En medio del periodo de reapertura gradual de actividades económicas ante la pandemia de covid-19 y la implementación de la reforma laboral, trabajadores y representaciones sindicales presentaron, entre enero y abril de este año un total de 45 emplazamientos a huelga en demanda de aumentos salariales y mejores prestaciones laborales. Durante el periodo considerado de enero a abril de este año, Puebla se ubicó como el cuarto estado con el mayor número de recursos a huelga que presentaron representaciones obreras.
Sin embargo, la cifra de emplazamientos a huelga en 2021 refleja una reducción frente a los recursos que se presentaron a lo largo del primer cuatrimestre del año pasado, cuando sumaron 57 trámites ante la autoridad laboral. De esta manera, Puebla sumó en abril de este año, 109 meses sin huelga, toda vez que los factores de producción recurrieron a la conciliación y arbitraje para la solución de conflictos.
Los trámites presentados ante la autoridad laboral dan cuenta que la revisión del contrato colectivo de trabajo destaca como una de las principales causas de emplazamiento, así como presuntas violaciones a los derechos laborales. En el primer cuatrimestre sumaron 48 revisiones salariales en empresas de jurisdicción federal, que involucraron a 6 mil 239 trabajadores con ajustes de 4.0 a 5.8 por ciento, según registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
CRCRL amplia plazos que dan oportunidad para subsanar errores
En los últimos meses, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha registrado un aumento de solicitudes de trámite de registro y legitimación de Contratos Colectivos aunque algunos presentan errores, por lo que el Centro garantiza que “se trabajará de la mano” con los sectores involucrados para solventar los detalles que surjan durante el proceso, principalmente cuando se detecten errores.
De acuerdo con información de la coordinadora general de Registro de Contratos Colectivos del Centro, Darlene Rojas Olvera, en los procesos de han registrado fallas cuando se proporciona el listado de los trabajadores con derecho a voto. “No siempre se acompaña con la CURP y ésta se requiere para verificar la existencia de esa persona, y el Centro Federal Laboral realiza un cruce de datos para verificar que las personas existen”.
Para evitar ese y otros errores, “hay un manual de procedimiento que se emitió en coordinación con la Secretaría del Trabajo, para que los afiliados al Colegio Nacional de Notarios se apoyen y auxilien para que el proceso concluya en tiempo y forma.
Detalló que el protocolo para el procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes, publicado el 30 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, establece nuevos y adecuados plazos que permiten a las organizaciones sindicales subsanar omisiones o errores en los trámites.
“Son cambios sustanciales que tienen que ver con particularidades en los asuntos que llevan los Sindicatos, es un trámite sencillo, en el que los sindicatos deben acreditar que tienen la titularidad del CCT, anexar el contrato, la toma de nota que lo acredita, una identificación oficial que valide su trámite. Suena fácil, pero desafortunadamente se han reiterado errores para que puedan concluir el registro para la consulta, y en la plataforma www.legitimación.centrolaboral.gob.mx, se ha trabajado para que los usuarios dispongan de una guía, al tiempo que van llenando la solicitud”.
“El Protocolo toma en cuenta cinco días para que el notario subsane posibles omisiones, se hagan del conocimiento y no se genere algo en contra del propio Sindicato”.
Un cambio importante en el Protocolo es que la plataforma de registro amplía el plazo de 10 a 16 días entre el registro de la solicitud de un sindicato y la fecha de la consulta, a fin de que, si existen errores, las organizaciones puedan subsanarlos y seguir con su solicitud y evitar que se cancele el trámite.
Por: Bertha Escalante | El Sol de San Luis 22/05/2021
El director general de Telmex, Héctor Slim Seade, y el secretario general del STRM, Francisco Hernández Juárez, signaron el documento
Con la convicción de un “ganar, ganar para todos” y tras sortear vicisitudes, se firmó el convenio correspondiente a la revisión salarial 2021-2022 entre el director general de Teléfonos de México (Telmex), Héctor Slim Seade, y el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez.
Atestiguó este acuerdo el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez, a nombre de la secretaria Luisa María Alcalde Luján, y de manera virtual los representantes de la empresa Telmex y del Comité Ejecutivo Nacional del STRM y comisiones y representantes nacionales.
“La participación y votación de los propios trabajadores sindicalizados, dejaron muy en claro que quieren seguir adelante con las tareas que tienen con responsabilidad”, manifestó el líder Francisco Hernández Juárez.
Enfatizó que “esta revisión y firma de acuerdo salarial, nos deja muy ubicados en superar el tema de la viabilidad de la empresa, en el respeto a los derechos en nuestro contrato colectivo, en los que nos hemos planteado trabajar en los próximos días”.
Y solicitó al doctor Salafranca Vázquez, que la STPS haga la convocatoria para una reunión de la Mesa Intersecretarial para cumplir con el propósito del organismo gremial de “dar viabilidad y salida a los temas pendientes en la agenda laboral entre la empresa y el sindicato”.
A su vez, el director general de Telmex, Héctor Slim Seade, reconoció la voluntad del STRM y de su líder Francisco Hernández Juárez para solucionar el tema de la revisión salarial en un entorno muy complicado por la actual pandemia y la regulación asimétrica.
“Se pudo llegar a un acuerdo alrededor de todos estos matices. Un escalón más para alcanzar el objetivo juntos como empresa y sindicato y con miras a un futuro unidos”, subrayó.
Y señaló que, en el marco del respeto a los derechos laborales, la viabilidad de la empresa recae en temas relacionados con la productividad, modernización y desarrollo digital de Telmex, de la mano de los trabajadores. “Un ganar, ganar para todos”
Por su parte, Alejandro Salafranca, agradeció la voluntad y el diálogo entre las partes involucradas, empresa y sindicato.
Habló del interés y compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para mantener el diálogo por el bien de la empresa misma y los trabajadores, en un espíritu de unidad, para lograr un formidable acuerdo pese al entorno adverso por la pandemia”.
Y reiteró el papel de la participación de la STPS en los acuerdos en torno a los temas de una empresa y sindicato tan importantes y en los temas de su agenda laboral como son la viabilidad de la empresa, el contrato colectivo, las pensiones y las vacantes.
La reforma en materia de subcontratación camina en dos vías, y las dos son igual de importantes porque no habrá prórrogas para que las empresas eliminen por completo el outsourcing y realicen el proceso de centralización de trabajadores, el cual empezó el pasado 24 de abril, afirmó Alejandro Salafranca, Titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
En el webinar “Reforma en materia de subcontratación, ¿Qué sigue?”, el funcionario sostuvo que la mayoría de las empresas preguntan el proceso de registro para trabajos especializados, el cual iniciará la próxima semana, y se olvidan que es igual de importante la centralización de trabajadores.
“La reforma tiene 2 proceso distintos, uno es, cuanto tiempo tienen las empresas para cortar su vínculo con los insourcing y outsourcing y traer hacia el RFC principal a sus plantillas, es decir, como ya está prohibido a partir del 24 de abril, empezó a correr el tiempo para traer a la empresa principal a los trabajadores; tienen aproximadamente 30 días y esto va a concluir el 1 de agosto, es una fecha importante porque hasta esa fecha todavía la factura de la empresa principal de outsourcing e insourcing son deducibles ante el SAT a partir del día 1, ya no lo son”, explicó Salafranca.
Detalló que el proceso de reconocer a los trabajadores como propio empezó el 24 de abril y a menos en cuestiones fiscales concluye el próximo 1 de agosto, “por eso es importante que las empresas realicen esta centralización de plantillas de manera inmediata”.
El otro gran esquema al que se le debe dar cumplimiento con la reforma, es el tiempo que necesitan las empresas en servicios u obras especializadas para registrarse, para esto la ley dio 30 días naturales a la Secretaría de Trabajo, y a partir de ahí las empresa especializadas del país que quieran registrarse ya sea porque sus servicios y obras especializadas necesitan poner sus trabajadores a disposición de un tercero, tendrán 90 días que empezaran aproximadamente el 24 de mayo y terminarán el 24 de agosto.
“Los dos procesos son estos 90 días que empezaron ya a partir del 24 de abril para centralizar plantillas y 90 días que empezaran aproximadamente el 24 de mayo para aquellas empresas que pretendan registrarse porque son empresas especializadas porque son empresas que ofrecen servicios especializados en el marco de la nueva ley”, explicó.
Lista de actividades especializadas a la carta
Salafranca afirmó que no hay una lista de servicios u obras especializadas, ya que debe ser todo aquello que no está en el objeto social, ni en mi actividad económica preponderante.
“Lo que es especializado para mí, no lo es para tí, depende de quién seas tú y quien sea yo, es decir, si yo soy una empresa de vigilancia, de seguridad, no es considerado especializado para mí la seguridad porque esa es mi tarea fundamental y no puedo subcontratar personal para seguridad lo mismo, pero sí soy fabricante de zapatos que necesito seguridad, en mi objeto social y en mi actividad económica preponderante no está la seguridad, por tanto para mi la actividad de seguridad sí es especializada”, dijo.
En ese sentido, detalló que “según sea mi objeto social y mi actividad económica preponderante, para efectos míos, será especializado todo aquello que no está en mi objeto y en mi actividad económica preponderante, por tanto, la lista de especialidades depende desde donde la veas”.
Si bien el impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia por el Covid-19 contrajeron la economía nacional y, por ende, aumentaron los índices de pobreza laboral a nivel nacional, seis estados lograron disminuir este indicador en el primer trimestre del 2021.
Estas entidades que consiguieron descender el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, en comparación con los resultados de los primeros tres meses del 2020, fueron: Campeche (pasó de 40.9 a 40.7%, -0.1 puntos porcentuales), Tamaulipas (de 32.4 a 31.9%, -0.5 puntos), Oaxaca (de 57.3 a 55.8%, -1.4), Chiapas (de 66.7 a 65.1%, -1.6), Nayarit (de 30.8 a 27.1%, -3.6) y Zacatecas (de 46.4 a 42.7%, -3.8 puntos porcentuales).
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza laboral, definida como el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, aumentó 3.8 puntos porcentuales en el país, al pasar de 35.6 a 39.4% entre el primer trimestre del 2020 e igual periodo del año en curso.
“Entre los factores que explican el incremento anual de la pobreza laboral se encuentran la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria), de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0% en zonas rurales”, detalló el Coneval.
En ingreso laboral per cápita, nueve entidades mostraron incrementos (se encuentran las seis que disminuyeron su pobreza laboral): Nayarit (19.0% a tasa anual real), Zacatecas (7.1%), Oaxaca (4.2%), Chiapas (2.7%), Campeche (1.1%), Jalisco (0.9%), Morelos (0.7%), Veracruz (0.6%) y Tamaulipas (0.2 por ciento). Se observa que a pesar de que Jalisco, Morelos y Veracruz incrementaron este indicador, fue insuficiente para evitar el alza en su pobreza laboral.
Desde otra perspectiva, la pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades. El mayor ascenso se produjo en la Ciudad de México, que ha sido el territorio más castigado por la pandemia (obtuvo la mayor pérdida de empleos formales entre marzo del 2020 y abril del 2021, con 230,901 despidos acumulados; presentó la tercera caída más pronunciada de la actividad económica en el último trimestre del año pasado, con -9.0% anual desestacionalizada, y registró la mayor disminución en ingreso laboral per cápita en el primer trimestre del 2021, con -20.3% anual real).
La pobreza laboral de la capital del país pasó de 28.3% en los primeros tres meses del 2020 a 43.2% en el mismo lapso de este año, es decir, un crecimiento de 14.9 puntos porcentuales.
Le siguieron Quintana Roo (de 27.2 a 37.3%, +10.1 puntos), Baja California Sur (de 16.2 a 24.6%, +8.3) y Tabasco (de 39.1 a 46.2%, +7.1 puntos porcentuales).
En tanto, los estados con el mayor porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fueron Chiapas (65.1% en esta condición), Guerrero (57.5%) y Oaxaca (55.8%), mientras las menores relaciones se dieron en Nuevo León (22.2%), Jalisco (24.5%), Baja California Sur (24.6 por ciento).
Contexto
Por la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 en México, se estableció la suspensión de actividades no esenciales en marzo del 2020.
Debido a que a finales de 2020 se observó un aumento en el número de casos por Covid-19, el número de entidades en semáforo rojo pasó de tres en la última semana de diciembre del 2020 a diez a finales de enero de 2021, lo cual afectó la reapertura que se venía dando.
Ya en la última semana de febrero del 2021 ninguna entidad presentaba semáforo rojo por Covid-19. “El impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia provocaron la contracción de la economía”, detalla el Coneval.
MEXICALI.- Con la finalidad de conocer las necesidades para analizar posibles apoyos en rubros como la capacitación por parte del gobierno de Estados Unidos, autoridades del Poder Judicial del Estado de Baja California, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Embajada de EU en México.
El nuevo tratado de libre comercio firmado con Canadá y Estados Unidos obliga a México a mejorar el marco regulatorio en materia laboral y en ese contexto se inscribe la visita de los funcionarios estadounidenses.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, expuso el avance de los temas trascendentales para la implementación de la Reforma Laboral en Baja California ante Naomi Fellows, Consejera de Asuntos Laborales de la Embajada de EU, Pablo Solorio, Agregado Principal del Departamento de Trabajo de EU y Jett Thomason, de la Sección de Asuntos políticos y económicos de la misma Embajada.
El Magistrado Presidente destacó la esencia de la Reforma Labora se basa en un cambio estructural y la profesionalización de los operadores para establecer una atención acorde a las necesidades del justiciable en esta sensible materia que se incorpora a la justicia de primera instancia de la institución.
Expuso que el Poder Judicial cuenta con un plan estratégico de implementación que está en marcha que contempla rutas como infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación.
Dejó claro que no se otorgó un presupuesto para este tema, sin embargo se buscó la forma de gestionar el recurso económico básico y fue a través de la gestión de fondos del gobierno federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde se está en espera de la autorización de 30 millones de pesos que se sumarán a 10 millones de pesos estos últimos resultado del ahorro en el presupuesto ya asignado, lo que permitirá enfrentar el compromiso en los partidos judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada este 2021.
Específicamente en la adecuación de espacios propios para la instalación de las salas especializadas en materia laboral, así como la adquisición de equipo de cómputo y sistemas informáticos para su mejor funcionamiento.
El Plan Estratégico contempla en esta primera etapa con dos salas especializadas en materia laboral en Tijuana, para tres jueces; una sala para dos jueces en Mexicali y una sala para un juez en Ensenada. Destacó que Tijuana solventará los asuntos de Tecate y Rosarito por lo pronto; en Mexicali se resolverán los casos de San Felipe y el Valle y en la ciudad de Ensenada se atenderá lo de San Quintín.
Por: ISMAEL DAVILA VAZQUEZ | VIERNES, 21 DE MAYO DE 2021
Después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el monto destinado a esta prestación incrementará en 100 mil millones de pesos respecto a la cantidad que prevalece hasta este 2021
Con la reforma al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en materia de reparto de utilidades, el monto destinado a esta prestación incrementará en 100 mil millones de pesos respecto a la cantidad que prevalece hasta este 2021, ya que pasó de 22 días promedio pagados a 57 días, que serán realidad a partir de 2022.
“Miles de trabajadores van a recibir por vez primera utilidades, al romperse la intermediación”, manifestó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, Alejandro Salafranca Vázquez en el webinar “Reforma en materia de Subcontratación, ¿qué sigue?
Subrayó que el monto a repartir pasará de 56 mil 120 millones de pesos a 157 mil millones de pesos, respecto a la situación actual en el reparto de utilidades.
De esta manera, el monto del reparto individual que es de siete mil 301 pesos, con el nuevo esquema se elevará a 18 mil 557 pesos, un incremento del 154% que se aplicará a partir de 2022, dijo el funcionario de la STPS, quien consideró como “una reforma importantísima”, esta del artículo 127 de la LFT.
En cuanto a los plazos para la implementación de esta reforma laboral, la línea del tiempo es del 24 de abril en que entraron en vigor los cambios para la regularización de las plantillas laborales al 24 de mayo. Es decir, 30 días.
Para el Registro de las empresas especializadas el plazo es del 24 de abril al 1 de agosto próximo. Esto es, tienen 90 días para que las incluyan en el padrón. No hay prórroga, dijo Salafranca. El funcionario señaló también que se endurecieron las sanciones en caso de incumplimiento, pero no señaló los montos.
Destacó que esta reforma es laboral cuya norma troncal es la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologaron los criterios del Código Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la Ley Federal del Trabajo, al igual que las leyes del Infonavit y del Seguro Social.
Asimismo, se reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal, y se inició un proceso de diagnóstico en todas las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado.
Un total de 18 exempleados de la empresa General Motors (GM) ubicada en Silao denuncian fueron despedidos injustificadamente, previo a la votación para la ratificación del contrato colectivo, hoy piden se les restituya en sus empleos y se respeten sus derechos laborales.
«Estamos buscando la reinstalación, somos 18 trabajadores que fuimos injustificadamente despedidos por buscar libertad y democracia sindical, seguimos peleando porque seguimos boletinado, «Israel Cervantes.
Israel fue despedido en 2019, aparentemente por defender los derechos laborales de los empleados al ser vocero de la asociación Sindical Generando Movimiento, el despido se dio por una presunta prueba de antidoping mal interpretada.
«En mi caso fue un despido por supuesto doping, donde el doctor no supo interpretar an prueba rápida, una enfermera da el veredicto donde supuestamente sale por antidepresivos y cannabis, al dia siguiente me realice otra prueba y sale, negativa, me presentó a la empresa y el señor Javier Villaseñor que fue quien me saco de la planta me dice que yo ya estoy fuera de General Motors, «Israel Cervantes.
Sergio Contreras, fue rescindido luego de haberse contagiado de covid-19 de uno de sus compañeros que perdió la batalla contra el virus, al recuperarse se le dio la noticia de que ya no contaba con su empleo por haberse ausentado injustificadamente.
«Mi despido fue por haberme contagiado de Covid dentro de la planta, regreso de mi convalecencia y me quieren hacer firmar un documento, un acta administrativa donde indicaba que los días en que yo no fui a trabajar, me los estaban manejando como faltas injustificadas y no como permisos como me lo habían comentado», Sergio Contreras
El actual sindicato no intervino en ninguno de estos casos, en defensa de los trabajadores de la planta, hasta el momento no se le ha citado a audiencia por parte de la secretaría del trabajo. Tras su salida, la empresa los boletino, situación que no les ha permitido ser contratados en ninguna otra planta.
Frente a las reformas que le cerraron la puerta a la subcontratación basada en el suministro de personal, algunas empresas han comenzado a promover amparos contra el paquete de modificaciones a ocho ordenamientos legales que entró en vigor el pasado 24 de abril y que busca regular la tercerización de obras y servicios especializados.
El plazo para ampararse ante la reforma de outsourcing vence el 24 de mayo. Las empresas que han optado para esta defensa legal han argumentado la inconstitucionalidad de algunos cambios legales y el incumplimiento de acuerdos internacionales.
La reforma estableció una nueva regulación para la contratación de servicios u obras especializadas, incluyendo un padrón de contratistas. Sin embargo, prohibió la actividad de suministro de personal; es decir, cuando una empresa pone a sus trabajadores a disposición de otra para su beneficio.
De acuerdo con especialistas, existen criterios para impugnar ante tribunales el nuevo régimen de subcontratación, por prohibir una actividad económica y limitar la competitividad en el país.
Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma D&M Abogados, opinó que prohibir la subcontratación de personal va en contra de diversos preceptos constitucionales, en especial el derecho a dedicarse a cualquier actividad, siempre y cuando sea lícita.
Además, expuso que la nueva regulación viola la obligación constitucional del Estado para establecer las bases para la competitividad del país y cuidar de los sectores social, privado y público.
“Sí hay graves violaciones, sobre todo para las empresas dedicadas a la tercerización; son las más dañadas”, subrayó el abogado laborista.
Los amparos contra la reforma han estado en el debate desde antes que se promulgara la reforma. Aunque las modificaciones al régimen de subcontratación fueron producto de un acuerdo entre gobierno, líderes empresariales y representantes de trabajadores, la defensa legal es un derecho que tienen las organizaciones.
“Sabemos que los amparos se van a presentar individualmente por las empresas, por lo que el hecho de que empresarios y sindicatos hubieran estado de acuerdo con la reforma, eso no limita o coarta el derecho de las compañías de impugnar los términos de la reforma”, indicó Luis Ruiz, socio de Hogan Lovells.
Para Carlos Ferrán, director de la firma Ferrán Martínez Abogados, la impugnación de algunos términos de la reforma es un debate vivo entre la comunidad académica y podría profundizarse en ello.
“Hay una discusión académica interesante por el pacto de San José, el convenio 88 de la OIT y ciertos artículos constitucionales, tales como el 25 que impone la obligación al Estado de proteger y alentar la actividad económica y, además, tomando en cuenta que las prácticas nocivas no son exclusivas de la subcontratación, por ahí va la discusión académica”, expuso el también Coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Comisión Nacional de Compliance (Canacom).
Apuntó que la discusión por impugnaciones gira sobre tratados internacionales, algunos artículos constitucionales y sentidos de inconvencionalidad en la exposición de motivos de la reforma.
¿Qué dice la Constitución?
Entre los puntos planteados por las defensas legales en contra de la reforma de subcontratación se encuentra la posible violación a los artículos 5, 14 y 25 de la Constitución. Éstos plantean:
El artículo 5 se refiere a la libertad que tiene toda persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode, siempre que sea lícito. El ejercicio de esta libertad sólo podrá limitarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros.
El artículo 14 establece que a “ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
El artículo 25 le impone al Estado la obligación de conducir el desarrollo nacional, fortaleciendo la soberanía y la democracia, y mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una distribución justa de los ingresos y la riqueza, garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas.
Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), reconoció que las modificaciones legales en la materia plantean un giro total para las empresas dedicadas a la tercerización. Y aunque los amparos son una alternativa, no resolverían de fondo los cambios en materia fiscal, lo que complicaría la operación de las compañías que consigan una suspensión definitiva.
“El tema del amparo puede hacerlo tanto el proveedor de outsourcing como el cliente. Pero el asunto es que las facturas van a dejar de ser deducibles a partir del primero de agosto, lo que para una empresa es definitivamente un problema. No podrías quedarte con esa situación de que no sea deducible”, dijo durante un foro de Holmes HR.
En ese tenor, el representante de empresas de tercerización consideró que lo ideal es adaptarse a la nueva legislación, entendiendo que la subcontratación de personal quedó prohibida y que existen formas para transitar al nuevo régimen. “Mi recomendación es siempre cumplir con la ley, y más porque no es una situación que sea imposible”, afirmó.
El vicepresidente en funciones de presidente de la Mesa Directiva, diputado José Luis Galindo Cortez, hizo este miércoles la Declaratoria de validez de los cambios constitucionales que dan vigencia, al Centro de Conciliación y los Tribunales Laborales, derivado de una armonización de la Reforma Laboral aprobada por las y los diputados el pasado 9 de diciembre de 2020.
“El Congreso del Estado de Morelos en su LIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la Constitución Política Local, declara legal y valida la reforma por la que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de Justicia Laboral en los términos aprobados en este Congreso, por lo que dicha reforma formará parte de la Constitución del Estado de Morelos al día siguiente de su publicación”, declaró el legislador.
La Reforma Laboral derivó en una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para armonizar la Constitución Local con las Leyes federales en esa materia, la cual fue aprobada en diciembre pasado y en esencia implementa un nuevo Sistema de Justicia Laboral; Democracia Sindical; y un Centro de Conciliación y Registro Laboral.
Previo a la Declaratoria, la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, secretaria de la Mesa Directiva, dio cuenta de que el Congreso del Estado recibió en tiempo y forma el voto aprobatorio de 25 de los 36 municipios de Morelos.
Los municipios que enviaron su voto a favor son: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatetelco, Coatlán del Río, Cuernavaca, Hueyapan, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepoztlán, Tlaltizapán de Zapata, Tlayacapan, Xochitepec, Xoxocotla, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas.
“Establece la fracción I del artículo 147 constitucional que si las dos terceras partes de los ayuntamientos aprobaran la reforma o adición, una vez hecho el cómputo por el Congreso del Estado de Morelos, se hará la declaratoria correspondiente”, precisó.
