A dos años de la reforma laboral, la dirigencia vitalicia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), que encabeza Víctor Flores Morales, no se ha realizado el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo a que obliga esa legislación y tiene pendientes demandas laborales y una queja administrativa en las que se solicita la nulidad de la elección de 2018, acusaron trabajadores disidentes del Movimiento de Reconstrucción y Fraternidad Ferrocarrilera.
Eduardo Canales Aguiar, secretario nacional por Talleres del STFRM, indicó que hay una “omisión” de las autoridades laborales al no responder si es procedente o no la queja administrativa presentada en 2019, en que se solicita la nulidad de las elecciones de 2018.
Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detalló que la toma de nota del Sindicato Ferrocarrilero –que desde hace 25 años encabeza Flores Morales– fue otorgada en 2018 y tiene vigencia hasta 2024.
Ante las inquietudes y miedos a los procesos del nuevo modelo laboral es necesario que las y los trabajadores, así como los empleadores estén bien informados sobre sus nuevas responsabilidades que establece la Reforma Laboral, manifestó el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.
El funcionario recordó que desde el pasado 1 de mayo las organizaciones sindicales deberán recurrir al CFCRL para realizar el procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, pues esta tarea ya no la realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La Legitimación de un Contrato Colectivo de Trabajo garantiza el conocimiento de su contenido por parte de los trabajadores y la opción para ellos de avalar o rechazar los contratos a través del voto personal, libre, directo y secreto.
Este procedimiento de consulta democrática se encuentra abierto desde el 1 de mayo de 2019 y tiene una vigencia de cuatro años, que concluyen el 2 de mayo de 2023.
Sobre las nuevas disposiciones en materia laboral, Domínguez Marrufo expuso en un diálogo virtual que sostuvo con integrantes de American Chamber of Commerce of Mexico, capítulo Monterrey, que en el nuevo modelo es necesario que las y los trabajadores, así como los empleadores, estén bien informados sobre sus nuevas responsabilidades, así como mantener un diálogo permanente entre ambos, que no significa injerencia en la vida sindical y sí, por el contrario, una relación transparente que contribuye al cambio de cultura laboral.
Hizo énfasis que el nuevo modelo laboral no es solo un cambio de normas, sino también un cambio cultural.
Para los empleadores, agregó, “no es tarea sencilla” estar cerca de los trabajadores, pero es necesario mantener una relación constante y transparente con ellos, el que cumplan con sus nuevas responsabilidades, como el facilitar procesos de consultas, contribuye a que los trabajadores ejerzan sus derechos.
Explicó que entre las nuevas obligaciones de los empleadores se encuentra entregar a sus trabajadores un ejemplar impreso del Contrato Colectivo de Trabajo en su revisión o para la legitimación de un contrato colectivo.
También fijar y difundir la convocatoria que le solicite la organización sindical o, en su caso, el CFCRL, en consultas para la solicitud de constancia de representatividad y la ratificación de acuerdos.
Agregó que los empleadores, entre otras obligaciones, deberán implementar con los trabajadores un protocolo para la prevención de la discriminación, acoso, violencia u hostigamiento sexual, así como para erradicar el trabajo forzoso infantil.
Señaló que la libertad sindical es un pilar del nuevo modelo de justicia laboral, por lo que ningún empleador puede obligar a la base trabajadora a afiliarse o retirarse de una agrupación sindical específica, o que voten por determinada dirigencia sindical, ni realizar ningún acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores.
Mencionó que tampoco los empleadores pueden “intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias contra los trabajadores”.
Germán Reyes, abogado y consultor, afirmó que es necesaria una efectiva inspección laboral para propiciar empleos dignos, dar asistencia técnica a las empresas y elevar la productividad.
En el contexto de la entrada en vigor de la reforma de subcontratación es necesaria una efectiva inspección laboral para garantizar su aplicación, coincidieron especialistas que participaron en el foro “La Reforma de Subcontratación Laboral. El Papel de la Inspección Laboral”.
El magistrado de circuito del 6º Tribunal Colegiado, Héctor Arturo Mercado, aseguró que en el sexenio pasado no hubo una labor de inspección en materia de subcontratación y por ello crecieron este tipo de relaciones laborales.
“Esta práctica ha sido ilícita de siempre, pero el problema que teníamos en el sexenio pasado es que no había una sola inspección a ninguna empresa para verificar estas prácticas y se convirtió en un deporte nacional para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, el cumplimiento de obligaciones de seguridad social y el respeto a los derechos de los trabajadores como estabilidad en el empleo y derechos colectivos”, subrayó el magistrado.
Opinó que si no se logra combatir la subcontratación no habrá estabilidad en el empleo. De ahí la necesidad de crear desde ahora una “súper inspección del trabajo”.
Durante su participación, el magistrado recomendó a los trabajadores interponer demandas si creen que se encuentran en un esquema de subcontratación ilegal. Incluso, dijo, es necesario que existan denuncias anónimas para que intervengan los inspectores laborales.
“Cumplidos los plazos (de la reforma) inmediatamente, al día siguiente, deben concurrir a la inspección del trabajo o interponer una demanda ante tribunales”, sugirió el magistrado a los trabajadores.
En su oportunidad, Germán Reyes, abogado y consultor, afirmó que es necesaria una efectiva inspección laboral para propiciar empleos dignos, dar asistencia técnica a las empresas y elevar la productividad.
Sin embargo, puntualizó, actualmente debe superar sus deficiencias ya que sólo tiene cobertura de 2 a 3% de las empresas de las industrias a nivel federal.
Además de enfrentar limitados recursos técnicos y la baja remuneración de los inspectores, incluso hay una nula inspección en el ámbito local.
Al hacer un recuento de las reglas que entraron en vigor en materia de subcontratación el 24 de abril, el abogado recordó que se prohíbe la subcontratación de personal.
Cabe destacar que las empresas tienen 90 días de plazo, que empezaron a contar a partir de la entrada en vigor de la reforma, para eliminar los empleos que se encontraban en outsourcing y absorberlos a la nómina principal.
Instalan Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de SonoraHermosillo, Sonora; mayo 26 de 2021. Sonora cumplirá en tiempo y forma con los plazos establecidos para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, al quedar conformada ya la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, aseguró Juan Ángel Castillo Tarazón.
En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Gobierno detalló que esta administración ha tenido una distinción en particular al trabajar de la mano con el poder Judicial y el Legislativo, lo que ha significado la consolidación de muchos objetivos claros como, en este caso, la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que le da prioridad a un tema muy importante que es la conciliación.
Aseguró que la instalación de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral promoverá y regulará la conciliación como medio alternativo de solución de conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones.
“Estoy seguro que al igual que un servidor, los integrantes de esta Junta nos comprometeremos en cumplir lo que marca la ley, con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, todo en beneficio de trabajadores y patrones que integran el mercado laboral de nuestro estado”, comentó.
Horario Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo, destacó que Sonora tiene como plazo el 1 de mayo de 2022 para cumplir con la implementación de esta Reforma y con la instalación de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral y la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que será de manera gradual (en un lapso de cuatro años) para atender el rezago existente, se dará paso a los juzgados de primera instancia en materia laboral.
Los conflictos laborales, dijo, se resolverán como se resuelven los asuntos penales, civiles, mercantiles o de la familiar.
“Con la reforma del 24 de febrero de 2017 se le da competencia al Poder Judicial del Estado y de la Federación para que conozcan por primera vez de los conflictos laborales; hoy se van a involucrar en el procedimiento, bienvenida la incorporación del poder Judicial para este aspecto”, expresó.
La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora quedó conformada por: Juan Ángel Castillo Tarazón, secretario de Gobierno; los secretarios Horacio Valenzuela Ibarra, del Trabajo; Raúl Navarro Gallegos, de Hacienda; Jorge Vidal Ahumada, de Economía; Francisco Cuevas Sáenz, comisionado presidente del ISTAI; Aldo Padilla Pestaño, Mgdo. Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Pedro Gabriel González Avilés, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Ángel Cota Leyva, director general del Trabajo y Previsión Social y Sergio Gastélum Allard, director general de Productividad Laboral (Secretaría del Trabajo).
Presentes: Alejandro García Rosas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, en representación de Raúl Navarro Gallegos, secretario de Hacienda.
Carlos Salarzar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que el conflicto que se vive en la planta de General Motors, en donde se busca legitimar un contrato colectivo de trabajo, se dio por que se perdió el control del sindicato.
Carlos Salarzar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostuvo que el conflicto que se vive en la planta de General Motors, en donde se busca legitimar un contrato colectivo de trabajo, se dio por que se perdió el control del sindicato.
En una reunión con empresarios expuso que “el problema en General Motors, es un problema que se dio porque se perdió el control del sindicato y hemos tenido oportunidad de hablar con todo mundo para tratar de conducirlo adecuadamente en esta ratificación y claro, cuando hay río revuelto va a haber ganancia de pescadores, pero esto es un reconocimiento a que nosotros como empresarios lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestras obligaciones”, destacó.
Salazar Lomelí diji “nosotros fuimos los que impulsamos la reforma laboral, y tiene un reconocimiento a que necesitaba tener algo de lo que nos quejabamos los empresarios, que había sindicatos que no eran representativos, que había sindicatos que solamente eran de protección, que había líderes que se aprovechaban de sus trabajadores”.
No obstante, la Federación de Sindicatos Independientes de la Industria Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN) presentará este jueves una serie de violaciones, ya que presuntamente se han registrado en este tiempo en el que el sindicato que lidera Tereso Medina, secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), prepara la nueva votación.
“La FESIIAAAN, que actúa precisamente en el sector automotriz en que se desarrolla el conflicto, dará a conocer su posicionamiento en defensa de las y los trabajadores de GM Silao y de la correcta aplicación del Capítulo Laboral del T-MEC y de la reforma laboral para que se haga posible la libertad y la democracia para todas y todos los trabajadores de la industria, derechos que nosotros como sindicatos independientes nos hemos ganado desde hace tiempo con nuestra lucha”, destacaron.
Secretaría del Trabajo publica en DOF bases para el registro de subcontratistas Secretaría del Trabajo publica en DOF bases para el registro de subcontratistas. (Moisés Pablo/Moisés Pablo)
La reforma entró en vigor el 24 de abril, por lo que la Secretaría tenía un plazo de 30 días para publicar las bases del Padrón.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para el registro de subcontratistas en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, el cual fue un mandato de la reforma que regula el outsourcing.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) estableció que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la STPS.
La reforma entró en vigor el 24 de abril, por lo que la Secretaría tenía un plazo de 30 días para publicar las bases del Padrón.
Para cumplir con esa disposición, la Secretaría creó el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, a fin de que las empresas subcontratistas puedan registrarse a partir de este lunes.
Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas y estén interesadas en registrarse en el Padrón, deberán acceder a la plataforma http://repse.stps.gob.mx en la que solicitarán el registro.
Los subcontratistas deberán de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) , al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a la fecha en la que se realice la solicitud de registro.
Las personas físicas o morales que deseen incorporarse al registro deberán establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar, bajo protesta de decir verdad, el carácter especializado de las mismas y describir los elementos o factores que dan sustento a este carácter excepcional.
El registro tendrá efectos para una o varias actividades especializadas y dicha especialidad deberá mantenerse para que subsista la autorización, y que a cada actividad especializada le será asignado un número de folio específico.
“Las personas físicas o morales que deseen incorporarse al Padrón y obtener el registro deberán establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar”, suscribe el acuerdo del DOF.
La STPS asegura que el Padrón resulta indispensable para contar con un acervo vigente, estadístico y de control, que permita identificar, registrar y regular a las personas físicas o morales que presten los mencionados servicios especializados.
Es importante recordar que la reforma permite subcontratar servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que además no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos.
El acuerdo del DOF define servicios u obras especializadas como “aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria”.
Para acreditar el carácter especializado se aportará información y documentación, conforme a los requerimientos de la plataforma, respecto a: capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio, experiencia, entre otros.
Por cada solicitud que realicen las empresas para registrarse en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá un lapso de 20 días para otorgar el permiso, por lo que la carga de trabajo para la dependencia será un reto, pues de lo contrario, se tendrá que aplicar la afirmativa ficta a las solicitudes, expusieron especialistas laborales.
“El tiempo para que las empresas realicen el registro parece adecuado; sin embargo, parece poco para la autoridad, ya que seguramente atenderán miles de solicitudes de registro y deben dar respuesta en un plazo de 20 días a cada solicitud, por lo que sería lógico esperar que haya mucho atraso en las respuestas”, señaló Héctor de la Cruz, especialista de la firma DMAbogados.
En ese caso, detalló, esto llevará a que las empresas que soliciten que se aplique la afirmativa ficta, es decir, que se les registre por no tener respuesta oportuna sobre su trámite.
Lo que se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación “no cambia mucho lo que se había comentado que contenían los lineamientos, pero lo que sí es cierto es que sigue faltando claridad en lo que son los servicios especializados; hasta donde hemos revisado la plataforma, aún no podemos identificar la manera en la que se establecen los parámetros para determinar si se trata o no de un servicio especializado”, destacó Germán de la Garza de Vecchi, socio Líder de Servicios Laborales en Deloitte México.
Cabe señalar que no hay un número determinado en el país de empresas que ofrecen el servicio de subcontratación; no obstante, los cálculos que han presentado los especialistas es que sólo 30% de las empresas podrán continuar en el mercado, lo que implica que “podría impactar en el empleo de quienes se encuentran en la industria de capital humano”, indicó Armando Leñero, presidente del Centro Federal de Estudios del Empleo Formal (CEEF).
A partir de este lunes las personas que deseen incorporarse al registro deberán establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar e incluso, deben acreditarlo para cada una de las actividades.
Además, dado que el trámite es “bajo protesta de decir verdad, el carácter especializado de las mismas y describir los elementos o factores que den sustento a este carácter especializado”, se presta mucho a conocer cuáles son los elementos que se tomarán en cuenta para otorgar los permisos, los especialistas consideraron que es ambiguo.
Lo que sí, destacó De la Garza de Vecchi, cada organización debe tener claro que debe aportar información y documentación respecto a: capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulen la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio, experiencia, entre otros”.
Será en 3 meses, el tiempo que todas las empresas deberán contar con su permiso, a fin de dar cumplimiento a la reforma laboral en materia de subcontratación.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo y la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) Luisa María Alcalde Luján, se reunirán el martes 25 de mayo para analizar la problemática que enfrentan los más de 6,000 trabajadores de General Motors en la planta de Silao, Guanajuato.
Ha transcurrido un mes desde que se realizaron las elecciones en la planta automotriz para legitimar el contrato colectivo de trabajo, en donde el Sindicato “Miguel Trujillo López”, afiliado a la CTM, debió suspender el proceso de votación por la denuncias de diversas irregularidades y cuya queja se enmarcó en el Capítulo 23 del T-MEC, relacionado con la libertad sindical.
El sindicato que encabeza el también secretario general sustituto, Tereso Medina, determinó reponer el proceso, siempre y cuando se analice a fondo la intromisión de grupos interesados del extranjero, dijeron fuentes del sindicato; no obstante, hasta ahora se conoció que quien tomará las riendas en la plática con la titular del Trabajo será el máximo dirigente Aceves del Olmo.
Entre las acusaciones en contra del sindicato actual están que hay trabajadores ganan 184 pesos diarios, y contratistas de SEGLO dentro de la planta que gana 102 pesos diarios, y cuya principal observación es que no quieren permitir mejoría en las condiciones laborales.
Además, trabajadores han denunciado que hay una campaña intensiva de presiones, de parte de la CTM y de la gerencia, por lo que han demandado que la STPSinvestigue a fondo.
Cabe señalar que la reposición del proceso se tienen que realizar en la primera semana de junio, y la autoridad laboral se comprometió a garantizará el cumplimiento de:
Padrón confiable de trabajadores con derecho a votar.
Máxima difusión de la convocatoria y del contrato colectivo de trabajo.
Espacios accesibles y seguros para la consulta.
Reforzamiento de los mecanismos de observación y vigilancia electoral.
No intromisión de la empresa, el sindicato o de persona ajena a la consulta.
Foto por Tereso Medina Ramírez. Daniel Valdes / EL DIARIO
Asegura que en Coahuila desde hace tiempo se practica un sindicalismo responsable
Los contratos colectivos de la CTM en Coahuila tienen el respaldo del 90 y 95 % de los agremiados, en virtud de que la reforma laboral les da ese derecho y garantía a los trabajadores, expresó Tereso Medina Ramírez.
El dirigente estatal de la CTM manifestó que en la entidad no es nueva la reforma laboral, pues desde hace tiempo se realizaban prácticas democráticas al interior de las organizaciones, como parte de la visión del sindicalismo responsable.
Indicó que con estos cambios en la legislación laboral el trabajador se ha convertido en origen y destino, pues tiene el poder de decidir con cuál sindicato estar o no.
Además, dijo, el contrato colectivo debe ser votado por los trabajadores; la transparencia y la democracia sindical son otras de las obligaciones de esta reforma.
Manifestó que el trabajador no es el eslabón débil de un sindicato, por el contrario, adquiere una mayor fortaleza y esto trae como consecuencia representantes sindicales más auténticos, porque deben estar cercanos a los trabajadores para seguir vigentes.
Indicó que con esta visión, los sindicatos se convierten en un factor de competitividad y de compromiso social. Ahora la libertad individual y colectiva es lo que va a regir en esta relación sindical y con un trato digno al trabajador.
El Presidente señalo que es necesario que exista democracia sindical/ Cortesía: Cuartoscuro; José Luis Tapia
El mandatario señala que deben de reponerse los procedimientos
La queja laboral que centrales obreras y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios MOVIMIENTO 2032 (SNITIS) presentaron bajo el marco del T-MEC por la empresa Tridomex fue avalada por el gobierno de México.
La AFL-CIO entregó a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC.
Esta denuncia fue presentada en conjunto con la Central Public Citizen’s Global Trade Watch y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de SNITIS.
La petición establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex, ubicada en el Parque Finsa de Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que para mantener el Tratado de Libre Comercio es necesario que exista democracia sindical.
“Acaba de haber una impugnación, una planta automotriz porque no fueron limpias las elecciones y se coincidió, nosotros estamos de acuerdo en el reclamo que hicieron sindicatos de Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos y transmitidos esos reclamos al gobierno de México”, declaró en la conferencia mañanera de este lunes el presidente.
“Los aceptamos y estuvimos de acuerdo, ya lo habíamos nosotros contemplado con anticipación y se tienen que reponer esos procedimientos”, agregó.
Señaló que para garantizar el voto secreto en las elecciones de sindicatos podría aplicarse la modalidad del voto electrónico, mediante el sistema de observación externa que ya analiza la Secretaría del Trabajo.
“Desde luego con la aceptación de los trabajadores y de los dirigentes para que en las asambleas necesariamente no haya acarreo, sino que pueda el trabajador hacer un voto electrónico, libremente, de manera directa desde su domicilio”, afirmó.
Fue en enero del 2019 cuando la activista Susana Prieto Terrazas promovió una serie de huelgas en la frontera tamaulipeca dentro del denominado movimiento 20-32, el cual paralizó por semanas a la industria maquiladora.
