Luisa María Alcalde, titular de la dependencia destacó la conciencia de las organizaciones para cambiar los procedimientos y que depositen su legitimidad en la confianza para que los trabajadores participen libremente en la toma de decisiones.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, informó que poco a poco las organizaciones sindicales están rompiendo con el temor que tenían de hacer un procedimiento de consulta de un contrato colectivo, de poner a disposición los documentos físicos para que los trabajadores los conozcan y puedan determinar a través de su voto su continuidad, y ello se demuestra en los avances que comienzan a tener los procesos de legitimación.
Esta mañana, en una reunión virtual de Coordinación Interinstitucional entre autoridades federales y locales que integran la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Alcalde Luján destacó que ya hay una mayor conciencia de las organizaciones sindicales de la necesidad de cambiar los procedimientos para que depositen su legitimidad en la confianza y en el deseo de los trabajadores de participar no solo en la elección de sus dirigentes, sino también en la vida cotidiana de las organizaciones.
“Este cambio, se vuelve una realidad junto con el cambio en el modelo de justicia laboral, que apuesta por la conciliación y nuevos procedimientos judiciales imparciales, que caminan en las ocho entidades donde el nuevo modelo laboral ya es una realidad, y las 13 que integran la segunda etapa, todo ello a pesar de las dificultades que ha traído consigo la emergencia sanitaria por Covid-19”, dijo.
“Pudimos haber dicho fácilmente ‘no se puede’, nos esperamos a que ya todo mundo esté vacunado para iniciar el proceso de transformación del mundo del trabajo, pero no fue el caso, desde el año pasado iniciamos y estuvimos a tiempo para ver como una realidad la apertura de los tribunales laborales, de los centros de conciliación, nuevos procedimientos en los cuales nos demuestran que va caminando, va funcionando”, refirió.
Además, la encargada de la política laboral del país reiteró que la implementación de la Reforma Laboral no es solo un cambio normativo, administrativo, o de mayor equipamiento; sino que se trata de un cambio cultural, de un nuevo modelo laboral que garantice equidad, justicia, transparencia y libertad.
Recordó que este esfuerzo da cumplimiento a un compromiso del Estado mexicano con las y los trabajadores del país, de empleadores, y con nuestros socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, a través del Tratado de Libre Comercio, de ahí la importancia de avanzar en tiempo y forma en la implementación de la segunda etapa.
El mayor reto lo enfrentan gremios históricos como el de Volkswagen y el de Nissan, los cuales se autoproclaman como independientes.
Ya pasaron dos años y solo los sindicatos que representan a los empleados de Ford, Kia, Toyota y Honda han legitimado su contrato colectivo de trabajo existente.
Elevar la cantidad de componentes de manufactura regional en los vehículos que se producen en Norteamérica no es el único pendiente que tiene el sector automotriz para cumplir con el nuevo T-MEC. Legitimar a los sindicatos y a los contratos colectivos de trabajo de las plantas es el otro frente de la industria para mantener los beneficios arancelarios del acuerdo.
A través del nuevo T-MEC, Estados Unidos busca que haya un suelo más parejo, tanto en costos como en condiciones laborales, entre los tres países firmantes, y el capítulo 23 del acuerdo apunta en esta dirección.
El anexo 23 A pide incluir en la legislación laboral disposiciones que garanticen el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de las empresas.
“Básicamente, este capítulo obliga a las empresas de México a cumplir con nuestra propia Ley Federal del Trabajo… Pero esta vez le pusieron dientes”, dice Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
La reforma laboral que realizó México para cumplir con las nuevas reglas en materia laboral dispuestas en el acuerdo entró en vigor en mayo de 2019, y los sindicatos cuentan con un periodo de cuatro años para legitimar su contrato colectivo de trabajo existente.
“Se debe demostrar que los empleados de una planta votaron por el sindicato o el líder sindical que los iba a representar, y que el sindicato que los representará por los siguientes dos años haya sido electo por una mayoría… Muy poco se ha progresado en eso, muy muy poco, pero nos quedan dos años para cumplir con el objetivo”, añade Albín.
Hasta finales del 2020, solo una veintena de sindicatos del sector ya habían entregado su constancia de legitimación a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La mayoría, sindicatos que representan a los trabajadores de los proveedores de autopartes, como Metalsa.
En el país hay 24 plantas propiedad de armadoras, pero hasta finales de 2020 solo una tercera parte ya habían cumplido con el trámite: cinco de Ford, una de Kia, una de Toyota y una de Honda.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ha expuesto que parte de los contratos existentes surgieron bajo la creación de sindicatos “fantasma”, es decir, que ofrecen protección al empleador a cambio de reconocer la titularidad del contrato colectivo, pero que no representan a la mayoría de los trabajadores.
A finales de 2020, la Cofemer dijo que “la autorregulación no ha sido eficaz”, y que “resultaba necesario establecer un procedimiento que permitiera atender las inconformidades de los trabajadores que se presentaran durante los eventos de consulta para la legitimación de un contrato colectivo de trabajo”.
Estados Unidos, por ejemplo, tiene un call center para recibir, de manera anónima, cualquier denuncia.
“Estamos dando seguimiento a la implementación de la reforma laboral en el marco del nuevo tratado para evitar una posible afectación, ya que en el caso de que no cumplamos estaríamos dejando de recibir los beneficios del tratado”, dice Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Armadoras que ya cumplieron
Los sindicatos cuentan con un periodo de cuatro años para legitimar su contrato colectivo de trabajo existente. hasta ahora solo los sindicatos de cuatro armadoras han cumplido con el requisito.
Empresa
Contrato colectivo
Sindicato
Planta
Ford
97/1986-XII-CHIH.
SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE FORD MOTOR COMPANY Y DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, C.T.M.
Chihuahua
Ford
1910/2015-XII-GTO
SINDICATO DE TRABAJADORES DE FORD MOTOR COMPANY DE IRAPUATO,
C.T.M.
Guanajuato (Irapuato)
Ford
123/1986-XII-SON
SINDICATO NACIONAL PROGRESISTA DE TRABAJADORES DE FORD MOTOR
COMPANY Y DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, C.T.M.
Sonora (Hermosillo)
Ford
CC-1204/2009-XXI-CHIH
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE FORD MOTOR COMPANY Y DE
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, C.T.M.
Chihuahua
Ford
1225/2009
SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA
Estado de México (Cuautitlán)
Kia Motors México
1713/14-XII-N.L.(1)
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ,
SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Nuevo León (Pesquería)
Toyota (TMMGT)
CC-2035/17-XII-GTO (1)
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA
AUTOMOTRIZ SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Guanajuato (Apaseo El Grande)
Honda
CC-1384/2011-XII-GTO(1)
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA
AUTOMOTRIZ SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Guanajuato (Celaya)
Fuente: STPS
La industria automotriz es una de las prioridades en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que se espera que la legitimación de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo dé una sacudida a las organizaciones sindicales mexicanas en los próximos dos años.
El mayor reto lo enfrentan gremios históricos como el de Volkswagen, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen (Sitiavw), y el de Nissan, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana, los cuales se autoproclaman como independientes.
“Esta es la primera industria que el gobierno de Estados Unidos está vigilando y tendremos que ‘hacer la tarea’ para cumplir con los estándares”, dice Albín.
Puebla, Pue.- La digitalización de los expedientes laborales de la entidad serán enviados en próximas fechas al Centro Federal de Conciliación, y también habrá una reunión con líderes sindicales para que puedan adecuar sus estatutos, esto como parte de los avances logrados en la segunda etapa de la implementación de la reforma laboral.
Así lo informó el secretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado durante la segunda reunión de coordinación interinstitucional, entre autoridades federales y estatales, en la que se presentaron los avances de cada entidad, así como las recomendaciones pertinentes.
La reunión fue encabezada por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, así como los titulares de las dependencias relativas de distintas entidades, representantes del Poder Judicial de la Federación y de la Coordinación de la Implementación Laboral.
En la reunión, también fueron definidos los plazos para que el estado de Puebla pueda bajar los recursos federales para la aplicación de la enmienda, misma que tiene como fecha límite el día 15 de marzo de este año.
Como parte de las acciones derivadas del Nuevo Modelo Laboral, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, pusieron oficialmente en marcha las nuevas oficinas e instalaciones del Centro de Conciliación Laboral, que tiene por objetivo primario la resolución de conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos de competencia local, como una instancia previa a un juicio.
Acompañado por la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lorena Valle Rodríguez, el jefe del Ejecutivo manifestó que el buen funcionamiento del centro es fundamental para continuar preservando la paz y la estabilidad laboral en el estado, por lo que confía en que el diálogo y los acuerdos serán en beneficio tanto de las y los trabajadores como de los empleadores, lo que abonará a tener un estado próspero a través de un lugar seguro para las inversiones “si eso lo logramos, a San Luis Potosí le va a ir muy bien” añadió.
Dijo que San Luis Potosí es pionero junto con Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Tabasco, en la implementación del Nuevo Modelo Laboral en el país, y recordó que hace unos meses se llevó a cabo la inauguración del Tribunal Laboral del Poder Judicial, por lo que con este Centro de Conciliación que se pone en marcha, la entidad potosina avanza en la consolidación de este nuevo modelo.
Por su parte, el titular de la STPS, Manuel Lozano Nieto, expresó que el Centro de Conciliación Laboral operará en esta oficina para toda la zona centro del estado. Asimismo, señaló que también cuentan con delegaciones en Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde.
Lozano Nieto informó que en la entidad se hizo la primera consulta a nivel nacional en una empresa, para que las y los trabajadores retroalimentaran en torno a las condiciones generales de trabajo en una negociación de un contrato colectivo.
El director general del Centro de Conciliación, Miguel Cardoza Mora, expresó que San Luis Potosí se encuentra dentro de los primeros estados en el país que operan bajo este método innovador, y se consolida como el segundo en atenciones prestadas solamente por debajo del Estado de México.
Los Centros de Conciliación Laboral nacen producto de la reforma laboral del 2017 en el que se consolidó un nuevo Sistema de Justicia Laboral que pondera la resolución de conflictos a través del diálogo y los acuerdos.
En el evento, que se llevó a cabo con el cumplimiento de los respectivos protocolos sanitarios, estuvieron presentes Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno; Gustavo Puente Orozco, secretario de Desarrollo Económico; Daniel Pedroza Gaytán, secretario de Finanzas; Olga Regina García López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; Martha Barajas García, diputada local; Alejandro Zermeño Guerra, rector de la UASLP; representantes de cámaras empresariales, entre otros.
La revisión de la reforma al outsourcing que está en manos de la Cámara de Diputados puede pasarse en fast-track o por la vía rápida y sin discutir, advirtió Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
«La reforma al outsourcing tiene altas posibilidades de pasar en automático, derivado de que la mayoría en el Congreso está en manos de Morena. Es posible que no se dé una discusión, y todo porque esta reforma obedece a las instrucciones que se dan desde Palacio Nacional», apuntó.
La diputada agregó que el gobierno federal está metido en un callejón sin salida, aunque no lo quiera ver.
Lo acusó de ser el principal promotor del outsourcing en México al contar con innumerables plazas laborales en la estructura de gobierno bajo este esquema.
«Se debe considerar que no hay un presupuesto específico para hacer contrataciones formales y permanentes tras potencial eliminación de la subcontratación de personal. El gobierno no tiene dinero para ello», destacó.
Capacitarán al personal que integrará el nuevo Centro de Conciliación de Nuevo León.
NUEVO LEÓN.- Con la finalidad de ir avanzando en los trabajos de la implementación de la Reforma Laboral en el estado, la Secretaría de Economía y Trabajo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET), llevaron a cabo la firma del convenio de colaboración para capacitar al personal que integrarían el nuevo Centro de Conciliación de Nuevo León.
El Encargado del Despacho de la Subsecretaría del Trabajo y Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral en el Estado de Nuevo León, César A. Aguirre Santos señaló que, el nuevo Centro de Conciliación en el estado iniciará sus funciones en el 2022, es por ello que este lunes arrancarán con los trabajos en la capacitación para las personas que vayan a ser parte del Centro de Conciliación.
«Tendremos un curso de formación con duración de 20 horas dirigido al personal jurídico de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del área de conciliación y al término de ello se acreditará y quedarán certificados y con ello podrán ser elegibles para formar parte del Centro de Conciliación Estatal” César A. Aguirre SantosEncargado del Despacho de la Subsecretaría del Trabajo .
Así mismo reafirmó, que se seguirá trabajando en la capacitación y difundiendo la implementación del nuevo modelo laboral con los diferentes actores principales de las relaciones laborales, sindicatos y empresarios, para concientizarlos e informarles de qué trata la reforma laboral, con estas acciones se permitirá el funcionamiento adecuado del Centro de Conciliación el cual dependerá del Ejecutivo y de los Juzgados Laborales que estarán a cargo del Poder Judicial.
El acuerdo lo signaron el encargado del despacho de la Subsecretaría del Trabajo y Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral en el estado de Nuevo León, César A. Aguirre Santos, Ernesto Romero Campos, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Fernando Alfredo Iturribarría García, Director General Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León (ICET).
Elevar el gasto público, brindar apoyo a empresas para mantener y generar empleo, reducirles a estas y a los trabajadores las cargas impositivas, así como adoptar políticas públicas para mejorar el nivel de desarrollo de la población en Puebla y en México, son parte de las acciones que deben emprender los gobiernos, especialmente el federal para que enfrentar el año 2021, el cual seguirá influenciado por la pandemia de Covid-19.
Samuel Ortiz Velásquez, doctor en Economía por la máxima casa de estudios en el país y profesor de tiempo completo en la misma, externó que política de “austeridad republicana” no contribuye a la recuperación del país.
Previó que a nivel nacional el próximo año el Producto Interno Bruto (PIB) crezca en torno al 3 por ciento.
Pero acotó que dicho crecimiento sería solo estadístico, ya que alcanzaría un nivel similar al prevaleciente en 2016, lo cual significaría un retroceso de cuatro años.
“Se necesita elevar el coeficiente de gasto público y evitar el subejercicio como condición necesaria para elevar la inversión, la productividad y el crecimiento. Recordemos que en nuestros países la inversión privada se estimula en buena medida por el gasto público”.
Samuel Ortiz comentó que los problemas estructurales que enfrentan el estado y la capital poblana se agudizaron con la pandemia.
Es por ello que, con datos a septiembre de 2020, refirió que esta entidad ocupó el lugar número cinco en destrucción de empleo formal, adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una pérdida de 49 mil 12 puestos de trabajo o una contracción del 7.7 por ciento, la peor desde que existen estadísticas.
En tanto que el producto manufacturero estatal se contrajo en agosto a una tasa de 7.5 por ciento, 2.2 veces más alta que la caída del indicador a nivel nacional.
La actividad de comercio al por menor estatal (donde participan cuatro de cada diez establecimientos), agregó, se redujo en dicho mes a una tasa de 10.3 por ciento, la peor desde que existen estadísticas y registró el segundo peor desempeño a nivel nacional, solo superado por Quintana Roo.
Mientras que sobre el PIB del estado de Puebla, recordó que en 2019 decreció a una tasa de 0.4 por ciento y en este año podría cerrar con hasta -11 por ciento.
“Bien se puede esperar que el PIB estatal retroceda este año a una tasa de entre 10 y 11 por ciento. Con ello Puebla acumularía dos años de contracción del PIB: -0.4 por ciento en 2018, y -10-11 por ciento en 2020”, explicó.
Pasarán 2.5 años para recuperar los empleos perdidos
De acuerdo a las estimaciones de Anselmo Chávez Capó, investigador de la Licenciatura en Administración Financiera de la UPAEP, para recuperar los más de 40 mil puestos de trabajo formales perdidos en Puebla a causa de la epidemia de Covid-19 pasarán cuando menos 2 años y medio.
Añadió que hay una cifra no cuantificada de empleos informales que también desaparecieron.
“En el caso de Puebla si nosotros lo manejamos así como tenemos, nuestra información, el empleo informal representa el 70 por ciento de los empleos. Nosotros tenemos una población ocupada de más o menos 2.8, 3 millones, hablamos de 1.8 millones de empleos que se encuentran en el sector informal”, refirió.
Indicó que para la recuperación de puestos de trabajo se necesitará que las empresas tengan acceso a créditos, a fin de que puedan contar con recursos para seguir operando; además de que se les concedan apoyos fiscales para que puedan cumplir con sus obligaciones en ese sentido, pero en un lapso mayor.
“Tienes que darles estímulos fiscales a los patrones para que no se entienda que es a fondo perdido y que los vas a rescatar. Los vas a apoyar para que puedan seguir trabajando porque al final de cuentas quien genera los recursos para la administración pública es el empresario por medio de sus impuestos, contribuciones de seguridad social, productos y aprovechamientos”.
Comentó que si bien las personas morales tienen la responsabilidad de tributar, puede resultarles imposible hacerlo e incluso para el gobierno puede adquirir la categoría de incobrable.
Las estimaciones de Anselmo Chávez indican que el país llegará al tercer trimestre del 2021 con gran cantidad de empresas en situación de urgencia que podría llevarlas a la quiebra.
“Algunas podrán sobrevivir, dependiendo de sus flujos de caja y de la actividad a la que se dediquen, pero aquellas personas que lleguen al mes de febrero o de marzo probablemente ya no puedan seguir”.
Por esa razón, insistió, se les debe ofrecer a los empleadores la posibilidad de subsistir, ya que además si las unidades económicas se van a la quiebra, no habrá a quién cobrarle impuestos y eso implicaría una afectación al presupuesto de ingresos, el cual tiene dos fuentes: contribuciones y préstamos.
En opinión del investigador de la UPAEP, de nada servirá que el salario mínimo aumente 15 por ciento si no hay posibilidad de contratar o si una persona no tiene empleo.
Chávez Capó pidió “soltar un poquito la cuerda” a las empresas para que puedan seguir generando activación económica y continuar pagando impuestos.
No es solo buscar reactivación, también se debe elevar el nivel de desarrollo
Para el 2021 se esperan tiempos difíciles en el aspecto económico, aun cuando organismos nacionales e internacionales proyecten que comenzará la recuperación.
Se trata de indicadores macroeconómicos que no necesariamente se traducen en un mayor nivel de desarrollo de la población, expresó Mar Estrada Jiménez, coordinadora de la Licenciatura en Economía y Finanzas e Integrante del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla.
“Si hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de un crecimiento del Producto Interno Bruto y de indicadores macroeconómicos y si hablamos de desarrollo, pues estamos hablando de que aunque haya crecimiento eso no significa que el nivel de vida de las personas vaya a ser mayor”, explicó.
Planteó que para mejorar las condiciones en las que viven gran parte de los mexicanos, los tres niveles de gobierno se coordinen y que haya acuerdos entre el sector público y privado para que se brinden apoyos a las pequeñas, micro y medianas empresas, ya que son las que han tenido mayores impactos en la pandemia
También consideró necesario que exista una reforma laboral y otra hacendaria que beneficie tanto a los trabajadores como a los establecimientos formales.
Así se terminarían situaciones que llevan a que los ingresos de las personas disminuyan porque carecen de prestaciones y tienen que solventar gastos como el de salud o educación, o bien porque les retienen cantidades elevadas del Impuesto Sobre la Renta, abundó Mar Estrada.
Hasta junio del presente año en Puebla se registraron 2 mil 265 accidentes de trabajo, lo que indica una tasa de 0.4 por cada 100 empleados.
Cifras preliminares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) colocan a esta entidad federativa en el lugar 13 a nivel nacional con la mayor incidencia.
La primera posición es para el estado de México, con 10 mil 926; seguido de Jalisco, con 9 mil 412; Ciudad de México, 7 mil 914; Nuevo León, 5 mil 691, y Guanajuato, con 4 mil 318.
En cambio Campeche mostró la menor recurrencia, con solo 283 casos; en tanto que en Tlaxcala hubo 397.
El año pasado Puebla cerró con 12 mil 66 accidentes de trabajo, en 2018 fueron 13 mil 814; en 2017, 12 mil 846; en 2016, 13 mil 503, y en 2015, un total de 539 mil 172.
En todo el país fueron 79 mil 127, de los cuales 21 mil 756 ocurrieron en el comercio, 20 mil 143 en industria de la transformación y 15 mil 622 en servicios para empresas, personas y el hogar, entre otras actividades económicas.
Además, derivado de estos, 808 personas quedaron con incapacidad permanente.
Accidentes ocasionaron deceso de tres trabajadores
Datos de la STPS refieren que en Puebla hubo tres personas que fallecieron, todos del sexo masculino, como consecuencia de accidentes de trabajo.
A nivel nacional suman 72 muertes y es Guanajuato el estado que más ha registrado, un total de 11; seguido de Nuevo León, con ocho; Veracruz y Michoacán, con seis por separado, y estado de México, cuatro.
Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas son los únicos que no reportaron defunciones.
Con relación a enfermedades de trabajo, en el primer semestre del 2020 Puebla registró 64 casos –33 del sexo masculino y 31 del femenino–, de los 3 mil 495 que hubo en todo el país.
Baja California es la entidad con mayor incidencia, con 459 trabajadores con padecimientos a consecuencia de su actividad laboral; Ciudad de México, con 442, y Chiapas, con 345.
Cabe referir que hasta el momento los datos de todas las entidades muestran una tendencia a la baja en decesos, accidentes y enfermedades, en comparación con años anteriores.
Pero también es necesario recordar que por la epidemia de Covid-19, desde abril y hasta el 7 de agosto pasado estuvieron suspendidas las actividades en empresas y negocios no esenciales en Puebla, por lo que varios colaboradores comenzaron a trabajar desde casa.
En esta entidad el periodo de confinamiento fue más largo, ya que en otras terminó precisamente en junio.
Grupo Aeroméxico informó que ha tenido avances significativos en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo con sus sindicatos, donde se hicieron ajustes que fueron necesarios para enfrentar los efectos adversos provocados a la industria aérea por la pandemia global de Covid-19.
A la fecha, la compañía ha concluido satisfactoriamente las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) y con el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Transportes, Servicios, Similares y Conexos Independencia (Independencia).
Asimismo, las negociaciones con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) están avanzando en las mejores condiciones, alineado a los objetivos requeridos para acceder a los financiamientos contratados que permitirán darle viabilidad a la empresa.
“Es importante destacar, además, que los sindicatos ASSA, Independencia y STIA, cumplieron entre octubre y noviembre el programa de optimización y reducción de personal necesario para que la compañía continúe su proceso de reestructura”, expuso la aerolínea, en un comunicado.
Aeroméxico agregó que la empresa continúa en negociaciones con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) buscando alcanzar las condiciones necesarias establecidas en el plan de reestructura y reconoce el esfuerzo de ASPA para contener los efectos negativos de la pandemia.
Los acuerdos concluidos, junto con aquellos que se encuentran en proceso de negociación, son necesarios para que la compañía pueda cumplir con ciertos compromisos y objetivos requeridos por los fondeadores bajo el financiamiento preferencial garantizado (“DIP Financing”) (Senior Debtor in Possession Credit Facility), obtenido dentro del proceso voluntario de reestructura financiera de la aerolínea, bajo el Capítulo 11 de la legislación de los Estados Unidos de América.
La aerolínea continuará trabajando de manera coordinada con sus sindicatos para cumplir las condiciones necesarias para solicitar el siguiente desembolso bajo el Tramo 2 del DIP Financing.
Los desembolsos restantes del financiamiento están sujetos al cumplimiento de metas, condiciones y objetivos adicionales, que deberán concretarse para que Aeroméxico pueda continuar teniendo acceso a los desembolsos subsecuentes.
Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico, dijo que el resultado favorable de las negociaciones con los sindicatos Independencia y STIA, así como el avance con el sindicato de sobrecargos ASSA, representa un paso importante para tener acceso a las siguientes etapas del financiamiento durante el proceso de reestructura.
“Estos acuerdos son producto del enorme esfuerzo, contribuciones y apoyo de todos los colaboradores de Aeroméxico. Asimismo, esperamos también concluir en los tiempos establecidos y en las condiciones necesarias las negociaciones con ASPA”, comentó.
A nivel global, más de mil millones de personas viven con alguna forma de discapacidad, lo que representa alrededor del 15 por ciento de la población mundial, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y la cifra incrementará como consecuencia del envejecimiento y el aumento de enfermedades crónicas.
En México se estima que, de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones hay, por lo menos, una persona con discapacidad. Esta población, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad, tiene peores niveles de salud, mayor atraso escolar, menor participación económica, sueldos más bajos y tasas más elevadas de pobreza y desempleo.
Bajo este contexto, la organización Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, A.C. (UCEM), con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) México, reunieron a autoridades y especialistas en una “Mesa de Trabajo Interinstitucional por la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad”, cuyo objetivo es revalorar la situación nacional y construir propuestas para mejorar la vida de las personas con discapacidad y tengan mayores propuestas laborales.
La UCEM hizo un llamado para que los actores públicos y privados realicen un trabajo permanente que permita diseñar e implementar estrategias integrales que favorezcan la inclusión, la igualdad y la no discriminación de personas con discapacidad.
Al respecto, Raúl Balmaceda, director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó los resultados de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, con la que, a la fecha, 417 centros de trabajo ya cuentan con certificados vigentes, en beneficio de 816,520 personas trabajadoras, 46 por ciento de ellas son mujeres.
La Norma Mexicana forma parte del trabajo conjunto de la STPS y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) que busca extender y fortalecer las prácticas de igualdad laboral y no discriminación en México.
Cada una de las acciones diseñadas para favorecer a las personas con discapacidad no “deben ser vistas como un privilegio, sino como medidas necesarias para subsanar las desventajas en las que se desarrollan”, señaló Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
Por su parte, el Dr. Eric Carlson, Especialista en Inclusión Laboral en la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza, dijo que las personas con discapacidad es un grupo tan vulnerable que, incluso antes de la crisis sanitaria, el acceso al mercado laboral era ya muy restringido, y ahora es uno de los sectores que mayores dificultades tiene para conseguir y conservar un empleo, agregó que “su inclusión debe seguir siendo una prioridad para las empresas durante y después de la pandemia por la COVID-19”.
