A partir del pasado viernes, la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila, dio inicio con un programa de asesorías y acompañamiento en temas relacionados con las Reformas Laborales; para abordar la nueva Ley de Subcontratación y sus lineamientos, en donde se habla del outsourcing e insourcing.
Nazira Zogbi Castro, titular de la citada dependencia, detalló que también se otorgarán asesorías en cuanto al Teletrabajo y su reglamentación, así como del Nuevo Sistema de Justicia Laboral; estableciendo que dicho programa es gratuito y abierto a todo público interesado.
Lo anterior, lo dio a conocer durante su visita a Piedras Negras, donde se llevó a cabo la primera feria del empleo de manera presencial y en plena pandemia, donde destacó la conformación del módulo rosa, en el cual se concentran las vacantes de trabajo únicamente para mujeres.
«Quienes estén interesados, cada 15 días va a ver una sesión informativa los viernes, estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan acceder «, fue lo que manifestó la titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado de Coahuila.
Cabe mencionar que, Zogbi Castro, solicitó a todos los interesados en informarse de la recién aprobada Reforma Laboral, para que días previos a la sesión informativa se registren y envíen sus preguntas.
Estableció que, la invitación al registro es con la finalidad de que las dudas e inquietudes de los participantes puedan ser expuestas y respondidas durante la sesión.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya tiene listos los lineamientos para la operación del registro de empresas de subcontratación, un requisito previsto en la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo con el que deben cumplir las compañías que se dediquen al outsourcing de servicios y obras especializadas.
El registro de empresas consistirá en una plataforma informática donde se inscribirán los negocios que deseen participar en este mercado, al igual que las compañías que presten servicios u obras complementarias o compartidas dentro de un mismo grupo empresarial. Las autoridades tienen como fecha límite el 24 de mayo para echar a andar el sistema.
El padrón será de consulta pública en un portal de internet que habilitará la STPS, de acuerdo con el anteproyecto que fue enviado a revisión a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) este jueves.
“Resulta indispensable contar con un acervo vigente, estadístico y de control, que permita identificar, registrar y regular a las personas físicas o morales que presten los mencionados servicios especializados a través de un Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas”, detalla Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, en el documento.
El registro será para cada actividad que ofrezca una empresa de subcontratación y a cada especialización se le asignará un número de folio específico.
Para solicitar el registro, las empresas deberán presentar la siguiente información en la plataforma:
-Firma electrónica vigente
-Nombre, denominación o razón social
-Nombre comercial
-Entidad federativa
-Registro Federal de Contribuyentes
-Domicilio: calle o avenida, número exterior, número interior, colonia o fraccionamiento, código postal, localidad, y municipio o alcaldía
-Geolocalización
-Teléfonos fijos, celulares y correos electrónicos
-Número del Acta Constitutiva de la empresa, datos de identificación del notario o corredor público que la expidió, fecha de su protocolización y objeto social (en caso de ser persona moral)
-Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
-Datos del representante legal de la empresa de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas primer apellido, segundo apellido y nombre(s), Teléfono fijo y celular, Identificación Oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional), CURP y correo electrónico (para personas físicas y morales)
-Afiliación ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
-Número total de trabajadores al momento de la solicitud del registro
-Actividad Económica especializada conforme al “Catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riegos de trabajo” del Instituto Mexicano del Seguro Social contenido en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de
-Empresas, Recaudación y Fiscalización
-Actividad o actividades que desean registrarse en el padrón
-Actividad económica preponderante.
Además, por cada actividad que se quiera registrar la empresa se deberá acreditar el nivel de la especialización.
“Para acreditar el carácter especializado se aportará información y documentación, conforme a los requerimientos de la plataforma, respecto a: capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio, experiencia, entre otros. Los servicios u obras especializados que deseen registrarse deberán estar contemplados dentro de su objeto social”, se establece en las reglas de la STPS.
¿Cuándo se niega o se cancela un registro?
La reforma a la LFT faculta a la Secretaría del Trabajo para negar el registro a empresas de subcontratación. De acuerdo con el documento en manos de la Conamer, la dependencia podrá hacerlo en los siguientes casos de incumplimiento:
-No acreditar el carácter especializado.
-No estar al corriente con las obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del –
-Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
-No cumplir con los requisitos y requerimientos establecidos en las reglas emitidas por la STPS.
-Proporcionar información falsa o documentos apócrifos, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, o que la documentación cargada en la plataforma no haya sido en el formato establecido o sean ilegibles.
-Negarse a atender los requerimientos de información o documentación complementaria que le sea requerida por parte de la Secretaría.
-Cuando se detecte que los datos que pide en la plataforma resulten diferentes o imprecisos con respecto a los datos e información contenidos en los documentos ingresados.
Mientras tanto, la STPS podrá cancelar el registro de las empresas en alguno de estos supuestos:
-Prestar servicios u obras especializadas no registradas en el Padrón.
-Prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la beneficiaria.
-Cuando existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social frente al Servicio de
-Administración Tributaria, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
-Dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para el otorgamiento del registro.
Por incumplimiento a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. Negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que sea requerida por parte de la Secretaría.
No realizar en el plazo establecido la renovación que se señala en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Una vez que las empresas hayan cargado la información en la plataforma, recibirán un número de folio para dar seguimiento al trámite. La STPS contará con un plazo de 20 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud para pronunciarse respecto al registro.
En cualquier momento, la dependencia podrá solicitar información o documentación adicional a la empresa o a cualquier entidad gubernamental para corroborar y validar la información y documentación proporcionada.
El nuevo modelo laboral empieza a erradicar la vieja práctica de algunos sindicatos de “negociar en corto” con los empleadores
Los procesos establecidos para la legitimación de los contratos colectivos, evitan la manipulación de los derechos laborales de los trabajadores. La plataforma electrónica que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) puso en operación a partir del 1 de mayo para realizar este trámite cuenta con información suficiente para ayudar a los sindicatos a cumplir las diversas etapas del proceso.
Así lo manifestó la coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos del CFCRL, Darlene Rojas Olvera, ya que hasta el momento identificaron fallas por parte de los usuarios al ingresar su documentación.
A pesar de que muchas organizaciones sindicales estaban acostumbradas a realizar trámites registrales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en ocasiones con el apoyo de gestores o sus abogados, se han identificado problemas para realizarlos de manera electrónica, particularmente cuando se trata de acreditar la personalidad jurídica por parte de los dirigentes.
En su participación en el Cuarto Foro: La Implementación de la Nueva Reforma Laboral, que organizó la Fundación Harr y la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, Rojas Olvera mencionó que el nuevo modelo laboral empieza a erradicar la vieja práctica de algunos sindicatos de “negociar en corto” con los empleadores.
Destacó que en los procesos de consulta, los verificadores del CFCRL constatan la participación de los trabajadores a través de su voto personal, libre, directo y secreto. “Si no está de por medio la voluntad de los trabajadores, no se puede dar por legitimado y depositado un contrato colectivo de trabajo”.
Refirió que se registran casos en que un sindicato solicita la Constancia de Representatividad y cuando los verificadores del Centro Federal acuden al lugar del trabajo para comprobar la información presentada, “muchas de las veces los trabajadores manifiestan no conocer el sindicato o simplemente no se encuentran en ese sitio laboral, por lo que se niegan sus peticiones”.
La Constancia de Representatividad es un documento necesario para solicitar la titularidad de un Contrato Colectivo de Trabajo. Para obtenerla una dirigencia gremial debe acreditar que tiene al menos 30% de respaldo de los trabajadores que dice agrupar.
La funcionaria del CFCRL, recordó que para la legitimación de un contrato se deberá realizar una consulta entre las y los trabajadores. Sin su participación real no podrá ser legitimado.
Hasta el momento, existe disposición de los sindicatos, que deben asumir una nueva lógica de generar un trabajo previo de información entre sus agremiados; lo cual dará como resultado su fortalecimiento como organizaciones.
En caso de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no llegara a contestar una solicitud de registro en el padrón de empresas de subcontratación especializadas, se prevé que el solicitante obtenga el registro en automático, de acuerdo con el borrador del reglamento de dicho padrón, que ya se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su debido trámite.
El padrón es una de las medidas que contempla la reforma que prohíbe la subcontratación laboral –recientemente promulgada– pero permite a los patrones subcontratar labores u obras especializadas, siendo uno de los requisitos para la operación de las empresas subcontratistas estar registradas en un padrón que, según contempla el borrador del reglamento, será administrado por la Unidad de Trabajo Digno de la STPS.
“La Secretaría a través de la Plataforma deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de la misma a través de la Plataforma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerir a la Secretaría, para que emita el aviso de registro correspondiente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del requerimiento”.
“Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el aviso de registro se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que haya lugar” se lee en el artículo décimo del documento, que debe estar listo antes de que los cambios legales comiencen a aplicarse el próximo mes de agosto.
Además de cumplir requisitos como su geolocalización y su afiliación al IMSS y al Fonacot y estar al corriente con todas sus contribuciones, el aplicante deberá especificar la actividad o actividades con las que desea ser registrado en el padrón.
“Las personas físicas o morales que deseen incorporarse al Padrón y obtener el registro deberán establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar. Por cada una de dichas actividades deberán acreditar, bajo protesta de decir verdad, el carácter especializado de las mismas y describir los elementos o factores que dan sustento a este carácter excepcional”
Entre el 80 y 90% de los conflictos laborales en México se dan en el sector público, señaló Arturo Alcalde Justiniani, especialista en temas sindicales y miembro del OCRL.
Ese organismo ciudadano ha impulsado y propuesto varios de los últimos cambios legislativos en el mundo del trabajo en México. Ahora, a la par de vigilar la implementación de la reciente reforma de subcontratación, elaborará una propuesta que garantice la libertad sindical, la profesionalización de la burocracia y que evite los abusos al personal de confianza.
“El futuro de las relaciones laborales pasa, en buena medida, porque el sindicalismo del sector público tenga presencia y voz”, indicó el académico y abogado. En reunión virtual con integrantes del observatorio indicó que fortalecer la libertad sindical en las instituciones públicas “va a jalar la recuperación en el sector privado”.
Las personas agremiadas en las empresas son relativamente pocas al compararse con las del Estado, mencionó. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el más grande de América Latina. Y muchas otras grandes corporaciones sindicales pertenecieron en algún momento a un organismo estatal, como el gremio de pilotos o electricistas, agregó. “El sector público está en el corazón del sindicalismo”.
De poco servirá la reforma que le prohíbe la subcontratación también al gobierno si no se fortalece a los sindicatos, opinó el abogado Alberto Ramírez García.
La hoja de ruta del proyecto
El OCRL concluyó que en las próximas semanas trabajarán esta iniciativa. El próximo periodo ordinario de sesiones y la nueva legislatura iniciará hasta el 1 de septiembre, así que tendrán tiempo para discutirla al interior de la agrupación. Arturo Alcalde propuso 10 puntos a tomar en cuenta:
-Reforma al Apartado B del Artículo 123 de la Constitución referente a los organismos descentralizados
-Procedimientos individuales y colectivos y todo lo que tiene que ver con los procesos del trabajo
-Analizar la composición del actual Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA)
-La profesionalización y, con base en ella, la clasificación del personal
-Regular la pluralidad de los sindicatos. “Hay mucha resistencia de varios sindicatos”
-Definir qué tipo de personal necesita un título profesional
-Capacitación, higiene, seguridad y conciliación. “En todo el sector público no tienen nada de conciliación, no hay nada de capacitación y hay serios problemas de higiene y seguridad”.
-Protección al personal de confianza
-Nuevos procesos democráticos en materia sindical. Garantizar las obligaciones de transparencia y de la creación y puesta en marcha de protocolos que fomenten la democracia.
-Presupuesto. “Sin duda, el tema presupuestal debe permear el conjunto de las propuestas”.
-Proteger a los trabajadores de confianza
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles coincidió y nutrió el decálogo de Alcalde Justiniani. Estos cambios podrían ayudar a “que no se simule con trabajadores de confianza a nivel federal”, expuso.
Se podría retomar la experiencia de la Constitución de la Ciudad de México y prever una indemnización por la separación injustificada de ese personal. “Eso desalentaría” los abusos en su contra, apuntó la representante del gobierno federal de la Quinta Sala del TFCA.
Agregó que es necesario “observar la cobertura de trabajadores de base, que sean profesionalizados”. Para cristalizar las grandes conquistas laborales se requiere de funcionarias y funcionarios con la adecuada capacitación, no sólo en el tribunal, sino en todo el gobierno. Y, definitivamente, “se necesitan recursos económicos para fortalecer las tecnologías y estar a altura de tribunales laborales en cuanto a recursos humanos y financieros se refiere”.
Esta reforma “es fundamental”, dijo Arturo Alcalde. “Es la oportunidad para que el Observatorio establezca lineamientos, como lo ha hecho en las otras iniciativas” que han presentado diferentes actores en el Congreso.
Recordó que hace unas semanas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La iniciativa, propuesta por la legisladora Anita Sánchez Castro, elimina el reconocimiento a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) como única instancia representativa.
“Hay una nueva realidad en materia democrática. Primero, que culmine esa reforma, pero debemos avanzar a garantizar los derechos” de esa población, apuntó.
El pasado 5 de febrero, la STPS había determinado extender la vigencia de las directivas y dirigencias sindicales del país hasta el pasado 31 de marzo
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) volvió a extender la vigencia de las dirigencias sindicales que no pudieron renovarse o actualizarse por las medidas extraordinarias de la pandemia.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia a cargo de Luisa María Alcalde Luján, indicó que esta prórroga aplicará hasta el 30 de junio de 2021.
“La prórroga de la vigencia de las constancias o tomas de nota a que se refiere el presente Acuerdo no implicará cambio o modificación alguna de las directivas o dirigentes, ni en su conformación ni en sus cargos”, precisó.
El pasado 5 de febrero, la STPS había determinado extender la vigencia de las directivas y dirigencias sindicales del país hasta el pasado 31 de marzo.
La nueva extensión del plazo sólo aplicará a las organizaciones sindicales donde la vigencia de las constancias o tomas de nota concluya o haya concluido entre el 23 de marzo de 2020 y el 30 de junio del presente año.
“Para este efecto, se instruye al Titular de la Dirección General de Registro de Asociaciones para que publique en el portal de internet de esta Secretaría, la lista de sindicatos de trabajadores, federaciones y confederaciones que se encuentren en dicho supuesto”, se lee en el DOF.
El aplazamiento también aplicará a aquellos sindicatos, federaciones y confederaciones que sus procesos de elección no se hayan llevado a cabo o se hayan suspendido con motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General.
A fin de evitar que las organizaciones sindicales queden imposibilitadas para ejercer la representación de su organización, la STPS habilitó a su Dirección General de Registro de Asociaciones para atender cualquier duda sobre este acuerdo en un horario de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y hasta las dos de la tarde.
“La prórroga a la que se refiere el presente Acuerdo, no aplica para los procesos de elección de las directivas o dirigentes que se hayan concluido antes del 23 de marzo de 2020 y se encuentren pendientes de su registro; tampoco aplica para el caso de las Directivas o dirigentes de los componentes, Secciones o Delegaciones sindicales, y en su caso, para aquellas organizaciones sindicales que procedan a la elección de sus Directivas o dirigentes durante la vigencia del presente Acuerdo”, especificó.
Las empresas que deseen proveer servicios especializados, tendrán que registrarse en un padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
En el gobierno federal ya se iniciaron procesos de diagnóstico en las diferentes dependencias, para que la a administración pública regularice a todo el personal subcontratado, dijo la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde en la reunión de trabajo con los jefes del Ejecutivo estatales integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Ante la gobernadora y gobernadores, destacó los 7 principales puntos de la Reforma en materia de Subcontratación Laboral. Refirió que se prohíbe este esquema de contratación a través de empresas nomineras o que transfieren personal a las corporaciones matrices.
Únicamente se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas, siempre y cuando no formen parte ni de los objetos sociales ni de las actividades económicas preponderantes de las empresas, enfatizó.
Señaló que las empresas que deseen proveer servicios especializados, tendrán que registrarse en un padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para acreditar la especialidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
Otro elemento fundamental de esta reforma es que las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder ante los trabajadores en caso de incumplimiento. Es decir, establece la responsabilidad solidaria.
Resaltó que con la finalidad de que se tengan criterios claros y que no existan estos “huecos” a través de los cuales se coló la simulación en materia laboral, se homologaron varios ordenamientos:
Código Fiscal, las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la Ley Federal del Trabajo.
Y también se reformó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula el gobierno federal.
Justo aquí, comentó que ya iniciaron los procesos de diagnóstico en las diferentes dependencias para que la administración pública regularice a todo el personal subcontratado.
Se enlazaron a la videoconferencia, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la CONAGO y los gobernantes de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo.
Así como los de Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y 7 representantes de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa.
Encabezó este encuentro la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, junto a las secretarias de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Inició con un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por lo sucedido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México y como muestra de solidaridad y fraternidad con las familias de las víctimas.
Con la implementación de las reformas en materia de justicia laboral la sociedad tendrá acceso a ésta de manera pronta, completa, imparcial e inclusiva, afirmó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez.
“La reforma servirá para lograr una sociedad más justa, y cuyo eje fundamental serán los derechos de las personas”, enfatizó.
Durante el simposio virtual “El nuevo sistema de justicia laboral en la Ciudad de México”, advirtió que la justicia laboral en la capital del país representa una responsabilidad jurídica, administrativa y académica de alta prioridad.
Refirió que se trata de la entidad que registra el mayor número de conflictos ante las autoridades de la materia, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ascienden a 36 mil demandas individuales anuales, en promedio, y 2 mil de carácter colectivo.
“El nuevo modelo debe ser dinámico como la sociedad a la que sirve, no sólo por la virtud de la justicia misma, sino por su gran prisma de efectos económicos, políticos y sociales”, dijo.
Dijo que la justicia laboral actualmente atraviesa por una importante evolución desde hace algunos años, particularmente por lo que hace a las reformas constitucionales de 2017 y las relativas a la Ley Federal del Trabajo de 2019.
Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se refirió al reto que plantea la CdMx la reforma al sistema de justicia laboral, pues no sólo se trata de la entidad con el mayor número de trabajadores, organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo, sino por su elevado índice de conflictividad.
El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Pedro Furtado Oliveira, quien expresó la disposición de ese organismo para dar acompañamiento a los tres poderes de la capital del país en el trabajo que despliegan en la histórica reforma que lleva a México a ser más inclusivo.
Las empresas tendrán que evaluar si es más conveniente pagar horas extras, contratar personal o sustituirlo por máquinas, dijo José Luis de la Cruz. (Foto: iStock)
Las relaciones obrero patronales deben modificarse de acuerdo a las nuevas reglas comerciales de Norteamérica, sin embargo los beneficios en México serán a mediano plazo.
A casi dos meses de que se cumpla un año de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno mexicano aún enfrenta pendientes en el tema laboral para dar cumplimiento a los compromisos firmados en el acuerdo sustituto del TLCAN.
Entre los temas en donde la autoridad ha intentado hacer cambios destacan la democracia sindical, la libertad de asociación de los trabajadores para que decidan si forman parte de un sindicato y la justicia laboral.
Ya se aprobaron las reformas, ahora ¿qué sigue? Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, destaca que hay tres retos principales para el gobierno federal.
1. Subcontratación laboral: Es un tema que no se ha delimitado, incluso a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha definido. “Dado las variantes que en cada país se presentaba, las incompatibilidades de un país a otro, etc.”, explicó Pérez de Acha.
2. Servicios especializados u obras especializadas: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Luisa María Alcalde, tendrá que definir las condiciones para la inscripción de las empresas especializadas subcontratistas “y que no haya sorpresas”, precisó el abogado.
También se tendrá que considerar a las prestadoras independientes de servicios o proveedores independientes de bienes, es decir, todas esas empresas que proporcionan servicios mercantiles no laborales, ni de poner a disposición trabajadores. En esa categoría están las armadoras de autos, las maquilas; una buena parte de desarrolladoras inmobiliarias, empresas transportistas.
3. Justicia laboral: la implementación de los Juzgados Laborales y del Instituto de Mediación laboral se tendrá que asumir con “delicadeza”. “Creo que podría tener efectos de rebotes significativos para México, en el ámbito del T-MEC. Lo han apuntado antes de la elección del 3 de noviembre (en EU) legisladores de ambos partidos”, recordó Pérez de Acha.
«En los siguientes años, seguramente habrá más modificaciones y habrá más ajustes a la forma en la que se establecen las relaciones obrero-patronales, tratando de cumplir lo comprometido en el T-MEC, sobre todo en los sectores en los que realmente son de interés. Mucho de lo que el T-MEC busca enmarcar en la parte laboral, está más vinculado a la parte de manufacturas de exportación», dijo José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
Impacto
Los cambios que han iniciado requerirán tiempo para dar frutos, el cual dependerá de diversos factores, como si los trabajadores quieren formar parte de un nuevo sindicato o iniciar el proceso para formar uno nuevo.
“Me parece que este proceso llevará entre 3 y 5 años para que se puedan ver algunos avances significativos”, señaló José Luis de la Cruz.
A raíz de los cambios en materia de democracia sindical, el año pasado la lideresa Susana Prieto, recordó Pérez de Acha, encabezó un intento por formar un sindicato en Matamoros, Tamaulipas.
En ese sentido, de acuerdo con la agencia Reuters, trabajadores de la planta de autopartes Tridonex, que buscaban reemplazar al sindicato porque no luchaba por sus derechos, denunciaron represalias como haber sido despedidos.
«Sabemos que nosotros tenemos derechos. Sin embargo, el sindicato solo quiere cobrarnos. No nos apoya en nada», declaró Edgar Salazar, entonces empleado de Tridonex.
Por su parte, Jesús Mendoza, líder del SITPME, dijo que su sindicato genera empleos y brinda beneficios a sus miembros mientras mantiene relaciones armoniosas con los empleadores.
“El estatus quo sindical tendrá sus resistencias a moverse a lo que se establece en el T-MEC y en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Se tendrá que cambiar, podrá tomar un tiempo, pero se tendrá que cambia”, sseguró Pérez de Acha.
“La propuesta es para movernos hacia la libertad y democratización sindical, no para tener un efecto regresivo en este tema; que los sindicatos se conviertan no en un mecanismo de mero poder o enriquecimiento de los líderes, sino de fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Es un gran pendiente que se tiene hoy por hoy en los sindicatos, es su gran deuda. Ahí está la clave de esta reforma”, añadió.
Las nuevas reglas llevarán a las empresas a replantear la forma de contratar personal –vía outsourcing o de forma directa-, lo que se traducirá en una moderación en el ritmo de contratación para este año y el próximo.
“Las empresas van a tener que hacer una evaluación costo-beneficio bajo el nuevo marco legal. Probablemente tendrán que evaluar desde si es más conveniente pagar horas extras, contratar más personal, sustituirlo por nueva maquinaría”, puntualizó José Luis de la Cruz.
El año pasado, en la parte más álgida de la pandemia, México perdió más de un millón de empleos formales, de los cuales falta por recuperar más de medio millón de puestos.
El 1 de mayo, Día del Trabajo, la secretaria Luisa María Alcalde defendió la reforma al outsourcing en una entrevista que dio a CGTN Noticias, asegurando que cada que se buscan mejoras para las condiciones laborales “siempre hay voces que dicen se van a perder empleos”.
Asimismo, celebró que ahora se ha avanzado en materia de democracia sindical, algo que se había dejado de lado en los últimos años.
En lo que respecta a la reforma en materia de justicia laboral, Pérez de Acha dijo que hay una gran interrogante en lo que se refiere a la parte presupuestal y funcional, así como en la velocidad de implementación en los diferentes niveles: federal y estatal. “El federal puede tener una velocidad y los estatales tienen otra velocidad y ya vamos retrasados”, sostuvo.
Al respecto, la secretaria Alcalde destacó el cambio a tribunales especializados y juicios orales cortos que apuestan por la conciliación, cuando antes un conflicto laboral podía tardar hasta 7 años en resolverse.
La Reforma Laboral, que en Oaxaca entrará en vigor antes de que finalice este año, significará una nueva forma de resolver las controversias obrero patronal, ya que pretende que los juicios laborales sean más cortos y en presencia de un juez, que conocerá de mejor manera a las partes.
En la entidad, se trabajó en un proyecto de iniciativa a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado a efecto de modificar los artículos pertinentes y fueran armonizados, para lograr que los procedimientos en esta materia se lleven a cabo, cumpliendo con lo establecido en la reforma Constitucional.
Como parte del proceso de implementación actualmente se imparte un Diplomado de Especialización en la modalidad a distancia con la participación de cerca de un centenar de abogados y abogadas.
El objetivo es proporcionar a las y los participantes los saberes cognitivos, actitudinales, de habilidades y destrezas, especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, a fin de que estén en aptitud de aplicar la normatividad vigente en el desempeño de la función que les sea encomendada dentro del nuevo sistema de justicia laboral.
Además de tener impacto en la economía, política, los sindicatos y empresas, el nuevo modelo implica cambios como la eliminación de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para ser sustituidas por Tribunales Laborales que dependan del Poder Judicial, donde las audiencias serán públicas, presididas íntegramente por el juez y todas las intervenciones de quienes participen serán en forma oral, con lo que se busca dar más celeridad a estos procedimientos.
Al concluir con esta fase de especialización, que marca a nivel federal el Plan Integral de Formación y Selección en materia de Justicia Laboral, se realizará la selección del personal que formará parte de los nuevos juzgados laborales.
