Rebelión del corporativismo sindical... Sindicatos confederados adheridos a la CTM en Sonora denunciaron que autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) en el estado solapan la presencia del sindicalismo blanco al registrar contratos de protección que favorecen a malos patrones de empresas e industrias asentadas en la capital y otras ciudades del estado.
Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico
Dia de publicación: 2018-10-13
El presidente de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, Jorge Emilio Claussen Marín, es acusado por sindicatos cetemistas como responsable de manipular la ley a favor de la empresa de sacrificio porcino “Riser de Hermosillo”.
Lo anterior, luego que el funcionario dispuso reconocer y registrar en los libros de gobierno del tribunal laboral un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que la patronal presentó, previamente convenido con un sindicato independiente desconocido por la mayoría de los trabajadores y en contra de su voluntad.
Desde el pasado 19 de septiembre de este 2018 la planta de sacrificio porcino Riser se encuentra paralizada por un conflicto antisindical derivado de un juicio laboral encauzado por la CTM, mediante el cual, buscan disputar legalmente la titularidad del CCT que a ese momento administraba con la patronal un gremio independiente al que, aseguran, rechaza la base trabajadora.
La organización cetemista exigió por ese motivo el recuento sindical para que sean los trabajadores quienes definan mediante su voto libre, secreto y directo, que gremio los represente y los defienda de los abusos del patrón y jurídicamente ante la autoridad laboral.
Desde el 16 de agosto de este 2018 se presentó la demanda laboral por titularidad de CCT en la empresa de sacrificio porcino Riser asentada en el parque industrial de la capital sonorense.
Aun cuando el juicio laboral se radicó en tiempo y forma, la Junta local de Conciliación y Arbitraje omitió darle el curso legal que dicta la Ley Federal del Trabajo, además de negar la notificación al sindicato emplazado; tampoco procedió a acordar con las partes la fecha para el recuento sindical, ni convocó para tal efecto a todos los trabajadores de la fuente de trabajo.
“La Junta de Conciliación del Gobierno del estado no solo omitió el procedimiento legal que debe seguir toda demanda por titularidad como la radicada por la CTM, sino que, dos semanas después del emplazamiento fallido, sucedió lo peor:
Violando la ley, la autoridad laboral recibió y sancionó como válido un convenio presentado por el patrón y el sindicato independiente emplazado para la terminación del Contrato Colectivo materia del juicio por titularidad. Acto seguido, registró un nuevo Contrato Colectivo con otro sindicado ‘patito´ a espaldas y contra la voluntad de la mayoría de los trabajadores de la planta Riser”, manifiesta en el escrito de protesta el cetemio sonorense.
La CTM recrimina al Secretario del Trabajo en el estado, Horacio Valenzuela Ibarra, el hecho de que días atrás hiciera un llamado a los trabajadores en paro para que se reincorporaran a las labores, a lo que accedió el total de noventa inconformes paristas.
Para su sorpresa, su reincorporación a la producción solo sirvió para que los 90 paristas fueran notificados del despido de la fuente de trabajo de manera unilateral por el patrón, lo que es visto por la CTM como una flagrante violación a la libertad sindical y el derecho a la libre manifestación con la intromisión de la autoridad para dicho fin antijurídico.
El inicio del conflicto deriva de no pocas quejas de trabajadores del rastro Riser de Hermosillo que denuncian que algunos son obligados por el patrón a laborar dos horas y media posterior a la conclusión de la jornada convenida sin recibir el pago de tiempo extra correspondiente.
Los empleados denuncian a la empresa por negarles reiteradamente el pago por concepto de bono de productividad en jornadas a destajo y cuando el patrón opta por pagar tal prestación, lo hace con un monto menor al que merece el trabajador, han dicho los trabajadores.
Además, es reiterada la queja sobre las condiciones de higiene y seguridad en la planta de sacrificio, considerada como insoportables y riesgosas para la salud del personal.
Señalan, por ejemplo, que el patrón no proporciona mascarillas al personal durante la aplicación de productos tóxicos en labores de limpia de canales y que transitan con riesgo constante de accidente por la mala calidad del piso, además que el establecimiento carece de salidas de emergencia ante cualquier contingencia.
Según la CTM, las plantas laborales prefieren a esta central para que los defienda de los abusos del patrón, pero los gobiernos del estado a través de las autoridades laborales manifiestan un inocultable favoritismo hacia un sindicato blanco que claramente es afín a los intereses de la empresa por encima de los derechos del trabajador que dice representar.
Para el cetemio esta postura de la autoridad laboral del gobierno del estado resulta una incongruencia en el México actual, sobre todo, cuando en el mundo del trabajo están surgiendo nuevos criterios en defensa del trabajador, sobre todo, de la Suprema Corte y organismos internacionales que tutelan los derechos y obligaciones del capital y el trabajo en igualdad de condiciones.
Destacan la libertad sindical que tutela el derecho del trabajador a elegir libremente el gremio al que desean pertenecer y quien los represente ante el patrón y la autoridad laboral.
Dossier ha documentado recientemente algunos avances en materia jurisdiccional y en el ámbito del derecho internacional, particularmente el 21 de septiembre de este 2018, cuando el senado de la república aprobó por unanimidad la ratificación del convenio de México con la Organización Internacional del Trabajo.
Mediante firma del presidente Enrique Peña Nieto en el tratado con la OIT y ratificado por unanimidad por el senado de mayoría de Morena, el estado mexicano se compromete a la observancia plena de todos los principios y dictados de la ONU tendientes a preservar el derecho que le asiste a todo trabajador a la libre sindicación y negociación colectiva en las ramas de industria, comercio y servicios.
Esto, a decir de la presidencia de la república y el senado, generará en el país una nueva política laboral, con mejores condiciones de seguridad y bienestar para el trabajador.
ver nota:
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=209466&relacion=&tipo=Noticias&categoria=1
A partir de la firma de este tratado con la OIT, en el ámbito federal o en las entidades federativas cualquier política laboral o acto de autoridad de funcionarios o servidores públicos que atenten contra la libre sindicación o el proceso de contratación colectiva, podrá ser denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo y esta organización, tras investigar el asunto, podría solicitar la separación del cargo y a la autoridad superior someta al imperio al vulnerador y sea enjuiciado por delitos de servidores públicos y violencia sobre derechos fundamentales del trabajador.
Lo anterior, sin menoscabo del derecho que le asiste al trabajador de recurrir a la instancia que considere pertinente para denunciar cualquier arbitrariedad que atente o vulnere flagrantemente sus derechos tutelados en tratados internacionales y en la ley suprema general, cuya fuente de violación provenga de algún acto u omisión de alguna autoridad, gobierno o funcionario al servicio de este.
Cabe la anotación que los principios plasmados en los tratados internacionales a los que México está suscrito adquieren -por este solo hecho- la categoría igual o superior a los plasmados en la Ley general que rige en el país miembro.
De igual forma, todas las autoridades jurisdiccionales o administrativas que invoquen o le sean invocados los principios y dictados plasmados en los tratados internacionales en negocios judiciales o administrativos donde se litiguen derechos del gobernado, en su observancia plena tales ordenamientos internacionales tendrán un valor igual o superior al rango de la Constitución que rige en el estado suscribiente del acuerdo.
Otro documento relativo al tema aquí tratado publicado por Dossier es el de fecha 10 de octubre de este 2018 donde se documenta a detalle la tesis jurisprudencial del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobada por mayoría de votos, mediante la cual, los ministros reconocen a plenitud el derecho de todo trabajador de cobrar como tiempo extraordinario a la jornada laboral los minutos o fracción de tiempo que el patrón le haga permanecer en la fuente de trabajo, siempre y cuando se encuentre realizando tareas específicas y cuyo pago será computable a la semana en la figura de horas laboradas completadas por fracciones del tiempo acumulado.
Etiqueta: Libertad sindical
Coparmex pide legislación laboral correcta para evitar quejas ante OIT
Lorenzo Roel, presidente de la la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, afirma que ante el nuevo acuerdo comercial con EU y Canadá, hay un fuerte compromiso de México de actualizar su legislación. El representante de la patronal también señala que el gobierno electo aún no ha designado a un interlocutor en materia laboral.
María Del Pilar Martínez
11 de octubre de 2018, 01:41
Lorenzo Roel, presidente de la la Comisión Laboral de Coparmex – Foto: Cuartoscuro
Con dos meses y medio de tiempo para presentar las leyes secundarias, ante la entrada en vigor en enero del capítulo laboral del acuerdo comercial con Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), es indispensable que haya una regulación correcta; de lo contrario, se pueden generar situaciones que terminen en quejas a nivel internacional y con un impacto en la productividad en los centros de trabajo.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo en entrevista que hay un fuerte compromiso para que México actualice su legislación, no sólo por los compromisos internacionales, sino porque se debe dar cumplimiento a la reforma constitucional del 2017.
En ese sentido, explicó que “una mala regulación en las leyes secundarias puede provocar situaciones que terminen con quejas y el efecto más nocivo que tienen es el impacto en la productividad en los centro de trabajo”.
Asimismo, expuso, se evitarían casos como han sucedido en América Latina, donde se aplica el Convenio 98 relacionado con la libertad sindical y la contratación colectiva, cuya “mala interpretación ha llevado a la región a tener 50% de las quejas presentadas en el Comité de Quejas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)”.
Añadió que las cuestiones que se tienen que interpretar del capítulo laboral, sobre todo en la parte del anexo que se conoce como 23-A, es lo relacionado con los aspectos colectivos como el registro de Contratos Colectivos de Trabajo; las formas en las cuales se establecen las relaciones colectivas de trabajo y que estas se materialicen en la Ley Federal del Trabajo, con el fin de que no terminen afectando al mercado de trabajo”.
¿Quién es el interlocutor laboral en el nuevo gobierno?
El presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex sostuvo que en los próximos días se presentará una nueva iniciativa que contendrá las leyes secundarias, pero “no sabemos bien a bien qué equipo la está trabajando, como tampoco conocemos el contenido, y ése es justo lo que quisiéramos que se definiera, saber con quién podemos establecer puentes de comunicación para trabajar de la mejor manera en los cambios a la legislación”.
Agregó que en la Coparmex “estamos preparados para que se de un diálogo con los sectores, a pesar de que no conocemos al interlocutor en materia laboral. Actualmente hay varias personas que dicen que serían, pero oficialmente el presidente electo no ha dicho quién. Luisa Alcalde será la próxima secretaria de Trabajo, pero el propio senador Napoleón Gómez está tratando temas laborales; todavía no tenemos un señalamiento claro”.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Coparmex-pide-legislacion-laboral-correcta-para-evitar-quejas-ante-OIT-20181011-0031.html
¿Otro madruguete de Morena?
11 OCT, 2018
Tiempo de negocios
DARÍO CELIS
Confirmado: Napoleón Gómez Urrutia y Arturo Alcalde Justiniani son las dos caras de la moneda morenista que maneja ya la política laboral del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Uno será el brazo ejecutor desde el Congreso y el otro autor intelectual de la llamada Cuarta Transformación del sindicalismo mexicano. El lunes destapamos la Caja de Pandora y nos llegó información que documenta, todavía mejor, las pretensiones de esta dupla.
Incluso se tuvo acceso al “Proyecto de Modificaciones a la Ley Federal del Trabajo”, elaborado por un grupo de abogados cercano al nuevo equipo, el cual tiene que leerse en el contexto del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Pero también en el entorno de la creación del Instituto de Capacitación Política del futuro gobierno, a cargo de John Ackerman, ambos, punta de lanza para conocer la información referente a los corporativos.
En la “Propuesta Alternativa Reforma Laboral Secundaria” destacan, entre otros, cinco puntos de interés:
1. Se promoverá la reforma de la Ley Federal del Trabajo. El pretexto para ello fue la firma del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad Sindical. Al margen de los defectos de procedimiento que tuvo su aprobación, este convenio es, sin embargo, una revisión profunda que tiene que ver con una nueva forma de analizar la información de las empresas.
2. Un elemento clave será el Programa de Empleo Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual, hordas de muchachos que no tienen ni empleo ni estudian (los mal llamados ninis, a quienes previamente se adoctrinará bajo los lineamientos ideológicos de la “Cuarta Transformación”) serán contratados temporalmente por diversas empresas con el fin de iniciar un trabajo de difusión de ideas, levantamiento de datos relevantes sobre prácticas corporativas y de los propios sindicatos existentes y otro tipo de información.
3. En la nueva ley se incorporará el requisito para las empresas de incluir todos los datos del Sistema Único de Autodeterminación (IMSS, Infonavit y SAT) para llevar un control más estricto de todas las percepciones salariales y los números de las empresas, así como la lista de trabajadores sindicalizados y los contratos colectivos firmados a los que a su vez les será requerido para su validez el que éstos cumplan cabalmente con los estatutos de el o los sindicatos y sus actas de asamblea y que acrediten tener la representatividad de los trabajadores para asegurar que los liderazgos son “legítimos” y así acabar con los contratos de protección y, como consecuencia, con los sindicatos charros.
4. Los trabajadores temporales del programa de jóvenes van a monitorear el cumplimiento de lo estipulado y en caso contrario, se promoverá la creación de nuevos sindicatos que estarán afiliados a la nueva central que va a sustituir a la CTM, la CROM, la CROC y todos los viejos aparatos del PRI.
5. Asimismo, la ley va a prever que ningún patrón pueda tener injerencia en la creación de sindicatos, representatividad, vida interna, y que los despidos sean acotados por las nuevas representaciones sindicales, para evitar que los leales al grupo “transformador” sean separados de sus empleos y se trunque la labor de control.
La maquinaria apenas está echándose a andar.
CNET SE SUBE
Ayer tal y como le informé, se dio la primera reunión formal entre el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga. Sí asistió Alfonso Romo, futuro jefe de la Presidencia, quien no perdió oportunidad para hacer gala de sus dotes negociadores.
El encuentro fue muy productivo. Ambas partes estuvieron de acuerdo en firmar una agenda común que los lleve a las metas de crecer a 60 millones de visitantes con un gasto promedio de mil 250 dólares, lo que permitiría escalar a ingresos por divisas de 43 mil millones de dólares. Romo prometió coordinar una reunión con Andrés Manuel López Obrador para presentar la Agenda Nacional de Turismo y declarar al mismo como prioridad nacional. Sobre el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Azcárraga aceptó que los empresarios aporten recursos adicionales, siempre que existan mecanismos de transparencia en los gastos. También propuso regresar al formato donde éste funcione como un consejo de administración en el que autoridades y sector privado participen. Sobre el Tren Maya, acordaron que los empresarios apoyen su financiamiento para no tocar los recursos del CPTM.
VA CONMÉXICO
A la que también le fue muy bien ayer fue a Luisa María Alcalde, propuesta para la Secretaría del Trabajo. Como le informé, se reunió con el pleno de ConMéxico, cuyo presidente ejecutivo es Jaime Zabludovsky.
En efecto, uno de los temas centrales fue el mencionado programa de primer empleo Jóvenes Construyendo el Futuro, que empujará con mucha fuerza el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Las 45 empresas que integran esa cúpula accedieron a registrarse en un padrón que servirá de base para empezar a determinar cuántos muchachos podrían recibir y las condiciones de aceptación para emplearlos.
Nos dicen que este encuentro nada tuvo que ver con el que Alcalde recientemente sostuvo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el gremio presidido por Vicente Yáñez, que se mostró más reacio con el programa de primer empleo para jóvenes.
POSPONEN
Graciela Márquez, designada próxima secretaria de Economía, pidió al director de ProMéxico, Paulo Carreño, reprogramar para el 18 de octubre la reunión que tendrían hoy.
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Darío Celis | Opinión
https://www.dineroenimagen.com/dario-celis/otro-madruguete-de-morena/103861
Los compromisos laborales de México en el nuevo TLCAN
09-10-2018 23:09
Por Carlos e Buen Unna
El 28 de septiembre, el Secretario de Economía entregó al Senado un resumen del acuerdo comercial con los Estados Unidos de América y Canadá que sustituirá el TLCAN.
Un par de días después, el Subsecretario de Comercio Exterior entregó el texto del acuerdo, pero en idioma inglés. En lo que se publica en español, aprovechamos para hablar de un compromiso hecho por México, de enorme valor, pero que se nos antoja difícil de cumplir en tiempo, en los términos del Anexo 23-A del nuevo acuerdo, anexo que lleva por título: “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. ¡Vaya tema!
El proemio del anexo dice que las medidas que contiene son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y que el próximo gobierno de México confirmó que son acordes al mandato que recibió del pueblo en las pasadas elecciones.
De entrada, resulta interesante advertir en esta manifestación el reconocimiento, por parte de la actual administración, de que los gobiernos del PRI y del PAN nunca toleraron una negociación colectiva real y, por lo mismo, siempre se opusieron a una verdadera libertad sindical, dado que, sin el poder de la negociación, los sindicatos sirven de muy poco.
En el punto 8 y último del anexo, México se compromete a adoptar la legislación descrita en los siete puntos previos, antes del 1º de enero de 2019, en el entendido de que, de no ser así, la entrada en vigor del acuerdo se retrasará hasta que la nueva legislación sea efectiva. En otras palabras, no bastará la expedición de la ley o leyes correspondientes, sino que deberán estar vigentes para que el acuerdo comercial pueda entrar en vigor.
El proemio del anexo dice que las medidas que contiene son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y que el próximo gobierno de México confirmó que son acordes al mandato que recibió del pueblo en las pasadas elecciones.
¿A qué se comprometió México? El resumen de la Secretaría de Economía tendría que ser suficiente para responder esta pregunta, pero la verdad es que se queda muy corto, razón por la cual, en el poco espacio que tenemos, intentaremos sintetizar los otros siete puntos del anexo:
1. La legislación mexicana debe reconocer la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y prohibir toda interferencia patronal en las actividades sindicales, así como los actos de discriminación y coerción en contra de los trabajadores por participar en esas actividades.
2. Se debe establecer y mantener un órgano independiente que se ocupe de la conciliación de los conflictos laborales y del registro de los contratos colectivos de trabajo (CCT) y constituir juzgados laborales independientes para la resolución de las disputas.
3. Se debe crear un sistema efectivo que verifique que las elecciones sindicales se lleven a cabo a través del voto personal, libre y secreto de sus miembros.
4. Hay que garantizar que los conflictos entre sindicatos por la representación de los trabajadores (los “juicios de titularidad” de los CCT) sean resueltos por los tribunales laborales mediante el voto secreto, sin dilaciones procedimentales.
5. Un órgano independiente debe verificar, a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, que la mayoría apoya el CCT, como condición para que sea registrado y para que surta sus efectos, debiendo constatar que el centro de trabajo realmente opera y que los trabajadores conocen el contenido del CCT.
6. La ley debe garantizar que los acuerdos de revisión de los salarios y demás condiciones de los CCT sean conocidos y estén respaldados por la mayoría de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto, como condición para su depósito, y que todos los CCT se revisen al menos una vez dentro de los primeros cuatro años de la vigencia de la nueva norma.
7. Los CCT y los estatutos sindicales deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los trabajadores involucrados y se deberá establecer un sitio web central que provea el acceso público a todos los CCT, que opere el órgano independiente encargado de su registro.
Todos y cada uno de los compromisos son valiosos y absolutamente necesarios para la vida democrática del país. Es cierto que, en su mayoría, se incorporaron a la Constitución en las reformas del 24 de febrero de 2017, pero en aquella ocasión se dio un plazo de un año para reglamentarlas, lo que a la fecha no ha ocurrido.
Es cierto también que algunas de estas medidas están en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva que ratificó el Senado este 20 de septiembre, pero que no entrarán en vigor sino hasta un año después de que la ratificación sea registrada en la OIT.
Es curioso que ahora, para que entre en vigor el nuevo acuerdo norteamericano, los empresarios serán los más interesados en que se implementen las reformas que por fin harán efectiva la libertad sindical y garantizarán la negociación colectiva, lo que supone despedirse de los contratos colectivos de trabajo de protección patronal.
De no lograrlo, se quedarán sin su mejor tratado comercial.
https://www.arenapublica.com/carlos-de-buen/los-compromisos-laborales-de-mexico-en-el-nuevo-tlcan
USMCA, condicionado al avance en justicia laboral: CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón expuso que el texto definitivo en materia del tratado comercial tiene que analizarse a detalle
POR HERALDO DE MÉXICO OCTUBRE 4, 2018
México tiene que cumplir con su compromiso de justicia laboral. FOTO: CUARTOSCURO
POR HERALDO DE MÉXICO OCTUBRE 4, 2018
El inicio del Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) podría estar condicionado al avance en materia de justicia laboral en México, manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.
El capítulo Laboral liberado por Estados Unidos este 1 de octubre, refiere que México debe contar con un sistema eficaz para verificar que las elecciones de los líderes sindicales se llevan a cabo a través de un voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato.
Castañón Castañón expuso que el texto definitivo en materia del tratado comercial tiene que analizarse a detalle, “el espíritu de lo que se dice es que México tiene que cumplir con su compromiso de justicia laboral, negociación colectiva y libertad sindical (…) y que el inicio del acuerdo podría estar condicionado si no se avanza en ese sentido y es consecuente con una agenda laboral”.
En este contexto, expuso que ya se tienen conversaciones en las mesas de transición del gobierno entrante, ante el interés de avanzar en las leyes secundarias para darle sustento a las reformas constitucionales, y se inicie el calendario en materia de justicia laboral.
Necesitamos aterrizar con leyes secundarias, lo que ya se modificó en la Constitución. Hay iniciativas en materia laboral que están en la Cámara de senadores, en conversaciones con la secretaria propuesta del Trabajo (Luisa María Alcalde)”, sostuvo.
El Capítulo Laboral finaliza con la expectativa, por parte de Estados Unidos y Canadá, de que México adopte las medidas expuestas antes del 1 de enero de 2019. “Se entiende además que la entrada en vigor del acuerdo puede demorarse hasta que dicha legislación entre en vigencia”, sentencia el documento.
Por Nancy Balderas S.
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/usmca-condicionado-al-avance-en-justicia-laboral-cce/
OIT espera notificación de México sobre Convenio 98
El director general de la Organización Internacional del Trabajo calificó como “un paso importantísimo” que México haya aprobado la ratificación del Convenio 98, relacionado con la contratación colectiva y la libertad sindical.
María Del Pilar Martínez
02 de octubre de 2018, 11:36
Panamá. -Reconocen tercerización como una nueva forma de trabajo
Panamá, Pan. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la existencia de tercerización (outsourcing) como una nueva forma de trabajo que ha llevado a transformar las relaciones laborales, pero no por ello dejar de lado derechos mínimos.
En entrevista, el director general de la OIT, Guy Ryder, expuso que en toda la región de América Latina, cada vez más, se aplican nuevas formas de contratación, “vemos cada vez más de tiempo parcial, temporal, del trabajo a través de las agencias de empleo, y ahora también del empleo de plataforma, todas estas formas de trabajo forman parte de los desafíos en el mundo de trabajo”, señaló.
En el marco de la 19 Reunión Regional Americana, Ryder dijo que “tenemos que ser prudentes y estar atentos de un proceso que puede desembocar en una transformación laboral en relaciones puramente comerciales. Para la OIT, el trabajo no es una commodity, las personas deben tener derechos”, afirmó.
México abre el debate
Cabe señalar que en México la senadora de Morena, Freyda Marybel Villegas, presentó el pasado 13 de septiembre una iniciativa de reforma en materia de outsourcing, mismo que cumplirá seis años de haberse incorporado a la Ley Federal del Trabajo, cuando se realizó la reforma laboral en diciembre del 2012.
Dicha iniciativa tiene como fin regular aún más la subcontratación y otras formas de contratación, y busca acelerar la emisión de la norma mexicana relativa a la subcontratación.
De los 20 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 80% labora para un patrón distinto y no sólo bajo la figura de outsourcing, sino en esquemas de insourcing.
Las empresas terciadoras en el país apuntaron que a la modificación de outsourcing se deben incluir los dos siguientes aspectos:
1) Verificar a la empresa contratante, en especial, que registre a los trabajadores con el puesto, sueldo y prestaciones reales y que sobre la totalidad de los mismos se les pague con recibos timbrados por el SAT, tal y como lo establece la ley.
2) La empresa contratante vigilará que el contratista no registre a los trabajadores como socios de sindicatos, profesionistas independientes, ni se les pague bajo otras modalidades o estrategias fiscales, como por ejemplo: honorarios, con póliza de seguros o por derechos de autor.
Actualmente, la redacción del Artículo 15-C se presta a la discrecionalidad en su interpretación, creando una gran fuga de ingresos que perjudica a todos, en ese sentido, las organizaciones han señalado que si se lograra la modificación, la recaudación fiscal de parte de la industria para el IMSS y el SAT sería del doble.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/OIT-espera-notificacion-de-Mexico-sobre-Convenio-98–20181002-0062.html
Plantea María Luisa Alcalde mejorar las condiciones laborales
Destacó que se buscará que los trabajadores tengan libertad de decidir a qué sindicato pertenecer y de elegir a sus dirigentes mediante votos libres y secretos.
28/09/2018 20:04 ARTURO PÁRAMO
CIUDAD DE MÉXICO.
Combatir la subcontratación y la inscripción de trabajadores en la seguridad social por debajo de su salario, serán las principales tareas que emprenderá a partir del 1 dediciembre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, adelantó Luisa María Alcalde.
La propuesta como titular de esa dependencia en la próxima administración afirmó que los gobiernos tienen deudas pendientes con los trabajadores en materia de libertad sindical, y de defensa del salario, que tratarán de ser subsanadas a partir de diciembre.
Empezar a eliminar esos abusos que se dan en muchas figuras como la subcontratación, empezar a eliminar el deporte nacional de inscribir a los trabajadores en el seguro social por debajo de los que realmente perciben”, expuso Alcalde en la clausura de la Convención de trabajadores telefonistas.
Destacó que se buscará que los trabajadores tengan libertad de decidir a qué sindicato pertenecer y de elegir a sus dirigentes mediante votos libres y secretos.
Afirmó que la sana relación entre trabajadores y empleadores puede ser benéfica para las empresas y no un motivo de conflicto.
En el mundo del trabajo tenemos deudas pendientes. Uno de nuestros ejes centrales va a ser la promoción y la garantía de la libertad, de la democracia y de la transparencia en el mundo del trabajo, que nunca hemos vivido, pero que tenemos que empezar a hacer realidad en este país.
Donde realmente se hablen trabajadores con empleadores para lograr mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y empresas más sanas y productivas. Vamos a ser una secretaría del trabajo que, lejos de limitar, promueve ese diálogo”, puntualizó Alcalde.
En el cierre de la Convención, el dirigente del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, dijo que la llegada del futuro gobierno es una buena señal, aunque seguirán atentos su desempeño.
Creemos que no pudo haber sido mejor para el país que haya habido este resultado electoral. Un nuevo gobierno que estoy seguro va a ser más sensible a los problemas de los trabajadores.
Si esperamos que las respuestas y soluciones que el país necesita van a venir del gobierno, nos estaríamos llevando una sorpresa desagradable. La sociedad tiene que presentar sus propias propuestas”, insistió Hernández Juárez.
A la clausura de la convención acudieron también el senador por Morena, Martí Batres; y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza
https://www.excelsior.com.mx/nacional/plantea-maria-luisa-alcalde-mejorar-las-condiciones-laborales/1268278
Alerta Campa Cifrián sobre riesgos de multicontratación
Lorena Malpica y Dora García, directoras general y ejecutiva de Coebio; el secretario del Trabajo, Roberto Campa, y Alejandra Negrete, titular de la Profedet. Foto Yazmín Ortega Cortés
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 28 de septiembre de 2018, p. 18
Roberto Campa Cifrián, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que existe “claramente una convicción del nuevo gobierno (que encabezará Andrés Manuel López Obrador) de que un esquema que abra la puerta a la multicontratación sería pernicioso”, por lo cual descartó que en la ley secundaria de la norma laboral se intente aprobar ese sistema.
Entrevistado luego de la ceremonia en la que fue entregada a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) el distintivo de empresa bioéticamente responsable, expuso que por las pláticas que ha tenido, en las reuniones de transición, con la próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ésta no favorecerá la existencia de varios contratos colectivos de trabajo (CCT) en una compañía. Esto constituye una preocupación para el sector empresarial luego de que la semana pasada el pleno del Senado ratificó por unanimidad el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Explicó que la multicontratación consiste en que en una empresa haya “más de un sindicato, lo cual será posible a partir de este compromiso con la libertad sindical. Pero que eso se derive en más de un CCT será algo que revisarán los legisladores en la norma secundaria”.
Indicó que la visión del nuevo gobierno –con base en lo hablado con Alcalde– es que “el sindicato mayoritario en una empresa es el que tiene derecho a firmar el CCT”. Añadió que es un “asunto relevante, porque al final las decisiones de inversión de los empresarios tienen que ver con esas variables”.
Remarcó que la ley secundaria deberá aprobarse en un “entorno de diálogo social” en el que incidan las opiniones de los representantes patronales y de los trabajadores.
Factible, elevar minisalario
En cuanto al aumento del salario mínimo, insistió en que al desindexarlo ya no “resulta contraproducente” cualquier alza. Esto da un margen que “permitirá acercarse al mínimo de bienestar que ha señalado el Coneval”.
Explicó que para incrementarlo deben tomarse en cuenta dos variables: “que no afecte los costos de producción y, en consecuencia, el nivel general de precios” y “cómo se comporta el salario con respecto a la generación de empleo, lo que llaman los economistas las elasticidades del salario al empleo”.
Añadió que “el riesgo es que los empresarios decidan no solamente no contratar a más personas, sino prescindir de algunas en la medida en que no puedan cubrir esos costos”. Informó que ayer se llevaría a cabo la décima reunión de transición para analizar asuntos de la Profedet.
http://www.jornada.com.mx/2018/09/28/politica/018n1pol
¿En busca del paraíso laboral?
Ernesto Santillán
27 de septiembre de 2018
La lucha por garantizar los derechos laborales de los trabajadores en México y acabar con los abusos sindicales quedó de manifiesto con la ratificación del Convenio 98 de la OIT en el Senado que fue impulsado por Napoleón Gómez Urrutia y ante el cual varios de los actores involucrados se mostraron en desacuerdo, sin embargo, el verdadero reto no está en prometer cambios, sino en aplicarlos.
México tiene una deuda con sus trabajadores. Durante años las condiciones laborales en el país han sido más que desfavorables, privilegiando los intereses de empleadores, empresarios y líderes sindicales por encima de los obreros y sus derechos, situación que sexenio tras sexenio se promete cambiará y que al día de hoy no ha sucedido.
Intentos han habido varios, quizá el más claro fue la reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, donde se modificó el artículo 123 de la Carta Magna para sentar ahí las bases del derecho colectivo en el país y normar la libertad sindical, un compromiso pendiente de aplicar por la actual administración y ahora una responsabilidad por cumplir del gobierno electo
Por ese motivo y con la intención de atender una exigencia de la clase trabajadora que ha permanecido en el olvido por más de 50 años, en el Senado de la República, donde Morena junto con sus aliados gozan de la mayoría, se ratificó la semana pasada el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
La propuesta fue impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y quien hoy también encabeza la comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
“Estamos haciendo un acto de justicia porque hay muchos intereses creados, con esto se acabarán los contratos de protección patronal y sindicatos blancos”, aseguró Gómez Urrutia durante su posicionamiento.
Este es el primer instrumento internacional que ratifica la 64 Legislatura en el Senado y el cual busca garantizar la libertad de asociación y la sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación que pudiera menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo y eliminar prácticas como los votos a mano alzada para elegir a sus representantes para ser sustituidas por un método donde la elección de los mismos se haga de manera libre.
Además pretende que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de los otros; abre la posibilidad de que se cree más de un sindicato dentro de una misma empresa y prohíbe la afiliación obligatoria a centrales de trabajadores oficialistas; una de las prácticas del llamado corporativismo sindical que se acentuó durante los más de 70 años del PRI en el poder.
“Hoy por hoy los sindicatos en México no necesariamente hacen los trabajos más fuertes, contundentes y congruentes para tutelar a sus agremiados.
Todavía hace falta una condición de libertad sindical; que no se obligue, que no se presione, que no se chantajeé, que no hayan votaciones controladas, que no haya sindicalismo blanco, que no haya sindicalismo charro”, dijo el senador Emilio Álvarez Icaza en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Todos estos cambios que se quieren implementar parecieran solucionar, por lo menos en el papel, el problema laboral por el que atraviesa México, pero una cosa es planear y soñar y otra muy diferente llevarlas a la realidad.
A pesar de los elogios que diversos actores políticos, académicos y representantes de la sociedad civil lanzaron ante la ratificación del Convenio 98, no todos los involucrados en el tema mostraron el mismo optimismo.
Entre los principales inconformes se encuentran Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la bancada del Partido Acción Nacional, la cual incluso trató de reventar la sesión al abandonar el Senado durante la votación.
Tanto el CCE como la CTM publicaron a través de sus canales oficiales comunicados en donde dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la manera en la que se aprobó la ratificación del Convenio 98, asegurando que no se discutió lo suficiente el tema y que además se estaba violando otro de los acuerdos ya firmados con la OIT, que sería el 144.
Sin embargo, para la doctora Graciela Bensusán, el tema ya se ha discutido lo suficiente.
“El tema se ha hablado hasta que nos aburrimos de la discusión porque está todo claro. Se respondieron las quejas de la OIT, primero se le dijo que no existían los contratos de protección, después se reconoció que sí existían, luego que se iban a corregir; fuimos y vinimos años con el tema.
Ahora se vota con la mayoría como siempre se han votado las leyes y resulta que nos faltó discusión”, dice la investigadora de la UAM Xochimilco.
Esta postura también la comparte el senador Julio Menchaca.
“El tema de los sindicatos y el Convenio 98 de la OIT es un asunto que está esperando la ratificación prácticamente desde 1956, se firmó en 1949 y en el 2015 Enrique Peña Nieto lo volvió a mandar al Senado”
– Julio Menchaca
Senador de Morena por Hidalgo
Entonces de que se ha discutido se ha discutido por todas las organizaciones obreras, por lo tanto no pueden decir sus detractores que un tema que ha estado presente por más de 50 años no se ha discutido lo suficiente”.
En cuanto a la posibilidad de que esta ratificación desate un conflicto entre el gobierno electo y la clase empresarial, el senador por Hidalgo ve esto como algo lejano.
“Lo que pasa es que hay que diferenciar bien entre algunos líderes empresariales y los empresarios. Aquí el punto es que Juan Pablo Castañón no son los empresarios de México.
Quizá exista alguna situación de molestia por parte de algún sector pero eso no significa que estemos en un círculo de confrontación”, señala.
Ahora el reto será la implementación de lo firmado y acordado tanto en el Convenio 98 como de lo que establece el artículo 123 Constitucional, pues los alcances que tendría la correcta aplicación de estas normas trascienden el tema laboral, ya que rompen el estatus quo y modificarían la relación entre el Estado y los trabajadores, una realidad que de llegar a alcanzarse, también ayudaría a acabar con la desigualdad en el país, sacar a los trabajadores de la informalidad, reducir la corrupción y la violencia al igual que mejorar la relación con nuestro principal socio comercial: Estados Unidos.
CUMPLIR LOS COMPROMISOS
Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT México concluye con la aprobación de los ocho compromisos fundamentales en materia de derechos laborales con los que cuenta la Organización Internacional del Trabajo y se suma a los 165 países de América Latina y el Caribe que también suscribieron el acuerdo que hoy causa tanta polémica en el país.
“Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado el Convenio 98 y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este Convenio” señaló en un comunicado la OIT, en el que también aclara que las normas internacionales del trabajo están orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la mano de la creación de trabajo decente.
Todo esto, incluida la reforma Constitucional al artículo 123 de la Carta Magna que se realizó el año pasado, se vislumbra como un gran avance, sin embargo, una cosa es lo que se describe en el papel y otra muy distinta su aplicación en el actual contexto nacional.
Como bien se sabe, México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo, sin embargo, esto nunca se ha traducido en la correcta aplicación o respeto de las leyes que de ésta emanan, un hecho que demuestra que de nada sirve tener las mejores normas si éstas no se pueden implementar
Por ese motivo, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco y experta en temas laborales, Graciela Bensusán, cuestiona las capacidades con las que cuenta el Estado para poder cumplir tanto lo que la Constitución establece en materia laboral como los convenios internacionales a los que se ha sumado.
“Un grave problema que tenemos en México, no sólo en el ámbito laboral, es que cambiamos las leyes con cierta facilidad pero luego no podemos implementarlas”, comenta.
Ejemplos para sustentar esta aseveración hay muchos. Tal es el caso de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual, al día de hoy, no se ha podido aplicar con éxito.
Algo similar ocurre con la prometida transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía independiente y autónoma.
Para evitar que estos fracasos se repitan en el ámbito laboral, Bensusán explica que lo primero que se tiene que hacer es crear la reglamentación de la reforma Constitucional al artículo 123 que todavía está pendiente y que depende del legislativo
Otra tarea que es imprescindible y que también duerme el sueño de los justos desde hace más de un año a pesar de que en la Carta Magna se estableció un periodo máximo para su creación de 365 días es la fundación de un nuevo organismo autónomo que sería el espacio donde se registrarían los sindicatos y donde se inscribirían los contratos colectivos de trabajo.
Aunado a todo esto la experta indica que para poder comenzar a ver un cambio real en el tema laboral también se necesita que los pocos sindicatos verdaderos que existen comiencen a aplicar esta nueva normativa, un Estado comprometido con capacidades estatales y recursos para hacer el nuevo órgano de registro de los contratos colectivos y los sindicatos, dinero para hacer la transición de las juntas de conciliación hacia el poder Judicial y la formación de cuadros y de jueces en materia laboral.
Además, Graciela Bensusán comenta que también vamos a requerir que los sindicatos y los trabajadores mismos encuentren algún incentivo para crear nuevos sindicatos o para legitimar los que ya existen a partir de la votación universal, secreta y directa de los trabajadores y a partir de negociaciones reales crear los contratos colectivos con los empleadores.
“Sin duda si esto no se conduce bien y no generamos una buena reglamentación y no tenemos procesos ágiles y transparentes para llevar a cabo todos estos cambios sindicales y de sus contratos pude haber problemas en las empresas que lleven a conflictos intersindicales, por eso hay que fijar las reglas del juego. El convenio no nos las da, éste simplemente establece una serie de principios que debemos de seguir”, asevera.
La investigadora también lanza un par de cuestionamientos que se deben tomar en cuenta.
El principal reto para mejorar las condiciones laborales en México es que las leyes y los convenios que se han creado y ratificado en este tema se apliquen y no se queden como letra muerta sobre el papel
“Necesitamos de reglas muy claras que nos digan cómo va a funcionar el órgano autónomo, cómo va a garantizar su autonomía, su independencia, sus recursos y cómo vamos a hacer para que el proceso de reorganización sea transparente, cómo hacer que los trabajadores voten, que los conflictos intersindicales no se vuelvan huelgas, y qué tienen que hacer todas las partes: el gobierno, los empleadores, los sindicatos existentes, y los trabajadores para que este proceso de transformación sea real y no genere daños a la economía, a los trabajadores o al país”.
NO HAY VUELTA ATRÁS
Romper con el estatus quo y cambiar la relación que existe entre el Estado y los trabajadores que al día de hoy ha provocado violaciones tanto a derechos humanos como laborales, ha fomentado la corrupción y ha incidido en la creciente desigualdad del país parecería ser un objetivo común de todos los mexicanos, sin embargo, esto no es así.
Empresarios, sindicatos e incluso algunos partidos políticos se han manifestado en contra de la manera como se ratificó el Convenio 98 de la OIT en el Senado. Una situación que algunos senadores y expertos en el tema consideraron como un intento de tratar de trabar la aprobación para que sus intereses personales no se vieran afectados.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, manifestó a través de un comunicado su desacuerdo.
El argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT no tiene ningún peso, pues este tipo acuerdos no son vinculantes
“El Consejo Coordinador Empresarial expresa su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar ante el Pleno, sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Rechazamos que el Senado busque tomar determinaciones que afectan fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, violando así lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT…”
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en voz de su secretario general y también senador, Carlos Aceves del Olmo, igualmente mostró su inconformidad por las mismas cuestiones que el CCE.
“Sería deseable que esta Soberanía recapacitara sobre el atropellado proceso que se llevó a cabo y se pueda regresar la ratificación a las Comisiones Unidas a las que fue turnada para que se pueda cumplir con lo establecido en el Convenio 144 de la OIT y con la obligación de las Comisiones Legislativas Permanentes del Senado y se pueda dar una discusión sobre el Convenio 98 de la OIT, con todos los sectores involucrados en la materia”.
Diversos actores involucrados en la ratificación del Convenio 98 de la OIT se han quejado por la manera en que se dio la aprobación, sin embargo ninguno de sus argumentes cuenta con la fuerza legal para revertir lo ya votado
La bancada panista simplemente abandonó la sesión.
“Los empresarios que se han manifestado en contra de la ratificación del Convenio 98 es porque temen que al firmarlo ya no se puedan imponer al sindicato que firma el contrato colectivo, algo que es violatorio de los derechos humanos en todo el mundo.
ntonces lo que se está queriendo es cuestionar y decir que no se discutió suficientemente el tema cuando el asunto ha estado presente en el país desde 1949”
– Graciela Bensusán
Investigadora de la UAM Xochimilco
La investigadora de la UAM Xochimilco también asegura que algunos empresarios y empleadores están acostumbrados a imponer sus condiciones y lo que ellos temen es que tanto la ratificación del Convenio como la reglamentación y en su momento la reforma Constitucional los obligue a reconocer una interlocución sindical verdadera.
“Les preocupa que haya genuinamente la necesidad de negociar porque no saben ni quieren hacerlo, no tienen una cultura de negociación”, comenta.
Además explica que el argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT que todos los detractores están utilizando no tiene ningún peso, pues este tipo de acuerdos que emite la Organización Internacional del Trabajo no son vinculantes, es decir, no se tienen que cumplir de manera obligatoria por el país que lo firma.
Por su parte, el senador por Hidalgo Julio Menchaca, califica el abandono de la sesión por parte del PAN como una irresponsabilidad.
“Cuando uno asume su responsabilidad podrá no estar de acuerdo con algo y votar en contra, algo que han hecho en el transcurso del tiempo las minorías cuando el PRI o el PAN estaban en el poder.
Pero los panistas, que por un lado no quisieron verse poco solidarios con los trabajadores y por otro decidieron atender los intereses que los representan, en este caso el de los sectores empresariales a los que no les conviene esto porque hay contratos que ni siquiera conocen los trabajadores y que los perjudican, prefirieron usar como excusa la propuesta de reducir los tiempos para presentar propuestas para abandonar la sesión”.
Respecto a la crítica de que el Convenio 98 no se turnó a comisiones en la Cámara Baja, Menchaca dice que eso no implica ninguna violación a la Ley, por lo tanto no hay forma de echar para atrás lo que ya se aprobó.
“La reglamentación también te dice que si ya tiene primera lectura le puedes dar una segunda y la sometes a votación”.
POR UN NUEVO MODELO SINDICAL
La creación de los sindicatos es quizá uno de los avances más importantes en materia laboral que se ha creado, sin embargo, lo que en un principio se concibió como una manera de proteger a los trabajadores de los abusos de sus empleadores terminó por convertirse en todo lo contrario.
Ejemplos hay muchos, tal es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana encabezado por el priista y exsenador Carlos Romero Deschamps, quien ha sido acusado por presuntamente enriquecerse de manera ilícita con los recursos del sindicato y de utilizar a sus agremiados como fichas de negociación para cumplir con sus intereses políticos y personales.
Tan es así, que hace una semana, senadores de Morena pidieron al SAT un informe sobre los bienes adquiridos por Romero Deschamps, sus familiares y prestanombres de 1993 a la fecha y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda un reporte sobre presuntos manejos irregulares del líder petrolero
Deschamps es el claro ejemplo de lo que ningún líder sindical debe ser: un hombre millonario que lidera a puros trabajadores pobres.
Un caso similar se da con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y quien ha estado al frente del gremio desde 1998.
Al también priista se le ha denunciado ante la PGR por fraude hipotecario a trabajadores.
Por personajes como éstos es que ahora se busca crear un nuevo modelo de sindicalismo en el país donde los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales y exigir que se respeten.
“En este momento en México ya conocemos cómo se encuentra el mercado laboral, la situación que viven los sindicatos y las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto lo que este modelo nuevo tiene que crear son incentivos para que todos puedan defender sus intereses legítimos”, comenta Graciela Bensusán.
México requiere de una transformación radical en la forma como maneja sus sindicatos, pues la que prevalece actualmente lo único que fomenta son las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores
Sin embargo en este cambio el papel de los trabajadores también es fundamental, pues éstos deben dejar atrás los vicios que de igual manera afectan a sus empleadores y que pocas veces reconocen.
Como ejemplo de un sindicato real en México la investigadora de la UAM pone a la empresa Volkswagen.
https://www.reporteindigo.com/reporte/en-busca-del-paraiso-laboral-senado-propuesta-morena-ratificacion-convenio-98-oit-derechos-trabajadores/
Hay bases para nuevo modelo laboral: Arturo Alcalde
Es falso que no hubiera consultas con patrones previo a la aprobación del Convenio 98 de la OIT, pues se hicieron en el 2015, cuando EPN envió la iniciativa, afirmó el abogado laboralista.
María Del Pilar Martínez
27 de septiembre de 2018, 01:00
México debe construir su nuevo modelo laboral a partir de las reformas y los acuerdos internacionales que ha adoptado como son: la Reforma Constitucional del 2017 y el , Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde el objetivo es terminar con la simulación y encaminarse hacia el trabajo digno.
En entrevista, Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral, expuso que ya están los puntos de partida para que nuestro país se encamine a otorgar libertad sindical y , ; y rechazó que ello vaya a provocar una inestabilidad en las empresas por la presencia de uno o más sindicatos.
“Actualmente hay patrones que negocian con uno o varios sindicatos, es mentira que ese tipo de negociación impida tomar acuerdos. En todo caso, habrá más sindicatos en sectores en donde no los había, como por ejemplo autopartes o en el sector de la construcción o la maquila”.
Tras destacar que México “fue el último país de América Latina en ratificar el Convenio 98”, Alcalde señaló que las consultas que ahora solicita el sector empresarial “ocurrieron en el 2015, cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió la propuesta para que fuera ratificado por parte del Senado de la República”.
En ese sentido, dijo que el cambio empezó a gestarse desde que se realizó la reforma del 2012, pero tuvo su mayor fuerza cuando se modificó la Constitución en febrero del 2017, pues claramente se da la posibilidad a los trabajadores de tomar decisiones sobre quién debe representarlos.
“El Convenio 98 es totalmente compatible con el nuevo marco constitucional, tanto en la Constitución general, como la de la Ciudad de México, a la que no se le ha dado la importancia y tiene mucha, porque se trata de una gran ciudad que marca un derrotero en el ámbito local y obviamente siempre genera influencia en el resto del país, y se encamina a los principios relacionados con lo que es el trabajo decente de la OIT”, explicó.
El Convenio, que tiene 70 años, era una asignatura pendiente que durante esos años se le planteó a México que lo suscribiera, “cosa que no hacía nuestro país porque alegaba que tenía la cláusula de exclusión, pero en el fondo era la defensa del corporativismo, en donde el patrón decidía con qué sindicato firmaba el contrato de trabajo para favorecer un modelo de control, político y económico”.
La SCJN frenó a sindicatos
La cláusula de exclusión, que es aquella que impedía a un trabajador incorporarse a su empleo si no estaba sindicalizado, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “ello permitió que la reforma en el 2012 la tuvieron que quitar, pues violaba el Convenio 87 y los derechos fundamentales, además en Europa se consideró una violación a los derechos humanos que te puedan correr del trabajo porque dejas de formar parte de un sindicato”.
Luego de esa decisión, no existían argumentos para no ratificar el Convenio 98, además de que la presión internacional creció y se empezó a vincular con los temas comerciales, “particularmente con el TPP, y el TLC, pues a México se le señaló como un mal ejemplo por aplicar contratos de protección”.
Dijo que todo este escenario permite lograr mayor transparencia, y negó que, “a partir del Convenio 98 vaya a haber más sindicatos, eso es un invento, porque el Artículo 389 de la Ley Federal del Trabajo dice que quien tenga la mayoría tendrá la titularidad del contrato. Siempre ha podido haber muchos sindicatos. Una cosa es el registro y la existencia del sindicato y otra cosa es que el patrón tratará con quien tenga la mayoría”.
pmartinez@eleconomista.mx
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