Las empresas tienen 10 días más para realizar la sustitución patronal para recuperar las plantillas de trabajadores que se encuentran en outsourcing o insourcing o enfrentarán sanciones, advirtió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Conforme a la reforma en materia de subcontratación de personal, el plazo vence el 24 de julio.
En el conversatorio «Avances en la implementación de la Reforma en materia de Subcontratación», organizado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, destacó que, realizar el proceso de sustitución patronal no requiere estar en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), porque son procesos totalmente independientes.
Hasta el momento, agregó, suman alrededor de 1 millón de trabajadores que han sido recuperados por sus patrones originales, es decir, que “cortaron el cordón umbilical” con las empresas de outsourcing o insourcing en las que se encontraban y pasaron a las que verdaderamente pertenecen.
“Los trabajadores no se mueven, siguen trabajando donde siempre, pero su patrón no va a ser un tercero, una empresa de recursos humanos, sino la empresa productiva real para la que han trabajado siempre.
“Este proceso la ley lo mandata en 90 días, termina el 24 de julio y estamos a poco de que el proceso concluya. Actualmente la ley da muchas facilidades para que este proceso se lleve a cabo, por el IMSS y las Juntas de Conciliación”, destacó.
Dejó en claro que una de las consecuencias de no hacer este proceso y continuar con esquemas de subcontratación después del 24 de julio será incurrir en una ilegalidad.
Guerrero 14 de julio de 2021 Karla Galarce Sosa/Quadratín
El secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Óscar Rangel Miravete informó que apenas el cinco por ciento de las empresas ha registrado su plantilla laboral y sustitución patronal de empresas outsourcing, a pesar de que en nueve días vence el plazo para tal registro que obliga a terminar con esa práctica.
ACAPULCO, Gro., 14 de julio de 2021.- El secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Óscar Rangel Miravete informó que apenas el cinco por ciento de las empresas ha registrado su plantilla laboral y sustitución patronal de empresas outsourcing, a pesar de que en nueve días vence el plazo para tal registro que obliga a terminar con esa práctica.
Señaló que dado el sistema de outsourcing con el que trabajaron muchas empresas, no hay una cifra exacta de cuántas personas trabajan bajo ese régimen, el cual calificó de “oculto e ilegal”.
Integrantes de las Comisiones Unidas de Productividad y Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunieron de manera ordinaria este miércoles en la primera sesión del año para informar que el próximo 23 de julio vence el plazo para que las empresas “nomineras” terminen con la práctica conocida como outsourcing.
“Estamos invitando a que las empresas que se dedican a servicios especializados hagan su registro y que todos sepan que ahora el PTU (utilidad) cambia a una especie de doble aguinaldo para los trabajadores”, declaró al final de la sesión celebrada en un salón del HS Hotsson, una de las empresas hoteleras que atrajo su nómina real ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Rangel Miravete dijo que todas las empresas están obligadas a migrar a esta nueva forma de trabajadores, ya que la reforma del actual gobierno federal lo obliga, de lo contrario serán apercibidas y si persisten en la falta, serán sancionadas. No obstante, señaló que dado el plazo de apenas tres meses que establecieron las autoridades para hacer el registro, hay poca afluencia para concretar dicho trámite.
En México hay entre 400 mil a 600 mil contratos colectivos de protección. En la imagen, la aduana de Manzanillo. Foto: Cuartoscuro
Denuncian violación de los derechos de los trabajadores mercantes, contratación por outsourcing, bajos salarios.
En México hay entre 400 mil a 600 mil contratos colectivos de protección, esto es, mafias organizadas patronales que violan flagrantemente todos los derechos laborales de los trabajadores que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT) y se defrauda al SAT, Infonavit e IMSS.
“Y nadie hace nada. Esta es la realidad. Queremos que se acabe este esquema de corrupción”, afirmó en conferencia de prensa el capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden Marítima de Profesionales Marítimos y Portuarios.
En conferencia de prensa de Organizaciones Sindicales del Mar de México, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico, se puso de manifiesto que “en los últimos 30 años mantienen una lucha contra los contratos de protección en el sector y, sin embargo, permanecen, sobre todo en la Sonda de Campeche”.
Como ejemplo citaron el caso del Sindicato de Obreros y Empleados de Transportes, Comunicaciones y Similares de la República Mexicana y su relación con la empresa Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de C.V. subsidiaria de la firma española Corporativo Boluda, Corporación Marítima.
Este jueves se llevará a cabo la votación de acuerdo a la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer o no la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en el marco del T-MEC.
Denunciaron constante violación de los derechos de los trabajadores mercantes, contratación por outsourcing, bajos salarios, existencia del contrato de protección y colusión entre la empresa y el sindicato y amenazas para ratificar su titularidad.
Hablaron del boicot a este ejercicio que tendrá lugar mañana jueves en 7 puertos: Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Salina Cruz, Altamira y Coatzacoalcos. Así, a quienes trabajan en Tampico, los mandaron votar a Coatzacoalcos y quienes laboran en La Paz tendrán que ejercer su sufragio en Mazatlán.
“Buscan impedir que los trabajadores puedan votar. Esperamos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) esté a la altura de las circunstancias”, dijo el capitán Rodríguez Fritz.
Frente a este esquema de abusos, instancias internacionales como la International Organization of Masters, Mates & Pilots (MM&P), están listas para su defensa, dijo el capitán Don Marcus, presidente de este organismo gremial.
“Los trabajadores de las subsidiarias de Boluda tienen el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Panamá. Los apoyamos porque obtengan el derecho democrático de votar en el recuento de la titularidad del contrato colectivo”, expresó.
De la empresa matriz Boluda, comentó el capitán Rodríguez Fritz, “en España no comete las violaciones que comete en México”.
“Por tanto, la única forma de librarnos de los contratos de protección es denunciarlos”.
“Qué bueno y estamos contentos que el capítulo laboral exista en el T-MEC. Esperamos que sea letra viva y terminar la farsa de violaciones que nadie quiere ver y que todos saben que existe”, aseveró.
El doctor en Derecho Laboral, Pablo Franco Hernández, catedrático del Centro Nacional de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Unión de Juristas de México, A.C., pidió al gobierno federal que reciba denuncias y corrija problemas.
“Nos hemos aproximado a compañeros de Estados Unidos y vamos a denunciar todas las violaciones a los derechos de los trabajadores. Vamos a exigir al Gobierno mexicano que tome medidas para garantizar el principio de neutralidad, que se incorporó en la Ley Federal del Trabajo.
Acerca de los resultados preliminares de la votación que se llevará a cabo este jueves 15 de julio, el capitán Rodríguez Fritz comentó que se tendrán ese mismo día. “La presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitirá el acuerdo”.
El abogado Franco terció y comentó que las partes: sindicato y empresa, tienen 48 horas para objetar o presentar irregularidades y la JFCA deberá emitir un laudo.
Por: Berntha Becerra / El Sol de México 14/07/2021
Han transcurrido poco más de 18 meses desde que los trabajadores en la mina de San Rafael, Cosalá, en Sinaloa, estallaron la huelga, sin que hasta ahora, y pese a los esfuerzos institucionales y del sindicato minero, se haya terminado con ese conflicto.
Como en la mayoría de las luchas sindicales y sociales, la cerrazón y la intransigencia de la parte patronal han obstaculizado un arreglo apegado a la razón y al derecho. En muchos casos la arrogancia hace perder negociaciones y termina por romper los acuerdos.
En el caso de Cosalá han influido, para no llegar a una solución, las complicidades y contubernios de la empresa que ostenta la concesión minera, Americas Gold and Silver, de origen canadiense, con algunas autoridades locales, con otras grandes compañías, como el Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, y algunos de los grupos delictivos de la localidad. Todo ello, y los intereses miopes y egoístas de cada uno de ellos, han detenido y evitado encontrar una salida pacífica y respetuosa hacia los trabajadores en este largo conflicto de huelga.
No es posible que estos inversionistas extranjeros vengan a imponer unas reglas y condiciones que en sus países de origen no pueden aplicar. Por ejemplo, querer obligar a todos los sindicalizados a que se afilien a un sindicato espurio que les dio la espalda, como lo es la CTM local de Sinaloa y Sonora, actuando en contubernio para someter bajo amenazas y por la fuerza a los trabajadores para que permanezcan bajo su control, so pena de perder sus empleos. El matrimonio cómplice de la empresa con la Confederación de Trabajadores de México había impuesto un modelo de explotación con bajos salarios, malos tratos y, sobre todo, pésimas condiciones de trabajo en materia de seguridad, salud e higiene que exponen la vida de las personas.
Ese sistema ya no aguantaba más, era injusto, ilegal, y no podía continuar, sino hasta que en diciembre de 2019 los mineros decidieron romper y salirse en masa de la CTM y afiliarse al Sindicato Nacional de Mineros. La reacción de la empresa y la presión de los charros no se hizo esperar y de inmediato despidieron a los 14 líderes locales por razones políticas e injustificadas, cuando la nueva Ley Federal del Trabajo, aprobada por el Senado el 30 de abril de 2019, otorga el voto libre, directo y secreto a los trabajadores para que puedan elegir con total autonomía a la organización que quieran pertenecer y a sus dirigentes, y no que se los pretendan imponer.
El colmo de esa postura empresarial extranjera y de los traidores cetemistas antidemocráticos de Sinaloa y Sonora es que ni en su propio país el gobierno o los sindicatos les permiten a esas empresas suplantar la voluntad de los trabajadores, pero sí, en cambio, han pretendido aplicarlo en México por los nexos de corrupción que frecuentemente han establecido. Ni siquiera en las reglas y compromisos del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre México, Canadá y Estados Unidos se permite esa simulación y explotación laboral. De hecho, el T-MEC exige una mayor democracia, libertad y justicia para los trabajadores de los tres países miembros.
Desafortunadamente todavía hay muchas empresas y organizaciones tradicionales sindicales que no entienden o no aceptan las nuevas reglas de una sana, equilibrada y duradera relación obrero-patronal que permita modernizar el mundo del trabajo y crear un nuevo sindicalismo, al mismo tiempo que una mayor responsabilidad social empresarial, generosa y compartida, que proyecte una sensible mentalidad de los inversionistas con un claro objetivo de desarrollar mayor dimensión social en sus actividades productivas.
Sin embargo, el egoísmo, la avaricia y la ambición en los negocios no les permiten a algunos accionistas y directivos ver más allá del corto plazo, con lo cual provocan problemas que a veces se vuelven prolongados y desgastantes, siempre en contra de la paz laboral y la estabilidad social.
Hoy la política nacional de México, dirigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está enfocada a consolidar un proyecto de transformación profunda de la vida nacional, que logre terminar o reducir considerablemente la corrupción, separar la influencia del poder económico sobre el poder político, manteniendo el rumbo de la democracia y la justicia para abrir mejores oportunidades a los que menos tienen y que han sido marginados desde hace varias décadas por un modelo injusto e inmoral en favor solamente de las minorías.
La huelga de la mina de Cosalá es solamente un reflejo de ese concepto neoliberal y destructivo de la sociedad. Esperamos que con los argumentos, propuestas y avances de las negociaciones entre las tres secretarías de Estado que han participado en esas deliberaciones, con la postura justa y firme de los mineros y la esperada racionalidad de la empresa, pronto podamos resolver los diferendos.
El home office llegó para quedarse en los mercados laborales, el esquema hibrido predominará, pero debe evitarse las relaciones de trabajo que no reconozcan la dependencia del empleado, asegura la Organización Internacional del Trabajo. (OIT).
“Antes de la pandemia, el 3 por ciento de los asalariados en América Latina antes de la pandemia laboraban en el teletrabajo, durante la pandemia la cifra se ubica entre el 20 y 30 por ciento.
“Los países u sociedades deben prepararse para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas hibridas que combinen trabajo en el establecimiento con trabajo desde el hogar”, destaca.
La OIT advierte que este esquema laboral es adoptado principalmente por personas asalariadas formales, con alto nivel educativo, con relaciones de empleo estables, con ocupaciones profesionales, gerenciales y administrativas, y por supuesto con acceso a las tecnologías necesarias para llevar a cabo sus tareas, quienes registraron los mayores aumentos del teletrabajo.
El organismo internacional destaca algunos aspectos relevantes que deben ser abordados para enfrentar los desafíos del home office:
Principio de voluntariedad y acuerdo entre las partes
Organización y tiempo de trabajo
Seguridad y salud en el trabajo
Equipamiento y elemento de trabajo
Protección del derecho de privacidad de los trabajadores
Las mujeres que pierden su empleo por estar embarazadas deben ser reinstaladas sí o sí, sin importar si son de base o de confianza, además, de recibir salarios caídos, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Las mujeres que son despedidas por razón de su embarazo tienen derecho a la reinstalación y al pago de los salarios caídos, sin importar si son trabajadoras de confianza o de base”, sentencia.
EL Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y posteriormente un tribunal colegiado en materia laboral reconocieron que la trabajadora embarazada había sido despedida de modo injustificado, por lo que ordenaron, entre otras cuestiones, una indemnización ante despido discriminatorio.
Sin embargo, no le otorgaron la reinstalación en el empleo porque desempeñaba funciones de confianza. Con ello, interpretaron de manera limitativa la protección a la maternidad y restringieron sus derechos laborales.
La Sala concluyó que no existe prohibición constitucional para reinstalar a las mujeres despedidas por su condición de embarazo, a pesar de que desempeñen funciones de confianza pues, aunque la Constitución prevé como regla general que los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, el artículo 123 hace una excepción a esta regla dirigida a las trabajadoras embarazadas, sin distinguir entre nombramientos de base y de confianza.
TIJUANA BC 14 DE JULIO DE 2021 (AFN).- El sector de la construcción será uno de los que más afectaciones tendrá con la reforma que elimina la subcontratación, o outsourcing, debido a que no todas las empresas tendrán la capacidad de contratar a estos trabajadores, lo que podría ocasionar despidos.
Ante los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el especialista Manuel Rejón Sánchez, habló de la reforma laboral sobre outsourcing y las implicaciones laborales y fiscales.
Explicó que el principal riesgo para la industria de la construcción es que se les acaba de eliminar una bondad tanto laboral como fiscal y administrativa que tenía.
Agregó que ahora deberá mudarse a este nuevo comportamiento que, realmente, acaba de nacer, y hay muchas reglas que aún no están claras, como es la subcontratación de servicios especializados, y advirtió que el sector tendrá que encontrar la mejor manera de llevar sus relaciones laborales, al igual que con sus clientes.
Manuel Rejón indicó que la repercusión principal es que no todas las empresas tendrán la capacidad económica para sostener la carga de “repatriar” a los empleados, de manera que la opción será liquidarlos.
“Todos los sectores tendrán un impacto, pero ha habido mucho eco en el rubro de restaurantes y de la construcción. Lo que hemos sondeado es que ha habido presentaciones de amparos, pero han sido actos aislados, la mayoría están viendo cómo adecuarse y engranar en esta nueva maquinaria de la subcontratación”, destacó.
En ese sentido, el especialista refirió que la principal recomendación para los empresarios de la industria de la construcción es que conozcan muy bien los alcances y limitaciones de la reforma y que hagan una revisión de sus negocios, en caso de que tengan que hacer modificaciones de registros fiscales, objetos sociales, entre otros puntos.
Por su parte, Jesús Rincón Vargas, presidente de la CMIC Tijuana, Tecate y Rosarito, consideró que es preocupante la situación porque complica la relación laboral.
Precisó que el outsourcing representaba alrededor de un 20% de la contratación de personal, dependiendo del tipo de obra que se trate, pero en cuanto a servicios, el 100% de las empresas subcontratan servicios especializados de construcción, que es donde existe duda y confusión.
Afirmó que es problemático cumplir con todos los requisitos, amén de que no están totalmente claras las reglas, por ello, dijo, “estamos en espera de los lineamientos finales de esta reforma”.
A casi tres meses de la entrada en vigor de la reforma de subcontratación, las empresas han reestructurado nóminas y salarios para cumplir con las nuevas reglas que acotaron el régimen de servicios especializados, prohibiendo expresamente el outsourcing basado en suministro de personal y únicamente permitiendo la tercerización de servicios que no formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.
De acuerdo con una encuesta de Lockton México y Korn Ferry, el 78% de las organizaciones realizará una sustitución patronal o reubicación de empleados en otras empresas para cumplir con la norma, estos cambios contemplan escenarios como migración de trabajadores en esquemas de insourcing a nómina directa, traslado de empleados a otra razón social, contratación de personal en un modelo de subcontratación y fusión de compañías.
En algunos casos, como lo es la sustitución patronal, las empresas están en una carrera contrarreloj. La reforma otorgó un plazo de 90 días para que los negocios realicen este procedimiento sin la condición de transferir bienes, pero respetando la antigüedad de los trabajadores afectados. La fecha límite es el 23 de julio.
En el caso de las empresas que realizarán una sustitución patronal, el 34% plantea una armonización del esquema de percepciones, analizando la remuneración total y la compensación fija más los beneficios que otorga la empresa, como vales de despensa o bonos, por ejemplo.
En tanto, la armonización del esquema de remuneración será una alternativa para el 50% de las empresas que buscará cumplir con la reforma a través de una fusión de razones sociales.
Estos ajustes están vinculados con el impacto que tendrán las nuevas reglas para el reparto de utilidades (PTU) debido a la absorción de trabajadores subcontratados. Este punto fue uno de los más discutidos entre el gobierno, la iniciativa privada y los representantes de los trabajadores en la antesala de la reforma de outsourcing promulgada el pasado 23 de abril.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que para 2022, como resultado de los nuevos topes al PTU, se repartirán 157,050 millones de pesos en utilidades, esto implica un aumento anual de 7.7% y una proporción mayor al 2.8% de lo que se distribuye en la actualidad.
“En nuestra experiencia, las compañías están usando la compensación variable y los beneficios para realizar la armonización o controlar los costos incrementales por incorporar la PTU”, señaló Ana María Montes, directora de Consultoría de Lockton México.
La firma considera que los esquemas flexibles de compensación y beneficios son una alternativa eficaz para los desafíos que tendrán las empresas durante la reestructura de las remuneraciones.
La flexibilidad en compensación y beneficios se refiere a la posibilidad que tiene la persona trabajadora de elegir cómo quiere recibir una parte de su remuneración total de acuerdo a sus necesidades; es decir, prestaciones superiores a las de ley vinculadas a temas patrimoniales, de salud, programas de estilo de vida, herramientas de trabajo, entre otras.
“En lugar de buscar simplemente como organización eliminar prestaciones para hacer frente al tema del PTU, las empresas pueden optar por transformar la remuneración por completo, dando la posibilidad a los empleados de elegir cómo quieren recibirla. Es una tendencia que puede ayudar a mitigar varios de los retos que nos plantea la reforma. Al optar por una visión más integral, tendremos mejores posibilidades de impactar positivamente a los colaboradores y fortalecer nuestra propuesta como empleadores”, subrayó Víctor Hernández, socio productor de Lockton México.
Sindicalizados, los más protegidos
La fuerza laboral sindicalizada es la que más protegida tendrá su percepción total frente a las reestructuraciones que harán las empresas para adaptarse a la reforma de outsourcing y compensar el impacto del PTU.
El 84% de las empresas mantendrá su remuneración actual sin ajustes para los trabajadores sindicalizados, pero un 11% sí tendrá cambios en su compensación variable, 4% lo compensará en el próximo incremento salarial y un 8% sí reestructurará la percepción actual, modificando bonos, aguinaldos (superiores a lo que marca la ley) y fondos de ahorro.
En tanto, para los trabajadores no sindicalizados la proporción de quienes mantendrán su remuneración sin cambios se reduce a 72% y, en ese tenor, incrementa a 23% la proporción de empresas que ajustará la compensación variable en respuesta al PTU, un 11% modificará la percepción actual y 4% compensará este impacto en el siguiente incremento salarial.
De acuerdo con Lockton, la compensación variable es uno de los principales elementos del ingreso de los trabajadores con la que las compañías están buscando afrontar la nueva reforma e incluir el reparto de utilidades en su plan de remuneración total.
“En cualquier solución que se encuentre y determine hay un gran elemento que recomendamos considerar: el mensaje que recibirán los colaboradores, es decir, qué tipo de cultura vamos a construir hacia delante en términos de productividad, desempeño y resultados”, señaló Víctor Hernández.///El Economista
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) puso a disposición de los sindicatos un formato de autoevaluación que servirá de guía para cumplir con los lineamientos antes, durante y después de los procesos de consulta que deben realizarse a las y los trabajadores sobre el contenido de sus contratos colectivos, con la finalidad de agilizar los procesos de legitimación de estos documentos,
El formato, que está disponible en la plataforma www.legitimacion.centrolaboral.gob.mx, servirá también de apoyo para los notarios que participen en las consultas y, con ello, estandarizar los mecanismos de verificación, informó el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo.
El funcionario federal recordó que la legitimación de los contratos colectivos de trabajo (CCT) es un procedimiento que los organismos sindicales deben realizar derivado de la Reforma Laboral de 2019 y de los compromisos establecidos en el anexo laboral del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Citó que desde el 1 de mayo de 2021 el Centro es responsable de los procesos de legitimación y que el 30 de abril, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Protocolo para el procedimiento de legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo existentes.
“El objetivo es depurar todos los CCT del país, tendremos que legitimar más de medio millón de contratos colectivos que están depositados en las juntas de Conciliación federales y locales”, expuso.
Domínguez Marrufo agregó que, con la plataforma, los sindicatos pueden registrar su evento de consulta, proporcionando información como día y horario de las votaciones, datos de su sindicato, del empleador, de su CCT para que la consulta se haga en términos de la ley y el Protocolo mencionado.
Un sindicato puede optar por el acompañamiento de un notario como garantía al voto personal, libre, directo y secreto. Si este es el caso, dijo, el sindicato deberá proporcionar los datos respectivos del notario, pero el Centro podrá, además, comisionar a personal verificador.
El formato está disponible en un código QR que se encuentra en la plataforma del Centro y abarca procesos de antes, durante y después de la consulta para fe de hechos. Es opcional, pero sirve de guía para cumplir con los pasos a seguir antes, durante y después de una consulta.
La recuperación del empleo formal en las entidades federativas del país es dispareja, tanto en cantidad como en tamaño. Es decir, alrededor de la mitad de los estados ya superó los niveles prepandemia en el mercado laboral, mismos que no siguen una tendencia según su aportación a la economía nacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante junio del presente año, 15 entidades de 32 rebasaron los umbrales registrados antes de la pandemia en el stock de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Tabasco, Baja California, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Chiapas, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Oaxaca y Aguascalientes.
Se comparó con junio del 2019 para quitar el efecto estacionario de los meses y omitir los efectos negativos del Covid-19 en el sector formal del trabajo. En conjunto, estos 15 estados representan 44.2% del acumulado de trabajadores asegurados en el IMSS y 39.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
Por ejemplo, sobre la disparidad en la recuperación del empleo formal, de las 10 entidades que más aportan al PIB nacional, solamente tres salieron con saldos positivos en el mercado laboral durante el periodo de análisis: Nuevo León (tercera economía más grande del país con una contribución de 7.8% a la actividad económica de todo el territorio mexicano), Jalisco (cuarta, con 6.9%) y Baja California (décima, con 3.3 por ciento).
Mientras tres de las cinco economías más pequeñas de la República Mexicana (menos de 1% del PIB cada una), también resultaron con creación de puestos de trabajo: Zacatecas, Nayarit y Colima.
En términos relativos, Tabasco obtuvo la mayor variación entre junio del 2019 y el mismo mes de este año, de 17.3%, que corresponde a la generación de 28,816 empleos formales. Esta entidad es la número 25 en el total de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (1.0%) y la 14 en tamaño económico (2.5% del Producto Interno Bruto).
La fortaleza del estado petrolero provino de la industria de la construcción, ya que del total de empleos que generó, 85.2% se refiere a este sector –ante la crisis económica derivada de los estragos del Covid-19, la estrategia del gobierno estatal para la reactivación económica se enfocó en la obra pública–.
Tras Tabasco, las mayores variaciones fueron en Baja California, con 6.9% (61,694 trabajos más); Nayarit, con 5.4% (8,121); Chihuahua, con 3.9% (35,139); Sinaloa, con 3.6% (19,348), Colima, con 2.8% (3,818), y Michoacán, con 2.4% (10,657).
En tanto, los estados con la caída más pronunciada, es decir, que aún no recuperan los niveles prepandemia en trabajadores asegurados en el IMSS, fueron Quintana Roo, con -12.7% (se traduce a una merma de 58,955 empleos); Ciudad de México, con -6.5% (224,651); Puebla, con -5.1% (32,158); Baja California Sur, con -3.9% (7,222); Veracruz, -3.6% (26,436), y Guerrero, con -3.5% (5,338).
En absolutos, los primeros lugares se dieron en Baja California (61,694 contrataciones en los últimos dos años), Chihuahua (35,139), Tabasco (28,816), Jalisco (24,250), Sinaloa (19,348), Nuevo León (18,920), Querétaro (11,060) y Michoacán (10,657). Al otro extremo, con las mayores pérdidas, se ubicaron Ciudad de México (-224,651), Quintana Roo (-58,955), Puebla (-32,158) y Veracruz (-26,436).
Análisis semestral y mensual
Durante el primer semestre del 2021, 26 de 32 entidades lograron crear trabajos formales, destacando en las primeras posiciones Nuevo León (52,796), Baja California (44,242), Quintana Roo (40,853), Jalisco (40,418), Estado de México (29,363), Chihuahua (27,597), Guanajuato (23,766), Querétaro (23,062), Coahuila (21,824), Sonora (21,368), Tabasco (20,780), Yucatán (16,258), Tamaulipas (13,623), Baja California Sur (9,922) y San Luis Potosí (9,845).
Por su parte, los estados que mostraron despidos fueron Michoacán (1,220 bajas laborales), Oaxaca (1,443), Morelos (1,820), Sinaloa (10,503), Ciudad de México (16,194) y Veracruz (18,175).
Sólo considerando junio, respecto al mes previo, 25 entidades crearon trabajos. Sobresalen en la cima Nuevo León (11,324 altas en el IMSS), Quintana Roo (9,861), Guanajuato (7,569), Coahuila (7,541), Yucatán (5,646), Jalisco (5,178), San Luis Potosí (4,588), Puebla (4,147), Tamaulipas (3,899), Querétaro (2,932), Baja California Sur (2,700) y Chihuahua (2,504).
En la parte baja se colocaron Zacatecas (pérdida de 50 puestos), Campeche (351), Baja California (1,046), Morelos (1,332), Aguascalientes (1,732), Ciudad de México (5,737) y Sinaloa (10,126). Es importante mencionar que al realizar un comparativo entre mes y mes, influye el efecto estacionario.///El Economista
