La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que el pasado 7 de abril, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo para que la empresa dueña de la mina de Cananea pague 54 millones de dólares a mil 097 trabajadores.
Por: Redacción AN / AA 12/05/2021
El movimiento obrero de Matamoros, Tamaulipas, de 2019 no ha terminado. Luego de la represión policial, la persecución política y la fabricación de delitos contra sus líderes más visibles, lo que consiguieron autoridades, sindicatos y empresas fue justamente lo que buscaba esa disidencia: “Evidenciar la precariedad de las relaciones obrero patronales en la industria maquiladora”, dice irónica la abogada Susana Prieto.
Otro de los resultados fue el apoyo de organizaciones sindicales y congresistas estadounidenses, señala la activista vía telefónica. Este lunes, el sindicato que surgió de aquella huelga masiva en 28 maquiladoras, apoyado por otros de Estados Unidos, interpusieron una queja contra la compañía Tridonex. Se han valido del Mecanismo de Respuesta Rápida que contempla el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La solicitud se ha hecho desde el otro lado de la frontera. La firman el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS), formado en Matamoros en 2019, así como la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Igualmente, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la organización Public Citizen.
La denuncia es porque “durante dos años, los obreros de Tridonex han sido acosados y despedidos por tratar de sindicalizarse con el SNITIS” y dejar de pertenecer al “sindicato corrupto ‘de protección patronal’”, ha informado la AFL-CIO en un comunicado. Son más de 600 trabajadoras y trabajadores, afirma Susana Prieto, quien asesoró a las y los huelguistas.
Por esa labor, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “quien se opone a la reforma laboral, la encarceló con acusaciones inventadas durante un mes en una penitenciaría estatal plagada de covid-19”, señala el comunicado. “Creían que apagaban, que acorralaban el movimiento, que todo terminaba ahí”, repasa la defensora de derechos humanos. Pero parece que avivaron el fuego.
Salarios 10 veces peores
“Utilizamos los mecanismos que ofrece el T-MEC para defender los derechos de las y los trabajadores mexicanos”, explica Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers. Aun después de las huelgas de 2019 en las que exigían mejoras de salario y condiciones laborales, los sindicatos democráticos no son titulares de los contratos, apunta. El personal de las maquiladoras en México gana “la décima parte de lo que nuestros trabajadores en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo”, dice.
Los sindicatos que aglutinan a la plantilla laboral pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Los dirigentes de esa central obrera han pertenecido a la cúpula del PRI, el partido que gobernó el país por más de 70 años. Uno de sus líderes, Fidel Velázquez, estuvo medio siglo al frente de esa organización. El senador Carlos Aceves del Olmo es actualmente el secretario general desde 2016.
La queja se presentó ante un comité formado por el Departamento del Trabajo estadounidense y la Oficina del Representante Comercial. Tienen 30 días para evaluar la petición, “si deciden seguir adelante empieza el momento de consulta, que puede durar 45 días”, comparte Ben Davis.
Es la segunda denuncia vía el T-MEC por violaciones laborales entre México y Estados Unidos. La primera la interpusieron en marzo jornaleras mexicanas contra el gobierno estadounidense por discriminación y agresiones sexuales en el programa de trabajo temporal de visas H2A.
Esta otra es en contra de una empresa, Tridonex, por incumplir la libertad sindical. “Es el primer caso, no hay antecedentes. No sabemos cómo lo va a manejar primero el gobierno acá y luego, si llega a México, cómo será esa segunda parte”, aclara.
Los obstáculos del proceso
Para Susana Prieto, abogada del SNITIS, el cual es dirigido por Jaime Guarderos, con el movimiento 20/32 y esta queja en el marco del T-MEC están visibilizando la corrupción de las empresas. “Se habla mucho de la corrupción de los sindicatos charros alimentados por el sistema político, pero a las empresas nunca nadie las había tocado”.
Tridonex, la denunciada, es una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia. En ella fabrican partes automotrices, “de las cuales una importante porción es para el mercado de Estados Unidos”. Según la AFL-CIO, no ha atendido la petición de quienes ya no quieren aportar más cuotas de su salario “al sindicato de protección patronal”.
La queja laboral es un procedimiento legal internacional y el gobierno mexicano “tendrá 45 días para compilar las pruebas y desvirtuar los hechos de la demanda”, cuenta la abogada.
Para Ben Davis, el gobierno de México “está comprometido con las reformas no sólo en el papel, sino en concreto”. Y las autoridades en Estados Unidos también “han mostrado mucho compromiso. Seguramente lo analizarán bien”.
Sin embargo, habrá obstáculos: la resistencia de las empresas porque no quieren pagar más es la primera. “Es una lástima, una de las razones por las que no hay mucho consumo en México es por los bajos salarios”, comenta.
La segunda: “La CTM, los viejos sindicatos, en Matamoros tienen sus intereses y han estado en contra de esos cambios”. También esto es una pena, “porque el líder de un sindicato no debe tener miedo de la democracia. Pero es la realidad que enfrentamos hoy”.
Y la tercera: “Hay algunos políticos que se resisten al plan” democratizador en materia laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Susana Prieto resalta una ventaja: “Hay muchas mujeres, en ese orden, mujeres y hombres que han estado en la primera línea de batalla para acabar con la corrupción de sindicatos blancos, lideres charros y empresas”.
Por: Factor Capital Humano 11/05/2021
Funcionarios mexicanos habían dicho anteriormente que algunas papeletas fueron destruidas durante la votación realizada en abril, en la que los trabajadores ratificarían su contrato colectivo.
La Secretaría del Trabajo de México dijo el martes que encontró «irregularidades graves» en una votación sindical en la planta de General Motors (GM) en la ciudad Silao y ordenó al sindicato local de la automotriz volver a realizarla en un plazo de 30 días.
La determinación de la dependencia ocurrió tras la presión ejercida más temprano por legisladores estadounidenses sobre GM para garantizar los derechos de los trabajadores en esa planta, lo que se suma a preocupaciones de varios grupos mundiales de defensa laboral.
Funcionarios mexicanos habían dicho anteriormente que algunas papeletas fueron destruidas durante la votación realizada en abril, en la que los trabajadores ratificarían su contrato colectivo.
La ratificación es necesaria debido a una reforma laboral mexicana para garantizar que los trabajadores no estén sujetos a los llamados contratos de protección, que se firman a espaldas de los trabajadores y priorizan los intereses de la empresa.
Estas votaciones son parte de un esfuerzo más amplio que sustenta las promesas del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para defender los derechos de los trabajadores.
La secretaría del Trabajo dijo en un comunicado el martes que las irregularidades de la votación «vulneraron los principios de seguridad y certeza que deben regir a todo proceso democrático».
GM ha negado haber actuado mal y dijo que condena las violaciones a los derechos laborales.
¿Qué dijo la Secretaría de Trabajo?
El pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), cuya titularidad corresponde al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”.
En el marco de este proceso, en el que se consultó a las y los trabajadores a través del voto personal, libre, directo y secreto si estaban de acuerdo con el contenido de su CCT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación, y que vulneraron los principios de seguridad y certeza que deben regir a todo proceso democrático. Por lo anterior, esta autoridad laboral declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.
La reposición del procedimiento deberá realizarse en condiciones que garanticen la seguridad y accesibilidad de las y los trabajadores, para brindar certeza de que su voto será emitido de forma pacífica, personal, libre, secreta y directa, sin coacción ni intimidación.
Sin perjuicio de lo anterior, los sucesos del evento de consulta de los días 20 y 21 de abril fueron hechos del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que resuelva lo que corresponda en caso de acreditarse la comisión de conductas contrarias a la Ley, especialmente en lo que hace a la posible violación de derechos colectivos en materia de libertad sindical y negociación colectiva. De igual modo, la STPS denunció estos hechos ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que investigue y deslinde las responsabilidades penales que correspondan.
A través de la implementación de estas medidas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral.
Por: Redacción GH/Reuters 11/05/2021
Durante los últimos dos años, los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por intentar organizarse,
La primera demanda laboral bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en contra de la empresa Tridonex, “debe cimbrar al país para que las autoridades mexicanas analicen si la reforma laboral es realmente aplicable o solo es letra muerta”, señaló en entrevista la abogada Susana Prieto.
La activista apuntó que en colaboración con la AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) y la organización Public Citizen buscarán probar si las reformas laborales de México y el T-MEC pueden dar resultados a los trabajadores mexicanos a los que se les niega su derecho de organizarse y negociar mejores salarios y condiciones laborales dignas.
“Estamos luchando por la libertad y democratización sindical de los obreros que actualmente no tienen salida para librarse de los sindicatos y contratos de protección patronal, además de todas las injusticias de las que ha sido objetivo durante años”, expresó Susana Prieto.
Agregó que durante los últimos dos años, los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por intentar organizarse, e incluso, la empresa ha despedido a más de 600 trabajadores simpatizantes del SNITIS, sindicato al que asesora.
Tras esta queja laboral bajo el amparo del T-MEC, el Gobierno de México deberá investigar el caso y ofrecer pruebas para defenderse o actuar en consecuencia.
“El acuerdo es muy claro, de resultar culpable, la empresa Tridonex podría recibir importantes sanciones por violar los derechos de libertad y democratización sindical, viene en el capítulo 23 del T-MEC, esto les afectaría ya que ellos gozan de bastantes beneficios arancelarios a través del T-MEC, los cuales se les podrían retirar”, subrayó.
La empresa Tridonex es una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia y se dedican a la fabricación de autopartes.
A casi un año de haber entrado en vigor el T-MEC, la abogada consideró que el Gobierno Federal no ha trabajado en la ruta adecuada para que los compromisos laborales se cumplan.
Destacó que no es un accidente que los estados del norte sean los últimos que gozarán de los beneficios de la reforma laboral a través de la conformación de nuevos organismos y juzgados laborales, ya que es una región donde prevalece el maltrato y explotación de los trabajadores.
La implementación de la reforma laboral en México se ha realizado por etapas. La primera de ellas inició en 2020, con Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo.
En la segunda etapa se incluirán Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, e Hidalgo de manera local.
En el segundo semestre de 2022, la abogada Susana Prieto adelantó que impulsará la creación de un partido político que defienda los intereses de los obreros tamaulipecos.
“La organización de la clase obrera y jornalera del país debe surgir desde abajo, actualmente, acepté una candidatura a diputada por el partido de Morena, pero soy una candidata externa, no pertenezco al partido, necesitamos una voz en el Congreso y no ser juguetes ni títeres de nadie, si ganamos, vamos a plantear lo que le hace falta a la clase obrera del país”, apuntó.
Por: Héctor Usla 10/05/2021
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un acuerdo para instruir a las presidencias de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje los procedimientos para la destitución de presidentes de Juntas Especiales y de auxiliares de las Juntas federales, por conductas que ameriten la separación de su cargo.
En el documento publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, se establecen mecanismos ante posibles faltas referidas en los artículos 643, 644 y 645 de la Ley Federal del Trabajo, entre los cuales se contempla los casos en los en los que los funcionarios actúen como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos de trabajo.
De registrarse conductas de este tipo, se establece que para salvaguardar los derechos de los involucrados debe iniciarse una investigación y la elaboración de un informe fundado y motivado con argumentos.
Por: La Jornada 11/05/2021
La Unifor, el sindicato más grande del sector privado de Canadá, hizo un llamado al gobierno de México para que atienda las violaciones que se están llevando a cabo en el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajadores de GM en Silao.
La legitimación de contrato colectivo de trabajo en Silao, Guanajuato -suspendida por la destrucción de votos- llegó al corporativo General Motors, luego de que Jerry Dias, presidente de la Unifor, el sindicato más grande del sector privado de Canadá, enviara un comunicado a Mark Reuss, presidente de la trasnacional automotriz, para comunicarle “la alteración de votos y ajuste de boletas” que se presentaron en la organización sindical de México.
Dias expuso que “los trabajadores automotrices mexicanos tienen derecho a ejercer una negociación colectiva libre y justa. Durante décadas, este derecho se les ha negado en forma sistemática a través de los así llamados “contratos de protección patronal” y los sindicatos formados ilegalmente”. En la misiva que también fue enviada a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, se detalla el proceso de votación que se realizó el pasado 20, 21 y 22 de abril a cargo del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) “Miguel Trujillo López”; el cual se encuentra suspendido por la autoridad laboral.
En un comunicado la STPS informó que en el recuento habrían de participar 6,494 trabajadores; por lo que se puso a disposición a 16 inspectores de la dependencia y 7 observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; quienes detectaron que había material de votación destruido en el local sindical, donde estaba bajo resguardo, y pese a pedirle al Sindicato cetemista hacerse cargo de la documentación, estos se negaron a entregarla.
Por lo anterior, la STPS informó que se había suspendido el proceso de votación, que en el primer día contó 3,435 votos; dado que no había condiciones para su desarrollo e interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos.
Cabe señalar que bajo el acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá, se exige que los contratos de trabajo existentes sean avalados por los trabajadores, mediante votación; como también existen mecanismos de denuncia para los casos en los que se incumpla con el derecho de los trabajadores sobre la libertad sindical.
La Unifor hizo un llamado al gobierno de México para que tome cartas en este asunto de inmediato. A su vez, la Unifor solicitó a General Motors que denuncie las acciones realizadas por representantes de la CTM y que colaboren con las autoridades mexicanas tomando medidas proactivas para dar lugar a un voto libre, justo y secreto que sea dirigido por los trabajadores. Por lo anterior, en una misiva el pasado 7 de mayo, Mark Reuss, presidente de General Motors, respondió a los sindicalistas que la compañía condenaba las violaciones de los derechos laborales.
Por: María del Pilar Martínez 11/05/2021
Funcionarios del gobierno federal reconocieron que en el país la participación laboral de mujeres es la más baja de América Latina, y que existe una amplia brecha salarial y condiciones de inequidad que dificultan el acceso y el crecimiento de las mujeres en el mercado de trabajo.
Este contexto pone en evidencia la necesidad de más políticas públicas con perspectiva de género.
En el panel Crecimiento económico con perspectiva de género convocado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), funcionarios federales y representantes de organismos internacionales resaltaron los desafíos que enfrenta México para mejorar la participación laboral de las trabajadoras y poner un piso parejo entre mujeres y hombres.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, destacó las acciones del gobierno para mejorar el acceso al mercado y las condiciones de la fuerza laboral femenina. Por ejemplo, políticas como la recuperación del salario mínimo han permitido disminuir en 6.5 por ciento la brecha salarial de género. Sin embargo, reconoció que nuestro país aún tiene desafíos para la incorporación de más mujeres a las actividades económicas.
“Por supuesto, todavía quedan muchos retos por delante. Pero lo cierto es que hemos avanzado en que cada vez más mujeres participen en el mercado laboral y ello nos permita mayor crecimiento para nuestro país”, dijo Alcalde Luján.
Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), expuso que la tasa de participación laboral femenina se redujo de 44.5 a 40.9 por ciento en el último año. “Nosotros vemos en esto un retroceso de una década en el nivel y la calidad de empleo de las mujeres”.
La funcionaria del organismo regional de las Naciones Unidas puntualizó que la pandemia ha profundizado las desigualdades entre mujeres y hombres en los mercados de América Latina y el Caribe y ha impacto con mayor fuerza en los sectores con más empleo femenino.
En su intervención, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, reconoció que la participación laboral de mujeres es la más baja de Latinoamérica. El rezago en condiciones adecuadas para la incorporación plena de trabajadoras al mercado afecta el crecimiento del país, acotó.
Mientras la tasa de participación de las mujeres en el mundo del trabajo es en promedio de 44 por ciento en México, destacó el funcionario, en Perú es de 68 y en Bolivia, de 67 por ciento, naciones que encabezan la lista. También por debajo de lo reportado en Ecuador (53 por ciento), Uruguay (49 por ciento), Colombia (49 por ciento), Chile (48), Brasil (47) y Argentina (46 por ciento).
“Una de las cuestiones que hemos identificado es el impacto del sistema de cuidados en la participación laboral de las mujeres. Las mujeres tienen un límite importante en América Latina y sobre todo en México para incorporarse al mercado laboral, pero estas limitaciones pueden ser mucho más importantes en términos de cómo pueden avanzar en su carrera”, expuso.
El titular de la SHCP enfatizó que nuestro país no sólo debe trabajar en crear mejores condiciones para el ingreso de las mujeres a la economía, también hay que crear políticas que faciliten su crecimiento en el mercado de trabajo.
Además del bajo acceso a los sectores económicos y el crecimiento de las mujeres, Arturo Herrara señaló que nuestro país enfrenta una brecha salarial de género importante.
Para promover la igualdad de género en la recuperación económica, la Cepal propone que los países de la región pongan en marcha acciones como una canasta básica digital para garantizar la conexión a internet en los hogares que no cuentan con este servicio y un ingreso básico de emergencia para las mujeres que salieron del mercado laboral. Estas medidas, respectivamente, representan una inversión de 1.0 y 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.
Alicia Bárcena consideró que México tendrá un buen avance con un sistema universal de cuidados y reconoció acciones como las tandas para el bienestar enfocadas en mujeres que viven o han vivido violencia.
En tanto, Arturo Herrera destacó que nuestro país debe reducir situaciones de violencia y discriminación que excluyen a las mujeres de las oportunidades laborales. Un ejemplo son los traslados largos a los centros de trabajo que ponen en una situación de mayor vulnerabilidad a las trabajadoras frente a situaciones de acoso. “Estar sujetas casi cuatro horas a un ambiente de acoso puede llevarlas a abandonar el trabajo”.
Sin espacio a retrocesos
Los avances en la igualdad entre mujeres y hombres han sido lentos y han requerido de grandes esfuerzos. Ante una pandemia que ha castigado en mayor medida a las trabajadoras, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, aseguró que los países no pueden permitir retrocesos en esta materia.
“En las últimas décadas se han obtenido lentos avances a costa de arduos esfuerzos y ahora no podemos permitirnos un retroceso que aumente aún más las desigualdades de género. El futuro debe ser más prometedor y diferente. Debemos aprender de esta situación y verla como una oportunidad para reconsiderar nuestros planteamientos y construir sobre bases más sólidas da cara al futuro”, expresó.
De acuerdo con la OIT, las acciones de política pública deben orientarse a:
Priorizar la creación de empleos que beneficien por igual a las mujeres y a los hombres.
Invertir en políticas del cuidado de alcance universal para ayudar a los trabajadores con responsabilidades relacionadas con el cuidado.
Abogar por una mayor presencia de las mujeres en puestos de liderazgo.
Asegurar la dignidad y la seguridad de todos los hombres y todas las mujeres que participan en el mercado de trabajo.
En 2020, el desempleo alcanzó a 64 millones de mujeres en el mundo, una proporción mayor que la de los hombres. La pandemia significó la pérdida de empleo del 5 por ciento de las trabajadoras frente a un 3.9 por ciento para los trabajadores.
La recuperación económica, destacó Guy Ryder, debe centrarse en las personas y para ello, es necesario invertir en las mujeres.
Por: Redación 10/05/2021
Como parte de la reforma laboral que entró en vigor en Zacatecas desde noviembre del año pasado, se tiene previsto que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral realice el procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos que hay en la entidad.
En este procedimiento, aparte de legitimar el contrato colectivo de trabajo, busca conocer si realmente el contrato es respaldado por los trabajadores, y si no es así depurar los contratos de “protección o inactivos”.
Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal, informó que el trámite deberá ser realizado por los secretarios generales de los sindicatos, quienes tienen el deber de registrar la legitimación a la plataforma digital, donde se capturarán los datos del sindicato, patrón, contrato colectivo, y el lugar y fecha en que los trabajadores avalarán el contrato colectivo.
También deben especificar si la consulta a los trabajadores será verificada por notario público o personal del propio Centro de Conciliación y Registro Laboral.
Domínguez Marrufo destacó que, para realizar la consulta,se tienen que imprimir boletas para todo el personal sindicalizado, que deberán ser foliadas, y no contener el nombre del votante ni podrá añadirse señal o dato alguno en el listado que haga posible identificar el folio de la boleta que le fue entregada al trabajador.
Posterior a que se realice la consulta, se deberán emitir los resultados digitales al Centro Federal.
Después de que este revise que no existan anomalías y que en efecto el contrato esté avalado por los trabajadores, quedará legitimado 20 días hábiles después del procedimiento.
En caso de que la mayoría de los trabajadores se pronuncieen contra del contrato colectivo, el Centro Federal lo dará como terminado, pero se conservarán las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato.
Al momento son 830 contratos legitimados en todo el país.
Por: FRANZELY REYNA / NTRZACATECAS.COM 11/05/2021
Fuente: http://ntrzacatecas.com/2021/05/10/preven-legitimacion-de-contratos-colectivos/
Darlene Rojas, coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos, dijo que para la legitimación de un contrato se deberá realizar una consulta entre las y los trabajadores, y sin su participación real no podrá ser legitimado.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) implementó, desde el pasado primero de mayo, una plataforma para realizar el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo para terminar con la manipulación de derechos laborales, dijo Darlene Rojas, coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos.
Tras señalar que el nuevo modelo laboral empieza a erradicar la vieja práctica de algunos sindicatos de «negociar en corto» con los empleadores; destacó que, en los procesos de consulta, los verificadores del CFCRL constatan la participación de los trabajadores a través de su voto personal, libre, directo y secreto. «Si no está de por medio la voluntad de los trabajadores, no se puede dar por legitimado y depositado un contrato colectivo de trabajo», enfatizó.
Relató que se han registrado casos en que un sindicato solicita la Constancia de Representatividad, y cuando los verificadores del Centro Federal acuden al lugar de trabajo para comprobar la información presentada, «muchas de las veces los trabajadores manifiestan no conocer al sindicato o simplemente no se encuentran en ese sitio laboral, por lo que son negadas sus peticiones».
Comentó que la Constancia de Representatividad es un documento necesario para solicitar la titularidad de un Contrato Colectivo de Trabajo, y para obtenerla una dirigencia sindical debe acreditar que tiene al menos 30% de respaldo de los trabajadores que dice agrupar.
La coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos recordó que para la legitimación de un contrato se deberá realizar una consulta entre las y los trabajadores, y sin su participación real no podrá ser legitimado.
Dijo que hasta el momento existe disposición de los sindicatos, quienes deben asumir una nueva lógica de generar un trabajo previo de información entre sus agremiados, lo cual dará como resultado su fortalecimiento como organizaciones.
Por : María Del Pilar Martínez 10/05/2021
La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC.
La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC, informó el sindicato.
La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El T-MEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.
Reuters informó la semana pasada que cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales estatales nunca han sometido su solicitud a votación.
Prieto dijo que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
Bajo el «Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida» del T-MEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.
La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial T-MEC. Empresas y activistas estarán muy atentos.
«Esto sienta un precedente», dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el T-MEC. «Va a ser una prueba para este nuevo sistema».
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.
Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.
La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política», dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador quien promulgó una reforma laboral en 2019, prometió eliminar los contratos de protección de México que, según los críticos, anteponen los intereses de las empresas a los derechos de los trabajadores, lo que también es una prioridad del T-MEC.
Sin embargo, la nueva ley se está implementando gradualmente en todo México y los cambios no comenzarán a llegar al estado Tamaulipas, donde se localiza Matamoros, hasta 2022.
La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.
Por: Ruters 09/05/2021
