Cierran Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje sus puertas al público el 30 de septiembre.
El Portal de Texcoco 27/08/2020
Lleva Edoméx avance de más de 50 por ciento en la modificación de estatutos de los sindicatos. • Podrán empresas contar con sus propios conciliadores para la solución de conflictos laborales.
Toluca, Estado de México, 27 de agosto de 2020. La actuación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia, a fin de procurar un equilibrio entre trabajadores y patrones, expresó la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón.
Al participar en la sesión mensual virtual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del Estado de México Oriente, que preside Mauricio Núñez Avendaño, y donde estuvo acompañada por Julio César Vanegas Guzmán, Director del Centro de Conciliación Laboral de la entidad, la funcionaria informó sobre los avances en la implementación de la Reforma Laboral en el Edoméx.
Indicó que la entrada en funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral el próximo 1 de octubre, lleva aparejado que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje estén cerrando sus puertas al público el 30 de septiembre.
En ese sentido, precisó que los conflictos que se reciban antes de la fecha de cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se continuarán ventilando en dichas instancias, sin embargo ya no van a recibir nuevos asuntos, ahora será el Centro de Conciliación, la instancia prejudicial que estará dirimiendo los distintos conflictos laborales que surjan en el seno de las empresas, antes de pasar a los Tribunales Laborales del Poder Judicial.
La Secretaria del Trabajo señaló que otro de los ejes de la Reforma Laboral tiene que ver con los sindicatos, quienes ahora deben ser más cercanos al sentir de sus agremiados y que verdaderamente cumplan con su función de representación y defensa de los intereses de los trabajadores.
’Los trabajadores van a ser consultados sobre el agrado de su representación sindical o ratificando el Contrato Colectivo de Trabajo y entonces los líderes deberán tener una mayor cercanía, además deberá adecuar sus estatutos para dar paso a la democracia sindical, que en el Estado de México ya se lleva un avance de más de 50 por ciento en este tema’, indicó.
Finalmente, en el rubro de capacitación, González Calderón dijo que además de certificar a los futuros conciliadores del Centro de Conciliación Laboral, la reforma va a permitir establecer centros de conciliación privados, de manera que empresas o cámaras empresariales se puedan estar adentrando en el ejercicio de la conciliación.
’Para lograr certificar a los futuros conciliadores se construyó, en coordinación con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) del Gobierno federal, el Estándar de Competencia Laboral 1250 ’Conciliación para la Solución de Conflictos en Materia Laboral’, con el que las empresas pueden solucionar sus propios conflictos laborales’, informó.
° La Junta mantiene una guardia con el 30% del personal
Con el 30% de su personal laborando durante la emergencia sanitaria, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCA) emitió el 90% de 10,000 laudos (sentencias) y acuerdos que estaban pendientes de resoluciòn.
Por ahora las audiencias y los términos procesales permanecen suspendidos.
A través de guardias la Junta ha llevado a cabo 5,668 convenios, de los cuales 4,423 han sido fuera de juicio y 1,245 dentro de juicio.
«Derivado de esto, certificamos la entrega de 703 millones de pesos en favor de los trabajadores que han tenido la necesidad de acudir a estas instalaciones y a quienes se les ha brindado la atención. Se trata de una cantidad que en tiempos normales podría pagarse en todo un año», indicó el presidente de la JLCA, Víctor Martínez Corona.
Por la epidemia, la JLCA ha debido buscar mecanismos para trabajar a distancia.
A través de videollamadas entre patrones y trabajadores se sumaron 1,391 convenios. Asimismo, el tribunal local recibió a la fecha 7,947 demandas de forma remota, a través del Sistema de Recepción de Demandas (Sirede), una plataforma digital puesta en marcha a inicios de junio.
Siempre que un sindicato habla de lo que ganó en una negociación contractual, les pregunto si podemos hablar de una victoria en la lucha por mejorar sus condiciones de trabajo, o por el contrario, si debemos hablar solo de una actualización de sus ingresos directos e indirectos en función del índice inflacionario; creo que en la mayoría de los casos estamos en el segundo supuesto, no hay victoria en la lucha de los trabajadores, solo una actualización en los ingresos que cada vez se refleja menos en el salario directo.
El fenómeno no es privativo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo -STUACh-, es una constante del mundo sindical, prácticamente todas las organizaciones están metidas en esa dinámica y peor aún, existe una indefinición mayor en muchos otros temas importantes, de la discusión ni hablar, la mayoría de las asambleas ahora versan en la exigencia de rendición de cuentas y su respectiva oposición de sus dirigencias.
Seguramente el 80% de trabajadores afiliados a un sindicato dirán que el objetivo de ellos es la defensa de los derechos de los trabajadores, una idea imprecisa y además romántica, imprecisa porque habla parcialmente del objetivo histórico que se ha reservado a estas agrupaciones y romántica porque ni si quiera tienen definido a qué se refieren cuando hablan de “defensa”, para muestra un botón, no es lo mismo defender la asignación igualitaria a todos los trabajadores y trabajadoras de tiempo extraordinario, que defender a un trabajador o trabajadora que fue descubierta en estado de ebriedad en horas de trabajo o peor, robando algo del centro de trabajo, si la finalidad de un sindicato es defender lo indefendible, creo que valdría la pena primero definir ¿qué entra en lo indefendible y qué no?
No existe desde hace muchos años una política sindical, el efecto de las famosas reformas estructurales en el mundo del trabajo lo deja de manifiesto; empezando con la reforma laboral de Calderon que entró en vigor el primer día de gobierno de Peña Nieto, en la que se atentó contra los derechos individuales de los trabajadores y siguiendo con la reforma laboral de López Obrador, que hizo una calca en la Ley Federal del Trabajo de lo que se estableció en el T-MEC en materia laboral, en la que se atentó en contra de los derechos colectivos de los trabajadores, lo cierto es que los sindicatos, las federaciones y confederaciones, no han tenido una estrategia medianamente clara para enfrentar los efectos de estos cambios en el mundo del trabajo.
Lo peor del asunto es que los sindicatos no saben qué está pasando y como diría Noam Chomsky, ni quiera saben qué no lo saben. Ante la embestida que la mano de obra está sufriendo desde el actual gobierno, muchos sindicatos han creído que la estrategia para sobrevivir es afiliarse a la confederación que encabeza Pedro Haces Barba o a la que creó el nuevo prócer de la democracia sindical Napoleón Gómez Urrutia; los que han optado por no acercarse a esos nuevos centro de poder, creen que enconcharse en su fuerza tradicional los llevará al final del túnel, ambas medidas un grave error, ninguna de ellas apuesta por la formación y la organización de sus bases, de ahí que no sean capaces ni se garantizr su participación en una manifestación multitudinaria.
¿Cómo han llegado los sindicatos a estos niveles de desorganización?. Cómo lo explica Ortega y Gasset en la Rebelión de las masas, la visión generalizada que tiene la sociedad alcanzó a las filas de los sindicatos, sus integrantes, pero sobre todo sus dirigentes, piensan que no existe nada intermedio entre el fenómeno y la acción, priorizan las acciones violentas y reaccionarias, es decir, no hay lugar para la teoría y la discusión, y si no hay lugar para buscar explicaciones tentativas a fenómenos de la realidad inmediata, mucho menos hay espacio para tratar de definir un proyecto que piense en las futuras generaciones.
Si hablamos del fracaso del STUACh en el proceso que intentaron para defender sus intereses, lo señalamos primero porque no fueron capaces de prever ningún cambio del escenario mundial, particularmente lo relativo a la pandemia y porque cuando menos por tercera vez, la inmediatez los llevo a estar a punto de romper ellos mismos su proceso de huelga, con lo que se hubiera fracturado muy seguramente unos de los pocos sindicatos fuertes que aun existen, una debilidad que el gobierno ya detectó y que puede utilizar como la puerta de entrada a la liquidación de la Universidad.
¿Existe un sindicato que tenga claro a dónde va?, creo que no, no existe en este momento alguna organización que este preocupada de discutir muchos elementos necesarios para su programa de acción, creen que saliendo a las calles a marchas y plantones hacen mucho, no se han dado cuenta que ni aunque lograran derrocar a este gobierno u otro, lograrían un cambio real en la política laboral.
La organización recomienda atender la fragmentación del sistema, la pensión universal y la baja densidad de cotización
El proyecto de reforma en pensiones que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador junto con el sector privado va por buen camino, pues al aumentar las aportaciones de 6.5 a 15%, se incrementará la pensión de millones de trabajadores, indicó Pablo Antolín, economista principal de la unidad de pensiones privadas y asuntos financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Nosotros le damos la bienvenida a esta medida de subir la contribución total; nos parece el camino adecuado y que sean los empleadores (los que asuman el aumento). En todo sistema de jubilación deben participar las tres partes: el individuo, el empleador y el Estado”, dijo en entrevista con El Economista.
Uno de los aspectos que destacó es la reducción de semanas de cotización de 1,250 a 750 para que más personas puedan tener acceso, al menos, a la pensión mínima garantizada, la cual será en promedio de 4,345 pesos, si se aprueba la reforma.
“Ese era uno de los aspectos que destacamos en el estudio que hicimos para México hace cinco años, si no se contribuía un número determinado (de semanas) no tenías derecho a una pensión, lo cual no es correcto. Entonces, la reforma va en línea con lo que lanzamos en el estudio”.
De acuerdo con el estudio de la OCDE, con las contribuciones que actualmente se hacen para el ahorro del retiro de 6.5%, los trabajadores tendrán una pensión que representa apenas 26% de su último salario. “Se puede lograr una tasa de reemplazo de 50% con una probabilidad de 75 a 90%, aportando en promedio de 13 a 18% durante 40 años”.
Otro aspecto que recomienda atender la OCDE es la fragmentación del sistema de pensiones (conformado por 3,000 regímenes); la pensión universal y la baja densidad de cotización, que se refiere al tiempo que una persona cotiza al sistema por estar en el mercado formal laboral.
Siempre habrá un costo laboral
Con respecto a si el proyecto de reforma podría generar un efecto adverso sobre el empleo formal y los salarios de los trabajadores por el aumento del costo laboral que asumirán las empresas, Antolín consideró que debe existir un equilibrio entre lo que aporta la empresa y el trabajador.
“Ayudar a los trabajadores a ahorrar para su jubilación siempre va a implicar un aumento del costo laboral sin lugar a dudas. Pero si se piensa en un costo de cero, entonces tampoco habría un sistema de jubilación. Hay que mantener el equilibrio en las aportaciones”.
Para evitar que las empresas realicen malas prácticas como no registrar salarios reales ante el IMSS, se debe contar con una mayor supervisión de las autoridades correspondientes, comentó el representante de la OCDE.
En el caso de los trabajadores independientes, Antolín mencionó que no es un reto sólo de México, sino de todos los sistemas de pensiones en el mundo, pues cada vez están surgiendo nuevas formas de trabajo como las que ofrecen las plataformas digitales de transporte y entretenimiento.
Fondos de pensiones no resolverán todos los problemas
Para el representante de la OCDE, las reformas y propuestas que han surgido en diversos países de América Latina para que los trabajadores puedan disponer de sus fondos de pensiones para paliar la crisis generada por el Covid-19, no es la mejor idea.
“Los sistemas de pensiones no están para resolver todos los problemas (…) en el caso de una pandemia como la que vivimos, es el Estado el que tiene que ayudar a los trabajadores que sufren desempleo y reducción de sus ingresos”.
En el caso de Chile, donde se aprobó sacar 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones, criticó el hecho de que el retiro lo puede hacer cualquier persona y sin ningún pago de impuesto. “Quizá ayude a quienes perdieron sus ingresos en el corto plazo, pero en el largo plazo no habrá recursos para financiar la pensión”.
Ciudad Victoria Tamaulipas.- Ya vence el plazo para que que los sindicatos adecuen en tiempo y forma sus estatutos, de acuerdo a los lineamientos marcados por la Reforma Laboral.
Miguel Ángel Villarreal Ongay, Secretario del Trabajo, explica que la dependencia a su cargo, está trabajado junto con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que se cumplan los puntos resolutivos de la Reforma, encaminados a la libertad sindical y de asociación, igualdad de género, transparencia sindical, trabajo decente, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso y del trabajo infantil.
Señala que a raíz de la aprobación de la Reforma Laboral en el 2019, cada uno de los gremios debe modificar sus reglamentos y cumplir con los criterios marcados en materia de democracia sindical y negociación colectiva.
Dice que derivado al periodo de suspensión del servicio al público y abogados en las dependencias, junto con la autoridad federal, se dispuso un acuerdo para ampliar los términos de modificación a los estatutos de cada sindicato.
“Previo a la conclusión de los términos, se basa en cumplir y generar un sentido de responsabilidad, que se resume en llamar a los sindicatos a que se apeguen a los nuevos cambios”.
Argumentó que dichas modalidades, contribuyen a que el trabajador tenga la certeza de quién lo representa y cuida de sus intereses, pero sobre todo, proporcione una garantía en el respeto a sus derechos laborales.
Agrega que Tamaulipas contribuye con el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, encargado de marcar los lineamientos y exigencias derivadas a las nuevas disposiciones laborales.
El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia informó que luego de un juicio que se prolongó por más de 12 años en contra del Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Baillères, logró el fallo a su favor, resolución que calificó como histórica en materia de justicia laboral.
El laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo reconoce como trabajador de Minera Mexicana la Ciénega, propiedad de Peñoles, y obliga a la empresa al pago de salarios caídos desde el primero de enero de 2008, cuando fue dado de baja, dentro de la campaña que el gobierno de Felipe Calderón puso en marcha para destruir al Sindicato Minero.
En conferencia de prensa, expuso que Minera Mexicana la Ciénega deberá pagarle poco más de un millón de pesos por salarios caídos, cantidad que donará al Sindicato Minero, que él encabeza, a fin de que se destine a un fondo para los trabajadores de ese organismo.
Acompañado por miembros del Comite Ejecutivo del Sindicato Minero y sus abogados, el senador Gómez Urrutia resaltó que su caso es un ejemplo de cómo la impartición de justicia para los trabajadores se mantuvo prácticamente secuestrada en los gobiernos del PRI y del PAN por los grandes empresarios del sector minero.
Los abogados Carlos de Buen, Óscar Alzaga y Nahir Velasco precisaron que ese juicio debió resolverse en dos meses, pero se prolongó por más de una década, ya que la empresa acudió a todo tipo de maniobras y chicanadas –entre ellas, sostener que era falsa la firma de Gómez Urrutia en su contrato laboral–, todo ello con el aval de las autoridades del Trabajo, lo que los obligó a presentar cinco amparos y otros muchos recursos.
El senador Gómez Urrutia detalló que el 24 de enero de 1994 comenzó a laborar en Minera Mexicana la Ciénega, tiempo después fue nombrado delegado sindical y posteriormente, en octubre de 2001, fue electo secretario general del Sindicato Nacional Minero.
Sin embargo, después del accidente de Pasta de Conchos y de la embestida del gobierno de Felipe Calderón en contra del Sindicato Minero, la empresa de Baillères lo dio de baja.
Ello, como parte de la estrategia del entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, para negar la toma de nota al Sindicato Minero, bajo el argumento de que Gómez Urrutia ya no era trabajador en activo.
Ahí comenzó un largo litigio, explicó, que finalmente ayer concluyó con la resolución en su favor. Celebró ese triunfo jurídico, ya que es un precedente importante en la lucha por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Durante la conferencia de prensa, lamentó el fallecimiento, un día antes, de Sergio Tolano, dirigente de la Sección 25 del Sindicato Minero, quien luchó junto con los trabajadores de Cananea y resistió los embates de Grupo México en la huelga que mantienen desde hace 13 años.
El senador Gómez Urrutia resaltó que Larrea no ha respondido al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de sentarse a dialogar para resolver esa huelga, así como las de Taxco y Sombrerete, en Zacatecas.
A pesar de los avances en equidad de género, aún persiste la desigualdad y altos niveles de violencia hacia las mujeres en México, establece la ONU
Como cada año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, presentó su informe anual de resultados 2019 donde destacan avances significativos en materia de equidad de género en México; sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer.
Este 26 de agosto, de manera virtual, ONU Mujeres compartió los avances que se han tenido en el país en diferentes ámbitos y cómo el rol de la mujer ha cobrado más relevancia al paso de los años, para lograr un México más equitativo y con ayuda de esfuerzos importantes por parte de instituciones y organizaciones.
Equidad de género en México
Participación política
El informe de ONU Mujeres 2019 establece que con la reforma constitucional sobre la paridad de género aprobada en junio del año pasado, México es el primer país de Latinoamérica en garantizar que la mitad de los cargos en los tres niveles de gobierno y poderes de la Unión y organismos autónomos sean ocupados por mujeres.
México ocupa el 5º lugar en el Ranking Mundial de Mujeres en el Parlamento con 48.2 por ciento en la cámara de diputados y 49.2 en el Senado.
Política y estadística
El Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024 incorpora la perspectiva de género como principio recto y la no discriminación y exclusión por razones de género.
El presupuesto público para la igualdad entre hombres y mujeres en 2020 incrementó en 60 por ciento; sin embargo, el 71 por ciento de esos recursos fueron destinados a siete programas sociales del gobierno federal que no están enfocados específicamente en mujeres.
Información y estadísticas de género
El Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG) de ONU Mujeres, junto con el INEGI, elaboró un marco conceptual sobre el empoderamiento económico de las mujeres enfatizando la perspectiva territorial de los sistemas de atención y los mercados laborales.
Desigualdad laboral entre hombre y mujeres
Por otro lado, el informe destaca algunos datos sobre la situación laboral de las mujeres en México.
La brecha salarial entre mujeres y hombres para el 2019 fue de 18.8 por ciento.
Solo el 45 por ciento de las mujeres en edad productiva participa en el mercado laboral en comparación con el 77 por ciento de los hombres.
Las mujeres aportan más del 75 por ciento del tiempo que los hogares destinan a realizar trabajo doméstico no remunerado y de cuidado.
De los 4.7 millones de personas mayores de 15 años en situación de analfabetismo, más de 61 por ciento son mujeres.
El valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realizado en los hogares representó el 23.5 del PIB de México.
Los consejos ejecutivos que cotizan en la bolsa están compuestos por 7.5 por ciento mujeres y 92.5 hombres.
Descubre más avances y retos en materia de equidad de género en el informe completo de ONU Mujeres 2019.
Los más de 100 manifestantes también piden a las autoridades que se reconozca su sindicato con registro 5480.
Transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México realizan una caravana en los carriles centrales de la autopista México-Puebla para exigir el apoyo de autoridades federales, ya que aseguran no tener recursos debido a la falta de empleo por la pandemia del nuevo coronavirus COV-Sars-2 que provoca la enfermedad covid-19.
Los más de 100 inconformes comenzaron la caravana a bordo de camiones de carga con dirección a la Ciudad de México, pero a la altura del kilómetro 31 en el paraje conocido como «Panasonic», se detuvieron y descendieron de los vehículos.
Con pancartas los trabajadores comenzaron su marcha a pie para exigir ser atendidos por las autoridades correspondientes. Además de la carencia de trabajo los transportistas piden el reconocimiento de su sindicato con registro 5480, «cumplimos con la reforma laboral, tenemos opinión favorable de Hacienda y no tenemos trabajo», se lee en las mantas.
El secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Oscar Rangel Miravete, informó que se han conciliado mil 780 de dos mil demandas de trabajadores despedidos sin liquidación durante la pandemia.
Patricia Rumbo 26/08/2020 Guerrero, México.
El funcionario estatal expuso que desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, se exhortó a los empresarios a ser sensibles con los recursos humanos que han llevado al éxito a los negocios y a buscar planes internos para negociar sueldos y permanencias.
Rangel Miravete dijo que dos mil personas fueron separadas de sus puestos en Guerrero en los últimos meses, sin que éstas obtuvieran la compensación que marca la ley por los años de servicio.
Precisó que casi el 80 por ciento de estos tratos resultaron a favor de la base trabajadora mediante la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
Oscar Rangel indicó que “si eres un trabajador que ha sido despedido de su empleo y no has recibido el pago correspondiente a tu liquidación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, dependiente de esta secretaría, siguiendo el espíritu de la reforma laboral actual, que privilegia la conciliación antes de iniciar algún juicio, se encuentra otorgando asesoría gratuita, además de que también está realizando arreglos y convenios laborales de forma pronta y expedita”.
Detalló que los afectados pueden asistir a las oficinas de la procuraduría auxiliar de cada localidad, ubicadas en los mismos domicilios de las juntas de conciliación y arbitraje, en un horario matutino, de lunes a viernes, donde se atienden los casos siguiendo las medidas sanitarias pertinentes.
Agregó que los abogados laboralistas también pueden asistir acompañando a sus defendidos y conseguir cita para la conformidad.
De acuerdo a datos nacionales, la etapa del coronavirus hizo que se perdieran casi dos millones de empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin existir cifras exactas de los trabajos informales.
Investigadores y abogados laborales sindicatos blancos, un negocio de abogados patronales
David Deolarte / La Prensa
Ciudad de México.- A dos años de la llegada de la Cuarta Transformación y de la nueva Reforma Laboral las cosas en el mundo del trabajo han cambiado poco. Aún se calcula que más del 90 por ciento de los contratos en México son de protección.
Patricia Carrasco / La Prensa 26/08/2020
Aunque no se tiene el dato exacto en números porque se encuentran dispersos en las Juntas Locales de Conciliación.
De acuerdo con una investigación del catedrático de la UNAM, Alfonso Bouzas, nueve de cada 10 contratos colectivos de trabajo son contratos de protección patronal.
En una entrevista con La Prensa, el maestro Alfonso Bouzas Ortiz, explicó que se firman entre el patrón y un sindicato a modo, al que a menudo los trabajadores no conocen. Los falsos líderes sindicales cuentan con decenas de registros sindicales que venden al mejor postor.
Graciela Bensusán Areous, Investigadora de la UAM define a los “contrato de protección”, al contrato colectivo firmado por el patrón con un sindicato a espaldas de los trabajadores, intercambiando dinero y prebendas de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales.
Bouzas Ortiz recordó que tienen décadas denunciando los contratos de protección que se firma a espaldas de los trabajadores en casi todos los sectores industriales. Por lo que fue necesario que a nivel internacional se evidenciara que esto está mal para que se vinieran los cambios.
Ahora se tiene la presión de los sindicatos estadounidenses, que se derivó de la inclusión de un capítulo laboral en el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los gringos no quieren que les estallen huelgas, subrayó el abogado Jesús Luna. Es decir, nuestro país debe sanear las relaciones laborales, particularmente la representación de los trabajadores.
El abogado laboral, Pablo Franco, en entrevista con La Prensa resaltó que el sindicato de protección es un modelo de negocio controlado cada vez más por abogados patronales.
Se encuentran en todos los sectores productivos, pero principalmente, las asociadas a la maquiladora y al sector servicios.
A decir de Franco, la acción de los pistoleros suele aparecer cuando los trabajadores se dan cuenta de que tienen un sindicato falso y pretenden organizarse en uno auténtico.
Por su parte, trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje expusieron que bajo la figura de contrato de protección operan los llamados sindicatos blancos, que son aquellos que supuestamente se encuentran inscritos, pero no representan a los trabajadores ni presentan actividad.
Abogados laborales entrevistados por este diario resaltaron que anteriores gobiernos y el actual presumen de la paz laboral y efectivamente, la han garantizado con el tipo de sindicalismo que tenemos.
Jesús Luna subrayó que las reformas constitucionales del 27 de febrero de 2017 están destinadas a acabar con la simulación sindical y contractual.
“El cambio de gobierno nos hizo pensar en mejores condiciones en materia laboral. Pero la realidad, es que el gobierno ha permitido porque los contratos de protección garantizan la “paz laboral” y los sindicatos y confederaciones que los ofrecen también garantizan esa situación”, remarcó un abogado en la JFCA.
Ignacio Huitzil / La Prensa
SE DEBE CUMPLIR CON EL T-MEC
De acuerdo al capítulo laboral del T-MEC, hay disposiciones específicas para México como garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato que elijan.
Así como establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos y garantizar la transparencia de los mismos, entre otros.
Para mantener en línea el modelo laboral mexicano y dar cumplimiento a las exigencias de Estados Unidos y Canadá, asentadas en el T-MEC México avanzará de manera muy rápida en la eliminación de los contratos de protección, comentó el 6 de junio del año pasado, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Efectivamente, el abogado Pablo Franco, resaltó que “será necesario que las empresas mexicanas lleven a cabo un análisis de su estrategia sindical, sobre todo aquellas que cuentan con un contrato colectivo de trabajo «no activo» o de protección”.
Alcalde Luján declaró que se eliminarían de manera rápida los contratos de protección. “En agosto (2019) se publicará el protocolo para actualizar cerca de 20,000 contratos colectivos de trabajo registrados a nivel federal.
David Deolarte / La Prensa
Zar de los contratos de protección
Hace poco más de 30 años se conocía a Ramón Gámez, dirigente de la Federación Sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (FSCNT), como el zar de los contratos de protección.
De acuerdo a información de la OIT, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, que aglutina a más de 15 sindicatos y tenía el control aproximado de más de 2 mil contratos colectivos de protección. “Los principales líderes son Rubén Romo Martínez, José Sergio Guerrero Villa, Alejandro García Orozco, Antonio Bourge Ruiz y Jorge Trejo Hernández.
Los gremios que estos dirigentes controlan tienen presencia en los sectores de la aviación, químico, farmacéutico, turístico, restaurantero, metalúrgico, vidriero, de la construcción, infraestructura portuaria, servicios y recreación, centros deportivos y en el sector de las comunicaciones y transportes.
Se sabe que actualmente posee la titularidad de los contratos colectivos de empresas nacionales y trasnacionales dedicadas a la prestación de servicios, laboratorios, importación y exportación, cines, supermercados, almacenes comerciales, petroquímica y construcción.
De Ramón Gámez se hablaba que había tejido una red de agrupaciones sindicales que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde 1981. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos cobijaba a la Unión Mexicana de Equipajeros de Express y de Carga, gremios fundados en los ochenta por Gámez Martínez.
La relación entre Ramón Gámez Martínez y Rubén Romo Martínez se confirmaba en el registro sindical 104217 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, donde ambos aparecían como secretarios del Sindicato Progresista «Justo Sierra».
En el caso de Gámez son innumerables los sindicatos que tiene bajo su “tutela”, detenta los contratos colectivos de Cinemex y de casi todas las tiendas comerciales de esta ciudad, de comida rápida, restaurantes.
A la fecha, en Contratos Colectivos de Trabajo registrados ante la JFCA, aparece esa empresa cinematográfica, con el Sindicato Progresista de Trabajadores y Empleados de Espectáculos Servicios y Actividades Recreativas de la RM.
Pero litigantes de la JLCA se habla que afamados despachos patronales son los que tienen en la actualidad un gran número de contratos de protección.
En agosto del 2009, en la presentación del libro: “Evaluación de la Contratación Colectiva en el Distrito Federal”, se dijo que entre los principales personajes que ostentan ese tipo de contratos, estaba Ramón Gámez; Víctor Manuel Mendoza y Rubén Romo (con 945 contratos), quienes han convertido de esto un negocio familiar con el contubernio de autoridades.
Ahí, el Alfonso Bouzas aseguraba que el sindicalismo de “protección” es un negocio millonario de algunas familias, donde padres, hijos y parientes cercanos “administran decenas de sindicatos y contratos colectivos impunemente, se reeligen indefinidamente, nunca realizan elecciones ni asambleas, reciben igualas de las empresas para evitar revisiones salariales, todo con la complacencia de autoridades laborales”.
Los sindicatos blancos usan machotes de contratos colectivos que sólo rellenan con los nombres de los trabajadores; firman los contratos antes de que la propia empresa se instale, como en el caso de Wal-Mart, refiere la investigación.
Cumplir con requisitos de nueva LFT
En los cambios que se aprobaron a la LFT, refieren especialistas, tan solo para la firma de un contrato colectivo de trabajo nuevo se requiere cumplir con cuatro fases: contar con un sindicato, que sea ratificado a través de la Constancia de Representatividad, votar con los trabajadores el pliego de peticiones, y una vez que se llega a un acuerdo, será necesario que se ponga, de nueva cuenta, a consideración de los trabajadores para que sea votado de manera libre, directa y secreta.
Desencuentro entre Aceves del Olmo y Napo por contratos de protección
El pasado 27 de julio, el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo protagonizó un desencuentro con Napoleón Gómez Urrutia por los contratos de protección patronal.
Debido a que éste último denunció que se siguen firmando contratos de protección patronal que van en detrimento de los trabajadores. Dijo que tenía en su poder una misiva donde 27 congresistas de Estados Unidos acusaron a nuestro país de mantener los contratos colectivos de protección, en donde los trabajadores no son tomados en cuenta, a pesar de la aprobación de la reforma laboral.
En respuesta, el líder de la CTM, criticó que Napoleón Gómez Urrutia aprovechara su posición como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para abordar asuntos personales o de grupo. Y recordó que, a pesar de ser líder del sindicato minero, el senador por Morena perdió también el contrato de la principal minera de México con la CTM.
Napoleón Gómez Urrutia reviró acusando tanto a la CTM como a la CROC de ser dueños de contratos de protección patronal y no querer cambiar.
Algunos confían que haya un aire renovador en el sindicalismo mexicano, ya que el año pasado, con las reformas a la Ley Federal del Trabajo se abrió la puerta para un cambio en las relaciones laborales entre patrones y trabajadores y se dé la posibilidad de acceder a la justicia laboral, ejercer la libertad de asociación y conformar sindicatos que se ocupen de defender efectivamente sus intereses.
En la práctica, sin embargo, las cosas no están cumpliendo con las expectativas de los trabajadores.
