MEXICALI.- Con la finalidad de conocer las necesidades para analizar posibles apoyos en rubros como la capacitación por parte del gobierno de Estados Unidos, autoridades del Poder Judicial del Estado de Baja California, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Embajada de EU en México.
El nuevo tratado de libre comercio firmado con Canadá y Estados Unidos obliga a México a mejorar el marco regulatorio en materia laboral y en ese contexto se inscribe la visita de los funcionarios estadounidenses.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, expuso el avance de los temas trascendentales para la implementación de la Reforma Laboral en Baja California ante Naomi Fellows, Consejera de Asuntos Laborales de la Embajada de EU, Pablo Solorio, Agregado Principal del Departamento de Trabajo de EU y Jett Thomason, de la Sección de Asuntos políticos y económicos de la misma Embajada.
El Magistrado Presidente destacó la esencia de la Reforma Labora se basa en un cambio estructural y la profesionalización de los operadores para establecer una atención acorde a las necesidades del justiciable en esta sensible materia que se incorpora a la justicia de primera instancia de la institución.
Expuso que el Poder Judicial cuenta con un plan estratégico de implementación que está en marcha que contempla rutas como infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación.
Dejó claro que no se otorgó un presupuesto para este tema, sin embargo se buscó la forma de gestionar el recurso económico básico y fue a través de la gestión de fondos del gobierno federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde se está en espera de la autorización de 30 millones de pesos que se sumarán a 10 millones de pesos estos últimos resultado del ahorro en el presupuesto ya asignado, lo que permitirá enfrentar el compromiso en los partidos judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada este 2021.
Específicamente en la adecuación de espacios propios para la instalación de las salas especializadas en materia laboral, así como la adquisición de equipo de cómputo y sistemas informáticos para su mejor funcionamiento.
El Plan Estratégico contempla en esta primera etapa con dos salas especializadas en materia laboral en Tijuana, para tres jueces; una sala para dos jueces en Mexicali y una sala para un juez en Ensenada. Destacó que Tijuana solventará los asuntos de Tecate y Rosarito por lo pronto; en Mexicali se resolverán los casos de San Felipe y el Valle y en la ciudad de Ensenada se atenderá lo de San Quintín.
Por: ISMAEL DAVILA VAZQUEZ | VIERNES, 21 DE MAYO DE 2021
Después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el monto destinado a esta prestación incrementará en 100 mil millones de pesos respecto a la cantidad que prevalece hasta este 2021
Con la reforma al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en materia de reparto de utilidades, el monto destinado a esta prestación incrementará en 100 mil millones de pesos respecto a la cantidad que prevalece hasta este 2021, ya que pasó de 22 días promedio pagados a 57 días, que serán realidad a partir de 2022.
“Miles de trabajadores van a recibir por vez primera utilidades, al romperse la intermediación”, manifestó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, Alejandro Salafranca Vázquez en el webinar “Reforma en materia de Subcontratación, ¿qué sigue?
Subrayó que el monto a repartir pasará de 56 mil 120 millones de pesos a 157 mil millones de pesos, respecto a la situación actual en el reparto de utilidades.
De esta manera, el monto del reparto individual que es de siete mil 301 pesos, con el nuevo esquema se elevará a 18 mil 557 pesos, un incremento del 154% que se aplicará a partir de 2022, dijo el funcionario de la STPS, quien consideró como “una reforma importantísima”, esta del artículo 127 de la LFT.
En cuanto a los plazos para la implementación de esta reforma laboral, la línea del tiempo es del 24 de abril en que entraron en vigor los cambios para la regularización de las plantillas laborales al 24 de mayo. Es decir, 30 días.
Para el Registro de las empresas especializadas el plazo es del 24 de abril al 1 de agosto próximo. Esto es, tienen 90 días para que las incluyan en el padrón. No hay prórroga, dijo Salafranca. El funcionario señaló también que se endurecieron las sanciones en caso de incumplimiento, pero no señaló los montos.
Destacó que esta reforma es laboral cuya norma troncal es la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologaron los criterios del Código Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la Ley Federal del Trabajo, al igual que las leyes del Infonavit y del Seguro Social.
Asimismo, se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal, y se inició un proceso de diagnóstico en todas las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado.
Un total de 18 exempleados de la empresa General Motors (GM) ubicada en Silao denuncian fueron despedidos injustificadamente, previo a la votación para la ratificación del contrato colectivo, hoy piden se les restituya en sus empleos y se respeten sus derechos laborales.
«Estamos buscando la reinstalación, somos 18 trabajadores que fuimos injustificadamente despedidos por buscar libertad y democracia sindical, seguimos peleando porque seguimos boletinado, «Israel Cervantes.
Israel fue despedido en 2019, aparentemente por defender los derechos laborales de los empleados al ser vocero de la asociación Sindical Generando Movimiento, el despido se dio por una presunta prueba de antidoping mal interpretada.
«En mi caso fue un despido por supuesto doping, donde el doctor no supo interpretar an prueba rápida, una enfermera da el veredicto donde supuestamente sale por antidepresivos y cannabis, al dia siguiente me realice otra prueba y sale, negativa, me presentó a la empresa y el señor Javier Villaseñor que fue quien me saco de la planta me dice que yo ya estoy fuera de General Motors, «Israel Cervantes.
Sergio Contreras, fue rescindido luego de haberse contagiado de covid-19 de uno de sus compañeros que perdió la batalla contra el virus, al recuperarse se le dio la noticia de que ya no contaba con su empleo por haberse ausentado injustificadamente.
«Mi despido fue por haberme contagiado de Covid dentro de la planta, regreso de mi convalecencia y me quieren hacer firmar un documento, un acta administrativa donde indicaba que los días en que yo no fui a trabajar, me los estaban manejando como faltas injustificadas y no como permisos como me lo habían comentado», Sergio Contreras
El actual sindicato no intervino en ninguno de estos casos, en defensa de los trabajadores de la planta, hasta el momento no se le ha citado a audiencia por parte de la secretaría del trabajo. Tras su salida, la empresa los boletino, situación que no les ha permitido ser contratados en ninguna otra planta.
Frente a las reformas que le cerraron la puerta a la subcontratación basada en el suministro de personal, algunas empresas han comenzado a promover amparos contra el paquete de modificaciones a ocho ordenamientos legales que entró en vigor el pasado 24 de abril y que busca regular la tercerización de obras y servicios especializados.
El plazo para ampararse ante la reforma de outsourcing vence el 24 de mayo. Las empresas que han optado para esta defensa legal han argumentado la inconstitucionalidad de algunos cambios legales y el incumplimiento de acuerdos internacionales.
La reforma estableció una nueva regulación para la contratación de servicios u obras especializadas, incluyendo un padrón de contratistas. Sin embargo, prohibió la actividad de suministro de personal; es decir, cuando una empresa pone a sus trabajadores a disposición de otra para su beneficio.
De acuerdo con especialistas, existen criterios para impugnar ante tribunales el nuevo régimen de subcontratación, por prohibir una actividad económica y limitar la competitividad en el país.
Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma D&M Abogados, opinó que prohibir la subcontratación de personal va en contra de diversos preceptos constitucionales, en especial el derecho a dedicarse a cualquier actividad, siempre y cuando sea lícita.
Además, expuso que la nueva regulación viola la obligación constitucional del Estado para establecer las bases para la competitividad del país y cuidar de los sectores social, privado y público.
“Sí hay graves violaciones, sobre todo para las empresas dedicadas a la tercerización; son las más dañadas”, subrayó el abogado laborista.
Los amparos contra la reforma han estado en el debate desde antes que se promulgara la reforma. Aunque las modificaciones al régimen de subcontratación fueron producto de un acuerdo entre gobierno, líderes empresariales y representantes de trabajadores, la defensa legal es un derecho que tienen las organizaciones.
“Sabemos que los amparos se van a presentar individualmente por las empresas, por lo que el hecho de que empresarios y sindicatos hubieran estado de acuerdo con la reforma, eso no limita o coarta el derecho de las compañías de impugnar los términos de la reforma”, indicó Luis Ruiz, socio de Hogan Lovells.
Para Carlos Ferrán, director de la firma Ferrán Martínez Abogados, la impugnación de algunos términos de la reforma es un debate vivo entre la comunidad académica y podría profundizarse en ello.
“Hay una discusión académica interesante por el pacto de San José, el convenio 88 de la OIT y ciertos artículos constitucionales, tales como el 25 que impone la obligación al Estado de proteger y alentar la actividad económica y, además, tomando en cuenta que las prácticas nocivas no son exclusivas de la subcontratación, por ahí va la discusión académica”, expuso el también Coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Comisión Nacional de Compliance (Canacom).
Apuntó que la discusión por impugnaciones gira sobre tratados internacionales, algunos artículos constitucionales y sentidos de inconvencionalidad en la exposición de motivos de la reforma.
¿Qué dice la Constitución?
Entre los puntos planteados por las defensas legales en contra de la reforma de subcontratación se encuentra la posible violación a los artículos 5, 14 y 25 de la Constitución. Éstos plantean:
El artículo 5 se refiere a la libertad que tiene toda persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode, siempre que sea lícito. El ejercicio de esta libertad sólo podrá limitarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros.
El artículo 14 establece que a “ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
El artículo 25 le impone al Estado la obligación de conducir el desarrollo nacional, fortaleciendo la soberanía y la democracia, y mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una distribución justa de los ingresos y la riqueza, garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas.
Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), reconoció que las modificaciones legales en la materia plantean un giro total para las empresas dedicadas a la tercerización. Y aunque los amparos son una alternativa, no resolverían de fondo los cambios en materia fiscal, lo que complicaría la operación de las compañías que consigan una suspensión definitiva.
“El tema del amparo puede hacerlo tanto el proveedor de outsourcing como el cliente. Pero el asunto es que las facturas van a dejar de ser deducibles a partir del primero de agosto, lo que para una empresa es definitivamente un problema. No podrías quedarte con esa situación de que no sea deducible”, dijo durante un foro de Holmes HR.
En ese tenor, el representante de empresas de tercerización consideró que lo ideal es adaptarse a la nueva legislación, entendiendo que la subcontratación de personal quedó prohibida y que existen formas para transitar al nuevo régimen. “Mi recomendación es siempre cumplir con la ley, y más porque no es una situación que sea imposible”, afirmó.
El vicepresidente en funciones de presidente de la Mesa Directiva, diputado José Luis Galindo Cortez, hizo este miércoles la Declaratoria de validez de los cambios constitucionales que dan vigencia, al Centro de Conciliación y los Tribunales Laborales, derivado de una armonización de la Reforma Laboral aprobada por las y los diputados el pasado 9 de diciembre de 2020.
“El Congreso del Estado de Morelos en su LIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política Local, declara legal y valida la reforma por la que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de Justicia Laboral en los términos aprobados en este Congreso, por lo que dicha reforma formará parte de la Constitución del Estado de Morelos al día siguiente de su publicación”, declaró el legislador.
La Reforma Laboral derivó en una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para armonizar la Constitución Local con las Leyes federales en esa materia, la cual fue aprobada en diciembre pasado y en esencia implementa un nuevo Sistema de Justicia Laboral; Democracia Sindical; y un Centro de Conciliación y Registro Laboral.
Previo a la Declaratoria, la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, secretaria de la Mesa Directiva, dio cuenta de que el Congreso del Estado recibió en tiempo y forma el voto aprobatorio de 25 de los 36 municipios de Morelos.
Los municipios que enviaron su voto a favor son: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatetelco, Coatlán del Río, Cuernavaca, Hueyapan, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepoztlán, Tlaltizapán de Zapata, Tlayacapan, Xochitepec, Xoxocotla, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas.
“Establece la fracción I del artículo 147 constitucional que si las dos terceras partes de los ayuntamientos aprobaran la reforma o adición, una vez hecho el cómputo por el Congreso del Estado de Morelos, se hará la declaratoria correspondiente”, precisó.
Durante la sesión mensual de socios de COPARMEX Coahuila Sureste que tuvo lugar este miércoles, destacó la participación de la secretaria del Trabajo en la entidad, Nazira Zogbi Castro, quien tuvo a su cargo la presentación del tema denominado “Acciones del Gobierno para la implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Coahuila”, en el que presentó los avances para poner los contenidos de ese instrumento al alcance de trabajadores, sindicatos y empresarios.
En su intervención, la funcionaria recordó que la aplicación de esta reforma representa una nueva etapa de sinergia entre todos los factores de la producción, que están llamados a cerrar filas para la conformación de un nuevo Sistema de Justicia Laboral que responda a los nuevos cambios que se presentan a nivel mundial en esa materia.
Indicó que entre las principales acciones del Gobierno Estatal para la instrumentación de la Reforma Laboral, está la firma del Pacto Coahuila 2021, que suma las voluntades de todos los involucrados en la actividad productiva de Coahuila y cuyo tema este año fue la Reactivación Económica.
También destacó la firma el pasado 1 de mayo del acuerdo entre los tres poderes de la entidad para la Emisión del Plan de Trabajo de Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Coahuila.
Nazira Zogbi se refirió además a la aplicación del programa para socializar las reformas laborales, dirigido a gerentes y encargados de Recursos Humanos de las empresas y en el cual ya se tienen más de 250 participantes registrados, y las pláticas con cámaras empresariales y sindicatos con el tema “Qué estamos haciendo en el Gobierno de Coahuila para hacer frente a las reformas laborales”.
Además habló del trabajo realizado con los notarios y funcionarios del Registro Público para socializar los procesos en los que se verán involucrados ante la implementación de estas reformas y la capacitación en el uso de la plataforma del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), en los trámites que derivan de las reformas laborales, así como el trabajo con las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje en el desarrollo de planes estratégicos para disminuir los asuntos en trámite.
Por: Ángel Aguilar / El Heraldo de Saltillo 19/05/2021
Protocolo de Legitimación de Contratos establece plazos adecuados que permiten a los Sindicatos subsanar eventuales errores en los trámites: Rojas Olvera
El protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos (CCT) del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) facilita a empresas y sindicatos realizar este proceso a fin de acelerar el trámite y que la consulta no afecte la productividad de las empresas, para ello es indispensable el diálogo permanente entre empleador y trabajadores.
Así lo destacó la coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos del Centro, Darlene Rojas Olvera, quien añadió que el Protocolo de Legitimación de Contratos establece plazos adecuados que permiten a los Sindicatos subsanar eventuales errores en los trámites.
Al participar en el Foro Internacional laboral “Las voces de los expertos sobre los retos del Trabajo Actual” Rojas Olvera resaltó que se brindará la asesoría necesaria para que los sindicatos realicen el trámite, enfatizó la importancia de que empleador y trabajador mantengan un diálogo permanente para acordar fechas de consulta y no afectar la productividad de la empresa.
Para la legitimación del CCT, que implica acabar con los acuerdos de protección y hacer valer el voto personal, libre, directo y secreto de las y los trabajadores, se tiene de plazo hasta mayo de 2023.
De igual forma el protocolo para el procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes, publicado el 30 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, establece plazos adecuados que permiten a las organizaciones sindicales subsanar omisiones o errores en los trámites.
Pese a esos plazos, Darlene Rojas Olvera exhortó a los sindicatos a realizar el procedimiento lo antes posible, ya que “puede suceder que conforme se acerquen los tiempos, no haya verificadores disponibles y deban contratar a notarios para dar fe de las consultas”.
Por: Bertha Escalante | El Sol de San Luis 19/05/2021
En el primer trimestre de 2021, el ingreso laboral promedio de las personas ocupadas en México fue de 4,456.58 pesos al mes (224.59 dólares, al tipo de cambio del 18 de mayo).
Pero incluso en ese ingreso laboral promedio, insuficiente para solventar las necesidades básicas de una familia, pueden producirse las diferencias de género: para los hombres, el ingreso laboral promedio de los hombres fue 856.54 pesos más alto: ellos ingresaron 4,787.40 pesos en promedio cada mes, contra 3,930.86 pesos de ingresos laborales de las mujeres, de acuerdo con datos del Coneval.
Seis de cada 10 empleados advierten que el silencio de las empresas ante temas de justicia social tiene sus consecuencias, por lo que levantar la voz en ese rubro creará una mayor lealtad de los empleados y clientes, señala estudio “Negocio y Justicia Social: El Silencio tiene Consecuencias”., elaborado por Porter Novelli.
“Las personas siguen esperando más de las empresas alrededor de temas que afectan a la sociedad hoy en día. Las empresas que tienen un próposito más allá de lo que venden tienen una mayor lealtad de empleados y clientes”, destaca el documento.
El mensaje de los empleados es contudente: el 60 por ciento dice que no es aceptable que las empresas se queden calladas ante temas de justicia social y 49 por ciento dijeron que asumen que las empresas que guardan silencio sobre estos temas lo hacen porque no les importa.
Aseguran los encuestados que si las empresas empiezan a afrontar los temas de justicia social, podremos ver un cambio real.
“Los sondeados creen que las empresas pueden ayudar a normalizar las conversaciones sobre justicia social a través de sus esfuerzos de mercadotecnia y comunicación.
“Más de la mitad de los empleados hoy en día dicen que esperan de su empleador estándares más altos en cuanto a la forma como abordan los temas de justicia social”, apunta el estudio.
Es tal la decepción de algunos por la falta de compromiso de su centro de trabajo hacia este rubro que el 43 por ciento está reconsiderando su trabajo actual porque la empresa no está haciendo lo suficiente para abordar los problemas de justicia social externamente.
Silao.- El sindicato general más grande del sector privado en Canadá, Unifor, ha solicitado fungir como observador en la segunda votación sindical de la General Motors Silao (GM) y asegurar una contienda “libre y justa” para los trabajadores que buscan un nuevo convenio colectivo que propicie mejores condiciones de trabajo y salarios más justos.
A través de un comunicado, Unifor instó al Gobierno federal a que envíe a observadores canadienses para que supervisen la próxima votación sindical que tendrá lugar en la planta de General Motors (GM) en Silao, México.
“Este voto representa un detonante en la lucha por los derechos de los trabajadores en México y Norteamérica”, señaló Jerry Dias, presidente nacional de Unifor que también fungió como asesor para el equipo canadiense que negoció las nuevas disposiciones laborales del T-Mec.
Según rescata la organización, miles de trabajadores automotrices de General Motors que laboran en la planta se están preparando para volver a emitir un voto de autenticación del sindicato que “se vio arruinado como resultado de la corrupción y la supuesta interferencia delictiva por parte de su sindicato actual”.
Un voto justo
“Los informes de las últimas semanas provenientes de México destacan acusaciones relacionadas con la manipulación ilegal de votos, la destrucción de boletas y la intimidación que sufrieron los trabajadores por parte del sindicato de la CTM, que pusieron un alto a la revalidación del voto que aproximadamente seis mil trabajadores en la planta han anhelado tanto”, precisó.
De esta manera, para la segunda votación, prevista a más tardar el 10 de junio, Unifor busca sumarse como observador para “dar más respaldo, asegurando así un voto libre y justo”
Dias dijo: “El hecho de ofrecerse a enviar una delegación formada por observadores expertos, entre los que se encuentren líderes del sindicato, simboliza una señal de buena fe tanto para el Gobierno mexicano como para los trabajadores automotrices mexicanos, haciéndoles saber que Canadá apoya los principios de la negociación colectiva libre. Unifor está listo para cooperar”.
Asimismo, condenó las acciones del sindicato de la CTM, misma que ha sido bastante criticada por ser un “sindicato ilegítimo que carece de una representación democrática de los trabajadores a los que afirma que apoya”.
Brasileños se solidarizan
Organizaciones sindicales que representan en Brasil a trabajadores metalúrgicos y a la industria mostraron su apoyo y solidaridad a los trabajadores del Complejo Silao de la armadora automotriz General Motors, en su lucha por los derechos sindicales y la democracia.
A través de un comunicado emitido este lunes, se dijeron enterados de las “serias denuncias que la empresa viene sufriendo por violaciones a los derechos laborales y fraude en el proceso de votación del nuevo convenio colectivo (CCT)”, situación que llevó a la suspensión del proceso y a la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
“Venimos a exigirle a GM que deje de acosar y presionar a los trabajadores y respetar su derecho a decidir sobre su acuerdo. Vemos esta práctica en varios países donde opera la empresa e incluso aquí en Brasil, (por lo) que necesita ser moderada”, se consignó en el documento. Además expresaron solidaridad a los trabajadores que luchan por lograr condiciones de trabajo y salarios dignos y “por poner fin a la explotación desenfrenada de la empresa”. “Sumamos a todas las manifestaciones internacionales que exigen la libre organización de los empleados de GM para decidir sobre su convenio colectivo sin presiones ni coacciones”, continúa el texto firmado en la ciudad de Sao Paulo por Industriall Brasil, Corte CNM, CSP-Conultas e Instrumento de Lucha Fitmetal Intersindical CTB.
