Preparan al Poder Judicial para impartir justicia laboral

En compañía de otras servidoras y servidores judiciales, la Magistrada Presidenta, doctora Rocío Esther González García, se reunió con la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral de Nayarit, María de los Ángeles Mares López

A poco menos de cuatro meses de entrar en vigor la reforma laboral en Nayarit, el Poder Judicial del estado intensifica las correspondientes actividades preparatorias. Al efecto, en compañía de otras servidoras y servidores judiciales, la Magistrada Presidenta, doctora Rocío Esther González García, se reunió con la Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral de Nayarit, María de los Ángeles Mares López.

Durante el encuentro en la sede judicial se abordaron aspectos relacionados con el proceso para implementar la reforma, como la capacitación de quienes serán operadores jurídicos.

Previamente, la magistrada González García encabezó una reunión con personal judicial responsable de distintos rubros de implementación. En ambas reuniones, la Presidenta estuvo acompañada por el magistrado César Octavio García Torres, así como el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura y la Secretaria de Administración.

Como invitados asistieron también el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Bernardo Emmanuel Mercado Soberanes, y el Presidente del Instituto Laboral Burocrático de Nayarit, José Antonio Partida Rodríguez.

Por:  Argimiro León / Meridiano.mx

Fuente: https://meridiano.mx/2022/06/11/preparan-al-poder-judicial-para-impartir-justicia-laboral/

 

En México 7 de cada 10 jóvenes tiene dificultades para encontrar trabajo

De acuerdo con un estudio de ManpowerGroup, 33% de los jóvenes mexicanos cuentan con más de 3 años de experiencia, suficientes para emplearse en algunos bajo ciertos criterios

La falta de experiencia laboral es la brecha más amplia que separa a las personas de conseguir empleo. A nivel mundial el 51 por ciento de las vacantes requieren más de ocho años de pericia, mientras el 36 por ciento de la fuerza laboral mundial tiene menos de tres años de destreza.

De acuerdo al estudio Total Workforce Index de Talent Solutions de ManporwerGroup, esta brecha se agrava con un mercado laboral emergente como México, el cual su población disponible para trabajar se conforma mayoritariamente por generaciones jóvenes.

Para 2021 en los mercados laborales emergentes, el 50 por ciento de los trabajadores eran millennials y centennials, de acuerdo con el estudio.

Refiere que México es un mercado laboral emergente donde siete de cada 10 jóvenes tiene dificultades para emplearse, quienes señalan a la falta de experiencia como la principal causa por la que no logran acceder a un trabajo formal, comentó Misael Perea, consultar para Talent Solitions.

A partir de un análisis de ManpowerGroup, los jóvenes en México tienen un espectro de experiencia laboral donde el 33 por ciento tiene más de tres años; 35 por ciento de uno a tres años y 32 por ciento menos de un año.

Detalló que incorporarse al mundo del trabajo formal demanda adquirir «tablas laborales» desde que se cursa la carrera, pues por lo general se paga más por la experiencia que por el nivel de estudios.

«Así que mientras más pronto se incorporen a las organizaciones a través de programas de entrenamiento y conozcan diferentes áreas será más factible lograr la colocación laboral».

Señaló que a raíz de la pandemia los perfiles de trabajo se transformaron y enfocaron en habilidades blandas como confiabilidad, colaboración, resiliencia, adaptabilidad e iniciativa, competencias que se adquieren con la práctica cotidiana y capacitación.

«Existe un bono demográfico de jóvenes en México es indispensable capitalizar. Los jóvenes de ahora tienen un mejor nivel educativo en comparación con hace 20 años. Su nivel de cultura digital es también superior».

Y comentó que para cerrar el «gap» que existe se requiere tomar cursos adicionales que puedaY comentó que para cerrar el «gap» que existe se requiere tomar cursos adicionales que puedan mejorar su empleabilidad, dijo Misael Perea.

Por: Bertha Becerra | El Sol de México

Trabajo infantil agrícola, entre las presiones del T-MEC y de los productores

El tratado comercial ha favorecido la vigilancia para impedir el trabajo de menores de edad en compañías exportadoras, pero las empresas que venden sus productos en el mercado mexicano están quedando fuera de la inspección. La asistencia técnica para cumplir las normas es otra brecha, señalan especialistas.

Hará unas semanas que Elías Santiago llegó a Estados Unidos, la empresa agrícola para la que trabaja en México lo envío por primera vez a sus campos en Florida. En Sinaloa siembra verduras asiáticas para la comunidad china en el país del norte. “Todo debe ir perfecto, se envía lo mejor de la cosecha”, cuenta antes de partir. “Y a veces nos visitan los inspectores del trabajo, por eso no nos dejan tener a nuestros hijos en el campo, pero tampoco les podemos decir lo que nos pasa”.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíbe las importaciones producidas con trabajo infantil forzoso u obligatorio. La administración Joe Biden-Kamala Harris ha puesto especial atención al sector agrícola mexicano, aunque otros, como el automotriz, tengan más peso económico. Las exportaciones agropecuarias a la Unión Americana superaron los 2,074 millones de dólares en abril; las de la manufactura automotriz, 13,255 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El gobierno estadounidense ha puesto el foco en los campos agrícolas porque “la mayor proporción de trabajo infantil se presenta ahí, y porque es uno de los sectores” con menor verificación de las normas, señala Óscar Castillo, director del programa Campos de Esperanza, una iniciativa de la organización de asistencia World Vision, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio.

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), el sector agrícola es el que más ocupa las fuerzas de niñas, niños y adolescentes. Los últimos datos de esta medición, financiada por el gobierno estadounidense, reflejan que la población que labora en el campo es cercana a 589,300 menores de edad; el 87% son varones.

La pandemia de covid-19 incrementó el riesgo del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que por cada punto que aumenta la pobreza, el empleo de menores de edad sube 0.7 por ciento. En México, la pobreza creció 9.1 puntos en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al pasar de 41.5 a 50.6 por ciento. Eso significaría que al menos 210,000 niñas y niños más comenzaron a trabajar.

Pero para el senador Ricardo Monreal (Morena), la pandemia originó “una nueva mirada al campo, como un espacio para el desarrollo y el crecimiento de México”. A principios de año participó en el foro Oportunidades Laborales para Jóvenes en el Sector Agropecuario, convocado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para impulsar una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para permitir que adolescentes de 16 y 17 años laboren en el sector agrícola.

En ese espacio defendió la reforma, “ya lo hemos platicado con Juan (Cortina Gallardo, presidente del CNA) y con varios de ustedes”, dijo. “El campo se nos está avejentando y es importante que los jóvenes volteen a verlo como un sector de oportunidades”, apuntó Cortina Gallardo.

Desde 2017, el CNA trabajó por modificar el artículo 176 de la LFT y lo consiguió en febrero de 2022. Hay actividades que ese grupo de adolescente puede realizar “sin poner en riesgo su salud”, sostuvo Juan Cortina en el encuentro. “Muchos buscan en actividades que no son lícitas fuentes de ingreso para salir adelante”, argumentó, ligando la prohibición a su captación por el crimen organizado.

En abril, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dispuso para México de una partida de 28 millones de dólares para proyectos que combatan el empleo infantil.

Reforma no permite el trabajo infantil: STPS

Eliminar era más fácil que normar, dice la senadora Nancy Sánchez (Morena), autora de la reforma a la LFT que permite a adolescentes mayores de 15 años laborar en actividades agrícolas. En 2015 “se prohibió el trabajo en el campo para estos jóvenes, porque son jóvenes no adolescentes”, hace hincapié, “pero lo que se necesitaba era regularlo”.

En febrero, el Congreso modificó el artículo 176 de la LFT, el cual señala los trabajos prohibidos a menores de 18 por ser peligrosos o insalubres, entre ellos están las labores agrícolas. La reforma le añadió una condición: no podrán dedicarse a ellas si implican “el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente”.

Sin embargo, “no sólo la maquinaria y químicos, sino que en el trabajo agrícola las personas están sujetas a temperaturas extremas, a riesgos ergonómicos (por pasar tanto tiempo agachadas, por ejemplo), a cargas mayores a lo que establece el marco normativo”, explica Omar Estefan, director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La STPS tiene hasta octubre para crear una Norma Oficial Mexicana (NOM) que determine qué actividades podrán realizar y bajo qué condiciones.

México es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con más niñas, niños y adolescentes trabajando, según la Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal). De acuerdo con la ENTI, en 2019 esta población superaba los 3.3 millones y de ese universo, 2 millones laboraba en ocupaciones peligrosas o no permitidas para su edad.

La mayor parte, el 31% de esta población, se dedica a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca. “Las condiciones sociales son más precarias en el campo que en la ciudad, por eso se necesita regular este trabajo Pudiera no ser lo deseable, pero a los 17 años muchos son padres” y necesitan el empleo, argumenta la senadora.

El crimen organizado el trabajo

“En México, el trabajo de niñas, niños y adolescentes en el sector agrícola está prohibido”, señaló tajante la STPS en un boletín a principios de mayo. La reforma “no abre la posibilidad de contratar a menores de edad en el sector agrícola”.

La NOM se construirá sobre los principios del “interés superior de la niñez, de progresividad de derechos, de no revictimización y con visión transversal de derechos humanos y del trabajo digno”, señala en entrevista Omar Estefan.

Nancy Sánchez presentó la iniciativa de reforma en diciembre de 2017, cuando era diputada federal por el PRI, y en 2018 fue aprobada y pasó al Senado. También ella llegó a esa Cámara, ahora por Morena, y desde ahí impulsó su propuesta hasta que en febrero fue avalada.

“Para elaborar esa ley tuvimos reuniones con jornaleros y jóvenes organizados, hijos de jornaleros, quienes para poder estudiar tienen que trabajar”, asegura.

“Pero también hay otra razón, en estos años que no pudieron trabajar en el campo quien sí les dio trabajo fue el crimen organizado y eso, desgraciadamente, nos hizo perder muchos jóvenes”.

Las prohibiciones laborales para menores de edad aprobadas en 2015 lograron que más de 25,000 adolescentes dejaran de trabajar y casi 50,000 regresaran a la escuela. Esto señala un estudio de las investigadoras Fernanda Martínez Flores y Mireille Kozhaya, del Instituto Renano-Westfalia de Investigación Económica de Alemania (RWI).

“Me parece interesante la relación que se hace de agricultura y crimen, pero no hay pruebas científicas que demuestren que eso sea cierto”, apuntó en entrevista Fernanda Martínez.

El reto de reconocer el trabajo infantil

Cuando comenzaron con el programa Campos de Esperanza, en 2017, había una resistencia por parte de las compañías agrícolas “a reconocer la existencia del trabajo infantil o la confusión en cuanto a los términos”, dice Óscar Castillo.

“Antes era muy difícil encontrar empresas que hablaran de estos temas, que dijeran ‘tengo problemas de trabajo infantil’”, dice Alejandro Martínez, director del Centro de Derechos de la Niñez y las Empresas. El T-MEC, pero sobre todo, ha sido por “el escrutinio público, la voz de los consumidores, los medios de comunicación y las redes sociales”, agrega.

Sin embargo, “el énfasis de la vigilancia está en las empresas exportadoras y hay una brecha en el resto”, señala Óscar Castillo. “En las producciones de menor escala es donde puede existir un mayor riesgo de trabajo infantil”. También se ha dejado de lado la comercialización, “nos hace falta analizar más allá de la postcosecha. No tenemos datos concretos, pero sí hemos visto” que en la venta de los productos hay trabajo infantil.

“En la agricultura hay múltiples situaciones que violan los derechos humanos laborales”, de entrada, a personas adultas, apunta Alejandro Martínez. Pero para quienes son menores de edad es peor, porque no pueden tener un contrato, las jornadas exceden las 6 horas permitidas, no siempre se les paga de manera directa y muchas veces ni siquiera se les paga, apunta.

“El tema del trabajo infantil atraviesa la trata laboral, explotación, abuso, separación familiar y migración”, puntualiza. El T-MEC está presionando para cambiar esto, y habla de trabajo forzoso, “porque las condiciones en que se da el trabajo infantil muchas veces son la antesala al trabajo forzoso”.

México tiene una de las legislaciones laborales más avanzadas, dice el especialista, pero la falla está en la inspección y el acompañamiento de asistencia técnica. “Sí pasan los inspectores, pero los patrones nos dicen lo que tenemos que responder, que todo está bien, que tenemos un lugar limpio para comer, pero es una mesa en el campo con caca de pájaro, donde no cabemos todos”, expone Elías Santiago.

 

Por: Blanca Juárez / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-infantil-agricola-entre-las-presiones-del-T-MEC-y-de-los-productores-20220610-0076.html

Entre carreteras y campos agrícolas: Un viaje a las infancias trabajadoras

El trabajo infantil agrícola es un fenómeno que avanza de generación en generación. Sinaloa es uno de los estados que vive esta realidad; los rostros y las historias la dan color a la ardua cosecha y a los días entre los campos.

Culiacán, Sin. Aquí, entre los surcos del campo, donde el sol no deja que nada ni nadie se esconda, todas son niñas y niños. Hay quienes se han convertido en abuelas, padres, madres: “Empecé a trabajar a los 10 años”, “desde chiquilla, a los 11”, “uy, fue hace mucho, parece que tenía 7”. Sólo un pequeño grupo sigue de verdad en la infancia: “Tengo 9 años”, “no sé, creo 6”, “¡mañana cumplo 10!”.La temporada de corte está terminando, pero mientras queden chiles en las matas y verduras en la tierra habrá familias jornaleras. En unos días volverán a casa en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí. O migrarán a los campos de Michoacán, Zacatecas o Aguascalientes, o al norte, a Chihuahua, Baja California o Estados Unidos.

“¿Tú también viajas siempre, como yo?”, pregunta Macaria Hernández, una niña jornalera de 8 años. En la diáspora eterna, en el tiempo entre carreteras y campos agrícolas, las niñas y los niños se convierten en adolescentes que forman sus propias familias. Sin escuelas, sin un sistema escolar acorde a su vida nómada, sin ingresos justos para sus padres y madres, sin lazos en su comunidad de origen ni las de destino, lo que queda es tenerse entre sí.

Sentada en el patio de lo que fue una cantina y por esta temporada de cosecha es su casa, Eugenia Acosta recuerda su infancia en el campo, trabajando y jugando. Otra memoria de esos paisajes tiene que ver con el nacimiento de una de sus hijas.

“Andaba en Ensenada, Baja California, cuando empecé con los dolores”. Estaba cosechando cebollas y de pronto sintió que, así como ella las arrancaba de la tierra, algo en su vientre se desenraizaba lastimosamente. Tuvo un parto prematuro de seis meses, fue hace 13 años y desde entonces, cada año, la niña migra con la familia, pero ya no quiere estudiar, dice su mamá.

“Se me hace difícil porque a veces no entiendo y se me olvida”, cuenta ella misma. Sonia Pineda tiene el cabello largo y trenzado, está por pasar de la pubertad a la adolescencia, espera ansiosa ese ese momento. Cuando tenga “unos 17” se cortará el cabello y se irá a trabajar al campo con su familia.

En un campo, cerca de la mar, el pequeño César Pérez carga una cubeta con 10 kilos de chiles, es el mismo número de años que tiene. “Sí pesa, pero yo puedo”, dice. Al terminar el día, a su familia le pagarán 15 pesos por cada cubeta que llenaron, pero en los tianguis o en los mercados de la Ciudad de México el kilo de chile se venderá a 40 pesos.

Jueves Santo

Enganchados en el proceso

El viacrucis comienza en Villa Juárez, municipio de Navolato. A las cinco de la mañana la plaza central hierve de familias que buscan ser contratadas o necesitan transporte, llevan a sus hijas e hijos de diferentes edades. Camionetas de redilas y viejos autobuses las llevarán a uno de los 11 campos de los alrededores. Después de las siete de la mañana ya sólo quedan las personas sintecho.

En las nuevas colonias no hay drenaje, pavimentación, ni luz eléctrica. La urbanización sin desarrollo económico equitativo, ni oportunidades educativas y la inseguridad le están sumando problemas a la comunidad jornalera migrante que se ha quedado a vivir en esta localidad.

“Hace poco un jovencito fue rescatado de los malos”, cuenta la encargada de un programa de apoyo a esa población. Jóvenes y adolescentes jornaleros son enganchados para la venta de droga aquí y en sus lugares de origen, explica.

En febrero, el Congreso reformó la Ley Federal del Trabajo para permitir que adolescentes mayores de 15 años laboren en el campo. Uno de los argumentos fue que ante la falta de empleo, aceptan las ofertas del crimen organizado. Pero no siempre funciona así, pues son enganchados en su actividad laboral.

En Villa Juárez “hay tráfico de armas, violaciones, narcomenudeo, abuso de menores” y feminicidios debido a un grupo del crimen organizado, dijo en enero el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Enrique Calderón. Se suben a los camiones que transportar a las familias jornaleras para enganchar a adolescentes, dijo.

Lo que vale su vida

“Ya quiere aparecer el calorcito”, dice Juanito Triqui. Los 38 grados de temperatura a la sombra le hacen sospechar eso. Su nombre es Juan López García y es el líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) en Villa Juárez.

Llegó a Sinaloa con su familia hace cuatro décadas de San Juan Copala, Oaxaca, un pueblo triqui de población desplazada por conflictos políticos, económicos y sociales. Luego de varios años migrando, él se quedó en Villa Juárez.

Tenía 8 años cuando comenzó a trabajar. Un día, en Ensenada, por algún motivo que no recuerda se quedó en casa y por eso se salvó de ir en un camión que transportaba a los jornaleros y que volcó. Murieron todos, entre ellos, su padre.

La empresa les quería indemnizar con 200 pesos. “Eso es lo que valía la vida de un jornalero”, dice indignado. “Fue la primera vez que la gente protestó y marchamos para exigir una compensación justa”. Esa lucha sembró en él una semilla.

Por años siguió siendo un niño trabajador y pronto, sin detenerse en la adolescencia, se convirtió en adulto. Hace tiempo que dejó los campos para dedicarse a la defensa de los derechos de personas jornaleras.

Juanito Triqui, líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui.

Emilia no existe

“Los jornaleros no tienen prestaciones, no crean antigüedad, ganan muy poco, dan su vida a cambio de casi nada. Sólo pedimos nuestros derechos”, dice Juanito Triqui.

“Me preocupan más quienes vienen de San Luis Potosí e Hidalgo, porque los contratistas les pagan hasta terminar el trabajo, a los tres o cuatro meses”. En tanto, “les prestan” dinero y les fían productos de su tienda, como en los viejos tiempos porfiristas, pero que hoy podría ser catalogado como trabajo forzoso o trata de personas.

Las consecuencias de esas condiciones no sólo las asumen las personas adultas, también sus hijas e hijos. El acceso a servicios básicos como salud, alimentación y educación reducen las probabilidades de recurrir al trabajo infantil, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En esta zona está presente la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que debería velar por los derechos de las familias jornaleras, el organismo señala tener un programa contra el trabajo infantil. “Yo nunca he visto a alguien del sindicato”, sostiene Rufino Bartolo, jornalero de 69 años. No obstante, cada semana le descuentan 2 pesos de cuota sindical. El hombre lleva 57 años laborando para las agrícolas en Sinaloa, desde que llegó de Oaxaca, a los 12 años.

Rufino ha ido a visitar a su amigo Juanito Triqui a su oficina. La oficina es un cuarto de ladrillos en medio de otros dos de madera, en los que habitan diferentes familias y con un patio de tierra.

Hace rato que Emilia Laureano y su hijo esperan a Juanito. En el rostro de la mujer están calcadas las zanjas de los campos en los que trabaja desde niña y la hacen lucir como de unos 60 años. Ella calcula tener 50.

Emilia y su hijo están sentados afuera de la oficina, pero no existen, no jurídicamente. No tienen acta de nacimiento y ella no sabe cuándo nacieron, no pudo registrar a su hijo, por lo que nunca fue a la escuela y desde niño trabaja en las empresas agrícolas. Recuerda que lo tuvo hace 20 años, en un campo de esta entidad, ella es de Guerrero. Ha venido con Juanito Triqui para que la ayude a existir.

Las escuelitas en WhatsApp

“Mi tesis de licenciatura es sobre la escolaridad de niños jornaleros”, cuenta una joven cuya identidad es mejor reservar. “Sólo si las empresas piden un maestro, las autoridades educativas lo envían. Además, las compañías deben construir un aula”.

Para conocer el sistema, ingresó al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), “porque los maestros que mandan a esas escuelitas son de ahí”. Comenzó a dar clases en la pandemia, les mandaba las lecciones y tareas por WhatsApp y les visitaba cuando estaban en casa.

“Los papás no tienen con quién dejarlos y con el cierre de las escuelitas, peor. Por eso se los llevan”, sin un sistema nacional de cuidados que se observa más lejano para las familias indígenas y rurales, hay pocas o nulas opciones. Desde abril y mayo las familias regresaron a sus pueblos, pues ya no hay trabajo, pero el ciclo escolar no ha concluido.

Las autoridades educativas les expiden un comprobante para que puedan retomar las clases en su lugar de origen o destino. Pero la constante movilidad les impide estar al corriente y llegan a un grupo que ha avanzado más y que se ha vinculado. “Los niños dicen que no quieren estudiar, pero es porque se siente muy mal de no aprender igual o no tener amigos”, dice la profesora.

En la sede de la sindicatura de Villa Juárez hay un pizarrón donde están anotados los “Problemas urgentes”: espacio en los panteones, bacheo, entrega de despensas, pero no hay nada sobre familias jornaleras, escuelas o seguridad.

Viernes Santo

Gil, el salvador

A 20 kilómetros de Mazatlán está Villa Unión, la principal sindicatura de ese municipio. Y desde el estacionamiento de la tienda Ley se dispersan las familias jornaleras a los campos agrícolas. Por las mañanas, también a eso de las 5, se observa el “mercado de gente”, como lo llama don Feliciano Hernández, jornalero de 78 años, de Tonayan, Guerrero.

“Disculpe, ya me vine al trabajo. El patrón me llamó en la madrugada para que le trajera a la gente y no podré ir por usted. Pero…”, la llamada de Feliciano se corta.

¿Cómo llegar hasta el sembradío? Desde el centro de Villa Unión son más de 30 kilómetros al sur, no hay transporte público y el aliento caliente del sol ya cubre todos los caminos. El pollo loco, una fonda a pie de carretera, parece ser el oasis para detenerse a pensar cómo resolver el problema.

¿Gil? Un joven saluda, pero el paliacate que lleva a modo de cubrebocas y la gorra borran un poco su identidad. Se acerca, sí, ¡es Gilberto Martínez! Tiene 21 años y hace dos horas su esposa dio a luz a su tercer hijo. La muchacha de 19 años comenzó con las contracciones cuando estaban llegando al campo.

“Me la traje luego luego a la clínica”, dice Gil. Por eso está en El pollo loco, porque fue a comprar algo de almorzar para sus suegros. “Ellos se quedan al pendiente porque yo tengo que regresar al campo. Vamos”.

Gilberto empezó a trabajar como jornalero a los 8 o 9 años, no recuerda bien. Su papá “comenzó más pequeñito y sigue trabajando”, su mamá fue una niña jornalera y ahora es una abuela jornalera. Esta familia, de más de 30 integrantes también proviene de Guerrero.

“Todos están allá en las parcelas, los niños también. Es peligroso que se queden en la casa, hace dos meses se metieron a los cuartos de unas familias de Oaxaca, les quitaron todo y golpearon a las mujeres, quién sabe qué tanta cosa les hicieron”.

En Villa Unión, donde rentan temporalmente, no hay guarderías para familias jornaleras. Hay escuelas para las niñas y los niños más grandes, pero al salir se quedarían sin el cuidado de una persona adulta porque sus mamás y papás están en los campos casi todo el día.

Mientras conduce por las calles, Gil va cauto, mirando a todos lados. Los agentes de tránsito les quitaron 5,000 pesos hace una semana. “Nos pedían 15,000 (pesos) porque las placas de la camioneta son de Guerrero y porque llevamos a la gente a los campos”. Gente que es su propia familia.

Por fin logra salir del centro. Del lado izquierdo de la carretera la vista se divide en dos: el cielo y los cultivos, ni uno ni otro parecen tener fin. Del lado derecho, a lo lejos, la mar le pone un límite a la tierra. De pronto, un caserón interrumpe el paisaje. “¿Y eso, de quién es?”. De los malos, responde.

“¡Papá!”, un niño corre descalzo directo a las piernas de Gilberto y se abraza a ellas con toda la fuerza que le dan sus tres años. Sus primos, primas y hermanos andan jugando por ahí. En este campo se cosecha chile y su venta será para el mercado mexicano.

Entre las matas se asoman cabezas agachadas con gorras o sombreros, todos los rostros tienen paliacates. Para distinguirse, las mujeres usan una faldita de licra que ellas confeccionan, se la ponen sobre el pantalón o el mallón. “También es para cubrirnos cuando andamos agachadas”, explica sonrojada una señora.

“Y por si nos manchamos”, dice bajito una adolescente. Tiene 14 años y ganas de platicar mientras no deja de seleccionar y cortar los chiles sin guantes. No hay baños, “vamos lejos, al monte, pero rapidito para no perder el tiempo”. Tampoco hay agua ni jabón para lavarse las manos, “en ‘esos días’ así nos tenemos que cambiar el cuadro (toalla sanitaria) o nos aguantamos hasta llegar a la casa”.

Las niñas, niños y bebés juegan o duermen, van con sus mamás, abrazan a un papá que no es el suyo, se chiquean con una mamá ajena o con la abuela de alguien más. Pero están bajo condiciones climáticas extremas.

“Si los dejamos en la casa, no podríamos con la preocupación de no saber cómo están”, explica una mamá de 17 años. Su beba está recostada sobre un petate, rodeada de su pañalera y unas cobijas, protegida del sol con una sombrilla de playa.

“Parece que hay guardería en El Walamo, pero no alcanza para todos. Además, en otro campo donde anduvimos había una, pero no los cuidan. A una señora la tiraron a su niño y luego la criatura no quedó bien. No les ponen cuidado, a lo mejor porque somos pobres”.

En unas semanas, la esposa de Gil, Martha Hernández, volverá a trabajar con su bebé en la espalda, sostenido por el reboso. Probablemente aquí crecerá el niño, como sus hermanos, como su familia.

Sábado Santo

“¿Has oído hablar del diablillo, conoces su picadura? Yo no lo creía, hasta que me pasó, en el campo, trabajando”, dice Cecilia Abasolo con una mirada que no te deja escapar, cambiando abruptamente de tema y esperando respuesta. “Sientes que te arde la piel y si no te curas, sientes que ardes toda hasta que te mueres”.

Más allá del patio fresco donde estamos, el sol parece ser ese diablo. Es El Rosario, a 75 kilómetros al sur de Mazatlán y a más de 1,500 kilómetros de Oaxaca, de donde vienen.

Elías Santiago, el esposo de Cecilia, lidera a varias familias. En cada grupo familiar extendido hay alguien que lo hace, casi siempre es un hombre. “Comencé como a los 9 años, con mi apá. El patrón me decía que me pusiera abusado, porque un día yo iba a ser el capataz”. Desde niño ha trabajado en campos de verduras asiáticas, que son exportadas a Estados Unidos para la comunidad china en ese país.

Hace menos de 10 años, en la primera empresa en la que trabajó, los patrones, de origen chino, mandaron construir un salón de clases para las niñas y los niños, les daban los útiles y se coordinaban con las autoridades educativas para que siempre hubiera maestra o maestro.

Todo iba bien, pero les aumentaron el trabajo con la misma paga. A veces la recolección era a cielo abierto y otras, dentro de los invernaderos, que “es como estar en el infierno”. La gente le pidió a Elías buscar otro lugar.

La agrícola donde trabajan ahora también es de “verduras chinas”, pak choi, principalmente, una especie de lechuga que crece a ras de la tierra, así que en la época de corte todo el tiempo están agachados y agachadas.

Como esta compañía también exporta, no permite a niños, niñas o adolescentes en la granja. Pero no les provee de escuela. Cuatro niños de este grupo de cinco familias estudian la primaria. La maestra de un pueblo que queda a 1 kilómetro de El Rosario pasa por ellos en su auto y los regresa por la tarde. Sonia, la niña de la trenza larga, va a veces a la secundaria, pero no se siente a gusto.

Las mamás que están sentadas en ese patio explican: “En la escuela, los compañeros les dicen a nuestros hijos que se vayan a su pueblo, o que los jornaleros deben tener su propia escuela”.

Las empresas exportadoras proporcionan a las familias migrantes un lugar donde vivir. Pero a estas familias las enviaron a una cantina en desuso que sólo tiene dos cuartos, así que tuvieron que dividir el corredor con plásticos negros para hacer recámaras.

Elías se irá pronto a Estados Unidos, el dueño de la empresa también tiene campos en ese país y cada año se lleva a una cuadrilla de hombres bajo el programa H2A.

“Allá se gana más, pero a nosotras no nos contratan, a puros hombres. Aunque acá bien que nos ocupan”, reprocha Cecilia. Cuando Elías se vaya, ella quedará a cargo de las familias, coordinará el regreso a Oaxaca y, en unos meses, el regreso a Sinaloa.

Por suerte, la curandera la curó del piquete del diablillo.

Domingo de resurrección

El albergue que no sirve

En Teacapan, municipio de Escuinapa, termina Sinaloa y comienza Nayarit, ahí hay un albergue para familias jornaleras. Está a 140 kilómetros al sur de Mazatlán, a unas dos horas de distancia, o cuatro si te toca viajar en “El Racing”. Para llegar hasta allá, primero hay que viajar al centro de Escuinapa y luego tomar otro autobús.

En la espera del transporte hay tiempo de tomar un café. La dueña de la cafetería fue cocinera en Estados Unidos por 10 años, antes de ser deportada, le cuenta al hombre que toma su desayuno.

Por fin llega el autobús que va para Isla de Bosque y Teacapan. El automóvil desvencijado tiene su nombre escrito en el tablero: El Racing. Pero apenas agarra carretera, una bicicleta nos rebasa.

Después de la marcha más lenta del mundo, estamos en Teacapan. “Quién sabe dónde quedará exactamente el albergue, camine sobre la carretera, por ahí aparecerá”, informa un lugareño.

“A ver, Ceballos, traiga la camioneta”. El comandante de la policía de Teacapan le ordena a Dimas Ceballos, pescador, agricultor, pequeño empresario, bombero y voluntario de seguridad, mostrar las cercanías del albergue. Esto no parece seguro. En México, casi en cualquier parte, los cuerpos policiacos nunca parecen seguros, mucho menos para las mujeres.

Pero Ceballos y la camioneta ya están aquí. “Adelante, adelante”, ordena el policía. Es hora de enviar ubicación en tiempo real, mensajes y fotos. “Los días buenos fueron jueves y viernes, viene mucha gente a las playas, se pone bonito, ¿verdad? Pero es más trabajo, porque hay que cuidar la seguridad, ¿verdad?”, platica Ceballos.

“Mire, ahí está el albergue”. Se encuentra cerrado. Su construcción concluyó en 2020 con una inversión de más de 17 millones de pesos, pero nunca se ocupó “porque se inunda”.

Pasan de las 4 de la tarde, el último camión a Mazatlán, desde Escuinapa, sale a las 9 de la noche, pero en Isla de Bosque nos esperan Luisa Cundapí y sus niñas.

Los viajes de Miriam

—Si se apareciera un hada, le pediría que fuéramos felices.

—Y cómo sería ser felices?

—Sin problemas, sin peleas ni gritos, con una mesa y comida —explica la niña.

Miriam es la segunda hija de Luisa Cundapí, una mujer de 31 años, originaria de Chiapas. Tiene un hermano mayor, de 14 años. Ella tiene 9 y sus hermanitas, 8 y 6 años. Su casa en esta temporada de corte es un cuarto de tres por tres metros, ahí viven las cinco. No alcanzaron espacio en el albergue de Isla de Bosque que sí funciona.

“Me gusta ir al campo porque allá no me aburro, orita andamos cortando chiles”, dice, sentada sobre la cobija que en las noches es su colchón. Las arpillas (costales) que llena se las pagan a su mamá al final de la semana a 45 pesos cada una. En el albergue hay escuela y de vez en cuando asiste, pero no le gusta ir.

Sus papás se separaron hace poco. Él formó otra familia, también jornalera, pero a veces va a verlas para dejarles 70 pesos para su manutención, en ocasiones hasta 200 pesos, y para pedirle a Luisa que lave su ropa o lo deje quedarse cuando está borracho.

Para este día, Luisa quería ofrecer un ceviche de camarón, típico de Sinaloa, pero perdió el dinero de “la raya”, como le llaman a su salario semanal. “No sé dónde traigo la cabeza, seguro se me cayó en la tienda”, se lamenta mientras calienta el pozole. Pidió prestada una banca de madera para que fuera la mesa y apenas cabe en el cuarto.

Todo lo que hay en esa casa son algunas cobijas, ropa y zapatos, los botes que usan para la cosecha, una parrilla y una pequeña despensa distribuida en bolsas de plástico que cuelgan de la pared. En el predio hay tres baños compartidos para todas las familias jornaleras que rentan ahí.

“Le digo a Miriam que vaya a la escuela, es por su bien, además no se puede quedar aquí sola. Una señora cuida niños, pero cobra 100 pesos el día, sería trabajar para ella”. Luisa está ahorrando para irse a Ensenada, una de sus hermanas trabaja en los campos de allá y en unos días partirán.

Entre Chiapas, Oaxaca —de donde es su papá—, Sinaloa y Baja California, Miriam prefiere Chiapas, porque allá está su familia. “Allá se oyen los pájaros, no se oyen gritos”.

La beba con covid

Son casi las 8 de la noche y Ramón Hernández, jornalero, quiere hablarnos y decirnos que el año pasado le dio covid-19 y que su beba, de 11 meses en ese entonces, también se contagió. La internaron en Culiacán, a 318 kilómetros de Isla de Bosque.

“Como que retrocedió, antes la poníamos en la andadera y ya se paraba”, dice angustiada Angelina Matías, su mamá. Pero ahora la beba de año y medio no puede ni sostener su cabeza. “Dice la huesera que seguro la lastimaron al cambiarla, pero a lo mejor quedó mal de la enfermedad”. En este mes la volverán a llevar a Culiacán para descartar o confirmar alguna secuela permanente. Ojalá sea lo primero, sumarle una discapacidad a la vida que enfrentará como hija de jornaleros es demasiado.

“Vamos a Escuinapa, le doy raite”, dice amable Ramón. En el camino cuenta que son de Chilapa, Guerrero. Pero cuatro años que no van, pues el crimen organizado extorsiona a las familias jornaleras, pensando que regresan con mucho dinero. Queman las casas si no les pagan la cuota, “o los matan”.

Pasan de las 9 de la noche, el último camión a Mazatlán acaba de irse. ¿Y ahora? “Buenas, ¿necesita algo? Yo estaba en la mañana en la cafetería”. Es el hombre que platicaba con la dueña, acerca de cuando la deportaron.

“Aquí ya no van a salir camiones, pero en el crucero de la carretera puede que pase uno. La llevo, ahí está mi taxi”. Las alertas internas se vuelven a encender, esto podría ser muy inseguro, pero ¿qué otras opciones hay?

En el crucero dos mujeres esperan a alguien, platican amables y sugieren opciones para resolver este problema. Casi a las 10 de la noche, a lo lejos, se asoman las luces de un autobús de pasajeros, en el letrero dice: “Hermosillo, Sonora”.

—Voy para Mazatlán.

—Sí, súbase, paso a la central de Mazatlán.

Suspiro.

Lunes de Pascua

Petra Flores casi llena el cuarto bote de chiles, cada uno pesa alrededor de 10 kilos. Cuando colma el último, agarra dos con cada mano y los levanta hasta su espalda para entregarlos a unos metros de ahí, donde un grupo de hombres y un niño de 10 años los seleccionan. Los intercambia por cuatro fichas, al final del día le darán 15 pesos por cada una.

Vuelve a la línea de chiles para seguir cortando y ya sólo carga los 10 kilos de su embarazo de 8 meses.

Tiene 16 años, es su primer bebé. “Desde niña ayudaba en lo que podía, pero empecé bien a trabajar como a los 11 o 12, por ahí”. Hace un mes que la reforma permite que adolescentes de más de 15 años laboren en el campo, pero ella estaba ahí antes de eso. La reforma legalizó lo que ya ocurría.

En este campo, cerca de La Guásima, a 60 kilómetros al sur de Mazatlán, hay varios niños y adolescentes trabajando. Aquí está el pequeño César Pérez, de 10 años, dándose tiempo para cargar un bote e ir a ver a su hermanito de tres años que juega debajo del camión que están llenado.

Los niños más pequeños, como él que tiene la estatura de un niño de 7 años, cargan sólo un bote, los más grandecitos hasta dos. De vez en cuando se detienen a tomar el agua que llevan en una garrafa de plástico y que seguramente estará caliente. La mayoría anda descalzo o con calcetines, les es más fácil andar así entre la arena, donde están los sembradíos.

Feliciano Hernández, el jornalero de 78 años con quien habíamos quedado el viernes, cuando Gil apareció al rescate, es uno de los que escogen los chiles. Una parte de la producción va para Estados Unidos, así que deben ir bien seleccionados, explica el dueño de la cosecha, un joven que nació en esta parte del sur de Sinaloa. Un niño de 9 años, con playera roja y gorra negra, trabaja a la par de Feliciano.

No utilizan químicos tóxicos porque, al llegar a Estados Unidos, “les hacen pruebas a los chiles y si detectan una de esas sustancias, va pa’trás”, explica el dueño. Por esa razón, más que por los jornaleros, no usan productos nocivos.

También está aquí Verónica Hernández, una de las nietas de Feliciano. Ya cumplió 13 años. El año pasado platicamos con ambos sobre su trabajo en el campo y ahora nos encontramos bajo este potente sol.

Hoy no les pagaron, hasta mañana. Pero hay algo nuevo y muy bueno en la familia de Feliciano: compraron un terreno que está cerca de la mar, donde construyeron una casa con cuatro habitaciones para más de una docena de integrantes. La cocina está afuera, tiene un fogón con un comal de barro muy grande para las tortillas y un molino para el maíz.

“Ya nos vamos a quedar aquí”, dice Feliciano, sentado en el patio luego de un día de trabajo de más de 8 horas. Las mujeres recogen la casa, preparan la cena, lavan la ropa, bañan a bebés, cocinan algo para mañana, adelantan tareas para no pararse a las 4 de la madrugada, sino a las 4:30.

Toda una vida de ir y venir desde Tonayan, Guerrero, hasta Sinaloa, y finalmente se asentarán. Verónica dice que le gusta aquí, “pero ya no voy a Acapulco”, lamenta. Al menos tendrá un lugar fijo para vivir gracias al trabajo de sus abuelas y abuelos, de su mamá y su papá, pero también a su propia labor como jornalera y los ingresos que generó. Falta resolver lo de la escuela, la salud y la alimentación, lo básico.

“Me dijeron que va a ser niña”, dice Petra Flores. “Siento un poquito de miedo, pero también es gusto. A lo mejor ella sí va a estudiar, yo no pude”, dice y levanta sus cuatro botes. “A lo mejor le sigue aquí, también es bonito trabajar”, agrega como para convencerse a sí misma.

Por: Blanca Juárez / El Economista

Fuete: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Entre-carreteras-y-campos-agricolas-Un-viaje-a-las-infancias-trabajadoras-20220610-0075.html

Personal de confianza en México: ¿Qué derechos laborales tienen garantizados?

Para los investigadores Rodrigo Olvera y Edith Andrade, este régimen de contratación en el país restringe los derechos humanos laborales de las personas, especialmente para las mujeres y para quienes se desempeñan en el ámbito público.

Reinstalación por despido injustificado, pago de utilidades, aguinaldo, opción de sindicalización, seguridad social… las trabajadoras y los trabajadores de confianza no tienen acceso a todas las garantías que protegen la estabilidad en el empleo y que aseguran condiciones laborales dignas. Y ante esta inequidad, las mujeres pueden enfrentar más problemas.

El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las actividades para un puesto de confianza pueden ser la de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, “y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento”.

La regulación de esta modalidad de empleo, tanto en el sector privado como en el público, restringe los derechos humanos laborales de las personas, señala el estudio Trabajo de confianza en México: Entre el mito y la realidad, publicado por la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Algunas personas trabajadoras en puestos de confianza tienen derecho a recibir el reparto de utilidades, pero si su sueldo es mayor al del personal sindicalizado de más alto salario, “se considerará este salario aumentado en 20% como salario máximo”, indica el artículo 127 de la LFT. Sin embargo, si el puesto es de dirección, administración o gerencia “no participarán en las utilidades”.

Las utilidades son un “beneficio social a los más desposeídos”, señala el reporte de la FES realizado por Rodrigo Olvera Briseño y Edith Andrade Fócil. Por lo tanto, las condiciones que la ley les marca para recibirlas, “está lejos de las concepciones modernas de otorgar mayores beneficios a las y los trabajadores en función de su contribución a la productividad”.

Como cualquier trabajador y trabajadora, el personal de confianza tiene derecho al pago del aguinaldo anual, que deberá cubrirse antes del 20 diciembre. En el ámbito privado éste es equivalente a 15 días de salario, como mínimo, según el artículo 87 de la LFT. En el sector público se paga el 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero ycorresponde a cuando menos 40 días del salario.

Mujeres y burócratas, los sectores más afectados

Cuando en 1917 se creó el artículo 123 constitucional y México se puso a la cabeza de los derechos sociales y laborales, no se estableció diferencia entre trabajo de base y de confianza. “Esta figura no se originó en el Legislativo sino en la práctica de las relaciones laborales mismas”, explica el estudio. Fue más tarde cuando se introdujo en la LFT.

Luego se expidió la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, la cual norma las condiciones laborales de quienes trabajan al servicio del Estado. Ahí se indica que el personal de confianza tiene derecho a la protección del salario y la seguridad social.

Ese ordenamiento, en el artículo 5, indica que son personas trabajadoras de confianza quienes “integran la planta de la Presidencia de la República”, el gabinete, así como los que se designen en las secretarías de Estado y en los poderes Legislativo y Judicial. También menciona otros cargos sujetos a dicho régimen, como la posiciones de investigación científica, asesoría o consultoría y agentes del Ministerio Público Federal y de la Ciudad de México, entre otros.

Pero en el artículo 8 de dicho ordenamiento se especifica que “quedan excluidos del régimen de esta ley los trabajadores de confianza”, por lo tanto, no cuentan con todos los beneficios de los que goza la burocracia. “Es en el sector público en donde más se encuentran prácticas que afectan las condiciones generales de trabajo”, señala el estudio de la FES.

Otra población afectada son las mujeres trabajadoras, pues, en general, “enfrentan diferenciales salariales, menor acceso a prestaciones y violencia en el ambiente laboral”, dice el reporte de la FES. Y el cruce de estos impactos, sumado a que sean de confianza, “una categoría que a su vez está precarizada por limitaciones de derechos humanos laborales”, las convierte en un sector especialmente vulnerable.

A lo que no tienen derecho

La empresa “podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza”, dice el artículo 185 de la LFT. En el artículo 47 de dicha ley se enlista una serie de causales de despido, pero éstas no aplican para el personal de confianza, basta con que la persona empleadora diga que perdió fe en el trabajador o trabajadora para poder rescindir el contrato.

Además, las organizaciones o la institución empleadora “quedará eximida de la obligación de reinstalarla” en su puesto, aunque el despido no sea justificado, según el artículo 49 de la LFT. Se le podrá indeminizar, pero no reponer su trabajo.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el caso de las trabajadoras de confianza despedidas por su condición de embarazo o durante el periodo de licencia postnatal, “cuentan con el derecho a la reinstalación”. En 2021 emitió una tesis laboral aislada al respecto, al analizar el caso de una mujer que laboraba Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y fue despedida por estar embarazada. El máximo tribunal estableció que es necesario proteger la estabilidad laboral de las mujeres en esa situación.

Este personal tampoco podrá formar parte de los sindicatos organizados por el resto de las trabajadoras y los trabajadores, ni será tomado en cuenta para decidir una huelga, ni votar para elegir qué organización sindical debe tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) ni en la negociación de éste, según el artículo 183 de la LFT.

Pero este artículo “no prohíbe que formen sindicatos, únicamente que formen parte de los sindicatos de los demás trabajadores”, señalan Rodrigo Olvera y Edith Andrade. Por mucho tiempo se interpretó de esa manera, sin embargo, “mediante decisiones del Poder Judicial de la Federación y de las autoridades registrales” se les reconoció el derecho contar con sus sindicatos propios.

Además, en el artículo 184 de la LFT se indica que sí tendrán derecho a las condiciones que establece el CCT, pero “salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.

Por: Blanca Juárez / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Personal-de-confianza-en-Mexico-Que-derechos-laborales-tienen-garantizados-20220609-0060.html

Presentan la Escuela de Liderazgo Sindical auspiciada por la FES

Buscan fortalecer los conocimientos de líderes sindicales y participantes en los temas del mundo del trabajo, así como proporcionar herramientas para construir estrategias de acción sindical desde un enfoque progresista y de género

En busca de fortalecer los conocimientos de líderes sindicales y demás participantes en los temas del mundo del trabajo, así como proporcionar herramientas para construir estrategias de acción sindical desde un enfoque progresista y de género, esta semana se presentó la Escuela de Liderazgo Sindical auspiciada por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en coordinación con la Unión Nacional de Trabajadores.

La enseñanza adopta sus contenidos en el marco de la implementación de la reforma laboral de 2019 y se fundamenta en dos ejes: informativo y práctico.

El eje informativo provee herramientas teóricas, metodológicas y conceptuales para el análisis del contexto actual. El eje práctico contribuye a desarrollar herramientas y habilidades para la creación de estrategias de acción sindical donde la finalidad de capacitar a los cuadros sindicales para que sea a través del diálogo y el entendimiento que resuelvan las diferencias con las empresas dentro del marco de la nueva ley del trabajo y del respeto a los derechos de la base trabajadora.

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), fundada en 1925, es la fundación política más antigua de Alemania, comprometida con el legado del político que le da nombre y se rige por los valores fundamentales de la democracia social: libertad, justicia y solidaridad, que vinculan esencialmente a la FES con la socialdemocracia y los sindicatos libres.

Para ser partícipe obligatoriamente debe ocuparse un cargo en el Comité Ejecutivo, ser delegada/o sindical, y/o tener afiliación activa comprometida, además de tener sensibilidad social y compromiso con la implementación de la Reforma Laboral 2019 y participar y permanecer en el 100 por ciento de las actividades programadas entré otros requisitos.

La instrucción por bloque de enseñanza será de manera presencial los fines de semana en la Ciudad de México de Julio a Noviembre, con apoyo en hospedaje a los participantes que reflejen en la selección previa, el real compromiso con las causas sociales, con sus representados y con el criterio y responsabilidad para la solución de conflictos con las empresas.

Por: Bertha Escalante | El Sol de San Luis

Fuente: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/presentan-la-escuela-de-liderazgo-sindical-auspiciada-por-la-fes-8419879.html

El SNE impulsa la recuperación del empleo formal con la colocación de 126,928 personas durante 2022

Durante los primeros 5 meses del año, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) logró colocar a 126 mil 928 buscadores de trabajo a un empleo formal, de los cuales 82 mil 635 son hombres y 44 mil 293 son mujeres; además de realizar 116 ferias de empleo en las 32 entidades federativas para fortalecer la vinculación laboral de manera directa entre las empresas y las personas que buscan oportunidades laborales.

El SNE, perteneciente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), atendió en el mismo periodo, de manera gratuita, a 532 mil 065 personas a través del Programa de Apoyo al Empleo, donde consejeros laborales, de manera eficaz y eficiente articulan la oferta y demanda de vacantes de trabajo en el país.
El Servicio Nacional de Empleo cuenta con más de 160 oficinas distribuidas en el territorio mexicano que son atendidas por consejeros laborales, quienes personalmente brindan ayuda a todas las personas que buscan empleo y a las empresas que desean encontrar talento para cubrir sus vacantes.
Cabe señalar que el Programa de Apoyo al Empleo se conforma por dos subprogramas: Intermediación Laboral y Movilidad Laboral, por medio de los cuales, con recursos públicos federales, se atiende a buscadores de trabajo y empleadores, para facilitar la articulación del mercado de trabajo.

Como parte de esos esfuerzos, también se logró la colocación de 18,803 del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá en lo que va del año, lo que significa un avance de 71 % en el cumplimiento de la meta programada para 2022.

Asimismo, el SNE promueve la Estrategia Abriendo Espacios con la finalidad de favorecer la incorporación de la población que enfrenta mayores barreras de acceso al empleo. La inclusión laboral permite a personas en condición de vulnerabilidad y sin importar origen étnico, género, enfermedad, orientación sexual y otras circunstancias, acceso a un empleo digno. En ese rubro de atención, el SNE entre enero y mayo del año en curso, colocó en un empleo a 8 mil 642 personas en situación de vulnerabilidad como adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, a través de la herramienta digital del Portal del Empleo, 14 mil 888 personas más se ubicaron en puestos de trabajo. Actualmente el SNE tiene una oferta de más de 112 mil vacantes disponibles para todo tipo de perfil laboral.
El Servicio Nacional de Empleo tiene una reitera su compromiso con la ciudadanía para fortalecer la vinculación laboral en el país y encontrar mejores oportunidades para todas y todos los mexicanos.
Para conocer más, visita el Portal del Empleo en www.empleo.gob.mx ///

Por: Arturo Rivero / El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/28043/el-sne-impulsa-la-recuperacion-del-empleo-formal-con-la-colocacion-de-126928-personas-durante-2022

 

Constancia de representatividad para CCT erradica extorsión: CFCRL

Con la constancia de representatividad, documento indispensable para negociar un nuevo contrato colectivo (CCT), “se acaba con la extorsión, el soborno y la simulación que se acostumbraba” en la firma de estos convenios a “espaldas de los trabajadores”, sostuvo el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.

Recalcó que con esto se evita que haya organizaciones sindicales que firmen contratos colectivos, sin representatividad “y que no defienden los derechos e intereses de sus afiliados”.

Durante el Congreso Nacional de Trabajadores Universitarios, que se realizó en Monterrey, Nuevo León, el funcionario aseguró que “la transparencia y rendición de cuentas es fundamental” al interior de los sindicatos, ya que están obligados a informar cada seis meses sobre el uso y destino de las cuotas y del patrimonio sindical, “para que sus afiliados sepan cómo se ejercen los recursos”.

También, agregó, todas las organizaciones sindicales en el país deben informar de los cambios en sus directivas, de las altas y bajas de sus afiliados, así como adecuar sus estatutos para cumplir con las reglas del nuevo modelo laboral.

“Esto no significa vulneración alguna de la autonomía sindical, ya que la autoridad laboral debe garantizar que los trabajadores tengan acceso a esta información, pues al Centro Laboral le corresponde publicarla en su portal de transparencia”, enfatizó Domínguez Marrufo ante integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (STUANL).

Recordó que el 1 de mayo de 2023 es la fecha límite para la legitimación de alrededor 500 mil contratos colectivos en el país, cuyo objetivo es depurar los CCT de protección o inactivos, que fueron depositados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Por: Jared Laureles / La Jornada

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/10/politica/constancia-de-representativad-para-cct-erradica-extorsion-cfcrl/