El Poder Judicial prepara las Salas Laborales y las adecuaciones necesarias en los espacios
Mes: septiembre 2022
Más de 2,000 trabajadores de Saint Gobain se alistan para elegir sindicato y nuevo contrato colectivo de trabajo
Los dos sindicatos que se disputan la titularidad son: el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio, afiliado a la antigua Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y el Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos, de Saint Gobain México.
La empresa Saint Gobain en sus instalaciones de Cuautla, Morelos, donde surgió un nuevo movimiento sindical independiente, deberá otorgar todas las facilidades para que durante dos días los más de 2,000 trabajadores emitan su voto, libre, personal y directo para elegir representación sindical.
“La consulta se desahogará los días 28 y 29 de septiembre de 2022, a partir de las 12:00 horas hasta las 19:00 horas y de las 06:00 horas hasta las 14:00 horas, respectivamente”, informó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) que encabeza como director general Alfredo Domínguez Marrufo.
Cabe señalar que los dos sindicatos que se disputan la titularidad son: el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio, afiliado a la antigua Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) que encabeza Abel Domíguez; y el Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos, de Saint Gobain México que encabeza uno de los trabajador de la empresa, Joaquín Guzmán.
Este proceso se da luego de que se pidió a los trabajadores votar para legitimar el contrato colectivo de trabajo vigente, el cual fue rechazado por los trabajadores, “ya que no teniamos conocimiento del mismo”, comentaron trabajadores durante el proceso de votación el pasado mes de julio.
De acuerdo con el representante legal Pablo Franco, “es la oportunidad para que las personas trabajadoras al servicio de Saint Gobain México decidan de manera democrática a cual organización sindical darán su confianza para llevar a cabo la negociación del contrato colectivo de trabajo que la regirá durante los próximos años”.
Añadió que “la base obrera tiene en sus manos su destino. La disyuntiva es simple, un sindicato independiente surgido de las propias bases, para la defensa del interés de los obreros y obreras o un sindicato tradicional, patrocinado, impulsado, defendido y apoyado por una patronal que se resiste al cambio”.
En ese sentido, se pedirá a la autoridad laboral que “dé seguimiento estricto a la patronal en este proceso, pues existen numerosas evidencias de su falta de neutralidad. Conducta que es sancionable en términos de la Ley Federal del Trabajo”.
Cabe señalar que la semana pasada, el sindicato de la Confederación de Trabajadores y Campesinos inició una campaña con los trabajadores dando a conocer la fecha de votación, a pesar de que la autoridad laboral aún no la daba a conocer de manera oficial.
Por: María Del Pilar Martínez / El Economista
Trabajadores de Volkswagen aprueban el convenio contractual
Los trabajadores aceptaron el incremento salarial de 11% global, dividido 9% directo al salario y 2% en prestaciones; pero, a diferencias de las votaciones anteriores, en esta ocasión su aplicación se negoció para el mes de julio y no en agosto como estaba previsto.
Luego de tres consultas, la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (Sitiavw) logró la aprobación de la mayoría de los trabajadores en su revisión de contrato colectivo de trabajo.
Con ello, ya queda sin efecto el emplazamiento a huelga previsto para este 14 de septiembre de 2022; ello, gracias que participaron 6,571 trabajadores en las votaciones, en donde el “sí” ganó con 4118, mientras quienes no estaban de acuerdo sumaron 2,425; y hubo 282 boletas no autorizadas.
De esta manera, los trabajadores aceptaron el incremento salarial de 11% global, dividido 9% directo al salario y 2% en prestaciones; pero, a diferencias de las votaciones anteriores, en esta ocasión su aplicación se negoció para el mes de julio y no en agosto como estaba previsto.
Entrevistado al respecto, el apoderado legal de la empresa Volkswagen, Óscar de la Vega destacó que el largo proceso de negociación contractual “es el efecto de la reforma laboral, en donde el poder de decisión se trasladó a la base de trabajadores y ha sido un gran aprendizaje, tanto para el sindicato, la empresa y las autoridades, respecto a esta nueva forma en la que se debe llevar a cabo la negociación”.
Resaltó que “es un derecho de los trabajadores, pero deben hacerlo con responsabilidad para mantener la paz laboral; es importante que haya una realineación de las estrategias de negociación para aclarar a los trabajadores de revisión integral”.
De la Vega, quien estuvo durante todo el proceso de negociación, expuso que “a pesar de haber sido un convenio extraordinario en beneficio de los trabajadores, se puso a prueba todo el mecanismo, a pesar de haber trabajado con un sindicato auténtico y democrático”.
Añadió que la participación de la Comisión Revisora del Sindicato de VW contempla la participación de 50 trabajadores, todos electos democráticamente, “esto nos dimensiona el tamaño de la reforma; pues ésta es la primera revisión de tal magnitud y se debía conocer ya en pleno el funcionamiento de la reforma laboral”.
Por: María Pilar Martínez/ El Economista
Inactividad laboral, el pendiente en la recuperación del empleo en México: OCDE
Aunque el mercado de trabajo en nuestro país ha mejorado, las perspectivas son inciertas, pues quedan algunos retos, como revertir la inactividad laboral generada por la pandemia y atender los niveles de desempleo juvenil, advirtió la organización.
Si bien el mercado laboral en México reporta mejorías, aún no se puede cantar victoria. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que aunque nuestro país ha conseguido retornar a niveles de ocupación y de desempleo similares a los observados antes de la pandemia, aún quedan pendientes, el más grande de ellos es reincorporar a las personas que están desalentadas para buscar trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en julio de este año la población inactiva pero disponible para trabajar fue de 6 millones de personas, esto implica un aumento de casi medio millón de personas respecto de lo reportado en febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia en el país.
“El mercado laboral mexicano todavía tiene que absorber el aumento inicial de la inactividad, que se produjo en todos los países de la OCDE en 2020, cuando la pandemia desalentó la búsqueda activa de empleo. Por ejemplo, las tasas de inactividad en México se mantienen por encima de los niveles anteriores a la crisis en aproximadamente un punto porcentual”, advierte la organización en su informe Perspectivas del Empleo OCDE 2022.
La inactividad laboral en el país, detalló el organismo, afecta en mayor medida a los adultos mayores, especialmente a los que se ubican en el rango de 65 a 74 años, en buena medida esto se debe a los riesgos que representó la pandemia para la salud.
“Como los riesgos relacionados con el Covid-19 aumentan con la edad, muchos adultos mayores optaron por dejar de trabajar durante la pandemia. Como consecuencia de esto, la tasa de inactividad para el grupo de edad de 65 a 74 años se ha mantenido casi cuatro puntos porcentuales más alta en el cuarto trimestre de 2021 que en el cuarto trimestre de 2019”, destaca.
La inactividad laboral es la clasificación que se le da a las personas que quieren trabajar, pero no buscan empleo porque no consideran que lo encontrarán. A este grupo también se le conoce como desalentados, esto es porque han perdido las esperanzas en la búsqueda de oportunidades laborales.
En México, la población inactiva está representada en las personas que conforman el grupo de “disponibles” de la población no económicamente activa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los define como “personas de 12 y más años que no trabajaron ni tenían empleo y no buscaron activamente uno, por desaliento o porque piensan que no se los darían por la edad, porque no tienen estudios, etc.; pero estarían dispuestas a aceptar un trabajo si se les ofreciera, sin embargo, no buscan activamente uno”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que el impacto de la pandemia en el mercado laboral se tradujo en una “crisis de inactividad”, fenómeno que se ha observado en la mayoría de los países y lo que representa uno de los desafíos más grandes para las políticas públicas enfocadas en la reactivación.
“La recuperación de las horas trabajadas ha ido acompañada de un fuerte repunte del empleo en las economías avanzadas, ya con el regreso de la población al mercado laboral, mientras que en los países de ingreso mediano persiste el déficit de ocupación. Estas tendencias se reflejan en las variaciones de las tasas de inactividad en estos mercados laborales”, detalla el organismo en la novena edición del Observatorio de la OIT sobre el mundo del trabajo.
Empleo juvenil, el otro gran desafío
La población joven ha sido una de las más afectadas por el impacto de la pandemia en los mercados laborales, México no ha sido la excepción. De acuerdo con las perspectivas de la OCDE, parte de la lenta recuperación del empleo juvenil en México se explica por un incremento en la inactividad y una baja demanda de fuerza laboral joven.
“En línea con la mayoría de los países de la OCDE, donde el empleo juvenil aún no se había recuperado de la crisis del Covid-19, a inicios de 2022 México vio cómo el empleo de su población joven (15 a 24 años) se deterioraba ligeramente en comparación con los niveles previos a la crisis”, señala la organización.
En ese sentido, subraya, los contratos temporales han tenido poca influencia en la incorporación de jóvenes al mercado laboral en México. “La proporción de jóvenes con contratos temporales fue prácticamente la misma en el cuarto trimestre de 2021 y en el cuarto trimestre de 2019, lo que le resta peso a la preocupación de que las empresas hayan recurrido a contratos de trabajo a corto plazo para mitigar la incertidumbre financiera debida a la crisis”.
A nivel general, la OCDE destaca que los mercados laborales han tenido una recuperación desigual. Además de las afectaciones que dejó la pandemia en el mundo del trabajo, la organización subraya que “muchos países tienen la intención de utilizar sus planes de recuperación para promover la digitalización y la transición hacia una economía climáticamente neutra. Es probable que estas políticas aceleren nuevas transformaciones estructurales del mercado laboral que también podrían contribuir a aumentar los desajustes”.
Por: Gerardo Hernández / El Economista
Implementar el nuevo modelo de justicia laboral costará 10% más en 2023
La Secretaría del Trabajo solicitó para el próximo año una partida de 2,548 millones de pesos para las instituciones encargadas de operar los nuevos mecanismos de justicia y conciliación laboral surgidos a raíz de la reforma de 2019.
El presupuesto para la operación del nuevo modelo de justicia laboral tendrá el próximo año una inversión 10% superior a la autorizada para 2022, de acuerdo con el Paquete Económico 2023. Esto responde a una mayor asignación de recursos al subsidio que reciben las entidades federativas o la partida para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
La bolsa solicitada para este fin es de 2,548.1 millones de pesos, este presupuesto implica 259 millones más de lo asignado este año para la implementación de la tercera etapa del nuevo mecanismo de solución de conflictos entre empleadores y trabajadores.
Los recursos previstos para el subsidio a las entidades federativas, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) explican el 94% del crecimiento que tendrá el presupuesto solicitado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la operación del nuevo mecanismo ya en todo el territorio nacional.
El presupuesto solicitado, así como el incremento respecto de 2022, se distribuye de la siguiente manera:
- 861.7 millones de pesos para el Subsidio para las entidades federativas (+$150.4 millones)
- 788 millones de pesos para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (+$44.2 millones)
- 627.2 millones de pesos para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (+$50.2 millones)
- 226 millones de pesos para la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (+$11.7 millones)
- 45 millones de pesos para la Unidad de Funcionarios Conciliadores (+$2.6 millones)
La STPS detalló que la continuidad del subsidio para que los estados implementen el nuevo modelo de justicia laboral tiene como objetivo que “los Centros de Conciliación Laboral locales y de Tribunales Laborales locales, cuenten con recursos suficientes para llevar a cabo las funciones de conciliación prejudicial, así como la sustanciación de juicios laborales”.
En 2019 la reforma a la Ley Federal del Trabajo dio vida al nuevo mecanismo de solución de conflictos entre trabajadores y empleadores, con una apuesta importante en el proceso de conciliación para evitar que los nuevos tribunales laborales se saturen como ocurrió con las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Las nuevas reglas del juego prometieron una justicia pronta y expedita para la fuerza laboral.
En octubre de este año terminará la tercera etapa de implementación del nuevo modelo de justicia con 11 entidades federativas inaugurando sus centros de conciliación y tribunales laborales, De esta manera, el nuevo mecanismo operará a plenitud en todo el país.
La implementación del modelo ha tenido un costo cercano a 10,000 millones de pesos entre el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para crear las nuevas autoridades laborales y abatir el rezago de expedientes sin resolver en las juntas de conciliación. A esto hay que sumar los 320 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha aportado para que el mecanismo funcione.
“En esta transición, se continuarán realizando acciones para asesorar, orientar y representar a las personas trabajadoras que lo requieran, actividades que sigue y seguirá proporcionando en forma gratuita la Profedet que atiende a las personas trabajadoras, sus beneficiarios o sindicatos que lo soliciten, en cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas de trabajo y de seguridad social. Para lograr ese cambio en la justicia del trabajo, es indispensable resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano digno, los conflictos laborales de competencia federal que se susciten entre los factores de la producción”, señala la dependencia en su estratégica programática para 2023.
Más recursos para el Poder Judicial
Los tribunales laborales a cargo del Poder Judicial de la Federación cierran la pinza de la nueva justicia laboral, son la autoridad encargada de resolver los conflictos que no alcanzaron solución en la conciliación o los que por ley no deben agotar ese proceso.
A partir de la segunda fase de implementación, el Poder Judicial comenzó a absorber en su presupuesto la operación de los tribunales que se habían creado. Sin embargo, para el 2023 se prevé la apertura de 46 tribunales laborales federales adicionales, para los cuales se solicita la asignación de recursos por 573.4 millones de pesos.
“De conformidad con el análisis de la demanda de asuntos ingresados en los Tribunales de laCiudad de México, Jalisco y Nuevo León, se requerirá la instalación de Tribunales adicionales, para hacer frente a la demanda de dichas entidades. La instalación de los Tribunales Laborales requiere de la previsión de múltiples recursos para atender su mandato legal”, explica el Poder Judicial en su estrategia programática para 2023.
Para la tercera etapa de implementación, el Poder Judicial solicitó a la Cámara de Diputados una bolsa de 3,502 millones de pesos para la instalación de 77 tribunales laborales federales.
Por: Gerardo Hernández / El Economista
Casi 10 millones de personas trabajan como informales dentro de la formalidad
Una de cada tres personas que labora en empresas, negocios e instituciones de gobierno no tiene acceso a la seguridad social; pagan impuestos, pero no reciben las prestaciones laborales completas.
Más de 9.8 millones de personas que trabajan en una empresa formal o institución gubernamental en el país están en condiciones de informalidad laboral. Dicho de otra forma, las organizaciones públicas y privadas formales no han afiliado a la seguridad social a casi el 31% de su personal subordinado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Luis Munguía Corella, llamó la atención hace unos días sobre “un tema importante que deberíamos conocer más: El trabajo informal dentro de la formalidad. Mucho se habla de que la mitad de los trabajadores está en la informalidad, pero de estos, alrededor de un tercio trabaja en empresas formales (…) y paga el Impuesto sobre la Renta (ISR) cada mes al SAT, sólo que no tiene seguridad social porque su empresa no los registra en el IMSS”, explicó.
De acuerdo con los datos proporcionados por el funcionario en su cuenta de Twitter, entre 2018 e inicios de 2020, la proporción de informales en la formalidad fue de 32.5%, pero con la pandemia se disparó a 36 por ciento. Este comportamiento se ha moderado, pero se mantiene en niveles cercanos a 30 por ciento.
La información recopilada por la ENOE revela que empresas, negocios e instituciones públicas y privadas han dejado a tres de cada 10 de sus trabajadoras y trabajadores fuera del acceso directo a los servicios de salud, el ahorro para la vivienda y la jubilación, la protección para no quedarse sin empleo y sin ingresos ante un accidente, enfermedad o maternidad, entre otros derechos.
Los datos para el segundo trimestre de 2022 indican que 8.8 millones de personas laboran en la iniciativa privada sin seguridad social. En tanto, casi 1 millón más trabaja para gobiernos y otras instituciones al servicio del Estado en las mismas condiciones.
De cada 10 personas que trabajan en la formalidad en condiciones de informalidad cuatro son mujeres y seis son hombres. En las empresas, la mayor parte de la población trabajadora sin derechos laborales y sociales básicos es hombre (66%), mientras que en las instituciones del gobierno son las mujeres (54%) quienes están más vulneradas en ese sentido.
Con más de 5.6 millones de trabajadoras y trabajadores —el 57% del total— el sector terciario formal es el que más emplea en condiciones informales. Se trata de centros de trabajo dedicados al comercio, turismo, transporte, medios de comunicación y servicios varios. También incluye las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales.
En el sector primario trabajan más de 2.7 millones de personas en esta condición, o sea, el 28 por ciento. Y el 15% restante, más de 1.4 millones de personas, labora en el sector industrial.
“La informalidad es efecto, no es causa”, dice en entrevista Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del Observatorio del Trabajo Digno (OTD). Es resultado de la corrupción de empresas y autoridades que no respetan los derechos humanos laborales, es consecuencia de la subcontratación ilegal y también de un modelo en el que “la seguridad social está asociada sólo al empleo, y además al empleo formal”, explica.
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
Por: Blanca Juárez / El Economista
Sindicato de Volkswagen anuncia in extremis aplazamiento de fecha límite para huelga
Una huelga prevista para llevarse a cabo este 9 de septiembre en la planta principal en México de la automotriz alemana Volkswagen se movió al día 14 del mismo mes mientras la empresa y los representantes laborales continúan las negociaciones salariales, dijo el viernes el sindicato local.
Una huelga prevista para llevarse a cabo este 9 de septiembre en la planta principal en México de la automotriz alemana Volkswagen se movió al día 14 del mismo mes mientras la empresa y los representantes laborales continúan las negociaciones salariales, dijo este viernes el sindicato.
El Sindicato Independiente de Trabajadores Automotores (SITIAVW) había amenazado con iniciar un paro este viernes en la planta de Volkswagen en el estado de Puebla, que emplea a cerca de 7,000 trabajadores sindicalizados, si no se llegaba a un acuerdo con la empresa sobre los salarios.
El contrato en discusión estará vigente por dos años, con una nueva negociación sobre el pago en un año.
La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los trabajadores rechazaron en dos votaciones el mes pasado un acuerdo negociado por SITIAVW y la compañía para aumentar los sueldos un 9%, que habrían sido el incremento salarial más alto en un fabricante de automóviles en México en los últimos años.
Después de las votaciones, las autoridades laborales de México dijeron que el sindicato podría solicitar una extensión del plazo de huelga del viernes para continuar las conversaciones con la empresa.
La unidad mexicana de Volkswagen informó la semana pasada que estaba decepcionada por el hecho de que los trabajadores no aprobaron el acuerdo salarial del 9% y advirtió que el rechazo perjudicó a todas las partes.
Por: Reuters / El Economista
Aumenta 6.6% presupuesto para reforma laboral
La Secretaría del Trabajo ejercerá 2 mil 411 millones 194 mil 482 pesos para estos temas
En último tramo de la reforma laboral, el presupuesto para su implementación creció 6.6 por ciento en rubros como impartición y procuración de justicia, conciliación entre empleadores y sindicatos, entre otros rubros.
Según el Proyecto de Presupuesto para el 2023, la Secretaría del Trabajo ejercería 2 mil 411 millones 194 mil 482 pesos para estos temas, además del servicio de conciliación laboral y registros sindicales. En 2022 se destinaron para esta causa 2 mil 262 millones 186 mil 365 pesos.
Además de estos temas, la Secretaría del Trabajo también aportará 861 millones 737 mil 841 pesos en subsidios a las entidades federativas para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral.
Esto es 21 por ciento más que el subsidio aportado en 2022, que fue de 711 millones 292 mil 600 pesos.
Será en octubre cuando entre en operación la tercera fase de la reforma laboral con la incorporación de las 11 entidades que presentan los mayores índices de litigios en materia laboral. Entre ellos, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.
La Secretaría del Trabajo otorga subsidios a los estados que lo soliciten para construcción o rentas de inmuebles que serán las sedes de los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales.
Por: El Diario Mx
Fuente: https://diario.mx/nacional/aumenta-66-presupuesto-para-reforma-laboral-20220909-1970381.html
Sufren salarios contractuales retroceso de 3.43% en agosto
El poder adquisitivo de los trabajadores sufrió un nuevo tropiezo, pues en agosto el promedio real de los salarios contractuales disminuyó 3.43 por ciento en términos reales, la contracción más pronunciada en los últimos 17 meses, de acuerdo con estadísticas oficiales.
A pesar de que en julio se detuvo la tendencia negativa que han observado los salarios contractuales, el efecto positivo no se repitió en agosto debido al alto nivel inflacionario en el país.
En el periodo de referencia, el promedio nominal pactado en las negociaciones de la jurisdicción federal fue de 5 por ciento, pero al descontar el efecto de la inflación, el dato representó un retroceso de 3.43 por ciento, según datos divulgados por la Secretaríadel Trabajo y Previsión Social (STPS).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en agosto la inflación fue de 8.70 por ciento a tasa anual, monto que se ubica fuera del objetivo del Banco de México (BdeM), el cual es 3 por ciento con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.
El dato de agosto es el mayor retroceso que han observado los salarios contractuales en los últimos 17 meses, periodo en el que ha predominado un comportamiento negativo.
Sólo en marzo, mayo y julio de este año se registró un alza en el promedio real de los salarios contractuales de 0.97, 0.55 y 1.19 por ciento, respectivamente.
El comportamiento de los salarios contractuales se ha visto afectado por la inflación, la cual a su vez ha sido consecuencia de la contingencia sanitaria y de la guerra en Ucrania.
Antes, entre noviembre de 2018 y marzo de 2021 el poder adquisitivo de los trabajadores involucrados en las negociaciones contractuales se benefició a pesar de los efectos de la pandemia de covid-19.
No obstante, entre enero de 2017 y hasta igual mes del año siguiente el promedio de los salarios contractuales observaron retrocesos como consecuencia de la liberalización del precio de las gasolinas.
Con el dato de agosto, el promedio acumulado en lo que va del año se ubica en un descenso de 1.18 por ciento real, pues en términos nominales es de 6.5 por ciento.
En agosto se realizaron 271 revisiones salariales, en las que estuvieron involucrados 219 mil 29 trabajadores, el mayor número en lo que va del año.
En el sector privado se realizaron 265 revisiones en las que 62 mil 774 empleados obtuvieron en promedio un alza salarial de 7.4 por ciento en términos nominales, pero al descontar el efecto de la inflación se tradujo en un retroceso de 1.18 por ciento.
El sector público negoció 6 contratos que involucran a 156 mil 255 trabajadores, los cuales sólo obtuvieron en promedio nominal un alza de 4 por ciento, que en términos reales representó una contracción de 4.33 por ciento.
Trabajadores de la construcción fueron los menos beneficiados, pues obtuvieron un alza nominal de 3.4 por ciento, que se tradujo en un retroceso real de 4.87 por ciento./La Jornada
Por: El Pulso Laboral
Reforma de pensiones alivia hasta ahora el retiro de 20 mil trabajadores
La reforma al sistema de pensiones que entró en vigor el primer día de 2021 ayudó a que alrededor de 20 mil mexicanos que se iban a retirar del mercado laboral sin una pensión vitalicia lograrán obtener una, esto gracias a adecuaciones como la disminución de las semanas de cotización, revela el cuarto Informe de gobierno.
La reforma a la ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro estableció una reducción de mil 250 a 750 semanas de cotización como requisito para alcanzar una pensión garantizada, esto debido a que muy pocos mexicanos podrían acceder a una pensión debido a la alta rotación entre el mercado formal e informal.
Como resultado de dichas reformas, de septiembre a diciembre de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió 8 mil 806 nuevas pensiones garantizadas, cuyo monto promedio mensual fue de 4 mil 832 pesos, lo cual representó un incremento de 46.9 por ciento respecto del valor promedio de la pensión garantizada en 2020.
En tanto, de enero a junio de 2022 se otorgaron 12 mil 595 pensiones garantizadas, de las cuales en 11 mil 582 casos (91.9 por ciento) son trabajadores que fueron beneficiados por la reforma, al tener menos de mil 250 semanas de cotización. El monto promedio mensual de la pensión garantizada en 2022 fue de 5 mil 206 pesos, lo cual mostró un incremento real anual de 2.6 por ciento.
Al cierre del primer semestre de 2022, los recursos registrados en el SAR ascendieron a 6 billones 883 mil 892 millones de pesos.
Las administradoras de fondos para el retiro (Afore) controlaron directamente 4 billones 966 mil 115 millones de pesos. Estos recursos se manejaron mediante 71 millones 410 mil 308 cuentas individuales.
Según el informe, en junio de 2022 la cartera de los recursos administrados por las Afore se encontraba invertida en los siguientes instrumentos: renta variable nacional, 6.6 por ciento; renta variable internacional, 12.5; mercancías, 0.6; deuda privada nacional, 15.4; instrumentos estructurados, 7.8; Fibras, 2.6; deuda internacional, 0.9; valores gubernamentales, 50.8, y otros activos, 2.8 por ciento.
Tope a comisiones Como parte de la reforma, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro determinó que las Afore deberían cobrar una comisión promedio de 0.56 por ciento para 2022, lo cual significa una reducción respecto de la comisión cobrada en 2021 de 0.81 por ciento y de la de 2018 de 1.01 por ciento.
Lo anterior, dice el informe, muestra un aumento aproximado de 6 por ciento en la tasa de remplazo a largo plazo, es decir, en el monto de la pensión mensual, con lo cual se verán beneficiados los trabajadores.
Por otro lado, destaca que uno de los efectos de la pandemia de covid-19 se reflejó en las minusvalías en los fondos de pensiones, tanto en América Latina como en el resto del mundo, situación que se torna más vulnerable ante el contexto de la economía global por las repercusiones del conflicto entre Rusia y Ucrania.
“Sin embargo, se espera que a mediano plazo y gracias al régimen de inversión de las Afore, México revierta en su totalidad las minusvalías generadas, tal y como ha sucedido en otros años con volatilidad en los mercados”. / La Jornada
Por: El Pulso Laboral