La implementación de la reforma laboral, en donde se tienen que legitimar los contratos colectivos, sólo involucra a 7.4% de trabajadores en el país, pues la sindicalización en México abarca apenas a 4 millones de trabajadores contra una población económicamente activa de 53.8 millones, afirmó Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral.
En entrevista, el socio del despacho Sales Boyoli, expuso que se dieron a la tarea de medir el tamaño de la reforma laboral, para “conocer cuántas personas tienen una relación laboral y pertenecen a un sindicato, y entonces ahí el número se hace dramáticamente pequeño, son 4 millones, la verdad es que llama poderosamente porque lo primero que hay que tomar en cuenta es que el sindicalismo en México, y también en EU, pero de una manera diferente, tienen un gran componente político”.
En ese sentido, explicó que parte de la implementación de la reforma laboral, después de su promulgación en mayo de 2019, y en el que se pide la ratificación y legitimación de los contratos, está muy dirigido a las grandes empresas en nuestro país.
“Si uno revisa sólo se han dado en las grandes industrias estas ratificaciones, da la impresión con estos números la reforma laboral, y eso no es ningún secreto, fue más una presión de EU por el T-MEC y va a dirigida solo a las grandes empresas”.
De acuerdo con el análisis que realizó la firma sobre la sindicalización en México, “son las industrias que son grandes en cuanto a tamaño, no en cuanto a número de empleos, si no en cuanto a capacidad productiva digamos, las que curiosamente tienen que cumplir con los procesos de legitimación de contratos colectivos que todavía están en menos del 1% del mundo de contratos colectivos, se trata de la industria automotriz, industria del cemento, algunas de autoservicios, pero claro, eso nos hacen pensar un poco a quien va dirigida a esta reforma”.
Sales Boyoli apunta que México no escapa a la disminución de la sindicalización que se registra en todo el mundo, “en general no existen países en donde la afiliación sindical esté creciendo, la primera conclusión es que Estados Unidos también hay una baja importante de la afiliación sindical, allá hay 14.5 millones de trabajadores sindicalizados, lo cual nos habla de una asimetría importante con México”.
La clase trabajadora está en lucha pese al modelo neoliberal| Foto: Archivo La Jornada| Pablo Ramos
La lucha de l@s trabajador@s mexicn@s no es ni pura, ni libertaria, pero es una lucha importante que se mezcla con una gran tradición de sectorizar los movimientos; pero ¿Qué estamos viviendo ahora? El neoliberalismo ha golpeado en el mundo a la clase obrera, la ha reconfigurado. El trabajador enfrenta a nivel mundial la fuerza del capital global que rebasa fronteras; siempre las ha rebasado pero ahora lo hace una clase capitalista descarada y se impone sobre los estados y los gobiernos.
Acaso porque la clase obrera está en letargo ¿no hay luchas? Sí las hay. Los movimientos intentan romper el mundo estrecho del trabajo dentro de una empresa o institución y vincularse con el conjunto del pueblo trabajador. ¿Cómo hacerlo? En muchos lados del mundo se están creando desde cuadrillas autónomas, cooperativas, cajas de ahorro, grupos de lucha que van más allá del gremialismo y del sindicalismo corporativizado. Hoy con la pandemia en Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil hay formas de resistencia que rompen las barreras tradicionales de decir, hasta aquí, está la clase obrera. Los jóvenes, las mujeres y los campesinos están actuando con Concejos, cabildos, pueblos, parlamentos autónomos, comunas.
Hay en el origen de la lucha de los trabajadores, toda una forma de resistencia que aprende a usar su poder en la medida que va sometiendo a las direcciones formales de la clase obrera.
En México, los trabajadores pasaron de aliados a una situación de sujeción que llegó hasta los ochenta con De la Madrid y Salinas, y que con la vigencia del neoliberalismo pasó a ser de sometimiento, con contrapesos y dispersión. Múltiples centrales y destrucción de contratos bilaterales y de la estabilidad relativa que se había logrado en los períodos llamados de desarrollo estabilizador. El tema se volvió otro porque se está cooptando a mucha gente de las direcciones, la independencia.
La soberanía de los trabajadores se ha perdido a partir de grupos amplios del charrismo y neo-charrismo, que se anticipan con la maña adquirida ante una promesa de reforma laboral que dice que, ahora sí, superará a las Juntas de Conciliación y Arbitraje que habrá inspecciones fabriles y que habrá libertad sindical. Hay muchas luchas dispersas a las que se opone la capacidad de los charros vinculados, si no al gobierno sí a las empresas, adelantando en fechas ilegales la revisión de contratos y estatutos para seguir siendo ellos los que mastiquen el alimento que les dan las reformas.
La situación descrita se está poniendo a prueba con el modo de golpe de “palo y zanahoria” que se ofreció, por ejemplo, a los compañeros de las maquilas de la frontera norte; 20% de aumento a los salarios mínimos y desconocimiento de los salarios contractuales, reconocimiento de algún sindicato y represión de varios sindicatos. Este gobierno está actuando muy diferente de lo que pone en el papel y aun en el papel hay restricciones enormes.
¿Quién hizo la última reforma laboral? Ahora ya no son los contrapesos, ahora es una especie de unidad en donde el PAN, el PRD, el papá de la actual secretaria del Trabajo, Alcaide, han metido medidas laborales por cuestiones que les afectan a los empresarios o al gobierno, reformas, procedimientos y políticas para evitar los conflictos obrero patronales. Es hora de ampliar la resistencia y ganar la iniciativa.
Unir campo y ciudad contra el proceso de destrucción capitalista
Carlos Rodrigues, Espacio Cultural Mane Garrincha, Sao Paulo Brasil
Gracias hermanos, gracias a todas. Nosotros tenemos muchas ganas de que un encuentro como este (Primer Encuentro de Pueblos Originarios en defensa de la vida del Foro Social Mundial) pueda realmente apuntar para una lucha en común de todos los pueblos. Creo que se coloca hoy más que nunca la importancia de la unidad Latinoamericana para luchar contra el capitalismo y el imperialismo.
Para nosotros en el espacio cultural Mane Garrincha, que
Ahora, ¿Qué nos ofrece el capitalismo a través de la agro-industria o el agro-negocio?
Cambiar lo que tenía antes el latifundio como una reserva de valor, para así tornar a una realización de valor de la gran industria en el campo y entonces la práctica de los capitalistas en el campo es la destrucción de la naturaleza.
Nosotros estamos mirando esto en Brasil, con el Amazonas. Por ejemplo, está siendo destruida , el cielo de Sao Paulo, el cual está lejos del Amazonas, quedó oscuro de tanto fuego que había en el Amazonas se volvió un cielo tan oscuro de tanto humo.
Nosotros entendemos que hoy la lucha de los pueblos originarios significa una lucha estratégica de toda la humanidad, porque hacer la defensa de los pueblos originarios es defender su espacio de convivencia y al hacer esta defensa ustedes no sólo están haciendo la defensa de los pueblos originarios sino de toda la humanidad, porque si no, en la medida en la que usted destruye toda la naturaleza usted cambia todo el clima, lo cual estamos mirando actualmente.
Tal es la importancia de construir un proyecto estratégico de defensa de los pueblos originarios con la perspectiva de la unidad de todos los luchadores, de hombres y mujeres, del campo y de la ciudad, para que la propia especie no tenga su muerte. Lo que el capitalismo está haciendo es una propuesta de muerte, la pandemia no es otra cosa que deriva de la destrucción de la naturaleza.
Hoy nosotros tenemos el Covid-19, Coronavirus, pero al continuar la destrucción de la naturaleza otras pandemias vendrán, porque cuando el virus que queda en la naturaleza, cuando es quitada la naturaleza de ese virus, tiene que ir al cuerpo de un ser vivo ya sea animal o del ser humano.
Para nosotros, participar de un evento como este, con esta perspectiva de defensa de los pueblos es mas allá, es la defensa de toda la humanidad, pero para esto es necesario destruir el capitalismo, no hay otra forma de comprender la lucha hoy.
La izquierda y las fuerzas progresistas tienen que entender que no es la defensa del orden, porque por ejemplo en Brasil la izquierda brasileña oficial quiere hacer la defensa del orden, la democracia representativa, cuando en realidad lo que se está haciendo necesario es la lucha por superar el capitalismo, si nosotros no tenemos eso claro, no conseguiremos avanzar.
Por ejemplo, en la derecha qué hacen; ellos encaminan líderes evangélicos creyentes para cristianizar a los indígenas, y hacen eso para ganar su alma y su conciencia y para después justificar toda la invasión, porque eso es lo que ocurre en gran escala en todo Brasil, en espacios donde viven los pueblos originarios.
Nosotros tenemos que hacer un proyecto de unidad que pueda unir campo y ciudad contra todo el proceso de destrucción que el capitalismo ofrece a la humanidad.
Palabras de los pueblos brasileiros en Primer Encuentro de Pueblos Originarios en Defensa de la Vida del Foro Social Mundial, 25 de septiembre de 2020.
“En Rojava las mujeres enfrentan al enemigo y luchan por la libertad”
Las mujeres lideran la Revolución de Rojava. Y las vidas de las mujeres de muchos pueblos y sectores de la sociedad han cambiado con la revolución. Las mujeres que luchan en el campo social, político y militar están construyendo su futuro. Una de las que dedicó su vida a la libertad es Hebun Ereb, una mujer árabe que se unió a las filas de las Unidades de Defensa de las Mujeres (YPJ).
Al describir cómo cayó bajo la persecución del Estado Islámico (ISIS) y cómo posteriormente recuperó la libertad, Hebun se convirtió en la esperanza de las mujeres con su lucha. Al recordar, dijo que que tuvieron que emigrar a Raqqa porque la guerra se había intensificado en la provincia de Homs y sus alrededores, después del comienzo de la crisis de Siria.
“No sabíamos que Raqqa era la capital de los mercenarios de ISIS. Ni siquiera sabíamos todavía lo que era ISIS –rememora-. Los mercenarios de ISIS nos impusieron sus propias leyes. La primera ley que impusieron fue llevar el chador negro. Nunca usé un chador antes de inmigrar a Raqqa. Nos educaron con libros de religión. No había lecciones de historia o ciencia. Durante las lecciones en la escuela, nos enseñaron la esencia de la religión del Islam. Fuimos educados de manera que sirviera a la idea de ISIS e influyera en nuestros pensamientos, y para ser los defensores del Islam”, señaló Ereb.
Explicó: “Los mercenarios de ISIS no tienen nada que ver con el Islam. Estas bandas de mercenarios hacen leyes de acuerdo a sus propios intereses. Y no actúan de acuerdo al Islam”.
Ereb también contó que fue “testigo con mis ojos de algunos de los prisioneros cuyo crimen no conozco -tal vez eran soldados del régimen- con sus manos cortadas, siendo disparados en la cabeza o asesinados con inyecciones. Uno de los prisioneros asesinados era un padre y allí estaba su hija. Lo mataron con una bala en la cabeza delante de los ojos de la niña. Aún siento frente a mis ojos el rostro de la niña que veía la muerte de su padre”.
Ereb fue casada con un mercenario del ISIS y desde entonces fue sometida “a presión y violencia. Me impuso ser un ama de casa y no me dejaba salir”. Señaló que “cuando un hombre de ISIS quiere una mujer, no importa si la chica es consiente o no de casarse. No importa si la familia y la hija dan su consentimiento. Después de casarse con un hombre de ISIS, a la chica ya no se le permite ni siquiera ver a su familia, como si fuera sólo de su marido”.
Ereb agregó: “Si el mercenario de ISIS moría, la mujer tenía que casarse con otro mercenario de ISIS. Y todo lo que tenía que hacer era dar a luz inmediatamente a un niño, cocinar y hacer las tareas domésticas. Nunca se le permitió salir. Incluso las familias presionan excesivamente a sus hijas para que hagan solo las tareas del hogar y no salgan. Nuestras vidas pasan con presión y crueldad”.
La ahora combatiente de las YPJ indicó por qué se unió a las filas de las fuerzas de autodefensa, encabezadas por los kurdos: “Hace un año, me uní porque fui influenciada por las YPJ. Más tarde, reconocí que era una mujer, que tenía mucho poder, aprendí sobre el poder masculino y empecé a entenderme a mí misma”.
“Viví con los mercenarios de ISIS durante dos años antes de que Raqqa fuera liberada. Para ser honesta, no era consciente de todo. Realmente no sabía lo que era la libertad de las mujeres. Me costó mucho vivir con las bandas de ISIS, porque mi vida pasada no era así”.
La joven explicó que “quería unirme porque las kurdas, las árabes y las asirias viven y luchan juntas en las YPJ. También quería demostrar que quería vivir libremente y que podía vivir libremente contra el hombre que me hizo esclava. Un año antes de unirme a las YPJ, entendí de nuevo lo que era ser mujer. Me uní para demostrar a mi familia, amigos y parientes que puedo vivir como una mujer libre con mi participación en las YPJ. En las filas de las YPJ, siempre quiero estar entre las armas pesadas y en el frente de guerra, y quiero probarme a mí misma”.
Ereb manifestó que “mientras vivía en Homs, no podía tomar las armas y luchar contra el enemigo, ni podía luchar. Pero aquí puedo enfrentarme al enemigo y luchar por mi libertad tomando las armas. Las mujeres no podían participar en la guerra en Homs. Aquí, la mujer puede hacerlo si quiere. Y me uní a las YPJ porque realmente quería luchar contra el enemigo. Cuando tuve que emigrar de Homs, sufrí mucho porque no podía luchar. Lucharé para proteger nuestros logros”.
Hebun relató que de su matrimonio forzado nació un niño y “un tío que vivía en Turquía me reprochó que viviera con mi hijo”. “Aunque el padre de mi hijo sea un mercenario de una banda, no puedo dejarlo porque este niño es un pedazo de mi cuerpo. ¿Cómo puedo renunciar a él? Quiero que mi hijo crezca en un ambiente de libertad y en la cultura que le enseño, que es opuesta a la de su padre, contraria a como vivía su padre. Mi hijo es pequeño, y le criaré como siento que es correcto”.
Manuel Lozano Nieto destacó el crecimiento sostenido que se ha logrado en la entidad en materia de empleos y la recuperación de plazas tras afectaciones por la pandemia.
Al destacar que en la entidad se mantiene un ambiente de paz y estabilidad laboral ante las y los integrantes del Congreso del Estado, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, dio a conocer que San Luis Potosí según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social ocupa el quinto lugar nacional con mejor salario en empleos formales, y es segundo lugar de todo el país con mayor crecimiento en el periodo de la administración.
Durante la comparecencia correspondiente a la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el funcionario indicó que ante las condiciones económicas derivadas de la pandemia por Covid-19, se han recuperado casi 8 mil empleos formales, aunado a que empresas han oficializado la contratación de cerca de 2 mil empleos.
Lozano Nieto informó a las y los legisladores al respecto de la recuperación en materia de empleo para el estado potosino y el impacto que se registró en todos los sectores con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el virus del COVID-19 que afectó a prácticamente todo el país. Agregó que el empleo se recupera satisfactoriamente por encima de la media nacional de una afectación generalizada “nos llevó a perder alrededor de 22 mil empleos, pero que con acciones y estrategia, solidaridad del sector productivo y una solidez laboral, se ha logrado recuperar casi 8 mil empleos”.
A pregunta expresa de legisladores el titular de la STPS resaltó la estabilidad laboral con la que cuenta el estado potosino, que presenta cero huelgas de jurisdicción estatal en el sector productivo y una atención permanente por parte de la procuraduría de la defensa del trabajo, la dirección de inspección y la responsabilidad de la junta estatal de conciliación y arbitraje.
Tras responder a todos los cuestionamientos, comentarios y observaciones de las y los diputados, Manuel Lozano reconoció la tarea del poder legislativo para que, en coordinación con la STPS y siempre respetando la autonomía de poderes, coadyuve para la implementación de la reforma laboral con base en el nuevo sistema de justicia laboral y los diversos tópicos que permiten al estado sostenerse en el 100 por ciento en la adecuación legislativa.
En este tenor, el titular de la dependencia adelantó que en próximas fechas se abrirán 4 centros de conciliación laboral en las diferentes regiones del estado y un tribunal laboral con el apoyo del congreso del estado. Cabe mencionar que el salario se mantuvo en ascenso de marzo a junio, aún y a pesar de la etapa más crítica de la pandemia, lo que coloca al estado potosino, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el quinto lugar nacional con mejor salario en empleos formales y el segundo lugar de todo el país con mayor crecimiento en el periodo de la administración.
“El crecimiento sostenido que se ha logrado en lo que va de la administración hasta el mes de febrero de este 2020, la afectación por la pandemia y la posterior recuperación tiene como base las acciones de capacitación, activación de bolsas de trabajo, ferias de empleo y atención permanente a buscadores, reconociendo que aún falta camino por recorrer, pero todas las acciones han sido planeadas y coordinadas para que aún en la emergencia, no se dejen de lado temas como inclusión laboral y atención a los sectores más vulnerables de la población” finalizó.
De 2018 a la fecha, se añadieron 15 mil demandas sin resolución, un crecimiento de 15 por ciento; en total, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene 115 mil expedientes retrasados.
El rezago que ya se tenía de expedientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), organismo que se encarga de impartir la justicia laboral en Jalisco, se incrementó durante la actual administración estatal.
Actualmente hay 115 mil juicios laborales pendientes, contra los 100 mil que había al cierre de 2018, un crecimiento de 15 por ciento.
Sergio Javier Ramírez Contreras, presidente de la JLCA, reconoció que la pandemia de COVID-19 provocó que se incrementaran los casos y no se avanzara con el rezago previo.
“Por la pandemia disminuimos 50% las actividades, 30% en algunas juntas”, mencionó.
El funcionario admitió que se avanzará con los laudos pendientes hasta que entren en función los centros autónomos que operarán con la nueva reforma laboral.
“Su aplicación iniciará en una primera etapa en ocho estados de la República y Jalisco va para junio del 2022, cuando ya tendrán que estar funcionando las nuevas instituciones o instancias que son los centros de conciliación como órganos autónomos y los juzgados laborales que van a dependen de Poder Judicial”, indicó.
Cuando estos centros operen, la JLCA no recibirá más asuntos nuevos, pero tendrán que culminar con los casos pendientes.
Carlos Villaseñor, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, dijo que se tiene que resolver el rezago porque afecta tanto a trabajadores como a patrones.
“Afecta en ambos sentidos porque no se resuelven los problemas y de los dos lados se pierde, la justicia no es expedita y es lamentable que esto haya crecido”, concluyó.
CONFLICTOS DE TRABAJO
¿Qué es la JLCA?
Es el espacio donde se dirimen los conflictos obrero-patronales de naturaleza ordinaria y colectiva.
Está conformado de manera tripartita por un representante del Gobierno estatal, un portavoz de los patrones y una figura que defiende a los trabajadores. Está integrada por 17 juntas especiales.
Actualmente, 349 servidores públicos atienden este espacio, que brinda atención a cerca de mil usuarios al día.
Guillermo Benjamín Díaz Martínez, comentó que tan sólo en la zona sur de la entidad hay alrededor de dos mil 500 expedientes laborales y más del doble en Boca del Río.
El presidente de la Junta Local de Conciliación del Estado, Guillermo Benjamín Díaz Martínez, estimó que una vez que la reforma laboral entre en vigor a partir del año entrante tomará seis o siete años para que sean resueltos todos los asuntos de la entidad.
Comentó que tan sólo en la zona sur de la entidad hay alrededor de dos mil 500 expedientes laborales y más del doble en Boca del Río.
“Una vez que entren los juzgados se van a dejar de recibir expedientes y es un promedio de unos seis o siete años para terminar con todos los expedientes, tendremos que ir cerrando las juntas y al personal adscribiéndolo en otro lado para poder acabar con esto”, expresó.
En rueda de prensa, confirmó que a partir del 2021 iniciará el cierre de las juntas laborales para dar paso a los centros de conciliación.
Sin embargo, aclaró que el personal será reubicado o podrán participar en los concursos abiertos.
“El año que viene tenemos el cierre de manera paulatina de algunas de las juntas porque se van a ir extinguiendo hasta terminar los expedientes, entonces tenemos planeado cerrar algunas juntas que a lo mejor tengan menor trabajo como Pánuco, a lo mejor San Andrés, Ixtaczoquitlán, a lo mejor la de Coatzacoalcos se tenga que cerrar, esto para dar paso al nuevo Centro de Conciliación”, manifestó.
Díaz agregó que falta por modificar la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Por otro lado, reveló que durante la pandemia hubo por lo menos siete mil despidos de trabajadores, de los cuales unos cinco mil lograron un convenio a su favor y el resto demandaron.
Por la pandemia del Covid-19, la entidad se ha visto golpeada en materia de salud y en generación de empleos, ya que del mes de marzo a junio se reportaban alrededor de 22 mil empleos perdidos. Foto: José Luis Villafuerte /El Sudcaliforniano
El sector más vulnerable de la entidad en materia de desempleo fueron los jóvenes de 18 a 30 años.
La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- Tras la llegada de la pandemia sanitaria por Covid-19, Baja California Sur se ha visto seriamente golpeada en materia de salud, económica y en generación de empleos, ya que del mes de marzo a junio del 2020 se reportaban alrededor de 22 mil empleos formales perdidos, principalmente en los municipios de Los Cabos y La Paz, donde los jóvenes de 17 a 30 años, han sido el sector que refleja la mayor afectación de la entidad, en materia de desempleo, ya que esta parte de la población representa un 55 por ciento del 100 por ciento de los puestos laborales que existen en la entidad, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Gustavo Hernández Vela Kakogui.
Por su parte, el Secretario del Trabajo, manifestó que, el porcentaje que representan los jóvenes entre 18 a 29 años es muy extenso, incluso más del 50 por ciento de los empleos formales son ocupados por jóvenes, “el promedio de empleos que tenemos es importante, estaríamos hablando de un promedio de entre 25 a 45, 50 años, podríamos hablar, yo coincido con la secretaría en el sentido de los jóvenes; en Baja California Sur, un alto porcentaje de empleos es para jóvenes de 18 años e incluso de 17 a 29 e incluso 30, donde existe una empleabilidad importante; yo diría que un 55% es ocupado por los jóvenes, sin embargo, es un dato que tendríamos que checar con el IMSS”, dijo Gustavo Hernández Vela Kakogui.
El funcionario estatal, recalcó que los jóvenes son quienes ocupan un mayor porcentaje en ocupación de empleos en el estado, por lo que, que tienen más empleos a su cargo, sobre todo en materia turística, sector que fue más afectado por la pandemia sanitaria por Covid-19, “el tema de la pandemia fue un factor, pero los jóvenes son quienes ocupan mayor número de empleos en toda la entidad, tienen mayores cantidades de trabajo a su cargo, el flujo turístico es el que mueve en materia de producto interno bruto; eso mermó la actividad, muchos fueron suspendidos”, apuntó el secretario del Trabajo.
Cabe destacar que, el municipio que perdió más empleos fue el municipio de Los Cabos, seguidos de La Paz, posteriormente, Comondú, Loreto y Mulegé, sin embargo, Vela Kakogui, indicó que, espera que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contabilice la recuperación de más de 2 mil puestos laborales.
Finalmente, Gustavo Hernández, puntualizó que el golpe en materia de desempleo no solo afecto a los jóvenes, sino también a adultos de 50 años en adelante, pero no más que al grupo de 17 a 30 años, factor que también se dio a nivel nacional, según información dada a conocer por la secretaria Nacional del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.
Por: Karina Lizárraga | El Sudcaliforniano. 25/10/2020
Más de mil 400 mdp necesitará el poder Judicial para el 2021.
Si bien para este cierre de año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), requerirá de una ampliación presupuestal para hacer frente a los compromisos de pagos de jubilaciones que tiene, la Reforma Laboral que tendrá que implementarse en el 2021, significará aplicar recursos hasta por mil 400 millones de pesos para todo el Poder Judicial ya que se tendrán que contratar al menos 15 nuevos jueces y habilitar tres salas regionales que demandan de infraestructura básica para operar. El magistrado presidente del TSJ Rubén Jasso Díaz explicó que la puesta en marcha de los tribunales laborales, son un compromiso que se hizo por parte del estado para el próximo año, por lo que se espera sea en el mes de octubre o noviembre cuando se pongan en funcionamiento, lo que ha llevado a trabajar con el tema de la capacitación a todo el personal.
La nueva Reforma laboral implicará contratar más personal, es decir que dependerá del número de jueces que se autoricen que serían entre 10 y 15 los que se necesitarían para este fin, sumado a que se requerirá de infraestructura para la puesta en marcha de salas de juicio oral que forman parte de este esquema de trabajo, “Nosotros pedimos este año alrededor de mil 400 millones de pesos para el año 2021 donde ya se incluye el tema de la reforma laboral”, expuso. Aclaró que por ahora no se eliminarán las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, sino que éstas seguirán laborando hasta terminar todos sus asuntos para que el Poder Judicial pueda empezar de cero. Cabe destacar que ademas de los jueces, será necesario contratar a secretarios, actuarios y oficiales de sala. El magistrado informó que la próxima semana estarán en visita de trabajo en el Estado de México luego de que ellos ya van a implementar la nueva reforma laboral, a fin de que ello sirva de ejemplo de lo que se quiere implementar en el estado. Finalmente se dijo que por ahora se habla de habilitar tres salas las que estarían operando en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, respectivamente.
Carlos Aceves del Olmo, inauguró la primer Universidad Laboral de México.
Ante las condiciones de incertidumbre que ha traído consigo la pandemia del coronavirus, la Confederación de Trabajadores de México mantiene su función por incentivar un sindicalismo responsable ahora con la creación de la Universidad Laboral.
El Secretario General de la CTM, Don Carlos Aceves del Olmo, inauguró la primer Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arizpe en Coahuila con el fin de brindar educación y capacitación a los trabajadores.
El objetivo es impulsar la capacitación para que los trabajadores tengan un mejor futuro pero sobre todo formar nuevos cuadros de cara al reto de una economía globalizada y la digitalización.
Acercarse a la curva 4.0 con la creación UNILAM implica transformar la cultura laboral con una visión más amplia del mundo del trabajo, destacó el líder cetemista en Coahuila, Tereso Medina.
Destacó la importancia de impulsar un sindicalismo más humano, y de cercanía con la formación técnica, profesional y de ílideres que permitan ligar el sindicalismo con la competitidad que permitan ligar la productividad con el salario y por ende con una mejora calidad de vida de la base trabajadora.
En la Universidad Laboral se imparten licenciaturas, carreras técnicas y bachillerato que favorecerán el desarrollo profesional de los trabajadores.}
El Senado de la República hizo la declaratoria para que el 18 de noviembre inicien operaciones las nuevas autoridades para la solución de conflictos obrero-patronales a nivel federal y local en ocho estados.
El Senado de la República emitió esta semana la declaratoria para el arranque de operaciones del nuevo modelo de justicia del mundo del trabajo. Con este trámite inició oficialmente la cuenta regresiva para que el 18 de noviembre inicien sus funciones las nuevas autoridades laborales.
“La implementación del nuevo modelo de justicia laboral a nivel federal supone el inicio simultáneo de funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, en los estados de la República que se indican”, se establece en la declaratoria.
La primera etapa de implementación se llevará a cabo en Tabasco, Campeche, Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango e Hidalgo, en este último sólo entrarán en funciones las autoridades federales; es decir, quedará pendiente la creación de tribunales y centros de conciliación locales. En el resto de las entidades, los conflictos se resolverán ante las nuevas instancias y los contratos colectivos se depositarán en el Centro Federal.
El primer grupo se ha ido ajustando en cuanto a fechas y estados que lo integran. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se contemplaron 1,400 millones de pesos para la creación de las nuevas autoridades laborales en 10 estados y el inicio de sus funciones se tenía previsto para octubre.
Hasta hace unos meses, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral tenía contemplado en la primera fase a Baja California Sur, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas. Con el transcurso de los meses la lista se fue modificando, se incorporó a Campeche a la primera fase; Guanajuato, Tlaxcala y Baja California Sur se pospusieron para la segunda etapa de implementación, la cual iniciará en octubre del 2021 en 13 entidades.
El nuevo modelo de justicia laboral hace una apuesta importante en la conciliación. Esta etapa será un requisito prejudicial, lo que significa que, si no hay conciliación se podrá demandar ante los tribunales, pero para iniciar este proceso se tendrá que haber agotado dicha instancia.
Este peso que le da el nuevo modelo de justicia a la conciliación tienen como finalidad evitar la saturación de los tribunales y juicios tardados, como ocurre actualmente con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales desaparecerán en los primeros estados donde se implementará la primera etapa.
De acuerdo con Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que el nuevo modelo tenga éxito, se debe garantizar la conciliación de al menos 60% de los casos y que sólo 4 de cada 10 conflictos terminen en los tribunales.
Estado de México avanza
El Estado de México es la entidad más grande en la primera fase de implementación del nuevo esquema de justicia laboral. En esta demarcación se prevé la creación de 17 tribunales, iniciando en noviembre con siete, el próximo año con cinco y en el 2022 con los últimos cinco tribunales.
Los primeros tribunales se ubicarán en los lugares con mayor número de juicios, ubicados estratégicamente en Cuautitlán Izcalli, Toluca-Xonacatlán, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan, Texcoco, y Nezahualcóyotl.
Cada tribunal estará a cargo de un juez con su propia sala de audiencias oral, oficialía de partes, un área operativa, una de videograbación y de atención al público, e instalaciones sanitarias para servidores judiciales y el público.
Asimismo, se pretende la implementación de un sistema presencial y uno electrónico. Esto último, gracias a que la pandemia aceleró la implementación del juicio en línea en dicho estado en materias como penal, familiar y civil.
Ante el reto de que no sean los trabajadores y el pueblo en general quienes paguen por los efectos de la Covid-19, tanto en su salud como en la economía de sus familias, es importante resaltar los acuerdos y plan de acción alcanzados durante el Encuentro Nacional de Organizaciones Populares celebrado los días 26 y 27 de septiembre pasado, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y en el que se congregaron 54 organizaciones de 14 estados de la República.
Buena parte de los consensos alcanzados pueden resumirse en el posicionamiento: “Salud, Pan y Trabajo”, apoyado por la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), que plantean como demanda central la protección del salario y el empleo de toda la clase trabajadora en su conjunto; el control de precios a los productos de primera necesidad; la protección a los adultos mayores, sobre todo con una vejez libre de privaciones mediante el retorno al esquema solidario de pensiones.
Además de establecer el combate a la violencia machista en contra de las mujeres, la lucha contra el corporativismo sindical y la reorientación del gasto público para fortalecer al sector salud; sobre este último punto, la propuesta que se hace al gobierno federal es la definición de un paquete económico contingente que ponga en primer plano el fortalecimiento del sistema de salud público para enfrentar la propagación de la Covid-19, que si bien afecta a toda la población por igual, es a la clase trabajadora donde mayores estragos causa, pues no sólo sufre por el derrumbe de la actividad económica, sino además es el sector laboral más expuesto a contagiarse por la pandemia.
Las organizaciones participantes coincidieron que desde la esfera pública deben aplicarse medidas de apoyo económico a la población económicamente activa, tanto formal como informal, que les permitan conservar sus ingresos y empleos.
Hicieron hincapié en que la asignación de recursos al sector salud es inaplazable por la situación de vulnerabilidad que enfrenta luego de su desmantelamiento en más de dos décadas de gobiernos neoliberales, lo que no únicamente ha impedido una atención médica oportuna y de calidad a millones de mexicanos en estos momentos de contingencia sanitaria, sino además ha puesto en riesgo la salud y la vida del personal de este sector.
En tal sentido, las organizaciones hicieron un llamado a respaldar “la labor titánica” y heroica de las y los trabajadores de las diversas instituciones públicas de salud que ya se preparan a enfrentar la fase de contagio “exponencial” de la pandemia, como al principio de la misma, sin los equipos, materiales y protocolos necesarios.
En los momentos de crisis que se avecinan, es de resaltarse la imperiosa necesidad para apuntalar la tesis de Salud, Pan y Trabajo, impulsada desde las bases populares para concretar una verdadera reversión del modelo neoliberal, redoblando la lucha por la abrogación de las reformas estructurales del pasado sexenio en materia energética, de educación y laboral, para conformar una “nueva constituyente” que coadyuve a fundar un México justo, libre, democrático e igualitario.
Uno más de los acuerdos del Encuentro Nacional de Organizaciones Populares fue el rescatar la soberanía nacional, no sólo deteniendo el proceso de privatización del sector energético, sino yendo en pos de una renacionalización de las industrias eléctrica y petrolera, pugnando por detener el proceso de privatización y desmantelamiento de servicios públicos como el agua y la electricidad.
Otro de los ejes mediante los cuales deben articularse la defensa de la clase trabajadora, es sin duda el exigir respeto a la autonomía sindical y democracia interna de las organizaciones gremiales en base a la nueva Reforma Laboral, pues a la fecha hay muchos funcionarios que insisten en ir a contracorriente buscando proteger a un corporativismo decadente que lucha por conservar sus cotos de poder e influencia, siempre en contra de los intereses de los asalariados.
En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, se está exigiendo la entrega de la toma de nota luego de sus elecciones internas realizadas en un proceso democrático y transparente, a través del voto libre, directo y secreto de sus miembros, así como el respeto a su zona y materia de trabajo. En este sentido, las autoridades laborales no pueden evadir su responsabilidad, debiendo actuar en base a la ley para restablecer el estado de derecho que en materia laboral fue pisoteado por el peor secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Otro de los aspectos valorados es el atropello cometido en el actual periodo de emergencia sanitaria a los miles de trabajadores que perdieron su empleo, o fueron obligados a una sustancial rebaja en sus sueldos e, incluso, presionados para laborar en medio de la pandemia sin los protocolos básicos de higiene y seguridad para proteger su salud, como ha acontecido en las maquiladoras del norte del país, donde la actitud irresponsable y pro empresarial de sindicatos ligados a las centrales corporativas, ha costado decenas de vidas humanas
Uno de los puntos que mereció especial atención lo fue el problema del pago de los recibos de luz que más allá del discurso y compromiso oficial, se incrementaron durante el aislamiento de la sana distancia, impactando en los exiguos bolsillos de las familias de escasos recursos, muchas de las cuales sobreviven en la informalidad y, peor aún, algunos de sus miembros se quedaron sin empleo.
Por ello se reafirmó en la agenda de demandas inmediatas la exigencia a las autoridades del borrón y cuenta nueva para los miles de usuarios en huelga de pagos no sólo en la zona centro sino en todo el territorio nacional y que han sido defendidos por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), lucha que va aparejada con impulsar en el seno del Congreso de la Unión la iniciativa de ley que busca elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano; servicio en el que debe establecerse una tarifa social justa en favor de los que menos tienen, beneficio que debe hacerse extensivo al suministro de agua.
El aislamiento decretado como medida básica para evitar contagios en la actual contingencia sanitaria dejó bien claro que sin electricidad y sin agua todos los protocolos sanitarios y políticas públicas de contención a la Covid-19, sencillamente no pueden funcionar.
La agenda de demandas sociales acordada en el histórico encuentro no pasó por alto exigir también la solución de diversos conflictos laborales como las huelgas de Chapingo y de los obreros de la General Motors, entre otras; además, es perenne el reclamo de justicia a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace seis años y el alto a los feminicidios y las agresiones en contra de las mujeres que se están manifestando por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y a la interrupción legal del embarazo.
Los acuerdos alcanzados para enfrentar el brutal coletazo que traerá aparejada la pandemia, permitirán articular una estrategia rumbo a una Convención Nacional de Organizaciones Sociales y Populares que luche por los verdaderos intereses de las clases trabajadora, campesina y popular y haga realidad la tesis de ¡SALUD, PAN y TRABAJO!
Martín Esparza, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas 23/10/20
