Treinta y cinco extrabajadoras de intendencia exigieron al Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México reconocer la relación laboral que mantuvieron hasta 2016, cuando fueron despedidas injustificadamente. Sus protestas dieron resultados, pues recientemente la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA) local ordenó a la institución basificarlas.
Aunque la sentencia significa un parteaguas contra la subcontratación, a Guadalupe Carrasco, una de las mujeres que encabezó la lucha por justicia, como a sus compañeras, les preocupa las condiciones en las que serían reinstaladas, ya que otras denuncias por salarios precarios y la carga de trabajo continúan en los planteles.
Las mujeres y un extrabajador demandaron al IEMS en enero de 2016, cuando dejaron de recibir sus pagos argumentando que “nunca las contrató”, pese a que algunas tenían hasta 15 años trabajando directamente para la institución educativa en los planteles de Iztapalapa 2, los dos de la delegación Gustavo A. Madero, en el de Coyoacán y Tlalpan 1, esto durante el periodo que Ulises Lara, actual vocero de la Fiscalía capitalina, dirigió la institución.
Aunque en febrero de 2021 la JLCyA absolvió al instituto de la responsabilidad de reinstalar a las trabajadoras, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo les concedió un amparo, lo que obligó a la Junta local un nuevo laudo donde ordenó al IEMS reconocer la relación laboral y “resolver lo que proceda sobre las prestaciones reclamadas”.
Como el caso ya fue analizado en un Tribunal Colegiado, la sentencia es firme, es decir, el instituto no puede promover recursos en contra y debe cumplir el fallo al contratar de manera fija a las personas que demandaron, registrarlas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pagarles los salarios caídos, el pago de vacaciones y aguinaldos.
Guadalupe Carrasco Carrasco celebró el fallo y dijo tener esperanza de que ayude a mejorar las condiciones laborales de las personas que laboran en el IEMS, en la limpieza tanto como en la parte académica. Ella y sus compañeras han seguido de cerca las exigencias de otras y otros trabajadores del instituto quienes se han acercado a ellas porque en los últimos seis años, a la par del juicio, realizaron protestas e instalaron un plantón afuera del plantel de Iztapalapa 2 para exigir justicia.
Carrasco Carrasco trabajó durante nueve años en ese plantel, ganaba mil 250 pesos quincenales, además del salario precario se enfrentó a violaciones a sus derechos como el retraso en sus pagos y tener que exponerse a limpiar sin el equipo necesario para garantizar su seguridad, eso las llevó a organizarse previo al 2016 para exigir sus derechos, razón por la que autoridades del IEMS las relegaba. El panorama no ha cambiado desde que fue despedida.
“Antes había al menos 19 turnos [de trabajadores de intendencia] por plantel, a lo mejor había dos o tres que doblaban turno, pero hoy sabemos que sólo hay nueve personas por plantel, las están violentando, las están explotando. Se supone que deberíamos estar mejor”, lamentó al recordar que las trabajadoras despedidas denunciaron desde antes de 2016 violaciones a sus derechos como la sobrecarga de trabajo.
A la mujer también le preocupa las condiciones económicas en las que regresarán, pues al igual que las trabajadoras de intendencia, las y los docentes reciben salarios bajos. Como ejemplo mencionó el caso de una profesora de la modalidad semiescolar, quien recientemente ganó un laudo contra el IEMS para ser contratada.
“Su salario es de 2 mil 500 pesos quincenales con un horario me parece que de 48 horas semanales. ¿En qué condiciones vamos a regresar nosotras si ellos toman eso como base [de un trabajo digno]?”, de igual forma, recordó que aún con su caso como antecedente, en marzo de 2021 una nueva ola de despidos llevó a trabajadoras de intendencia del IEMS a instalar un plantón que duró tres meses, sin obtener respuestas.
Guadalupe Carrasco también resaltó que ahora deberán negociar con el IEMS las condiciones en las que serán reinstaladas, pues entre las mujeres despedidas hay algunas de la tercera edad y otras que, como ella, ahora sufren las secuelas de laborar durante años sin atender su salud por no tener acceso a este derecho.
“Hay enfermas, compañeras ya grandes que están perdiendo la vista, otras que nunca nos atendimos y hoy estamos viviendo el dolor de huesos, de manos, de rodillas, de espalda. Todo eso tenemos que verlo porque algunas compañeras ya no pueden trabajar como lo hacían antes, tendrían que estar en lugares donde no se vea más afectada su salud. Se trata de regresar, pero en buenas condiciones. Nos gustaría que nos incluyeran en el contrato colectivo del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SITIEMS), sabemos que es complicado, pero ese sería otro paso”, expuso.
Porfirio Martínez González, el abogado de las trabajadoras, también alertó que prevén retrasos para que el IEMS cumpla con la sentencia, pues aunque personal de la dirección no lo ha contactado de manera formal después de la resolución, denunció que personal cercano a la dirección del instituto –con quienes tiene relación porque también representa a otros trabajadores con juicios pendientes–, le han dicho “parece que hay disposición de resolver los demás conflictos, menos el de las trabajadores de intendencia, es decir, todavía hay ese ánimo de estar confrontando y de negarles derechos”.
El abogado explicó que pese a ello buscarán dialogar, pues aún falta que el Presidente de la Sala Especial 16 de la JLCyA emita la orden para comisionar a un actuario que acuda al IEMS y exija el cumplimiento de la sentencia de manera formal. SinEmbargo cuestionó a la Unidad Departamental de Enlace y Comunicación del instituto su postura sobre el tema y si ya están preparando la ruta que seguirán para cumplir con el laudo, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Martínez González recordó que desde el inicio del caso, tanto autoridades del IEMS como del Gobierno de la Ciudad de México han mostrado resistencia para atender las demandas de las trabajadoras, pues reconoce que van en contra del sistema de subcontratación que se legalizó en México en 2012, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta 2019, 4 millones 685 mil 356 laboraban en este esquema, de acuerdo con los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2021, legisladores aprobaron una reforma laboral enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar el llamado outsourcing, desde entonces la subcontratación de personal sólo se permite para servicios especializados. Datos del Banco de Indicadores del Inegi muestran que hasta septiembre de este año el índice global de trabajadores ocupados bajo este esquema fue de -41.2 por ciento comparado con el año anterior.
El abogado Porfirio Martínez también apuntó a la discriminación como otro factor clave para explicar la falta de atención al caso de las trabajadoras de intendencia.
“En estos años hemos visto una actitud de menosprecio de varios funcionarios, como no son ni académicos, ni administrativos, sino son los que limpian, sí vemos una cuestión de desprecio”, lamentó. Esto lo confirma Guadalupe al criticar el trato de autoridades del IEMS desde que fueron despedidas.
“Su actitud siempre fue negarnos y reírse de nosotras, decirnos: ‘Nosotros no somos su patrón, vayan y reclamenle a la empresa’. En las testimoniales, en las audiencias, nos decían: ‘Yo no las conozco’. Los jefes de departamento nos desconocían, pero les limpiábamos las oficinas, bien que les limpiábamos las sillas donde ellos se sentaban”.
La extrabajadora de intendencia recordó que a ello se suman las agresiones que sufrieron en el plantón frente al plantel del IEMS en Iztapalapa. “Siempre sufrimos de acoso, que nos tiraran la carpa o se hicieran del baño en los utensilios que sabían que utilizábamos para vender cosas. Aun así nosotras teníamos un objetivo claro, no sólo por nosotras, también de manera colectiva: demostrar que el outsourcing o subcontratación es un esquema que lo han utilizado para conveniencia las empresas y las instituciones”, mencionó.
Aunque el IEMS argumentó que empresas como Roc S.A de C.V (Roc Man) tenían empleadas a las trabajadoras, ellas demostraron que sólo les entregaban uniformes nuevos cada cierto tiempo. Algunas no firmaban contratos directamente con las empresas, otras fueron obligadas a hacerlo con la amenaza de perder sus empleos, pero cuando trataban de acudir a las oficinas de estas empresas, se dieron cuenta que las direcciones eran incorrectas.
“Nosotras trabajamos siempre para el instituto y lo pudimos comprobar, por ejemplo, con certificados que el IEMS nos daba cuando participábamos en algún evento apoyando regando la vegetación o cuidar los jardines, los mismos directores nos daban omo un reconocimiento donde venía el nombre del plantel, eso nos ayudó mucho. Nuestra fuerza de trabajo era para las instalaciones del instituto, no para una empresa, eso es por lo que ha generado este esquema de subcontratación, una simulación laboral donde una institución de gobierno o empresas privadas ocupan la mano de obra barata, explotada de la gente más vulnerable para deslindarse de la responsabilidad que realmente tienen con los trabajadores”, dijo Guadalupe Carrasco.
Pese a la denuncia de estas mujeres, hasta el 2019 la empresa Roc S.A.de C.V ganó 3 millones 651 mil 342 pesos por 27 contratos con dependencias del Estado, 23 de ellos por adjudicación directa. Para 2018 todavía proveía servicios a instancias como Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Institución pública Secretaría De Finanzas y Administración (Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios), de acuerdo con un análisis del portal quienesquien.wiki elaborado por la organización Poder.
El abogado Martínez González insistió en que el caso de las extrabajadoras de intendencia del IEMS ya marca un precedente porque si personal de instituciones o empresas privadas labora a través del outsourcing, si tiene elementos para demostrar que su trabajo era exclusivamente con sus patrones, ahora tendrán más posibilidades de ganar un juicio usando este caso como ejemplo.
“El Poder Judicial de la Federación estableció un criterio de cómo se deben valorar las pruebas de trabajadoras y trabajadores sujetos a este régimen de outsourcing”, dijo.
Guadalupe Carrasco califica la resolución del juicio contra el IEMS como un logro, pues “aunque todo el mundo nos decía que estábamos levantándonos contra un monstruo, contra el outsourcing, ganamos. Ahora más personas tienen cómo defenderse”.
