Por su parte, de los artículos 782 y 886, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, se advierte la facultad de las Juntas de ordenar, de oficio, las diligencias que estimen necesarias para el esclarecimiento de la verdad.
La Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que preside la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, aprobó diversos dictámenes en materia de pensión por viudez, salud, turismo y vivienda.
El primero de ellos, deroga la fracción II de los artículos 132 de la Ley del Seguro Social, y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que los cónyuges del o la asegurada puedan recibir la pensión por viudez, sin importar la fecha de su matrimonio o edad del trabajador.
Se trata de un dictamen, producto de las iniciativas que presentaron los senadores Ricardo Monreal Ávila, de Morena; e Israel Zamora Guzmán, del PVEM; así como del senador con licencia Salomón Jara Cruz.
En el dictamen se destaca que estos cambios restituyen el espíritu solidario en el que se fundamenta la seguridad social y se eliminan las barreras que históricamente habían permanecido en la legislación, que han legitimado la violación a los derechos fundamentales de las personas, en este caso, de quienes poseen el derecho de acceder a una pensión de viudez.
Y es que, en la legislación vigente, la pensión por viudez está condicionada por la edad y duración del lazo matrimonial, pues establece que esta prestación no se otorgará si el cónyuge hubiese contraído matrimonio con el trabajador después de haber cumplido éste los 55 años, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.
En materia de salud, las senadoras y los senadores de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda avalaron una minuta de la Cámara de Diputados que adiciona el artículo 470 Bis de la Ley General de Salud, con el fin de establecer que no será castigado un profesional, técnico o auxiliar médico, cuando éste realice todo lo necesario e idóneo para salvaguardar la integridad física o la vida de un paciente.
También aprobaron un proyecto para facultar a las secretarías de Salud y de Turismo a trabajar de manera coordinada con instituciones públicas o privadas, para promover el llamado turismo médico o de salud.
Y uno más que propuso la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, de Morena, por el que se declara el 19 de enero como el “Día Nacional de Seguridad Social”.
Por: Arturo Rivero / El Pulso Laboral
Alejandro Salafranca, director de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, considera que es posible advertir algunos avances sobre la transformación de las relaciones laborales en el país.
«Empieza la etapa final de la evaluación de los datos, de la fiscalización, de la supervisión, de las inspecciones, para ver si ya en la práctica se está cumpliendo o no (la reforma) y esta etapa ha empezado ya”. Alejandro Salafranca, Titular de la unidad de trabajo digno de la STPS
Con la supervisión del apego a las nuevas reglas por parte de las empresas, la reforma ha entrado en un proceso de calidad, en el que será clave el cruce de información con el IMSS, el Infonavit y el SAT, afirma Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS
Para Alejandro Salafranca, director de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la transformación en las relaciones laborales está en marcha, y ya con la prohibición del outsourcing, es posible advertir algunos avances, que enfatiza, “no son menores”: hay tres millones de trabajadores que ya conocen a su patrón al ser contratados de manera directa y con un salario en promedio de 22% superior al que tenían antes. “Me parece un dato destacadísimo”, enfatiza.
Sin embargo, Salafranca no echa las campanas al vuelo, porque asegura, “estamos entrando al proceso de calidad”, se trata de revisar, inspeccionar o analizar a quienes se inscribieron en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) y verificar que efectivamente cumplen con las nuevas disposiciones que quedaron asentadas en la Ley Federal del Trabajo, y destaca, ya hay unos primeros casos en los que se ha revocado el registro.
“Empieza la etapa final de la evaluación de los datos, de la fiscalización, de la supervisión, de las inspecciones, para ver si ya en la práctica se está cumpliendo o no y esta etapa ha empezado ya”, afirma en entrevista con El Economista.
Asimismo, detalla que desde que se creó el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados hay 100,000 empresas que se registraron y han apostado por ofrecer servicios especializados.
No obstante, serán revisadas, “empieza el proceso de calidad, es decir, el proceso de ver a través de las supervisiones, las visitas, inspecciones y el intercambio de informaciones entre el Infonavit, IMSS, SAT y la Secretaría del Trabajo, verificar que sí se está cumpliendo, y quién no cumple en ese universo tan grande”. La forma en la que se realizan las inspecciones va desde las denuncias, hasta las visitas aleatorias y visitas construidas a través del análisis de datos, “iremos avanzando en el balance de la reforma en subcontratación, por ahora los primeros efectos los tenemos con los tres millones de trabajadores que tienen un patrón directo”.
Salafranca no descarta que haya un grupo minoritario buscando cómo darle la vuelta a la ley; pero afirma “evidentemente una reforma tan grande, tan profunda y tan estructural, seguramente la mayoría está cumpliendo y está cumpliendo a cabalidad y seguramente habrá una minoría que esté buscando la forma de no cumplir, evadir, eso es circunstancial al esquema, porque además es una reforma estructural que ha tocado de raíz un sector de personal muy grande y que desapareció por la reforma o se reconvirtió”.
Puede constatarse, destacó, que hay empresas que se reconvirtieron en el marco de la ley y son compañías que ofrecen servicios especializados, “por ejemplo de capacitación, de selección de personal o reclutamiento, pero no puede conservar su función de ser patrón intermediario, esto no; entonces ha habido empresas que se han reconvertido bien y seguramente hay quienes siguen en esquemas de simulación”.
Los operativos de inspección están arrancando y la STPS espera tener un balance de la etapa de inspección/supervisión a finales del año “porque son procesos que además no basta con inspeccionar, sino que las empresas tienen un tiempo para defenderse y para mostrar sus pruebas. Hay que esperar que pase todo el proceso administrativo”.
Por: María del Pilar Martínez / El Economista
El gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría del Trabajo de Baja California, emprenderán el primer operativo para detectar a las empresas que están pagando a los trabajadores una cantidad menor a la establecida en los salarios mínimos.
Lo anterior, a partir del estudio realizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), se detectaron anomalías de algunos centros de trabajo de la Zona Libre de la Frontera Norte que reflejaron un salario inferior al estipulado en la Nueva Política de Salarios Mínimos que, en el caso de estos municipios fronterizos, pasó de 88.36 pesos que se pagaban en 2018 a 260.34 pesos en 2022.
Por ello, la STPS, en coordinación con la Secretaría del Trabajo de Baja California, realizarán durante abril y mayo el operativo de inspecciones “Salario Mínimo en Baja California 2022”. La finalidad es verificar que los empresarios de la zona realicen el pago con el monto correcto y supervisar la aplicación de la reforma en materia de subcontratación.
Dicho operativo se anunció en la ciudad de Tijuana, Baja California, por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Alejandro Arregui Ibarra, secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California; con el acompañamiento de Alejandro Salafranca Vázquez, responsable de la Unidad de Trabajo Digno en la STPS; Fernando Jordan Siliceo del Prado, director General de Inspección Federal del Trabajo y Eduardo Ávila Valle, coordinador Regional de la Zona Norte 1 SPTS (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora).
Por: Pilar Martínez / El Economista
Frente a los hechos registrados en torno a la imposición de un contrato de trabajo que hoy es objeto de controversia y reclamo por los trabajadores de la planta Panasonic en Reynosa, la Federación de Trabajadores de Reynosa (FTR-CTM) manifiesta su firme compromiso de velar y defender por los derechos laborales, mismos que no están sujetos a negociaciones al margen de la Ley por contubernios con abogados patronalistas, funcionarios omisos a sus responsabilidades y líderes simuladores que vulneran con su actuar dichos derechos.
Reynaldo Garza Elizondo, secretario general de la FTR-CTM, advirtió que estos hechos en particular han sembrado fundada preocupación ante el intento de atentar frente a una estabilidad que por años se ha venido fortaleciendo, aun ante desafíos difíciles, como ha sido la Pandemia por Covid.
´´Nos preocupa que en nuestro estado se esté fomentando la inequidad y sea desvirtuado el principio de certeza en la justicia laboral. Hoy vemos como desde la Subsecretaría del Trabajo Estatal y la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado y sus representaciones, así como el contubernio de abogados patronalistas y líderes simuladores sin ética y nulos resultados, atentan contra las garantías de los trabajadores y su derecho legítimo de elegir su adhesión a un Sindicato y las cláusulas de su contrato´´, dijo Garza Elizondo.
Evocó el Articulo 358 de la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales 87 y 98 que hablan de la libertad sindical y la negociación colectiva son derechos fundamentales para garantizar la plena y libre participación de los trabajadores (as) en las relaciones laborales y el mercado de trabajo.
Reprochó que, desde hace tiempo, servidores públicos estatales desde la Sub secretaría del Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje (originarios de Reynosa) han contribuido a ensombrecer y generar dudas en torno a su imparcialidad, favoreciendo y privilegiando en casos particulares con una actuación rápida y expedita, ejerciendo su representación con discrecionalidad y causando perjuicios por la ausencia de equidad y honestidad con que se manejan.
Por: Hugo Reyna / El Mañana
En 15 años de vida, la operación de dicho programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) incrementó en 5.5% la participación laboral de las mujeres, además de aumentar sus ingresos y sus horas de trabajo.
En ese ciclo escolar, Patricia Ortiz se vio obligada a sacar a su hijo de la escuela de tiempo completo. Fue un año difícil para ambos, pero también para la abuela del pequeño, quien asumió su cuidado mientras la mamá trabajaba. “Fue angustiante enterarme que quizá desaparecería” ese esquema educativo, dice Patricia.
El objetivo del Programa de las Escuelas de Tiempo Completo (PETC) no fue aportar un servicio de cuidado infantil. Pero, ante la falta de un sistema nacional de cuidados, también funcionó así y evitó que otras mujeres, como las abuelas, asumieran el trabajo de cuidados no remunerado y que puede resultar demasiado pesado para ellas debido a su edad.
Esas escuelas aumentaron la oferta laboral de las madres, creciendo “su participación laboral en 5.5 puntos porcentuales” y 1.8 el número de horas semanales trabajadas. Además, incrementaron su ingresos mensuales, según el reporte “El efecto del tiempo de los niños en la escuela sobre la oferta laboral de las madres: Evidencia del programa de escuelas de tiempo completo de México”. La investigación es de la economista y matemática María Padilla Romo, de la Universidad de Tennessee.
El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las reglas de operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, en las que dejó fuera al PETC. Los recursos se enfocarán en mejorar aulas y sanitarios, “que era algo que se pedía y se reclamaba”, informó el 1 de marzo Delfina Gómez, titular de la SEP.
El gobierno de la Ciudad de México fue uno de los primeros en informar que mantendrían el programa con recursos propios. En total, 14 entidades lo harán: Colima, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California, Baja California Sur, Puebla y Michoacán, así como Querétaro, Tamaulipas, Chihuahua, Yucatán y Nuevo León.
“Para mí han sido una maravilla”, dice Patricia Ortiz, quien labora en la SEP. Su primer hijo, con quien probó este modelo escolar, tiene ahora 21 años y estudia la universidad. “Busqué muchas opciones, porque yo tenía que trabajar” y esa fue la mejor. Un año escolar tuvo que cambiarlo a una primaria con la hora de salida a las 12:30 y “bajó de calificaciones”.
El niño ya no tenía las actividades deportivas y artísticas que le brindaban por la tarde en su escuela, y no estaba acostumbrado a que le dejaran tareas, en las del PETC rara vez recurren a esa metodología.
“Contaba con el apoyo de mi mamá para cuidarlo y ella, dentro de sus posibilidades, hacía lo que podía. Cuando yo llegaba a casa, revisaba sus tareas y le ayudaba en lo que no pudo resolver. Era más complicado para todos”.
En el PETC estudian más de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 15 años de edad. En la población de primaria con altos niveles de marginación, el programa disminuyó casi 1 punto porcentual la repetición de año y 2.6 el rezago educativo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El servicio de alimentación es uno de los factores que impactan para tener esos resultados.
Patricia Ortiz tiene otros dos hijos que asisten a una escuela de ese programa. “El comedor es independiente a la escuela”, cada año se licita el servicio en cada plantel. La cuota es de 30 pesos diarios para una comida que incluye sopa, guisado, tortillas, agua y postre.
Las familias recibían un apoyo de 1,200 pesos por estudiante al año para la cuota del comedor. “En esta administración nos lo quitaron y ahora nos dan una despensa que, la verdad, es de muy mala calidad”. Muchas personas ni siquiera la reciben, dice.
“Nos convenía el dinero porque quienes trabajamos no tenemos tiempo de preparar lo que nos dan, y representa un gasto extra en aceite, gas, luz”, señala.
“Fue un alivio para mí y mi esposo enterarnos que en la Ciudad de México no desaparecerá. Mi mamá ya no está con nosotros, nadie más podría ayudarme con mis hijos”, cuenta Patricia Ortíz.
Laborar en la SEP no le ha ayudado a saber más allá de lo poco que las autoridades comunican. El 8 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no desaparecerán el programa y su continuación dependerá “de las madres y de los padres de familia, porque a ellos les van a llegar los recursos”.
Hasta ahora, ni ella ni el resto de las mamás y papás, sostiene, saben algo de la transferencia de esos recursos. El anuncio ha abierto otras interrogantes, como el futuro delpersonal docente.
Las madres y padres de familia pueden “constatar que sí había clases en las tardes o se extendía el horario”, y de esa manera “se les va a compensar (al personal docente) sin ningún problema”, informó el mandatario en aquella conferencia de prensa.
Por: Blanca Juárez / El Economista
La subsecretaria del Trabajo de Estados Unidos dijo en entrevista que el programa de empleo temporal con visas H2 tendrá una mayor supervisión para evitar la violación de derechos de trabajadores migrantes en su país.
San Luis Potosí, SLP. Hija de inmigrantes, como abogada activista logró que su gobierno creara importantes mecanismos de protección para migrantes víctimas de trata laboral. Ahora Julie Su está del otro lado, es la subsecretaria del Trabajo de Estados Unidos, el país que sigue siendo la mayor potencia mundial. Y desde esa posición vino a observar la implementación de la reforma laboral, pero también a informar qué está haciendo la administración de la cual es parte para defender los derechos de jornaleras y jornaleros de México en sus campos.
“Estoy aquí por los derechos de los trabajadores”, dice en entrevista con El Economista. Es el tercer día de su gira y el último con actividades públicas. Se ha reunido con Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y otros funcionarios federales y locales de esta entidad y ha escuchado a representantes empresariales, sindicales y defensoras de derechos humanos.
Ha sido suficiente para señalar que la reforma laboral avanza, pero también para ponderar: “No nos vamos con la ilusión de que esto será sencillo”. El cambio al sistema de justicia del trabajo que llevaba más de un siglo y una serie de nuevas reglas para democratizar la vida sindical fueron condición para firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Y “lo que hemos visto en todas nuestras reuniones es que, para verdaderamente cumplir y materializar las promesas del T-MEC, vamos a necesitar que todo mundo se ponga a trabajar”.
La posibilidad de que las personas trabajadoras en México accedan a la negociación colectiva, afirma, “es de muy alta prioridad para la administración Biden-Harris. Lo vemos como algo muy importante, no sólo para el bienestar de los trabajadores, sino también por la vitalidad económica de ambos países y por los temas en torno a la cadena de suministro que se discutieron y son bien conocidos”.
En su visita, anunció una nueva inversión de 29 millones de dólares para continuar con la implementación de la reforma laboral. Tan sólo el Departamento del Trabajo estadounidense ha enviado a México 139 millones de dólares para este fin, 98 millones provienen de los fondos para el T-MEC, precisa.
Las inversiones que han hecho, explica, reflejan la necesidad de desarrollar la capacidad de organización colectiva para que los sindicatos independientes existan. “Estamos comprometidos en ofrecer apoyos y ver que se materialice este esfuerzo, que es histórico e importante”.
Entre 2011 y 2018, Julie Su fue comisionada laboral del gobierno de California. Previo a ese cargo público, era reconocida por su defensa de los derechos laborales y civiles. Como directora de litigios en la Asian Americans Advancing Justice-Los Ángeles, fue la abogada principal del caso El Monte en 1995.
A finales de los años 80, un grupo de trabajadoras y trabajadores fueron enganchados en Tailandia para laborar en la confección de prendas de vestir en Estados Unidos. La mayoría eran mujeres, recuerda la abogada. “Fueron obligadas a trabajar en contra de su voluntad detrás una malla ciclónica, con guardias armados y se les pagaba menos de un dólar la hora”, describe.
La fábrica clandestina se ubicaba en El Monte, California. Laboraban hasta 22 hora diarias y les cobraban alimentos y todo lo que llegaran a necesitar. Para evitar que escaparan, les amenazaban con hacerle daño a su familia en Tailandia. En agosto de 1995 finalmente 72 trabajadoras y trabajadores fueron rescatados de ahí, pero no liberados. El gobierno local les mantuvo nueve días en un centro de detención migratorio.
“Yo tuve el privilegio de ser su abogada. Se presentó una demanda no solamente contra los captores, sino también contra las empresas para las que hacían el trabajo”, explica. El equipo que encabezó Julie Su logró una indemnización de 4 millones de dólares y, más tarde, la creación de la Visa T, para que las víctimas de la trata de personas puedan quedarse en Estados Unidos.
“La trata de personas no tiene limitantes de región ni étnicas. También debo señalar que la gran mayoría eran mujeres, y los problemas de las mujeres trabajadoras y su bienestar es algo que claramente se encuentra al centro de la discusión del Departamento del Trabajo y del gobierno americano, que incluso surgió en una de las reuniones acá en México”.
En 2021, dos trabajadoras migrantes mexicanas solicitaron a la STPS interponer una queja laboral, vía el T-MEC, contra Estados Unidos por la discriminación y abuso sexual contra las mujeres en el programa de visas de empleo temporal H2A y H2B. En su reunión con defensoras de derechos, le pidieron dar seguimiento a este caso.
-—Desde hace mucho tiempo, activistas han pedido un cambio en la estructura de ese programa, ¿se analiza desde el gobierno de Estados Unidos reformar las reglas para evitar la violación a derechos humanos laborales de migrantes?
-—Las protecciones para los trabajadores con visas H2A (para empleo agrícola) y H2B (para empleo no calificado), son increíblemente importantes. Nosotros, en el Departamento del Trabajo, trataremos que se cumplan los derechos de los trabajadores en Estados Unidos que están bajo estas visas.
La semana pasada el número de visas H2B se incrementó en 30,000, en comparación con las de enero. Queremos estar seguros que estos trabajadores cuenten con la protección de las leyes laborales.
No sólo es una cuestión de justicia para los trabajadores. Es reconocer que ningún grupo de trabajadores puede ser tratado como de segunda clase, porque eso tampoco es bueno para la economía, ni para los empleadores.
Entonces, algo que se incluyó en el incremento fue un mayor escrutinio para los empleadores que cometen violaciones sistémicas a la ley. Esto es un ejemplo de cómo estamos tratando de fortalecer laprotección para los trabajadores que entren con ese tipo de visas”.
—¿Y sobre la migración de personas que parten de países centroamericanos en busca de un empleo en Estados Unidos, se habló con las autoridades federales mexicanas?
—Hay un reconocimiento obvio, tanto para nosotros como para el gobierno mexicano, que atender la causa raíz de la migración es de suma importancia.
Sí se habló de la forma en que los buenos empleos son la estrategia clave para este desafío. Ayudar a garantizar que los trabajadores tengan la opción de trabajar con dignidad, ganar un salario decente, contar con representación de un sindicato de su elección y hacerlo desde su lugar de origen.
Definitivamente compartimos ese reconocimiento que dicha estrategia tiene.
La subsecretaria del Trabajo de Estados Unidos resalta la importancia de contar con todo un sistema que proteja los derechos laborales.
Por ejemplo, detalla, si las trabajadoras de El Monte “hubieran tenido manera de hacer valer su voz y una forma de protección, evidentemente eso no hubiera ocurrido. Es algo que también venimos a discutir aquí, quizá acá ocurre en menor medida por los contratos colectivos de trabajo”, pero se debe vigilar.
También, las empresas deben asumir su responsabilidad, apunta. “Las compañías que en la parte más alta de la cadena industrial son responsables de las condiciones en las que se maquila la ropa, se siembran cultivos o cualquiera que sea el giro».
Desarraigar el abuso contra los trabajadores y las trabajadoras es algo de suma importancia para el Departamento del Trabajo, sostiene. Por ello, se asegurarán “que las compañías que están hasta arriba de la cadena cumplan las leyes y cuenten con incentivos para entender qué es lo que está ocurriendo en su cadena de suministro”.
Por: Blanca Juárez / El Economista
Foto: Reuters
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) los salarios contractuales negociados entre trabajadores y empresas tuvieron en marzo un incremento superior al de la inflación, después de seis meses consecutivos en que los aumentos fueron pactados en un porcentaje menor al del crecimiento de los precios.
En marzo, los salarios contractuales fueron negociados en el ámbito federal con un incremento promedio de 8.1 por ciento, que una vez descontada la inflación resultó en un incremento real de 0.57 por ciento.
En enero, según datos de la STPS, el incremento promedio fue de 5.6 por ciento, pero al descontar la inflación la variación resultó negativa en 1.4 por ciento; lo mismo ocurrió en el segundo mes del año, cuando el aumento nominal se situó en 6.9 por ciento, pero una vez que era descontada la inflación la variación era negativa en 0.31 por ciento.
En el acumulado de los tres primeros meses del año el crecimiento promedio de los salarios fue de 6.7%; sin embargo, al hacer el descuento de la inflación, existe una disminución de 0.48%.
Según la STPS, en el mes de marzo un total de 98 mil 959 trabajadores se vieron involucrados en las revisiones salariales en la jurisdicción federal y es la cifra más baja en lo que va del año, ya que en enero la cantidad fue de 135 mil 129 trabajadores y en febrero el número llegó a 121 mil 933.
Así, en el primer trimestre del año un total de 356 mil 21 trabajadores tuvieron revisiones salariales, una cantidad menor si se toma en cuenta que en el primer trimestre pero del año previo el número de trabajadores que tuvo revisiones salariales llegaba a 546 mil 857.
En este sentido, la STPS detalló que este monto representa 19.4 por ciento de los trabajadores asalariados con contrato reportados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y 18 por ciento de los asegurados permanentes registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La dependencia federal detalló que en el tercer mes del año, se realizaron un total de 207 revisiones salariales en el ámbito federal, lo que supuso la cifra más alta en lo que va del año, ya que en enero se realizaron 121 y en febrero 190.
En el acumulado del año, el total de revisiones salariales que se han realizado en la jurisdicción federal asciende a 518.
Por: Redacción / El Pulso Laboral
Personal agremiado al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) votó a favor de la Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2022, el cual sostiene con esta casa de estudios.
En cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, en un marco de transparencia, democracia sindical y sin contratiempos, este jueves 07 de abril se efectuó la consulta en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en la única sede que fue el Polifórum “Carlos Martínez Balmori”, misma en la que participaron 523 miembros del SUTEUAEH.
El Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la máxima casa de estudios de Hidalgo realizó previamente un procedimiento de difusión en el que participaron activamente las y los agremiados, para finalizar así con el proceso de Legitimación de su Contrato a través de una jornada de consulta mediante voto personal, libre, directo y secreto.
Al finalizar el referéndum de este jueves, en el que finalmente fueron parte 523 personas de 577 con derecho a participar, los resultados fueron publicados para conocimiento de las y los agremiados. Es así como del total que acudió a las casillas, 432 respaldaron el Contrato Colectivo de Trabajo.
Este Contrato Colectivo incluye nuevas fracciones donde se establecen prestaciones como el Bono Bienal y el Reconocimiento a la Antigüedad para trabajadores de 15 años en adelante, entre otros beneficios.
El secretario general del SUTEUAEH, Jaime Galindo Jiménez, mencionó que es muy importante efectuar esta legitimación, ya que será un parteaguas para nuevas prestaciones y próximas revisiones contractuales, sin embargo, el proceso de Legitimación solo se realiza una vez.
Agregó que el Sindicato se encuentra a la espera de una resolución por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) para poder agregar al Contrato algunas prestaciones que fueron aprobadas por esta casa de estudios el día 14 de marzo.
Cabe mencionar que durante esta jornada se contó con una persona del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para constatar que el proceso se llevó cabo en apego a la normativa establecida y reforzar la certeza de este acto.
Por: Agenda Hidalgense
Fotos: Agendaidalgense.com
