En próximas semanas, la Cámara de Diputados analizará y se espera apruebe la iniciativa de Reforma en materia de subcontratación u outsourcing en el país, después de que en diciembre se pospuso la discusión; apuntó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social.
Desde Querétaro, mencionó que, en diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con empresarios para abrir un debate más amplio de este tema y que también las empresas comenzaran a regularizarse, lo que sí han hecho.
“En efecto, otros de los objetivos que hemos perseguido desde el gobierno de México, es acabar con los abusos de la subcontratación”.
Señaló que la reforma propuesta regulará esta forma de subcontratación, ya que no permitirá que las empresas contraten la materia principal de sus actividades, solo de servicios u obras especializadas, lo que habilitaría un padrón de empresas de este sector.
Asimismo el secretario del Trabajo en Querétaro, Mario Ramírez Retolaza, dijo que en el Estado hay 93 empresas que se dedican a la subcontratación, de las cuales, algunas tienen domicilio fuera del mismo.
“Estamos esperando qué se resuelve junto con la reforma, porque el mundo del trabajo ha cambiado como nunca”.
Señaló que han recibido denuncias de trabajadores contra empresas que los tienen subcontratados, y todas han sido atendidas.
La agenda comercial de Estados Unidos debe proteger y empoderar a los trabajadores, a la vez que impulsa su crecimiento por medio de mejores salarios. Estas acciones se traducirán en resultados económicos favorables para todos los estadounidenses, sostuvo el informe anual de 2020 de Joe Biden, presidente de este país.
Tal como lo señalaron analistas nacionales y extranjeros, la administración de Joe Biden puso especial énfasis en el cumplimiento de las reglas laborales y medioambientales en su relación comercial con México a través del Tratado que sostienen ambas naciones con Canadá (T-MEC).
Para cumplir con los compromisos “totalmente exigibles” dentro del T-MEC, la Ley de Implementación del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá asignó más de 400 millones de dólares para apoyar en la cooperación, monitoreo y aplicación de las disposiciones del tratado.
En el documento se estableció que una política comercial centrada en los trabajadores requiere un amplio compromiso con sindicatos y otros defensores de los empleados. Por ello, afirmó, bajo la administración de Biden “el sector laboral tendrá un asiento en la mesa en el desarrollo de estas normas”.
“Se elaborarán nuevas políticas comerciales para promover un crecimiento económico equitativo, mediante la inclusión en el comercio de acuerdos con normas laborales sólidas y exigibles que protejan los derechos de los trabajadores y aumenten la economía con seguridad”, apuntó el informe de Biden.
Asimismo, se subrayó que el Gobierno de Estados Unidos revisará las políticas comerciales pasadas para ver sus impactos y consecuencias no deseadas para los trabajadores, así como que las obligaciones en esta materia en virtud de los acuerdos existentes se harán cumplir plenamente.
Para este fin, de acuerdo con el informe anual de 2020 de Joe Biden, la Ley de Implementación del T-MEC asignó 30 millones de dólares a lo largo de cuatro años para que (USTR, por sus siglas en inglés) de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por medio de un Comité Laboral Interagencial.
Con dicho monto, detalló el documento, se contratarán tres nuevos empleados en la Oficina de Asuntos Laborales del representante comercial y la designación de tres abogados para cubrir las cuestiones laborales del T-MEC en el despacho del Asesor Jurídico.
Además, se asignaron 180 millones de dólares a programas de asistencia para apoyar reformas del sistema de justicia laboral en México, incluyendo subvenciones para impulsar el desarrollo de capacidades centrado en los trabajadores, combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil.
“En 2020, el gobierno de Estados Unidos continuó monitoreando el esfuerzo de la reforma laboral de México y la implementación del paquete legislativo de 2019, incluyendo cuestiones relacionadas con los recursos presupuestarios para las reformas, para asegurar que México cumpla con los compromisos del T-MEC…”.
Otro de los puntos relevantes son los relacionados con el medio ambiente, por lo que de los 400 millones de dólares, 60 millones se tomarán con el fin de establecer el nuevo Comité Ambiental Interagencial para monitorear y hacer cumplir las obligaciones ambientales del T-MEC.
Con la reforma a la Ley del instituto, los trabajadores que se vean en esta situación podrán acceder a un crédito hipotecario, informó el delegado Martín Dorantes.
El delegado de Infonavit, Martin Dorantes Peña, ofreció este miércoles una rueda de prensa para informar que con la Reforma a la Ley de Infonavit, los derechohabientes que no tengan una relación laboral vigente también podrán tener acceso a un crédito hipotecario.
Afirmó que actualmente únicamente se les otorga financiamiento a las personas que mantienen una relación laboral activa, sin embargo con esta nueva reforma se espera que quienes no cuentan con esta relación también puedan tener acceso a una vivienda.
“Estamos a poco más un mes para que el instituto concluya el plazo que tiene para determinar las reglas de operación de los programas que se van a implementar, a fin de esta propuesta sea materializada en todo su conjunto y tenga beneficios para todos los trabajadores”, expresó.
Otros de los principales cambios que se plantean en la Ley es la adquisición de terrenos, es decir, se busca permitir el otorgamiento de créditos para la adquisición de suelo para construir una vivienda; la autoproducción, que prevé explícitamente la posibilidad de otorgar crédito para la autoproducción de vivienda; refinanciamiento de créditos, será una línea específica que posibilitará que los derechohabientes accedan en mejores términos y condiciones a los créditos que hubieran adquirido con otras instituciones bancarias.
La Secretaría de Gobierno (Segob) participará en la mesa de trabajo con sectores obrero-patronal sobre la Implementación de la Reforma Laboral y Legitimación de Contratos Colectivo, convocada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Stps), este jueves 4 de marzo.
El encuentro virtual que reunirá a representantes de los estados de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla, se transmitirá a las 10:00 horas a través de la plataforma facebook live, en la cuenta facebook/stpsmx.
Durante la mesa de trabajo, participarán como ponentes la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, quien abordará el tema Legitimación de contratos colectivos; y Alfredo Domínguez Marrufo, Director del Centro Federal de Conciliación y Registro, desarrollará el tema Reforma Laboral.
Con este tipo de encuentros se busca generar espacios de interlocución entre autoridades federales y estatales, trabajadores, representantes sindicales y ciudadanía en general.
TIJUANA.- Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, explicó que el costo para la instalación de los juzgados en materia de Justicia Laboral que deberán empezar a operar en agosto de este año es de aproximadamente 40 millones de pesos.
Señaló que dicha cantidad que no fue autorizada en el presupuesto de egresos, por lo que deberá ser financiada íntegramente por el gobierno federal.
El presidente del Tribunal indicó que para atender la demanda se necesitan en Tijuana una sala con 3 jueces, en Mexicali 2 y en Ensenada 1.
«Para este sistema que son 6 jueces laborales con la infraestructura, ya que la tenemos, sólo necesitamos modificaciones internas, 6 jueces laborales la nómina para 3 meses nos cuesta alrededor de 40 millones de pesos, 40, ahora el salario de un juez durante todo el año ronda los 900 mil pesos», expresó.
Por último, agregó que con esta estructura, el Tribunal podría atender la primera fase de la reforma en materia laboral en 10 meses.
«Estamos esperanzados en ello, no veo yo ese escenario en el que no tengamos esos recursos porque sin esos recursos no podemos iniciar, pedimos en el presupuesto una cantidad para este año superior, para efecto de poder habilitar todas las salas que se requieren no por fases y no recibimos absolutamente nada, reitero que si no tenemos ese recurso no vamos a poder iniciar con este proceso», finalizó.
Charlan acerca de la nueva justicia laboral y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, así como de los protocolos para combatir la cadena de contagios en los centros de trabajo”. (Foto: especial).
Con el propósito de otorgar a las y los líderes sindicales las herramientas necesarias para enfrentar de mejor manera la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, la Secretaría del Trabajo realizó dos videoconferencias: “La nueva justicia laboral y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, así como “Protocolos para combatir la cadena de contagios en los centros de trabajo”.
Durante los encuentros virtuales, encabezados por la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, la Directora del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México, Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, expresó que la Reforma Laboral está encaminada a la libertad y democracia sindical, así como a la negociación colectiva.
Destacó que los líderes sindicales se elegirán a través de voto directo y secreto, y están dadas las condiciones para que los procesos sean realizados de manera democrática, pues se tienen que garantizar que los trabajadores elijan a quienes quieren que los representen, por un lado, y conocer su contrato colectivo, por el otro.
Villavicencio Guadarrama mencionó que la Reforma Laboral plantea que haya una comunicación directa y abierta entre los trabajadores y sus representantes sindicales, con lo que se busca una mejora salarial y una mayor productividad.
La titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la entidad dijo que tienen como objetivo brindar certeza y garantizar la legalidad en cuanto a la asociación sindical y la celebración de contratos colectivos de trabajo.
“Como entidad conciliadora, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene la finalidad de facilitar la solución de controversias entre los justiciables en materia laboral de manera eficiente, imparcial y neutra; además, de ser una alternativa confiable en el ámbito laboral”, concluyó.
Por otra parte, se llevó a cabo la videoconferencia “Protocolos para combatir la cadena de contagios en los centros de trabajo”, impartida por Jaime Tarango Reyes, Coordinador de Seguridad en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Estado de México Poniente.
En esta plática insistieron en el cuidado de los trabajadores para evitar la propagación del virus en las áreas laborales, manteniendo la sana distancia, el uso de gel antibacterial y la toma de temperatura al ingresar a su área de trabajo.
Además, se debe vigilar que los empleados usen cubrebocas, que sus espacios de trabajo sean desinfectados y sanitizados; y seguir creando conciencia de que, fuera de su espacio laboral, también deben tomar las precauciones necesarias.
Informó Javier Rojas Bravo, director administrativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado .
Tijuana.- Se destinarán 58 millones de pesos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Baja California, informó Javier Rojas Bravo, director administrativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.
Durante la tercera sesión del grupo interinstitucional para la implementación de la Reforma Laboral en Baja California, dirigida por Sergio Moctezuma Martinez López, secretario del Trabajo y Previsión social, se dio a conocer los costos para la primera fase del nuevo sistema.
Javier Rojas Bravo detalló que para la implementación de la Reforma Laboral, la Secretaría de Hacienda del estado presupuestó 30 millones de pesos, de la Provisión para Acciones, Apoyos y Obras para necesidades Extraordinarias, en el presupuestos de egresos 2021.
También se llevan a cabo acciones para tener acceso al subsidio federal otorgado para la etapa esta etapa, indicó Rojas Bravo,se estima que el monto será de 28 millones de pesos, de acuerdo a las demandas recibidas de 2016 a 2019.
«De 30 millones se van a destinar 20 millones 330 mil 460 pesos para la nómina, y nueve millones 669 mil 540 pesos para gastos operativos, esto es nada más para la implementación en los últimos tres meses el año», apuntó.
El presupuesto total solo para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral será de 58 millones de pesos, comentó el director administrativo, posteriormente se publicará el siguiente presupuesto que será para la etapa de ejecución.
La Administración del presidente Joe Biden ofreció autoiniciar y adelantar peticiones bajo el nuevo Mecanismo de Respuesta Rápida establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
La Administración del presidente estadounidense Joe Biden ofreció autoiniciar y adelantar peticiones bajo el nuevo Mecanismo de Respuesta Rápida establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con ello, dijo, busca garantizar que los trabajadores estadounidenses reciban alivio a través de una aplicación eficiente a nivel de las plantas productivas cuando hay violaciones del T-MEC.
A fin de asegurar recursos adecuados de monitoreo y cumplimiento de estas obligaciones laborales, la Ley de Implementación estadounidense del T-MEC asigna 30 millones de dólares por cuatro años para la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) y otros 30 millones para el Departamento del Trabajo (DOL) con el objetivo de asegurar el cumplimiento en cuestión, así como para el envío de cinco agregados laborales a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, México.
El primer agregado laboral llegó a México en octubre de 2020 y el segundo agregado entró en funciones en diciembre de 2020.
Asimismo, estos recursos apoyaron la contratación de tres nuevos empleados en la Oficina de Asuntos Laborales de la USTR y la designación de tres abogados para cubrir los problemas laborales del T-MEC en la Oficina del Asesor Jurídico.
Además, la USTR seleccionó a un Representante Comercial Senior de Estados Unidos en México, un nuevo puesto destinado a apoyar la coordinación de los asuntos laborales y ambientales del T-MEC en México, así como otros asuntos de implementación del T-MEC. Este alto funcionario comenzó a operar en México en diciembre de 2020.
Todos los avances descritos anteriormente fueron anunciados este martes al Congreso estadounidense por la USTR en la Agenda Comercial 2021 y el Informe Anual 2020.
El nuevo mecanismo prevé la suspensión de los beneficios arancelarios del T-MEC o la imposición de otras sanciones, como el bloqueo de las importaciones de empresas reincidentes, en casos de incumplimiento de obligaciones laborales clave.
El T-MEC incluye un Anexo del Capítulo Laboral sobre “Representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”, que requiere que México revise su sistema de justicia laboral para garantizar que los trabajadores tengan derecho a voto secreto para elegir y desafiar a los líderes sindicales y aprobar convenios colectivos nuevos y cambios a los existentes.
El 18 de noviembre de 2020 se inició la primera fase de implementación con la transición de ocho estados mexicanos en materia de justicia laboral a las nuevas instituciones.
De acuerdo con los términos del Anexo Laboral del T-MEC, las reformas incluyeron disposiciones específicas para prohibir el registro de los llamados “contratos de protección”, que son acuerdos de negociación colectiva celebrados por sindicatos no representativos, a menudo sin el conocimiento de los trabajadores, y que socavan la negociación colectiva legítima.
El Anexo Laboral también incluye el compromiso de exigir una revisión de los convenios colectivos existentes dentro de un período de cuatro años a partir de la promulgación de la reforma laboral, antes del 1 de mayo de 2023, para verificar que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo hayan expresaron su apoyo al acuerdo mediante un voto personal, libre y secreto.
Estados Unidos consultó estrechamente con el gobierno mexicano sobre la implementación de las reformas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de México en virtud del T-MEC, incluso a través del Comité Laboral Interagencial de Monitoreo y Aplicación.
Los trabajadores deberán aprobar el contenido de sus contratos colectivos en un plazo no mayor a 4 años, a través del voto personal, libre, directo y secreto.
«La finalidad es que los trabajadores conozcan el contenido de los mismos, y que a través de su aprobación, la autoridad garantice la libre negociación colectiva», destaca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Agrega que los sindicatos deberán realizar este procedimiento a través de la Plataforma para la Legitimación de Contratos Colectivos Existentes.
Para José Luis Arias, abogado laboral, los sindicatos serán puestos a prueba con esta legitimación de sus Contratos Colectivos de Trabajo.
«Se acabaron los controles. La legitimización de un CCT es la prueba más clara de que la voz cantante la llevarán los agremiados.
«Es posible que existan algunos mecanimos para empujar en un sentido dicho aval de un Contrato Colectivo de Trabajo, pero la realidad es que lo que prevalecerá es la voluntad de los trabajadores. Si un Pacto Laboral no tiene el aval, se echará para atrás. Eso apenas hace unos meses era inimaginable»; concluye.
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM) ha realizado mil 270 convenios de conciliación, a través de los cuales los trabajadores han obtenido un total de 65 millones 904 mil pesos, informó el Director General, Julio César Vanegas Guzmán.
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del CCLEM, que presidió la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, se dieron a conocer los resultados de las acciones y gestiones del año 2020, que han permitido consolidar el Centro de Conciliación Laboral.
Vanegas Guzmán destacó la apertura de las sedes ubicadas en Ecatepec, Texcoco, Tlalnepantla y Toluca, a partir del día 18 de noviembre, las cuales han recibido 5 mil 175 solicitudes de conciliación entre trabajadores y patrones.
Detalló que 2 mil 506 tienen que ver con revisión salarial, mil 515 por despido injustificado, mil 090 por finiquito, 38 por alguna situación legal, 19 por falta de pago de prestaciones y siete por incumplimiento de contrato.
Agregó que a la fecha se han atendido mil 736 solicitudes de conciliación, de las cuales, 674 corresponden a la sede en Toluca, 539 a Tlalnepantla, 261 en Ecatepec y 262 en Texcoco.
El Director General del CCLEM reiteró que la instrucción de la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, es redoblar esfuerzos con el propósito de cumplir con la implementación de la Reforma Laboral.
Reconoció el esfuerzo de los servidores públicos que brindan un servicio adecuado a los trabajadores y patrones mexiquenses en la etapa previa de que sus asuntos se resuelvan en la instancia judicial, a través de los tribunales laborales.
Durante la sesión del Consejo subrayó que se está fortaleciendo la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, con la firme intención de brindar un servicio adecuado a las y los mexiquenses.
Al respecto, la Presidenta del Consejo Directivo, Martha Hilda González Calderón, resaltó que para el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza es prioridad llevar a cabo acciones de fortalecimiento a la estabilidad de las y los trabajadores, a fin de fomentar la paz laboral en la entidad, por lo que el Centro de Conciliación Laboral, dependiente de la Secretaría del Trabajo, es fundamental.
