Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Monclova se han registrado únicamente dos sustituciones patronales, dentro del proceso de regulación de Outsourcing que marca la Reforma Laboral, así lo indicó el titular de la dependencia, quien dijo que el plazo vence el próximo 26 de julio.
Ricardo Aguirre Cuellar, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, señaló que las empresas están llevando a cabo los procesos correspondientes a esta regulación, a fin de cumplir con lo que establece la Secretaría del Trabajo.
Todas las empresas deberán cumplir con esta regulación para el 26 de julio, de lo contrario se harán acreedores a una serie de sanciones que van desde multas, hasta la comisión de un delito establecido en esta Reforma Laboral.
Explicó que son dos procesos los que se llevan a cabo, el primero es la regularización de las empresas que trabajan bajo este esquema y realizan trabajos contemplados en el objetivo social de la empresa, en donde deberán absorber a los trabajadores y contratarlos de manera formal.
Para ello se realizará un «sustitución patronal» con el objetivo de preservar los derechos de los trabajadores, por lo que aquellas que se encuentra bajo el esquema de subcontratación desaparecerán.
De estos procesos solo se han registrado dos en las oficinas locales, sin embargo se puede llevar a cabo en el ámbito federal o bien las empresas realizar los ajustes que considere pertinente.
Sin embargo todas deberán cumplir con la disposición para la última semana del mes de julio.
El otro procesos que se debe cumplir es el de las empresas que continuarán laborando con este sistema, como son las de limpieza, seguridad, comida, y aquellas especializadas que no forman parte del proceso de producción, pero que deberán darse de alta ante la Secretaría del Trabajo y cumplir con ciertos requisitos.
Señaló que para ellos el plazo se vence el 20 de agosto, por lo que tendrán un mes más para darse de alta, pero deberán cumplir con requisitos como estar al corriente con el pago de ISR, no tener adeudos ante el IMSS, Infonavit, y estar al corriente en todos los pagos, para que puedan seguir operando.
En el Valle de México, que incluye el Estado de México y Ciudad de México, la región más próspera del país, sólo 1 millón 192 mil personas tienen trabajo digno; es decir, un empleo con ingreso suficiente para sostener a una familia y con seguridad social, el resto de las personas en edad y en condiciones de trabajar están excluida del mercado laboral (5 millones 551 mil) o laboran en condiciones precarias, con ingresos que no alcanza para adquirir 2 canastas básicas o sin seguridad social (7 millones 528 mil personas).
En una conferencia virtual, Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, afirmó que el empleo y el salario en esta región del país se encuentra en semáforo rojo. La precariedad laboral afecta a una de cada dos personas que integran la fuerza laboral de la región.
Citó que, en la Ciudad de México, sólo un poco más de medio millones de personas (523 mil) tienen trabajo digno; 2 millones 521 mil trabajan en condiciones precarias, y 1 millón 898 mil están desocupadas y disponibles para trabajar o no disponibles para trabajar porque están ocupadas en labores del hogar y de cuidados, de ellas el 91% son mujeres.
En la capital mexicana, de cada 10 que tienen un trabajo formal, 48 personas no lo tienen o tienen trabajo precario o no lo tienen, no cuentan con seguridad social, para salir de la pobreza. Las personas con trabajo formal son menos del 10% del total de la población económicamente activa.
Resaltó que una de cada tres personas es excluida del trabajo en el Valle de México. Por cada persona que tiene un empleo formal en condiciones mínimas hay más de 6 personas que no lo tienen.
El activista destacó que la capital del país concentra 5 millones 589 mil personas en edad y en condiciones de trabajar. Mientras que en el Estado de México viven 10 millones de personas en edad productiva, sin considerar a estudiantes, jubilados ni personas con discapacidad.
En el Edomex es el estado con mayor número de personas en pobreza. Ahí mientras que solo 670 mil personas tienen trabajo digno, hay 5 millones trabajando en condiciones precarias y 3 millones 653 mil personas excluidas del mercado laboral.
Al dar a conocer el Semáforo de Trabajo Digno realizado a partir del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta INEGI resaltó que en el caso de la exclusión del mercado laboral por estar ocupadas en quehaceres domésticos y de cuidados, el 94 por ciento de los casi 3 millones de personas en esa condición, son mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes.
Recordó que a nivel nacional, el trabajo digno solo beneficia a 9 millones de personas, esto es: menos de la quinta parte de las personas ocupadas en México, mientras que 35.3 millones trabajan sin alcanzar un salario suficiente y/o ingresar a la seguridad social, en tanto que 24.6 millones de personas quedan fuera del mercado laboral por desempleo o por estar impedidas de buscar trabajo remunerado por sus quehaceres de cuidados o del hogar, de esta última cifra, la gran mayoría son mujeres (95%).
Frente a la Pobreza construyó el semáforo de Trabajo Digno para visibilizar la situación que es insostenible si se aspira a tener una economía en crecimiento con un mercado interno sólido que reduzca la dependencia de las exportaciones, aumente la recaudación fiscal para que el Estado puede financiar las transformaciones que se requieren, y sobre todo que se haga justicia, garantizando el acceso a la salud y al trabajo en condiciones de dignidad a todas y todos los mexicanos.
Gómez Hermosillo argumentó que en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pretende contribuir al debate nacional sobre la urgencia de poner los derechos laborales en el centro del modelo económico, a partir de un conjunto de propuestas escalonadas y de mediano y largo plazo.
La ruta parte del aumento al salario mínimo hasta fijarlo por arriba del costo de dos canastas básicas, con datos actuales, arriba de 7 mil pesos mensuales. Acelerar la puesta en práctica de la reforma laboral para favorecer la elección democrática de líderes sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores, la legitimación de los contratos colectivos y la erradicación del outsourcing abusivo; fortalecer el apoyo a la capacitación y empleo de los jóvenes; promover la adopción voluntaria de nuevos estándares laborales en las empresas.
Finalmente señaló que la pandemia de Covid-19 solo agravó una situación que ya era insostenible. La pobreza en el país aumentó en 12 millones de personas; 3 millones más se quedaron sin empleo; 2.6 millones de personas quedaron subocupadas, y, entre los empleos perdidos, se perdieron 2. 3 millones de trabajos que tenían ingreso suficiente, es decir salarios por arriba del costo de la canasta familiar. /// La Prensa
A dos meses de que presentaran la primera queja, bajo el mecanismo de Respuesta Rápida y que avaló el gobierno de Estados Unidos en el mes de junio-, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” (SNITIS), acompañado por la AFL-CIO, SEIU y Public Citizen, presenta una demanda por la titularidad de contrato colectivo de trabajo a la empresa Tridonex (fábrica de autopartes), a fin de representar a los trabajadores.
Las organizaciones sindicales informaron que este viernes ofrecerán conferencia de prensa, encabezada por la abogada Susana Terrazas, a fin de brindar detalle, no sólo del proceso que sigue la queja interpuesta en el marco del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino del proceso de la demanda de titularidad de contrato, que pretende que los trabajadores emitan su voto para decidir qué sindicato quieren que los represente.
Cabe señalar que la denegación derechos -libertad sindical y contratación colectiva efectiva- es la base de la queja presentada por SNITIS, AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), SEIU y Public Citizen ante los Estados Unidos para la activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.
El SNITIS, que encabeza Jaime Guarneros Requena, tiene la expectativa de que las autoridades federales hagan valer los derechos a la libertad de asociación y la negociación colectiva de los trabajadores de Tridonex.
“La queja es un llamado a los gobiernos de ambos países para que incluyan medidas estructurales que otorguen garantías reales para el ejercicio de derechos laborales y el activismo en cualquier acuerdo para remediar las violaciones de derechos laborales de las que han sido objeto los miembros de SNITIS y sus representantes”, indica el comunicado de prensa.
Las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social de México se encuentran en proceso de revisar la solicitud de Estados Unidos, en la que se habrá de determinar si existió una denegación de derechos y que, de ser necesario, presentarán un curso de reparación con las contrapartes de Estados Unidos.
En entrevista, en su momento, Alejandro Encinas Nájera, comentó que una vez que se invoque un caso de mecanismo en contra de una empresa o un centro de trabajo, todavía tiene muy buena posibilidad para no ser sancionado. “Realmente el objetivo del mecanismo no es llegar a una sanción, es la reparación y entonces hay una fase de investigación que dura 45 días, en donde una vez que recibimos nosotros como gobierno y aceptamos investigar, corre ese tiempo”.
Agregó que “estamos plenamente comprometidos a no simular, a que no haya simulaciones y que esto realmente avance. Ese es el máximo interés del país, que a través de los sindicatos pueda mejorar las condiciones laborales”.
A partir de mañana, 15 de julio, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acudirán diariamente a la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, a supervisar el proceso de la nueva consulta para legitimar el contrato colectivo de trabajo en la planta, misma que deberá llevarse a cabo antes del 10 de agosto próximo.
Las autoridades mexicanas acordaron lo anterior con sus pares estadounidenses como parte de una serie de compromisos para solventar la queja interpuesta por el gobierno de Estados Unidos por la violación de los derechos sindicales de los trabajadores de la planta, en una primera votación realizada en abril pasado.
La STPS, a través de su cuerpo de inspectores, investigará proactivamente y verificará las condiciones alrededor de la consulta. Esto incluye identificar, documentar y tomar acciones para corregir cualquier desinformación, intimidación o represalia (en contra de los trabajadores) … los inspectores estarán presentes en la fábrica diariamente a partir del 15 de julio”, establece el documento del curso de remediación, donde se consignaron los compromisos de México.
El documento establece también que el número de inspectores se incrementará progresivamente al acercarse la fecha de la nueva votación, empezando con aproximadamente ocho inspectores durante la primera semana hasta llegar a 32 inspectores la semana de la votación, en agosto.
Entre sus funciones, los inspectores deberán entrevistar trabajadores de forma aleatoria para asegurarse que el ambiente en la planta está libre de coerción e intimidación.
La semana pasada México y Estados Unidos anunciaron que habían formulado un curso de remediación que incluye la reposición de la votación para legitimar el contrato que detenta actualmente el sindicato Miguel Trujillo López (afiliado a la CTM), pero ahora con la presencia de observadores de organismos como la OIT.///El Economista
Las titulares de las secretarías de Economía (SE), Tatiana Clouthier, y del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, presentaron el programa Habilidades digitales para las mexicanas del siglo XXI. La estrategia busca capacitar de manera gratuita a mujeres en el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y facilitar que obtengan un empleo.
Este jueves, las funcionarias firmaron un convenio de colaboración con la empresa de telecomunicaciones Cisco. Los cursos fueron diseñados por la Academia Global de Tecnología (Cisco Networking Academy), la plataforma de enseñanza virtual de dicha compañía estadounidense.
El programa contribuirá a reducir las brechas laborales, tecnológicas y de género que han limitado la inclusión al mercado del trabajo de millones de mujeres en el país, señaló Luisa María Alcalde. La titular de la SE, Tatiana Clouthier, alentó a las mujeres a “que den el paso y le pierdan el miedo a la tecnología”.
Son seis cursos gratuitos que pueden ser vistos desde cualquier computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet. Están ya disponibles en la página mexicanasdigitales.mx y los únicos requisitos que se necesitan son ser mexicana, mayor de 16 años y contar con un correo electrónico. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2021.
Las mujeres son el sector menos beneficiado de la alfabetización digital, dijo Héctor Guerrero Herrera, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la SE. Es grave, porque no pueden aprovechar oportunidades de empleo que requieren el uso de herramientas digitales.
Solo 17% de las personas que trabajan en las áreas de TIC en México es mujer, acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Héctor Guerrero, agregó que en 2019, en la Ciudad de México apenas 7,000 mujeres participaban en ese sector, mientras que había más de 20,000 hombres en el mismo rubro, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
El contenido de los cursos
“Es esencial proveer a las mujeres de las habilidades digitales para acceder a mejores oportunidades de trabajo, sobre todo en este siglo XXI”, y luego de la pandemia de covid-19 que aceleró los cambios tecnológicos, apuntó Isidro Quintana, director de Cisco México.
Explicó que tres de los seis cursos son de conocimiento básico. El primero de ellos, «Mujer Conectada», es sobre alfabetización digital. Los otros dos son una introducción al conocimiento sobre el Internet de las cosas y la ciberseguridad.
Los otros tres abordan temas más especializados y con gran demanda en el mercado laboral: programación en código Phyton, conocimiento de la construcción de redes y desarrollo de software.
La inscripción al programa estará disponible por seis meses, hasta diciembre próximo. Sin embargo, los cursos “son de autoestudio, una vez completado tu registro, inicias a tu propio ritmo”, explicó el directivo de Cisco México.
Para los tres cursos más avanzados hay una opción de pre registro. Las interesadas pueden ingresar sus datos y por correo electrónico recibirán más información sobre esa capacitación.
La Cisco Networking Academy es la academia virtual más grande del mundo, sostuvo. En más de 20 años, ha capacitado a más de 584,000 estudiantes en México, 31% ha sido mujer, informó.
Certificación internacional
La iniciativa busca promover la alfabetización digital y la especialización tecnológica, señaló Luisa María Alcalde. “Es muy pertinente a la luz de los retos que trae el futuro del trabajo” y para encararlo el gobierno federal está creando políticas centradas en las personas, “de modo que la automatización, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías no representen una amenaza, sino una oportunidad”.
De acuerdo con la STPS, la última etapa del programa incluye un taller en el cual se celebrará un hackatón. Las mujeres que se inscriban también tendrán acceso a una clase magistral en línea sobre las habilidades blandas (soft skills).
Al concluir cualquiera de los cursos, las estudiantes recibirán un reconocimiento de la SE, la STPS y Cisco, que cuenta con validez curricular internacional. Algunos de los cursos especializados además ofrecen una insignia digital. /// El Economista
Este programa fue ofrecido de manera pro bono por Cisco al gobierno de México. La empresa contribuyó en la creación de los cursos con de más de 29 millones de pesos a través de la iniciativa Country Digital Acceleration, impulsado por la compañía para apoyar la aceleración digital a nivel global. ///
La meta del gobierno federal para el salario mínimo general es que llegue al menos a 167.56 pesos diarios al final de la presente administración, es decir, un poco más de 5,100 pesos mensuales y lo que implica un aumento gradual de 18% sobre su nivel actual, de acuerdo con el Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Ese monto es casi 90% mayor al que se tenía al comienzo del sexenio, cuando se ubicaba en 88.36 pesos, o, sea casi 2,700 pesos mensuales. El salario mínimo de este año es de 141.70 pesos, poco más de 4,300 al mes.
El compromiso presidencial, se especifica en el documento, establece que el incremento de cada año debe estar al menos 2 puntos por encima de la tasa de inflación. En marzo de este 2021 el Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo con la cual, a partir de 2022, el aumento al salario mínimo no podrá ser menor a la variación anual de los precios al consumidor.
La reforma, propuesta por el senador Martí Batres (Morena), puso un candado para evitar que ocurra lo que sucedió por cuatro décadas en México: que los precios subían, pero las remuneraciones no. Hasta 2018, la Conasami incrementó los salarios mínimos apenas 0.6% cada año en promedio.
“El fortalecimiento del mercado interno requiere de una política de recuperación salarial y una estrategia de creación de empleos productivos, permanentes y bien remunerados, a las cuales la fijación de los salarios mínimos puede contribuir al impulsar los salarios promedio”, sostiene el organismo.
Pero, si bien el monto de 167.56 pesos es casi el doble de lo que se tenía hasta la administración pasada, éste queda por debajo de la meta planteada en el Programa Sectorial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), publicado en junio de 2020, donde la proyección es de 171.07 pesos diarios a nivel general.
Canasta digna, nuevo parámetro
En el Programa Institucional de la Conasami para la segunda mitad del sexenio, el organismo informa que trabaja en la elaboración de la “Canasta Digna”, figura con la cual buscará determinar, o al menos aproximar, el monto que se necesita para que una familia acceda a sus principales derechos sociales como la alimentación, educación, salud, vivienda digna y decorosa, cultura y esparcimiento.
«Esta canasta servirá como un ideal y guía para impulsar los salarios promedio en México. Después de que el salario mínimo ha superado la línea de pobreza, la Canasta Digna será un referente para fijaciones salariales acorde con lo mandatado constitucionalmente”.
El numeral VI del artículo 123 constitucional indica que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Entre 2018 y 2019 el incremento del salario fue de 16%, pero con la inflación, el aumento real fue de 11.2 por ciento. De 2019 a 2020 creció 20% y para este año el ajuste fue de 15%, al pasar de 123.22 a 141.70 pesos por día.
La política que ha ejercido el actual gobierno de subir el salario mínimo de casi 2,700 pesos mensuales a poco más de 4,300 pesos “ha demostrado que los dogmas que se tenían sobre los efectos negativos en la pérdida del empleo o el alza de precios no se han materializado”, afirma la dependencia encabezada por Luis Felipe Munguía.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha señalado que este incremento “benefició principalmente a aquellas familias con menores ingresos, por lo que la pobreza laboral ha disminuido a causa de estos incrementos, subraya.
La caída de los salarios
Fue 1976 cuando el salario mínimo alcanzó su mayor nivel, el equivalente a 326.80 pesos diarios a precios de julio de 2018, se indica en el Programa Institucional. A partir de entonces y hasta 2018, perdió el 70% de su poder adquisitivo “en un entorno de severas crisis económicas y de recurrentes procesos inflacionarios”.
En 1988, con la “profundización de las políticas neoliberales como receta para sortear la crisis, se emprendió la contención del salario mínimo para frenar el incremento de los precios y volver atractivo al país para la inversión extranjera”, destaca el organismo. El punto más bajo se tocó en 1999, cuando su valor era el equivalente 75.18 pesos.
Como consecuencia, sostiene la Conasami, “se incrementaron las personas trabajadoras que enfrentaron una situación laboral precaria caracterizada por bajas remuneraciones y falta de prestaciones”.
En mayo de este año, más de 13.7 millones de personas en México ganaba hasta un salario mínimo. Es decir, una cuarta parte de la población que tiene un empleo o realiza una actividad por la cual recibe un ingreso no gana más de 141.70 pesos al día, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La mayoría es mujer.
Desde 1996, el valor de una canasta alimentaria y no alimentaria, calculada por el Coneval, era 10% mayor al salario mínimo.
Salarios mínimos profesionales
El documento también señala los “incumplimientos del pasado”. Por ejemplo, por cerca de 50 años la Conasami eludió fijar el salario mínimo para trabajadoras del hogar y personas jornaleras.
En diciembre de 2020 definió que el monto mínimo para las trabajadoras del hogar será de 154.03 pesos diarios, a pesar de que en un estudio realizado en 2019 había concluido que el 90% de quienes contratan los servicios de limpieza o de cuidados puede pagar más de 250 pesos por día.
El salario mínimo profesional para las personas que laboran como jornaleras quedó en 160.19 pesos diarios. Aunque desde hace varios años han exigido un mínimo de 300 pesos diarios.
En general, el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales estaba desactualizado, reconoce la Conasami. A lo largo de su existencia, la comisión incluyó 95 profesiones, oficios o trabajos especiales diferentes. “De éstas, 32 se han eliminado, cuatro han cambiado de nombre y dos se han fusionado, con lo que en 2020” quedaron 59. La última vez que se eliminaron categorías fue en 2014 y la última incorporación, antes de incluir a las trabajadoras del hogar y los jornaleros agrícolas para este año, se realizó en 2008./El Economista
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán publicó el día de hoy un Acuerdo para redistribuir los asuntos y competencias de las Salas que lo integran, con el fin de mejorar el servicio a los justiciables y como un paso previo al aumento en cargas de trabajo derivadas de la reforma en materia laboral que pasa los asuntos de esta materia a los Poderes Judiciales Estatales.
Este cambio también obedece a las altas cargas de trabajo que anualmente concentra la única Sala Civil y Familiar con que cuenta el Tribunal, particularmente el gran número de asuntos civiles que llegan a la segunda instancia.
En el Acuerdo se establece que, a partir del 1 de agosto del presente, la Sala Colegiada Civil y Familiar (integrada por las Magistradas Mygdalia A. Rodríguez Arcovedo, Adda Lucelly Cámara vallejos y Magistrado Jorge Rivero Evia) transferirá a la Sala Colegiada Penal (integrada por la Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega y los Magistrados Marcos Alejandro Celis Quintal y Luis Felipe Esperón Villanueva) asuntos específicos y extraordinarios de la materia civil, que es la que refleja una mayor proporción en carga de trabajo, a fin de resolver la mayor cantidad de controversias en el menor tiempo posible.
Dicho Acuerdo también prevé que la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes (integrada por el Magistrado Santiago Altamirano Escalante), conozca de los conflictos competenciales entre jueces laborales locales y de las recusaciones correspondientes a esa materia, en los términos de la Ley Federal del Trabajo.
Lo anterior dado que estos asuntos “requieren de la más pronta resolución” evitando así dilaciones, considerando que algunos de estos asuntos requerirán el desahogo de pruebas y atención inmediata”.
A este respecto cabe apuntar que el 1º de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma varias disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo que los conflictos competenciales entre los tribunales estatales en materia laboral, serán resueltos por el Poder Judicial local.
Por tanto, a partir del 1 de agosto del presente, la actual Sala Colegiada Penal se denominará Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán; en tanto que la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes conservará esta denominación.
El Magistrado Rivero Evia, de la Sala Civil y Familiar, señaló que esta reingeniería se concretó con la voluntad y apoyo mutuo de las Salas y está precedida por un importante trabajo de capacitación para que los integrantes de la ahora denominada Sala Colegiada Penal y Civil, estén altamente preparados para resolver los asuntos que empezarán a recibir en la materia civil.
Por su parte, la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega agradeció al personal de la Sala Colegiada Civil y Familiar por la capacitación recibida y resaltó el Acuerdo logrado para mejorar la atención que se brinda a las personas en segunda instancia.
En su oportunidad el Magistrado Celis Quintal aseguró que este es un Acuerdo histórico que se realiza en bien de la sociedad y es un reto que muestra la flexibilidad y disposición de los equipos de cada Sala; sin embargo, dijo, para que sea un cambio exitoso requiere de mucho cuidado y dedicación por parte de todos.
En tanto, el Magistrado Esperón Villanueva expresó que la nueva redistribución responde a los desafíos de cambio que los tiempos actuales exigen al Tribunal.
El Acuerdo publicado este día en el Diario Oficial del Estado establece que desde el 1 de agosto próximo se remitirán a la Sala Colegiada Penal y Civil “los asuntos ingresados respecto de los cuales aún no se hubiese formado toca o iniciado el trámite”,
Por su parte, los tocas iniciados previo al 1 de agosto de 2021 en la Sala Colegiada Civil y Familiar, derivados de los procedimientos de transferencia, continuarán su trámite y resolución en dicha Sala.
Añade que la oficialía de Partes correspondiente y los juzgados mixtos, remitirán a la Sala Colegiada Penal y Civil, a partir del 1 de agosto de 2021, las constancias relativas a los recursos, medios de defensa, incidentes de competencia y demás, en los asuntos cuyo origen sea de juicios extraordinarios hipotecarios, juicios extraordinarios de arrendamiento, juicios ejecutivos civiles y diligencias de jurisdicción voluntaria en materia civil.
Por su parte, la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, asumirá la jurisdicción en materia laboral, al momento en que en el Estado de Yucatán entren en vigor las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo contenidas en el Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo de 2019, acorde con las disposiciones que emitan las autoridades encargadas de su implementación.
Será en septiembre cuando entre en vigor la reforma de la subcontratación o el outsourcing, con ello el mercado laboral tendrá una nueva figura, con ello los patrones deberán migrar a una contratación directa, lo que se verá reflejado en un aumento del empleo formal permanente.
En el sur de Tamaulipas hay 30 mil trabajadores registrados con outsourcing, de esa cifra son 14 mil 586 en Altamira, 11 mil 495 en Tampico y mil 980 en Ciudad Madero.
A nivel nacional los estados que tienen el mayor número de trabajadores subcontratados son Quintana Roo con el 26.2%, Ciudad de México con 19.2%, Baja California Sur con 18.4%, Nuevo León con 17.7% y Coahuila con el 16.2%.
Existen en todo el país más de 4 millones de trabajadores de outsourcing, se tendrá que ver un crecimiento de millones en el empleo permanente formal o en las altas y bajas del IMSS, o en el incremento del sueldo promedio del país.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo hasta el momento 830 mil trabajadores han salido del esquema de outsourcing desde la implementación de la reforma laboral.
Ya desde ahora las empresas grandes están haciendo cambios de manera interna para absorber las plantillas de trabajadores que recaían en las empresas de subcontratación, pero requieren de mayor presupuesto para adecuar sus procesos administrativos e infraestructura tecnológica para gestionar las plantillas de trabajadores.
Los meses que siguen serán primordiales para ver los efectos de esta reforma en el empleo formal, y cómo este cambio afectará a los 4 millones de trabajadores del outsourcing y a sus empleadores.
AGENCIAS DE AUTOS RECUPERAN VENTAS
En junio el incremento en ventas de las agencias de autos en Tamaulipas fue de 20.9%, comparado con junio del año anterior. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos Nuevos de Tamaulipas informó que en el acumulado anual de enero a junio el incremento fue de 30.3% en el estado.
Se vendieron en junio 2 mil 491 unidades contra 2 mil 060 del mismo mes de 2020, y en Tampico se vendieron 714 unidades en junio de este año, a diferencia del mismo mes de 2020 cuando se vendieron 670 unidades, con lo que se tuvo un crecimiento de 6.5%.
Todo el año han mantenido una tendencia al alza, conforme a lo pronosticado ha sido un incremento moderado, pero si lo comparan con el 2019 siguen estando por debajo.
Están por inaugurarse 3 agencias de autos nuevas en Tampico, la de Ford en el bulevar a unos pasos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y la de avenida Hidalgo en MG en donde era el Club de Leones, está casi terminada, se proyecta que en agosto ya esté funcionando. Además a la de Mitsubishi ya le están apretando el ritmo, esa podría tardar un poco más en abrirse.
AVANZA AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO
Por su parte, los de OMA con las obras de ampliación del Aeropuerto de Tampico llevan 73% de avance.
Se trata de 4 mil 072 metros cuadrados de construcción y 2 mil 833 metros cuadrados de remodelación, aumentando al doble la superficie del edificio de la terminal para tener 11 mil 862 metros cuadrados en 2 niveles.
Se pretende atender a un millón 100 mil pasajeros al año con este crecimiento, la obra podría quedar concluida antes de que finalice el 2021, el aeropuerto ha estado recuperando cifras de pasajeros luego de una caída en 2020 a causa de la pandemia sanitaria.
Los empleados protestaron afuera de la Embajada de Estados Unidos en México para obtener mejores condiciones laborales.
Alrededor de 300 trabajadores de la empresa Hard Rock afectados en diferentes hoteles y restaurantes de todo el país protestan en la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Paseo de la Reforma y Río Danubio, en la colonia Cuauhtémoc, para denunciar acoso laboral.
Entre los afectados, se encuentran trabajadores del estado de Baja California (meseros, cocineros, hostess), quienes explicaron que reciben propina correspondiente y refieren que no pueden trabajar con salarios mínimos porque afecta su economía. Durante la protesta, pidieron hablar con autoridades de la Embajada para que les den una solución inmediata. Integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se sumaron a la protesta en apoyo a los trabajadores y, como forma de presión, realizaron un bloqueo en carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma desde la Glorieta de la Palma al Ángel de la Independencia. «Básicamente, los compañeros que están aquí son de los hoteles, y se manifiestan porque se dan cuenta de que los están explotando en Baja California, en el hotel Hard Rock (…) Piden que haya una liberación sindical, que se les paguen sus propinas», expresó Aldaín Durán, integrante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Elementos de la policía capitalina reforzaron el cerco de seguridad y colocaron vallas metálicas para impedir que los manifestantes traten de llegar al acceso principal de la Embajada, pues pretenden entregar un pliego petitorio.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) manifestó su disposición en colaborar con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para poner en marcha la nueva ley de subcontratación en beneficio de los trabajadores del país en general y del sector seguridad privada en particular.
En una videoconferencia con el Mtro. Alejandro Salafranca Vázquez, encargado del despacho de la Subsecretaría de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se abordó el tema: “Ley de subcontratación y Registro de Servicios Especializados”, los 125 integrantes de la AMESP se mostraron dispuestos en colaborar en todo con las autoridades laborales del país para poner en marcha los lineamientos de la Ley de subcontratación. Despejaron y aclararon sus dudas a fin de cumplir con lo que dice el ordenamiento.
Alejandro Salafranca afirmó que la nueva Ley es una reforma laboral, no es ni mercantil ni fiscal a pesar de que se alinearon a ella otras reformas a leyes como la del IVA, ISR, IMSS e Infonavit.
El objetivo central de ésta es, precisó, prohibir la subcontratación, entendida esta en contratar al personal de otra empresa para que haga el trabajo que representa el objetivo central de una compañía.
Si se puede, como es el caso de las empresas de seguridad privada, subcontratar obras y servicios especializados siempre y cuanto esto no sean del objeto social, central o actividad preponderante del contratante.
O sea que una empresa podrá enviar personal para realizar una labor distinta al objeto social del contratante, siempre y cuanto aquella esté registrada en el REPSE (Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas) de la STPS
“Esto significa que todo lo que sea distinto a mi actividad empresarial puedo subcontratarlo y si esto implica que me manden personal tiene que estar registrada en el REPSE, pero si no implica que me manden personal, no necesita entonces estar registrado en él”, explicó el funcionario. “Este registro se hará cada tres años”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9189291681188304&output=html&h=60&slotname=6517867074&adk=234917632&adf=2876070054&pi=t.ma~as.6517867074&w=468&lmt=1626396690&psa=0&format=468×60&url=https%3A%2F%2Falmomento.mx%2Fcolabora-amesp-con-la-stps-en-cumplir-con-la-ley-de-subcontratacion-en-beneficio-de-los-trabajadores-del-pais%2F&flash=0&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkxLjAuNDQ3Mi4xMjQiLFtdLG51bGwsbnVsbCxudWxsXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hdHRlc3RhdGlvbi5hbmRyb2lkLmNvbSIsInN0YXRlIjo3fV0.&dt=1626397368385&bpp=9&bdt=1289&idt=322&shv=r20210712&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&correlator=1568482099136&frm=20&pv=2&ga_vid=1170039588.1626397368&ga_sid=1626397369&ga_hid=1786993430&ga_fc=0&u_tz=-300&u_his=1&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=246&ady=1818&biw=1349&bih=600&scr_x=0&scr_y=0&eid=31060972%2C44740386%2C21067496&oid=3&pvsid=3609013877988128&pem=147&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C600&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=31&ifi=1&uci=a!1&btvi=1&fsb=1&xpc=PUwrB14OEO&p=https%3A//almomento.mx&dtd=390
En la conferencia virtual, encabezada por el presidente de la AMESP, capitán Salvador López Contreras, los más de 219 participantes tuvieron la oportunidad de plantear y aclarar sus dudas al respecto y reiteraron su disposición en colaborar con las autoridades laborales del país, para que este nuevo ordenamiento cumpla con su objetivo central en beneficio de los trabajadores en el país, en general y en particular del sector de la seguridad privada. AM.MX/fm
