, secreto y directo de los trabajadores; no obstante, se han denunciado diversas irregularidades de parte del Sindicato Miguel Trujillo López, de la CTM.
El proceso, que concluye este miércoles, ha sido objeto de señalamientos, ya que argumentan los trabajadores que ha desarrollado con violaciones, pues desde la colocación de la convocatoria para la votación, hasta la inducción del voto, bajo la amenaza de que si no se legitima el contrato colectivo actual se perderán los derechos, ha transcurrido este proceso que, representantes de los trabajadores, están dispuestos a llevar a paneles internacionales para su denuncia.
En entrevista con Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y asesor de los trabajadores de la armadora, dijo que todo el proceso de legitimación ha sido una simulación, no permitieron observadores laborales, y desconocemos si la autoridad laboral está presente para avalar el proceso.
Agregó que “la convocatoria no está cumpliendo con la ley, pero más allá de eso, desde hace varios días el sindicato se encargó de llamar a grupos de trabajadores para inducir el voto, lo cual está prohibido por la ley. Además los engañan porque en esas reuniones les dicen a los trabajadores que si no votan por el sí, y no ratifican el contrato van a perder todos su derechos y prestaciones, cuando la ley y el protocolo de consultas claramente establece de que en caso de que gane el no, le pide que los trabajadores desconozcan el contrato, quedan a salvo todos su derechos y prestaciones a la firma de un nuevo contrato.
En ese sentido, expuso que esperarán a que concluya el proceso de votación para, en todo caso, presentar las denuncias que permite el nuevo modelo laboral “existen recursos para presentar denuncias ante la Secretaría del Trabajo y también ante los mecanismos establecidos por el tratado México, Estados Unidos y Canadá, es decir, por una vía internacional de queja por violaciones a la aplicación de la reforma laboral, entonces también es posible que se pueda presentar un recurso internacional”.
Proceso muy vigilado
No obstante, Juan Carlos Felix, secretario de trabajo del Sindicato Nacional “Miguel Trujillo López”, de la CTM, comentó que en el primer turno votaron un total de 1,905 trabajadores, “todo transcurrió sin sobresaltos, votó el 80% de los trabajadores de ese turno”.
El coordinador Nacional en el Bajío, destacó que hay en total 6,494 trabajadores registrados en el padrón; pero además “este es un proceso muy vigilado, tenemos la presencia de seis inspectores federales, 10 inspectores locales de la subsecretaría del Trabajo de Guanajuato; y 6 observadores de la dirección de inspección de la STPS, es un proceso muy vigilado”.
El dirigente expuso que se han respetado y seguido todos los procedimientos que dicta el nuevo modelo laboral y hasta el jueves cuando tengan la totalidad de las votaciones para conocer si se legitima o no el contrato.
Por: María del Pilar Martínez 22/04/2021
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar la libertad sindical de las personas que laboran para el Estado. La modificación elimina la exclusividad de representación gremial que desde la ley se le concedía a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y abre la puerta para organizaciones disidentes.
La iniciativa de la diputada Anita Sánchez Castro (Morena) deroga también diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) con la cuales sólo podía existir un sindicato por dependencia. La minuta será enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Con 409 a favor, 42 en contra y 2 abstenciones, el pleno avaló sustituir en la ley la palabra “federación” por “federaciones o confederaciones”. En este momento sólo existe una, señaló la legisladora Anita Sánchez, en referencia a la FSTSE, “que ha actuado de forma unilateral en los derechos laborales”.
Por ejemplo, detalló la legisladora, las plazas laborales en el sector salud no se han distribuido equitativamente, “no se respetan los movimientos escalafonarios, sino a modo entre el patrón y un solo sindicato”.
José Luis Montalvo (PT) afirmó en tribuna que éste es un “momento histórico. En el que se termina con el andamiaje institucional que permitió el corporativismo sindical de los regímenes autoritarios del PRI y del PAN”. Ese modelo “perpetuó a los líderes sindicales en sus dirigencias a cambio de respaldar a los gobiernos en turno, incluso si este apoyo implicaba ir en detrimento de los intereses de los trabajadores al servicio del Estado”.
Múltiples sindicatos por dependencia
En la reforma laboral de 2019 la libertad sindical fue uno de los cambios más importantes. Sin embargo, las modificaciones legales sólo abarcaron de manera plena al personal que labora para la iniciativa privada. Por lo que esta iniciativa tiene como finalidad “garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores pertenecientes al apartado B del artículo 123 Constitucional”, se especifica en el dictamen avalado por la Cámara Baja.
Dicho artículo de la Constitución rige los derechos laborales. El apartado A se refiere a quienes trabajan para las empresas y el apartado B, para quienes lo hacen para el Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal.
Además de cambios a cuatro artículos de la LFTSE, se deroga uno de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del apartado B del artículo 123 constitucional. Con ello:
Uno de los principales cambios se hizo en el artículo 72 de la LFTSE. En ese apartado se establece la obligación de los sindicatos a registrarse en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). La redacción todavía vigente señala que para que obtengan la inscripción, el TFCA comprobará “que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia”.
La iniciativa de la diputada Anita Sánchez elimina ese requisito. Además, establece que, si en 60 días esa autoridad no emite una resolución, “se tendrá por hecho el registro” y le deberá expedir la constancia a más tardar en tres días una vez concluido el primer plazo de dos meses.
Conformación del TFCA y fijación de salarios
El artículo 85 de la LFTSE, también modificado, es otro ejemplo de que la ley contemplaba la existencia de una sola agrupación de representación de todos los sindicatos de las personas trabajadoras del Estado. Habla acerca de los conflictos que puedan darse entre estas dos organizaciones.
Las disputas que “surjan entre la Federación y los sindicatos” serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señala el texto vigente. Con la reforma aprobada se podrá leer “entre las federaciones y confederaciones”, en plural.
Derivado de esta modificación habrá un cambio en la conformación del TFCA. Sus diferentes salas se constituyen por tres magistradas o magistrados. Una de esas personas es designada por el gobierno federal, la segunda la definía la FSTSE y ambos designaban a una tercera. Ahora, la federación o confederación que tenga la mayor representación de los trabajadores será quien decida quién ocupa la silla de representación correspondiente.
También la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá tomar en cuenta a “las federaciones”, y no solo a una, cuando fije los salarios de los funcionarios públicos de base.
Por último, con la reforma se elimina el artículo 23 de la ley reglamentaria del apartado B, que expresamente señala que la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios es la “única central reconocida” para personas trabajadoras de dicho sector.
“En la FSTSE se practica la democracia”
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se creó en 1938 con 12 organizaciones sindicales. Actualmente integra a 82 sindicatos. Desde 1998, hace 23 años, Joel Ayala Almeida, es el secretario general.
El dirigente, miembro del PRI, fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS). Ha sido senador de la República y diputado federal en diversas ocasiones.
Su partido votó en contra de la reforma. El diputado Alfredo Villegas (PRI), quien ha sido legislador suplente de Ayala Almeida, indicó que el proyecto no fue consensuado con los demás partidos y que no se escuchó a los trabajadores para saber si estaban de acuerdo con que haya más de una federación.
La FSTSE, defendió, no es una limitante a la libre asociación, pues más bien esa federación tiene las “estructuras, la fortaleza, la unidad y la fuerza suficiente para encabezar demandas muy sentidas” de las trabajadoras y de los trabajadores.
En esa agrupación el voto ha sido libre y secreto para la elección de sus dirigentes, aseguró el diputado desde la tribuna. Ahí “se practica la democracia, se acata la ley, se tiene un tribunal que dirime controversias”. Es más, agregó, el dirigente “fue electo democráticamente por unanimidad en una reunión de los 82 sindicatos”.
Argumentó que esta federación “encabeza la lucha” para revertir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que puso un límite a las pensiones de la burocracia con un cálculo en Unidad de Medida de Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.
Por: Factor Capital Humano 22/04/2021
Transitar al nuevo modelo laboral, en el que se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requirió de una mayor partida presupuestal, y la SHCP autorizó 100 millones de pesos adicionales a los 337.4 millones de pesos que se habían destinado para esta finalidad.
Transitar al nuevo modelo laboral, en el que se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requirió de una mayor partida presupuestal, y en marzo de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 100 millones de pesos adicionales a los 337.4 millones de pesos que se habían destinado para esta finalidad.
Así lo dio a conocer el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo, al presentar el informe trimestral de labores durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo laboral, donde destacó que las entidades con más servicios han sido el Estado de México, con 2,004; seguido de Tabasco, con 1,763, y Durango, con 1,648.
Cabe destacar que el presupuesto aprobado y asignado para el CFCRL para este año asciende a 437.4 millones de pesos, cuya ampliación es para afrontar la segunda etapa de implementación del Nuevo Modelo Laboral. En el primer trimestre del año el CFCRL ha brindado casi 10,000 servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en general en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de implementación de la reforma laboral.
En la sesión, realizada vía remota, Domínguez Marrufo destacó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo.
“Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que se aprobó por la misma Junta de Gobierno y está lista la plataforma tecnológica que servirá para que pueda realizarse, de manera ágil, este proceso de legitimación”, enfatizó.
Como parte del informe que presentó ante los funcionarios, el director General destacó que en materia de trámites registrales, personal verificador de las ocho oficinas estatales del Centro ha asistido a 153 diligencias de verificación, relativas a solicitudes de constancias de representatividad y consultas sobre revisión integral de contratos colectivos de trabajo.
La segunda etapa de implementación de la reforma laboral arrancará con la participación de 14 estados que implementarán el nuevo modelo de democracia y justicia laboral, para sumarse a los ocho que iniciaron operaciones en 2020.
Por: María del Pilar Martínez 22/04/2021
La verificación de estos procesos los hará el Centro Federal de Conciliación a partir del 1 de mayo
En los primeros tres meses de este año, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), brindó casi 10 mil servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de la Reforma Laboral.
Las entidades con más servicios son el Estado de México, Tabasco y Durango, informó el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo.
En el informe trimestral que rindió de manera virtual ante la Junta de Gobierno del organismo laboral, resaltó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo próximo.
“Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que aprobó la misma Junta de Gobierno y está lista la Plataforma Tecnológica que servirá para realizarse de manera ágil este proceso”.
Y en otra parte de su informe, Domínguez Marrufo dijo que en materia de trámites registrales, el personal verificador de las 8 oficinas estatales asistieron a 153 diligencias de verificación relativas a solicitudes de constancias de representatividad y consultas sobre revisión integral de contratos colectivos de trabajo.
“Personal del Centro acude a verificar, sobre todo consultas en temas de Constancias de Representatividad, es decir constatar que tienen elementos de certeza para otorgarlas y ver que se trata de centros, sindicatos y trabajadores reales, los que solicitan dichos documentos que acreditan que un organismo sindical tiene respaldo de al menos 30% de sus agremiados”, precisó.
En el Registro de Asociaciones Sindicales ingresaron al CFCRL, 168 solicitudes relacionadas con registros de asociaciones, modificación de estatutos, modificación de directivas, rendición de cuentas, modificación de datos generales o solicitud de copias certificadas.
También se aprobaron por unanimidad, los estados financieros del Centro, luego de la recomendación de los auditores externos.
El presupuesto aprobado para este año que ejercerá el CFCRL asciende a 437.4 millones de pesos.
Originalmente era de 337.4 millones de pesos, pero tuvo una ampliación líquida aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasado 3 de marzo, a fin de que cuente con los recursos necesarios para afrontar la segunda etapa de la implementación del nuevo modelo laboral.
Este informe lo presentó el director general del Centro ante los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde (STPS); del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello; de Josefina Román Vergara, en representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Jorge Ventura, por el INEGI y Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, a nombre de la SHCP.
Por: Bertha Becerra / El Sol de México
La secretaria del Trabajo y Previsión Social lo admite: aún no es posible saber el tamaño del outsourcing en la administración pública federal. «Es un mundo todavía con mucha oscuridad y opacidad», dice a Proceso.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, lo admite: aún no es posible saber el tamaño del outsourcing en la administración pública federal; es temprano para realizar un diagnóstico sobre cuántas empresas dedicadas a la subcontratación de servicios y obras especializadas se inscribirán al padrón público que llevará la dependencia a su cargo.
En la antesala de la aprobación final de la iniciativa presidencial que busca regular la subcontratación en el Senado, Alcalde Luján dice a Proceso:
“Es difícil saberlo. La subcontratación es un mundo todavía con mucha oscuridad y opacidad… Por primera vez se va a tener un registro de las empresas que provean servicios y obras especializadas; no tenemos certeza de cuántas empresas podrán registrarse, imagino que será una cifra grande.”
Sobre la cantidad de trabajadores que laboran bajo algún esquema de contratación en el gobierno federal, la exlegisladora expone: “Hemos avanzado. Cada dependencia está haciendo un diagnóstico de cuánta subcontratación está utilizando y así tener un plan para regularizarse, pero aún no tenemos un diagnóstico claro. Es un trabajo iniciado hace unos meses”.
–Al gobierno le va a costar tener bajo su nómina a los trabajadores que hasta ahora están bajo ese formato de contratación –se le cuestiona.
–No necesariamente. Porque las grandes ganadoras eran las intermediarias; ellas se llevaban enormes recursos para evadir; es decir, era el costo de quitarte la responsabilidad laboral e incluso de tener esquemas fiscales que permitieran no pagar la cantidad de impuestos que se debe pagar.
Quizás un poco, matiza, por el tema del subregistro ante los institutos de seguridad social, “pero quitas a un intermediario que se está llevando una parte, de lo que resulta ser el salario”.
Maestra en derecho por la Universidad de Berkeley, Alcalde asegura que no restará competitividad a las empresas al eliminar también el llamado insourcing, el cual se refiere a empresas creadas por una compañía más grande para encargarse de la nómina.
Cifras alarmantes
Según el reporte elaborado por el Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo de la Universidad Autónoma de Chapingo, publicado en diciembre de 2020, el monto de evasión estimado por el ISR del régimen de sueldos y salarios, correspondiente a patrones con trabajadores vinculantes, para el ejercicio fiscal 2017 fue de 17 mil 680 millones de pesos; para 2018 se elevó a 20 mil 267 millones y en 2019 se estimaron 22 mil 17 millones de pesos.
En estos montos de evasión se involucra un creciente número de patrones que pasó de 19 mil 594 en 2017 a 23 mil 528 en 2019.
“En realidad es un fenómeno que se presenta principalmente en grandes empresas, un poco en medianas, pero la mayoría están en grandes empresas. Hasta ahora no hemos conocido ni un solo caso de micro o pequeñas empresas que tengan este tipo de mecanismos, porque son mecanismos complejos. Se contratan despachos, se hace toda una ingeniería fiscal y laboral precisamente que permita eludir responsabilidades”, señala Alcalde.
La encargada de la política laboral del país menciona que los sectores donde se dan con mayor frecuencia estos esquemas incluyen a los grandes hoteles, bancos, tiendas departamentales y de autoservicio, así como en los relacionados con las actividades terciarias de la economía.
La semana pasada ManpowerGroup estimó que de los 4.6 millones de trabajadores subcontratados, sólo 1.3 millones podrán ser contratados de base, 2.7 millones no tendrán seguridad social y casi medio millón de empleos se perdería. Sin embargo, Alcalde ataja: “No, de ninguna manera. De entrada, no consideramos de ninguna manera que se vayan a perder empleos. Al contrario, se están regularizando figuras que habían venido pulverizando al mercado laboral y evadiendo responsabilidades frente a los trabajadores”.
En sentido contrario a las proyecciones de la trasnacional, la excoordinadora nacional de jóvenes de Morena presume que desde noviembre 300 mil trabajadores se han regularizado en el IMSS y lo han hecho con un salario entre 15% y 35% superior al que venían cotizando.
–¿Los grandes sindicatos serán los nuevos outsourceros, se verán beneficiados con la reforma? –se le pregunta a la funcionaria federal.
–No vemos en dónde cabe que sean los sindicatos los que se conviertan en esta función. Si es una función que independientemente de quien la realice, estará prohibida en la ley no sólo laboral, sino también en las leyes fiscales, de ser aprobada la reforma.
–Se dice también que con la eliminación del insourcing se restará competitividad a algunas empresas relacionadas con el exterior.
–No se puede argumentar que va a quitar competitividad, porque ahora van a tener que repartir utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional y está plasmado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces este derecho nunca se debió haber negado… ¿Qué sucederá? Que esas utilidades las van a tener que repartir entre los trabajadores que antes no estaban reconocidos.
Por: Juan Carlos Cruz Vargas 20/04/2021
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe garantizar el proceso para la elección de la nueva o nuevo Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con base en los principios de democracia y libertad sindical contenidos en la reciente la reforma laboral, consideró la senadora Cecilia Sánchez García.
La legisladora de Morena insistió en que el Comité Ejecutivo General del STPRM tiene que convocar a dicha elección, en un plazo no mayor a dos meses, contando a partir del 31 de marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Ley General del Trabajo.
Tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia de este Sindicato, el 17 octubre de 2019, el cargo quedó vacante y, con ello, cerca de 92 mil 666 trabajadores de planta se han visto vulnerados en su derecho a tener una representación que defienda sus intereses ante patrones y autoridades.
Por ello -agregó Sánchez García- es necesario garantizar que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana esté en condiciones de negociar un contrato colectivo de trabajo, que vele y mejore las condiciones laborales de sus agremiados.
“Este nuevo Secretario o Secretaria General debe surgir de un ejercicio democrático, transparente, libre y a la brevedad, toda vez que la representación actual está ocupada por un personaje sin legitimidad para ejercer tal compromiso”, enfatizó la legisladora.
Destacó que, desde el 11 de diciembre de 2019, la organización cuenta con la constancia de modificaciones de los estatutos, expedida por la Dirección General de Registro de Asociaciones, por lo que está en condiciones para llevar a cabo la elección.
“Se deben buscar mecanismos seguros bajo las condiciones de la nueva normalidad, a fin de realizar dicho proceso, como se hará con las elecciones constitucionales federales y locales de este año, asentó en un punto de acuerdo que fue turnado a la comisión de Trabajo y Previsión Social.
También estimó que el proceso requerirá de entre 211 y 470 casillas, ya que se contempla la participación de 92 mil 666 agremiados que conforman las 36 secciones y los 470 centros de trabajo, de acuerdo con la titular de la STPS, quién ha tenido acercamiento con el sindicato para tatar el tema.
Por: Mi Punto de Vista 20/04/2021
Los Sindicatos del Instituto de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias (INIFAP), el Colegio de Posgraduados (COLPOS), el Instituto Nacional de Capacitación Rural (INCA) y de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) emplazaron a huelga para para exigir sus derechos laborales y fortalecimiento de estos sindicatos ligados a la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader).
En conferencia de prensa virtual, dirigentes de los sindicatos de trabajadores y trabajadores académicos explicaron que desde hace por lo menos tres sexenios se han trucado de forma severa las investigaciones en beneficio del campo debido a los problemas económicos por recortes presupuestales por parte del gobierno.
“En el sector de la educación media superior, superior e institutos de investigación, pero en particular las instituciones del sector agropecuario hemos vivido una ofensiva particular en contra de los derechos laborales y el desmantelamiento de nuestras instituciones. Se continúa con la política de imponer topes salariales que en esta ocasión es un aumento de 3.4 por ciento en salario y 1.8 por ciento de las prestaciones”, detalló.
Ante el panorama, el Sindicato de del Instituto de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias (INIFAP) emplazó a huelga a sus agremiados para el próximo 6 de mayo y 12 de mayo, Reactivar proyectos de investigación 2017, suspendidos debido a falta de presupuesto y la ejecución de laudo por amparo para cumplir el compromiso de agosto de 2018, de otorgar 1.78 millones de pesos a un proyecto de cebada maltera, así como el cumplimiento del convenio firmado en mayo de 2019, para apoyar proyectos de investigación con 52.5 millones de pesos y el Pliego Petitorio de Revisión de Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Acusan una política de desmantelamiento que fue promovida por los gobiernos neoliberales, priistas y panistas, en diversas formas tales como subejercicios sistemáticos del presupuesto asignado, falta de financiamiento a los proyectos de investigación, contención salarial y toda clase de arbitrariedades laborales. Los Sindicatos de Trabajadores Académicos y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo emplazaron a huelga el 23 de abril y 31 de mayo respectivamente, así como movilizaciones para exigir ambos el incremento salarial de 4.2 por ciento.
Además de un fondo de salud para atender los efectos de la pandemia entre sus agremiados y otros incentivos económicos que aseguraron por ley les corresponden. “La problemática de los derechos laborales de los trabajadores tiene varios frentes por un lado la reforma laboral del 1 mayo y la reforma educativa del 15 de mayo del 2019. Otra faceta es la seguridad social que tiene sus aspectos más críticos en las pensiones, jubilaciones, el nuevo Instituto de Salud del Bienestar (INSABI), la aplicación de la Ley UMA a las pensiones”, detallaron.
En tanto el Sindicato Independiente del Colegio de Postgraduados, informó que no llamarán a emplazamiento, pero realizarán una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para hacer valer los acuerdos firmados durante su última huelga.
Explicaron que los sindicatos de trabajadores de instituciones ligadas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se presentan situaciones inaceptables debido a que violentan los derechos laborales como el derecho de huelga, la contratación colectiva, la autonomía y libertad sindicales.
Por: Zuleyma García 20/04/2021
Fuente: https://www.milenio.com/politica/comunidad/sindicatos-agricolas-emplazan-huelga-falta-apoyo
